Alberto Fujimori

El fallecimiento el 11 de septiembre de 2024, a los 86 años y en su Lima natal, del ex presidente de Perú Alberto Fujimori devuelve al primer plano la controversia, siempre con tintes polarizadores, sobre la figura y el legado de uno de los estadistas más polémicos de la América Latina contemporánea. Fujimori suscita opiniones contrapuestas en relación con su década de Gobierno, ampliamente calificado de populista y autocrático, y también por la rocambolesca peripecia judicial que protagonizó después, saldada con victoria para él, ya muy anciano y enfermo, en 2023.

Catapultado al poder en 1990 desde el anonimato y barriendo en las urnas a los partidos tradicionales de diverso signo, este ingeniero hijo de inmigrantes japoneses aplicó con mano de hierro un plan de ajuste ultraliberal que liquidó la hiperinflación de cuatro dígitos y resucitó una economía moribunda, derrotó al terrorismo senderista de extrema izquierda con tácticas de guerra sucia y moldeó a su gusto el sistema político y jurídico tras un autogolpe de Estado civil en 1992, subordinando la legalidad democrática a la consecución de unos objetivos personales. Su pragmatismo desembozado, mezcla sui géneris de tecnocracia y autoritarismo, anteponía la obtención de resultados a cualquier escrúpulo sobre los métodos aplicados.

Unas elecciones fraudulentas, que le otorgaron la segunda reelección (tras haber derrotado en 1990 a Mario Vargas Llosa y en 1995 a Javier Pérez de Cuéllar, es decir, los dos peruanos con mayor prestigio internacional) previa interpretación torticera de la Constitución por él promulgada en 1993 (la cual por cierto sigue vigente), junto con los desmanes de su todopoderoso asesor Vladimiro Montesinos, jefe de una vasta red delictiva, fueron las antesalas de la fuga a Japón y dimisión a finales de 2000 de Fujimori, destituido de paso por el Congreso. La antorcha del fujimorismo, que continuó siendo un movimiento político de derecha muy fuerte en Perú, fue recogida principalmente por la hija del ex mandatario, Keiko Fujimori, tres veces candidata presidencial.

Tras pasar unos años exiliado en el país de sus antepasados, Japón, Fujimori se desplazó a Chile y desde allí fue extraditado en 2007 a Perú para ser juzgado por unos crímenes de corrupción y, marcando un hito en América Latina, de lesa humanidad. Hasta 2015 acumuló cinco condenas por más de 50 años de cárcel, pena sumada de la que solo cumplió una parte menor en virtud del indulto humanitario concedido en 2017 por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y que acabó siendo ratificado por el Tribunal Constitucional, el cual zanjó favorablemente la demanda del reo en 2023. Tan solo dos meses antes de su muerte, y no obstante impedírselo la ley, Fujimori fue presentado por su hija como el candidato del partido Fuerza Popular en las elecciones presidenciales de 2026.

(Texto actualizado hasta 18/9/2024).

BIOGRAFÍA

1. Un profesor de ciencias puras devenido fenómeno político y electoral

2. Del fujishock de 1990 al fujigolpe de 1992

3. Diseño de un traje institucional a medida y golpe letal a Sendero Luminoso

4. La Guerra del Cenepa con Ecuador y la crisis de los rehenes de la Embajada japonesa

5. El negro expediente de los Derechos Humanos y la figura turbadora de Montesinos

6. Luces y sombras del neoliberalismo económico

7. Fraudulenta segunda reelección en 2000

8. El escándalo de los vladivideos como detonante de la renuncia al poder

9. Autoexilio en Japón y demanda de cuentas por la justicia peruana

10. Traslado a Chile y extradición al Perú en 2007

11. Condenas penales en cadena

12. Indulto humanitario en 2017, vicisitudes médicas y fallo favorable del Constitucional en 2023

1. Un profesor de ciencias puras devenido fenómeno político y electoral

Sus padres, Naoichi Fujimori y Mutsue Inomoto, campesinos de extracción pobre, emigraron desde la prefectura japonesa de Kumamoto en 1934 como una pareja de recién casados. Naoichi ya llevaba años afincado en el Perú, donde se había ganado la vida como jornalero recolector del algodón antes de abrir un humilde negocio de sastre en Huacho, ciudad costera al norte de Lima. El matrimonio fijó su residencia en la capital del país.

El pequeño Alberto nació cuatro años después, en un momento particularmente adverso para la familia, que había visto arruinarse la sastrería y a continuación los cultivos de algodón que tenía arrendados en el distrito limeño de Miraflores. El padre probó fortuna con la reparación de neumáticos de vehículos, negocio que le fue razonablemente bien hasta que el estallido de la Segunda Guerra Mundial disparó los sentimientos xenófobos de los peruanos autóctonos contra la comunidad de origen japonés y el Gobierno proestadounidense de Manuel Prado Ugarteche confiscó las propiedades económicas de esta última.

El segundo de los cinco vástagos de los Fujimori (siendo la primogénita Juana y los más jóvenes Pedro, Rosa y Santiago) realizó los estudios primarios en el colegio Nuestra Señora de la Merced y en la escuela pública La Rectora, y los secundarios en la gran unidad escolar Alfonso Ugarte. Los padres, aprovechando la posibilidad legal, le registraron como ciudadano japonés en el Consulado nipón, lo que proporcionó al niño la doble nacionalidad, peruana y japonesa. 

Educado en los valores de laboriosidad y superación personal típicamente orientales, e influenciado por las tareas agrícolas familiares, Fujimori ingresó en 1957 en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), en el departamento de Lima, y en 1961 se graduó con el título de ingeniero agrónomo como el número uno de su promoción. En 1962 empezó a dar clases de Matemáticas en la recién creada Facultad de Ciencias, especialidad que junto con la Física estudió en Francia en 1964 en un curso de posgrado impartido por la Universidad de Estrasburgo.

Becado por la Fundación Ford, cursó otro posgrado de Matemáticas en la Universidad de Wisconsin en Milwaukee, Estados Unidos, donde recibió el título de máster en Ciencias en 1969, tras lo cual reanudó sus actividades docentes en el Perú. En julio de 1974 contrajo matrimonio con Susana Higuchi Miyagawa, otra peruana con ascendiente japonés y titulada en ingeniería también, con la que iba a tener cuatro hijos, Keiko Sofía, Hiro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo.

En 1984, al cabo de más de dos décadas produciendo méritos científicos y académicos, Fujimori fue nombrado rector de la UNALM y de paso decano de la Facultad de Ciencias. En 1987 se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, y ese año y el anterior recibió sendos doctorados honoris causa por la Universidad Agrícola de Gembloux (Bélgica) y la limeña Universidad de San Martín de Porres. Las mismas inquietudes sobre la situación del agro y la universidad peruanos que le llevaron a dirigir durante año y medio, entre 1987 y 1989, el programa de la televisión pública Concertando, le acercaron a los círculos políticos de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA, o Partido Aprista Peruano, PAP), histórica formación de orientación socialdemócrata que entonces dirigía el Gobierno nacional con el presidente Alan García Pérez.

En 1988, apoyándose en un grupo de colaboradores universitarios y hombres de negocios, Fujimori comenzó a preparar su propia fuerza política, Cambio 90 (C90), que registró oficialmente el 5 de octubre de 1989, una vez liberado de sus responsabilidades regidoras académicas, como un movimiento cívico independiente y sin una ideología definida. En su estatuto, el partido se presentaba como una fuerza "democrática y nacionalista, que se sustenta básicamente en los adelantos tecnológicos para lograr el desarrollo nacional trazado en el ideario". 

Cambio 90 ofrecía una composición social heterogénea, con representantes de la pequeña y mediana empresa, las profesiones liberales y las iglesias evangélicas. Más aún, Fujimori, derrochando confianza e ilusión, se inscribió para competir en las elecciones presidenciales de 1990, de las que debía salir el sucesor de García, quien agotaba su mandato con la credibilidad hundida por el desastroso balance de sus cinco años de gobierno. El ingeniero se subió al proscenio político con un perfil pragmático y tecnocrático, de hombre de números y planes solventes al que no le interesaban lo más mínimo el estéril debate de ideologías y el politiqueo tradicional.

Candidato marginal y anecdótico al comienzo de la campaña, Fujimori, con su lema de Honestidad, Tecnología y Trabajo, sus mensajes sobre la necesidad de moralizar las instituciones democráticas y de ofrecer una alternativa a los políticos y partidos tradicionales, y sus promesas imprecisas de prosperidad y seguridad a espuertas, apenas despertó el interés de los medios de comunicación, que le consideraron un aventurero sin más argumentos que la capacidad persuasiva de sus acentos populistas. 

Él aceptó gustosamente y explotó el apelativo de El Chino, que espontáneamente le habían endilgado sus en apariencia escasos seguidores, para recalcar su ascendiente no europeo y, por tanto, mestizo. Bien diferenciado, por tanto, del "blanquito pituco", como despectivamente era tildado, Mario Vargas Llosa, candidato del centroderechista Frente Democrático (FREDEMO, nucleado en torno a la Acción Popular, AP, y el Partido Popular Cristiano, PPC) y al que apoyaban unánimemente las élites económicas y empresariales por su plataforma reformista neoliberal. Otro lema de Cambio 90 apelaba directamente a esta suerte de complicidad mestiza y social: Un presidente como tú.

Fujimori parecía no contar para una liza electoral cuyo máximo favorito era el célebre literato y candidato al Premio Nobel. Sin embargo, a escasas jornadas de la primera vuelta electoral, el 8 de abril, El Chino ascendió meteóricamente en las encuestas y el día de los comicios dio la campanada al adjudicarse el 29,1% de los sufragios y ganar el paso a la segunda vuelta. El sonriente postulante de Cambio 90 no solo le pisaba los talones, con solo tres puntos menos, a Vargas Llosa, sino que dejó en la estacada al aspirante del oficialismo aprista, Luis Alva Castro, anterior primer ministro, y a otros políticos curtidos como Henry Pease García, de la Izquierda Unida (IU), y el ex alcalde limeño Alfonso Barrantes Lingán, de la Izquierda Socialista.

Finalmente, el Tsunami Fujimori, en expresión de un alias electoral, barrió en la segunda vuelta del 10 de junio con un sorprendente 62.5% de los votos —excluyendo las papeletas inválidas, que rozaron el 10%— a un Vargas Llosa contra el que se movilizaron los apristas y la izquierda en bloque, y que solo recabó el 37,5% de los sufragios. En las legislativas, Cambio 90 capturó 32 de los 180 escaños de la Cámara de Diputados y 14 de los 60 escaños del Senado, quedando en tercer lugar tras el FREDEMO y el PAP, lo que auguraba una difícil coyuntura parlamentaria para el nuevo mandatario.

La inopinada victoria electoral de un hombre surgido del virtual anonimato poco antes de los comicios, carente de cualquier experiencia política, sin un soporte partidista digno de llamarse tal y con escasos medios para financiar su campaña proselitista, es decir, un completo outsider que irrumpía desde cero, fue interpretada como un voto de censura sin precedentes a la clase política, desacreditada ante los ojos de buena parte de los peruanos por su venalidad e incompetencia, y despertó el interés de politólogos de todo el mundo. Los 4,5 millones de votos idos a Fujimori procedían del electorado pobre, indígena y mestizo que se ilusionó con la expectativa de soluciones poco menos que milagrosas, pero también de las clases urbanas medias y medias-bajas, antaño cortejadas con éxito por el PAP, e incluso de minorías no asalariadas por cuenta ajena con un estatus más pudiente. El presidente electo preparó un Consejo de Ministros dominado por profesionales y técnicos que no pertenecían a Cambio 90.

2. Del fujishock de 1990 al fujigolpe de 1992

El 28 de julio, el día de su quincuagésimo segundo aniversario, Fujimori tomó posesión de la Presidencia de la República del Perú con un mandato de cinco años no renovables. La ceremonia en el Palacio Legislativo, sede del Congreso, discurrió tumultuosamente por los abucheos que se intercambiaron los diputados del PAP y el FREDEMO, y a la misma asistieron cinco presidentes latinoamericanos. 

En su primera alocución a la nación después de recibir la banda presidencial de manos del nuevo presidente del Senado y a continuación primer vicepresidente de la República, Máximo San Román Cáceres (un industrial cholo, cuzqueño y quechuahablante, con un perfil muy apropiado para la imagen de partido interclasista, popular y antielitista que Cambio 90 buscaba difundir), Fujimori se lamentó del "desastre" que heredaba de la administración alanista y resumió el negro estado de cosas con estas palabras: "Nos toca afrontar la crisis más profunda que ha vivido el país en toda su historia republicana; una economía entrampada en una hiperinflación y una depresión, una sociedad escindida por la violencia, la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico. En una palabra, casi una economía de guerra".

En efecto, 1989 había terminado con una contracción masiva, del 12% del PIB, una inflación anual del 3.398%, una deuda externa recrecida hasta los 20.000 millones de dólares y el dólar cotizando a 4.800 intis en el cambio oficial. El flamante presidente cuantificó la inflación acumulada en todo el quinquenio en la "espeluznante tasa" de más del 2.200.000%. Ahora, la mayoría de esas variables seguían empeorando, en particular la inflación, que solo en julio creció un 100%. El déficit fiscal equivalía ya al 7,5% del PIB. Fujimori añadió que únicamente el 15% de la población activa tenía un "empleo adecuado", mientras existían un 10% de desocupados y un 75% de subempleados.

En el terreno de la seguridad interna, esta era violentada sistemáticamente por las potentes guerrillas de la extrema izquierda, Sendero Luminoso (maoísta) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA, marxista-leninista), que seguían una estrategia de conquista revolucionaria del poder. Sus atentados terroristas, asesinatos y emboscadas llevaban una década ensangrentando el país, involucrando a las fuerzas armadas del Estado en una contienda sucia donde los Derechos Humanos eran violados por todos los combatientes. Esta verdadera guerra civil se había cobrado hasta el momento varios miles de muertos y desaparecidos, de los cuales la insurgencia senderista era la primera responsable.

Al manifestar su intención de crear "una verdadera economía social de mercado", simplificar la administración pública, derogar los monopolios e "insertar al Perú en la comunidad financiera internacional" Fujimori ya introducía matices correctores en el fácil populismo social del que había hecho gala durante la campaña electoral, aunque parecía que mantenía la fe en las medidas graduales y no traumáticas para enfrentar la descomunal crisis económica. Se trataba de una impresión falsa, ya que el presidente se disponía a aplicar, y sin temblarle el pulso, precisamente las recetas neoliberales que había propugnado el FREDEMO, diana favorita de los ataques de Cambio 90 y causa fundamental de la derrota de Vargas Llosa; es más, sus medidas iban a ser más radicales, yendo más allá de lo que el FMI se habría atrevido a prescribir.

El 8 de agosto, un día después de decretar el estado de emergencia por 30 días en Lima y en nueve provincias en respuesta a los últimos ataques perpetrados por Sendero Luminoso y el MRTA, que habían dejado una treintena de muertos, el primer ministro y ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Hurtado Miller, anunció un drástico plan de ajuste y austeridad que perseguía yugular la hiperinflación, frenar el acaparamiento de mercancías por comerciantes especuladores y las compras compulsivas fruto del pánico —comportamientos que estaban agravando la penuria general de alimentos—, subsanar la angustiosa carestía de fondos en la tesorería del Estado y recomponer el nivel de divisas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

Para ello, se suprimían las subvenciones a productos de primera necesidad como el pan, la leche, el azúcar y la pasta, que duplicaban, triplicaban o quintuplicaban sus precios, así como al galón de gasolina, que se encarecía nada menos que un 3.000%. El ministro, tras anunciar también medidas de compensación como la apertura de comedores populares y subsidios al agua y el transporte público, terminaba su anuncio televisado con un lapidario "que Dios nos ayude".

El vulgarmente llamado paquetazo o fujishock cogió por sorpresa al PAP y a la izquierda parlamentaria, que inmediatamente se revolvieron contra el Gobierno y acusaron a Fujimori de "traición" y "agresión al pueblo", y colmó la desesperación de quienes ya vivían en una situación límite. En las horas siguientes al anuncio gubernamental, Lima sufrió una ola de disturbios y saqueos que fue atajada por la Policía con un balance de varios muertos y más de 6.000 detenidos. 

Hasta finales de año Fujimori hizo frente a varias huelgas obreras, a una ofensiva terrorista y a insistentes rumores de malestar en las Fuerzas Armadas a raíz de su pronta decisión de cesar y pasar al retiro a los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea y la Marina (arma esta última muy conservadora y que había recibido la subida a la Presidencia de un hijo de inmigrantes con visible malestar), pero no del Ejército. A la espera de los efectos positivos que la terapia de choque debía surtir en la economía, 1990 cerró con un crecimiento negativo del PIB del 5% y una cota máxima de inflación, de diciembre a diciembre, del 7.600%.

La dimisión el 14 de febrero de 1991 de Juan Carlos Hurtado, principal arquitecto y ejecutor del draconiano ajuste fiscal, como resultado de una trifulca con el ministro de Industria, Guido Pennano Allison, no afectó a la línea ultraliberal inaugurada el 8 de agosto, que siguió siendo sostenida por sus sucesores en la presidencia del Consejo de Ministros, Carlos Torres y Torres Lara, y el Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Alberto Boloña Behr, un monetarista ortodoxo que era el primer peruano doctor en Economía por la Universidad de Oxford.

Perú fue adentrándose en una nueva era económica caracterizada por la desnacionalización de la banca privada, la privatización parcial del parque empresarial del Estado, la liberalización de las tasas de interés y la flexibilización del régimen de cambios monetarios. Piedra angular de la transición económica fue la sustitución del desahuciado inti, introducido por el Gobierno acciopopulista de Fernando Belaúnde Terry en febrero de 1985, por el nuevo sol el 1 de julio de 1991. El tipo de canje quedó establecido en un nuevo sol por un millón de intis; la cantidad equivalía a 1.000 millones de los antiguos soles de oro.

Al mismo tiempo, Fujimori desarrolló una agresiva diplomacia económica, realizando numerosos viajes y reuniones destinados a renegociar el pago de la deuda externa, obtener nuevas ayudas financieras y favorecer la inserción del Perú en los esquemas de cooperación e integración regionales e internacionales. El Gobierno daba por finalizada la pesadilla de la estanflación, pero el impacto social de las medidas de choque estaba siendo brutal.

Mientras la inflación avanzaba por la senda descendente, hasta caer a los tres dígitos (el 409%) en 1991 y ya solo a dos (el 73%) en 1992, la prioridad más urgente del Gobierno pasó a ser la contención del violento brote de cólera que en cuestión de semanas mató a más de 500 personas en diversos puntos del país. La epidemia, favorecida por el consumo de agua corriente contaminada por culpa de unos sistemas potabilizadores ineficientes, y que puso un broche particularmente dramático a la realidad de subdesarrollo y falta de inversiones públicas que afligía al Perú, ocasionó al país pérdidas económicas por valor de 770 millones de dólares debido a los embargos impuestos al comercio exterior de alimentos, sobre todo los productos pesqueros, y al retroceso del turismo. 

La calamidad sanitaria, unida a los estragos causados al sector primario por el fenómeno climático del Niño, repercutió muy negativamente en la incipiente recuperación económica: tras el 2,2% de tasa positiva anotada en 1991, la recesión iba a volver por sus fueros en 1992 marcando una tasa negativa del 0,5%.

Desde finales de 1991, el PAP y el FREDEMO comenzaron a ejercer en el Congreso una oposición coherente al Gobierno, el cual, por ejemplo, vio bloquearse una serie de decretos legislativos que conferían al Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas el monopolio absoluto de la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico. Con respecto a este punto, el 14 de mayo el Gobierno se plegó a la presiones de Estados Unidos, que tenía retenida su ayuda económica, y firmó una declaración sobre la ejecución de una estrategia conjunta para combatir con medios militares el enorme trasiego de coca y cocaína. En cuanto al Poder Judicial, se descalificó a sí mismo al liberar a decenas de narcotraficantes y a más de 200 senderistas, y al reducir arbitrariamente la duración de las penas carcelarias de otros reos.

Fujimori encontraba frustrantes el corsé legal que le imponía el mecanismo de división, contrapesos y limitación de los poderes del Estado, elemental en cualquier democracia, y las decisiones no en sintonía que tomaban los miembros del Legislativo y la judicatura en el ejercicio de sus funciones. Decidido a remover los obstáculos a sus planes de gobierno, y luego de asegurarse el acatamiento de las Fuerzas Armadas, el presidente quebró el orden constitucional con un golpe de Estado institucional, un autogolpe, perpetrado en la noche del 5 al 6 de abril de 1992.

En su mensaje televisado a la nación, Fujimori anunciaba que, ante "la inoperancia del Parlamento", "la corrupción del Poder Judicial" (responsable de la "liberación inexplicable de narcotraficantes" y de la "masiva puesta en libertad de terroristas convictos y confesos"), y la "evidente actitud obstruccionista y conjura encubierta contra los esfuerzos del pueblo y del Gobierno por parte de las cúpulas partidarias", procedía a tomar las siguientes medidas: 

Uno, "disolver temporalmente" el Congreso, hasta la aprobación de una "nueva estructura orgánica" del Poder Legislativo que sería aprobada mediante un plebiscito nacional; dos, "reorganizar totalmente" el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público, "para una honesta y eficiente administración de justicia"; tres; "reestructurar" la Contraloría General de la República; y cuatro, crear un "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional", cuyos principales objetivos iban a ser, entre otros, "modificar" la Constitución en lo que atañía a la estructura de poderes, "moralizar radicalmente" el Poder Judicial, "pacificar el país" y "promover la economía de mercado" dentro de unos marcos jurídicos apropiados.

Fujimori terminaba su bando con estas palabras: "El país debe entender que la suspensión temporal y parcial de la legalidad existente no es la negación de la democracia real sino, por el contrario, es el punto inicial de la búsqueda de una auténtica transformación que asegure una democracia legítima y efectiva; que permita a todos los peruanos convertirse en constructores de un Perú más justo, más desarrollado y respetado en el concierto de las naciones".

La asunción por Fujimori de plenos poderes, la suspensión en la práctica de la Constitución Política de 1979 y el nombramiento del Gobierno de Emergencia, sustituyendo al Gabinete que desde noviembre encabezaba Alfonso de los Heros Pérez Albela, con el también abogado Óscar de la Puente Raygada de primer ministro, obtuvo el respaldo sin fisuras de la cúpula castrense, que sacó a las tropas a patrullar las calles y a ocupar las sedes de los principales diarios y emisoras de radio y televisión, y tuvo un eco favorable en el grueso de la población limeña —según un sondeo de Peruana de Opinión Pública (POP), el 73% de los encuestados se mostraba de acuerdo con el fujigolpe—, pero la clase política, todos los partidos salvo Cambio 90, se opuso casi unánimemente. 

El Ejército puso bajo arresto domiciliario temporal a los presidentes de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villar, y del Senado, Felipe Osterling Parodi, ambos dirigentes del PPC, e intentó capturar a Alan García, quien escapó por los pelos, huyendo a la carrera de su domicilio limeño cuando un destacamento de militares con los cañones de sus armas humeantes se disponía a prenderle, y pasó a la clandestinidad antes de acogerse al asilo que le brindó la Embajada de Colombia, de donde partiría para el exilio.

El 9 de abril, clandestinamente reunidos, 99 diputados y 36 senadores declararon vacante la jefatura del Estado por "permanente incapacidad moral" de su titular e invistieron presidente constitucional de la República al segundo vicepresidente, el pastor evangélico Carlos García García, ante la ausencia del país del primer vicepresidente. El nombramiento quedó en agua de borrajas, ya que pocas horas después García corría a refugiarse en la Embajada argentina. El 18 Máximo San Román aterrizó en Lima procedente Estados Unidos y tres días después pudo jurar el cargo presidencial en el Colegio de Abogados. Se trató de un testimonio de la resistencia política al golpe que sin embargo no tuvo consecuencias.

Más motivo de preocupación que los inocuos desafíos de los partidos tenía para Fujimori, que destinó varios días a darse verdaderos baños de multitudes afectas en Lima, la actitud de la comunidad internacional. En líneas generales esta reaccionó muy negativamente al golpe, pero el enfado se disipó pronto. El Grupo de Apoyo al Perú, formado por Estados Unidos, Canadá y España, congeló su cooperación económica, Venezuela rompió las relaciones diplomáticas, Argentina retiró a su embajador y Chile reclamó que se suspendiera al Perú de membresía en la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta emitió una condena sin paliativos, pero evitó imponer sanciones a Lima y posteriormente aceptó las garantías dadas por Fujimori sobre el próximo retorno a la normalidad constitucional. La negativa de Estados Unidos a reconocer el fantasmal contragobierno de San Román se tradujo rápidamente en una aquiescencia oficial al nuevo orden político peruano, guiado con mano firme por Fujimori.

Al comenzar 1993 era ya un hecho la normalización de las relaciones exteriores del Perú, salvo con Venezuela, cuyo presidente socialdemócrata, Carlos Andrés Pérez, no perdonaba el asilo concedido a los militares sediciosos miembros del movimiento bolivariano que lideraba el teniente coronel Hugo Chávez, entonces encarcelado a raíz de su propia intentona golpista, y que intentaron derrocarlo en noviembre de 1992. 

Fujimori no dejó de asistir a numerosas asunciones presidenciales y a cumbres hemisféricas, como las anuales del Grupo de Río y las Iberoamericanas. El 9 y el 10 de marzo de 1996 el mandatario iba a dirigir en Lima la VIII Reunión del Consejo Presidencial Andino, cita especialmente relevante por suponer el arranque de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Sistema Andino de Integración como el nuevo marco jurídico que tomaba el relevo al sistema surgido del Pacto Andino suscrito en 1969 y 1973 por Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia.

3. Diseño de un traje institucional a medida y golpe letal a Sendero Luminoso

La idea original de Fujimori, legitimar su nuevo régimen del gobierno por decreto mediante un plebiscito que estaba programado para el 5 de julio —y que muy probablemente habría ganado—, fue prontamente desechada ante las presiones de la OEA, que le reclamaba un calendario preciso para la normalización democrática. El presidente presentó entonces un cronograma político que pasaba por tres convocatorias electorales: primero, en noviembre del año en curso, se elegiría un Congreso Constituyente Democrático (CCD) que tendría como misión elaborar una nueva Carta Magna; segundo, en enero de 1993, los peruanos votarían a alcaldes y concejales; y tercero, cuando el CCD terminara sus trabajos, la población sería llamada a refrendar la nueva ley suprema.

Antes de cruzar este calendario su primer y más importante hito, el 12 de septiembre de 1992, Fujimori se apuntó un tanto espectacular con la captura, anunciada a la nación a bombo y platillo, en una vivienda del distrito limeño de Surquillo por agentes de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) de la cúpula del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso. Los aprehendidos fueron el máximo jefe de la organización, Abimael Guzmán Reynoso, alias Presidente Gonzalo, la número dos y segunda cónyuge del anterior, Elena Iparraguirre Revoredo, alias Camarada Miriam, y otros siete dirigentes senderistas. Odiado por la población por su terrorismo indiscriminado, el mesiánico líder guerrillero fue exhibido a la exultante opinión pública vestido con el clásico traje a rayas de presidiario y enjaulado en una celda de barrotes.

La decapitación de Sendero Luminoso, que tenía más de 20.000 hombres alzados en armas, imponía su ley en extensas zonas del sur del país y mantenía intacta su capacidad de hacer daño (como acababa de mostrar en julio con el coche bomba explosionado en la calle Tarata, en el distrito de Miraflores, con el resultado de 25 muertos), tuvo un impacto fulminante en la guerrilla, que redujo drásticamente sus ataques y comenzó a desintegrarse. 

Guzmán fue sometido a juicio sumarísimo por una corte militar formada por jueces encapuchados, condenado a cadena perpetua y encarcelado en la prisión de la base naval de la isla de San Lorenzo, frente a Callao. En octubre de 1993, en un movimiento pactado con el Gobierno, probablemente a cambio de unas mejores condiciones carcelarias, Guzmán pidió a los senderistas que aún seguían activos que depusieran las armas y de paso ofreció un acuerdo de paz con el Estado que finalmente no se concretó. En cuanto al MRTA, sufrió también un severo golpe con la detención el 9 de junio de su líder, Víctor Polay Campos, alias Comandante Rolando.

El hundimiento de Sendero Luminoso disparó la popularidad de Fujimori, pero en el estamento militar algunos elementos descontentos del Ejército se pusieron a conspirar. El 13 de noviembre el Gobierno informó de la detención de un grupo de altos oficiales, algunos en situación de retiro y entre los que se encontraban los generales de división Jaime Salinas Sedó, José Gabriel Pastor Vives y Luis Palomino Rodríguez, así como el general de brigada Manuel Obando Salas, cuando se disponían a tomar el Palacio de Gobierno y el Cuartel General del Ejército, conocido tradicionalmente como el Pentagonito, con el propósito de "asesinar" al jefe del Estado y hacerse con el poder.

En un principio se dijo que Fujimori y su familia habían sido trasladados por seguridad al Pentagonito, sito en el distrito limeño de San Borja, pero luego se supo que había llegado a tomar refugio en la Embajada japonesa. Después de todo, sí había habido una conspiración golpista, dirigida por oficiales que decían actuar en defensa del orden democrático quebrado por el movimiento presidencial de abril.

Nueve días después de este sobresalto, el 22 de noviembre, tuvieron lugar las elecciones al CCD. En nombre del oficialismo concurrió la alianza formada por Cambio 90 y una nueva formación progubernamental, la Agrupación Independiente Nueva Mayoría (NM), fundada el 11 de septiembre, cuya composición, caracterizada por la presencia de empresarios y antiguos altos funcionarios del Gobierno y la Administración que en 1990 habían respaldado a Vargas Llosa pero que ahora mudaban sus lealtades con sentido oportunista, permitió compensar al fujimorismo la pérdida de apoyo de los grupos que habían abandonado Cambio 90, en particular las iglesias evangélicas, y ampliar la base del Gobierno entre los sectores sociales más acomodados y tradicionalmente conservadores.

El boicot practicado por el PAP, AP y otros partidos tradicionales, que esgrimieron los argumentos de la falta de garantías constitucionales y las sospechas de fraude y manipulación, puso en bandeja la mayoría absoluta a C90-NM, que se hizo con 44 de los 80 escaños en juego con el 38,3% de los votos. Entre los partidos opositores que sí participaron fueron los más votados el PPC de Luis Bedoya Reyes y el Frente Independiente Moralizador (FIM) de Fernando Olivera Vega, con 15 escaños entre los dos. Los votos nulos y en blanco alcanzaron el 22,7% y la abstención fue del 23,3%. El cabeza de lista de C90-NM, Jaime Yoshiyama Tanaka, dirigente de Nueva Mayoría, se convirtió en presidente de la asamblea constituyente. La siguiente cita electoral, las municipales del 29 de enero de 1993, supuso un rotundo fracaso para C90-NM, ya que hicieron fortuna las candidaturas independientes que, siguiendo el ejemplo dado por el propio Fujimori en el plano nacional, estaban proliferando en la política local.

El 31 de octubre de 1993 los peruanos ratificaron con un nada relumbrante 52,2% de votos favorables la nueva Carta Magna elaborada por el CCD, que contó entre sus disposiciones más importantes el regreso al sistema parlamentario unicameral, consistente en un Congreso de 120 miembros elegidos proporcionalmente en una sola circunscripción nacional, y la introducción de la posibilidad de reelección del presidente por un segundo mandato de cinco años. El texto fue promulgado el 29 de diciembre y dos días después entró en vigor. Fujimori no anunció inmediatamente si pensaba presentarse a la reelección en 1995, pero nadie tenía la menor duda de que la nueva disposición constitucional la iba a estrenar su artífice.

Entonces no lo sabía, pero Fujimori acababa de sentar un precedente, la reforma de la Constitución para permitir la reelección consecutiva del presidente en ejercicio, que en el transcurso de una década iba a hacer fortuna —y a levantar ásperas controversias— a lo largo y ancho del continente sudamericano: Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia iban a seguir los pasos del Perú. A Fujimori le salieron imitadores incluso en la fórmula del autogolpe para poder gobernar a sus anchas: fue el caso del guatemalteco Jorge Serrano, que lo intentó de manera chapucera, fracasando en el intento, en mayo de 1993.

Imperturbable ante las crecientes acusaciones de autoritarismo y de desprecio a las más elementales fórmulas de diálogo y consenso políticos en democracia, más habiendo un proceso constituyente de por medio, Fujimori siguió adelante con su cronograma político unilateral. El 10 de octubre de 1994 inscribió ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su candidatura para acudir a unos comicios presidenciales en los que quiso participar como candidata opositora nada menos que Susana Higuchi, quien vio frustrada su pretensión al prohibir la nueva ley electoral, aprobada ex profeso, aspirar a la Presidencia a los familiares del mandatario en ejercicio. Para entonces, Higuchi ya estaba separada del su todavía esposo, al que desde marzo de 1992 venía acusando de lucrarse, él y su familia carnal, con prácticas corruptas. Higuchi denunció en particular un supuesto negocio de venta de ropa de segunda mano donada por ONG japonesas que habría lucrado a sus cuñados Rosa y Santiago Fujimori, y a los cónyuges de estos, Víctor Aritomi Shinto y Clorinda Ebisui.

La tormentosa relación conyugal llegó a su clímax en agosto de 1994, cuando Higuchi denunció ante la justicia como presuntos corruptos a dos ex ministros y al actual viceministro de Justicia, y de paso manifestó que su marido era un "tirano" que la tenía "encerrada" en el Palacio de Gobierno, lo que no le impidió abandonar el edificio e irse a vivir a otro inmueble de Lima; en represalia, Fujimori le despojó del papel simbólico pero privilegiado de primera dama y del cometido de presidir la Fundación por los Niños del Perú, y se los entregó a su primogénita, Keiko Sofía, que entonces tenía 19 años. Fujimori tachó de "desleal" e "inestable" a Higuchi, quien a su vez le acusó de ejercer contra ella "violencia física y moral" y de impedirle ver a sus cuatro hijos. El deseo de la todavía señora de Fujimori de emprender una carrera política con una organización propia, Armonía Siglo XXI, resultó infructuoso, pero en mayo de 1996 obtuvo el divorcio de Fujimori.

El escandaloso culebrón marital no dañó las posibilidades electorales de Fujimori, quien de hecho, luego de la derrota de Sendero Luminoso, el final del desbocamiento de los precios (la inflación anual se aproximaba ya al 10%) y el brinco sensacional de la economía (en 1994 el PIB había aumentado el 12,3%, una de las tasas más briosas del mundo), se encontraba en el cenit de su popularidad. Así, el 9 de abril de 1995 el ingeniero se deshizo en la primera vuelta de un contrincante opositor que era virtualmente el paisano más prestigioso que Perú tenía en el terreno de las relaciones internacionales, el ex secretario general de la ONU (1982-1991) Javier Pérez de Cuéllar, cabeza del nuevo partido Unión por el Perú (UPP).

La contención formal, las suaves maneras diplomáticas y el aura elitista de Pérez de Cuéllar no tenían nada que hacer frente al desparpajo popular de Fujimori, que arrasó con el 64,4% de los votos frente al 21,8% obtenido por el embajador. La candidata del PAP, Mercedes Cabanillas Bustamante, solo arañó el 4,1% de los sufragios. En las legislativas al Congreso unicameral, C90-NM consiguió una mayoría absoluta de 67 diputados con el 52,1% de los votos, seguido por la UPP con 17. Los tres partidos con más solera, el PAP, AP y el PPC, quedaron laminados.

Los observadores de la OEA y de la ONG Transparencia refrendaron los resultados como incontestablemente válidos, disuadiendo a quienes en el desmoralizado campo opositor amagaban con denunciar fraude. Las sospechas habían sido alentadas en la víspera de los comicios por el descubrimiento de 3.000 actas electorales que recogían 600.000 votos falsos preparadas para ser integradas en el sistema de cómputo; según la oposición, tres cuartas partes de la documentación amañada favorecían a Fujimori. Asimismo, causaba pesadumbre el hecho de que las elecciones tuvieran lugar con el estado de emergencia vigente en buena parte del territorio nacional, con las consiguientes suspensión de garantías constitucionales y prelación de la autoridad militar, pese a que la actividad senderista había quedado circunscrita a la región del Alto Huallaga, en el departamento de Huánuco, y a bastiones aislados.

El 28 de julio de 1995 Fujimori y sus dos compañeros de plancha, Ricardo Márquez Flores, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y César Paredes Canto, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), tomaron posesión de sus cargos con mandato ejecutivo hasta 2000. La asistencia a la ceremonia de nueve mandatarios latinoamericanos fue una elocuente demostración de hasta qué punto había superado Fujimori sus problemas de legitimidad democrática a los ojos de los gobiernos vecinos, que con tanta acritud se habían revuelto contra su autogolpe de 1992.

Coronada la renovación de las instituciones a la medida precisa de su impulsor, estabilizada la economía y domeñado el terrorismo, no pocos analistas se rindieron a los éxitos de Fujimori, presentados como un ejercicio de ingeniería política práctica y utilitarista, aunque tuviera que quedar en la estacada toda una cultura democrática de respeto al pluralismo y diálogo con el discrepante; para Fujimori, solo contarían la prosecución de unos objetivos y la obtención de unos resultados sin apoyarse en nadie. Con una oposición parlamentaria achicada y fragmentada, con el respaldo entusiasta del Ejército, las instituciones financieras internacionales, el mundo de los negocios y los principales medios de comunicación, y con la adhesión de unas masas populares que seguían confiando en su talante resolutivo para ayudarles a salir de unas penurias que el ajuste neoliberal de hecho había agudizado, Fujimori inició su segundo mandato.

4. La Guerra del Cenepa con Ecuador y la crisis de los rehenes de la Embajada japonesa

En abril de 1995 Fujimori, luego de capear las posibles repercusiones negativas del escándalo generado por Susana Higuchi, se las arregló para enjuagar también el sabor a derrota que en la opinión pública peruana había dejado el enfrentamiento bélico mantenido con Ecuador en los dos primeros meses del año en la región selvática del Alto Amazonas, última expresión armada, después de los choques librados en 1941 y 1981, del vetusto contencioso territorial por culpa de la sección sin demarcar, 78 km, de la frontera que separa el departamento peruano de Amazonas y las provincias ecuatorianas de Morona-Santiago y Zamora-Chinchipe. 

La enemistad se remontaba al Protocolo de Paz, Amistad y Límites de 1942, que fijaba como frontera natural la cordillera del Cóndor y que tenía como garantes a Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos. Ecuador había impugnado el acuerdo a posteriori con el argumento de que le fue impuesto por la fuerza y desde entonces reclamaba la soberanía sobre una amplia extensión de territorio comprendido entre las estribaciones meridionales de la cordillera del Cóndor y el río Cenepa.

El 9 de enero de 1992 Fujimori, en la primera visita oficial en la historia de un mandatario peruano a Ecuador, ofreció en Quito al presidente anfitrión, Rodrigo Borja, el acceso ecuatoriano a la navegación fluvial por los afluentes septentrionales del Amazonas y un peritaje de la Santa Sede para fijar los límites de la frontera. Con este gesto de buena voluntad, Fujimori reconocía la existencia de un problema fronterizo sin resolver entre las dos naciones, aunque se guardó de hacer concesiones territoriales. De todas maneras, el espíritu de diálogo decayó y la solución diplomática se quedó en el tintero.

El 26 de enero de 1995, lo que en ocasiones anteriores no había pasado de ser leves escaramuzas e intercambios de disparos entre patrullas de soldados degeneró en una contienda bélica en toda regla que reclamó la movilización general de ambos ejércitos e involucró a miles de soldados de las fuerzas de tierra y a las respectivas flotas aéreas. Los combates terrestres tuvieron lugar en las penosas condiciones de un entorno inhóspito, en Cueva de los Tayos, Coangos, Tiwintza y otros destacamentos disputados, y en ellos las armas peruanas, que demostraron estar peor entrenadas y equipadas que las ecuatorianas, llevaron la peor parte. Al alto el fuego unilateral declarado por Durán-Ballén el 31 de enero le siguió, el 13 de febrero, un ofrecimiento similar hecho por Fujimori que fue secundado por su homólogo ecuatoriano, pero los combates prosiguieron, en buena parte debido a la determinación de Fujimori a extender el control peruano sobre Tiwintza antes de que las presiones diplomáticas obligaran a suspender las hostilidades.

La intervención de los países garantes del Protocolo de Río, como no podía ser de otra manera, forzó a los contendientes a firmar sendas declaraciones de cese de hostilidades y desmovilización en el palacio Itamaraty de Brasilia, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, el 17 de febrero, y en Montevideo, el 28 del mismo mes. Los ministros de Exteriores adoptaron la Declaración de Montevideo mientras Fujimori y Durán-Ballén cenaban en la capital uruguaya con el presidente Luis Alberto Lacalle, a cuyo relevo en el poder por Julio María Sanguinetti iban a asistir al día siguiente.

Según distintas estimaciones independientes, la guerra había costado al Perú entre 100 y 400 bajas (si bien el Gobierno solo reconoció 38 soldados muertos, un número similar al reportado por el Ejército ecuatoriano), y el derribo de una decena de cazabombarderos y helicópteros, luego había que hablar de cuantiosas pérdidas humanas y materiales. Con todo, ambas partes clamaron victoria y abundaron en la confusión sobre quién había mantenido el control o conquistado qué posiciones, máxime cuando en los respectivos partes de guerra se daba cuenta de operaciones relacionadas con una Falsa Tiwintza y una Falsa Cueva de los Tayos.

Lo que no había zanjado el campo de batalla lo hizo la mesa de negociaciones, impulsada por un sincero espíritu de reconciliación: el 26 de octubre de 1998, tras sostener seis reuniones en dos meses, Fujimori y el nuevo presidente ecuatoriano, Jamil Mahuad, sellaron la paz definitiva en Brasilia. El acuerdo, más satisfactorio para las tesis peruanas, reconocía la delimitación fronteriza trazada por los garantes del Protocolo de Río de Janeiro de 1942, es decir, la que señalan las cimas de la cordillera del Cóndor, y reconocía que el área de Tiwintza pertenecía al Perú, aunque Ecuador obtuvo allí una jurisdicción simbólica de 1 km². En mayo de 1999 quedó completada la demarcación de los 78 km de frontera con la colocación del último mojón.

Fujimori cultivaba la imagen de estadista expeditivo, de hombre de acción poco dado a sutilezas o a atender prédicas sobre el respeto de los Derechos Humanos, pero en sus apariciones públicas hacía gala de una jovialidad y un transformismo sorprendentes; fuera para visitar remotas poblaciones indígenas del Altiplano o a los soldados destacados en el frente, el presidente peruano se colocaba la indumentaria más a tono para la ocasión, con total naturalidad, dispensando sonrisas y sin temer caer en el ridículo. Así, durante la guerra del Cenepa acudió a Cueva de los Tayos, rodeado de soldados y periodistas, para izar la bandera nacional y conceder una rueda de prensa al tiempo que se tomaba un baño en un estanque natural junto a la gruta conquistada.

Posteriormente, en enero de 1997, compitió con el presidente huésped, el ecuatoriano Abdalá Bucaram (en una cordial visita que allanó el camino para el posterior acuerdo con Mahuad), en la exhibición de excentricidades mediáticas, como la ejecución de danzas folclóricas y una festiva ingesta de pollo asado, vestidos los dos a la usanza tradicional de los indígenas de la región, en el antiguo asentamiento inca de Vilcashuamán, en Ayacucho, a la sazón un antiguo baluarte de Sendero Luminoso. Máxima expresión de este pintoresco pero eficaz populismo de cuidada puesta en escena fue la dirección personal el 22 de abril de 1997, enfundado en un chaleco antibalas y radiotransmisor en mano, del asalto a la Embajada japonesa en Lima y la liquidación del comando del MRTA que la tenía secuestrada desde el 17 de diciembre de 1996. Aquel día, 14 emerretistas burlaron los cordones de seguridad y se infiltraron en el edificio en el curso de una fiesta que celebraba el sexagésimo tercer aniversario del emperador Akihito.

El comando, armado hasta los dientes, tomó como rehenes al embajador, Morihisa Aoki, a sus pares de otros 11 países, al ministro de Exteriores, Francisco Tudela Van Breugel-Douglas, a su colega de Agricultura, Rodolfo Muñante Sanguinetti, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Ernesto Giusti Acuña, al director ejecutivo de la DINCOTE, general Máximo Rivera Díaz, al ex candidato presidencial del partido opositor Perú Posible, Alejandro Toledo Manrique, al congresista izquierdista Javier Díez Canseco y así hasta más de 600 personas entre diplomáticos, funcionarios del Gobierno, oficiales castrenses, hombres de negocios y personal subalterno. Entre los secuestrados figuraban la propia madre del presidente, su hermano menor Pedro y un hermano de su cuñado Víctor Aritomi, quien era el embajador del Perú en Tokyo.

Los terroristas, no sin antes minar el edificio, fueron liberando rehenes por grupos hasta finales de año, empezando por las mujeres (inclusive la anciana Mutsue Fujimori, a la que al parecer no identificaron), y al final se quedaron con un grupo de 72 hombres, cuya entrega condicionaron a la excarcelación de 450 miembros de su organización y a la modificación de la política económica liberal del Gobierno. La postura de Fujimori a lo largo de toda la crisis fue invariablemente firme: el Estado no accedería a las demandas de los responsables de una acción que tachó de "repugnante". Las amenazas con comenzar a ejecutar cautivos, empezando por el canciller Tudela, no hicieron mella en Fujimori, quien no obstante designó un equipo neutral de mediadores y movilizó hilos diplomáticos para sondear la disposición de los emerretistas a entregarse sin condiciones o tal vez a partir a un exilio con garantías.

La paciencia de Fujimori fue agotándose y el 22 de abril, tras 126 días de secuestro y desoyendo las voces que le reclamaban máxima prudencia dentro y fuera del país —en particular la del primer ministro nipón, Ryutaro Hashimoto—, el presidente ordenó la activación de la operación Chavín de Huantar, es decir, el asalto de la embajada y el rescate de los prisioneros por 140 soldados de élite del Ejército al cabo de una breve pero furiosa secuencia de disparos y explosiones. La acción antiterrorista, que había sido planificada con toda minuciosidad desde el principio de la crisis —y que al parecer contó con algo más que la asesoría de la CIA estadounidense— por el jefe de Operaciones Especiales del Ejército, el entonces coronel José Williams Zapata, se saldó con la muerte de dos soldados, el juez Giusti y los 14 emerretistas, incluido su jefe, Néstor Cerpa Cartolini.

Aunque había que lamentar el fallecimiento de uno de los rehenes, Chavín de Huantar fue considerada por Fujimori y la mayor parte de la opinión pública peruana un gran éxito, ya que la operación habría podido terminar en un baño de sangre con muchas víctimas inocentes. Sin embargo, medios periodísticos extranjeros y ONG locales no dejaron de hablar, precisamente, de masacre, y se preguntaron porqué ninguno de los captores había salido con vida. 

El secretismo que rodeó las autopsias de los cadáveres (fueron realizadas en la morgue del Hospital de la Policía Nacional, que no reclamó la identificación corporal por los familiares y clasificó los informes forenses resultantes) y la inhumación de los mismos (efectuada de manera clandestina en diferentes cementerios de Lima) alimentó las sospechas de que algunos terroristas habrían sido sumariamente ejecutados después de ser reducidos o de rendirse. Hasta después de abandonar Fujimori el poder, la justicia peruana no iba admitir a trámite las denuncias por presunto homicidio cualificado interpuestas por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), dando lugar a órdenes judiciales de arresto contra varios oficiales que posteriormente fueron procesados y absueltos por la justicia militar.

Pero ahora, Fujimori saboreó su último momento de gloria, con la inmensa mayoría de la población, según indicaban las encuestas, aplaudiendo el desenlace de la crisis y sus cuatro colegas andinos, que celebraban el mismo día en Sucre su IX Consejo Presidencial, saliendo a arroparle con una declaración ad hoc en la que expresaban su "beneplácito" por la liberación de los rehenes y condenaban el terrorismo. Una jornada después del asalto, Fujimori quiso ser captado por las cámaras de televisión mientras inspeccionaba el destrozado interior de la Embajada; por ejemplo, pudo vérsele subiendo por una escalera en la que se tendían los cadáveres ensangrentados de algunos emerretistas.

En cualquier otro país formalmente democrático, un presidente no se habría atrevido a ser inmortalizado en medio de un escenario tan macabro —y desde luego sus asesores de imagen lo habrían considerado algo descabellado—, pero Fujimori parecía conocer el terreno que pisaba y las fibras emocionales que tocaba. El 22 de abril fue una jornada para la exultación patriótica, con el mandatario acompañando a los liberados a un hospital militar, montado en un autobús con la puerta abierta y enarbolando la bandera nacional mientras exclamaba al equipo de televisión que cubría el acontecimiento: "¡El Perú es libre!" Con sentido didáctico ahora, Fujimori se explayó en describir a la prensa cómo se había realizado la operación de rescate valiéndose de una maqueta de la legación y un bastón indicador.

5. El negro expediente de los Derechos Humanos y la figura turbadora de Montesinos

La vana exhibición de fuerza del MRTA y su supresión expeditiva por el Gobierno revivieron el interés de los observadores en la situación de la seguridad interna y de los Derechos Humanos en el Perú cinco años después del autogolpe. El caso era que la vigencia de los regímenes de excepción constitucional y las amplias prerrogativas concedidas al Ejército y al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para actuar contra el terrorismo estaban dando pábulo a graves abusos y violaciones que solo más tarde, desvanecido el idilio entre la población y su presidente, iban a conocerse con rigor. El hecho de que las presidencias de Belaúnde Terry y Alan García presentaran un balance bastante más sombrío en este terreno no restaba gravedad a los hechos denunciados ahora.

Los peores atentados contra los Derechos Humanos durante el régimen fujimorista fueron perpetrados por una unidad paramilitar denominada Grupo Colina, que se comportaba como un verdadero escuadrón de la muerte. Integrado por miembros del Ejército y la Policía Nacional, y encabezado por el capitán Santiago Rivas Martín, oficial del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), el grupo tenía asignada la misión de colaborar en la persecución del terrorismo y la subversión armada, pero su siniestra ejecutoria se centró en la intimidación, el secuestro, la tortura y el asesinato de simpatizantes de Sendero Luminoso y el MRTA, universitarios de ideas izquierdistas, dirigentes sindicales, periodistas críticos y, en general, activistas opuestos al Gobierno.

Obras del Grupo Colina fueron las llamadas masacres de Barrios Altos, en Lima, en la que fueron asesinadas, supuestamente "por error", 15 personas que participaban en una fiesta privada de familias humildes, el 3 de noviembre de 1991, y La Cantuta, denominación popular de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, sita en la capital, donde el 18 de julio de 1992 fueron secuestrados para posteriormente ser asesinados y enterrados en cal viva nueve estudiantes y un profesor sospechosos de senderistas. Dos meses antes de esta atrocidad, Rivas y sus hombres hicieron desaparecer a nueve campesinos en el valle ancashino de Santa, cerca de en Chimbote. Además, entre 1990 y 1993, 67 estudiantes de la Universidad de Huancayo sufrieron también desaparición forzada.

Todo apunta a que las órdenes precisas para cometer estos y otros desmanes no partían directamente de Fujimori, sino de un grupo de altos oficiales, militares y civiles, a los que el presidente, simplemente, dejaría actuar con una especie de carta blanca y felicitaba una vez cometidas las violaciones. Los más relevantes miembros de esta camarilla eran el general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFA) desde enero de 1992, el general Julio Salazar Monroe, jefe del SIN desde enero de 1991, y, sobre todo, el asesor presidencial y jefe de facto del SIN Vladimiro Illich Montesinos Torres, intrigante, sigiloso pero omnipresente personaje cuya presentación merece un punto y aparte.

Nacido en 1945 en Arequipa y bautizado con los sonoros nombres que le puso su padre marxista, el tocayo de Lenin era un antiguo capitán del arma de Artillería que durante la dictadura del general Francisco Morales Bermúdez, en la segunda mitad de los años setenta, tuvo que colgar el uniforme tras un proceso militar por traición a la patria en relación con unos nebulosos contactos con la CIA estadounidense, que le costó dos años de prisión. Posteriormente se formó como abogado y en la década siguiente amasó una gran fortuna llevando la defensa legal de narcotraficantes y policías acusados de corrupción. Sus relaciones con Fujimori se remontaban al paréntesis de la doble vuelta en la elección presidencial de 1990, cuando fue contratado por el candidato de Cambio 90 para que le defendiera de unas acusaciones falsa declaración de haberes instigadas por el FREDEMO.

Tras constituirse el Gobierno, Fujimori nombró a Montesinos asesor principal del SIN, empleo auxiliar que en sus manos devino un verdadero imperio en la sombra, convirtiéndose con rapidez en la eminencia gris del Ejecutivo en todo lo relacionado con la seguridad interna y las lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y en el jefe del SIN de hecho. Apodado el Rasputín andino por su perfil maquiavélico y de urdidor de todo tipo de tramas con matices siniestros, en abril de 1992 Montesinos fue el encargado de comunicar a los jefes de las Fuerzas Armadas la decisión del presidente de asumir la plenitud de poderes y de coordinar la logística del autogolpe. Con posterioridad al mismo, ejecutó la censura informativa, amedrentó a los periodistas independientes y forzó la renuncia de los magistrados afectados por la reorganización del Poder Judicial.

Montesinos le puso también a Fujimori sobre aviso de la conjura del general Salinas y tuvo un papel principal en el diseño y ejecución de la Operación Chavín de Huantar, a cuyo término pudo vérsele flanqueando al presidente en la inspección de la embajada recién liberada. A mayor abundamiento, se le atribuían responsabilidades en la formación del Grupo Colina, algunos de cuyos golpes criminales acaso ordenó personalmente. El avance de Montesinos fue paralelo al retroceso de Santiago Fujimori, quien en los primeros años del Gobierno fue el asesor presidencial de más influencia, si bien el hermanísimo siguió controlando algunos resortes de poder, como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), manejada a través de funcionarios del BCRP.

El influjo tentacular de Montesinos, cuya sed de poder parecía no conocer límites pese a no ostentar cargo oficial alguno, se extendió a la misma cúpula de las Fuerzas Armadas en agosto de 1998, cuando Fujimori, completamente dúctil a las codicias de su subalterno, sustituyó al general Hermoza al frente del CCFA y la Comandancia General del Ejército por el hasta ahora ministro de Defensa y anteriormente responsable de Interior, el general César Saucedo Sánchez, quien a su vez entregó su cartera gubernamental al jefe nominal del SIN, el general Salazar. Junto con Hermoza fueron cesados en puestos clave varios altos mandos militares, la mayoría de los cuales fueron reemplazados por oficiales que pertenecían a la misma promoción castrense de Montesinos.

La remoción de Hermoza y la transformación del virtual triunvirato de poder que había existido hasta entonces en un duopolio Fujimori-Montesinos fue acogida con profundo malestar por sectores del Ejército a los que desagradaba el imparable ascendiente del asesor presidencial, convertido a sus ojos en un arribista civil sin escrúpulos que se injería constantemente en la política de retiros y ascensos. Las maniobras extrañas incluyeron el regreso de Alberto Pandolfi Arbulú a la jefatura del Consejo de Ministros tan solo dos meses después de haber entregado el puesto a un sucesor efímero, el abogado aprista Javier Valle Riestra, quien presentó la dimisión por "incompatibilidad de caracteres". Pandolfi era el noveno primer ministro desde julio de 1990.

Por si no había suficientes anomalías, en marzo de 1999 los generales Saucedo (jefe del CCFA y comandante en jefe del Ejército), Salazar (ministro de Defensa), José Villanueva Ruesta (ministro del Interior), Fernando Dianderas Ottone (director general de la Policía Nacional) y Elesván Bello Vásquez (comandante general de la Fuerza Aérea), más el almirante Américo Ibárcena Amico (comandante general de la Marina), el contraalmirante Humberto Rozas Bonicelli (jefe del SIN) y el mismo Montesinos firmaron una Acta de Sujeción, documento por el que expresaban respaldo y acatamiento a las decisiones políticas de Fujimori, empezando por el autogolpe de 1992, y se comprometían a prestarse apoyo mutuo y defensa solidaria en caso de persecución judicial como copartícipes de esas decisiones.

Pero la capacidad de Montesinos para mover hilos no se detenía ahí. El asesor presidencial orquestaba una gigantesca red de corrupción que cubría los organismos del Estado, el mundo empresarial, los medios de comunicación y los partidos políticos, y que le reportaba cuantiosas ganancias idas directamente a su bolsillo. Corría el rumor de que Montesinos tenía amarrados a muchos políticos, funcionarios, militares, empresarios y periodistas merced a una videoteca y una fonoteca que sumaban miles de grabaciones clandestinas de reuniones y conversaciones. 

Más aún, el ex capitán mantendría unas lucrativas relaciones con capos de la droga peruanos y colombianos, los mismos individuos a los que el Estado consideraba enemigos y a los que el servidor público supuestamente debía combatir: a cambio de su protección política, como la destitución de generales de la Policía que golpeaban exitosamente a sus organizaciones criminales, los narcotraficantes entregarían a Montesinos importantes sumas de dinero. Todo esto se hacía con la aquiescencia, expresa o tácita, de Fujimori, el mismo que en 1990 había llegado al poder con la promesa de librar una "implacable lucha contra la corrupción".

6. Luces y sombras del neoliberalismo económico

Fujimori llegó a la reelección presidencial de 1995 con dos éxitos incontestables de su política económica bajo el brazo: la recuperación del crecimiento, que en 1994 registró la tasa sensacional del 12,3%, un ritmo de crecimiento más propio de países como China, y la extinción de la hiperinflación, habiendo crecido los precios aquel año ya solo el 15,4%. Menos aparentes para la población eran la espectacular recuperación de las reservas internacionales del BCRP, que de los escuálidos 150 millones de dólares de 1990 saltaron a los 10.000 millones en 1997, y la reducción del déficit presupuestario, en razón de una enérgica reorganización del servicio de recaudación de tributos, que permitió triplicar los ingresos fiscales del Estado.

Las privatizaciones reportaron al tesoro público 5.940 millones de dólares hasta 1998. La desestatalización fue especialmente intensa en el sector minero, que se hallaba muy endeudado. Así, entre 1992 y 1997 fueron vendidas las compañías HierroPerú —otorgada a la metalúrgica estatal china Shougang por 120 millones de dólares—, MineroPerú, Minpeco-USA, Centromín, Cerro Verde y Condestable. También resultaron afectados el sector químico (Quimpac), el siderúrgico (SiderPerú), los astilleros (Inasa), los ferrocarriles (Enafer), la aerolínea AeroPerú, la generación y distribución de electricidad, y el sector de la energía con las privatizaciones totales de Solgas, Transoceánica y Petromar, y parcial de PetroPerú, que en junio de 1996 se deshizo del 60% de las acciones de la Refinería La Pampilla, subastadas a favor de un consorcio liderado por la española Repsol y la argentina YPF. Ese mismo año el Gobierno otorgó al consorcio formado por Shell y Mobil el contrato de explotación del vasto yacimiento de gas de Camisea, en el departamento de Cuzco.

La operación más importante, por el monto recaudado y el compromiso de inversión de la empresa adjudicataria, fue la adquisición en 1994 por Telefónica de España de la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú (ENTEL), dando lugar a Telefónica del Perú. La compañía española fue la que más alto pujó, al ofrecer 2.000 millones de dólares, cuatro veces más que el precio de salida fijado por el Gobierno. El régimen fujimorista invirtió también grandes esfuerzos en reestructurar el pago de la deuda externa, que en 1996 ascendía a los 33.500 millones de dólares (de los que 5.700 correspondían a tramos a corto plazo), cantidad equivalente al 55% del PIB, y obtener nuevas líneas de crédito del FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Club de París y el Club de Londres, lo que se saldó con relativo éxito, máxime teniendo en cuenta los ecos negativos del autogolpe de 1992.

En 1995 la economía todavía creció un 7,4%, marcando la inflación ese año el 10,3%. En junio de 1996 el Gobierno firmó con el FMI una nueva declaración de intenciones sobre las políticas económica y financiera hasta 1999 basada en el compromiso de priorizar la atenta vigilancia de los precios, achicar más todavía el déficit presupuestario y rebajar el déficit por cuenta corriente, que ascendía al 7,6% del PIB. En otras palabras, el Gobierno aceptó recortar las inversiones públicas y enfriar la economía, que en 1996 avanzó un moderado 2,8%. En abril y mayo de ese año Fujimori aceptó la dimisión del primer ministro, Dante Córdova Blanco, y cesó al presidente del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), Luis Castañeda Lossio, un servidor público respetado por su competencia, al defender ambos la elevación del tope de gasto público y la devaluación monetaria para proteger a la producción nacional de la avalancha de mercancías de importación.

En el siguiente ejercicio, 1997, el PIB rebotó al 6,5% gracias a las inversiones del sector privado y la inflación fue del 6,5%, pero en 1998 sobrevino una fuerte degradación económica por la coincidencia de las crisis financieras rusa y asiática, la caída de los precios internacionales del cobre y los estragos ocasionados en las pesquerías por el El Niño. 

El derrumbe de la producción nacional a cero (el año registró de hecho una recesión del 0,4%) puso al descubierto la fragilidad del modelo de crecimiento, que en parte estaba ligado a la afluencia masiva de capital foráneo a corto plazo, atraído por una moneda sobrevalorada y unos elevados tipos de interés. La distorsión del mercado cambiario se vio agravada por la inundación de dinero negro procedente de un narcotráfico y una corrupción rampantes, fenómenos que altos dignatarios como Montesinos no hacían sino estimular con la rapacidad propia de regímenes pseudodemocráticos. Los ingresos obtenidos de las privatizaciones fueron parcialmente reinvertidos en un gasto social que tendía a estar politizado por la profusión de gestos populistas y maniobras clientelistas.

Peor para las perspectivas electorales del presidente, el final del corto boom económico desnudó de oropeles una gestión ortodoxa que había tenido un coste social elevado, con un aumento desmesurado del desempleo, como consecuencia de las regulaciones de plantilla en las empresas privatizadas y de las quiebras de negocios autóctonos que no podían competir con el comercio entrante, y una pérdida de poder adquisitivo por las familias. 

La pobreza, recortada hasta el 50% en 1997 gracias a la labor realizada por el Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo (FONCODES), el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) y el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHS), volvería a aumentar hasta el año 2000, cuando recobró los niveles, en torno al 55%, de 1990, lo que traducido a las cifras de población actuales suponía mas de 13 millones de pobres. Las malas noticias empezaron a surgir allí donde anteriormente todo había sido fasto: en julio de 1998 el consorcio Shell-Mobil anunciaba su renuncia a seguir invirtiendo en el Proyecto Camisea; la espantada suponía la evaporación de 3.000 millones de dólares destinados a un negocio eminentemente productivo.

En el plano exterior, el 11 de abril de 1997 Fujimori anunció la retirada del Perú de la CAN como culminación de una serie de desacuerdos que se remontaban a la autoexclusión por Lima cinco años atrás del acuerdo de libre comercio entre los estados miembros. Ahora, Perú tenía menos intenciones aún de embarcarse en la siguiente fase del proceso de integración, la unión aduanera sobre la base de un sistema común de aranceles a las importaciones de fuera de zona, que había sido puesta en marcha en febrero de 1995 y que los cuatro socios participantes esperaban tener plenamente operativa en 1998. Pero el 25 de junio, inesperadamente, el Gobierno se retractó y aceptó integrarse en el área de libre comercio a condición de que se satisficieran ciertas exigencias arancelarias y se le permitiera una inserción gradual de ocho años de duración.

En las relaciones con los socios de la subregión había tenido un obvio efecto negativo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Venezuela; estas fueron totalmente restablecidas en noviembre de 1993 merced a la presentación de credenciales por el nuevo embajador peruano al entonces presidente venezolano, Ramón José Velásquez, pero los tratos no se tornaron cálidos hasta la asunción presidencial en febrero de 1999 de Hugo Chávez, cuyo movimiento bolivariano tenía sólidos motivos para estarle agradecido a Fujimori. Por otro lado, Fujimori obtuvo la admisión de su país en la Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) en la V Cumbre de mandatarios del foro, celebrada en Vancouver el 24 y el 25 de noviembre de 1997. El ingreso, que proporcionaba facilidades comerciales en las transacciones con una veintena de países (entre ellos Estados Unidos, China, Japón, Rusia y Canadá) que en conjunto representaban más de la mitad del comercio mundial, se materializó en la VI Cumbre, en Kuala Lumpur el 17 y el 18 de abril de 1998.

7. Fraudulenta segunda reelección en 2000

Apenas había transcurrido un año desde el inicio de su segundo mandato cuando Fujimori, que hasta entonces nunca se había echado atrás en una decisión ni reparado en sus posibles secuelas, insinuó su intención de optar a un tercer ejercicio, para lo que lanzó las reformas legales necesarias. Según la polémica Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución, aprobada por el Congreso el 23 de agosto de 1996, el primer período quinquenal reelegible se había iniciado en 1995 bajo la nueva Constitución ("interprétase auténticamente que en el cómputo no se tienen en cuenta retroactivamente los períodos presidenciales iniciados antes de la vigencia de la Constitución"), luego el presidente en ejercicio estaba facultado para optar a un segundo período a partir de 2000.

Esta interpretación discutible del artículo 112 de la Carta Magna de 1993 levantó un clamor de rechazo en los partidos de la oposición e incluso topó con una declaración de "inaplicabilidad" emitida por el Tribunal Constitucional en enero de 1997 con los votos favorables de tres magistrados y la abstención de los cuatro restantes. El fallo, sin embargo, no consiguió torpedear los planes del presidente y la mayoría parlamentaria afecta. 

El oficialismo, primero, defendió la vigencia de la ley porque técnicamente no había sido declarada inconstitucional y derogada se necesitaban seis votos para ello— y luego, en mayo de 1997, zanjó el problema por la vía expeditiva de destituir a los tres jueces que habían declarado inaplicable la norma. Dos meses después, la revista Caretas reveló que la partida de nacimiento de Fujimori presentaba unos borrones y conjeturó con que el presidente podría no haber nacido aquí, sino en Japón, lo que de ser cierto le convertiría en inelegible para la Presidencia, y, además, en una fecha diferente del 28 de julio. Los servicios jurídicos del jefe del Estado reaccionaron de inmediato repartiendo copias del documento natalicio para demostrar que todo estaba en regla.

Fujimori seguía sin anunciar su deseo de candidatear en abril de 2000, aunque todo el mundo lo daba por hecho. El 6 de junio de 1997, tras el fracaso de la vía constitucional, los partidos opositores (PAP, AP, PPC, UPP, FIM, IU) decidieron reagruparse como Bloque Parlamentario de Oposición Democrática y plantear una batalla política y social contra el proyecto reeleccionista. Su plan pasaba por el respaldo a la campaña nacional de recogida de firmas que desde noviembre del año anterior venía promoviendo el Foro Democrático, un movimiento civil antifujimorista, para llevar al Congreso una iniciativa de referéndum sobre el futuro del presidente.

El bloque era consciente del creciente malestar de la ciudadanía por la incertidumbre económica, el aumento del desempleo, las maniobras gubernamentales para domesticar a los medios de comunicación, las denuncias a agresiones arbitrarias de las fuerzas de seguridad y la sensación general de impunidad que proyectaban los oscuros entresijos de dignatarios como Montesinos, uno de los hombres más detestados del país. En este sentido, Fujimori parecía no percatarse del enorme daño político que su asesor podía causarle, ni tampoco de los signos de cansancio en la población por sus teatrales golpes de efecto y sus maneras de autócrata autocomplaciente y paternal. El espíritu patriótico que Chavín de Huantar había impulsado hasta la estratosfera se estaba disipando con rapidez.

El Foro Democrático consiguió recoger 1.440.000 firmas (entre ellas, la de la propia primera dama, si bien Keiko Fujimori, luego, iba a asistir a su padre en la campaña reeleccionista), 240.000 más de las que exigía la ley (el 10% del censo electoral), hasta julio de 1998, pese a los obstáculos puestos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Pero el 27 de agosto siguiente, en una atmósfera de tensión por los enfrentamientos callejeros entre opositores y policías, el Congreso, por 67 votos contra 45 (tres menos de los requeridos para sacar adelante la iniciativa), dio carpetazo a la cuestión: no había lugar para convocar un referéndum sobre la derogación de la Ley de Interpretación Auténtica. La decisión adoptada por la mayoría fujimorista se tradujo automáticamente en un recorte de la popularidad de su jefe, que ya venía malparada, según informaron varios sondeos demoscópicos. 

Los vientos eran cada vez más desfavorables para el oficialismo, y las elecciones municipales del 11 de octubre, en las que la lista de Vamos Vecino, movimiento progubernamental lanzado el 17 de marzo anterior, y su candidato a la alcaldía limeña, el ex ministro Hurtado Miller, fueron batidos por el movimiento Somos Lima del independiente Alberto Manuel Andrade Carmona, alcalde en ejercicio, no hicieron más que confirmar ese diagnóstico.

1999 fue un año tenso en el que se multiplicaron las protestas sociales con planteamientos políticos, como la huelga general convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) el 28 de abril, afloraron nuevas tensiones en el Gobierno, como la denuncia por el ministro de Trabajo y Promoción Social, Jorge Yamil Mufarech Nemy, de una "red de corrupción" entre altos funcionarios, lo que le acarreó su destitución el 15 de abril junto con otros cuatro ministros del Gabinete que presidía desde enero Víctor Joy Way (quien, por su parte, aguantó en el puesto hasta octubre), y se recibieron reprimendas del exterior, como la acusación hecha al Congreso peruano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de "violación abierta de un tratado internacional" luego de aprobar el Legislativo una resolución que apartaba al país de la jurisdicción de la CIDH.

Nada de ello drenaba de energías a Fujimori, que el 14 de julio anunció con su efectismo inveterado (ataviado con chullo y poncho, rodeado de gran aparato militar y en el mismo teatro de operaciones) la captura en Huancayo de Óscar Ramírez Durand, alias Feliciano, el último y más recalcitrante comandante de Sendero Luminoso, rebautizado por él Sendero Rojo, que seguía activo en la lucha armada. A últimos de año, el 27 de diciembre, el presidente anunció su deseo de tomar parte en las elecciones generales del año siguiente al frente de la coalición Perú 2000, que integraban Cambio 90, Nueva Mayoría, el Movimiento Independiente Vamos Vecino y el Frente Independiente Perú 2000. Fujimori justificó su decisión de presentarse a un nuevo periodo de gobierno porque la estabilidad económica alcanzada podía ser arriscada por "grupos neopopulistas". Para secundarle en las vicepresidencias concurrían Francisco Tudela y Ricardo Márquez.

No por esperada dejó la noticia de provocar airadas reacciones de rechazo. La oposición política insistió en que el país estaba sufriendo un "nuevo golpe a la Constitución" y un intento de perpetuar el régimen "espurio". El Foro Democrático interpuso ante el JNE un recurso de inconstitucionalidad contra la candidatura del jefe del Estado. 

Las encuestas sugerían un escenario abierto: el presidente contaba con un nivel de aprobación que oscilaba entre el 46% y el 49%, pero gozaba del primer lugar en las preferencias electorales, por delante de opositores destacados como Luis Castañeda, fundador y jefe del centroderechista Partido Solidaridad Nacional (PSN), el alcalde Alberto Andrade, al frente de la formación centrista Somos Perú, y el economista cholo Alejandro Toledo, de Perú Posible, quien se convirtió en el principal abanderado del no al proyecto reeleccionista. En un país que presentaba claros signos de polarización electoral, la incapacidad de la oposición para presentar un candidato unitario facilitaba grandemente la aspiración de Fujimori.

En la campaña electoral, crispada por las denuncias de falsificación de firmas para avalar la candidatura del oficialismo, del uso partidista de la televisión y de presiones tendenciosas de todo tipo, las amenazas de la OEA con no monitorizar los comicios si el Gobierno no corregía las irregularidades detectadas, los rumores de descontento militar en los cuarteles y los conatos de agresión de antifujimoristas furibundos en los mítines de Perú 2000, el mandatario hizo recuento de sus logros económicos y de seguridad interna. Recordó que la producción estaba recuperándose del batacazo de 1998 y que la inflación ofrecía la tasa históricamente baja del 3,5%. También, se ufanó por "todo un trabajo de inteligencia para ir capturando vivito y sanito, sin utilizar balas, a diferencia de la metodología utilizada en otros países" realizado en una década de mandato. 

Con todos estos datos, Fujimori se dio baños de masas populistas en regiones donde había una sólida base de apoyos, vestido a la guisa más adecuada para el lugar, entregado a un público entusiasta y a los sones del Ritmo del Chino, una alegre canción acompasada que él mismo gustaba de bailar sobre los entarimados. Más optimista que nunca, Fujimori aseguraba con rotundidad que era "imposible" la comisión de un fraude y que acudía a las urnas decidido a "ganar de forma clara; no en la primera ni en la segunda vuelta, sino en media vuelta".

Así las cosas, con el país sumido en una tensión política y social desconocida desde 1990, Fujimori disputó la votación del 9 de abril de 2000 convencido de su triunfo sobre un peligroso adversario, Toledo, que había sabido capitalizar el rechazo al escenario continuista y experimentado un ascenso cometario en los sondeos. La jornada electoral fue problemática, con la detección de papeletas electorales en las que no se había impreso la casilla de Perú Posible y de urnas con papeletas ya marcadas a favor de Perú 2000, obstáculos a la labor de los observadores y actos de proselitismo prohibidos. El escrutinio, rodeado de extrañas dilaciones, dio pábulo a graves sospechas de fraude. El 12 de abril la ONPE anunció los resultados definitivos: Fujimori había sido el más votado con el 49,8% (5,5 millones de votos), cifra que por los pelos no alcanzaba la mayoría absoluta y que por lo tanto le obligaba a disputar una segunda y definitiva vuelta con su inmediato perseguidor, Toledo, que recibió el 40,3%. En las legislativas, Perú 2000 cosechó una mayoría más nítida, al ganar 52 congresistas con el 42,2% de los sufragios.

El 18 de mayo un airado Toledo anunció que no iría a la segunda vuelta a menos que su fecha de celebración, el 28 de mayo, fuera retrasada al 18 de junio con el fin de corregir las múltiples irregularidades que, según la misión de observadores de la OEA, iban a impedir una elección ajustada a los estándares internacionales de transparencia y limpieza. La ONPE, en su enésima demostración de politización interna, se negó. En consecuencia, el líder de Perú Posible ratificó su boicot. Ni el formidable movimiento de protesta acaudillado por Toledo en la calle, bautizada como "La Marcha de los Cuatro Suyos", ni la retirada de la OEA del proceso ante la falta de garantías (22 de mayo), ni la velada amenaza de sanciones por Estados Unidos (26 de mayo) arredraron a Fujimori, que, inconmovible, concurrió en la fecha señalada como candidato único.

Según la ONPE, el presidente había ganado la reelección con el 74,3% de los votos válidos, mientras que la papeleta de Toledo, mantenida en los colegios electorales porque el aspirante opositor no había formalizado su renuncia ante el JNE, marcó el 25,7%. El 29,9% de las papeletas fueron declaradas nulas por presentar escrita la frase "No al fraude" solicitada por el candidato retirado a los electores que no deseaban abstenerse. La consumación de la operación electoral, que presentaba consistentes signos de mascarada, desató graves disturbios en todo el país. Toledo instó al Ejército a que abandonara al presidente, llamó a la movilización y a la resistencia pacífica de la población frente a la "dictadura", y anunció la creación de un Frente Democrático Nacional por la Unidad para aglutinar a todas las fuerzas contrarias al fujimorismo.

Pese a todo, por el momento, Fujimori parecía tener firmemente controlada la situación. En los días siguientes volvieron a lloverle censuras del exterior, sobre todo de Estados Unidos y la Unión Europea, pero las negaciones de legitimidad verbales no pasaron a mayores, creándose una situación todavía más indulgente que en el epílogo del autogolpe de 1992. En la OEA, países tan influyentes como Brasil y México no fueron capaces de emitir una condena. El 9 de junio las Fuerzas Armadas y la Policía manifestaron su acatamiento al presidente, y el mismo día Rusia, Japón y Venezuela hicieron un reconocimiento expreso de su victoria electoral. Un importante espaldarazo, flanqueado por los presidentes de Bolivia (Hugo Banzer), Colombia (Andrés Pastrana), Ecuador (Gustavo Noboa) y Venezuela (un especialmente afectuoso Hugo Chávez), supuso el XII Consejo Presidencial Andino, que Fujimori dirigió en Lima el 10 y 11 de junio.

El 28 de julio de 2000, el día que cumplía 62 años, y con una segunda y más violenta ola de disturbios asolando Lima con el resultado de seis víctimas mortales y destrozos en edificios oficiales, Fujimori juró su tercer mandato en un Congreso protegido por un impresionante dispositivo de seguridad y ante una representación internacional reducida a los presidentes vecinos Noboa y Banzer.

8. El escándalo de los vladivideos como detonante de la renuncia al poder

Fujimori inauguró su tercer mandato intentando transmitir dominio y normalidad, pero también lanzó algún guiño apaciguador. Para reemplazar a Alberto Bustamante Belaúnde, primer ministro desde octubre, el presidente se decantó por Federico Salas Guevara, alcalde de Huancavelica y cuarto aspirante presidencial más votado al frente de la coalición Avancemos, un conocido rostro opositor. Toledo desconvocó la movilización nacional y asumió el principio de la solución de la crisis mediante el diálogo.

Sin embargo, la situación experimentó un dramático viraje el 14 de septiembre. Ese día, el congresista Fernando Olivera, uno de los más acerbos fustigadores de Fujimori (y con cuyo partido, el FIM, acababa de ganar el acta de congresista Susana Higuchi) divulgó un video en el que se veía a Montesinos entregar 15.000 dólares en billetes sacados de su propio bolsillo al congresista Luis Alberto Kouri Buchamar, quien, como otros 16 legisladores de la oposición, había desertado de Perú Posible y tomado asiento en el bloque fujimorista después de las elecciones de abril, permitiendo a Perú 2000 alcanzar la mayoría absoluta. 

El acto de soborno, del que los actuantes dejaban constancia por escrito en un contrato firmado allí mismo y con fecha de 5 de mayo, tenía lugar en el despacho de Montesinos en la sede del SIN, al hilo de una conversación relajada. Según Olivera, el video le había sido entregado a su partido por gente de dentro del SIN y formaba parte de una colección particular de 2.500 cintas de las que el jefe de espías se valía para extorsionar a sus potenciales víctimas.

La difusión del primer vladivideo levantó un gigantesco escándalo y un clamor general, con voces autorizadas de todos los ámbitos del Estado y la sociedad civil exigiendo la inmediata destitución de Montesinos. En la noche del 16, sábado, Fujimori rompió su mutismo y empleó su tono más templado, intentando no perder la sonrisa, para anunciar a una nación estupefacta dos decisiones de trascendencia tomadas "tras una profunda reflexión y objetiva evaluación de la coyuntura": primero, "desactivar" el SIN; segundo, convocar "en el inmediato plazo posible" nuevas elecciones generales, a las que él no participaría y a cuyo ganador entregaría la Presidencia. Reconociendo que la grabación clandestina había provocado "un fuerte impacto en la estabilidad del país", el mandatario justificó su retirada para no constituir "un factor de perturbación y, menos aún, un obstáculo para fortalecer el sistema democrático".

El presidente, sin embargo, enmarcó la crisis desatada en la labor de zapa realizada por "fuerzas e intereses políticos que no aceptan, ni aceptarán, quedarse al margen por cinco años más, fuerzas e intereses que representan políticas de gobierno distintas a la nuestra, que pretenden un cambio de Gobierno en el más breve plazo". La situación generada era sumamente extraña: Fujimori parecía anteponer su suicidio político al castigo de Montesinos, a quien de hecho no se refirió en la alocución. 

Los siguientes dos meses fueron una ceremonia de la confusión, con rumores para todos los gustos, ruidos de sables en los cuarteles, tiras y aflojas entre poder y oposición, más transfuguismo parlamentario (ahora, en perjuicio de la desconcertada bancada de Perú 2000) y situaciones esperpénticas. Declarado en paradero desconocido desde el primer momento, Montesinos se las arregló para abandonar el país el 24 de septiembre y recalar en Panamá, donde obtuvo un asilo temporal. Pero el 23 de octubre aterrizó en una base de la Fuerza Aérea Peruana en Pisco, tras lo cual se le perdió la pista.

La espectacular noticia desató la alarma en el país, con la oposición preguntándose qué se escondía tras este trasiego. Por ejemplo, se aseguraba que Montesinos disponía de información comprometedora tal, quizá alguno de sus infames documentos videográficos, que obligaría a Fujimori a protegerle con inmunidad legal. Ciertamente, Montesinos se decidió a regresar con la obvia aquiescencia del presidente justo cuando el Gobierno solicitaba al Congreso la aprobación de una ley de amnistía general que incluyese, además de violaciones de los Derechos Humanos, los casos de narcotráfico, como condición previa para la realización de las elecciones anticipadas.

El mandatario tuvo que recorrer los acuartelamientos para asegurarse la lealtad de los mandos. Al parecer, entre la alta oficialidad cundía el nerviosismo por la posible aparición de más vladivideos y la divulgación de inconfesables trapos sucios. El primer vicepresidente, Tudela, renunció en protesta por cómo se estaba gestionando la crisis. El 28 de octubre Fujimori destituyó a la cúpula del Ejército, empezando por el presidente del CCFA desde el año anterior, el general Villanueva, y siguiendo por el jefe de la Segunda Región Militar, general Luis Cubas Portal, a la sazón cuñado del prófugo, para excusar hipotéticas asonadas y para apartar del mando a los generales montesinistas, los mismos que estarían dándole cobijo. Asimismo, escenificó la caza, "día y noche", del renegado, impartiendo órdenes a diestro y siniestro, moviéndose de un lado para otro en automóvil o en helicóptero, y dando parte de la situación de las pesquisas megáfono en mano.

Pero el presidente no terminaba de aclarar su ambigua relación con el, oficialmente desde ahora, fugitivo más buscado del país. De hecho, no tuvo ambages en reconocer que había sostenido varias conversaciones telefónicas con él el mes que había estado refugiado en Panamá. El 29 de octubre la Interpol emitió una orden internacional de búsqueda y captura contra el escurridizo ex asesor presidencial. El mismo día, un teniente coronel de artillería, Ollanta Humala Tasso, oficial conocido en los círculos internos por su ideario etnocacerista (un nacionalismo muy radical, de corte militarista y racista, que defendía la supremacía de la llamada "raza cobriza"), protagonizó en Locumba, Tacna, una rebelión en la que leyó un manifiesto donde denunciaba los desafueros de Fujimori, Montesinos y el general Villanueva, y exigía su caída por "ilegítimos" y "delincuentes".

Para Toledo, Olivera y las demás figuras de la oposición, el aparatoso operativo montado para "ubicar" (en expresión de Fujimori) a Montesinos era una farsa que apuntaba a la descomposición del régimen. A su entender, al presidente no le quedaba otra salida que la renuncia inmediata para permitir el nombramiento de un Gobierno interino. Pero, por otro lado, apelaron a la prudencia y accedieron a negociar bajo los auspicios de la OEA una serie de reformas legales destinadas a apuntalar en un sentido democrático la transición política hasta el traspaso de poderes el 28 de julio de 2001.

Un cambio fundamental, que debió de resultar humillante a Fujimori, fue la derogación de la reelección presidencial consecutiva, de acuerdo con la disposición transitoria especial contenida en una ley que fue promulgada el 5 de noviembre. Cuatro días después, el Ejecutivo, conforme a lo pactado en la mesa Gobierno-oposición y tras retirar de la agenda su proyecto de ley de amnistía, convocaba a elecciones generales el 8 de abril de 2001. Con grandes dificultades, las negociaciones prosiguieron en torno a las demandas opositoras, fundamentalmente la despolitización de la judicatura, la independencia de los medios de comunicación y el desmantelamiento efectivo del SIN.

El 7 de noviembre el domicilio de Montesinos en Lima, conde continuaba viviendo su esposa, Trinidad Becerra, fue allanado por un grupo de agentes que se incautó de numerosas cajas cargadas de papeles y material videográfico, probablemente vladivideos. El procurador especial nombrado por Fujimori para investigar al perseguido tras el descubrimiento de tres cuentas bancarias en Suiza con 48 millones de dólares confirmó la orden judicial de detención y la presentación de ocho denuncias por los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero por narcotráfico, obstrucción a la justicia, fraude tributario, tráfico de influencias, tortura y asesinato. Pero el encausado ya no se encontraba en el país: el 29 de octubre había partido por mar a bordo de un velero y días después recaló en Venezuela, donde se escabulló de nuevo.

Fujimori decidió anticipar drásticamente el final de su mandato. El 13 de noviembre viajó a Brunei para asistir a la VIII Cumbre de la APEC, los días 15 y 16. El 18 debía estar en Panamá para participar en la X Cumbre Iberoamericana (donde el Perú tomaría el relevo en la organización de la cita del año siguiente), pero en lugar de ello se dirigió a Japón y se quedó allí, encerrándose en una habitación del hotel New Otani de Tokyo. El 20 de noviembre, confirmando los rumores de una renuncia inminente, envió por fax la carta de dimisión al Congreso peruano, insólito proceder cuya primera consecuencia fue la renuncia en pleno del Gabinete que encabezaba Federico Salas. En la jornada siguiente, el Congreso, por 62 votos a favor, nueve en contra y nueve abstenciones, rechazó la misiva de dimisión y a cambio declaró al mandatario moralmente incapacitado para el desempeño de sus funciones, destituyéndole con efecto el día 22.

La vacancia dejada por Fujimori, además de estupefacción e indignación generales por las circunstancias clandestinas en que había tenido lugar, creó un vacío de poder de varias horas de duración. La confusión institucional se debía a que los congresistas habían aceptado la dimisión de Tudela y su sucesión por el segundo vicepresidente, Ricardo Márquez, que hacía las funciones de jefe del Estado en la ausencia de Fujimori, pero tal mudanza no era aceptada por la oposición, que consideraba a Márquez un fujimorista de la línea dura. El día 22 Márquez dimitió a su vez, despejando el camino para la asunción presidencial de Valentín Paniagua Corazao, presidente del Congreso desde hacía una semana (cuando sustituyó a la fujimorista Martha Luz Hildebrandt Pérez-Treviño) y dirigente de AP. Todo en un día, el Congreso invistió presidente constitucional con mandato interino, hasta la transmisión poselectoral de julio, a Paniagua y tres días después se constituyó un Gobierno de unidad nacional encabezado por Javier Pérez de Cuéllar.

9. Autoexilio en Japón y demanda de cuentas por la justicia peruana

En los días siguientes a su escapada y renuncia, Fujimori negó las imputaciones de que tenía cuentas bancarias secretas en Japón, donde se encontraba meramente "de visita", como "un ciudadano corriente". Aseguró también ser víctima de una "campaña psicosocial" organizada por Montesinos, quien intentaría implicarle en una trama de corrupción ficticia incluyendo la "fabricación" de un imaginario desvío de varios millones de dólares a cuentas suyas en el extranjero. Ahora bien, el 28 de noviembre el procurador especial encargado de investigar los tejemanejes de Montesinos informó que existía una "conexión demostrable" entre las actividades ilegales del ex asesor presidencial y Fujimori, las cuales irían desde el lavado de dinero hasta el enriquecimiento ilícito.

El 12 diciembre el Gobierno japonés (que no olvidaba el rescate de los rehenes en 1997) confirmó que Fujimori tenía la doble nacionalidad, luego podía permanecer en el país tanto tiempo como quisiese. Tokyo recordó además que entre Japón y Perú no existía tratado de extradición. La noticia suscitó una nueva ola de indignación en la otra orilla del océano, de la que no se sustrajeron dirigentes de Perú 2000. A finales de mes, el ex presidente volvió a salir a la palestra para anunciar su regreso a la política peruana, si bien no hasta que cesase contra él la "persecución política", digna de la "Inquisición medieval", de la que esta vez culpó directamente a Paniagua.

El 13 de febrero de 2001 la Fiscalía de la Nación imputó a Fujimori los delitos de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos, y seis días después una comisión de investigación del Congreso decidió abrirle procedimiento constitucional por incumplimiento de su deber de hacer cumplir las leyes y la Constitución peruanas, usurpación de funciones y abandono injustificado de la función pública. El 23 de febrero el pleno del Congreso aprobó una acusación constitucional por los casos de corrupción, lo que significaba que Fujimori perdía su inmunidad en tanto que ex jefe del Estado y podía ser llevado ante la justicia, así como una resolución legislativa con la que le inhabilitó para el desempeño de cualquier cargo público durante diez años.

Cinco días más tarde, la fiscal general Nelly Calderón Navarro elevó la denuncia por corrupción a la Corte Suprema y a finales de mayo llevó al Congreso una nueva denuncia contra su perseguido, ahora por su presunta "coautoría" de la masacre de Barrios Altos. Entre medio, en marzo, el procurador adjunto para los casos de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, denunció al ex presidente por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad por la presunta ejecución extrajudicial de terroristas durante el operativo Chavín de Huantar. Luego, en abril, el procurador especial José Ugaz Sánchez Moreno promovió una acusación constitucional por los delitos de rebelión, asociación para delinquir y fraude al Tesoro Público.

El movimiento fujimorista acudió dividido y desmoralizado a las elecciones generales del 8 de abril de 2001. Perú 2000 se deshizo y en su lugar concurrieron, por una parte, Cambio 90 y Nueva Mayoría, y solo en las legislativas, y por otra Vamos Vecino, animado por Absalón Vásquez Villanueva, que trabó alianza con el partido Con Fuerza Perú (creado en mayo de 2000) de María Jesús Espinosa Matos, dando lugar a Solución Popular. Los partidarios más o menos firmes de Fujimori sufrieron una derrota electoral que dada su magnitud pareció mortal: en las presidenciales, el aspirante de Solución Popular, el ex ministro Carlos Alberto Boloña, quedó en un distante quinto lugar con el 1,7% de los votos; en las legislativas, C90-NM solo cosechó el 4,8% de los sufragios y tres congresistas, mientras que Solución Popular obtuvo el 3,6% y un escaño.

Tres semanas después de la segunda vuelta del 3 de junio, que dio la victoria a Alejandro Toledo frente a Alan García, Montesinos fue encontrado en Venezuela y deportado al Perú, donde afrontaba abultadas penas de prisión tras el previsible desenlace condenatorio de los numerosos juicios que se le avecinaban por una pléyade de acusaciones que reunían más de 70 cargos. El otrora todopoderoso capitoste del Pentagonito fue puesto a recaudo en una celda de máxima seguridad en la Base Naval del Callao (compartiendo cautiverio, irónicamente, con Abimael Guzmán y Víctor Polay).

El 2 de agosto de 2001 la Corte Suprema, al no comparecer el acusado para declarar, declaró a Fujimori "reo en rebeldía" y emitió en su contra una orden de captura dentro del proceso por abandono del cargo e incumplimiento de deberes institucionales. El 27 de agosto el Congreso aprobó por unanimidad una segunda acusación constitucional, esta por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada, en relación con las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en las que Fujimori aparecía como "coautor". 

El informe presentado al pleno de la Cámara por la subcomisión de investigación señalaba que el ex presidente había establecido "una política encubierta de implantación de un programa de violación sistemática de Derechos Humanos, como parte de la estrategia contra la subversión", y que conocía al detalle las operaciones de exterminio que efectuaba el Grupo Colina, extremo confirmado por el general Hermoza, preso en una cárcel limeña, pero negado por Montesinos. El 6 de septiembre la fiscal general cursó denuncia ante la Corte Suprema por "delitos de lesa humanidad". En consecuencia, el 13 de septiembre, el alto tribunal volvió a dictar orden de captura nacional e internacional en relación con este pliego de cargos.

En todo este tiempo, Fujimori, desde Tokyo, primero desde su plaza hotelera y luego desde un apartamento particular proporcionado por sus contactos políticos locales, no dejó de emitir comunicados, voceándolos en los medios de comunicación o bien publicándolos en la página que abrió en Internet en julio de 2001, en los que defendía sus actuaciones e insistía una y otra vez en la tesis del acosamiento por motivos políticos. El ex presidente no se resignaba al papel de víctima pasiva de la justicia de su país y lanzó una verdadera contraofensiva de fuerte regusto político, dando a entender que su objetivo a medio o largo plazo no era sino regresar al Perú para retomar la carrera que con tan sensacionales resultados había emprendido en 1990.

Así, en noviembre, con motivo del primer aniversario de su renuncia al poder, divulgó un video en el que justificaba su fuga disimulada porque se trataba de "salvaguardar mi vida", máxime habiendo entonces en marcha un "complot" golpista de Montesinos, cuyo nombramiento en 1990, eso sí, había sido un "grave error político". De todas maneras, continuaba el ex presidente, antes del fatídico mes de septiembre de 2000 él ya había "decidido separarlo del cargo y alejarlo del Gobierno en forma definitiva", luego de comprobar que el infatigable asesor se estaba dedicando a la "extorsión a empresarios procesados por narcotráfico". El objetivo de su complot era "esconder sus millones mal habidos, lavarse las manos, hacerme desaparecer física o políticamente y vivir felices para siempre". Y añadía: "Aquel análisis me llevó a una conclusión: estaba en un callejón sin salida. No podía aparecerme en la boca del lobo y decir: señores, pongo a su disposición mi renuncia... mi vida y mi libertad".

El 10 de enero de 2002 Fujimori levantó su autorreclusión de hecho con un acto académico en la universidad tokyota de Takushoku, que le concedió el título honorífico de sensei o profesor y le dispensó un trato de gran boato. El ex presidente convirtió el discurso de agradecimiento, pronunciado ante un aforo de 2.000 personas, en un vehemente alegato en su defensa, presentándose como un cruzado que salvo al Perú del terrorismo y la ruina económica y se anticipó a la nueva actitud internacional tras los atentados del 11-S, y valiéndose incluso de un proyector de video con el que ilustró las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso. Un mes más tarde apareció en las librerías niponas un libro de memorias presidenciales de 237 páginas editado exclusivamente en el idioma japonés. Titulado (en traducción al español) Alberto Fujimori lucha contra el terrorismo, en el libro el autor incidía en la comparación entre su lucha contra Sendero y el MRTA, y la guerra que Estados Unidos libraba actualmente contra la red terrorista de Al Qaeda.

Fue también en febrero de 2002 cuando una antigua agente de la inteligencia militar, Leonor La Rosa Bustamante —quien aseguraba haber sufrido crueles vejaciones infligidas por sus entonces superiores—, declaró haber visto en 1995 a Susana Higuchi desnuda, postrada y llorando en los calabozos del SIE. El testimonio reforzaba la credibilidad de lo denunciado por la congresista del FIM por activa y por pasiva desde hacía meses, sobre que había sido torturada gran número de veces, "hasta 500" según ella, desde 1992 hasta el final del régimen en 2000 por esbirros de los servicios de inteligencia acatando órdenes expresas de Fujimori, que querría silenciarla a toda costa.

La ex primera dama relató ante la televisión cómo sus torturadores le aplicaban cigarrillos y descargas eléctricas en cuello y espalda, y para demostrarlo no tuvo ambages en mostrar las cicatrices ante las cámaras. Además de esta gravísima acusación, Higuchi y sus abogados imputaron a Fujimori la tenencia de varias "cuentas secretas" en bancos del extranjero por un valor de "40 ó 50 millones de dólares", parte de los cuales procedían de un cheque-donativo obtenido de una colecta realizada en Japón en julio de 1990 para ayudar a los niños pobres de Perú; según Higuchi, su entonces esposo depositó la suma en una cuenta particular en el Banco de Tokyo.

Nada de todo esto mitigó las ganas de batallar de Fujimori, que en julio de 2002, a través de un portavoz, anunció su intención de presentarse a las elecciones presidenciales peruanas de 2006 y con la intención de ganarlas. La estrategia para "contrarrestar la campaña sucia" y, en una segunda fase, recuperar el poder incluía la apertura en Lima de una oficina de prensa, Fujiprensa, y, más importante, la organización de una nueva plataforma política al servicio de un ex presidente que se consideraba "completamente inocente" de los delitos que se le imputaban. 

Para tal fin, el 28 de julio de 2003, tres días antes de presentar el Gobierno de Lima la primera petición formal de extradición —un prolijo documento de 700 páginas— a su homólogo de Tokyo, Fujimori anunció desde la capital japonesa la fundación de un partido enteramente sometido a su persona, Sí Cumple, cuya inscripción en la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas (OROP) del JNE logró el 22 de marzo de 2004 merced a unos simples cambio de nombre y reescritura estatutaria de Vamos Vecino, con él de presidente y Carlos Orellana Quintanilla de secretario general.

Entonces, la autoridad electoral se mostró contradictoria sobre una eventual postulación presidencial de Fujimori: mientras el JNE estimaba que esta estaría habilitada siempre que no se interpusiera una sentencia condenatoria en los procesos judiciales abiertos, la ONPE negó de plano tal posibilidad al pesar la inhabilitación por el Congreso para desempeñar cargos públicos hasta 2011. La confusión aumentó en abril de 2004 al anular el JNE la inscripción partidaria admitida el mes anterior, pero la evicción fue pasajera: en febrero de 2005 el JNE no excluyó a Sí Cumple de la lista de los 15 partidos autorizados a participar en las elecciones legislativas. En esos momentos, Fujimori, protagonizando una inopinada recuperación y a pesar de que tenía vedada la candidatura presidencial, encabezaba levemente las preferencias de voto según unos sondeos realizados en Lima.

Las negociaciones para recomponer la antigua base política fujimorista resultaron complicadas por la defección de Nueva Mayoría, que bajo el liderazgo de Martha Gladys Chávez Cossio de Ocampo, ex presidenta del Congreso y uno de los pesos pesados del oficialismo durante la década en el poder, se refundó a sí mismo en septiembre de 2004 como partido independiente. En 2005, estando aún en Japón, Fujimori iba a conseguir convencer a su antigua colaboradora para que coaligara Nueva Mayoría con Cambio 90, entonces presidido por Andrés Reggiardo Sayán, y Sí Cumple, dando lugar a la Alianza Sí Cumple-Cambio 90-Nueva Mayoría el 21 de octubre de aquel año.

Esta febril actividad política la desarrolló Fujimori mientras su saga judicial añadía nuevos capítulos. El 27 de marzo de 2003 encajó una orden internacional de captura de la Interpol como acusado de delitos de lesa humanidad, si bien al día siguiente el Gobierno nipón comunicó que, sobre la base de las leyes del país, tal orden no sería ejecutada. 

Ese mismo mes, el Congreso, por quinta vez en dos años y sobre la base de testimonios de incriminación hechos por Montesinos y otros oficiales del anterior régimen, le acusó constitucionalmente, al igual que a ocho de sus ministros de Economía, Interior y Defensa, por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado (malversación) y asociación ilícita para delinquir en relación con el desvío de fondos públicos, procedentes de las partidas reservadas al Ministerio de Economía, a favor del SIN por un total de 500 millones de soles y desde 1992 hasta 2000. A continuación, la fiscal Calderón denunció a todos ellos ante la Corte Suprema. En el caso de Fujimori, la acusación fiscal comprendía los tres delitos citados más el de falsedad material e ideológica. Calderón había detectado indicios de un enriquecimiento personal del ex presidente, cuyo balance declarado de ingresos y gastos no cuadraba con las cifras rastreadas.

Entre abril de 2003 y enero de 2004 el Congreso volvió a acusar constitucionalmente a Fujimori por su implicación y responsabilidad en mayor o menor grado en una constelación adicional de irregularidades y crímenes: el allanamiento de la casa de Montesinos en noviembre de 2000; el espionaje telefónico a políticos, empresarios y periodistas; la compra irregular de acciones de un canal de televisión; el tráfico de armas procedentes del Ejército jordano y destinadas a la guerrilla colombiana de las FARC; las 76 desapariciones forzadas de estudiantes y paisanos en Huancayo y el valle de Santa entre 1990 y 1993; el desvío para uso indebido de donaciones japonesas; la detención arbitraria y la tortura de personas en las instalaciones del SIE (con mención expresa de la congresista Higuchi); la adquisición de maquinaria agrícola sin el requisito de licitación pública; y el asesinato del dirigente sindical Pedro Huillca Tecse en diciembre de 1992. Fujimori vio levantada su inmunidad también por haber permitido que Montesinos dirigiera en la práctica el SIN.

En añadidura, el ex presidente fue acusado de haber impartido instrucciones al Ministerio de Salud para que se sometiera a esterilización no voluntaria, "bajo presiones, coacciones e incentivos con alimentos", a 200.000 mujeres y 16.000 hombres de familias indígenas en áreas rurales entre 1996 y 2000, al socaire del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Las esterilizaciones forzadas consistieron en ligaduras de trompas y vasectomías, operaciones delicadas que además tuvieron lugar en malas condiciones higiénicas y sin la debida asistencia médica.

Por su parte, el presidente Toledo hizo del sometimiento de su predecesor a las autoridades judiciales una causa personal; en septiembre de 2004 el entonces mandatario realizó en la Asamblea General de la ONU una apelación "a la conciencia de la comunidad internacional" para lograr la extradición del prófugo de la justicia peruana desde Japón. El Gobierno del país asiático desoyó sendas solicitudes oficiales peruanas de extradición en julio de 2003, por los asesinatos del Grupo Colina en 1991 y 1992, y en octubre de 2004, por el pago ilegal de 15 millones de dólares a Montesinos.

Las peripecias judiciales también asaltaron a Keiko Fujimori, quien a finales de junio de 2004, nueve días antes de contraer matrimonio en Lima con el estadounidense Mark Vito Villanella, fue acusada por la fiscal Marta Salinas de apropiarse en 1998, cuando fungía como primera dama, de una donación de ropa enviada por una organización de caridad estadounidense y destinada a los damnificados por El Niño, por lo que pedía contra ella un proceso por el delito de usurpación de funciones y una pena de cinco años de prisión. El disgusto de la recién casada, alumna de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia en Nueva York, tocó a su fin en septiembre del mismo año, al levantar un juez los cargos por falta de evidencias. Menos fortuna tuvieron los hermanos Rosa, Juana y Pedro Fujimori, instalados en Japón y Estados Unidos, contra los que en marzo de 2005 un juez dictó sendas órdenes de arresto por su presunto robo de 21 millones de dólares procedentes de donaciones caritativas japonesas.

Por otro lado, en 2002 Fujimori inició un nuevo capítulo de su vida sentimental al emparejarse con Satomi Kataoka, una adinerada empresaria japonesa de 35 años que administraba el hotel de lujo Princess Garden en Tokyo y que traía tras de sí una reputación dudosa por sus problemas con el fisco y por codearse, según informaban medios locales, con turbios hombres de negocios y con jefes de la mafia japonesa, la Yakuza. Echándose de novia a Kataoka, una de las solteras más pretendidas de Japón, Fujimori potenciaba su cartera de contactos de alto nivel en la política y la empresa niponas.

10. Traslado a Chile y extradición al Perú en 2007

El 10 de junio de 2005, mientras su abogado, César Nakasaki Servigón, presentaba recursos ante el Poder Judicial con el objetivo de obtener la nulidad de la veintena de procesos abiertos a su cliente y cambiar las ordenes de detención por las de comparencia, Fujimori, valiéndose del espacio de propaganda gratuito destinado a los partidos políticos, difundió un discurso en el que anunció su firme intención de retornar al Perú para competir en las presidenciales. "Que lo sepan los millones de peruanos que me escuchan. Que no se dejen engañar: El Chino sí regresará para construir un sólido y promisorio futuro de Perú", afirmaba el ex mandatario. 

El 6 de octubre, después de advertir el Ministerio peruano de Justicia que si Japón no aceptaba la extradición entonces reclamaría la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, Fujimori convocó una rueda de prensa en Tokyo para lanzar de manera oficial su postulación presidencial. Como se anticipó arriba, el 21 de octubre nacía la Alianza Sí Cumple-Cambio 90-Nueva Mayoría, con Fujimori de presidente orgánico y candidato a la Presidencia de la República.

Los reiterados avisos de Fujimori no fueron tomados en serio (por ejemplo, Toledo calificó el pretendido regreso de su predecesor de "bluff mediático"), pero, para pasmo general, el ex presidente materializó su desafío. En la madrugada del 5 de noviembre de 2005, acompañado por tres colaboradores, el peruano Arturo Makino, el estadounidense Jorge Véjar y el empresario japonés Nagato Katsutaka, se subió en el aeropuerto Haneda de Tokyo a un jet privado que tras cruzar el océano Pacífico y hacer escala en Tijuana, sobrevoló territorio peruano y finalmente aterrizó, el 6 de noviembre, en el aeropuerto de Pudahuel en Santiago de Chile, donde presentó pasaporte peruano. Luego de poner pie en la pista de la terminal para vuelos ejecutivos privados de la compañía chilena Aerocardal, la comitiva fujimorista emitió un comunicado de prensa donde se aseguraba que la arribada a Chile formaba parte del retorno al Perú para cumplir "con el compromiso adquirido con un importante sector del pueblo peruano" de participar en las elecciones de 2006.

Transcurridas diez horas, el 7 de noviembre, agentes de la Interpol detuvieron a Fujimori en el hotel donde se alojaba y la Corte Suprema de Justicia chilena, en respuesta a la solicitud del Gobierno, ordenó su traslado a la Escuela de Gendarmería, donde quedó confinado en calidad de detenido preventivo. Al día siguiente, un juez de la Corte Suprema Orlando Álvarez negó a Fujimori la libertad provisional y fijó de plazo hasta el 5 de enero de 2006 para que el Perú formalizara su demanda de extradición.

La impresión general fue que Fujimori, incomprensiblemente, había cometido una imprudencia fatal que iba a costarle la libertad disfrutada desde hacía años, ya que había permutado el seguro Japón por un país, Chile, con el que el Perú sí tenía tratado de extradición. En añadidura, había escogido un momento particularmente inoportuno para realizar su sorpresivo viaje, ya que los gobiernos de Lima y Santiago estaban enfrentados por la reciente aprobación por el Congreso peruano de un nuevo criterio de delimitación de las aguas territoriales, el cual reverdecía los añejos agravios arrastrados desde la victoria chilena en la Guerra del Pacífico de 1879-1884. Sin duda, Fujimori interpretó la inoportunidad para los gobiernos en términos ventajosos para sus intereses. Además, el tratado de extradición bilateral se había revelado papel mojado a la hora de entregar a Lima a dos colaboradores suyos.

El Gobierno de Toledo anunció el comienzo inmediato de las gestiones conducentes a una rápida extradición de Fujimori por Chile, pero las autoridades peruanas toparon con dos obstáculos: sus homólogas de Santiago, pese a la enorme irritación que su incómodo huésped les causaba, informaron que Fujimori no iba a ser expulsado por la vía administrativa y que sería la justicia chilena la que decidiría qué hacer con él; y las de Tokyo manifestaron que Fujimori, al ser un súbdito japonés en virtud de su doble nacionalidad, era susceptible de recibir asistencia diplomática y de paso reclamaron a Chile que le dispensara un trato justo y respetuoso con sus derechos.

El 11 de noviembre, mientras la Fiscalía de la Nación entregaba a la Corte Suprema peruana los expedientes necesarios para sustentar ante Chile la solicitud de extradición, el JNE dictaminó que Fujimori no podía ser candidato presidencial al estar inhabilitado por el Congreso, prohibición que había sido ratificada en marzo anterior por el Tribunal Constitucional. El 8 de diciembre el JNE, en un nuevo giro de tuerca, negó la inscripción a la Alianza Sí Cumple porque su "cabeza de serie" era una persona inhabilitada. 

La decisión de la máxima instancia electoral, calificada de "complot" por los partidarios del ex presidente, sepultó, por si le quedaba aún alguna posibilidad, el sueño de Fujimori de regresar al poder en 2006, precisamente ahora que la crisis de credibilidad que padecía Toledo dejaba a su partido, Perú Posible, virtualmente en el dique seco de la próxima contienda electoral y que en la oposición no fujimorista no destacaba ningún líder incontestablemente sólido. Sin pérdida de tiempo, el 10 de diciembre, el binomio C90-NM constituyó la Alianza por el Futuro, con Keiko Fujimori, que entonces tenía 30 años, de jefa nominal. Sí Cumple optó por concurrir por su cuenta y preservando la presidencia orgánica de Fujimori.

El 6 de enero de 2006 Keiko Fujimori obtuvo la inscripción de la Alianza por el Futuro en la OROP, pero el segundo intento de registrar la candidatura presidencial de su padre fue rechazado, como era de esperar, por el JNE cuatro días más tarde. En consecuencia, el fujimorismo recurrió a Martha Chávez, quien formó una plancha presidencial en la que estaba flanqueada por Santiago Fujimori, candidato a la primera Vicepresidencia. En cuanto a Keiko Fujimori, fue escogida para encabezar la lista al Congreso.

Hasta los comicios peruanos, Fujimori vio estrechársele el cerco judicial. El 3 de enero Perú oficializó ante Chile el pedido de extradición por doce cargos, diez de corrupción y dos de violación de los Derechos Humanos. La documentación de sustento sumaba las 10.000 páginas. Tres días después, la Corte Suprema chilena iniciaba el proceso formal y ordenaba la detención indefinida del ex mandatario, al que el Gobierno chileno prohibió hacer proselitismo político. El 21 de febrero, tras someterle a dos interrogatorios, el 31 de enero y el 8 de febrero, el juez Álvarez denegó otra solicitud de libertad provisional. El 11 de marzo, la novia de Fujimori, Satomi Kataoka, anunció desde una discoteca limeña su compromiso nupcial con el ex presidente. Dicho y hecho, el 6 de abril la pareja se casó a distancia, con la ayuda de unos apoderados que registraron los esponsales en Tokyo.

La omnipresencia de Fujimori en la propaganda electoral de la Alianza por el Futuro, restándole protagonismo a la candidata que le sustituía, sirvió para abrir una cuña menor en una encendida campaña que dominaron Alan García por el PAP, Lourdes Flores Nano por la centroderechista Unidad Nacional (formada por el PPC y el PSN) y Ollanta Humala, el autor de la rebelión de 2000, defensor ahora de un nacionalismo de izquierda prochavista, por la UPP. El 9 de abril de 2006, mientras que García y Humala ganaban el derecho a disputar la segunda vuelta del 4 de junio —de la que iba a salir triunfador el primero—, Chávez fue capaz de recoger el 7,4% de los sufragios. En las legislativas, la Alianza por el Futuro quedó también en un discreto cuarto lugar con 13 diputados. Ahora bien, Keiko Fujimori dio la campanada al salir elegida congresista por Lima con casi 603.000 votos, más del doble de los sufragios recibidos por pesos pesados de la política nacional como la aprista Mercedes Cabanillas y Carlos Bruce Montes de Oca, ex ministro de Vivienda con Toledo y uno de los líderes de Perú Posible.

El 18 de mayo el juez Álvarez decidió poner en libertad a Fujimori bajo fianza de 1,5 millones de pesos (2.830 dólares) y bajo arraigo, es decir, con la prohibición de abandonar el territorio chileno, mientras durase el juicio de extradición. La Corte Suprema le impuso también al ex presidente las obligaciones de comparecer periódicamente en el tribunal y de abstenerse de hacer declaraciones públicas. Una vez liberado, Fujimori se instaló en la mansión que sus hijos habían alquilado para él en la comuna residencial de Las Condes, en el sector oriental de Santiago. La decisión de la justicia chilena alimentó los temores de fuga del Gobierno peruano, que exigió al recién instalado Ejecutivo de Michelle Bachelet las debidas garantías de control y vigilancia. En los meses siguientes, Fujimori se dedicó a hacer turismo, a pescar y a jugar al golf, empleando los cuantiosos recursos financieros que al parecer poseía.

El 6 de noviembre de 2006 la Corte Suprema cerró la etapa de instrucción sumarial del proceso de extradición. Este resultó estimulado semanas después por las sentencias dictadas por la CIDH, que encontraron al Estado peruano culpable de la masacre de La Cantuta y de la muerte de 41 reclusos amotinados en el penal de Miguel Castro-Castro en mayo de 1992. El 17 de enero de 2007 un juez peruano ordenó el embargo preventivo de todos los bienes y cuentas bancarias del ex presidente que estuvieran en el Perú para asegurar el pago de la reparación civil a los familiares de las víctimas habidas en la prisión. El 7 de junio la fiscal Mónica Maldonado recomendó extraditar a Fujimori por dos casos de violaciones de derechos humanos y diez de corrupción y al día siguiente la Corte Suprema chilena, acogiendo una petición de la Fiscalía peruana, ordenó el arresto domiciliario del procesado para impedir una eventual fuga o intento de asilo.

La inminencia de su extradición empujó a Fujimori a involucrarse en pintorescas maniobras en la política japonesa. Así, a mediados de junio, luego de ver rechazada una petición de apoyo del gobernante Partido Liberal Democrático, el estadista peruano recibió de una pequeña formación escindida del anterior, el Kokumin Shinto (Nuevo Partido Popular), una oferta para participar en sus listas en las elecciones parciales del 29 de julio al Senado japonés, optando a uno de los escaños adjudicados por el sistema proporcional, toda vez que cumplía con los requisitos de edad y nacionalidad, y que su no residencia en Japón no era un obstáculo legal. Una eventual elección a la Dieta nipona le proporcionaría inmunidad parlamentaria y dificultaría su extradición al Perú, así que Fujimori respondió afirmativamente. "Confío firmemente en que el señor Fujimori, como el último samurai, aporte vigor a la sociedad japonesa actual, carente de valor, confianza y benevolencia", señaló el presidente del Kokumin Shinto, Shizuka Kamei.

El 11 de julio, la inesperada decisión del juez Álvarez de denegar la extradición, de manera provisional, por, a su entender, no estar suficientemente probada la presunta participación del procesado en los delitos que se le imputaban, fue recibida por Fujimori como una victoria judicial, a la postre efímera.

El 29 de julio el Kokumin Shinto ganó dos escaños adicionales en el Senado japonés, pero al que optaba el ex presidente no estaba entre ellos. Finalmente, el 21 de septiembre de 2007, la Segunda Sala de la Corte Suprema de Chile, revocando el fallo de primera instancia dictado en julio, autorizó la extradición por siete de los trece casos incluidos en el sumario, cinco por corrupción y los otros dos por violaciones de los Derechos Humanos, a saber: los homicidios y lesiones graves perpetrados en Barrios Altos y La Cantuta; los secuestros en 1992 del empresario Samuel Dyer Ampudia y el periodista Gustavo Gorriti Ellenbogen; el desvío de fondos al bolsillo de Montesinos; el robo de documentación en la residencia de este último; el espionaje telefónico de la oposición; el soborno de congresistas tránsfugas; y la compra de un canal de televisión con fondos públicos. 

De acuerdo con el Código Penal peruano, los delitos de corrupción y usurpación de funciones tenían penas de seis a diez años de prisión, mientras que los de lesa humanidad preveían condenas de hasta 30 años.

Por boca de sus abogados, Fujimori hizo saber que no deseaba recurrir el fallo judicial, lo que permitía su ejecución inmediata. En sus primeras declaraciones tras serle notificado el fallo, Fujimori afirmó que su objetivo al llegar por sorpresa a Chile en 2005 no había sido otro que reducir los 40 delitos que entonces enfrentaba, estrategia que en puridad había tenido éxito, y que la extradición era una "oportunidad de retornar al país" que cumplía el objetivo de "reencontrarme con mi pueblo".

En las horas siguientes, Fujimori fue trasladado en un helicóptero de la Policía chilena al aeropuerto de Santiago, donde le esperaba un avión especial fletado por la Policía peruana. Custodiado por policías de su país y agentes de la Interpol, el ex presidente aterrizó en la base aérea de Las Palmas de Surco, en Lima, en la tarde del 22 de septiembre, pero no sin antes efectuar dos escalas en Antofagasta (Chile) y Tacna (Perú); en esta última, el distinguido pasajero tuvo que recibir atención médica debido a una indisposición con signos de hipertensión. Desde el aeródromo limeño fue llevado en helicóptero a la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DIROES) en el Establecimiento Penitenciario Transitorio Barbadillo, donde quedaba recluido con carácter temporal, ya que se preveía su traslado en las próximas semanas al Centro Penitenciario Callao Dos, donde sería el único recluso.

La primera decisión que debía tomar la sala que se disponía a abrir el primer juicio contra Fujimori, el del caso del allanamiento con robo en la vivienda de Trinidad Becerra, era si lo mantenía en prisión, le otorgaba el arresto domiciliario o le permitía asistir a las sesiones en calidad de reo libre. Entretanto, podía percibirse la polarización que el acusado generaba en la sociedad peruana, con manifestaciones de júbilo de los familiares de las víctimas de los crímenes imputados y de activistas por los Derechos Humanos, y una nutrida movilización de sus partidarios que, convocados por Keiko Fujimori, querían tributarle expresiones de apoyo y vocear su inocencia. La fiscal general Adelaida Bolívar Arteaga prometió que el proceso oral iba a ser rápido, de apenas unos meses, para evitar que Fujimori pudiera acceder al beneficio del arresto domiciliario en sustitución de penas de cárcel para los mayores de 70 años, edad que el encausado cumpliría el 28 de julio de 2008.

11. Condenas penales en cadena

Recluido de manera continuada en la penitenciaría de Barbadillo, Fujimori vio cómo la justicia penal peruana le abría juicios uno detrás de otro. En los ocho años siguientes, el ex presidente iba a recibir cinco sentencias condenatorias, con una pena acumulada de 52 años y seis meses de cárcel, todas las cuales, salvo una, fueron recurridas sin éxito por sus abogados.

El 11 de diciembre de 2007, un día después de iniciarse el segundo juicio por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta a principios de los noventa, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema halló culpable al acusado del delito de usurpación de funciones por haber participado en calidad de "inductor" en el allanamiento de la residencia de la ex esposa de Vladimiro Montesinos, y le aplicó la condena de seis años de pena privativa de libertad. La sentencia, emitida en primera instancia, impuso además la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por dos años y el pago de una reparación civil al Estado de 400.000 soles. El 8 de abril de 2009 la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema iba a desestimar el recurso del reo, haciendo firme la condena.

Su segunda y más severa condena, por las atrocidades perpetradas por el Grupo Colina en 1991 y 1992, le fue leída a Fujimori el 7 de abril de 2009, al cabo de 160 sesiones de audiencia, por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Esta vez, al ex presidente le cayeron 25 años de prisión, cinco menos de los reclamados por la fiscalía, como "autor mediato" (intelectual) del homicidio calificado, asesinato con el agravante de alevosía de 25 personas, secuestro agravado con trato cruel de dos personas más (el periodista Gustavo Gorriti Ellenbogen y el empresario Samuel Dyer Ampudia) y lesiones graves de otras cuatro.

Posteriormente, la Sala Penal Transitoria ratificó el 30 de diciembre de 2009 esta condena, cuyo vencimiento quedaba fijado para el 10 de febrero de 2032, y el Tribunal Constitucional rechazaría el pedido de nulidad de la defensa —presentado el 31 de octubre de 2014 por supuesta lesión de derechos al debido proceso— dos veces, el 7 de enero de 2015 y el 3 de mayo de 2016. Se trató de la primera vez que un antiguo presidente latinoamericano era juzgado y condenado por crímenes contra la humanidad por un tribunal de su propio país. Ciertamente, el convicto podría no llegar a cumplir íntegramente su pena de 25 años si se le otorgaban beneficios penitenciarios, pero en ningún caso podría obtener la libertad a través de una amnistía o un indulto del Gobierno dada la naturaleza especialmente grave de los delitos juzgados, recalcó el abogado de la acusación, Ronald Gamarra.

A lo largo de su juicio por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori, compareciendo siempre sereno, firme y desafiante con una locución articulada, negó haber ordenado tales asesinatos y pidió "no perdón, pero sí disculpas" a las víctimas de la guerra interna desarrollada en el Perú mientras él estuvo en el poder, conflicto en el que, reconocía, se habían producido "miles" de daños físicos, morales y sociales, así como cometido "errores lamentables". "A mí, por supuesto que me dolían todos estos hechos, me dolían los miles y miles de muertos", afirmó, aduciendo además que "no recordaba" varias de las cosas que se le imputaban. En cuanto a las actividades criminales del Grupo Colina, Fujimori aseguró que ni el comandante del CCFA, general de Bari, ni el asesor presidencial Vladimiro Montesinos le habían informado nunca sobre la existencia de ese grupo militar encubierto. 

En su alegato final antes de conocer su sentencia, el acusado, arropado por sus hijos Keiko y Kenji, defendió su inocencia y justificó su "estrategia de pacificación" del país porque tenía que "gobernar desde el infierno". "Fue mi política y mi obra con las que le devolví la paz y la estabilidad al Perú. Vuelvo a insistir, con convicción, que no me arrepiento. Y que, estoy seguro, la historia registrará como uno de mis principales logros", remató. Keiko Fujimori convocó al pueblo a una "cruzada de la libertad" contra la "infame y vengativa" sentencia recibida por su padre. La congresista por Lima ya estaba preparando su candidatura presidencial en 2011 como abanderada de los sectores fujimoristas (Nueva Mayoría y Sí Cumple, no así Cambio 90, varios de cuyos miembros lanzarían posteriormente el partido Perú Patria Segura) antes agrupados en la Alianza por el Futuro; este proyecto iba a cristalizar en marzo de 2010 con la presentación del partido Fuerza 2011.

En una de las vistas del llamado "juicio del siglo" en el Perú, Jorge del Castillo Gálvez, en esos momentos primer ministro del Gobierno aprista del nuevamente presidente Alan García y llamado a declarar como testigo de la acusación, aseguró que Fujimori había tenido la intención de "eliminar físicamente" a García cuando el autogolpe de 1992. También testificó entre otros el convicto Montesinos, en su caso para defender la inocencia de su antiguo jefe.

Tres meses después de la segunda condena llegó la tercera, impuesta asimismo por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, el 20 de julio de 2009. Se trató de la sentencia del juicio abierto por peculado doloso por apropiación y falsedad ideológica en agravio del Estado. Fujimori fue penado con siete años y seis meses de prisión por la entrega a Montesinos en 2000 de 15 millones de dólares de fondos del Tesoro Público, pago que el ex presidente reconoció en la forma de una "compensación por tiempo de servicios", aunque intentó justificarlo con una explicación que sonó peregrina: de esa manera, él evitó que su intrigante asesor siguiera adelante con un complot golpista contra su persona, de manera que aquella transferencia había sido un soborno. Además, aseguró Fujimori sin aportar las debidas pruebas, el dinero había sido posteriormente devuelto. La condena incluyó una inhabilitación de dos años y 10 meses y una multa-reparación al Estado de tres millones de soles.

2009 no terminó sin la cuarta condena a Fujimori, también por delitos de corrupción y contra la administración pública. El 30 de septiembre la Sala Penal Especial le declaró culpable de peculado doloso en agravio del Estado —en la compra de la línea editorial de medios de comunicación con fondos públicos—, violación del secreto de comunicaciones —en la interceptación y escucha de llamadas telefónicas— y cohecho activo genérico y corrupción de funcionarios —en el soborno de congresistas tránsfugas. La pena consistió en seis años de prisión, la inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años, una reparación civil al Estado de 24,6 millones de nuevos soles y sendas reparaciones civiles de tres millones para cada una de las 28 personas agraviadas por los hechos delictivos. Este juicio fue muy rápido porque Fujimori admitió su responsabilidad y se declaró conforme con la acusación formulada por la fiscalía, lo que no obstó a la presentación del previsible recurso de nulidad de la sentencia.

La quinta y última sentencia condenatoria se demoró hasta el 8 de enero de 2015, fecha en que la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Suprema halló a Fujimori culpable de peculado doloso por el desvío a través del SIN de Montesinos de 122 millones de soles del presupuesto de las Fuerzas Armadas, dinero que había sido destinado a comprar líneas editoriales de periódicos sensacionalistas (los llamados "diarios chicha") y a "manipular a la opinión pública" de cara a la reelección presidencial en 2000. La condena fue a ocho años de prisión, la máxima pena prevista para el delito, más una inhabilitación de tres años y una reparación civil al Estado de tres millones de soles.

En el lustro largo que medió entre sus condenas cuarta y quinta, Fujimori hizo varias salidas de su celda ("de oro" en opinión de algunos, a la luz de ciertas fotos filtradas a la prensa, que mostraban una estancia provista de comodidades y lujos impensables en una cárcel ordinaria del Perú o de cualquier otro país, incluido el acceso a una parcelita privada con jardín y huerto) del DIROES de Barbadillo para recibir cuidados hospitalarios y tratamientos quirúrgicos por diversas dolencias. Sobre su persona revoloteó asimismo la posibilidad del indulto por razones humanitarias. El indulto de El Chino, un tema de alta sensibilidad política y social, fue sopesado por el presidente García y por su sucesor en julio de 2011, Ollanta Humala del Partido Nacionalista Peruano (PNP), quien en octubre de 2012 recibió de los hijos del reo una petición en tal sentido. 

Keiko Fujimori, derrotada por Humala en la segunda vuelta electoral de junio de 2011, presentó entonces un voluminoso legajo médico con las patologías de las cinco operaciones realizadas a su padre en la cavidad bucal desde que en 1997 se le diagnosticara en la lengua una leucoplasia, un tipo de tumor canceroso no metastásico. En junio de 2013 Humala, con base en un informe de la Comisión de Gracias Presidenciales, decidió no otorgar el indulto porque, según la junta médica que lo había evaluado, Fujimori ni tenía actualmente cáncer ni padecía una enfermedad "incurable o degenerativa", y menos de carácter "terminal". Acerca de la "depresión" que según sus hijos y abogados el convicto arrastraba, los facultativos estimaban que no se trataba de un "trastorno mental incurable". 

En octubre de 2013 un juez rechazó también el pedido de cambio de reclusión por arresto domiciliario. En noviembre siguiente, Fujimori, en una entrevista telefónica para la Radio Programas del Perú, manifestó que se sentía "totalmente inocente" y que tenía "la conciencia tranquila"; "hasta ahora no hay una sola prueba, un solo testimonio", arguyó. La entrevista supuso una violación de las reglas de aislamiento del recluso, que fue castigado con la retirada del teléfono.

Por otro lado, Fujimori interpuso una denuncia por "tortura y abuso de autoridad" contra cuatro altos cargos del Gobierno y el Estado: el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo; la predecesora del anterior en el puesto, Eda Rivas, actualmente ministra de Exteriores; el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Pérez Guadalupe; y la directora del penal de Barbadillo, Kathy del Águila. En diciembre de 2013 Fujimori fue operado por sexta vez de una "leucoplasia avanzada de origen cancerígeno" en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). En enero de 2014 el fiscal de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima le exculpó de las acusaciones en el caso de las esterilizaciones forzadas.

12. Indulto humanitario en 2017, vicisitudes médicas y fallo favorable del Constitucional en 2023

En noviembre de 2015 Fujimori, respondiendo por cuestionario escrito, concedió otra entrevista no autorizada a un medio, el diario El Mercurio, en la cual pedía el voto para su hija Keiko ("es la presidenta que necesita el Perú"), candidata de Fuerza Popular (FP) y favorita en los sondeos, en las elecciones generales de 2016. El condenado, optimista, confiaba en obtener la libertad "antes de que Keiko acceda a la Presidencia, a través de un fallo judicial que corrija las irregularidades cometidas en los juicios".

Keiko, por el contrario, por cálculo electoralista, estaba desmarcándose del legado de su padre y ya no insistía en su indulto presidencial. En el cenit de su tirón proselitista, Fujimori hija ganó con un potente 39,9% de los sufragios la primera vuelta del 10 de abril de 2016, pero en el balotaje del 5 de junio fue batida por el empresario Pedro Pablo Kuczynski, del centroderechista liberal Peruanos Por el Kambio (PPK), por el escasísimo margen de 41.000 papeletas. Como compensación, FP, que ya desde 2015 disponía de la mayor bancada parlamentaria, conquistó una mayoría absoluta de 73 congresistas, desde la cual iba a articular una oposición intransigente al Gobierno de Kuczynski.

En adelante, el clan Fujimori estuvo en la vorágine de la gran crisis política que se abatió sobre el Perú, pródiga en convulsiones institucionales, escándalos de corrupción y actuaciones penales que acabaron arrollando nada menos que a cinco sucesores del mandatario del período 1990-2000, antiguos o en activo, y que tocaron de lleno a Keiko también. 

El 25 de julio de 2016, tres días antes de la transferencia presidencial entre Humala y Kuczynski, y semanas después de desestimar por "improcedente" e "infundado" el Tribunal Constitucional, pronunciándose en tercera y última instancia, el hábeas corpus solicitado en 2014 por los abogados de Fujimori para la nulidad de la condena a 25 años, el Gobierno admitió a trámite una solicitud de indulto humanitario presentada por el reo. Esta era una petición de carácter personal, a diferencia de la de 2012 y luego negada por Humala, que había sido presentada por los hijos en su nombre. Kuczynski, todavía mandatario electo, consideró "altamente improbable" que él, dentro de sus prerrogativas, otorgara dicha gracia. 

El 16 de agosto de 2016 Fujimori saboreó su primera victoria judicial: la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en respuesta al correspondiente recurso, resolvió por unanimidad anular la condena de 2015 a ocho años en el caso de los "diarios chicha". La absolución, empleando una terminología rebuscada, se fundaba en razonamiento de que "no existían razones antagónicamente equilibradas en pro y en contra" del acusado, cuya "vinculación funcional" a la custodia de los fondos públicos del SIN "no estaba acreditada", de modo que era "imposible poder afirmar o negar categóricamente su culpabilidad y responsabilidad". Al hilo de esta buena noticia, el abogado de Fujimori, Paco Castillo, explicó que su cliente retiraba la petición de indulto, en trámite en el Ministerio de Justicia, y que ahora evaluaba recurrir nada menos que al Comité de Derechos Humano de las Naciones Unidas.

El 21 de diciembre de 2017 Keiko Fujimori, en esos momentos objeto de una investigación por la Fiscalía Especializada en Lavado de Activo, intentó descabalgar a Kuczynski, una de cuyas empresas aparecía entre las firmas presuntamente implicadas en la trama internacional de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, mediante un proceso de vacancia presidencial por "permanente incapacidad moral". Sin embargo, el movimiento parlamentario de FP, que requería la mayoría de dos tercios, fracasó por la disidencia del propio hermano de la lideresa opositora, Kenji, jefe del ala dura del fujimorismo, el llamado albertismo, que en lugar de votar a favor de la vacancia se abstuvo. 

Tan solo tres días después de zafarse por los pelos de este primer intento de destitución por el Congreso, Kuczynski salió a anunciar que, en respuesta a la solicitud hecha por el interesado y por su hijo Kenji, procedía a concederle el indulto humanitario al ex presidente convicto. El Ejecutivo tomaba esta decisión considerando el parte médico de Fujimori, al que se le había diagnosticado una "enfermedad progresiva, degenerativa e incurable", y las condiciones de su encarcelamiento, que entrañaban "un grave riesgo a su vida, salud e integridad". 

La impactante medida de gracia de Kuczynski, quien desde antes de su elección había asegurado por activa y por pasiva que el indulto no estaba en su agenda y ahora hablaba de "reconciliación" entre los peruanos, provocó un formidable escándalo nacional que abrió grietas en el Gobierno y reactivó las maniobras opositoras para desalojar a PPK mediante un segundo proceso de vacancia. Por de pronto, en Lima tuvieron lugar multitudinarias marchas de protesta y los familiares de las víctimas acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según sondeos, el indulto dividía a la población a partes iguales: la mitad estaba en contra y la otra mitad a favor.                    

Al repudio al "indulto de Navidad" de 2017 a Fujimori, que desde su habitación en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Centenario Peruano Japonesa de Lima, y a través de su cuenta de Facebook, dio las gracias a Kuczynski y "pidió perdón de todo corazón" a los "compatriotas" a los que había "defraudado", se sumó la misma hija del beneficiado, que el 19 de mayo anterior había interpuesto ante el Tribunal Constitucional una demanda de hábeas corpus, la segunda, contra las sentencias penales de su padre. Estalló entonces el cisma orgánico en el fujimorismo, con Keiko ordenando la apertura de un proceso disciplinario de expulsión contra su hermano y sus acólitos, y los congresistas díscolos respondiendo con el portazo a FP. Kenji Fujimori agrupó a su grupo de nueve leales bajo el pintoresco nombre de Vengadores, luego constituidos en la bancada fujimorista independiente Cambio 21. 

La ruptura interna le acarreó a FP la pérdida de la mayoría absoluta ganada en las elecciones de 2016, si bien siguió siendo con diferencia la primera fuerza del Congreso. En marzo de 2018 FP iba a revelar los escandalosos Kenjivideos, probatorios del pacto secreto entre Kuczynski y Kenji Fujimori. El explosivo documento selló la suerte del atribulado presidente, dimitido el día 21 para no exponerse a perder un segundo e inminente proceso de vacancia. A Kuczynski le sucedió el hasta entonces vicepresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, quien a las primeras de cambio enfrentó la oposición dura de FP y que en noviembre de 2020 iba a sufrir su propia destitución por "permanente incapacidad moral".

El 4 de enero de 2018 Fujimori, a los 79 años, abandonó la Clínica Centenario, donde había permanecido 12 días por una subida de la hipertensión con arritmia cardíaca, y recobró la vida familiar en su domicilio del pudiente distrito limeño de La Molina, atendido por sus hijos. Desde este momento, quedó en libertad, pero su indulto concitó una avalancha de iniciativas, judiciales, políticas y populares, que buscaban su anulación. Además, nada le libraba de la apertura de nuevas causas penales. 

El 9 de febrero de 2018 la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema resolvió que Fujimori y otros 23 sospechosos debían ser procesados por el caso Pativilca, la matanza de seis personas perpetrada en enero de 1992 por el Grupo Colina. Para el tribunal, la gracia presidencial de diciembre resultaba "incompatible con los deberes de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos". En marzo, el ex presidente era hospitalizado por enésima vez con un cuadro de taquicardia y deshidratación. 

Llegado abril, el fiscal superior, Luis Landa, ordenó la apertura de una investigación criminal a Fujimori por las esterilizaciones forzadas a cinco mujeres indígenas con resultado de muerte durante su Gobierno. El 4 de mayo siguiente llegó el auto del Tribunal Constitucional que consideraba improcedente la solicitud de hábeas corpus presentada en mayo de 2017 por Keiko, la cual, dicho sea de paso, vio estrechársele su propio cerco judicial por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht. En junio, la CIDH dispuso que el indulto fuera revisado por presuntos errores de procedimiento.

El 3 de octubre de 2018 Fujimori sufrió un grave revés: el magistrado Hugo Núñez, juez superior de la Corte Suprema, dando respuesta al pedido de la CIDH, declaró nulo el indulto y ordenó la ubicación y captura inmediata del antiguo mandatario. Entonces, Fujimori ingresó nuevamente en la Clínica Centenario, desde la que, yacente y conectado a los aparatos, envió un video en el que lanzaba el siguiente mensaje, pronunciado con voz firme a pesar de su frágil aspecto: "Por favor, no me usen como arma política porque ya no tengo fuerzas para resistirlo. Quiero pedirle al presidente de la República [Vizcarra], a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa: por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar. Está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte. Ya no doy más".

A los pocos días, el 12 de octubre, el Congreso aprobó un proyecto de ley presentado por el grupo de Kenji Fujimori con una naturaleza descaradamente ad personam: en adelante, los reos mayores de 65 años que hubiesen completado un tercio de sus sentencias podrían servir el resto de la pena en sus domicilios, bajo la debida "vigilancia electrónica". La "modalidad de ejecución humanitaria de la pena" salió adelante a instancias de la mayoría fujimorista y en principio daba a Fujimori la garantía de que no retornaría a prisión, acogiéndose a cambio a un arresto domiciliario mucho más llevadero. 

Sin embargo, el 23 de enero de 2019 Fujimori estuvo de vuelta en Barbadillo, luego de que la junta médica del Ministerio Público diagnosticara un estado de salud "estable", apto para seguir recibiendo tratamiento de forma ambulatoria. El INPE decidió que fuera el mismo penal de Barbadillo, y no la residencia de La Molina o cualquier otro inmueble particular, el lugar adecuado para un tratamiento no hospitalario. En esos momentos, Keiko Fujimori se encontraba en prisión preventiva en el penal para mujeres de Chorrillos, situación que se prolongaría hasta mayo de 2020, descontando un corto paréntesis de libertad de dos meses.

2021 fue un año de preocupaciones para el que fuera dictador constitucional del Perú, que no terminaba de conseguir la anhelada liberación. Además de las habituales altas y bajas clínicas para diversas intervenciones por sus dolencias circulatorias y cardíacas, Fujimori encajó, en marzo, la denuncia formal de la Fiscalía por las esterilizaciones en la década de los noventa y luego, en octubre, la solicitud del Gobierno del entonces presidente de la República, el izquierdista Pedro Castillo Terrones, a la justicia chilena de ampliar la extradición de 2007 para juzgarle por otros seis casos y delitos, entre ellos la presunta ejecución extrajudicial de los terroristas del comando del MRTA en la Operación Chavín de Huantar. 

En diciembre, el juez Rafael Martínez, del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado, ordenó la apertura de proceso penal contra Fujimori bajo la acusación de homicidio de las cinco mujeres (Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre, Reynalda Betalleluz, Marpia Espinola y Celia Ramos) muertas en los posoperatorios de sus ligaduras de trompas, practicadas sin su consentimiento y en unas pésimas condiciones de salubridad. La Fiscalía también pedía responsabilidades penales de Fujimori, tres de sus ministros de Salud y otros ex altos funcionarios por las lesiones cometidas contra otras 1.315 víctimas de esterilizaciones, mujeres y hombres, en un contexto de violaciones humanitarias. 

En el frente político, la situación tampoco era propicia para Fujimori desde la pérdida por FP de la mayoría en el Congreso en las elecciones parlamentarias extraordinarias de enero de 2020, cuando el partido de la K anaranjada sufrió un estrepitoso hundimiento hasta poco más del 7% de los votos y la quincena de escaños. En las generales de abril y junio de 2021 Keiko, recuperada con mucha fuerza, forzó el paso a la segunda vuelta para luego ser batida por Pedro Castillo, de Perú Libre, con un margen tan exiguo como el sacado por Kuczynski en 2016. El año terminó con la noticia de la muerte, el 8 de diciembre, a los 71 años y de cáncer, de la ex primera dama y ex congresista Susana Higuchi.

A Fujimori, en el ocaso de su vida, el horizonte judicial empezó a despejársele otra vez, para indignación de las víctimas de su régimen de Gobierno y las organizaciones humanitarias, el 17 de marzo de 2022. Ese día, el Pleno del Tribunal Constitucional, con tres votos a favor, tres en contra y el desempate con el voto de calidad del presidente de la corte, Augusto Ferrero, declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por el abogado Gregorio Parco y ordenó la puesta en libertad. El indulto humanitario otorgado en 2017 y anulado en 2018 quedaba restituido. 

El Gobierno del presidente Castillo —quien en diciembre siguiente iba a ser descabalgado en la enésima turbamulta política—, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos (ACNUDH) manifestaron su rechazo a la medida. La Corte Interamericana, en particular, solicitó al Estado peruano suspender la excarcelación. Más aún, el juez Fernando Vicente Fernández, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, se negó a ejecutar la sentencia del Constitucional y mandó de vuelta el expediente de 900 folios, alegando falta de competencia ejecutoria porque la demanda de hábeas corpus no había sido declarada fundada por su juzgado.

Finalmente, 5 de diciembre de 2023 el Tribunal Constitucional, argumentando que la CIDH carecía de competencia para ordenar el desacatamiento de una orden de un alto tribunal peruano, ordenó la inmediata puesta en libertad de Fujimori, a los 85 años, medida que fue aplicada por el INPE al día siguiente. Entonces, Fujimori, mostrando un vigor sorprendente tras tanto trajín de dolencias y hospitales, valiéndose por sí mismo y únicamente conectado al balón portátil de oxígeno, abandonó el penal de Barbadillo, donde seguía siendo el único recluso, y se fue a vivir al hogar de su hija Keiko. El 31 de enero de 2024 el Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio negó el pedido de arresto domiciliario de 18 meses para Fujimori en relación con el caso Pativilca, pero le prohibió salir del país durante nueve meses para "evitar el peligro de fuga" mientras durase su procesamiento. En estos momentos presidía la República Dina Boluarte, a la que Fujimori, definitivamente libre, expresó su apoyo.

 (Cobertura informativa hasta 31/1/2024).

Más información:

• Web de Alberto Fujimori
• Alberto Fujimori en YouTube
• Presidencia de la República del Perú