Tecnopopulismo autoritario en los países árabes y legitimación internacional

Isaías Barreñada Bajo, profesor de Relaciones Internacionales, Universidad Complutense de Madrid (UCM). i.barrenada@cps.ucm.es. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0165-966X  

Este artículo aborda tres aspectos que caracterizan la restauración autoritaria posterior a las llamadas primaveras árabes de 2011: a) el recurso a tecnócratas al frente de los gobiernos, b) la proliferación de discursos de despolitización de la gobernanza y c) la posposición de la renegociación de los viejos contratos sociales. A ello se añade la relevancia del nexo internacional, dado que los estados aliados estratégicos a nivel global y los organismos financieros internacionales amparan esta fórmula que garantiza estabilidad y posibilita la aplicación de reformas en clave neoliberal. Sin embargo, este tecnopopulismo autoritario no logra responder a las demandas económicas de la población ni proporciona vías de inclusión política ni un marco para redefinir un nuevo contrato social; en el mejor de los casos, sirve momentáneamente de estructura de contención de las protestas.

Los componentes de la restauración autoritaria

La década transcurrida después del tremor protestatario en los países árabes en 2011 (en las llamadas primaveras árabes) ha puesto en evidencia que las diferentes realidades nacionales han determinado la disparidad de derivas; en unos casos tuvieron lugar reformas, en otros se contuvieron las protestas con medidas preventivas o represivas, se operaron involuciones o se desataron guerras civiles internacionalizadas. El retorno generalizado al autoritarismo en estos países se ha atribuido a razones tanto internas (la pervivencia y la reacción del Estado profundo, la recomposición de las viejas élites) como externas (los condicionantes geopolíticos regionales o globales). Con frecuencia, el balance crítico de las post-primaveras árabes ha retomado el paradigma esencialista sobre la incapacidad de las sociedades árabes para la democracia. El siguiente análisis indaga en una serie de dinámicas que caracterizan los sistemas políticos autoritarios de un número significativo de estados árabes. Si bien estas dinámicas no son nuevas, sí se han hecho relevantes en la actualidad, y todas tienen una conexión directa con las causas de las protestas de 2011, se declinan de manera nacional y tienen una evidente conexión internacional.

Resulta difícil identificar un solo país, entre los que fueron sacudidos por las protestas de 2011 y por las siguientes olas contestarias de la segunda mitad de la década de 2010, en el que podamos constatar una mejora sustancial de su situación política y socioeconómica. Todos han vivido procesos que han mantenido, redefinido o empeorado la situación política preexistente, y ninguno ha dado respuestas satisfactorias a las demandas socioeconómicas de la población (pan, libertad, empleo, justicia social y dignidad) que estuvieron en el origen de las protestas. Esto no niega que haya habido cambios; el primero, y más importante, es que los momentos protestatarios dieron pie a una experiencia momentánea de politización de la población y de afirmación de las demandas ciudadanas. Sin embargo, la falta de actores capaces de articular las reformas políticas demandadas, la ausencia de proyectos alternativos con respaldo social, la respuesta de los centros de poder, así como las interferencias externas (como las solidaridades intermonárquicas o las nuevas alianzas regionales) no han dado lugar a ningún caso de revolución árabe exitosa. En lo económico, las demandas de justicia social, empleo e inclusión económica y de un nuevo contrato social no han sido satisfechas; al contrario, las protestas provocaron un inmediato freno económico, los conflictos armados agravaron la situación de algunos países y, finalmente, la pandemia añadió otro coste económico; en suma, la situación ha empeorado.

En lo político no se ha vuelto al autoritarismo anterior a 2011 sino a nuevas formas, en gran medida, herederas de las precedentes y articuladas con ellas, en una suerte de continuum autoritario que ahonda en sistemas híbridos, autoritarios de apariencia democrática. En este artículo se pondrá el foco en tres elementos: a) el recurso generalizado a tecnócratas en los gobiernos, b) la proliferación de discursos antipolíticos que acarrean el desapego y la desconfianza en las instituciones, así como en los actores políticos, y c) la posposición del debate sobre la renovación del contrato social. Asimismo, se abordará la cuestión de cómo los regímenes autoritarios han buscado proyectar una imagen de estabilidad, que ha sido apreciada en el exterior, pero cómo irremediablemente deben hacer frente a recurrentes protestas populares. Para ilustrarlo, se harán algunas referencias a los casos de Marruecos, Túnez y Egipto. 

El recurso a la carta tecnocrática

La primera singularidad que encontramos es la proliferación del recurso a la fórmula tecnocrática de gestión gubernamental. Un repaso a los gobiernos de la región, desde Mauritania a Irak, evidencia que la mayoría de los ejecutivos están encabezados por primeros ministros tecnócratas o bien cuentan con una importante presencia de tecnócratas en su interior. En algunos casos, estos han sido designados por el jefe del Estado y, en otros, son el resultado de acuerdos entre las fuerzas políticas del país. La tecnocracia es el recurso a expertos procedentes de la empresa, de la alta Administración del Estado o de organizaciones internacionales, generalmente independientes de las fuerzas políticas, para hacerse cargo de carteras de gobierno o de puestos relevantes en los procesos de toma de decisión. La tecnocracia representa la gestión técnica y los conocimientos especializados como el fundamento de la toma de decisiones. Generalmente estos técnicos son de orientación liberal en lo económico y no han sido votados, sino designados por la instancia política, democrática o no, que detenta el poder. El tecnócrata es un técnico subordinado que se limita a gestionar ciertas políticas públicas, económicas y sociales, dentro de los límites fijados por el verdadero poder, y que puede ser reemplazado, sin coste para quien le ha nombrado. No obstante, los tecnócratas tienden a hacerse con ciertas parcelas de autonomía respecto a los actores políticos y económicos, y generalmente generan desconfianza en los políticos tradicionales o entre los reformistas y democratizadores, lo que puede dar lugar a relaciones tensas o batallas soterradas.

En los países árabes, la cuestión de la tecnocracia también está en el debate público actual, suscitando controversia. Un rápido repaso a los gobiernos en ejercicio entre 2011 y 2023 en cada uno de los países de la región muestra la proliferación de primeros ministros tecnócratas y gabinetes en los que los técnicos independientes tienen un peso significativo. Es el caso de Mauritania, con los primeros ministros Hamedidne (2014-2018), Ould Bechir (2018-2019), Ould Cheikh Sidiya (2019-2020) y Ould Bilal (2020-actualidad); Marruecos, que tiene una larga e ininterrumpida práctica de tecnocracia palaciega y partidaria; Argelia, con los primeros ministros Bedoui (2019), Djerad (2019-2021), Benabderrahmane (2021-actualidad); Túnez, con los gobiernos de Caid Essebsi (2011), Mehdi Jomaa (2014-2015), Essid (2015-2016), Chahed (2016-2020), Fakhfakh (2020), Mechichi (2020-2021), Bouden (2021-2023) y Hachani (2023-actualidad); Egipto, con todos los gobiernos desde Qandil en 2012 hasta Madbuli en la actualidad; Jordania, con los gobiernos de Ensour (2012-2016) y al-Khasawneh (2020-actualidad); Irak, con Abdul-Mahdi (2018-2020), Al-Khadimi (2020-2021) y al-Sudani (desde 2022); Palestina, con Fayyad (2007-2013) y Hamdallah (2013-2019); o Sudán, con Hamdok (2019-2021). En todos estos casos encontramos el mismo patrón: la instancia encargada de designar al primer ministro y su Ejecutivo recurre a figuras externas al campo político para que se hagan cargo de la gestión gubernamental. La elección y designación se hace alegando su competencia probada e independencia, lo que conlleva una crítica tácita o expresa a los actores políticos, ya que el tecnócrata es un especialista, a diferencia de los ministros políticos; es independiente y no está sujeto a las servidumbres partidarias y el clientelismo. En muchos casos, esa expertise se atribuye a su paso previo por organismos económicos internacionales, lo que les asimila a la gobernanza neoliberal global.  

Marruecos proporciona un ejemplo ilustrativo y continuado de recurso a tecnócratas. Históricamente, la tecnocratización de las figuras de autoridad ha sido un elemento clave del sistema político marroquí, sobre el que se ha basado la monarquía y que en los discursos públicos se presenta como muestra de la gobernanza moderna. La tecnocracia ha sido promovida por el Majzén¹ como mecanismo de gestión (monarquía ejecutiva) y, al mismo tiempo, para contener, influir y sustituir a las fuerzas políticas. La singularidad marroquí es que podemos identificar dos modalidades de tecnocratización del poder. Por una parte, hay una larga tradición de «tecnocracia majzeniana o palaciega» (technocratie palatiale) (Desrues, 2007; Bouabid y El Messaoudi, 2007; Tozy, 2008). Ya en los años sesenta del siglo pasado, Hassan ii se rodeó de tecnócratas francófilos para hacer contrapeso a los actores del movimiento nacional, lo que contribuyó a colocar a Marruecos en un rumbo diferente al de otros países que acababan de alcanzar sus independencias. A partir de la década de 1970, se les asignaron cargos de responsabilidad propiciando el desgaste de los partidos del Movimiento Nacional. De esta forma, el jefe del Estado reina y gobierna; se reserva los ministerios de soberanía a cuyo frente designa a los integrantes de un cuerpo de tecnócratas leales a Palacio, ajenos a las formaciones políticas, que reaparecen continuamente. Una segunda modalidad es la «tecnocracia partidaria», que encarna la interferencia del Majzén en el campo político partidista. Primero fabricando partidos afines² y, luego, induciendo la tecnocratización de los existentes, sea transfiriendo tecnócratas palaciegos a sus listas o bien forzando la tecnocratización de los partidos mediante la inclusión de tales figuras en los equipos gubernamentales de las formaciones, lo que da pie al «tecnócrata con colores partidistas»³.

La tecnocratización del campo político en Marruecos ha llevado a que, en los últimos años, sean tecnócratas gran parte de los ministros de los partidos políticos (Tome-Alonso y García de Paredes, 2020). Esta estrategia es, en suma, un medio de reorganización y de control del campo político, en este caso, mediante tecnócratas. Estos personifican el discurso palaciego de «la buena gobernanza» y de la «gobernanza despolitizada», y un relato cada vez más antipartidario; de hecho, son menos responsables ante el Parlamento (York, 2023). El poder marroquí esgrime que las competencias empresariales dan legitimidad para el ejercicio del poder. Ello se puede constatar haciendo un repaso de los ejecutivos de la última década en el país: en todos los gobiernos de coalición posteriores a 2011 han participado ministros de soberanía designados por Palacio y un número significativo de tecnócratas independientes. Estos ministros técnicos, que han controlado los ministerios sensibles y una parte sustancial del presupuesto, han sido determinantes en la implementación de las medidas de ajuste económico. El «gobierno técnico» resultante de las elecciones de 2021, con un jefe de Gobierno que es al mismo tiempo el empresario más importante del país, es la culminación de la tendencia. Una dinámica que suscita la crítica de los partidos históricos, incluido del Partido Justicia y Desarrollo (PJD), aunque ellos mismos se ven atrapados en esta dinámica, sea para ser integrados en las coaliciones de gobierno o para ganarse una legitimidad de ejercicio.

El Túnez posterior a 2011 ilustra otra variante de tecnocratización, en este caso, como respuesta al bloqueo político y como resultado de acuerdos entre las fuerzas políticas. Tampoco es nuevo. Habib Bourguiba (presidente del país entre 1957 y 1987) ya hizo recurso a los tecnócratas en su momento, pero fue con Ben Ali cuando estos ganaron una fuerte presencia, consolidando su autonomía institucional y conformando un tipo de práctica gubernamental que perdura hasta hoy. En la transición tunecina se volvería a ellos: cinco jefes de Gobierno de los ocho nombrados entre 2011 y 2020 no estaban afiliados a ningún partido político. Los gobiernos dirigidos por tecnócratas fueron designados en medio de agudas crisis políticas debido a su supuesta experiencia técnica y su perfil no partidista (Carboni, 2023). Para los activistas de 2011 y para los movimientos sociales, a lo largo de esta década, la «lógica tecnocrática» bloqueó la política y hubo un gradual «olvido organizado de los problemas sociales» paralelo al estancamiento democrático de la transición (Lakhal, 2022). De febrero a diciembre de 2011, el primer ministro Beji Caid Essebsi dirigió un primer Gobierno tecnocrático de transición; en 2013, el Gobierno del islamista Ali Laarayedh incorporó a varios tecnócratas; en enero de 2014, las presiones sobre el partido Ennahdaforzaron a encomendar la jefatura de Gobierno a Mehdi Jomaa, otro tecnócrata. Todos los gobiernos posteriores a la reforma constitucional de 2014 integraron a tecnócratas, uno de cuyos cometidos fue ganarse el apoyo de los donantes internacionales. Esos años provocaron, sin embargo, una amplia desafección política entre la población que fue rentabilizada por figuras como el outsider Kaïs Saied, que cultivó inicialmente un discurso populista, antiestablishment, antiélites y crítico con los tecnócratas (Saied, citado en Berhima, 2014). Sin embargo, en julio 2020, una vez alcanzada la Presidencia, Saied encargó a Hichem Mechichi la conformación de un «Gobierno apolítico», integrado por tecnócratas y sin ministros procedentes de los partidos, que se demostró incapaz de contener las protestas populares. El autoritarismo de Saied es una combinación sui géneris de populismo y antipolítica que ha recurrido de nuevo a los tecnócratas⁴, provocando los niveles más bajos de participación electoral de la historia de Túnez y una vasta contestación popular a sus medidas de ajuste.

La tecnocracia en Egipto tampoco es una novedad y se puede remontar al período monárquico y a la república de Gamal Abdel Nasser y de Anuar el Sadat (Mitchell, 2002). Asimismo, todos los gobiernos de Mubarak, entre 2005 y 2011, integraron a tecnócratas. En esos años, el Banco Mundial y el FMI alababan las reformas económicas liberales y privatizadoras de los tecnócratas egipcios; el último primer ministro de Mubarak, el tecnócrata Ahmed Nazef, era considerado un modelo para los financiadores internacionales. Después de 2011, todos los gobiernos han esta integrados por una mayoría de ministros independientes. Incluso durante la breve Presidencia de Mohamed Morsi también se recurrió a un tecnócrata, Hesham Qandil, como primer ministro (2012-2013) y su Gobierno fue un equipo mixto de ministros islamistas e independientes que intentó conciliar la retórica de la justicia social con una agenda económica neoliberal. La singularidad egipcia reside en una alianza entre tecnócratas civiles y militares que tiene raíces previas a 2011 y que se ha prolongado hasta hoy. De hecho, los tecnócratas egipcios son muy ideológicos y forman el andamiaje del statu quo que perpetúa un modelo de desarrollo neoliberal que beneficia y garantiza protección a ciertos grupos (Rutherford, 2018), concentra la riqueza y asegura la apariencia de estabilidad que se proyecta al exterior. Esta alianza tecnocrático-militar es la clave para captar financiación internacional, aplicar las medidas de austeridad y contener las protestas; además, se presenta como la garantía del desarrollo, el progreso y la modernidad.

Apelar a tecnócratas es una práctica que proviene del autoritarismo anterior a 2011, el cual se ha mantenido y reforzado porque ha contribuido al mantenimiento de los regímenes; ha permitido cooptar profesionales y gestores, aparentemente independientes, para llevar a cabo las políticas que deciden los centros reales de poder, internos y externos, al tiempo que se ha convertido en un claro instrumento contrarrevolucionario y de contención de los cambios. La crisis de la pandemia de la COVID-19 fue excepcionalmente propicia para el atractivo del populismo tecnocrático: la demanda de experiencia en salud pública se hizo central y el buen gobierno fue una cuestión de vida o muerte (Guasti y Buštíková, 2020). 

La despolitización y sus efectos

La segunda particularidad del autoritarismo ha sido la profusión de discursos despolitizadores y antipolíticos desde las instancias de poder, los cuales han hecho mella en las opiniones públicas. La despolitización es, paradójicamente, una forma de actuación política que consiste en llevar fuera del control político el tratamiento de ciertas cuestiones, y en la crítica de cualquier forma de intermediación organizada de intereses como la que puedan llevar a cabo los sindicatos, los movimientos sociales y las asociaciones de cualquier tipo. Además, desacredita a los partidos y a los políticos profesionales, y propicia la desconfianza en las instituciones y en el sistema (Flinders y Wood, 2014). Las estrategias de despolitización sirven para encubrir las relaciones de poder, ocultar los procesos de toma de decisión, excluir de facto a ciertos actores y, a la postre, mantener el statu quo. Obviamente, en ellas encaja perfectamente el discurso del tecnócrata «que administra con eficiencia y no hace política». La suposición tecnocrática de que existen soluciones objetivamente correctas para atender los problemas impugna la existencia de alternativas políticas. En la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA, por sus siglas en inglés) se ha recurrido a discursos de despolitización y antipolítica desde antes de 2011 (Cavatorta, 2010; Maghraoui, 2002; Meijer, 2015).

En esta región, las dificultades para llevar a cabo las reformas políticas, los escasos avances logrados, las involuciones, así como la vuelta de la represión, han provocado entre la población decepción, frustración y descontento y, en general, una lectura retrospectiva crítica de lo ocurrido en 2011. Existe una extendida percepción negativa de los desarrollos políticos posteriores a las protestas, sea por el fracaso de la representación política, la sensación de manipulación, el incumplimiento de las promesas, la violación de reglas o por el fracaso institucional. Sin embargo, la desconfianza popular en el sistema político (political distrust) no se explica solo por la frustración. En la mayor parte de los países, distintos actores, entre los cuales el núcleo del poder real, haciendo uso de diversos canales (discursos oficiales, prensa dirigida, líderes de opinión), han promovido un discurso claramente despolitizador y antipolítico, dirigido contra los partidos políticos y las instituciones, que también ha alimentado la percepción de fracaso de las revoluciones. La suma de frustración vivencial y de antipolítica inducida desde arriba ha fomentado la desconfianza, la desafección y el recelo ante la esfera política e institucional, lo que no significa que desmovilice totalmente. Varios indicios nos permiten apreciar esta dinámica: los partidos políticos han perdido apoyo –especialmente de los jóvenes, que se sienten totalmente ajenos a ellos–; los procesos electorales cosechan muy bajas tasas de participación y los sondeos de opinión muestran cómo las poblaciones perciben negativamente lo político.

Un indicador es el de la tasa de participación en las consultas electorales: la tónica dominante es una alta abstención agravada por un importante voto nulo y en blanco. Tradicionalmente la participación en las consultas (referéndums constitucionales) y elecciones (presidenciales, legislativas o locales) ha seguido patrones diferentes según los países y los momentos. Sin embargo, en la última década, la disminución de la participación ha sido general, alcanzando niveles extremadamente bajos en algunos casos que debemos considerar como una abstención punitiva. En los últimos comicios legislativos de Argelia, Túnez, Egipto y Jordania la participación no alcanzó el 30% del censo; en Marruecos, Irak, Líbano y Sudán se situó entre el 40% y 50%. El voto nulo (tanto blanco como invalido) ha sido especialmente alto en Argelia y Mauritania (tabla 1).

tabla 1

Otro indicador son las percepciones políticas. Los sondeos de opinión pública muestran que, si bien la población sigue prefiriendo un sistema político democrático como horizonte ideal, hay serio declive de la confianza en la democracia como elemento que garantice el bienestar económico: la población da más importancia a la economía que a la democracia, e identifica a la democracia con el deterioro o el fracaso económico (Arab Barometer, 2022). Un alto porcentaje de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo en que el desempeño económico es deficiente bajo un sistema democrático: Irak (72%), Túnez (70%), Palestina (63%), Libia (61%), Jordania (57%), Líbano (53%), Sudán (50%) Marruecos (43%) o Mauritania (42%).

En Marruecos, en las dos últimas décadas, el Majzén ha enarbolado un discurso de la «democracia auténtica», de la «gobernanza eficiente y despolitizada» y de la eficiencia que no solo ha buscado una legitimación de ejercicio, sino que tiene una clara intencionalidad antipartidista y antipolítica. Las debilidades de los partidos y de las instituciones electas se utilizan para resaltar las virtudes del supuesto enfoque despolitizado, tecnocrático y modernizador del Palacio. El propio monarca adopta reiteradamente una retórica aparentemente pedagógica (Desrues, 2022) pero eminentemente antipolítica, criticando la obsolescencia y el inmovilismo de los actores políticos, mostrando su preferencia por la eficacia de los tecnócratas en el Gobierno o en las estructuras sustitutivas (consejos consultivos, agencias)⁵. Un discurso que retoma la prensa oficial y económica. Así, la pandemia permitió resaltar la gestión tecnocrática de ciertos ministerios (en particular el del Interior) en detrimento de las carteras encabezadas por políticos, lo que sin duda tuvo un efecto en las elecciones de 2021 (Desrues, 2021).

En Túnez la transición provocó una desafección importante por diferentes razones: la extrema fragmentación del campo político, las dificultades para crear los consensos necesarios, así como la inestabilidad generada por la violencia política y el deterioro económico. La falta de resultados concretos abonó un terreno propicio para discursos antipolíticos y populistas que capitalizó Kais Saied hasta truncar la que se presentaba como la única transición de las primaveras árabes. Las elecciones legislativas de diciembre de 2022 y enero de 2023, con un 11% de participación, pusieron en evidencia la existencia de un desapego total con el sistema político e inevitablemente proyectaron una imagen de falta de legitimidad de las instituciones. En Egipto, desde la segunda mitad de 2013, Abdel Fattah al-Sisi también ha recurrido al populismo y al menosprecio público y la ridiculización de lo político (Hamzawy, 2020).

Los gobiernos de la región han intentado capitalizar la frustración y el descontento. Los discursos antipolíticos desde el poder, amplificados por medios de comunicación afines y por creadores de opinión, han instalado un relato que justifica la gestión tecnocrática y despolitizada. Una despolitización inducida desde arriba que ha tenido efectos contradictorios: por un lado, ha incidido en las percepciones y ha incrementado la desafección política; por el otro, ha deteriorado la imagen exterior de los regímenes y no ha logrado la desmovilización pretendida, como muestra la proliferación del activismo político informal, particularmente por parte de los jóvenes. 

La posposición de los contratos sociales

La tercera particularidad de los autoritarismos toca la cuestión del contrato social. Tras las independencias, la especificidad de la mayor parte de los estados árabes residió en un contrato social sui géneris que articulaba las relaciones entre el Estado, los ciudadanos, los actores políticos y los agentes económicos, en un marco económico desarrollista. Los contratos sociales de la región tuvieron un carácter intervencionista y redistributivo, marcados por una preferencia por la planificación estatal en detrimento del mercado, por la formación de una administración burocrática centralizada y jerárquica, y con un Estado protagonista del desarrollo y responsable de proporcionar empleo público, servicios sociales, una variedad de subsidios a productos básicos (alimentos, agua y energía), así como seguridad, protección y un sentido nacional de identidad. Por su parte, la ciudadanía debía cumplir con sus obligaciones fiscales y militares, aceptar la captura del Estado por ciertas élites y consentir una relativa falta de participación política y rendición de cuentas, aceptar el déficit de pluralismo y participación, más allá de elecciones amañadas, parlamentos insignificantes y organizaciones de masas corporativas; en suma, la población debía reconocer la legitimidad de los regímenes políticos y mostrarles lealtad (El Haddad, 2020; Hinnebusch, 2020; Loewe y Jawad, 2018).

En estos contextos, aunque los gobiernos recurrían a la represión, los contratos sociales garantizaban un alto grado de estabilidad y seguridad física, y articulaban una cohesión que legitimaba socialmente la autoridad política y el orden social exis­tente. Fue un contrato social populista autoritario que estuvo vigente entre las décadas de 1950 y 1970 y dependía, en gran medida, de los ingresos externos, procedentes de la venta de recursos naturales, de las transferencias presupuestarias extranjeras motivadas por intereses políticos, del turismo y de otras fuentes. Sin embargo, a partir de los años ochenta, con el crecimiento de la población, la caída de los ingresos, unas tasas de crecimiento insuficientes y el aumento de la deuda pública, las autoridades fueron incapaces de cumplir con su parte del contrato social redistributivo. Se rompió, así, el viejo pacto y se dio paso a un nuevo contrato antisocial autoritario.

A lo largo del período transcurrido entre las décadas de 1980 y 2010 se adoptaron reformas neoliberales y medidas de ajuste, y los flujos del contrato social se diversificaron beneficiando a ciertas clases en detrimento de los grupos sociales más vulnerables. Se empezaron a recortar empleo y salarios en el sector público, lo que afectó a una parte cada vez mayor de la población más educada. Los aumentos en los subsidios al petróleo y la energía, destinados a apaciguar a la clase media más directamente afectada por la reducción de los salarios públicos, fueron a costa de la población más pobre y vulnerable, que vio cómo se reducían los subsidios alimentarios (Ianchovichina, 2018). Los problemas se acentuaron: déficit fiscal, deuda, desempleo, deterioro de los servicios, aumento de las desigualdades, además de carecer de un sector privado capaz. El Estado perdió legitimidad al no poder responder a las demandas y crecieron las contestaciones que fueron respondidas de manera represiva y autoritaria. Se hizo evidente la necesidad de un nuevo contrato social.

Las movilizaciones populares de 2011 pueden verse, por lo tanto, como la expresión de una profunda insatisfacción ante el incumplimiento de unos contratos sociales desfasados que ya no garantizaban beneficios sociales para la población (Larbi, 2016). La renovación de los contratos sociales apareció como una cuestión clave e imprescindible, demandada por los actores políticos y los movimientos sociales, incluso por los organismos internacionales (Berger, 2021; Ianchovichina, 2018; World Bank, 2020). Pero a nadie se le escapa que renovar el contrato social era una cuestión esencialmente política, que requería voluntad y actores, pues significaba pasar de la demanda-concesión expresada mediante eslóganes en las calles a la negociación de un nuevo acuerdo que redefiniera las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

En este campo, los países de la región MENA tomaron diferentes direcciones (Loewe et al., 2021). En Túnez se dieron algunos pasos hacia la negociación de un nuevo contrato, pero la deriva autoritaria y el golpe de 2021 frustraron este proceso. Marruecos y Jordania trataron de restaurar partes de su antiguo contrato social paternalista, sin propiciar una verdadera participación de los agentes sociales. En Egipto, el Gobierno ha promovido un contrato social autoritario que solo promete seguridad a cambio de pleno consentimiento político. Libia, Yemen y Siria han sucumbido en dinámicas de violencia civil sin que se den condiciones para nuevos acuerdos internos, y en Irak se ha intentado encarrilar una negociación con escaso éxito por ahora. En suma, en ningún Estado árabe se ha llevado a cabo una renegociación; al contrario, o bien se ha postergado o se ha buscado imponer un nuevo contrato social de manera autoritaria, excluyendo a los integrantes fundamentales de un acuerdo de esta naturaleza: partidos, sindicatos y empresarios. En cambio, se ha recurrido a la tecnocracia autoritaria para eludir el pacto social, evitando abrir espacios de concertación y reconocer la legitimidad de los actores sociales. Prueba de ello es la situación de las organizaciones sindicales en la región, cooptadas o reprimidas, los partidos políticos deslegitimados y las organizaciones sociales criminalizadas cuando protestan.

El caso de Marruecos ilustra la relevancia de esta cuestión. El primer contrato social posindependencia (1956-1999) consagró al Estado como piloto del desarrollo y garante de la redistribución (servicios, subsidios, empleo) a cambio de la implicación de la sociedad y de todos los actores políticos en un proyecto político basado en la consolidación de la monarquía ejecutiva. Bajo este contrato, Marruecos pudo mantener una relativa estabilidad a pesar de los recurrentes estallidos sociales ante las promesas no satisfechas. Sin embargo, el estado de bienestar autoritario resultante tuvo una factura alta. Las demandas sociales y una administración pública inflada agotaron los recursos del erario, endeudaron al país y llevaron las finanzas públicas a la quiebra. Los programas de ajuste estructural (1984-1992), si bien posibilitaron algunos logros macroeconómicos, congelaron el gasto social, fijaron un techo para el empleo público, y afectaron drásticamente los salarios y la seguridad social. La crisis económica de 1995 puso en evidencia que el contrato social posindependencia era insostenible (Haddad, 2019). El segundo contrato fue adoptado durante la Nueva Era, con Mohamed vi a partir de 2000, y no fue más que una reproducción sofisticada del anterior. Se puso como objetivo la lucha contra la pobreza y una focalización en las clases sociales más bajas, al tiempo que se afectaban los subsidios a los alimentos y combustibles, y se pretendía la ampliación de las redes de seguridad social y un mejor acceso a los servicios básicos. Todo ello a cambio de un consenso tácito de preservación del marco de la monarquía y una supuesta democratización gradual. Sus resultados han sido limitados en materia de empleo, ingresos y acceso a servicios, y han seguido alimentando las protestas. La reforma constitucional de 2011 buscó dar impulso a las reformas políticas, pero demostró tener una eficacia reducida. La prioridad por rediseñar el mapa político, desde Palacio y a modo de contrarrevolución, impidió abordar una renegociación del contrato social. Prueba de ello serán las protestas, el Hirak shaabi en el Rif(2016-2017), los levantamientos de las comunidades marginales (2017-2018) y las campañas de boicot contra las élites y los símbolos del Estado (2018). Esto llevará al poder a reconocer la crisis del actual modelo de desarrollo y a plantear una alternativa (Haddad, 2019). Sin embargo, en Marruecos no se negociará un acuerdo de Estado con los agentes sociales y actores políticos, sino que se diseñará desde arriba y se implementará de manera ejecutiva, sin diálogo social. Con una nueva arquitectura política tecnocratizada y despolitizada, el nuevo Gobierno resultante de las elecciones 2021, con el primer ministro Aziz Akhannouch, será el encargado de implementar el llamado «Nuevo modelo de desarrollo» (2021) con un horizonte que llega hasta 2035 (Tome-Alonso y García de Paredes, 2020).

En el marco de la transición tunecina, también se dieron algunos pasos en la búsqueda de un nuevo contrato social, inclusivo, participativo y ajustado a la nueva realidad. A finales de 2013, tuvo lugar un primer diálogo nacional determinante para generar el diálogo social necesario que implicara a empresarios y sindicatos. En 2016, el presidente Caid Essebsi retomó la iniciativa convocando a un amplio conjunto de partidos y organizaciones nacionales no partidistas para diseñar una carta para un nuevo gobierno. Sin embargo, la crisis de gobernanza de los sucesivos gobiernos, la preeminencia de los pactos interélites en detrimento de los objetivos de la revolución y, finalmente, la falta de respuestas a las demandas económicas, crearon las condiciones para la crisis de 2019 y la irrupción de un nuevo populismo autoritario. En diciembre de 2020, cuando quedó claro que el Gobierno tecnocrático de Mechichi tenía poca capacidad para abordar los problemas del país, la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT) conminó al presidente Saied a entablar otro diálogo nacional. Este se negó y declaró que convocaría un diálogo nacional siguiendo otro modelo. Los intentos, en 2023, de varias organizaciones sociales de poner en marcha un diálogo nacional para establecer una hoja de ruta para afrontar la crisis política, económica y social han recibido como respuesta una intensificación de la represión, acusaciones de traición y terrorismo, así como la criminalización de las protestas.

En Egipto, el contrato social establecido con Gamal Abdel Nasser (1952-1970) fue un elemento clave del sistema político y un mecanismo para garantizar la paz social. En él, la provisión de servicios básicos y sobre todo los subsidios alimentarios fueron piezas centrales (Shechter, 2023). Este pacto se deterioró a partir de los años ochenta con las sucesivas políticas de ajuste, pasando de ser un «pacto de provisión» a una modalidad de «pacto de protección» en favor de unas élites, frente a amenazas internas y externas (Rutherford, 2018). Sus componentes se mantuvieron dentro de un esquema coercitivo y vertical hasta el final de la era Mubarak.Después de 2014, se ha pretendido redefinir, unilateralmente y desde arriba, un contrato social de la «nueva república» que se centra de nuevo en el componente securitario, garantizando esencialmente seguridad pero que reduce aún más la redistribución, con el previsible deterioro de la situación de la población más vulnerable (Harders, 2013; Loewe et al., 2021; Rougier, 2016). Otro elemento es el de los megaproyectos –como las ampliaciones del Canal de Suez, la construcción de una nueva capital administrativa o un extenso plan de carreteras–, que sirve para la afirmación identitaria y nacionalista, y para dar prestigio, pero que ha endeudado al país. La grave situación en materia de derechos civiles y políticos, la persecución del sindicalismo independiente, así como el cierre de todos los espacios de diálogo social, no permiten una verdadera negociación de un nuevo contrato (Ibrahim, 2021). En este contrato «antisocial» instaurando de facto, el Ejército, en cuanto grupo empresarial, desempeña un papel relevante (El-Haddad, 2020). 

El amparo internacional del autoritarismo tecnocrático

La persistencia del autoritarismo y de su sesgo tecnocrático no pueden entenderse sin tener en cuenta su dimensión externa. La región MENA se caracteriza por una imbricada articulación, dependiente y subordinada, en numerosos planos y niveles con sus aliados estratégicos a nivel global. Las protestas populares de 2011 y los cambios que las siguieron trastocaron el esquema de relaciones preexistente y obligaron a la Unión Europea (UE), a Estados Unidos y a los organismos financieros internacionales, a posicionarse. Tras una ambigua retórica de reconocimiento de las razones que llevaron a las protestas y de apoyo a los esfuerzos de democratización y de construcción de justicia social, las relaciones que se reanudaron demostraron no ser muy diferentes a las anteriores. Hubo reticencia a apoyar las reformas, primaron las consideraciones securitarias y económicas y, finalmente, se volvió a la vieja lógica de la estabilidad garantizada por regímenes autoritarios pero funcionales. El nombramiento de expertos independientes en los ejecutivos fue visto positivamente por los organismos multilaterales, los gobiernos y las élites económicas globales. Los gestores tecnócratas han tenido siempre una buena acogida por parte de organismos financieros internacionales, de la UE y de ciertos estados con intereses en la región, así como por parte de los medios de comunicación mainstream. En realidad, se ha redefinido una colusión de intereses y de actores internos y externos que han legitimado las fórmulas tecnocráticas y normalizado el discurso despolitizador. En suma, la comunidad internacional ha adoptado enfoques tecnocráticos y despolitizados ante el cambio político, la promoción de la democracia y la gobernanza, primando aspectos formales y dando poca relevancia a los derechos económicos y sociales, así como a la renovación del contrato social (Hanau Santini, 2019).

El caso de la UE merece una especial atención. En su propio funcionamiento interno, históricamente ha sido habitual desplazar la toma de decisiones del ámbito político a la esfera de la gestión, y luego implementar soluciones tecnocráticas (Kurki, 2011; Radaelli, 1999). Consecuentemente, la UE ha proyectado estas prácticas en su acción exterior, lo que se puede constatar en sus políticas con el vecindario sur (Cebeci, 2018). El déficit de una política exterior sólida, coherente y estructurada se compensa con un discurso y una práctica burocrática, tecnocrática, despolitizada y securitizada (Huber, 2020)⁶. Los esquemas de relación (Asociación, Vecindad, Unión por el Mediterráneo [UpM]) son en gran medida artilugios tecnocráticos que se evalúan en términos de gestión (cumplimiento de objetivos, monitoreo de avances) y no en términos políticos (debate público, participación, democratización). Así, el discurso de acción exterior de la UE ha girado en torno a conceptos como la resiliencia (capacidad de adaptación) en detrimento de políticas alternativas, la gobernanza (en parámetros más tecnocráticos que democráticos) y la promoción de la democracia a través de ciertos instrumentos, pero vaciándola de sustancia (Badarin, 2021). Por otra parte, la última década ha estado marcada por el resurgir de una agenda de seguridad neoliberal que privilegia la estabilidad sobre la justicia y la igualdad.

Pero la UE no es el único actor externo que apoya y legitima de facto estos regímenes. Los tecnócratas son vistos con benevolencia o abiertamente apoyados por los estados miembros. Es frecuente que líderes occidentales adopten discursos favorables a la tecnocratización o reclamen gobiernos más tecnocráticos, como es el caso de Estados Unidos, en Irak y Palestina, o de Francia en el Líbano. Otros actores, cada vez más relevantes e influyentes en la región, como Rusia, China o los países del Golfo, también perciben en estos regímenes garantías de estabilidad y de seguridad regional, siendo su discurso despolitizador perfectamente compatible con ellos.

Los organismos financieros internacionales, y en particular el Fondo Monetario Internacional (FMI), también han sido piezas importantes en el respaldo internacional de los regímenes. En Egipto o Túnez, han venido negociando diversos paquetes financieros imprescindibles para estas economías. La negociación de los términos de estas ayudas ha sido más fácil con interlocutores afines, como son los tecnócratas que están al cargo de las finanzas de esos países, y sus ministros han asumido desde el inicio la necesidad de aplicar formulas neoliberales de austeridad y de liberalización que inevitablemente tendrán un alto coste social. Sin embargo, las decisiones finales recaen finalmente en el núcleo duro del poder que, por consideraciones políticas y de orden público, ha retrasado ciertos acuerdos. 

La deriva tecnopopulista autoritaria y su desempeño limitado

A pesar del recurso a tecnócratas y de la eliminación de los contendientes políticos, los gobiernos autoritarios han mostrado una capacidad limitada para dar respuestas efectivas a las demandas de la población y para encarar los problemas estructurales de sus economías. Todos han abordado la recuperación económica mediante fórmulas clásicas y continuistas, recurriendo a financiación internacional y asumiendo las condiciones de austeridad, ajustes y desmontaje de los vestigios de los viejos contratos sociales. En ningún país se ha optado por un modelo económico alternativo. Los gobiernos han buscado recuperar la interlocución con los organismos financieros internacionales y se han plegado a sus exigencias, sin entablar un diálogo social efectivo, lo que se ha traducido en recurrentes protestas populares que apenas han retrasado la implementación de las medidas de ajuste (Radwan, 2020). Las repercusiones regionales de los conflictos en países vecinos, la pandemia de 2020 y la crisis inflacionaria de 2022 han complicado aún más la situación, aunque estas circunstancias han sido instrumentalizadas en clave populista para sacralizar la estabilidad y la seguridad, así como legitimar la gestión autoritaria de la crisis.

En toda la región durante esta década los indicadores económicos y sociales han empeorado: las tasas de crecimiento son muy bajas, el desempleo ha crecido afectando especialmente a jóvenes y mujeres, los déficits fiscales y la deuda pública se han disparado, los servicios públicos están gravemente afectados, y las instituciones estatales se han debilitado. Los gobiernos no han demostrado tener una mayor competencia para hacer frente a estas problemáticas; al contrario, sus decisiones están desmontando lo que quedaba del viejo contrato social y que beneficiaba a las clases más desfavorecidas, en particular las subvenciones a los alimentos y a la energía.

En Túnez, el cambio político de 2011 tuvo un enorme impacto en una economía altamente dependiente. La cuestión del endeudamiento externo, tanto el heredado como el necesario para la recuperación, ha sido permanentemente un tema muy politizado. A partir de 2013, los gobiernos optaron por nuevos endeudamientos, impulsados por una confluencia de intereses y preferencias entre las élites de este Estado periférico/deudor y los países centrales/acreedores (Fernández-Molina, 2019). A pesar de ello, los sucesivos gobiernos han sido incapaces de articular una respuesta efectiva a los grandes problemas que atraviesa el país. En los últimos años (2020-2022), la situación económica ha empeorado gravemente: crecimiento extremadamente bajo (negativo en 2020, 2,2% en 2022 según el FMI), deuda que alcanza el 88,4% del PIB (2022), inflación que supera el 8% (2022), quiebra de los servicios públicos y desempleo masivo. En octubre de 2022, Túnez acordó un préstamo de 1.900 millones de dólares con el FMI, que sería el tercer programa desde 2011. Un requisito clave del FMI ha sido la sustitución del sistema de subsidios universales por una protección específica para beneficiar solo a los más vulnerables; a ello se suma la recomendación de políticas privatizadoras y de austeridad, recortando el gasto social. Para poder concluir el acuerdo, se aprobó una nueva ley de finanzas que incluía importantes recortes de los subsidios, lo que generó masivas protestas populares. La respuesta gubernamental, con un discurso que criminaliza tanto a la UGTT como a los donantes internacionales, ha puesto en cuestión el préstamo y hay un claro riesgo de impago soberano en 2024.

Egipto es otro ejemplo paradigmático de gestión controvertida de la crisis económica. Tras el golpe contra Morsi en 2013, el país recibió una enorme inyección de ayuda procedente de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, estimada en 23.000 millones de dólares, además de provisión de petróleo, a modo de recompensa por defenestrar a los Hermanos Musulmanes, permitiendo evitar una quiebra financiera, el impago de la deuda y una depreciación de su moneda (Abdelaziz, 2022). Unos años más tarde, en 2016, recibió otro préstamo, en este caso del FMI, por 12.000 millones de dólares; el país se comprometía a implementar medidas de austeridad y alentar el desarrollo de una «economía inclusiva impulsada por el sector privado», necesaria para generar empleo y disminuir las tasas de pobreza. El primer compromiso se implementó, pero el segundo no. Desde entonces, las desigualdades y el coste de la vida no han dejado de crecer, y la deuda externa se ha disparado. La pandemia y la guerra en Ucrania, con su efecto inflacionario sobre los alimentos, han agravado la situación y han aumentado la pobreza (estimada en 30 millones de personas). En marzo de 2022, Egipto demandó un nuevo préstamo, el cuarto paquete desde 2016, lo que podría elevar la suma acumulada a más de 20.000 millones de dólares. Así, este país se ha convertido en uno de los cinco principales deudores al FMI a nivel mundial, y es uno de los principales beneficiarios de la ayuda financiera de los grandes donantes árabes, para quien el régimen de al-Sisi es una garantía de estabilidad interna y regional⁷. Sin embargo, este mismo régimen no ha sido capaz de responder a las demandas de la población, contener el empobrecimiento ni articular un acuerdo político que reoriente el desarrollo del país. Al contrario, los anuncios de próximas privatizaciones auguran nuevas olas de protestas populares a estas políticas. 

Conclusiones

En este artículo se han sustentado dos proposiciones. La primera ha sido analizar el autoritarismo en sus componentes de tecnocratización, despolitización y contrato social coercitivo; tres dimensiones que hasta ahora se habían estudiado de manera desconexa. La segunda, se refiere a su aplicación específica a los estudios sobre la restauración autoritaria post 2011 en los países árabes. Las características antes descritas muestran que la región vive dinámicas muy parecidas a las que operan en otras latitudes, contradiciendo con ello el mantra de un supuesto excepcionalismo árabe. En algunos países democráticos de Europa Occidental, y sobre todo en Europa Central y del Este, las situaciones de crisis de gobernabilidad y de frustración ciudadana han operado una conjunción de populismo y tecnocracia. Este nuevo tecnopopulismo resultante es un populismo orientado a la consecución de resultados que vincula directamente a los votantes con los líderes a través de la expertise y de la tecnocracia (Guasti y Buštíková, 2020). Para algunos politólogos, el tecnopopulismo se está convirtiendo en una nueva lógica de la política democrática (Bickerton e Invernizzi, 2021), cuyos mismos elementos se pueden reconocer en contextos no democráticos y autoritarios (Storm, 2022), así como aplicar a la realidad de los países árabes. En este tecnopopulismo autoritario árabe se encuentran: a) una voluntad de mantener parte del antiguo contrato social (bien común como meta) dentro de una concepción y retórica populista (encarnación de la voluntad del pueblo, representación unitaria de la nación, vínculo directo con los ciudadanos, rechazo a los partidos como mediadores); b) el recurso a tecnócratas haciendo valer la competencia y politizando la expertise en la toma de decisiones para ganar legitimidad, pero también para dar respuestas a la multiplicidad de actores internos, a los mercados y a los aliados externos; y c) el recurso a prácticas autoritarias (instrumentalización de la desafección política, interferencias, recorte de libertades, represión). El tecnopopulismo autoritario ahonda en la desconexión entre la política y la sociedad, niega a los actores políticos, los sustituye por tecnócratas y pretende imponer unilateralmente un nuevo contrato social.

Dada la preexistencia de estas prácticas, cabe preguntarse si algo las hace diferentes en la actualidad. Apuntamos tres elementos que podrían explicar su singularidad presente. Primero, a diferencia de décadas pasadas, los regímenes tienen menos legitimidad y necesitan formas de reconocimiento que pueden obtenerse con los tecnócratas. Segundo, se ha operado una reducción del pluralismo interno (partidos, sindicatos, movimientos sociales); las estructuras de intermediación y de diálogo social son sus grandes antagonistas y por ello son perseguidas, disueltas y criminalizadas. Y tercero, la conjunción de estos ingredientes conforma una nueva fase del autoritarismo, restaurado y de supervivencia. Con la eliminación de competidores se ha descartado cualquier horizonte de cambio y se ha impuesto un modelo político y económico. Pero ello no habría sido posible sin el respaldo internacional; esta fórmula se presenta como un medio fiable para asegurar la gobernabilidad, llevar a cabo reformas y garantizar una cierta estabilidad mediante la securitización de las políticas públicas, respondiendo al temor de un vacío de poder (power vacuum).

Los grandes desafíos de estas sociedades son garantizar empleo digno, satisfacer las necesidades básicas de la población, aprovechar el actual dividendo demográfico, proveer de protección social, articular políticas de previsión ante un inminente envejecimiento, concertar un pacto para la juventud, encarar los retos de sostenibilidad ambiental, así como asentar una participación política real. Son desafíos antiguos que permanecen y que siguen sin ser objeto de un nuevo contrato social que, hoy en día, solo puede ser negociado e inclusivo. Cabe preguntarse si un modelo de gobernanza autoritaria de estas características puede ser sostenible o si está abocado a una crisis a medio plazo, porque hasta ahora no ha mostrado su capacidad para dar respuestas efectivas a los problemas de estos países.

Referencias bibliográficas

Abdelaziz, Mohamed. «Aid for security: The Gulf-Egypt dynamic supporting Egypt’s economy». Fikra Forum, (7 de junio de 2022) (en línea) https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/aid-security-gulf-egypt-dynamic-supporting-egypts-economy

Arab Barometer / Robbins, Michael. «Wave VII Democracy». Arab Barometer, (julio de 2022) (en línea) https://www.arabbarometer.org/surveys/arab-barometer-wave-vii/

Badarin, Emile. «Politics and Economy of Resilience: EU Resilience-Building in Palestine and Jordan and Its Disciplinary Governance». European Security, vol. 30, n.º 1 (2021), p. 65-84.

Berger, Chloe. «Horizon 2030: assessing the impact of socio-economic and governance issues on the future of the MENA Region». Real Instituto Elcano, ARI 2/2021, (13 de enero de 2021) (en línea) https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/horizon-2030-assessing-the-impact-of-socio-economic-and-governance-issues-on-the-future-of-the-mena-region/

Berhima, Cheker. «Kais Saïed: ‘Le gouvernement de technocrates est un grand mensonge et une grande manipulation!». Espace Manager, (29 de julio de 2014) (en línea) https://www.espacemanager.com/kais-saied-le-gouvernement-de-technocrates-est-un-grand-mensonge-et-une-grande-manipulation.html

Bickerton, Christopher J. y Invernizzi Accetti, Carlo. Technopopulism. The New Logic of Democratic Politics. Oxford: Oxford University Press, 2021.

Bouabid, Ali y El Messaoudi, Amina. Technocratie versus démocratie? Rabat: Fondation Abderrahim Bouabid / Friedrich Ebert Stiftung-Rabat, Les cahiers bleus, nº 9, 2007.

Carboni, Andrea. «Non-party ministers and technocrats in post-revolutionary Tunisia». The Journal of North African Studies, vol. 28, n.º 1 (2023), p. 151-178.

Cavatorta, Francesco. «The Convergence of Governance: Upgrading Authoritarianism in the Arab World and Downgrading Democracy Elsewhere?». Middle East Critique, vol. 19, n.º 3 (2010), p. 217-232.

Cebecci, Münevver. Deconstructing «Ideal Power Europe». The EU and the Arab Change. USA: Lexington Books, 2018.

Desrues, Thierry. «L’emprise de la monarchie marocaine entre fin du droit d’inventaire et déploiement de la “technocratie palatiale”». L’Année du Maghreb, vol 3, (2007), p. 231-273.

Desrues, Thierry. «Lutte contre la pandémie du Covid-19, répression des voix dissidentes et retournement diplomatique: la gouvernance de la Monarchie exécutive et le discrédit du chef du gouvernement». L‘Année du Maghreb, vol. 26, (2021), p. 243-268.

Desrues, Thierry. «La representación política en Marruecos. Roles de los partidos, las elecciones y el Parlamento en los discursos de Mohamed VI», en: Azaola, Bárbara; Desrues, Thierry; Hernando de Larramendi, Miguel; Planet, Ana Isabel y Ramírez, Ángeles (eds.) Cambio, crisis y movilizaciones en el Mediterráneo Occidental. Granada: Comares, 2022, p. 255-276.

El-Haddad, Amirah. «Redefining the social contract in the wake of the Arab Spring: The experiences of Egypt, Morocco and Tunisia». World development, vol. 127, (2020) (en línea). DOI: 10.1016/j.worlddev.2019.104774

Fernández-Molina, Irene. «Modelling for a living: two-level games and rhetorical action in the foreign debt negotiations of post-revolutionary Tunisia». The Journal of North African Studies, vol. 24, n.º 3 (2019), p. 376-400. DOI: 10.1080/13629387.2018.1454649.

Flinders, Matthew y Wood, Matt. «Depoliticisation, governance and the state». Policy & Politics, vol. 42, n.º 2 (2014), p. 135-149. DOI: 10.1332/030557312X655873

Gobe, Eric. «La Tunisie en 2021: un coup politique peut masquer un coup d’État». L’Année du Maghreb, vol. 28 (2021), p. 225-260.

Guasti, Petra; Buštíková, Lenka. «A Marriage of Convenience: Responsive Populists and Responsible Experts». Politics and Governance, vol. 8, n.º 4 (2020), p. 468-472.

Haddad, Lahcen. «Toward a new social contract: Morocco as an example». Morocco World News, (27 de agosto de de 2019) (en línea) https://www.moroccoworldnews.com/2019/08/281205/toward-new-social-contractmorocco

Hamzawy, Amr. «Post-2013 Egypt: On delegitimising Democratic Demands», en: El-Issawi, Fatima y Cavatorta, Francesco (eds.) The Unfinished Arab Spring. Micro-Dynamics of Revolts between Change and Continuity. Londres: Gingko, 2020, p. 42-69.

Hanau Santini, Ruth. «EU foreign policy in MENA: the pitfalls of depoliticization», en: Shifting Global Politics and the Middle East, marzo de 2019, p. 48-52 (en línea) https://pomeps.org/wp-content/uploads/2019/03/POMEPS_Studies_34_Web.pdf

Harders, Cilja. «A Revolution of Logics of Action? Renegotiating the Authoritarian Social Contract in Egypt», en: Horst, Jakob; Jünemann, Annette y Rothe, Delf (eds.) Euro-Mediterranean Relations After the Arab Spring: Persistence in Times of Change. Londres: Ashgate, 2013, p. 103-122.

Hinnebusch, Raymond. «The Rise and Decline of the Populist Social Contract in the Arab World». World Development, vol. 129, n.º 12 (2020). DOI: 10.1016/j.worlddev.2019.104661 (en línea) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X19303092?via%3Dihub

Huber, Daniela. «Ten years into the Arab Uprising: Images of EU’s presence, practices, and alternatives in the Mediterranean Space». European Foreign Affairs Review, 25:44 (2020), p. 131-150. DOI: 10.54648/eerr2020015 https://kluwerlawonline.com/JournalArticle/European+Foreign+Affairs+Review/25.4/EERR2020015

Ianchovichina, Elena. Eruptions of Popular Anger: The Economics of the Arab Spring and Its Aftermath. MENA Development Report. Washington, DC: World Bank, 2018.

Ibrahim, Solava. «The dynamics of the Egyptian social contract: How the political changes affected the poor». World Development, vol. 138 (2021). DOI: 10.1016/j.worlddev.2020.105254 (en línea) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X20303818?via%3Dihub

Kurki, Milja. «Democracy through technocracy? Reflections on the technocratic assumptions in EU democracy promotion discourse». Journal of Intervention and Statebuilding, vol. 5, n.º 2 (2011), p. 211-234. DOI: 10.1080/17502977.2011.566482

Lakhal, Malek. «The ghost people and populism from above: the Kais Saied case». Arab Reform Initiative, (23 de marzo de 2022) (en línea) https://www.arab-reform.net/publication/the-ghost-people-and-populism-from-above-the-kais-saied-case/

Larbi, Hedi. Rewriting the Arab Social contract. Toward inclusive development and politics in the Arab World. Cambridge: Harvard Kennedy School. Belfer Center for Science and International Affairs, Study Group Report, 2016.

Loewe, Markus y Jawad, Rana. «Introducing Social Protection in the Middle East and North Africa: Prospects for a New Social Contract?». International Social Security Review, vol. 71, n.º 2 (2018), p. 3-18. DOI: 10.1111/issr.12163

Loewe, Markus; Zintl, Tina y Houdret, Annabelle. «The social contract as a tool of analysis: Introduction to the special issue on “Framing the evolution of new social contracts in Middle Eastern and North African countries”». World Development, vol. 145 (2021). DOI: 10.1016/j.worlddev.2020.104982 (en línea) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X2030108X

Maghraoui, Abdeslam M. «Democratization in the Arab World? Depoliticization in Morocco». Journal of Democracy, vol. 13, n.º 4 (2002), p. 24-32. DOI: 10.1353/jod.2002.0070

Meijer, Joel. «Citizenship rights and the Arab uprisings: foundation for a new political order in the Middle East and North Africa». Policy and Operations Evaluations Department (IOB) Holanda, enero de 2015 (en línea) https://english.iob-evaluatie.nl/binaries/iob-evaluatie-eng/documenten/publications/2015/09/01/400---substudy-citizenship-rights-and-the-arab-uprising/citizenship-rights-and-the-arab-uprisings-towards-a-new-political-order.pdf

Mitchell, Timothy. Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity. Berkeley: University of California Press, 2002.

Radaelli, Claudio M. Technocracy in the European Union. Londres y Nueva York: Routledge, 1999.

Radwan, Tarek. The impact and influence of international financial institutions on the Middle East & North Africa. Túnez: Friedrich Ebert Stiftung, 2020.

Rougier, Eric. «”Fire in Cairo”: Authoritarian-redistributive social contracts, structural change and the Arab spring», World Development, vol. 78, (2016), p. 148-171. DOI: 10.1016/j.worlddev.2015.10.005

Rutherford, Bruce K. «Egypt’s new authoritarianism under Sisi». The Middle East Journal, vol. 72, n.º 2 (2018), p. 185-208.

Shechter, Relli. The Egyptian social contract. A history of State-Middle class relations. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2023.

Storm, Lisa. «Political Dynamics in the Arab World and the Future of Ideologies». IEMed Mediterranean Yearbook 2022, p.78-83 (en línea) https://www.iemed.org/publication/political-dynamics-in-the-arab-world-and-the-future-of-ideologies/?lang=es

Tome-Alonso, Beatriz; García de Paredes, Marta. «Towards a new social pact in Morocco? The “new” development model and the COVID-19 crisis». IEMed Mediterranean Yearbook 2020, p. 209-211 (en línea) https://www.iemed.org/publication/towards-a-new-social-pact-in-morocco-the-new-development-model-and-the-covid-19-crisis/?lang=es

Tozy, Mohamed. «Morocco’s Elections. Islamists, Technocrats, and the Palace». Journal of Democracy, vol. 19, n.º 1 (2008), p. 34-41. DOI: 10.1353/jod.2008.0006

World Bank. Building for peace. Reconstruction for security, equity and sustainable peace in MENA. Washington: World Bank Group, 2020.

York, Erin. «Ministries matter: technocrats and regime loyalty under autocracy». Political Science Research and Methods, (2023), p. 1-13. DOI: 10.1017/psrm.2023.12 (en línea) https://www.cambridge.org/core/journals/political-science-research-and-methods/article/ministries-matter-technocrats-and-regime-loyalty-under-autocracy/B163A9D6C5F4F20997F982591A57AFD8  

Notas:1- En Marruecos, el término Majzén se refiere al verdadero poder, al Palacio y a la oligarquía palaciega.

2- En 1978 se creó la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), en 1983 la Unión Constitucional (UC) y en 2008 el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM).

3- La reforma constitucional de 2011 (art. 47) obliga a que el primer ministro sea del partido más votado.

4- La primera ministra Najla Bouden, nombrada en 2021, fue previamente directora general en el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica, y gestora del programa PROMESSE del Banco Mundial para reforma de la educación superior. Entre los apoyos a Saied se identifican grupos de tecnócratas que integran, por ejemplo, las Fuerzas de Túnez Libre (FTL) y que comparten su discurso populista (Gobe, 2021). Ahmed Hachani, nombrado primer ministro en 2023, es un jurista procedente del Banco Central. 

5- Véanse los discursos del rey a la Nación con motivo de la Fiesta del Trono: el de julio de 2017, en el que critica a los partidos (https://www.maroc.ma/fr/activites-royales/texte-integral-du-discours-royal-loccasion-de-la-fete-du-trone-0), y el de julio de 2019, en el que llama a la nominación de nuevos responsables según el criterio de competencia (https://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/texte-integral-de-sm-le-roi-mohammed-vi-adresse-la-nation-loccasion-de-la-fete-du).

6- En varios casos, la UE ha aplaudido o ha contribuido a la designación de primeros ministros tecnocráticos. Por ejemplo, la designación del tecnócrata Mehdi Jomaa en Túnez, en diciembre de 2013, respondió en gran medida a la presión de la UE y de Estados Unidos que habrían condicionado sus ayudas financieras al cumplimiento de la hoja de ruta de octubre 2013 y el acuerdo de Ennahda de ceder el Ejecutivo a un gobierno de tecnócratas.

7 -En la última década se estima la ayuda de los países del Golfo a Egipto en unos 114.000 millones de dólares (Abdelaziz, 2022).

Palabras clave:  tecnocracia, despolitización, autoritarismo, contrato social, región MENA, Marruecos, Túnez, Egipto

Cómo citar este artículo:  Barreñada Bajo, Isaías. «Tecnopopulismo autoritario en los países árabes y legitimación internacional».Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 135 (diciembre de 2023), p. 29-52. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2023.135.3.29

Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 135, p.29-52
Cuatrimestral (octubre-diciembre 2023)
ISSN:1133-6595 | E-ISSN:2013-035X
DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2023.135.3.29

Fecha de recepción: 18.05.23 ; Fecha de aceptación: 18.09.23