Elecciones bajo sospecha: la desinformación como amenaza permanente
La precampaña electoral europea arrancó con las denuncias de unas supuestas interferencias rusas en los comicios. El primer ministro belga, Alexander De Croo, aseguró que Rusia se había acercado a algunos miembros del Parlamento Europeo y «les había pagado para promover la propaganda» del Kremlin, y el Gobierno checo sancionó un sitio de noticias llamado Voz de Europa, que, según Praga, era parte de una operación de influencia prorrusa. En noviembre de 2023, un estudio encargado por la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas para analizar las posibles injerencias extranjeras que pueden afectar los procesos democráticos en la UE ya advertía que las elecciones a la Eurocámara, por el hecho de desplegarse en 27 elecciones individuales en todo el continente, «son particularmente susceptibles a interferencias externas debido a su complejidad» y al potencial que supone que un único «ataque exitoso en un país pueda sembrar dudas sobre todo el proceso». En este contexto, la Comisión Europea presentó en diciembre un paquete de medidas llamado «Defensa de la Democracia», todavía en discusión, que incluye un polémico proyecto de ley de registro de representantes de intereses extranjeros, según el cual todas las organizaciones con financiación extranjera que lleven a cabo acciones de interés tendrían que inscribirse en un registro de transparencia a nivel de la UE.
Todo ello demuestra el grado de confrontación geopolítica que envuelve unas elecciones decisivas para el futuro de la Unión. Las urnas se han convertido en el test más directo a las vulnerabilidades que afectan a los sistemas democráticos europeos: desde la erosión en la confianza institucional hasta la polarización de los debates y los afectos; de la capacidad tecnológica para falsear la verdad al impacto de las respuestas a la desinformación como problema social. Al fin y al cabo, se trata de una vulnerabilidad hecha de muchos factores y de un desafío que requiere de una respuesta compleja y multinivel.
Debilidades previas, online y offline
La propaganda del pasado, etiquetada ahora como desinformación, con una capacidad de diseminación sin precedentes gracias al impulso tecnológico y a la combinación de tácticas, técnicas y procedimientos diversos, se ha convertido en una «presión sistémica cada vez mayor» para la Unión Europea (Parlamento Europeo, 2016). La desinformación es un desafío geopolítico y un problema social. Es un instrumento de injerencia externa pero también de fragilidad interna.
Por eso, en la estrategia europea contra la desinformación confluyen dos lógicas distintas: la (geo)política y la mediática; la lógica de la seguridad y la de la resiliencia social. La desinformación tiene como objetivo desestabilizar sociedades, atacando directamente a espacios civiles con el objetivo de fomentar la polarización y el malestar, cuando no el conflicto (Freedman et al., 2021). Sin embargo, la difusión de la desinformación no ocurre en el vacío. Su capacidad de penetrar en los debates públicos, de confundir o erosionar, por ejemplo, la confianza en instituciones o procesos electorales, bebe muchas veces de divisiones socioculturales existentes; apunta hacia vulnerabilidades previas y hacia determinados grupos supuestamente inclinados a confiar en ciertas fuentes o narrativas, que pueden contribuir voluntaria o involuntariamente a su difusión.
Vivimos inmersos en un espacio mediático con exceso de contenidos y de desconfianza en las fuentes de información tradicionales. La pérdida progresiva de autoridad del periodismo (Carlson, 2017) y la debilidad de los sistemas mediáticos en gran parte de los países de la Unión han influido en este desconcierto.
Por un lado, la concentración de medios de comunicación, como amenaza a la pluralidad informativa, ha llegado a un nivel de riesgo muy alto en todo el continente, y especialmente en Bulgaria, Grecia, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía y Eslovenia1. Por otro, las plataformas digitales coexisten e interactúan con muchas otras fuerzas desinformativas, en línea y fuera de línea: la retórica de determinadas élites políticas o la programación de algunos medios de comunicación tradicionales tienen más capacidad de influencia y de diseminación de narrativas falsas que algunas redes sociales o algunos pseudomedios en el punto de mira de los legisladores. En este punto el dilema es doble. La televisión y las narrativas que circulan entre «miembros confiables de la comunidad» son altamente influyentes en la configuración de las creencias y los comportamientos de las personas, mientras que el creciente número de plataformas digitales diluye la efectividad de las acciones concretas que puedan tomar algunas de ellas para contrarrestar la difusión de noticias falsas (Bateman y Jackson, 2024). Por tanto, la desinformación es un problema social que va mucho más allá del poder de los gigantes digitales, e incluso de la idea de injerencia externa. Los discursos online y offline se retroalimentan. Y entre los grandes amplificadores de determinadas narrativas desinformativas se encuentran medios o individuos locales.
Elecciones europeas y aceleración regulatoria
Las elecciones al Parlamento Europeo han actuado como hilo conductor de la respuesta normativa de la UE contra la desinformación. Solo hay que ver cómo los contextos electorales han coincidido en los últimos años con el despliegue de medidas y regulaciones que la Unión Europea ha ido ensayando en su particular aproximación a la lucha contra las noticias falsas.
2014 fue el momento de irrupción, de toma de conciencia: la manipulación informativa y las interferencias híbridas entraron en el debate europeo, todavía de manera incipiente y a petición de las repúblicas bálticas, preocupadas por la evolución del conflicto en Ucrania y su impacto en la opinión pública de estos países. La desinformación se entendía entonces únicamente como una amenaza exterior de la que algunos estados miembros se sentían completamente alejados, lo que dibujaba una Europa de distintas velocidades ante la desinformación, especialmente desde un punto de vista legislativo (Magallón, 2019).
Sin embargo, rápidamente, la complejidad del fenómeno desplegó un catálogo de episodios políticos ¾en el referéndum del Brexit en Reino Unido y las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, o durante las campañas electorales en Francia y Alemania en 2017¾ que obligaron a mirar más allá. Fue el momento de la diversificación y la aceleración: se publicó el Informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre las noticias falsas y la desinformación en línea (2018), que sentó las primeras bases conceptuales del fenómeno; también se aprobó un Código de Prácticas sobre Desinformación, el primer mecanismo autorregulador acordado entre las instituciones europeas y los representantes de las grandes plataformas en línea y de redes sociales. El Código rompía con la coartada de intermediación aséptica a la que se aferraron durante años las grandes plataformas digitales. Aunque, desde el punto de vista de la responsabilidad sobre el contenido, esta estrategia se interpretó como una externalización en favor de empresas privadas del poder de regular el discurso público en línea, con el impacto político y social que ello supone (Colomina y Pérez-Soler, 2022).
Para las elecciones europeas de 2019, la UE ya había puesto las bases de su estrategia normativa, geopolítica y conceptual, y las plataformas habían empezado a tomar medidas. Por su parte, las instituciones europeas reforzaron los instrumentos para la protección de la información y el periodismo con la puesta en marcha del Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO), que actúa como centro de conexión para que los verificadores de datos y los académicos colaboren entre sí, al tiempo que los alienta a contribuir a la alfabetización mediática. La pandemia de la COVID-19 aceleró el impacto del fenómeno a nivel global, así como la necesidad de coordinación.
Sin embargo, la construcción de este marco de gobernanza comunitario ha dado un salto cualitativo muy importante justo antes de las elecciones europeas de 2024 con la aprobación de dos propuestas legislativas importantes. La primera, que ha entrado en vigor en febrero, es la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), convertida en la principal herramienta y la primera de carácter regulatorio fuerte de la UE, con una clara apuesta por la adopción de mecanismos de control, trazabilidad y denuncia de actividades o servicios ilícitos que puedan prestarse en línea, y con capacidad sancionadora. La segunda apuesta ha sido la aprobación del Reglamento europeo de la Inteligencia Artificial, que pretende regular los riegos en el uso de la IA, e impone un Código de Conducta ético respaldado por multas millonarias a la empresa que lo incumpla. La UE se convierte así en la primera jurisdicción en contar con una norma específica sobre la materia, aunque también deje muchas dudas por despejar.
Sin embargo, todo ello demuestra que, ante los comicios de junio de 2024, nos encontramos en un nuevo escenario, con más instrumentos, pero también con un nuevo temor por la irrupción de la IA. Hay precedentes. En las elecciones en Eslovaquia, celebradas el 30 de septiembre de 2023, y en las parlamentarias de Polonia, del 15 de octubre, las campañas electorales se vieron alteradas por la irrupción de supuestas grabaciones, generadas con inteligencia artificial, para alimentar la desconfianza sobre la limpieza de dichos procesos.
La Agencia de Ciberseguridad de la UE (ENISA) ha alertado del riesgo que pueden suponer los chatbots de IA, los deepfakes de audio y vídeo, y los llamados cheapfakes (término acuñado por Joan Donovan y Britt Paris para describir técnicas básicas de edición de video con el fin de acelerar, ralentizar, cortar o recontextualizar el material existente para crear engaños) para los comicios al Parlamento Europeo. En su informe sobre 2023, ENISA advertía que el número de casos de desinformación y manipulación detectados durante el año pasado había aumentado significativamente respecto al anterior, y el contenido relacionado con la guerra de Ucrania ocupaba una posición central.
Desinformación, movilización y resultados
La desinformación contribuye a la polarización. Construye relatos convenientemente dirigidos a apelar a nuestras emociones. Existe una clara relación entre las redes sociales que impulsan la polarización política y la prevalencia de la desinformación, que a su vez socavan potencialmente la calidad democrática (Tucker et al, 2018). La polarización ha ido modelando, cada vez más, la contienda democrática en toda Europa y la configuración política resultante de las urnas.
La lógica del enfrentamiento, la identificación de enemigos, tangibles o simbólicos, con los cuales establecer una dinámica de oposición permite reforzar nichos, emocionar a los partidarios y dominar la agenda política y mediática (Pira, 2019). Esta polarización partidista tiene consecuencias ambivalentes para las democracias: si bien es verdad que diversos estudios demuestran que puede tener un efecto movilizador en el electorado, también indican que este efecto está impulsado por las emociones (Ellger, 2023) y, por tanto, movilizan a la contra. Con la misma lógica, la exposición a la desinformación puede, igualmente, ayudar a activar a partidarios y desactivar a oponentes.
Además, la polarización acarrea el fin del consenso permisivo en torno a asuntos centrales de la construcción europea. El impacto de la desinformación en el debate público puede tener, pues, consecuencias directas en la agenda política, especialmente en temas sensibles para la opinión pública como los compromisos climáticos, el apoyo militar a Ucrania o la acogida de refugiados (Marconi, 2023). Del miedo y de la ansiedad geopolítica puede emerger una Unión Europea, cuando menos, más introspectiva.
Referencias bibliográficas
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Iyengar, Shanto; Lelkes, Yphtach; Levendusky, Matthew; Malhotra, Neil, y Westwood, Sean J. «The Origins and Consequences of Affective Polarization in the United States». Annual Review of Political Science 22 (mayo 2019), p. 129–146. (en línea) [Fecha de consulta 30.04.2024] https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051117-073034
Magallón Rosa, Raúl. «La (no) regulación de la desinformación en la Unión Europea. Una perspectiva comparada». Revista de Derecho Político,UNED, n.º 106 (septiembre-diciembre 2019), p. 319-347.
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Parlamento Europeo. Resolución, de 23 de noviembre de 2016, sobre la comunicación estratégica de la UE para contrarrestar la propaganda de terceros en su contra (2016/2030(INI). Parlamento Europeo (2016) (en línea) [Fecha de consulta 02.04.2024] https:www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0441_ES.html
Pira, Francesco. «Las elecciones europeas de 2019 y las fake news». Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, n.º 26 (2019), pp 67-83.
Tucker, Joshua A.; Guess, Andrew; Barberá, Pablo; Vaccari, Cristian; Siegel, Alexandra; Sanovich, Sergey; Stukal, Denis, and Nyhan, Brendan. Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature. Hewlett Foundation, 2018.
Nota:
1-Datos del Media Pluralism Monitor, un proyecto de investigación del Instituto Europeo de Florencia que evalúa la salud de los ecosistemas mediáticos en Europa.
Monografía CIDOB -88- 2024