Víctimas y cómplices: el chantaje fronterizo de Ceuta
La crisis de Ceuta entre España y Marruecos recuerda mucho a lo que ocurrió en 2020 en Grecia, cuando Turquía abrió sus fronteras para presionar a la Unión Europea. Estos chantajes fronterizos arraigan sus premisas en la externalización del control migratorio de los estados europeos a los países de origen y tránsito. La solución a largo plazo pasa necesariamente por un cambio radical en el modelo de gobernanza migratoria de la UE y de sus estados miembros.
La noche del 17 al 18 de mayo, 8.000 personas atravesaron la frontera entre Marruecos y España, entrando en la ciudad de Ceuta. Entre ellas, 2.000 menores. Los expertos atribuyen la entrada a la inacción de las fuerzas fronterizas marroquíes, y la interpretan como la respuesta del gobierno de Rabat a la posición española sobre el Sáhara Occidental. Más en concreto, se interpreta como una reacción (anunciada) a la hospitalización en Logroño de Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente Polisario.
Lo ocurrido en la frontera entre España y Marruecos recuerda a lo que sucedió en febrero de 2020 en la frontera entre Grecia y Turquía, cuando el gobierno de Ankara abrió sus fronteras para presionar a la Unión Europea. Esta acción, días antes del encuentro de Erdoğan con los líderes comunitarios, era la manera de exigir a la UE una mayor financiación para el mantenimiento de los 4 millones de refugiados en territorio turco, y el apoyo para las operaciones militares turcas en el norte de Siria. La lógica se repite: un estado colindante con el territorio europeo presiona a su contraparte al otro lado de la frontera, “abriendo el grifo migratorio”, para obtener algo a cambio. En pocas palabras: un chantaje.
La crisis de Ceuta, pues, no es tan nueva como parece. El problema de fondo y a largo plazo, de hecho, no es cómo enfrentarse y solventar el chantaje sino cómo evitar que la situación se repita en el futuro. Es decir, abordar las condiciones que la han hecho posible. En este sentido, tanto la crisis de Ceuta, como la de Grecia, deben entenderse a la luz de la externalización del control migratorio llevado a cabo por la UE y sus estados miembros a lo largo de los últimos 30 años.
Este término hace referencia a un complejo abanico de políticas, que abarca desde la disuasión y la contención en tránsito hasta la devolución de las personas llegadas; y que se concreta en el refuerzo de la seguridad fronteriza, la firma de acuerdos de readmisión, y la creación de centros de detención, entre otras medidas. La lógica de fondo, sin embargo, es muy sencilla: subcontratar la gestión y el control de los flujos migratorios a países de origen y de tránsito a cambio de recursos estratégicos y apoyo.
A nivel europeo, esta estrategia fue esbozada ya a finales de los noventa con ocasión del Consejo europeo de Tampere, y ha ido concretándose durante la primera década de este siglo. El Plan de acción de La Valletta (2015), el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África (2015), el Marco de Asociación con Terceros Países (2016) y el Acuerdo sobre refugiados firmado con Turquía (2016) responden a dicha lógica.
En paralelo, los estados miembros han ido desarrollando políticas similares. España fue pionera en este sentido, con los acuerdos firmados con Marruecos (1992), Mauritania (2003) y Senegal (2006), este último en el marco del Primer Plan África (2006-2008) que vinculaba la ayuda al desarrollo al control migratorio en origen. En este ámbito, Marruecos ha sido su interlocutor principal. Desde el acuerdo de readmisión de 1992, hasta el acuerdo de lucha contra la migración irregular, firmado en febrero de 2019, España ha ido fortaleciendo y diversificando la cooperación con el gobierno de Rabat en materia migratoria.
La externalización del control migratorio asegura ventajas tanto a los países de destino como a los de origen. Los primeros, que la diseñan y financian, consiguen reducir los flujos de entrada y alejar “los problemas migratorios” de la opinión pública. Los segundos, que la llevan a cabo en la práctica, obtienen a cambio recursos estratégicos materiales (ej. fondos, infraestructuras) y/o inmateriales (ej. know-how). Este modelo de gobernanza migratoria, sin embargo, conlleva también dos problemas cruciales. El primero, más dramático, es un perjuicio claro a la seguridad de las personas migrantes, haciendo más peligrosas las rutas migratorias. El segundo, profundamente vinculado al primero, es una alteración de la base ética de las relaciones internacionales, abriendo la posibilidad de que estas personas sean utilizadas cómo medio de extorsión.
El chantaje fronterizo del gobierno de Rabat no habría sido posible si España no hubiese cedido a Marruecos buena parte de su responsabilidad en materia migratoria. La solución a largo plazo a crisis migratorias como esta, o como la de Grecia y Turquía de 2020, pasa necesariamente por un cambio radical en la manera de pensar y gestionar el control migratorio por parte de la Unión Europea y sus estados miembros.
Palabras clave: España, Marruecos, Ceuta, frontera, externalización, flujos migratorios, UE, tránsito, Grecia, Turquia
E-ISSN: 2014-0843