Democracia, poder de las élites y sociedad civil: una comparativa entre Bolivia y el Perú

John Crabtree, Investigador asociado, Centro Latinoamericano, Universidad de Oxford. john.crabtree@lac.ox.ac.uk.  

A pesar de su proximidad y similitudes culturales, el Perú y Bolivia aportan ejemplos contrapuestos del poder de las élites frente al de los movimientos populares. En los últimos años, el Perú ha vivido la consolidación del poder empresarial en detrimento de una sociedad civil políticamente activa; con una oposición a las políticas neoliberales fragmentada y débil. Bolivia, en cambio, registra una historia de movimientos sociales fuertes que apuntalaron las sucesivas administraciones del partido Movimiento al Socialismo (MAS). Pero estas trayectorias no son fijas y la capacidad de la sociedad civil y de las élites de controlar el Estado fluctúa. El golpe de Estado de noviembre de 2019 en Bolivia nos lo recuerda. Este artículo compara los dos países en períodos diferentes: el del desarrollo liderado por el Estado, anterior a 1980, el neoliberal de las décadas de 1980 y 1990 y el del posneoliberalismo a partir del año 2000.

Mucho se ha escrito en los últimos años sobre la «profundización» de la democracia en América Latina; concepto con el que nos referimos al aumento de la participación democrática y el colapso de los tradicionales mecanismos de exclusión política. A partir del año 2000, se han vivido varios intentos de ampliar el grado de participación y de incorporar nuevos actores a los procesos de toma de decisiones en el Estado. Sin lugar a duda, este proceso no siempre ha estado exento de problemas, y las élites arraigadas han buscado maneras de protegerse de lo que a menudo se denomina «política populista». De hecho, se han dado varios casos de reversión, con el desplazamiento de movimientos y partidos más progresistas por parte de fuerzas de derechas vinculadas a los intereses empresariales y/o a las élites. También hay ejemplos en los que estos intereses han seguido siendo predominantes y la «profundización» democrática apenas –o nada– ha tenido impacto.  

En qué medida los grupos de la élite están dispuestos a aceptar las normas de la política democrática depende del contexto, por lo que ello ha ido cambiando con el tiempo. Muchos académicos, especialmente los de la escuela de la «consolidación democrática», afirmaron que la viabilidad de la democracia en América Latina dependía de la disposición de las élites a aceptar y acoger la democracia¹. Sin embargo, en los últimos 30 años se han sucedido los casos que han demostrado que la aceptación de la gobernanza democrática ha estado sujeta a unos límites claros (Bartell y Payne, 1995; Hagopian, 1996). Las políticas democráticas han desafiado el poder de las élites y estas no han dudado en recurrir a formas de gobierno autoritarias de derechas cuando actores populares, especialmente partidos de izquierdas y la fuerza laboral organizada, les han desafiado. Los acontecimientos políticos recientes –especialmente en Brasil, pero también en otros lugares– muestran los límites de la aceptación por parte de la élite de los giros hacia la izquierda.

Bolivia y el Perú, países vecinos con muchas similitudes, representan experiencias contrapuestas en este sentido. A partir del año 2006, el partido boliviano de centroizquierda Movimiento al Socialismo (MAS) tomó medidas para acabar con las viejas prácticas de exclusión y llevar a las esferas de la influencia política los movimientos sociales fuertemente organizados en el país. En cambio, en el Perú, los intereses de las élites –reforzados por las políticas neoliberales de la década de 1990– impusieron su agenda en la formulación de políticas, especialmente en aquellos ámbitos en los que tenían mayores intereses materiales, excluyendo a grandes sectores de la población. A diferencia de Bolivia, en este país las organizaciones de la sociedad civil eran débiles, fragmentadas e incapaces de imponer su agenda sobre la política estatal. En Bolivia, ante el panorama de enfrentarse a cinco años más de Gobierno del MAS, las élites lograron recuperar temporalmente el poder en noviembre de 2019 e instauraron un Gobierno con una ideología claramente de derechas que no solo acogía con los brazos abiertos los valores empresariales, sino también una agenda social sumamente conservadora. Este artículo pretende, a partir de la comparación de estos dos casos, ayudar a elucidar algunas de las dinámicas subyacentes de la «profundización» democrática en América Latina, de tal manera que contribuya a ampliar la discusión sobre la democratización en la región. Las diferencias existentes, como se argumenta aquí, reflejan no solo desarrollos en el pasado reciente, sino también contrastes históricos entre ambos casos profundamente inveterados.

Si nos referimos, más concretamente, al concepto de profundización democrática en América Latina (y en otros lugares), resulta útil comparar el poder de las élites con el de la sociedad civil en general y su influencia respectiva sobre el rumbo de la política estatal. El equilibrio de poderes relativos entre las élites y la sociedad civil en América Latina ha experimentado lo que podríamos denominar «cambios tectónicos», en aspectos críticos concretos, cuando el poder relativo de ciertos grupos para influir sobre la toma de decisiones experimentó cambios significativos. En este punto es útil hacer referencia a la obra de Joe Foweraker, cuyo libro Polity (2018) complementa un trabajo propio reciente sobre el Perú (Crabtree y Durand, 2017). Para Foweraker, la calidad democrática es la combinación del poder de la élite (o poder oligárquico) y del que ejerce el resto de la sociedad. El autor parte de los conceptos aristotélicos del gobierno en manos de unos pocos (oligarquía) en comparación con el gobierno de muchos (democracia) y la necesidad de un Estado exitoso –politeia, usando el término clásico– para contemplar una combinación de ambos. En la gobernanza de la politeia estos dos elementos resultan contrapuestos². Así, sostiene que los estados latinoamericanos modernos revelan esta tensión. La política en la región sigue siendo un terreno de disputas entre las agendas de las élites empresariales y las de la sociedad en general y, tal como argumenta la literatura sobre la democratización en América Latina, el compromiso de las élites incluso con la democracia liberal dista de ser incondicional. Para este autor, la oligarquía está profundamente afianzada en la América Latina contemporánea (ibídem).

El equilibrio de poderes entre los grupos de las élites y el resto de la sociedad experimentó un cambio tectónico en la década de 1980 y principios de la de 1990, lo que supuso el fin de lo que en ocasiones se ha denominado el período «populista» de desarrollo impulsado por el Estado y su sustitución por un modelo neoliberal en el que los intereses privados prevalecían sobre los públicos, acercándose los intereses empresariales al centro del poder político. Las políticas de esa época favorecieron a las élites (o a los que se encontraban en una situación privilegiada para aprovechar las oportunidades que se creaban), mientras que otros intereses que en su día habían tenido poder (como los sindicatos) quedaron relegados a los márgenes (Silva y Rossi, 2018). Fue en ese momento cuando América Latina, durante mucho tiempo ya la región con mayor desigualdad del planeta, lo iba siendo cada vez más. Este proceso tuvo su paralelo en otros lugares del mundo, en particular en las regiones desarrolladas: Europa Occidental y América del Norte. Pero lo que nos interesa aquí no es solo la desigualdad de ingresos o de tenencia de activos, sino las desigualdades en el acceso al poder político. Así pues, la noción de democracia está ligada a cómo diferentes grupos buscan influir en la gestión del Estado y al uso de los recursos públicos. Cuando la res-publica (la cosa pública) se subsume en la prevalencia de los intereses privados (lo que podríamos denominar la res-privada) debido al desequilibrio del poder político, la calidad de la democracia necesariamente se resiente.

La era del desarrollo impulsado por el Estado (hasta la década de 1980)

Aunque el Perú y Bolivia quedaron muy por detrás de otros países latinoamericanos por lo que respecta a la clase de políticas destinadas a promover la industrialización local bajo los auspicios del Estado, ambos países experimentaron importantes avances en el período previo a la década de los setenta que dieron un nuevo papel al Estado en la búsqueda del desarrollo. Sin embargo, hubo importantes diferencias en la manera en que se dieron estos pasos en cada caso.

En Bolivia, la revolución de 1952 acarreó un cambio abrupto para el papel del Estado y, con ello, para la relación tanto con el sector privado como con la organización popular. Hasta ese año, el sector privado estaba dominado por la minería y el prominente papel desempeñado por los tres «barones del estaño» del país: Patiño, Hochschild y Aramayo (Klein, 2011). Aunque no es típico de América Latina, las industrias exportadoras más importantes de Bolivia estaban en manos de capitalistas locales, pero con fuertes conexiones internacionales. Durante gran parte de la primera mitad del siglo xx (aunque con interrupciones significativas), la élite minera ejerció un control considerable sobre el Estado, especialmente sobre las políticas económicas que favorecían sus intereses. Dada la escasa industrialización del país, las élites principales (u oligarquía) eran agrarias, propietarias de vastas extensiones de tierra (tremendamente infrautilizadas), cuyos intereses eran satisfechos por los que estaban en el poder, si bien su poder económico llevaba tiempo en decadencia. Los inmigrantes europeos llevaron consigo intentos aislados de industrialización, ayudados por la naturaleza de país sin litoral de Bolivia y su distancia a fuentes de suministro clave³. Sin embargo, a partir de la década de 1930 en adelante, aparecieron nuevos actores que cuestionaron el control político ejercido por las élites tradicionales. La derrota en la Guerra del Chaco con Paraguay (1932-1935) dio lugar al surgimiento de unas Fuerzas Armadas nacionalistas con planes reformistas. La nacionalización del petróleo en 1937 (antes que la de México) fue un indicio de este nuevo espíritu, al igual que la Constitución de 1938, que realzó el papel del Estado y subsumió la inviolabilidad de la propiedad privada a cuestiones de necesidad social. El crecimiento del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), mayoritariamente de clase media, en la década de 1940, muy influido por el peronismo en Argentina, se fundamentó en las ideas del nacionalismo económico, y forjó alianzas con otros sectores, especialmente con un incipiente movimiento obrero radicalizado.

La revolución de 1952 supuso un giro de 180 grados en la influencia de las élites sobre la política. La nacionalización de la industria minera y la creación de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) pusieron fin abruptamente al poder de los barones del estaño y sus aliados. Igualmente, la reforma agraria abolió el sistema de haciendas y, con ello, se aniquiló el poder residual de los terratenientes. En su lugar, el vacío político lo llenaron radicales de clase media y el movimiento obrero que competían por el control sobre el MNR. En particular, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSMTB), fundada en 1944, y la flamante Central Obrera Boliviana (COB) fueron actores clave en el Gobierno. Durante un breve período, por lo menos, es justo afirmar que estos controlaron efectivamente el Estado, desplazando los intereses elitistas. Al mismo tiempo, el Gobierno del MNR introdujo el sufragio universal –27 años antes que en el Perú–, lo que provocó un cambio considerable en la naturaleza de la política en favor de las masas que anteriormente habían quedado excluidas.

Con todo, la etapa «revolucionaria» de la revolución boliviana resultó ser breve (Malloy y Thorn, 1971). En las décadas de 1950 y 1960 surgieron nuevas élites, algunas con estrechos vínculos con el MNR y otras profundamente enfrentadas a este (como en las tierras bajas del este de Santa Cruz). El modelo desarrollista que perseguía el MNR pretendía usar la inversión pública para modernizar la economía del país y fomentar la iniciativa privada. La retirada de los planes protosocialistas de los mineros y de la COB fue motivada por los Estados Unidos, que habían visto los hechos del año 1952 con alarma. Aprovechando las dificultades económicas a las que se enfrentaban los gobiernos del MNR, reafirmaron su influencia, especialmente para abrir una brecha entre estos y el movimiento obrero (Field, 2014). En la década de 1960, tanto bajo el mandato del MNR hasta 1964 como de los militares posteriormente, la política, sin duda alguna, pasó a adoptar un rumbo mucho más favorable a los negocios. La máxima expresión de ello fue Santa Cruz, donde el sector privado prosperaba a fuerza de préstamos estatales (la mayoría de los cuales nunca fueron devueltos) diseñados para fomentar el desarrollo agroindustrial. Así pues, tal como afirman Conaghan y Malloy (1994: 42), «1952 preparó el camino para la remodelación del capitalismo boliviano».

La dictadura militar del general Hugo Banzer (1971-1978), procedente de Santa Cruz, confirmó el cambio de equilibrio entre estas nuevas élites y los movimientos sociales como los mineros. Aunque estaban en la cima de una redistribución de rentas cada vez más desigual, estas élites eran pequeñas en cuanto a número, estaban débilmente constituidas y eran incapaces de combatir la fuerza de los trabajadores organizados. Tampoco pudieron imponer un modelo de negocio que resultara duradero y sirviera a sus intereses a largo plazo. Con todo, fueron capaces de ganar influencia política y usarla según sus propios intereses, a menudo sirviéndose de recursos e infraestructura del Estado. Al final, sin embargo, fue la fuerza de los mineros la que terminó por derribar el Gobierno de Banzer en 1978, lo que vino acompañado de un período de inestabilidad política en el que, entre otros, las Fuerzas Armadas y los sindicatos competían por el control. Así, el rápido crecimiento del poder empresarial en la década de 1970 en la mitad oriental del país, especialmente en Santa Cruz, resultó incapaz de proyectarse por todo el país, al tiempo que las élites de La Paz siguieron dependiendo profundamente del Estado y no estaban dispuestas a presionar por políticas que socavaran el modelo estatista de desarrollo. Paralelamente, el crecimiento de la minería privada se había beneficiado de las políticas de los gobiernos sucesivos en las décadas de 1960 y 1970, y surgieron nuevos grupos mineros influyentes que adquirieron prominencia política en la década siguiente, especialmente Comsur, la empresa dirigida y propiedad de la familia Sánchez de Lozada.

Por su parte, la historia peruana es diferente en muchos aspectos de la boliviana. A pesar de los desafíos populistas, la fuerza de la élite peruana –asentada en la agricultura y la minería– pudo mantener el control político a lo largo de gran parte de este período, con gobiernos civiles oligárquicos o gobiernos en los que las Fuerzas Armadas protegían sus intereses. El desafío más importante vino de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), que estuvo cerca de desterrar estos intereses en 1931. La APRA, igual que el MNR en Bolivia, tenía una orientación antioligárquica y reformista, pero, a diferencia del MNR, nunca consiguió el control del poder público. La izquierda en el Perú seguía siendo una fuerza electoral marginal, por lo menos hasta la década de 1980; aunque los partidos de derechas tampoco lograron afianzarse^4.

El boom económico posterior a la Segunda Guerra Mundial aportó sustento económico para las élites del Perú. En ese período se vivió una importante diversificación en sectores como la agricultura, la pesca y la minería. A diferencia de Bolivia, el modelo de desarrollo de no intervención (laissez-faire) no fue seriamente cuestionado, por lo menos hasta la década de 1960 (Thorp y Bertram, 1978). Fue entonces cuando, a finales de los cincuenta y principios de los sesenta, a medida que se ralentizaba el auge de las exportaciones, hubo indicios de un cambio hacia estrategias de diversificación más intervencionistas, especialmente en la producción. La Ley de Promoción Industrial de 1959 condujo a una tímida reorientación de los objetivos económicos, pero la producción que promovió creció desde un nivel bajo y estaba controlada en gran medida por la inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos. Ello vino acompañado por un crecimiento en la intervención estatal sobre la planificación económica, aunque con un alcance modesto. El Gobierno reformista de Belaunde (1963-1968) supuso una ruptura con el pasado y llevó adelante planes de diversificación económica y reforma agraria. No obstante, no fue hasta después de la destitución de Belaunde por el golpe militar de 1968 cuando se afianzaron los auténticos planes para la modernización bajo el mandato del general Juan Velasco Alvarado. Igual que en Bolivia en 1952, en el Perú a partir de 1968 hubo un cambio claro y perceptible del equilibrio de poderes entre los grupos empresariales y la sociedad civil en general, aunque el impulso procedía de arriba y no de abajo.

El Gobierno de Velasco (1968-1975) fue transformador⁵. La reforma agraria, anunciada inmediatamente después del golpe de Estado de Velasco, pretendía acabar con el poder de la antigua oligarquía agraria, aunque esta ya había perdido mucha fuerza e influencia en las décadas anteriores. Respecto a su alcance, fue la reforma agraria más radical de América Latina, y buscaba redistribuir la tierra no solo en las tierras altas sino también en los valles litorales, mucho más productivos, donde intereses que anteriormente habían sido influyentes se oponían a la reforma. El Gobierno también emprendió un programa de nacionalizaciones, cuyo objetivo principal fueron los intereses de propietarios extranjeros, especialmente en los sectores de la minería, el petróleo y la banca. En consecuencia, la intervención estatal en la economía aumentó considerablemente y las élites políticas perdieron mucha capacidad de acceso al Estado y poder de influencia (por ejemplo, a través del control de los medios de comunicación). Dichas élites fueron sustituidas, al menos en parte, por un nuevo aparato burocrático que pretendía ratificar la autonomía del Estado y se suprimió la competencia partidista.

El Gobierno militar generó un movimiento popular mucho más empoderado y, aunque buscó el control y la participación directa a través de mecanismos institucionales como el Sistema Nacional de Movilización Social (Sinamos), los envites radicales pronto desbordaron la capacidad del Estado de mantener el control: con planes socialistas arraigados en los sectores rural (impulsados por la reforma agraria), productivo y en los asentamientos marginales que iban proliferando cada vez más en la periferia de las principales ciudades. Fue esta creciente presión social lo que, en 1975, alentó a generales más conservadores a tomar el poder, deponer a Velasco y restringir el experimento de cambio dirigido por el Estado. Privadas del poder y afectadas negativamente por las reformas militares, las élites empresariales buscaron reagruparse a partir de 1975, aprovechando los cambios liberalizadores introducidos por las Fuerzas Armadas bajo el mandato del general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) y, después, por el Gobierno civil de Fernando Belaunde (1980-1985). Con Velasco, muchos sufrieron la expropiación de sus propiedades o fueron forzados a vivir con sus trabajadores en las llamadas «comunidades industriales». El Gobierno habría buscado forzar el ritmo de la industrialización alentando al capital doméstico (o la burguesía nacional) a pasar del sector agrario al industrial, con el objetivo de crear un sistema de diálogo a través del cual tuviera lugar este cambio. Sin embargo, la estrategia fracasó en gran medida, puesto que las empresas locales fueron reticentes a invertir, aunque hubo excepciones. El crecimiento del grupo Romero –propietario del Banco de Crédito y de importantes empresas agroindustriales– hasta convertirse en el imperio empresarial más grande del el Perú en la década de 1980, tuvo su origen en la identificación de las oportunidades comerciales disponibles.

Mientras que la crisis de la deuda de 1982, los desastres climáticos (el fenómeno del Niño) y la expansión del Sendero Luminoso pusieron trabas a los impulsos privatizadores del Gobierno de Belaunde, su sucesor Alan García (1985-1990) retomó una estrategia de desarrollo dirigido por el Estado a través de acuerdos con el sector privado. No obstante, una vez más, el experimento fracasó, en particular debido al intento (erróneo y fallido) de García de nacionalizar la industria bancaria privada. Su Presidencia acabó en una hiperinflación y en la proliferación de la violencia política, lo que obligó al Estado, efectivamente, a doblegarse (Crabtree, 1991). También se vivió el surgimiento de un movimiento opositor de derechas más definido que, a pesar de representar los intereses empresariales y de estar encabezado por el escritor Mario Vargas Llosa, no fue capaz de reunir el suficiente apoyo popular para alcanzar el poder en 1990.

Pese a algunas similitudes entre Bolivia y el Perú en este período de desarrollo dirigido por el Estado, las diferencias fueron notables. Con el impulso de la presión popular desde abajo, el año 1952 en Bolivia supuso una ruptura en la evolución del poder estatal en que las agendas radicales –aunque por poco tiempo– afloraron para controlar el Estado. Esta experiencia de empoderamiento arrojó una sombra alargada sobre las generaciones futuras. En el Perú no se produjo un punto de ruptura así cuando el Gobierno militar de 1968 buscó frustrar y controlar el incipiente radicalismo a través de reformas estructurales, aunque ello sí contribuyó enormemente a la movilización social. Por otra parte, el Estado boliviano, que seguía teniendo dificultades para imponer su agenda, era un campo de batalla entre influencias poderosas, en particular, el poder fluctuante de los sindicatos y el Ejército. En el Perú, donde el sector privado estaba más desarrollado, las empresas demostraron ser capaces de aguantar los desafíos de los regímenes estatistas bajo los mandatos de Velasco y García. En Bolivia, en cambio, el sector privado era mucho más débil y su base de poder limitada fue incapaz de proyectarse nacionalmente. En ninguno de los dos países, sin embargo, emergieron partidos de masas de derechas capaces de alcanzar el poder político mediante elecciones.

La era del neoliberalismo (mediados de la década 1980 hasta 2000)

Es posible trazar ciertos paralelismos entre ambos países en la década de 1980, cuando el modelo de desarrollo dirigido por el Estado cedió ante el neoliberalismo. Los dos se enfrentaron a dificultades graves para el reembolso de la deuda contraída durante la década de 1970 y atravesaron episodios de hiperinflación. En Bolivia, esto ocurrió a principios de los años ochenta, durante el Gobierno de centroizquierda de Hernán Siles Zuazo (1982-1985), y terminó en un programa de estabilización de amplio alcance bajo el mandato de su sucesor, Víctor Paz Estenssoro. En el Perú, acontecimientos similares –podría decirse que más graves debido a cómo el conflicto con Sendero Luminoso dejó al descubierto la debilidad del Estado– acarrearon a principios de los noventa otra reestructuración radical bajo el Gobierno de Alberto Fujimori. La magnitud de la crisis económica e institucional en cada país no dejó otra alternativa que emprender políticas –apoyadas con entusiasmo por empresas y acreedores extranjeros– destinadas a enterrar las estrategias de desarrollo dirigido por el Estado, con el fin de cambiar las placas tectónicas del equilibrio de poderes entre las élites empresariales y los movimientos populares decisivamente hacia las primeras.

En Bolivia, el ajuste estructural iniciado por el Gobierno de Paz Estenssoro buscaba liberalizar la economía y reducir el tamaño del sector público, en una economía que, desde 1952, había sido una de las más estatistas de América Latina. Igual que la desregulación y la liberalización comercial, estos cambios (promulgados por el Decreto Supremo 21060) aniquilaron muchas empresas públicas, incluyendo particularmente a Comibol, con el cierre de minas clave y el despido de unos 26.000 mineros. Esto, en efecto, cercenó el poder ejercido desde la década de 1940 por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y socavó profundamente el poder de la COB, de la cual la FSTMB era la columna vertebral, al oponerse a las reformas liberalizadoras. Muchos mineros despedidos emigraron a zonas urbanas como El Alto o al Chapare, donde fueron absorbidos en el floreciente sector del cultivo de la coca (Grisaffi, 2019). El sector privado fue el principal beneficiario de estos cambios, tras haber sufrido con dureza las huelgas y las movilizaciones acontecidas anteriormente durante el Gobierno de Siles. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) desempeñó un papel fundamental en el diseño y la implementación del paquetazo, así como a la hora de orquestar una campaña publicitaria y educativa crítica con el modelo de desarrollo anterior (Conaghan, 1995). Figuras clave del sector privado desempeñaron un papel destacado en la Administración de Paz Estenssoro, la más visible de las cuales fue Gonzalo Sánchez de Lozada, propietario de la empresa minera privada más grande de Bolivia (Comsur) y principal artífice de los ajustes.

Con la desarticulación de la principal fuente de oposición y la relativa estabilización de los precios (a pesar del enorme coste social), cuajó un consenso más sólido tras la agenda liberalizadora, que se reafirmó cuando Sánchez de Lozada alcanzó la Presidencia en 1993. Su programa de reformas de segunda generación, el llamado Plan de Todos, tenía como premisa la idea de que la sostenibilidad del modelo requería forjar un consenso en la sociedad boliviana compartiendo hasta cierto punto los beneficios de la liberalización⁶. Su plan para privatizar las empresas bolivianas que aún eran públicas, especialmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) –la compañía petrolífera estatal–, giraba en torno a un esquema mediante el cual se atraían inversores extranjeros para administrarlas, de manera que el sector público boliviano se quedaba una participación del 50%, que se usaría para financiar un plan de pensiones universal⁷. Su política de Participación Popular, basada en un ambicioso plan de creación de nuevos municipios, también estuvo orientada a levantar un puntal de apoyo político.

Este proyecto resultó ser problemático, en especial, bajo el Gobierno de Hugo Banzer, que volvió al poder como presidente electo en 1997. A finales de los noventa, resurgieron influyentes movimientos sociales organizados en torno a demandas concretas, aunque diferentes de las reivindicaciones laborales que habían caracterizado el período anterior. La emergencia del movimiento cocalero en el Chapare fue una respuesta a la guerra contra la droga desatada por Banzer a instancias de Washington. Asimismo, la llamada Guerra del Agua de Cochabamba fue la respuesta directa al intento de privatizar el suministro de agua de la ciudad (Olivera y Lewis, 2004). Otros movimientos sociales también reflejaron disputas en torno a políticas del Gobierno relacionadas con el uso y la apropiación de recursos naturales (Crabtree, 2005). El recién fundado MAS demostró ser muy efectivo en explotar estos polos de oposición y proporcionar vínculos ideológicos y organizativos entre ellos. También se aprovechó del descrédito en el que había caído el sistema de partidos (que se había impuesto a partir 1985) por su fracaso en ser el portavoz del creciente descontento público con las políticas gubernamentales.  Ante este panorama, el sector privado fue incapaz de aportar respuestas convincentes, especialmente por el fracaso de las políticas neoliberales a la hora de generar los beneficios para el empleo prometidos en el Plan de Todos. Aunque este se reforzó, estaba lejos de ser hegemónico. Así, el sistema de partidos surgido de la crisis de 1985, y que había aportado un mínimo de estabilidad política, no consiguió mantener la legitimidad del proyecto de reforma liberalizadora. La magnitud de la amenaza a la «nueva normalidad» se hizo evidente en 2002, cuando el MAS, con Evo Morales como candidato, pasó de estar fuera de todas las quinielas a prácticamente ganar a Sánchez de Lozada en los comicios de 2002. El MAS, cuyo apoyo se basaba en los resurgentes movimientos sociales bolivianos, aportó el liderazgo político y su fuerza electoral para cuestionar el modelo neoliberal.   

En el Perú, mientras tanto, poco después de haber sido elegido presidente, Alberto Fujimori lanzó un paquete de medidas liberalizadoras en 1990 (conocidas como el «paquetazo») con el apoyo de Washington y las instituciones financieras internacionales (FMI y Banco Mundial). Este paquetazo resultó ser uno de los ajustes más radicales y rápidos de toda América Latina e implicó la privatización de prácticamente todas las compañías públicas, una desregulación radical de los mercados, la apertura de los mercados peruanos a las importaciones y generosos incentivos a la inversión exterior, especialmente en el sector clave de la minería. Se rechazó todo vestigio de la época de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) en favor del crecimiento orientado al exterior (Wise, 2002; Arce, 2010). Estas medidas fueron duras, pero tuvieron éxito en la contención de la inflación y (finalmente) en el impulso al crecimiento. Sin embargo, no encajaban bien con el respeto a las normas democráticas, y el régimen adoptó una postura cada vez más autoritaria que buscaba alejar la toma de decisiones del escrutinio público y las presiones populares.

La izquierda peruana se encontraba en una situación difícil para resistir tales cambios. Izquierda Unida, que en su día había tenido una gran fuerza electoral, resultó ser un báculo de caña quebradizo. Con sus graves fracturas internas, no fue capaz de formar una alternativa seria en 1990 –tampoco en elecciones sucesivas– y su base social se vio socavada por el doble desafío de la hiperinflación y la violencia política. La fuerza laboral organizada resultó ineficaz para resistir el desplome del nivel de vida de los trabajadores a finales de la década de 1980, y fue víctima de la posterior privatización de las empresas públicas. La guerra interna con Sendero Luminoso, además, destrozó las organizaciones agrarias construidas desde la izquierda en décadas anteriores y, a la vez, suscitó malestar político, lo que fue aprovechado por la derecha y ayudó a apuntalar el apoyo a Fujimori y sus políticas. A finales de los noventa, mientras que en Bolivia la organización popular sobrevivió y resurgió como fuerza política, en el Perú –como se verá– los movimientos sociales siguieron atomizados y apartados de las esferas de la toma de decisiones.

Así pues, el sector privado peruano salió reforzado, tanto económica como políticamente, de las crisis de finales de los ochenta, y estableció una estrecha relación mutuamente beneficiosa con el Gobierno de Fujimori. Las reformas liberalizadoras de los años noventa implicaron el traspaso masivo de bienes del sector público al privado, por lo que los grupos empresariales prosperaron y pudieron estrechar lazos –aunque informalmente– con el Estado, consiguiendo una poderosa influencia en las esferas de toma de decisiones que más les interesaban. Este desplazamiento en la tectónica del poder en favor de la clase empresarial, permitió a esta aumentar su control hegemónico sobre el Estado en detrimento de la sociedad en general, y difundir un potente relato sobre las virtudes de la iniciativa privada para promover el desarrollo nacional (Crabtree y Durand, 2017). Es más, a diferencia de Bolivia, la etapa neoliberal del Perú efectivamente sobrevivió a su principal artífice, ya que la restauración de la democracia en 2000 no acarreó un cambio de modelo económico. Bajo el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), y a pesar de algunas reformas democráticas, el modelo neoliberal se mantuvo intacto; con el de Alan García (2006-2011) se reforzó más, especialmente respecto a la liberalización comercial y a la atracción de la inversión extranjera; e incluso con el de Ollanta Humala, cuya candidatura a la Presidencia en los comicios de 2006 y de 2011 se basaba en la oposición al neoliberalismo, este se apresuró a deshacerse de las políticas heterodoxas al asumir el cargo. Desde 2001, todos los ministros de Economía –que ejercen un poder enorme en el Perú– han sido nombrados por sus vínculos con redes bancarias y negocios globales.

De esta forma, mientras que en Bolivia el neoliberalismo se introdujo gradualmente, en el Perú fue el resultado de un cambio de rumbo abrupto y radical. En el primero, el Gobierno de Sánchez de Lozada buscó introducir reformas que ayudaran a sostener políticamente el modelo, pero Fujimori, menos preocupado por crear consensos, recurrió a un modelo de gobierno cada vez más personalista y autoritario. Además, el impacto a largo plazo de la violencia política del Perú no se daba en Bolivia, y cuesta imaginar que una organización como Sendero Luminoso pudiera haber arraigado en este país⁸. En el Perú, el sector privado se benefició enormemente del proceso de privatización y la posterior reanudación del crecimiento impulsado por las exportaciones. En Bolivia, aunque los movimientos populares sufrieron a consecuencia del neoliberalismo, persistieron las tradiciones y las estructuras organizativas sobre las que se asentaban; contrariamente al Perú, donde las crisis políticas y económicas de la década de 1980 les asestaron un golpe casi fatal del que tuvieron que luchar para recuperarse⁹.

El poder de los movimientos sociales en el siglo xxi

La divergencia de los caminos seguidos por el Perú y Bolivia alcanzó su máxima expresión en 2006, cuando Evo Morales, líder de los cocaleros del Chapare, prestó juramento como presidente de un Gobierno cuyo origen está precisamente en los sectores del movimiento popular que se habían opuesto más hostilmente a las políticas del neoliberalismo. El ascenso del MAS reveló el fracaso de las reformas de los años noventa para forjar apoyos políticos sólidos y duraderos a través de la consolidación de un partido institucionalizado profundamente arraigado en la sociedad. El surgimiento de movimientos sociales que se oponían a aspectos concretos de la política gubernamental, a partir de finales de los noventa, desmintió la idea de que el Decreto Supremo 21060 y las reformas de segunda generación de la década de 1990 habían terminado con la resistencia popular. El alcance y la extensión de esta oposición destaparon la debilidad del intento de erigir una nueva Administración en Bolivia basada en principios neoliberales. Entre 1999 y 2006, los movimientos populares consiguieron reorganizarse, multiplicarse y construir un proyecto político que implicó la revocación de dichas prioridades políticas. A través de campañas electorales y otras formas de movilización, el MAS consiguió coordinar campañas dispares y fusionarlas en un movimiento que buscaba romper con el statu quo¹⁰. Así, el Gobierno que tomó el poder en 2006, procedente de dichos movimientos sociales, se comprometió a aplicar un modelo de intervención estatal y defensa de la soberanía nacional, desoyendo las recomendaciones políticas que procedían de Washington. También buscó cuestionar los sistemas de poder político que habían dominado hasta mediados de la década de 1980 e incorporar sectores que previamente habían sido excluidos en las funciones decisorias del Estado¹¹.

Cabe afirmar, pues, que el año 2006 representa un importante punto de inflexión, quizá el más importante desde 1952. Sin duda, contrasta con la historia peruana, que en 2006 volvió a llevar a Alan García al poder con unos planes muy conservadores basados en la oposición a la «marea rosa» de alternativas de izquierda de otros lugares de América Latina. De hecho, la victoria electoral de Morales prometió más cambios de largo alcance en Bolivia que la mayoría de los otros países de la marea rosa. La decisión del Gobierno de aumentar el control estatal sobre el sector de los hidrocarburos (semiprivatizado bajo el Gobierno de Sánchez de Lozada) era una muestra de lo que estaba por llegar. Para el sector empresarial, 2006 supuso un gran revés, al cortársele el acceso a la toma de decisiones estatales. Sin un partido instrumental capaz de representar sus intereses, el sector, especialmente en Santa Cruz, tomó las calles usando redes locales de derechas. Esta oposición alcanzó su punto álgido en 2008, cuando el Comité Pro Santa Cruz, en el que los grupos empresariales estaban bien representados, exigió una autonomía del Gobierno central que estuvo cerca de la secesión. Sus reivindicaciones se repitieron en todos los puntos de las tierras bajas del este del país.

Ante esta situación, tras su reelección en 2009, Morales buscó un modus vivendi con las élites de Santa Cruz, consciente de los peligros políticos latentes que planteaban y de la necesidad de darles voz dentro del Gobierno. Por su parte, las élites empresariales también se percataron de que Morales no sería derrocado fácilmente y que, con la recuperación de la economía por el auge de las materias primas, podían ganar dinero. Un signo temprano de distensión fue la decisión en 2009 de proporcionar garantías a los intereses agroindustriales de Santa Cruz contra la expropiación de tierras. No obstante, fue el 2011 el año decisivo a la hora de forjar vínculos estructurados y cooperativos entre los empresarios y el Gobierno¹², con considerables cambios políticos para la expansión de la frontera agrícola de Santa Cruz con el fin de impulsar la producción alimentaria y las exportaciones de soja. Esta distensión ocurrió en paralelo con otras políticas que causaron fricciones con los movimientos sociales, surgiendo escisiones en el seno del Pacto de Unidad –la coalición en la que el MAS salió elegido en 2006– en forma de movimientos específicos que perseguían sus propios intereses. Mientras tanto, el Gobierno se sintió identificado con la necesidad de fomentar las industrias extractivas. El llamado conflicto TIPNIS –respecto a la construcción de una carretera que atravesaba una reserva indígena en las fronteras entre los departamentos de Cochabamba y Beni– causó importantes divisiones (Postero, 2017). Aun así, gran parte del apoyo campesino al MAS se mantuvo fiel a la agenda del partido. A pesar de las numerosas acusaciones de que los movimientos sociales se habían dejado manejar y corromper por el Gobierno, estos mantuvieron en gran medida la autonomía a la hora de perseguir sus propios intereses concretos (Crabtree y Chaplin, 2013)^13.

La situación en el Perú, como ya se ha comentado, resultó ser muy diferente. Los movimientos sociales que surgieron con fuerza a finales de los años setenta y principios de los ochenta y que habían apuntalado Izquierda Unida, se vieron gravemente debilitados por la violencia política y las turbulencias económicas de finales de los años ochenta, y por la fuerza con la que Fujimori implementó sus políticas neoliberales en la década de 1990. A partir del año 2000, los principales signos de resistencia a la política gubernamental se dieron en aquellos sectores en los que el desarrollo de las industrias extractivas amenazaba los intereses de la comunidad, especialmente en la minería (en las tierras altas) y los hidrocarburos (en la selva amazónica). Otros sectores impulsaron acciones de retaguardia, como los cocaleros que se opusieron a los planes de erradicación del Gobierno. Con todo, la izquierda peruana resultó ser incapaz de coordinar estas acciones –hacer encajar todas las piezas– para aportar liderazgo y una ideología encaminada a la protección de los recursos naturales contra el capitalismo desbocado, por lo que los movimientos sociales siguieron atomizados y con proyección únicamente local. Algunos acontecimientos, como el enfrentamiento en Bagua (región del Amazonas) en 2009 y el conflicto por el Conga en Cajamarca, tuvieron claras repercusiones en la política nacional, pero no como para provocar cambios importantes en las prioridades políticas generales. La necesidad de inversión extranjera, especialmente en la minería, seguía siendo un dogma inalterable en los debates sobre política¹⁴.

Todo ello no significa que la opinión pública estuviera firmemente comprometida con un modelo que sin duda beneficiaba a unos sectores más que otros o, de hecho, a algunas regiones más que otras. Las ediciones anuales del Latinobarómetro muestran la fuerza del sentimiento antisistema en el Perú, así como la desconfianza tanto en las élites políticas como en la forma en que estas gestionan las instituciones democráticas. Tal insatisfacción subyacía en la victoria electoral de Humala en 2011, pero le faltó expresión política, ya que este, rápidamente, se vio obligado a retroceder en su agenda adaptándose al poder de facto de los intereses comerciales establecidos. Los partidos de izquierda, marginados políticamente desde finales de la década de 1980, no estaban en condiciones de ofrecer un liderazgo alternativo a un electorado desencantado. De hecho, el Perú vio en la década de los noventa cómo partidos de todos los colores se veían reducidos a vehículos electorales con una estructura rudimentaria y poca o ninguna presencia organizada en la sociedad.

¿Nuevos cambios tectónicos?

En los últimos años, el poder relativo de ambos sectores –las élites empresariales y los movimientos sociales– ha cambiado una vez más en los dos países.

La capacidad de las élites empresariales para dominar la toma de decisiones políticas en el Perú ha sido puesta recientemente en entredicho por los escándalos de corrupción que salieron a la luz con las investigaciones del caso Lavo Jatoen Brasil, que implicaban las actividades de las principales empresas constructoras y sus contrapartes peruanas (Durand, 2018). El hecho de exponer que una sucesión de gobiernos desde la década de 1980 había recibido sobornos de empresas constructoras desacreditó sectores clave de la comunidad empresarial. El poder judicial y otros órganos del aparato del Estado habían desempeñado un papel activo a la hora de ocultar y, de hecho, promover tales actividades¹⁵. Una retahíla de presidentes y otras figuras políticas de primer nivel han sido identificadas por su participación en actividades ilegales con intereses empresariales, para financiar sus campañas electorales, para su enriquecimiento personal o con ambos fines. Estas revelaciones condujeron a un cambio en la política pública, especialmente tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski como presidente en marzo de 2018. Su sucesor, Martín Vizcarra, buscó emprender una limpieza en la vida pública y, aunque su Administración no era de ningún modo antiempresarial, el poder de las empresas que antes era indiscutible dio paso a una postura más crítica¹⁶. Los intentos de antiguos fujimoristas de explotar el conservadurismo social (con asuntos como el aborto y el matrimonio homosexual) en gran medida fracasaron para crear un partido de derechas de base popular. Aun así, el poder político del sector privado ha salido reforzado, mientras que los movimientos sociales y la izquierda apenas suponen una amenaza inmediata¹⁷.

Bolivia, por su parte, presentaba un panorama contrario. En este país, el resurgimiento del poder de las élites llevó en última instancia a la destitución de Morales como presidente en noviembre de 2019 y su sustitución por un Gobierno abiertamente vinculado al poder de los intereses de la élite, especialmente de Santa Cruz, cuya influencia había sido relegada durante los 14 años de mandato de Morales¹⁸. Durante su tercer mandato seguido, como se ha señalado, se reforzó la influencia de las élites empresariales sobre la toma de decisiones en el Estado, en que las autoridades estatales hicieron considerables concesiones a las reivindicaciones empresariales. No solo el Gobierno apreciaba la importancia de la inversión privada como complemento a la del Estado, sino que también las organizaciones empresariales se mostraban cada vez más confiadas en su capacidad de presionar por sus reivindicaciones de maneras concretas. Aun así, la destitución de Morales se debe en gran parte a los errores tácticos en los que incurrió el Gobierno y, en concreto, el propio presidente al querer presentarse a un cuarto mandato a pesar del voto negativo registrado en el referéndum de febrero de 2016¹⁹.

El «golpe de Estado» que acabó destituyendo a Morales de su cargo, propagado por intereses de Santa Cruz, fue muy bien recibido por el sector privado. La CEPB no ocultó su satisfacción con la destitución de un Gobierno que consideraba excesivamente intervencionista y comprometido con los intereses de los trabajadores y la COB. Los altercados posteriores a las controvertidas elecciones, celebradas en octubre de 2019, recordaban a los que habían sacudido el país en 2008, pero que Morales había conseguido dominar. No obstante, la vuelta del MAS al Gobierno tras otras elecciones en octubre de 2020 subraya la incapacidad de la élite boliviana de construir para sí misma una base popular. El Gobierno interino de Jeanine Añez –que había buscado revertir muchas de las políticas de Morales–, como resultado de la presión popular, finalmente se vio obligado a convocar unas elecciones, tras una serie de intentos previos para evitarlas. Como resultado, el candidato del MAS, Luis Arce, obtuvo una contundente victoria con el 55% de los votos. Sin embargo, en el momento de finalizar este artículo, quedaba por ver cómo respondería la élite de Bolivia –especialmente la de Santa Cruz– y, de hecho, hasta qué punto el nuevo Gobierno buscaría llegar a algún tipo de acuerdo con ella. 

Conclusiones

En este artículo se han analizado los límites de la «profundización» democrática en el Perú y Bolivia representados por la influencia de los intereses de las élites (u oligarquía) y debidos a los cambios en la tectónica del poder ejercido por estas y por los movimientos populares a lo largo del tiempo. A pesar de algunas similitudes, ambos países brindan algunos contrastes destacables en el poder relativo de estas dos fuerzas en diferentes momentos de los últimos 80 años, en las diferentes fases del ciclo de desarrollo histórico. Esta visión a largo plazo muestra cómo esas relaciones de poder pueden cambiar, a menudo, de manera impredecible. La historia boliviana señala las debilidades de las élites, en comparación con las del Perú, para imponer sus prioridades políticas sobre los actores del Estado; asimismo, indica la perseverancia de los movimientos sociales y su capacidad para mantener y –en ocasiones– imponer su agenda y reemplazar el poder de las élites por completo. Por su parte, la historia peruana ejemplifica las continuidades del poder de las élites, incluso en momentos en que estas estaban a la defensiva (como bajo el Gobierno de Velasco).

Por lo que respecta al mantenimiento y a la intensificación de la gobernanza democrática, los dos países muestran lo difícil que ha resultado alcanzar algo de equilibrio para que los intereses empresariales cuadren con los de los sectores populares y así contribuir a estabilizar la política y legitimar el Gobierno. El reciente giro de los acontecimientos en Bolivia sugiere que las élites solo toleran de manera limitada los gobiernos que buscan modificar las reglas de la participación en la economía y redistribuir los beneficios sociales, a pesar de los intentos de estos por atraer al sector privado; demuestra, a la vez, el poder electoral de los movimiento populares de derrocar gobiernos de la derecha que representan sectores de un élite muy minoritaria. El sector privado, en ninguno de los dos países, ha conseguido crear un partido político con un amplio atractivo capaz de ganar unas elecciones. El MNR lo intentó en Bolivia en la década de 1990, pero no lo consiguió, mientras que en el Perú las estructuras de partido que se han presentado a las elecciones desde el año 2000 carecen de base social sólida y, por lo tanto, disfrutan de una legitimidad limitada. Las organizaciones populares, en cambio, sí han conseguido alcanzar el poder en Bolivia –en los años cincuenta y en el año 2006–, pero se les antojó difícil cultivar una relación estable y basada en el respeto mutuo con el sector empresarial.

Los intentos de las élites empresariales en ambos países por ensanchar su atractivo político en un marco general democrático no han logrado ganar mucho terreno. En el Perú, los simpatizantes del fujimorismo han apelado a diversos tipos de conservadurismo religioso, sobre todo entre los grupos evangélicos en rápida expansión; en Bolivia, por su parte, los que depusieron a Morales en 2009 apelaron a valores católicos tradicionales y racistas como contrapunto a las tendencias proindígenas de Morales. Con todo, en ambos casos fue difícil establecer prácticas e instituciones políticas en las que el poder de las élites estuviera dispuesto a adaptarse a los cambios en el poder político que implicaran mayor participación, inclusión y redistribución de los recursos.

Tal como sugiere Foweraker (2018), el fortalecimiento de las instituciones democráticas en estos países, y en América Latina en general, dependerá de encontrar la fórmula por medio de la cual las élites y los movimientos populares –separados por desavenencias sociales de profundas desigualdades– sean capaces encontrar una meta común. Mientras tanto, la «profundización» democrática, es decir, la creciente participación de personas previamente excluidas en la toma de decisiones, topará con la constante oposición de las élites establecidas cuando el poder de la voice desafíe el statu quo.

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Notas:

1- Una obra clave sobre este tema es el trabajo en tres volúmenes de Guillermo O’Donnell y Schmitter (1986), que compara las transiciones en América Latina con las parecidas y exitosas transiciones en España, Portugal y Grecia.

2- El libro de Foweraker (2018: 1) empieza con la observación de que «la politeia es un sistema político que abarca tanto la oligarquía como la democracia. La combinación de estas dos esferas diferentes crea un sistema contradictorio y sincrético que conjuga dos formas de posesión de poder que están amarradas, no siempre de manera segura, por una combinación concreta de instituciones formales e informales». Este autor sostiene que los extremos de la desigualdad de América Latina reflejan la persistencia del poder oligárquico (o elitista) a través de formas como el clientelismo y el patrimonialismo (por ejemplo, instituciones informales) que tienden a determinar las reglas del juego democrático en pro de sus intereses.

3- Sobre el papel de los inmigrantes en particular y el desarrollo de grupos de poder elitistas, véase Fernando Molina (2019).

4- Klarén (2000) aporta una de las mejores panorámicas resumidas de la historia peruana.

5- Las obras de referencia sobre los gobiernos militares peruanos (1968-1980) siguen siendo Lowenthal (1973) y Lowenthal y McClintock (1983). Véase también Aguirre y Drinot (2017).

6- Estas ideas se parecían a las del «capitalismo popular» desarrolladas en Chile y otros sitios.

7- Para más detalles, véase Bauer y Bowen (1997).

8- Las tradiciones bolivianas de sindicalización campesina iban en contra de las nociones de la lucha armada como camino viable hacia el poder político, lo que subraya la validez de participar en las elecciones. En las décadas de 1960 y 1970 se acometieron varios intentos de guerra de guerrillas, pero con un efecto limitado.

9- Los sindicatos más resistentes solían ser los que se mantenían en el sector público, especialmente en sectores como la sanidad y la educación. La izquierda, despojada de mucho de su apoyo social anterior, cosechó malos resultados en sucesivas elecciones.

10- Actualmente, existe una vasta literatura sobre los orígenes del MAS y su llegada al poder en 2006. Algunos trabajos, a modo de ejemplo, son Anria (2019), Madrid (2012) y Zuazo (2008).

11- La manifestación más evidente de ello fue la tarea de la Asamblea Constituyente (2006-2008) de redactar la nueva Constitución.

12- Wolff (2016) resulta particularmente útil.

13- Para un punto de vista más reciente, véase Anria (2019).

14- Para un análisis comparativo de las respuestas al extractivismo dentro de la región andina y fuera de esta, véase Bebbington (2013).

15- La corrupción en el Gobierno y el poder legislativo y el judicial se vio alentada por el narcotráfico y otras actividades ilícitas tanto en el Perú como en Bolivia. Con el fin de llevar a cabo sus negocios, los implicados debían comprar el apoyo de los que tenían autoridad, quienes, a su vez, demostraron estar dispuestos a recibir sobornos.

16- El derrocamiento del Gobierno de Vizcarra en noviembre de 2020 fue el resultado de una oposición de intereses, fuertemente representados en el Congreso, que se sintieron amenazados por la política anticorrupción. Atacaron al presidente por actos suyos supuestamente corruptos cuando se desempeñó como gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014.

17- Las movilizaciones que acompañaron la caída de Vizcarra fueron expresión de un descontento popular, pero espontáneo y poco estructurado.

18- El Comité Pro Santa Cruz, que mantenía fuertes vínculos con intereses empresariales clave, desempeñó un papel fundamental en la deposición de Morales, especialmente su entonces presidente, Fernando Camacho.

19- El referéndum de 2016 supuso una ajustada victoria para los opositores a la campaña de Morales para la reelección, lo que condujo a un creciente movimiento de oposición liderado, en su mayor parte, por el expresidente Carlos Mesa (2003-2005). Este quedó segundo en los comicios de 2019 y alzó la voz enérgicamente para declararlos fraudulentos. La veracidad de tales declaraciones seguía generando dudas en el momento de escribir estas líneas. El resultado declarado dio a Morales la primera posición con un margen de diferencia del 10% respecto a Mesa, lo que le permitió afirmar que había ganado en primera ronda. 

Traducción del original en inglés: Maria Gené Gil y redacción CIDOB.

Palabras clave: Perú, Bolivia, élites, poder empresarial, movimientos sociales, Estado, democracia 

Cómo citar este artículo: Crabtree, John. «Democracia, poder de las élites y sociedad civil: una comparativa entre Bolivia y el Perú». Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 126 (diciembre de 2020), p. 139-161. DOI: https://doi.org/10.24241/rcai.2020.126.3.139

 Fecha de recepción: 07.04.20

Fecha de aceptación: 05.10.20   

 
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