Apuntes | Guerra, gobernanza y crisis del orden liberal

El 7 de octubre de 2023, Hamás y la Yihad Islámica Palestina llevaron a cabo un ataque sin precedentes contra Israel, con el resultado de 1.200 muertos y la captura de 250 rehenes. Para Human Rights Watch este ataque contra población civil y la toma de rehenes constituyen crímenes de guerra de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Paralelamente, el 10 de octubre, la misma organización humanitaria recordaba que «la interrupción del servicio eléctrico en Gaza por parte de las autoridades israelíes y otras medidas punitivas contra la población civil de Gaza, así como la opresión sistemática por parte del gobierno israelí a los Territorios Palestinos Ocupados, combinada con actos inhumanos cometidos contra palestinos equivalen a crímenes de lesa humanidad, de apartheid y persecución». En junio de 2024, casi nueve meses después del inicio de los bombardeos masivos e indiscriminados sobre Gaza, el número de víctimas civiles palestinas se elevaba a 38.000. La brutalidad y la desproporción de la respuesta israelí es tal que, en la apertura del Consejo de Seguridad del 24 de octubre de 2023, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, después de condenar el ataque de Hamás y recordar los 56 años de ocupación que sufren los palestinos, advirtió que «incluso las guerras tienen normas», en especial en lo referente a las vidas de los civiles, un comentario que provocó una airada protesta del embajador de Israel ante la ONU. 

El gobierno de Binyamin Netanyahu ha menospreciado las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2.712 y 2.720 de 15 de noviembre y 22 de diciembre de 2023). En ellas se hacía mención a que Gaza es un territorio ocupado desde 1967, y se apostaba para la solución de los dos estados. También se hacía una clara mención al respeto del derecho internacional humanitario en relación con la protección de los civiles ‒sobre todo de los niños/as‒, y al establecimiento de corredores humanitarios indispensables para la supervivencia de la población, acompañados de la suspensión temporal de los bombardeos. Se exigía también la liberación de los rehenes y se deploraban los desplazamientos forzados de la población y la destrucción de bienes de carácter civil, incluidos los de los refugiados en edificios de Naciones Unidas. Del mismo modo, Israel ignoró también la resolución del 25 de marzo de 2024, que por primera vez contó con la abstención de los EEUU, que exigía un alto el fuego inmediato durante el mes del Ramadán, la liberación de los rehenes y el acceso de la ayuda humanitaria a la Franja. Tanto Washington como Tel Aviv consideraron que la resolución no era vinculante, porque no aludía explícitamente al artículo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Del mismo modo, tampoco tuvo efecto la resolución del 10 de junio de 2024 que subrayaba las gestiones diplomáticas que estaban llevando a cabo Egipto, EEUU y Qatar y acogía con beneplácito la nueva propuesta de alto el fuego que habían anunciado el 31 de mayo y que, formalmente, Israel había aceptado (resoluciones 2.728 y 2.735).

El gobierno de Israel tampoco había hecho caso de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada el 12 de diciembre de 2023 por 153 votos a favor, 10 en contra (entre los cuales EEUU, Israel, Austria y la República Checa) y 23 abstenciones que pedía un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza. La Asamblea había sido convocada por el secretario general invocando el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas a raíz del fracaso de la reunión del Consejo de Seguridad del 8 de diciembre, en la que EEUU había vetado una resolución que exigía el alto el fuego en Gaza. Poco después, el 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentaba una denuncia contra Israel por genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Naciones Unidas. El hecho que Sudáfrica fuera la demandante le otorgaba una fuerte credibilidad moral, debido a que medio siglo antes había sido acusada por Liberia y Etiopia ante el mismo tribunal por apartheid (segregación racial) contra la población negra. El 26 de enero de 2024 la CIJ emitía su primera decisión en la cual no se pronunciaba sobre el posible genocidio ‒la sentencia puede demorarse años‒, ni ordenaba un alto el fuego en Gaza, pero exigía que Israel tomara medidas para que no se cometieran actos de genocidio contra la población palestina en el curso de la ofensiva militar, y que facilitara la entrada en Gaza de ayuda humanitaria.

En suma, nueve meses después del ataque de Hamás, la devastación en la Franja estaba siendo inconmensurable. A las 38.000 víctimas directas causadas por los bombardeos y las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) según cálculos del Ministerio de Salud gazatí, deberían añadirse las víctimas indirectas del conflicto, que según un estudio publicado por la revista médica británica The Lancet en julio de 2024, elevarían la cifra por encima de las 186.000, lo que supone entre el 7 y el 9% de la población de la Franja antes de la guerra. Al mismo tiempo, en Israel se multiplicaban las manifestaciones en contra del gobierno de Netanyahu que pedían un acuerdo de alto el fuego con Hamás, la liberación de los rehenes y la convocatoria de elecciones.

En conclusión, si abrimos el foco más allá del marco regional y sus implicaciones (abertura de un frente norte de guerra con Hezbolá, intercambio puntual de bombardeos entre Israel e Irán y Siria, ataques de los hutis en solidaridad con Gaza contra buques occidentales en el mar Rojo), el conflicto de Gaza pone de relieve la crisis de gobernanza global o, lo que es lo mismo, la incapacidad de la ONU por acabar o hacer de mediadora en un conflicto asimétrico entre un estado militarmente poderoso y una milicia islamista, incluida en la lista de organizaciones terroristas de EEUU y de la UE, y que manifiesta tener por objetivo combatir la ocupación israelí, un objetivo que según Yossi Klein ‒columnista del periódico Haaretz‒, parecería que la sociedad israelí ha olvidado, como si la historia empezara el 7 de octubre de 2023. En este contexto, las Naciones Unidas, despreciadas por el gobierno israelí y congeladas por el veto estadounidense, se muestra incapaz de poder cumplir con el artículo 1.1 de la Carta fundacional: «Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con este fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y suprimir todo acto de agresión u otras roturas de la paz. Y llevar a cabo, por medios pacíficos, de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglos de controversias o situaciones de carácter internacional, susceptibles de conducir a una quiebra de la paz». 

La incapacidad de mediación de la ONU se muestra aún más claramente en la guerra de Ucrania, donde el país agresor, la Rusia de Vladímir Putin, tiene también derecho de veto en el Consejo de Seguridad, lo que imposibilita cualquier resolución punitiva, a pesar de haber alimentado un conflicto híbrido en Donetsk y Lugansk, y la invasión de Crimea en 2014.

Al no poder condenar la invasión del 24 de febrero de 2022, se convocó una sesión extraordinaria de emergencia de la Asamblea General de Naciones Unidas; el 2 de marzo de 2022 esta aprobaba una resolución no vinculante que exigía que Rusia retirase «inmediatamente y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio ucraniano», deploraba la participación de Belarús y reafirmaba la soberanía, la independencia política y la integridad territorial ucranianas. También se exigía ​​que Moscú dejase de reconocer la independencia de Donetsk y Luhansk. Votaron a favor 141 países (de 193 miembros), 5 votaron en contra (Rusia, Belarús, Siria, Corea del Norte y Eritrea) y 35 estados se abstuvieron (entre los cuales China, India e Irán, pero ninguno de la UE). Un año después, a propuesta de Ucrania, la Asamblea General aprobó una nueva resolución en que se instaba a Moscú a retirar inmediatamente las fuerzas militares de Ucrania y encauzarse hacia «una paz general, justa y duradera». La votación fue muy similar: 141 votos a favor, 7 en contra (ahora también con Nicaragua y Malí, que antes se habían abstenido) y 32 abstenciones (entre las cuales, de nuevo, China, India e Irán, y ningún país de la UE). Estas resoluciones plantean una disyuntiva interesante: una mayoría abrumadora de países ‒incluidos gran parte de lo que hemos convenido en llamar el Sur Global‒ condenan la agresión rusa, pero, al mismo tiempo, desconfían de las soluciones o de la mediación de unas organizaciones nacidas en los Acuerdos de Bretton Woods de 1944 y que consideran supeditadas a los intereses de Occidente, como la ONU, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), en las que las nuevas potencias económicas (China e India, fundamentalmente) se sienten infrarrepresentadas. 

Su respuesta es el cuestionamiento del orden internacional liberal y de la hegemonía de Occidente, que sienten que obedece a una realidad que ya no existe. En cierta medida, la brutal intervención de Israel en Gaza favorece esta visión de crisis de un orden liberal que, además, usa una doble vara de medir según las circunstancias y los países o pueblos implicados.

De manera más sutil, China, una dictadura de partido único que, a través de sus inversiones y la no exigencia del respeto a los derechos humanos, se está convirtiendo en un modelo para muchos autócratas del Sur Global, no pierde la oportunidad de utilizar su poder económico y político para promover organismos paralelos con la voluntad de competir y sustituirlos con los derivados del orden liberal, como vemos en el caso de los BRICS ‒que cuentan con nuevas incorporaciones‒, el Nuevo Banco de Desarrollo o la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, la propuesta de paz en Ucrania y la mediación entre las organizaciones palestinas y entre Irán y Arabia Saudí, entre otros.