Estados de bienestar que hacen agua

Europa, en cuanto a proyecto político y social, aspira, desde la posguerra, a un concepto de ciudadanía que trascienda la diversidad de modelos de ciudadanía nacional anclados en nociones territorializadas y excluyentes de pertenencia a una misma cultura. Desde otra perspectiva, discursos abiertamente transnacionales reivindican la universalidad de los derechos humanos como principio organizativo de una ciudadanía europea. El Tratado de Roma de 1957 reconoce el libre movimiento de personas como uno de los principios fundacionales de la Comunidad Europea.

Este anhelo de ciudadanía europea desde su mismo origen trajo consigo su renuncia. En primer lugar, el libre movimiento ha estado siempre sujeto al mercado laboral. Mientras el Tratado hablaba de derechos, la libre movilidad de trabajadores europeos desde principios de los años sesenta estaba en realidad facilitando el masivo flujo de migración económica desde la Europa del Sur hacía la Europa del Norte y Central. La idea de ciudadanía europea encuentra tierra fértil sobre todo cuando su desarrollo beneficia a la integración económica y la consolidación del mercado único. En segundo lugar, los derechos en Europa están casi siempre sujetos a limitaciones que se justifican en base a políticas públicas y temas de seguridad que suelen estar circunscritas en los estados nación. A pesar de discursos globales, distintos modelos de integración social han persistido y persisten en Europa.

Las olas migratorias recientes poco o nada tienen que ver con los movimientos migratorios tanto intraeuropeos como extracomunitarios de los años sesenta y setenta del siglo pasado. Las actuales sociedades de cada país, castigadas por la Gran Recesión con desequilibrios graves tanto en desigualdad como en participación en el mercado laboral, no están dispuestas en la misma medida a dar oportunidades a quienes vienen de fuera como ocurría en la Europa de plena expansión económica. Además, las mal llamadas políticas multiculturales o de integración, introducidas por gobiernos europeos para gestionar la diversidad resultado de la inmigración, han creado no pocas tensiones y problemas. Como afirma Malik  el, por lo general, fracaso de estas políticas en muchos países europeos ha alentado la peligrosa percepción de que Europa sufre de un exceso de inmigración y una carencia de integración; percepción que difícilmente se contrarresta con argumentos sopesados de la necesidad de mano de obra extranjera en poblaciones envejecidas. Finalmente, la capitalización del descontento por parte de los partidos de extrema derecha tiene que ver, en buena medida, con el fuerte desajuste que existe hoy entre los grupos sociales más vulnerables y los grandes partidos políticos (lo que Ford y Goodwin llaman «left behind»).

Si los contextos sociales, económicos y políticos no son equiparables, ¿las respuestas pueden seguir permaneciendo inalteradas? Es indudable que para los países con sistemas de bienestar sólidos, la apertura de las fronteras les enfrenta a no pocos dilemas. La tradición de países como Suecia o Alemania de ofrecer asilo a exiliados políticos se remonta a un momento histórico en el que el hecho de inmigrar como refugiado político era una forma privilegiada de migración. El cambio, tanto en la dimensión como en la escala, obliga a revisar estas políticas que no estaban pensadas para el tipo de eventualidades a las que ahora nos enfrentamos. La escala humanitaria de esta crisis difícilmente podrá depender de la mucha o poca generosidad de los estados de bienestar europeos. Establecer cuotas que equilibren algo los esfuerzos de cada país parece un paso razonable pero insuficiente a la vez. Las cifras de personas transitando diariamente en diferentes puntos de Europa (entre 10.000 y 20.000 según Frontex) contrastan con la enorme dificultad de gestionar las peticiones de asilo en cada país. Los trámites administrativos son claramente incapaces de gestionar esta crisis. Es como si tratáramos de vaciar el océano con una cuchara.

En la Unión Europea se manda mirando solo a lo que el mercado exige, cumpliendo así sus bases fundacionales. Pero los efectos de esa lógica en los países democráticos que la componen, erosionan y pervierten la democracia formalmente existente. En una reciente tesis doctoral, Clara Marquet relataba cómo el ministro socialista Guy Mollet propuso en 1956 la armonización previa de las legislaciones sociales y fiscales como condición anterior a la integración en los mercados. El Informe Ohlin, elaborado por un grupo de economistas, defendió la tesis contraria: la igualación de las políticas sociales no era necesaria, ya que el mercado único provocaría tal aumento de la productividad que revertiría automáticamente en una elevación progresiva e igualitaria del nivel de vida. Así lo recogió Paul-Henri Spaak y así se fundó la CEE en 1957. Tenemos mercado único, moneda común, pero desigualdad a espuertas.

El problema, sin embargo, es que ni con la Europa actual podremos encontrar salida al derrumbe de las lógicas que permitieron crear los estados de bienestar en 1945, ni sin Europa será posible ir más allá del resistencialismo autárquico. La Europa actual no está pensada para responder a lógicas o dilemas que pongan en juego sus concepciones formalmente democráticas. No le preocupa desigualdad alguna que no tenga que ver con lo que el mercado considera necesario para su funcionamiento. Es decir, la Unión Europea actúa ante cualquier disposición nacional que perjudique la competencia, que genere discriminación, que provoque distorsiones en la igualdad de acceso al mercado y a la libre concurrencia. Esa es su igualdad. Sin organismos internacionales dotados de voluntad política y los recursos necesarios para hacer cumplir los tratados que entre todos acordamos, esta tragedia humana seguirá beneficiando solo a las mafias que trafican con la desesperación.