Una Alemania más abierta y dividida

Alemania ha adoptado un papel de liderazgo en la actual crisis de refugiados. Acogerá a casi un millón de refugiados durante este año y se ha producido entre la sociedad civil un amplio despliegue de voluntarios dispuestos a prestarles ayuda. Estas acciones han recibido los elogios de la comunidad internacional, desde el New York Times al Papa. Alemania dejó de aplicar el Reglamento de Dublín para refugiados sirios el pasado mes de agosto, cuyo cumplimiento hubiera obligado al Gobierno alemán a devolver a los refugiados a los países por los que entraron en la UE, como por ejemplo Grecia e Italia, lugares donde estos habrían tenido que buscar asilo. Poco después, la ayuda se llevó a cabo dejando entrar sin trámites burocráticos a refugiados abandonados procedentes de Hungría.  Más adelante, impuso mano dura a países de la Europa del Este para que aceptasen la redistribución de 120.000 refugiados dentro de la UE, una decisión tomada por mayoría por parte de los ministros del Interior de la Unión con los votos en contra de Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Rumanía. El objetivo es establecer una versión reformada del Reglamento de Dublín, el cual ha sido cada vez más ignorado por los estados fronterizos comunitarios, y ofrecer a estos últimos una redistribución de refugiados a cambio de aliviar sus cargas. Aunque en estos momentos el debate sobre los refugiados en Alemania está dominado por preocupaciones urgentes internas, es posible que en el futuro la dimensión paneuropea de este problema adquiera mayor importancia.

La canciller alemana Angela Merkel ha invertido su capital político en la crisis de los refugiados. Cuando tuvo que enfrentarse a obstáculos de índole logística, declaró la famosa frase de «Lo conseguiremos», y al recibir las críticas de su socio minoritario de coalición, el CSU, por dejar entrar los trenes procedentes de Hungría, replicó en rueda de prensa: «sinceramente, he de decir que si tengo que empezar a pedir perdón por el hecho de tender la mano para paliar una necesidad, entonces... este no es mi país».

Sin embargo, justo poco después, algunos dirigentes locales alzaron la voz y protestaron por el hecho de que no podían dar cabida a más refugiados, por lo que Alemania volvió a reestablecer controles temporales en la frontera con Austria. En septiembre, se aprobó por la vía rápida una nueva ley de asilo que pretende limitar los flujos de refugiados con la agilización de los procedimientos legales, la declaración de estatus de país seguro para los Balcanes y la aceleración de la deportación de los solicitantes de asilo rechazados. Es obvio que la magnitud de esta crisis ha cogido por sorpresa a los políticos alemanes. El ministro del Interior alemán, Thomas de Maizière, ha sugerido la introducción en toda la UE de cuotas de refugiados más allá de las cuales no se podrán aceptar nuevas solicitudes. Ello equivaldría a una importante reducción del derecho de asilo, sino la propia abolición del derecho en sí, el cual figura en la constitución alemana y no «tiene límite máximo», tal como había declarado poco antes la canciller alemana Merkel.

El flujo de refugiados conlleva, además, el problema de su integración a largo plazo, al someter las capacidades de logística a una tensión considerable. No deja de ser un claro revés a Thomas de Maizière y su Ministerio del Interior, el hecho que Merkel haya traspasado a su Cancillería la responsabilidad de coordinar la crisis de los refugiados. Y la presión que tiene que soportar a nivel nacional es cada vez mayor. Horst Seehofer, presidente del partido hermano de Baviera de la CDU de Merkel, ha declarado públicamente su oposición a ella. En un acto de provocación evidente, incluso llegó a invitar al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, cuya postura en la cuestión de los refugiados es ciertamente beligerante, a una convención de la CSU. Su otro socio de coalición, el socialdemócrata SPD, también ha puesto en duda que Alemania pueda dar asilo de manera sostenible a un millón de refugiados al año; afirmando que, en principio, las fronteras deberían permanecer abiertas, pero estableciendo topes a la inmigración, junto con políticas de integración más proactivas. En paralelo, el porcentaje de  aprobación de Merkel se ha visto reducido por su postura ante la crisis. Y en el seno de su partido, la oposición ha ido creciendo, hecho que seguirá produciéndose si los resultados que se obtengan en las elecciones regionales de marzo de 2016 no son satisfactorios.

Dichas elecciones también podrían suponer el auge de un nuevo partido de extrema derecha, la Alternativa para Alemania (AfD). En contraste con otros países europeos, en Alemania hasta ahora no ha habido ningún partido de extrema derecha establecido. El AfD expulsó a su presidente fundador, Bernd Lucke, en julio, el cual abogaba por la aplicación de políticas fiscales conservadoras y la oposición a los rescates dentro la zona del euro, aunque aceptaba no obstante posturas liberales en cuanto a inmigración, siempre que los inmigrantes tuvieran las cualificaciones oportunas. El ala conservadora nacional ha asumido el control del partido, situándose en posiciones más cercanas al populismo, como la del tristemente célebre movimiento Pegida, cuyas manifestaciones en la ciudad de Dresde se han vuelto habituales. Así, pese a los actos de solidaridad, Alemania ha experimentado una cifra récord de ataques premeditados contra centros de acogida de refugiados. A muchos alemanes no les resultan extrañas las actitudes xenófobas, sobre todo en Alemania Oriental, donde el activismo de ultraderecha entre algunos jóvenes está profundamente arraigado y puede contar con una cierta aceptación entre otros sectores de la población. El intento de asesinato de la alcaldesa de Colonia por parte de un activista de ultraderecha ha demostrado que dichas actitudes pueden transformarse en una especie de terrorismo de ultraderecha en toda regla.

La oposición a la relativa apertura hacia los refugiados no está alimentada exclusivamente por el sentimiento populista y las trabas burocráticas, sino también por la incertidumbre que provocan los posibles problemas de integración a largo plazo. Además de los numerosos refugiados sirios de clase media bien cualificados, también hay alrededor de un 15%-20% de analfabetos entre todos los refugiados, según cálculos aproximados. Cerca del 70% de los refugiados son hombres jóvenes, un dato demográfico que puede tender a ocasionar problemas sociales y radicalización política si no se integran bien en los mercados laborales o no se tiene en cuenta la posible reunificación familiar.  Se ha podido comprobar la existencia de algunos de estos problemas en los disturbios ocasionados en los abarrotados campos de refugiados. Los cristianos y algunas minorías, como los yazidís, se han quejado de haber sufrido ataques, así como de tácticas intimidatorias por parte de musulmanes radicales. Para evitar futuros conflictos, la policía y los responsables políticos han sugerido separar a los refugiados por religiones y etnias. Sin embargo, otros han expresado su temor a que dicha separación pueda establecer las bases para la formación de ghettos en el futuro, un problema que ha jugado un papel importante en el debate relacionado con la inmigración en Alemania con anterioridad a esta crisis.

El debate sobre la inmigración en Alemania gira actualmente alrededor de cuestiones internas aunque, no obstante, la dimensión europea irá ganando peso a medida que este país trate de reducir su actual flujo migratorio y gestione la integración a largo plazo de los nuevos inmigrantes. Alemania exige a Europa que comparta la carga, es decir, que haya una redistribución de los refugiados entre los estados miembros, una reducción de los flujos migratorios que entran a través de los Balcanes, así como una mejora de la seguridad fronteriza de la UE en colaboración con países limítrofes como Turquía. También tiene intención de emprender iniciativas diplomáticas y transferencias de ayudas para atender las causas urgentes que provocan los flujos de refugiados en sus países de origen.

En paralelo, la CSU de Seehofer ha estado presionando para que se implementen las denominadas «zonas de tránsito» en las fronteras de Alemania. Como en los aeropuertos alemanes, estas zonas permitirían la evaluación inmediata de las solicitudes de asilo en la frontera, así como la denegación de las mismas a aquellos individuos que procedan de países seguros, como los Balcanes, por ejemplo. Sin embargo, la oposición de los Verdes y la izquierda, así como el SPD (socio de coalición de la CDU/CSU) han mostrado su preocupación por el hecho de que esta «rapidez» pueda menoscabar los trámites legales de las solicitudes de asilo y que dichos trámites pudieran necesitar más tiempo, en cuyo caso las zonas de tránsito pasarían a ser campos de arresto prolongado. Finalmente, la gran coalición tomó el pasado 5 de noviembre una decisión en contra de las zonas de tránsito, aunque aceptó la gestión acelerada de aquellos que soliciten asilo desde países de destino seguros en centros de inmigración creados específicamente al respecto, así como su rápida expulsión en caso de que las solicitudes sean rechazadas.

Si se hubieran establecido, las zonas de tránsito podrían haber sido utilizadas para devolver a los refugiados al lugar por el que entraron por primera vez en la UE, y así hacer presión para llevar a cabo una reforma del Reglamento de Dublín. En este sentido, el ministro del Interior De Maizière dijo el 10 de noviembre que Alemania va a aplicar de nuevo el Reglamento de Dublín a los refugiados sirios, excepto a aquellos que provengan de Grecia. Por el momento, la idea de las zonas de tránsito ha quedado aparcada, no obstante, si se demuestra que no es posible una solución europea y crece la oposición nacional a los planes actuales, podría volver a surgir algún tipo de versión modificada de la misma. En este caso podría suponer el inicio de controles fronterizos nacionales y el final del acuerdo de Schengen tal y como lo conocemos.