Por Dios y por las armas: el ascenso neopentecostal y securitario en Brasil (2003-2019)

Kristina Hinz, investigadora asociada, Centro de Estudio de Desigualdades y Relaciones de Género (NUDERG), Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), Brasil; Investigadora predoctoral, Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI), Universidad Libre de Berlín, Alemania (kristina.hinz@fu-berlin.de), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1369-9207

Juliana Vinuto, profesora asistente, Departamento de Seguridad Pública (DSP), Instituto de Estudios Comparados de Administración de Conflictos (InEAC), Universidade Federal Fluminense (UFF), Brasil (julianavinuto@id.uff.br), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6035-4463

Aline Beatriz Coutinho, investigadora asociada, Laboratorio para el Estudio de las Diferencias y Desigualdades Sociales (LEDDES), Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), Brasil (alinebeatrizcoutinho@gmail.com), ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2830-2700.  

Este artículo analiza la evolución del espacio político brasileño en los poderes legislativo y ejecutivo, a partir de la convergencia entre el lobby armamentístico/securitario y el neopentecostal; proceso que experimentó un momento de ascensión en los años 2000 y se consumó con la elección como presidente del país de Jair Bolsonaro en octubre de 2018. A través del análisis de actas gubernamentales, propuestas legislativas y materiales periodísticos, se trazan los perfiles de las principales agrupaciones armamentísticas/securitarias y neopentecostales en el legislativo brasileño. Tomando como objeto de estudio el Frente Parlamentario Evangélico y el Frente Parlamentario de Seguridad Pública, se demuestra el crecimiento, entre 2011 y 2019, de su influencia y alineamiento mutuos. En 2019, el 66% de los diputados de la Cámara de los Diputados del Brasil formaba parte de por lo menos uno de estos dos frentes.

El auge de la llamada «nueva derecha» es un factor sociopolítico que, en el siglo xxi, se observa en varios países del mundo, como Estados Unidos, Hungría, Polonia y Brasil (Lacerda, 2019: 28). Se trata de un movimiento intelectual y político que favorece los valores morales tradicionales, generalmente basados en el cristianismo (principalmente evangélico), la lucha contra el comunismo y en el conservadurismo económico (Diamond, 1995; High, 2009). Sin embargo, la principal característica de esta corriente es su enfoque en las cuestiones sexuales y reproductivas (Diamond, 1995), las cuales se entrelazan con un pensamiento punitivo de ley y orden, con una defensa de la familia patriarcal, con el militarismo anticomunista y con el neoliberalismo (Harvey, 2005; Grandin, 2006; Lacerda, 2019). En América Latina, este fenómeno ya se ha observado en Brasil, Argentina y Chile (Codato et al., 2018). El surgimiento de esta «nueva derecha» en el escenario brasileño (Botelho y Ferreira, 2010) tiene varios segmentos y características, entre los cuales destaca la existencia de nuevas bases sociopolíticas, tal como se percibe en el análisis de los candidatos a diputados federales en las dos primeras décadas del siglo xxi. Con la elección del actual presidente Jair Bolsonaro en 2018, se ha consolidado en el panorama político la convergencia entre estos valores –sobre todo entre el moralismo cristiano y el militarismo civil– incluyendo al país en este nuevo movimiento de derechas transnacional.

En este contexto, este artículo analiza la situación sociopolítica de Brasil que hizo posible la elección de Jair Bolsonaro como presidente del país; una elección que se entiende como la consumación de un progresivo ascenso de fuerzas políticas como el Frente Parlamentario de Seguridad Pública (FPSP) y el Frente Parlamentario Evangélico (FPE) producido durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Así, la articulación entre estos dos frentes parlamentarios es el principal objeto de estudio de este análisis, en el que se expone la acción de los parlamentarios de ambas fuerzas, concretamente en lo relativo al intercambio de apoyo político en la votación de las propuestas legislativas consideradas esenciales para cada uno de ellos (Cepêda, 2018; Codato et al., 2018; Messenberg, 2010). Para ello, el artículo se divide en cinco apartados: los dos primeros permiten comprender el surgimiento del Frente Parlamentario de Seguridad Pública y del Frente Parlamentario Evangélico; el tercero analiza la articulación de ambos frentes en el transcurso de los gobiernos del PT –época caracterizada por desacuerdos pero también por acercamientos y concesiones entre el Poder Ejecutivo y los Frentes Parlamentarios de Seguridad Pública y Evangélico–; el cuarto examina la actuación de los dos frentes parlamentarios en el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, en el que se argumenta que su eliminación del poder representa el pleno ascenso político de ambos frentes; y, finalmente, el último analiza la relación entre este contexto de fortalecimiento de estos frentes parlamentarios y la victoria de Jair Bolsonaro en la elección presidencial de Brasil.

En la elaboración del artículo se utiliza una metodología basada en el análisis de los perfiles de los miembros de la Cámara de los Diputados (Câmara dos Deputados) de Brasil a través de una multiplicidad de fuentes como actas, propuestas legislativas, sitios web de los diputados, materiales gubernamentales, periodísticos y estadísticos que permitieron comprender el desempeño de los dos frentes fundamentales que hicieron posible la configuración actual del campo político brasileño. 

Las iglesias neopentecostales y la formación del Frente Parlamentario Evangélico (FPE)

Desde el proceso de redemocratización¹, las iglesias evangélicas han ampliado su influencia en la política brasileña, representando una de las mayores fuerzas del Poder Legislativo. Entre el año 2000 y el 2010, los católicos pasaron de representar el 73,80% de la población al 64,60%, respectivamente, mientras que los evangélicos subieron del 15,60% al 22,20% (IBGE, 2012). Una encuesta realizada por DataFolha en 2019, indica que un 50% de la población en el país se consideraba católica y un 31% evangélica, y se prevé que en 2032 los evangélicos superarán a los católicos por primera vez, convirtiéndose en el grupo religioso mayoritario en Brasil (Balloussier, 2020). El crecimiento del pentecostalismo tiene como una de sus principales características estar centrado en las periferias de las regiones metropolitanas brasileñas; en estas áreas, donde la mayoría de la población es de bajos recursos, más del 70% de sus habitantes se reconoce como evangélico (Jacob et al., 2004). Cabe señalar que, desde la década de 1980 hasta la actualidad, hay una normalización por parte de los evangélicos de la máxima «el hermano vota por el hermano» (Araújo, 2019).  

En este contexto, en 2003 se creó el Frente Parlamentario Evangélico (FPE), regulado en la Cámara de los Diputados en 2005 como asociación suprapartidaria. Con 56 miembros fundadores, uno de sus objetivos era «buscar, de manera continua, la innovación de la legislación necesaria para promover políticas públicas, sociales y económicas eficaces (...) de acuerdo con sus objetivos, combinados con los propósitos de Dios, y de acuerdo con su Palabra» (República Federativa do Brasil, 2003: 36). Desde el principio, la influencia de los profesionales religiosos –obispos, pastores, diáconos, teólogos, cantantes de góspel, locutores y presentadores de programas religiosos– ha tenido mucho peso en el FPE. Como muestra la figura 1, en la Cámara de los Diputados, en 2003, el 73,21% (n=41)² de los miembros de la FPE eran profesionales religiosos. A lo largo de los años, esta proporción ha ido disminuyendo, del 46,61% (n=20) en 2007, el 38,46% (n=30) en 2011, el 15,65% (n=31) en 2015 hasta el 16,92% (n=33) en 2019³. Asimismo, también hay miembros del FPE que son evangélicos muy activos –a menudo hablan en nombre de sus iglesias en lugar de sus partidos–, pero no encajarían en ninguno de los grupos de profesionales religiosos definidos anteriormente.

Aunque todos sus miembros se denominan evangélicos, existe una diferenciación interna de denominaciones entre sus adherentes, ya sean protestantes históricos, pentecostales o neopentecostales. En las legislaturas de 2003 a 2011, la mayoría de los diputados asociados al FPE eran miembros o profesionales de la Iglesia Universal Reino de Deus (IURD), la Iglesia Bautista, la Asamblea de Dios o la Iglesia Presbiteriana, entre otras iglesias menos conocidas, como la Iglesia Cristiana Maratana, la Congregación Cristiana o la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios (véase la figura 2).

Una de las principales banderas enarboladas por el FPE es la articulación de un discurso contra los derechos reproductivos de las mujeres, ya que entiende que la posibilidad de legalizar el aborto es contraria a la premisa de que la vida es un don de Dios y solo él puede quitarla. Así pues, se considera que los proyectos legislativos relacionados con los derechos reproductivos y sexuales son inmorales y tienen la intención de «degenerar» la sociedad brasileña (Miguel, 2012). Con la creación del Frente Parlamentario Mixto en Defensa de la Vida-Contra el Aborto (FP en Defensa de la Vida) en 2005, dos años después de la fundación del FPE, esta movilización ganó aún más aliento. En sus estatutos, el FP en Defensa de la Vida define como su objetivo «movilizar la opinión pública brasileña contra la legalización del aborto y cualquier otra forma de atentado contra la vida» e impedir «la aprobación de proyectos de ley que abran lagunas en la legislación para permitir el aborto (...)» (República Federativa do Brasil, 2005: 45). Siendo suprarreligioso y suprapartidario, el FP en Defensa de la Vida reúne una amalgama de diputados y senadores evangélicos, católicos carismáticos, espiritistas y conservadores en general que tienen como agenda principal la defensa de la vida desde la concepción. Además, con inicialmente 59 diputados y tres senadores entre sus miembros fundadores en 2005, y 192 diputados y 13 senadores en 2011, el FP en Defensa de la Vida fue en origen incluso más grande que el FPE, aunque esa relación se invirtió entre 2015 y 2019. El FPE aún representa, aproximadamente, entre el 53% y el 55% de los diputados firmantes del FP en Defensa de la Vida (55,13% en 2011 [n=43/78]; 51,51% en 2015 [n=102/198] y 56,41% en 2019 [n=110/195]), y es el principal articulador de sus acciones (véase la figura 3).  

El lobby armamentístico/securitario y la formación del Frente Parlamentario de Seguridad Pública (FPSP)

El término «bancada de la bala» –en referencia a la Cámara de Diputados– comenzó a utilizarse a principios del decenio del 2000, y fue movilizado inicialmente por la prensa durante los debates sobre el registro, la posesión y la venta de armas de fuego y municiones, que condujeron a la creación del Estatuto de Desarme (Presidência da República, 2003). Hoy en día, se denomina «bancada de la bala» a las agrupaciones suprapartidistas del Poder Legislativo brasileño, compuestas principalmente por individuos vinculados a las fuerzas de seguridad y sus simpatizantes.  Entre estas destaca el Frente Parlamentario de Seguridad Pública (FPSP), fundado en 2011 con el objetivo de «estudiar y debatir cuestiones relacionadas con la seguridad pública para promover la mejora de la legislación sobre el tema», además de fomentar la «valorización de los profesionales de la seguridad» y vigilar e inspeccionar las políticas de seguridad pública (República Federativa do Brasil, 2011: 201). Establecido a petición de su primer presidente, el capitán de la Policía Militar Fernando Franschini (SD-PR)⁴, el FPSP tuvo 210 miembros fundadores en 2011, que se ampliarían a 299 en la Cámara de los Diputados de 2015 y a 306 en 2019 (Câmara dos Deputados, 2011, 2015a y 2019).

Como se establece en sus estatutos, una proporción pequeña de los miembros del FPSP son profesionales de la seguridad, que en este artículo entendemos como oficiales de la Policía Militar, delegados de la Policía Civil y Federal, oficiales de la policía de carreteras, bomberos militares o miembros de las Fuerzas Armadas, tanto activos como de reserva. De sus miembros fundadores, solamente el 1,90% eran profesionales de estas categorías. Pero este número ha aumentado y, en la legislatura de 2015 y 2019, el 6,35% y el 11,47%, respectivamente, de los miembros del FPSP eran profesionales de la seguridad (véase la figura 4). 

Por lo tanto, es importante señalar que no todos los miembros del FPSP forman parte de este núcleo duro en la Cámara de Diputados (Santos, 2018). Como la seguridad es un tema de amplio interés en la sociedad brasileña, cuya agenda política no se limita a los grupos de derecha, hay también varios diputados de partidos considerados de centro e izquierda en el FPSP.

También cabe mencionar la relación de clientelismo que mantienen ciertos políticos prominentes en el ámbito de la seguridad pública con su «estructura de poder local», especialmente en las periferias pobres de las grandes ciudades (Cano y Loot, 2008; Alves, 2003; Cano y Duarte, 2012). En algunos barrios de Río de Janeiro, los grupos de exterminio formados por cuerpos paramilitares y parapoliciales, llamados «milicias», se han establecido desde la época de la dictadura militar como organizaciones relevantes para la política local. Hoy en día, una parte considerable de las favelas de Río de Janeiro están bajo el control de las milicias (Olliveira et al., 2018), las cuales destacan por el control efectivo de un determinado territorio, la coerción de la población residente y el beneficio derivado de las actividades que se realizan en ese territorio, como el cobro de tasas de protección o servicios como el uso de la televisión por cable y la distribución de gas, entre otros (Cano y Loot, 2008: 59).

A partir de su influencia para elegir a los cargos de consejero o diputado –o garantizar los votos de la población de su territorio para un político determinado–, las milicias se han acercado a la esfera estatal. Esa presencia se produce incluso indirectamente, ya que a veces los familiares de los milicianos se empleaban como asesores de los políticos elegidos, con acceso a fuentes de información privilegiadas (Alves, 2003). Como argumentan Cano y Loot (2008: 78): «La ocupación de cargos públicos por los jefes de las milicias cierra el círculo de la dominación, ya que a la dominación informal se une ahora la dominación formal, incluso con la legitimidad otorgada por el voto popular. Para los líderes de la milicia, esto tiene ventajas obvias: el establecimiento de contactos políticos al más alto nivel y la obtención de inmunidad parlamentaria frente a posibles procesos penales. Para la comunidad, la elección de estas figuras puede ayudar a canalizar los recursos públicos hacia estas áreas, lo que a su vez debería fortalecer la popularidad y la legitimidad de estos líderes».

Además del núcleo duro de profesionales de la seguridad en el FPSP, hay otros grupos más pequeños dentro de la Cámara de Diputados brasileña que tienen como agenda principal los temas relacionados con la seguridad. Fundada en 2002, la Comisión de Seguridad Pública y Lucha contra el Crimen Organizado (CSPCCO) es uno de los órganos más antiguos que orienta la guerra contra las drogas y la delincuencia organizada. La Comisión tiene 33 miembros y 33 suplentes que son nombrados anualmente (Câmara dos Deputados, 2018). Respecto a los diputados que forman parte de la CSPCCO y el FPSP, bien sean o no profesionales de seguridad, cabe mencionar su compromiso con las agendas vinculadas a las políticas de orden público, como la de permitir la tenencia de armas, reducir la mayoría de edad penal, poner fin a las sentencias alternativas a las penas de privación de libertad y flexibilizar las penas de los agentes de seguridad que causan víctimas mortales en los enfrentamientos. Un ejemplo puede verse en el proyecto de ley 713/2015, en el que se establece la presunción de defensa propia en el uso de un arma de fuego por un agente de policía, lo que dificultaría la investigación de los asesinatos cometidos por dichos agentes (Câmara dos Deputados, 2015a). 

Los gobiernos del Partido de los Trabajadores (2003-2016): el papel del FPE y del FPSP

Como se ha mostrado, tanto el FPSP como el FPE han tenido una notable expansión en legislatura brasileña desde inicios del nuevo milenio. También sus núcleos duros –los profesionales de la seguridad y de la religión–, que han contado con números estables o crecientes a lo largo del período. En otras palabras: durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff (ambos del PT), el legislativo brasileño se volvió progresivamente más conservador, ampliando no solo el número de diputados militares, policiales, obispos y pastores, sino también de simpatizantes alineados con los proyectos conservadores que aquellos representaban.

Es importante destacar que, ya en 2011, año de la fundación del FPSP, la suma de los diputados que formaban parte del FPSP, del FPE o de ambos ya superaba el número de diputados que no formaban parte de ninguno de los dos frentes. En la composición de las cámaras de 2015 y 2019, esta relación se siguió intensificando: si en 2011 el número de diputados que no formaban parte de ninguno de los dos frentes era todavía del 49% (frente al 51% del total de miembros del FPSP y/o FPE), en 2015 solo había un 26%, frente al 77% del total de miembros del FPSP y/o del FPE, y en 2019 un 26%, frente al 74% (véase la figura 6). Este profundo cambio de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados también debe analizarse como una explicación de las concesiones que Lula da Silva y Dilma Rousseff creían que debían hacer para garantizar la gobernabilidad de sus mandatos en una Cámara cada vez más fragmentada.

Los primeros acercamientos de los gobiernos del PT con los políticos evangélicos se produjeron con el Gobierno de Lula da Silva, que había estado formando alianzas electorales con partidos dominados por políticos evangélicos, como los partidos PSC (Partido Social Cristão) y PRB (Partido Republicano Brasileiro⁵), por ejemplo (Valle, 2018). Estas alianzas se pueden observar tanto en el ámbito político electoral-ministerial como en el financiero. Un caso ejemplar ocurrió en la elección para el primer mandato de Lula en 2005, cuando José Alencar –afiliado al PRB– se convirtió en vicepresidente. En 2009, Lula firmó el Día Nacional de la Marcha por Jesús. Además, durante las elecciones de 2010, el PT también dio un ejemplo de la alianza financiera, dando al PSC 4,7 millones de reales en vísperas de la campaña electoral (Odilla y Seligman, 2010). En el plano sociocultural, estas elecciones de 2010 marcaron el momento en que Lula y Dilma Rousseff se reunieron con líderes evangélicos y congresistas del FPE para discutir cuestiones de su futuro Gobierno, incluyendo la no legalización del aborto y cumpliendo con algunas demandas de los líderes evangélicos formuladas en la «Carta a los Evangélicos» (Pires, 2010).

La garantía de los derechos reproductivos y el tema del aborto fueron puntos constantes de desacuerdo y acercamiento entre los miembros de la base gobernante del PT y los políticos del FPE. Un proyecto de ley sobre la despenalización del aborto –el Proyecto de Ley 1335/91– fue propuesto en 1991 por dos diputados del PT, Eduardo Jorge y Sandra Starling (Câmara dos Deputados, 1991), pero no entró en vigor hasta 2004, durante la primera Conferencia Nacional de Políticas para la Mujer, en la que se recomendó la despenalización y legalización del aborto. En 2005, este Proyecto de Ley fue adaptado por la relatora del Comité de Seguridad Social y Familia, la diputada Jandira Feghali. Para enfrentar el proyecto, algunos diputados organizaron el FP en Defensa de la Vida en el mismo año 2005, siendo una de las primeras acciones suprapartidarias entre los religiosos de la Cámara, que acabaron impidiendo la aprobación de dicho proyecto (Mariano y Biroli, 2017). Ese mismo año se produjo el «escándalo del mensalão», una acusación de compra de votos de los diputados de la base gobernante para apoyar las medidas del Gobierno (Leher, 2005). Con su Gobierno amenazado, sumado a las elecciones que tendrían lugar al año siguiente, Lula da Silva priorizó buscar el apoyo de evangélicos y católicos para su reelección, por lo que desatendió las demandas de los grupos sociales favorables a la legalización del aborto (Santos, 2015: 78-79).

La relación de los gobiernos del PT con el numeroso y poderoso FPSP, también se caracteriza por momentos de enfrentamiento, mediación de la fuerza y, eventualmente, concesiones por parte del Gobierno. Un momento ilustrativo de esta ambigüedad se encuentra en la promulgación de la Ley n.º 10.826/2003, conocida como el Estatuto de Desarme. Además de aumentar el control estatal sobre las armas, este estatuto intenta reducir la circulación de estas entre la población civil, restringiendo la posesión directa y aumentando las penas por su uso y posesión ilegal (Presidência da República, 2003). Asimismo, también incluía el artículo 35, que prohibía la venta de armas de fuego dentro del territorio nacional, con la excepción de las entidades previstas en el artículo 6 de la misma ley. Debido a la gravedad de la cuestión, fue necesario someter el artículo 35 a un referéndum popular. Con la pregunta «¿Debe prohibirse el comercio de armas de fuego y municiones en Brasil?», el referéndum concluyó con un 63,94% de votos para el «no» y un 36,06% para el «sí», por lo que el artículo quedó rechazado (Folha de São Paulo, 2005). Ello posibilitó incluir la liberación autorizada por el Ejército de la tenencia y uso de armas por parte de coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores (CACs, por sus siglas en portugués), abriendo una brecha para las armas de uso civil, relativamente fácil de aprovechar por la delincuencia organizada. Este resultado también representa, sobre todo, una primera derrota del Gobierno Federal frente a la industria de armamento brasileña y sus representantes políticos: mientras que el PT y el presidente Lula da Silva se posicionaron claramente al lado de la campaña por el «sí», la campaña por el «no» estuvo encabezada por el Frente Parlamentario para la Defensa Legítima, con innumerables diputados notablemente conocidos por su actuación en el FPSP, como Jair Bolsonaro (Câmara dos Deputados, 2005). Al respecto, el periódico O Globo reveló que la campaña fue financiada casi en su totalidad por donaciones de dos de las mayores empresas de armas y municiones en Brasil: Forjas Taurus y la Companhia Brasileira de Cartuchos. En conjunto, las dos empresas donaron más de 5,5 millones de reales para el «no» (Gripp, 2005).

En este período, otro punto de debilitamiento del PT frente al lobby armamentístico/securitario fue la falta de combate sistémico a los grupos paramilitares y parapoliciales. Aunque, en 2008, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre las milicias de la Asamblea Legislativa del Estado del Río de Janeiro dio lugar a la detención de más de 240 milicianos en Río de Janeiro, la mayoría de las 58 recomendaciones de la CPI para el enfrentamiento efectivo de las milicias y sus fuentes de financiación no fueron adoptadas. Entre otras sugerencias, en el informe final se recomendó que la formación de milicias se tipificara como delito federal y que el uso indebido de los centros sociales –espacios señalados para la compra de votos– se considerara un delito electoral (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 2008). Hasta la fecha, ninguna de estas dos sugerencias se ha convertido en ley⁶. 

Destitución de Dilma Rousseff (2016): rupturademocrática

A raíz del resultado de las elecciones de 2014, el Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP) consideró ese año como el «más conservador desde 1964», año del golpe militar brasileño (Souza y Caram, 2014). De los 513 diputados elegidos, 299 formaban parte del FPSP y 198 del FPE. Considerando que 119 diputados estaban asociados a ambos frentes parlamentarios, la Cámara de Diputados de 2015 tenía 378 diputados de esas opciones políticas, frente a solo 135 diputados que no formaban parte de ninguna de ellas. Esto significó que casi el 74% de los diputados elegidos para la Cámara de Diputados formaban parte del FPE y/o el FPSP, constituyendo una mayoría abrumadora. Una señal de ello fue la elección de Eduardo Cunha para la Presidencia de la Cámara de los Diputados en febrero de 2015. Cunha, miembro fundador y en activo del FPE, así como del FPSP, fue elegido presidente de la Cámara de Diputados con el apoyo de la mayoría absoluta de los parlamentarios (267 votos de un total de 513), muchos de ellos vinculados al FPE o al FPSP (Agência Brasil, 2015).

El proceso de impugnación de Dilma Rousseff comenzó, así, con la aceptación de la admisibilidad del juicio político por parte de la Cámara de Diputados, basado en una denuncia de responsabilidad fiscal llevada a cabo por Eduardo Cunha. Varios autores destacan las irregularidades y la falta de fundamento jurídico de la solicitud de impugnación de Rousseff (Peixinho, 2018). Como afirman Rangel y Dultra (2019), la destitución de Rousseff se debió a la articulación de los intereses políticos de sus oponentes y, en el proceso, hubo fragilidad en las acusaciones de prácticas indebidas en la gestión financiera, por lo que no hubo un verdadero delito de responsabilidad que justificara tal juicio político.

El papel del FPE y el FPSP fue fundamental en la consecución de los hechos. Los miembros de estas bancadas actuaron para defender la legitimidad y la admisibilidad de la apertura del juicio político contra Rousseff, para lograr el voto sobre la destitución y para la organización de las fuerzas políticas tras el final del proceso. Esta movilización dio sus frutos: desde febrero de 2015, se presentaron 50 solicitudes de impugnación, 39 de las cuales no presenteban ninguna prueba y no cumplíanlos requisitos formales (Barifouse, 2016). Además, es importante señalar que fueron los diputados vinculados a estas bancadas los que tomaron más posición para que las acusaciones de responsabilidad se convirtieran en denuncias. Igualmente, sus votos fueron fundamentales para la destitución efectiva de la presidenta. Mientras que, en general, hubo un 72% de los diputados a favor de la impugnación, en el FPE el apoyo fue del 84% y, en el FPSP, del 81%. Estas cifras son mucho más elevadas que el 67% de los votos necesarios para aprobar la destitución de Rousseff, que finalmente se produjo el 16 de agosto de 2016 (Monteiro, 2020). De los 367 votos a favor de su destitución (contra 137 en contra), 101 fueron de diputados de ambos frentes, entre ellos el de Jair Bolsonaro.

Militares y evangélicos llegan al Gobierno: la Presidencia de Jair Bolsonaro

Con la controvertida elección de Jair Bolsonaro a la Presidencia de Brasil en 2018, por primera vez un excapitán del Ejército ocupaba el cargo más alto del país –además de ser uno de los representantes más conocidos del núcleo duro del FPSP y también miembro del FPE. En ello radica la mayor diferencia con los años anteriores: ahora ambos grupos dominan el campo político, no solo el del Poder Legislativo, sino también, y decisivamente, el del Poder Ejecutivo. Con el Gobierno de Bolsonaro, las policías y los evangélicos están notablemente presentes en el Legislativo. En la Cámara de los Diputados de 2019, el FPE y el FPSP juntos suman el 66% (n=340) de los parlamentarios. Además, el número de diputados en ambos frentes ha aumentado considerablemente en los últimos ciclos legislativos. Si en 2011 solo el 5% (n=27) de los diputados formaban parte de ambos frentes, en 2015 ya eran el 23% (n=119) y en 2019 el 26% (n=135).

El perfil de los miembros que forman parte de los dos frentes es bastante diverso. En la investigación, se han localizado a 22 diputados que son profesionales de la seguridad, entre los que se encuentran agentes de la Policía Civil y Federal, así como miembros de las Fuerzas Armadas. Los profesionales de la religión también tienen una fuerte presencia: 23 de los diputados de estos frentes son pastores, obispos u ocupan otras funciones en las iglesias. También cabe destacar a los tres diputados que son profesionales de la seguridad y de religión al mismo tiempo: Gilberto Nascimento (PSC-SP), policía y evangelista de la Iglesia de la Asamblea de Dios; João Campos (PRB-GO), pastor auxiliar de la Asamblea de Dios y delegado de la Policía Civil, y el sargento pastor Isidório (AVANTE-BA), policía militar retirado y pastor de la Fundación Doctor Jesús.  

En el Gobierno de Bolsonaro, los militares y los evangélicos también tienen importantes cargos en el Ejecutivo. Sin embargo, destaca que, si bien gran parte de su apoyo político está respaldado por las policías (militar y civil), son los miembros de las Fuerzas Armadas los que constituyen la mayoría de la estructura de su Gobierno. Aun así, Bolsonaro señala un apoyo constante a la policía, como ocurrió durante las discusiones sobre la reforma de las pensiones, implementando beneficios y ventajas para este cuerpo en relación con la reforma de otros trabajadores brasileños. Otro ejemplo es el proyecto de ley que dejaría de castigar al personal militar de las Fuerzas Armadas y a los miembros de las fuerzas de seguridad en operaciones de Garantía del Orden Público, como fue el caso de la intervención federal en la ciudad de Río de Janeiro en 2018 (Câmara dos Deputados, 21 noviembre 2019).

En su constitución original de 2019, el gabinete de Bolsonaro incluía siete militares de las Fuerzas Armadas y tres profesionales religiosos, así como varios evangélicos. Tras el intercambio de varios ministros durante el primer año de la Presidencia, en 2020, el número de ministros militares aumentó a ocho frente a tres ministros evangélicos (véase la tabla 1). Cabe subrayar que el Gobierno de Bolsonaro ya tiene más ministros militares que la mayoría de los presidentes de la dictadura militar, a excepción del Gobierno de Castelo Branco entre los años 1964 y 1967 (Barrucho, 2020). Además, en octubre de 2019, contaba con, por lo menos, 2.500 oficiales militares al frente o asesorando su Gobierno (Mattoso y Bragon, 2020).

Además del aparato estatal militarizado, Bolsonaro también se ha comprometido a fortalecer la presencia evangélica. Entre los pentecostales que ocupan puestos clave, cabe destacar a la ministra y pastora evangélica Damares Alves al frente del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos (en los gobiernos anteriores se denominaba Ministerio de Derechos Humanos) y al luterano Onyx Lorenzoni, exministro de la Casa Civil, actual ministro de Ciudadanía, ambos con actuaciones rotundas a favor del FPSP y el FPE. De esta manera, se entiende que la alianza entre el FPE en la Cámara de Diputados y el Gobierno federal de Bolsonaro –en este caso liderado por Alves– produce un backlash en los derechos de la mujer y la población LGBTQIA+. Un ejemplo de esta alianza y articulación es el (re)lanzamiento del Frente Parlamentario en Defensa de la Vida y la Familia en 2019, que contó con la presencia y el apoyo explícito de Alves. Como resultado, nunca se presentaron tantos proyectos contrarios a la legalización del aborto como en 2019, el primer año del Gobierno de Bolsonaro, incluso en los casos en que ya es legal –después de una violación o cuando el embarazo constituye un peligro para la vida de la madre– (Da Silva y Bozza Martins, 2019).

En el escenario internacional, Alves es la articuladora y representante del Gobierno de Bolsonaro para la difusión de una política de valorización de la moral cristiana, influyendo en la política exterior brasileña: liderando alianzas con países como Egipto, Irak, Arabia Saudita y Hungría; y (re)alineando Brasil con los Estados Unidos de Donald Trump (Coutinho y Hinz, 2020). Bajo las instrucciones del nuevo Gobierno, las delegaciones brasileñas han vetado toda mención del uso de la palabra género en las resoluciones de las Naciones Unidas –formulaciones estas que habían sido introducidas por consenso en las Conferencias de El Cairo y Beijing de los años noventa⁷ (Folha de São Paulo, 2019).

En relación con el FPSP, es significativo el aumento de sus miembros y la creciente aceptación de sus discursos de orden público propagados desde el inicio de la Presidencia de Bolsonaro. Así pues, el frente parlamentario, el FPSP ya no actúa como un veto, sino como una agenda y un fijador de temas, siendo pieza fundamental para el fortalecimiento de las políticas represivas y la deslegitimación de las políticas de garantía (Macaulay, 2017). Desde enero de 2019, el Gobierno de Bolsonaro ha hecho varios intentos de satisfacer las demandas de su base en el FPSP, incluida la flexibilización de la legislación sobre armas de fuego, así como de las penas por los excesos cometidos en operaciones policiales y militares, incluidos los homicidios cometidos por agentes de seguridad (Hinz, 2019). Un decreto emitido por el presidente, el 25 de junio de 2019, aprovechaba la laguna jurídica para facilitar la adquisición de armas por parte de los llamados «CACs» (cazadores, coleccionistas y tiradores de deporte), introducida tras el plebiscito de 2005, estableciendo que los tiradores deportivos pueden poseer hasta 60 armas, los cazadores 30, y los coleccionistas 10 (Presidência da República, 2019). Como ha demostrado un estudio del Instituto Sou da Paz, los registros de CACs han crecido más del 800% en los últimos cinco años, lo que representa más de 350.000 armas en su posesión con «casos recurrentes de desviación al mercado ilegal, aunque no sea intencionalmente» (Instituto Sou da Paz, 2019).

Desde que Jair Bolsonaro asumió la Presidencia, los grupos de lobby y los empresarios de armas y municiones han estado presentes regularmente en las reuniones de su Gobierno. La empresa Taurus, la mayor fabricante brasileña de armas de fuego y proveedor de armas para todas las fuerzas policiales y de seguridad del país, acumuló un aumento del 82% en el mercado de valores en 2019 (Morrino, 2019), con 48.300 nuevas armas registradas entre enero y abril de 2020 –el 60% de estos registros realizados por ciudadanos comunes– (Rossi y Buono, 2020). De acuerdo con José Claudio Alves (2020: 4-5), la Presidencia de Bolsonaro «permitió la formulación de un proyecto político que consolidó a los agentes de seguridad, militares y milicianos en la ocupación de cargos públicos, la formulación de leyes y el lanzamiento de trayectorias electorales victoriosas» y que «la faceta ilegal de este bloque de la llamada “bancada de la bala” es precisamente la expansión de la milicia». En este sentido, es importante señalar que algunas investigaciones policiales están descubriendo relaciones entre la familia Bolsonaro y uno de los mayores grupos paramilitares de Río de Janeiro –la «Oficina del Crimen»– que ha sido declarado responsable de la ejecución de la concejal Marielle Franco en 2018. Actualmente, el senador Flávio Bolsonaro –hijo del presidente– está siendo investigado por malversación de dinero público y financiación ilegal de edificios irregulares en barrios pobres. En este caso, el dinero recaudado fue entregado a algunas personas, entre ellas al exmilitar Adriano Magalhães da Nóbrega, quien fue expulsado de la corporación policial en 2014 y era considerado el líder de la Oficina del Crimen. Destaca que Flávio Bolsonaro empleó a la madre y a la esposa de Magalhães da Nóbrega en su oficina de la Asamblea Legislativa del estado del Río de Janeiro (Filho, 2019). 

Conclusión

A partir de los análisis realizados anteriormente, la Presidencia de Jair Bolsonaro se entiende como una amplia alianza sociopolítica en el escenario político nacional que implica la coexistencia y la notable y creciente convergencia entre actores del espectro cristiano y particularmente neopentecostal, con agentes de seguridad, militares, el lobby armamentístico y grupos paramilitares y parapoliciales, las llamadas «milicias». Con un enfoque analítico en las disputas y los cambios en la legislatura brasileña, el presente artículo demuestra que el Gobierno de Jair Bolsonaro –que destaca por su alto número de militares y religiosos en los ministerios– se ha construido sobre una amplia base que se ha ido expandiendo a lo largo de varios ciclos legislativos en la Cámara de los Diputados brasileña. Por ello, no se trata necesariamente de algo nuevo, sino de la consolidación de una agenda política guiada por valores conservadores e inserta en las acciones de grupos con un poder cada vez mayor para orientar las políticas nacionales.

La coexistencia y creciente convergencia de estos grupos del espectro neopentecostal y securitario, que aquí se ha buscado demostrar, encuentra su núcleo de unión en un proyecto conservador y tradicional, con una base electoral fuertemente anclada en las periferias urbanas, marcadas por el abandono del Estado y la violencia sistémica, ya sea perpetrada por el narcotráfico o grupos de exterminio y milicianos. Como ha argumentado Alves (2002: 78), ha surgido una «alianza insospechada» entre los tres poderes locales de las periferias pobres –el tráfico de drogas, las iglesias evangélicas y la milicia y otros agentes estatales–  que contribuye al «mantenimiento de una estructura de poder local clientelar, violenta y conservadora, en la que ninguno de los implicados asume ningún vínculo con el otro».

A nivel de la legislatura federal, se confirma esta facilidad de adaptación de ambas fuerzas conservadoras: el FPSP y el FPE. Si la idea misma de la que se nutre el concepto de seguridad presume la idea de un enemigo interno o externo (Koonings y Krujit, 1999; Chevigny, 2003; Pearce, 2010) y la «guerra contra las drogas» se ha llevado a cabo con un coste humano desastroso y un beneficio extremadamente elevado para la industria armamentística y las empresas de seguridad privada en las últimas décadas, la presencia neopentecostal en la política ha llevado a cabo esta guerra en la esfera ideológica y cultural, aumentando únicamente el abanico de posibles enemigos y amenazas: las personas LGBTQI+, las mujeres que luchan por la libre elección de seguir o no con un embarazo, las activistas feministas y, como también se ha visto en otros países (Berg, 2019), cualquier persona cuyo estilo de vida u opciones morales difieran de un modelo familiar tradicional y heteronormativo.

No es de extrañar, así, que esta oposición moral entre «el bien y el mal», tejida discursivamente por miembros ilustres del FPE y el FPSP, haya llevado la polarización política en el Brasil democrático a cotas desconocidas hasta la elección de 2018; eliminando la posibilidad de encontrar soluciones políticas y generando debates agónicos y el contexto propicio para la elección de un populista de la extrema derecha –oriundo de un pequeño partido político– como salvador mesiánico que encabeza un proyecto de defensa nacional: la defensa de la familia tradicional y de la vida, ya sea entendida como un proyecto de lucha contra los derechos sexuales y reproductivos o a favor del armamento popular. 

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Notas:

1- Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo (CIDP) de 1994, y Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, China, 1995.

2- A finales de 2019, el PRB decidió cambiar su nombre por el de «Republicanos». Este cambio se produjo como un medio para alejarse de su alianza con el campo de la izquierda y su antiguo apoyo al PT, para convertirse en una opción para el electorado conservador y liberal. Los Republicanos no tienen un vínculo inmediato con la religión cristiana, pero este partido fue fundado y tiene en su comité ejecutivo personas directamente vinculadas a la denominación pentecostal, en particular la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD).

3- Solo en 2018 –10 años después de la publicación del informe de la Milicia CPI– se aprobó en el Senado brasileño el Proyecto de Ley 9709/2018 que permite la investigación de los crímenes de la milicia por la Policía Federal brasileña si las fuerzas de seguridad de los estados están involucradas. Hasta la fecha, el proyecto de ley sigue en curso en la Cámara de los Diputados (véase Câmara dos Deputados, 2018). 

4- Es importante destacar que en Brasil existe una distinción entre la Policía Militar y las Fuerzas Armadas, estas últimas constituidas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. El personal militar vinculado a las Fuerzas Armadas está subordinado al Ministerio de Defensa y actúa a nivel federal, siendo responsable de la seguridad de las fronteras para garantizar la soberanía nacional. A nivel estatal, la Policía Militar es responsable del patrullaje de la calle, mientras que la Policía Civil se encarga de la investigación policial. Por lo tanto, en este país no existe un cuerpo policial completo. A pesar de la separación institucional, la Policía Militar es una fuerza auxiliar y de reserva del Ejército brasileño, lo que ha contribuido a un alineamiento ideológico entre las instituciones. A pesar de los diferentes fines oficiales, no es raro que las Fuerzas Armadas y la Policía Militar actúen de manera conjunta, como en las acciones de «Garantía del orden público», como fue el caso de la intervención federal en Río de Janeiro en 2018 (véase Muniz y Proença, 2007).

5- Un proceso que comenzó después de la Dictadura Cívico-Militar (1964-1985) y culminó en la formulación de una nueva constitución en 1988.

6- Equivale al número de diputados.

7- Cabe señalar que en el sitio web oficial de la Cámara de los Diputados se suele omitir información sobre los oficios religiosos de los diputados, así como sobre su pertenencia a las respectivas iglesias. Por consiguiente, fue necesario reunir esta información a través de otras fuentes, como los sitios web oficiales de los diputados (si están disponibles) o los artículos de prensa. Por lo tanto, los números aquí mencionados de los diputados religiosos profesionales deben entenderse como valores mínimos.

Palabras clave: Brasil,Frente Parlamentario de Seguridad Pública, Frente Parlamentario Evangélico, derecha brasileña, bolsonarismo 

Cómo citar este artículo: Hinz, Kristina; Vinuto, Juliana y Coutinho, Aline Beatriz. «Por Dios y por las armas: el ascenso neopentecostal y securitario en Brasil (2003-2019)». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 126 (diciembre de 2020), p. 185-213. DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.185

La investigación que dio como fruto este artículo recibió el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Agradecemos el trabajo de los revisores anónimos, cuyos comentarios y sugerencias ayudaron a mejorar y aclarar nuestras ideas y argumentos. 

Fecha de recepción: 23.04.20

Fecha de aceptación: 14.09.20