Presentación del Anuario CIDOB de la Inmigración 2019

El pasado 20 de febrero, la sede de CaixaForum Madrid acogió la presentación de la edición 2019 del Anuario CIDOB de la Inmigración. Bajo el título «Inmigración, elecciones y comportamiento político», este volumen pasa revista al panorama de la inmigración y el asilo en un contexto electoral, como ha sido el año 2019, ocupándose principalmente de España, pero también de Europa y, en menor medida, de Estados Unidos. 

El análisis pone el foco en el auge y consolidación de las opciones de extrema derecha radical populista en todos estos espacios –España ha dejado de ser una excepción en ese terreno– así como en los efectos y elevados costes, en términos humanos y de restricción de derechos, que esa tendencia comporta para los inmigrantes, demandantes de asilo y refugiados. 

El Anuario CIDOB de la Inmigración cuenta con el apoyo de “la Caixa”, la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Con este nuevo volumen, el Anuario alcanza la duodécima edición. 

En un acto presentado por el director de CIDOB, Pol Morillas, los directores científicos de la publicación –Joaquín Arango, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid; Blanca Garcés, coordinadora de investigación de CIDOB; Ramón Mahía, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid; y David Moya, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona– repasaron algunos de los contenidos de los 13 artículos originales e inéditos que conforman la última edición del Anuario, cuyas principales conclusiones se detallan a continuación. Todos los presentes coincidieron en que la representación negativa de la inmigración y el asilo ha generado un clima político que favorece la adopción de políticas de inmigración y de asilo crecientemente restrictivas y hostiles a ambos lados del Atlántico. 

La Unión Europea embarrancada 

-        La inmigración se ha convertido en un tema polarizador e hiperpolitizado en Europa, lo que hace muy difícil cualquier tipo de acuerdo en esta materia en el seno de la UE. El último intento de acuerdo se plasmó en la Declaración de Malta (23 de septiembre de 2019), que busca avanzar en el nuevo plan migratorio para dar respuesta a la llegada y consiguiente reparto de los inmigrantes desembarcados en puertos del Mediterráneo europeo. Sin embargo, es un mecanismo de solidaridad temporal, al ser válido para 6 meses, y solo ha sido suscrito por Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta y Portugal. España no se ha sumado al mismo por considerar que solo abarca los rescates en el Mediterráneo central, dejando al margen los del Mediterráneo occidental de los que debe hacerse cargo en exclusiva. 

-        Lo que sí parece claro y de común acuerdo es seguir con la estrategia de mantener, desarrollar y si es posible extender la externalización del control de fronteras extramuros de la UE, es decir, los acuerdos con terceros estados –en concreto, con Libia, Marruecos, Turquía– para la contención de los migrantes. El acuerdo con Libia se ha revelado eficaz, con la disminución de las llegadas a Italia de 181.000 en 2016 a menos de 25.000 en 2018 y alrededor de 11.400 en 2019, según el Ministerio de Interior italiano. De esta manera, en el conjunto del Mediterráneo, el número de llegadas se ha reducido de 1.032.000 en 2015 a 110.699 en 2019, según datos de la OIM. 

La América de Trump 

-        La administración Trump, en su primer año, rebajó a 45.000 el número máximo de refugiados admitidos, acogiendo efectivamente a la mitad. Para el año fiscal 2019, el límite máximo se ha reducido a 30.000 y para el siguiente (de octubre de 2019 a septiembre de 2020), se ha fijado en 18.000. 

-        Cualquier inmigrante en situación irregular que no pueda probar que lleva más de dos años en Estados Unidos puede ser víctima de una expulsión rápida (expedited removal), una deportación sin intervención judicial; una norma que antes se aplicaba solo a los interceptados a menos de cien millas de la frontera. La criminalización de los inmigrantes indocumentados está deparando un acusado aumento de las detenciones de personas en situación irregular. También los solicitantes de asilo se han visto afectados, con el encarcelamiento de nueve de cada diez. 

La inmigración en España 

-        Población extranjera: entradas, salidas y saldo migratorio: Las entradas desde el extranjero crecieron un 21% en 2018, alcanzando el máximo histórico de la serie (2008-2018) con 643.384 personas, de las que el 87% (559.998) eran de nacionalidad distinta a la española. Tan abultado resulta el saldo migratorio exterior positivo en 2018 (310.222) que, pese a registrarse el crecimiento vegetativo más negativo de la historia (-56.000 personas), la inmigración ha permitido a la población total de España superar su máximo histórico. De ella, la población extranjera representa alrededor del

11%, así como el 14% de la población en edad laboral. 

-        Las entradas irregulares se reducen a la mitad en 2019. Según datos del Ministerio del Interior, 64.298 personas entraron irregularmente en España en 2018 por vía marítima (57.498), Ceuta y Melilla. Los datos de 2019 muestran una notable contención de estos flujos –32.500 personas entraron irregularmente en España en 2019, según el Ministerio del Interior–, con un volumen de llegadas por vía marítima de 26.168 personas. 

-        Recuperación económica y mercado de trabajo: La recuperación económica en España está siendo liderada en buena medida por la recuperación del pulso migratorio. En la actualidad el 16% del empleo corresponde a trabajadores extranjeros. Una buena noticia adicional es la reducción del diferencial de desempleo entre nativos y extranjeros, situándose en poco más del 6% para el total de extranjeros respecto de los españoles, lo que supone el mínimo histórico de la serie (2008-2018). 

El sistema de acogida en España desde 2015

-        España es en la actualidad uno de los países europeos con mayor número de solicitudes de asilo (es el quinto país receptor, después de Alemania, Francia, Grecia e Italia). 14.785 en 2015, 15.775 en 2016, 36.610 en 2017, 54.060 en 2018 y 117.795 en 2019 (Fuente: Eurostat). 

-        La mayor parte de solicitudes en 2019 procedían de Venezuela, Colombia y Centro América: Venezuela (40.835), Colombia (29.285), Honduras (6.780), Nicaragua (5.905), El Salvador (4.770), Otros (30.220) (Fuente: Eurostat). 

-        Solamente un 5% de las 60.198 demandas de protección internacional evaluadas por el Ministerio del Interior en 2019 obtuvieron respuesta positiva, lo que está muy por debajo de la media europea (30%). Poco más de la mitad de las resoluciones positivas otorgaba el estatuto de refugiado (1.653) mientras que la otra mitad reconocía el estatuto de protección subsidiaria (1.503), según datos de CEAR. 

-        Con el aumento de las solicitudes, las plazas del sistema estatal de acogida se han incrementado de las 930 existentes en septiembre de 2015 a las 12.930 plazas en diciembre de 2019. Un aumento que se ha hecho de forma reactiva y sin planificación a medio plazo. En 2019, el aumento de las solicitudes ha llevado al colapso del sistema de acogida. 

-        El sistema estatal de acogida es claramente centralizado, sin participación de las administraciones autonómicas y locales, y con una parte substancial (y creciente) externalizada a las entidades sociales. La presencia de solicitantes de asilo (individuos y familias enteras) en situación de calle en muchas ciudades españolas ha llevado a las administraciones autonómicas y locales a desarrollar programas de acogida complementarios. 

El principio de autonomía, que en sí podría ser una de las grandes virtudes del sistema, acaba siendo una de sus principales deficiencias pues es indisociable de las condiciones generales del mercado laboral y de la vivienda. 

La irrupción de un partido antiinmigración 

-        La aparición en la escena política e institucional española de un partido decididamente hostil a la inmigración y a los inmigrantes, y que hace bandera de ello (VOX), puede terminar por alterar las actitudes de segmentos de la población. No obstante, según datos del CIS de octubre de 2019, tan solo el 10,7% de los entrevistados menciona la inmigración entre los 3 primeros problemas de España, porcentaje que se reduce al 2,8% cuando se pregunta “cuál es el problema que a usted personalmente le afecta más”. 

-        Los votantes de VOX defienden postura más reacias en materia inmigratoria que los demás, pero algunas críticas son compartidas por amplias partes del conjunto de la población. No queda claro en qué medida estas posturas pudieron ser determinantes para decantar su voto. Preguntados por las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros en España, casi el 75% de los votantes de VOX las considera “demasiado tolerantes”, muy por encima de votantes del PP (48%) y C’s (44%) (media: 37%). 

El Anuario también explora asuntos tan relevantes como la situación de los menores extranjeros no acompañados, las mujeres migrantes y refugiadas en la Frontera Sur y las víctimas de trata en España. 

Desapariciones de Menores Extranjeros no Acompañados: Las desapariciones de estos menores tienen que ver con las diferentes formas de maltrato institucional que están generando la huida del sistema de protección español y la movilidad hacia otros países de Europa (especialmente a Suecia, Dinamarca y Países Bajos). Se produce un enfrentamiento entre dos formas de gobierno: la lógica de gobierno de la protección de la infancia, que propugna la titularidad plena de los derechos, frente a la lógica del derecho de extranjería, que recorta la titularidad de dichos derechos de distintas formas. 

Según el Ministerio del Interior (CNDES, 2019), de las 9.737 denuncias activas en la actualidad de desapariciones de menores de edad, al menos 5.084 de ellas corresponden a menores que se han fugado de centros de los sistemas de protección autonómicos; de ellos, en concreto, el 61% corresponden a menores extranjeros no acompañados procedentes de Marruecos.

Mujeres migrantes y refugiadas en la Frontera Sur: En la primera mitad del 2019, los principales países de origen de la población migrante en la Frontera Sur fueron: Marruecos (29,4%), Guinea (12,9%), Argelia (12,2%), Malí (11,4%), Costa de Marfil (9,1%), Senegal (7,5%), Siria (3,2%) y Túnez (3,2%). En cuanto a la distribución de las llegadas por sexo en la Frontera Sur española, ACNUR ha registrado que el 75,5% son hombres, el 12% son mujeres y el 13% son niños y niñas.

En la mayoría de los casos, las mujeres experimentan serias dificultades para migrar o escapar, bien por la falta de recursos económicos, por las responsabilidades de cuidado que les son asignadas, y/o por la permanente amenaza y temor a sufrir violencia durante la migración. Las mujeres que migran están rompiendo tradiciones, modelos culturales e imaginarios y expectativas de género inscritas en sus propias sociedades.

Las víctimas de trata en España. La detección de las posibles víctimas de trata sigue siendo el punto más débil en el acceso a los derechos que la directiva de acogida establece. La Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, que recoge los datos de las entidades que proporcionan asistencia a víctimas de trata con fines de explotación sexual, afirmó que en 2017 se observaron indicios de trata en 5.104 mujeres. De todas ellas, solo 453 habían sido identificadas formalmente por la autoridad policial competente, en diferentes años.

Las peticiones de asilo en algunos casos –mujeres con indicios de trata que solicitan asilo de manera proactiva basándose en una historia estereotipada que encubre los motivos reales de persecución– suelen estar impulsadas por las redes de trata y tienen como objetivo la entrada y estancia regular de la mujer durante el tiempo de tramitación de la solicitud para poder explotarla sin temor a que sea expulsada. 

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