Zapatero e Israel: La hora de los jueces
Ferran Izquierdo Brichs
Profesor de Relaciones Internaciones en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ignacio Álvarez-Ossorio
profesor de estudios árabes e islámicos en la Universidad de Alicante.
27 de enero de 2009 / Opinión CIDOB, n.º 27
El ataque israelí sobre Gaza ha hecho evidente, una vez más, el absoluto fracaso de la comunidad internacional no ya sólo a la hora de resolver la cuestión palestina, sino también a la hora de garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional. La operación Plomo Sólido, que ha provocado más de 1.300 víctimas palestinas y otros 5.000 heridos, no hubiera sido posible sin la dejación de la comunidad internacional, interpretada por Israel como un cheque en blanco para asfixiar a la Franja de Gaza y descabezar a Hamás.
Tras la victoria electoral de Hamás en las primeras elecciones verdaderamente democráticas y competitivas celebradas en el mundo árabe, el Cuarteto –integrado por EEUU, la UE, las NNUU y Rusia- impuso un boicot contra el gobierno islamista, tan improductivo como contraproducente, ya que no logró modificar el discurso de Hamás y provocó una grave crisis humanitaria. A pesar de que España podría haber apostado por incentivar la política del ‘paso a paso’ de Hamás, adoptó una posición seguidista secundando las sanciones al nuevo gobierno. De esta manera ignoró los pasos dados por Hamás en la dirección de la solución negociada: participación en las elecciones, apoyo a un gobierno de coalición, suspensión de los atentados terroristas en suelo israelí, respaldo a una tregua de largo alcance con Israel y, por último, aceptación de un Estado palestino en las fronteras de 1967.
La relación del Gobierno de Rodríguez Zapatero con el conflicto parece moverse en la ambigüedad. Zapatero ha demostrado sobradamente que es un buen lector de los estados de ánimo de la opinión pública española, tal y como atestigua su crítica a la colaboración de Aznar en la invasión de Irak que, además, le dio un buen rédito electoral. En relación con Israel, esta capacidad de reacción ante el estado de opinión de la población se manifestó en julio de 2006, cuando en uno de los momentos álgidos de la destrucción israelí de Líbano y Gaza, Zapatero aceptó una ‘kufiya’ palestina en un mitin. En aquella ocasión, el presidente condenó sin paliativos el uso desproporcionado de la fuerza y advirtió que “los silencios ante lo que hoy se vive en Oriente Medio pueden ser arrepentimientos mañana”. No obstante evitó ir más allá de las palabras, ya que rechazó los llamamientos para congelar el Tratado de Asociación con Israel y para frenar la venta de armamento español al Estado hebreo.
En la reciente crisis de Gaza, la actuación del gobierno español ha sido bastante parecida. En los primeros compases de la agresión, la comunidad internacional se limitó a pedir contención a las partes. Tan sólo cuando el número de víctimas civiles se disparó, España reaccionó acusando a Israel de desproporción y reclamando un inmediato alto el fuego. Respondía así a las manifestaciones y al estado de indignación de buena parte de la opinión pública, y también de las bases y algunos dirigentes del Partido Socialista. Sin embargo, acto seguido, Miguel Ángel Moratinos viajó a Oriente Medio tratando de capitalizar políticamente la iniciativa franco-egipcia de alto el fuego y, al mismo tiempo, transmitir a la parte israelí que las relaciones bilaterales continuarían siendo amistosas.
La realidad de las relaciones del gobierno socialista con Israel, más allá de las pocas ocasiones en que la opinión pública obliga a adoptar una posición algo más crítica, es de apoyo sin fisuras. A pesar de conocer perfectamente que la actuación de Israel en los Territorios Ocupados puede calificarse de crimen de guerra y de crimen contra la humanidad, el gobierno español no ha dudado en mantener las relaciones diplomáticas y comerciales intactas. Aún más grave, el gobierno español no sólo no ha aplicado sanciones a Israel, sino que ha aumentado las ventas de armamento a dicho país. Tan sólo en el primer semestre de 2008, las exportaciones de material bélico a Israel ascendieron a 1.551.933 euros, siendo bastante probable que dicho material (consistente en cohetes, torpedos, misiles, equipos de información e imagen) se haya empleado en los reiterados ataques contra la población de la Franja de Gaza. También España es un buen cliente de la industria armamentística israelí, la octava mayor del mundo, a la que ha adquirido cuatro aviones no tripulados para su misión en Afganistán (por un valor de 14,3 millones de euros).
Los políticos socialistas son conscientes de que la única forma de avanzar hacia la paz entre palestinos e israelíes es presionar al gobierno de Tel Aviv para que termine con la ocupación y cumpla el Derecho Internacional. Precisamente fue un eurodiputado socialista español, Alejandro Cercas, quien obligó a rectificar a los gobiernos y a la Comisión Europea, que querían premiar a Israel con una mejora de las ya privilegiadas relaciones comerciales. Cercas lideró una “insurrección” de los eurodiputados contra las consignas de sus propios gobiernos y logró que el Parlamento Europeo suspendiera el debate sobre la ampliación del Tratado de Asociación. Para los eurodiputados, estaba claro que el camino hacia la paz pasaba por hacer presión sobre la potencia ocupante y colonizadora para que respete el Derecho Internacional. Otra señal para la esperanza es el encuentro que mantuvo el pasado 16 de enero en Damasco Fátima Aburto, diputada del PSOE, con Jaled Mashal, líder de Hamás, junto a una delegación de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género. Sin embargo, los gobiernos europeos no han seguido este camino. Tampoco el español.
El doble juego del Gobierno de Zapatero hacia Israel es consecuencia de la falta de una política clara hacia la ocupación y colonización israelí de los territorios palestinos. Tanto Zapatero como Moratinos desean aumentar la influencia de España en el sistema internacional, y para ello buscan tener más voz en algunos de los conflictos más visibles. Los soldados españoles en Afganistán y Líbano son instrumentos en esta política, al igual que los viajes del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación a Oriente Medio o la reciente participación de Zapatero en la Cumbre de Sharm el Sheij. Sin embargo, los dos saben perfectamente que la capacidad de incidir en el conflicto entre israelíes y palestinos es diametralmente inversa al apoyo a Israel. Desde la creación del Cuarteto, España y los gobiernos europeos ha hecho seguidismo de la política norteamericana, lo que les ha marginado totalmente de la dinámica del conflicto en lugar de darles más influencia.
La única forma de evitar la ambigüedad y tener una voz propia es potenciar una política coherente que no esté sometida a los vaivenes de las relaciones con Israel o Estados Unidos, o a las protestas de la opinión pública. Una política clara ante los conflictos basada en la defensa de los Derechos Humanos habría dado fuerza al gobierno español y a los europeos para presionar a Israel e influir en el conflicto y en las negociaciones de paz.
Los gobiernos y los políticos siguen intentando hacernos creer que continúan buscando la paz, cuando saben sobradamente que nunca conseguirán convencer a Israel para que se retire de los Territorios Ocupados mostrando simplemente la zanahoria y escondiendo el palo, que parecen reservar en exclusiva para los palestinos. Tampoco las amplias movilizaciones populares, como las vividas tras la destrucción de Líbano en 2006 o las masacres de Gaza en 2009, moverán a los gobiernos europeos a sancionar a Israel. Ya que España y el resto de miembros de la UE no presionan a Israel para que interrumpa la ocupación, al menos deberían ayudar a proteger a la población civil ante las agresiones que está sufriendo.
Mientras no se modifique el actual reparto de fuerzas no se creará un Estado palestino viable y soberano. Ante esta constatación, la sociedad civil debería centrar su estrategia en la investigación de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados en la Franja de Gaza (tal y como se describen en los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional).