¿Refugio sin casa? Crisis de acogida y vivienda en Cataluña

¿Qué impacto ha tenido el contexto de saturación del mercado inmobiliario en las personas que buscan refugio? ¿Qué implicaciones conlleva el problema de acceso a la vivienda para un sistema de acogida que ha ido colapsando con el incremento del número de solicitudes? ¿Qué pasa cuando a los seis meses del proceso se espera que los solicitantes de asilo sean autónomos, es decir, que busquen vivienda propia? En esta Opinión, presentamos los principales resultados de la Encuesta CASASIL, diseñada por CIDOB en el marco del proyecto Recercaixa “¿«Nuestra casa, casa vuestra»? Condiciones y trayectorias de acceso a la vivienda de solicitantes de asilo y refugiados en Cataluña”. 

Durante los últimos diez años, las solicitudes de protección internacional han aumentado de forma exponencial. En España, se ha pasado de 3.005 en 2009 a 117.795 en 2019. En Cataluña, el número de solicitantes de asilo ha crecido de 215 en 2009 a 13.270 en 2019, con el 89% de las solicitudes presentadas en la provincia de Barcelona. Además de este aumento, entre 2015 y 2019 se ha dado un cambio importante en el origen y la composición familiar de los solicitantes. Mientras que en una primera etapa la mayoría procedían de Siria y Ucrania, actualmente los principales países de origen son Venezuela, Colombia, Honduras y el Salvador. En paralelo, aunque las personas que llegan a España solas siguen siendo mayoría, ha habido un claro aumento de las que vienen en pareja, ya sea con o sin hijos menores. 

Este crecimiento espectacular de las solicitudes de asilo ha coincidido con una década de crisis en el sector de la vivienda, que empezó con el estallido de la burbuja inmobiliaria y fue convirtiéndose paulatinamente en una crisis de acceso a la vivienda asequible. A pesar de ser un derecho constitucional y un eje fundamental de inclusión social, el acceso a una vivienda digna y adecuada es un problema creciente en Cataluña. Entre 2015 y 2018, el precio del suelo subió un 16,3% y el del alquiler un 22%, mientras que la renta media por hogar aumentó tan solo un 6,9%. Estas dinámicas son aún más pronunciadas en los núcleos urbanos, especialmente en Barcelona. En resumen, es un mercado inmobiliario segmentado por importantes dinámicas de desigualdad social y territorial. 

Según los datos de la Encuesta CASASIL, las trayectorias residenciales de los solicitantes de asilo en Cataluña se caracterizan por una elevada precariedad e inestabilidad, que se reflejan en una alta movilidad residencial de los encuestados (que han vivido en una media de 3,3 viviendas y 2,4 municipios al año desde su llegada) y una breve duración de sus contratos de alquiler (con un 31% de encuestados que tienen contratos de alquiler de 6 meses o menos). Las trayectorias son particularmente inestables para las personas provenientes de países del África Subsahariana, que llegan a vivir en una media de 4,2 viviendas y 3,6 municipios al año y tienen contratos de alquiler de 6 meses o menos en un 45,2% de los casos. 

Entre las personas encuestadas, la forma principal (en el 44,9% de los casos) para acceder a la vivienda es a través de una entidad social (especialmente entidades del Sistema de Acogida e Integración) y programas de la administración pública. El apoyo de redes sociales también es un factor importante en la búsqueda de vivienda, y es que el 20,9% de los encuestados han encontrado el alojamiento donde viven a través de familiares, amigos y conocidos (cifra que sube hasta el 27,3% entre aquellos que disponían de red social previa a su llegada a España). Sin embargo, casi 3 de cada 10 personas encuestadas han tenido que recurrir al mercado inmobiliario, donde el hogar medio de inquilinos gasta el 34,9% de sus ingresos en alquiler, o el 46,4% en el caso de los hogares encabezados por personas no europeas, según los datos del INE.   

En cuanto al tipo de vivienda donde residen, cabe destacar que la mayoría lo hace en habitaciones en viviendas compartidas (43,2% de los casos), cifra considerablemente más alta que la de aquellos que residen en viviendas familiares (24,3%) o centros o pisos tutelados para personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional (12,6%). Encontramos también una presencia importante de personas alojadas en recursos residenciales de emergencia destinados a personas sin hogar (10% de encuestados), situación especialmente frecuente entre aquellas personas que se encuentran en la Fase Previa del Sistema de Acogida e Integración o ya han salido del sistema. Igualmente, es relevante anotar que hasta un 7,9% de las personas solas y un 6,3% de las personas solas con hijos menores viven en habitaciones compartidas dentro de viviendas compartidas, situación que puede generar importantes problemas de convivencia y de pérdida de intimidad. 

Los datos más preocupantes, sin embargo, son los de exclusión residencial grave, y es que el 26,6% de las 300 personas encuestadas habían dormido en la calle alguna vez desde su llegada a España. Se trata de una realidad significativamente más habitual para los hombres (35,9%) que para las mujeres (14,3%), y de una frecuencia alarmante entre las personas con hijos menores (7,6%). Lejos de reducirse, el problema va en aumento: mientras que el 22,2% de las personas que llevan más de un año en España habían dormido alguna vez en la calle, la cifra sube al 32,8% entre quienes llegaron hace menos de un año. Aquí también las diferencias por región de origen vuelven a ser considerables: un 40,5% de las personas provenientes de países del África Subsahariana han pasado por situaciones de calle; un 31,3% de aquellos provenientes de Oriente Medio y el Norte de África, y un 30,8% de los migrantes de Europa del Este y Asia Central. En el otro extremo, encontramos a las personas venezolanas, entre las cuales el porcentaje baja al 9,1%. De nuevo, la red social previa a la llegada a España juega un papel fundamental ya que el porcentaje de migrantes que han dormido alguna vez en la calle es 2,27 veces mayor entre las personas que no conocían a nadie antes de venir. 

Estos datos muestran que a menudo se puede tener “refugio” (o estar en espera de tenerlo) sin tener “casa”. Para afrontar esta situación, hace falta reorientar la política de vivienda para consolidarla como pilar fundamental del Estado de Bienestar. Para ello es necesario no solo un aumento del parque de vivienda social o de alquiler asequible, sino también implementar un conjunto de políticas económicas y sociales de carácter universal en diferentes ámbitos, desde la inclusión laboral de las personas más vulnerables, el empleo de calidad, el acceso a la educación y sanidad públicas, y el refuerzo de los servicios sociales y de los sistemas de garantía de ingresos. Por otra parte, el Sistema de Acogida e Integración requiere más flexibilidad para responder adecuadamente a la diversidad de trayectorias y necesidades de sus destinatarios, y para mejorar la protección de las personas más vulnerables. Por último, hace falta un mayor acompañamiento en la inserción residencial y una transición más progresiva entre las distintas fases del sistema, potenciando los procesos de arraigo social iniciados durante las primeras etapas de la acogida.

Palabras clave: refugio, asilo, migraciones, vivienda, España, Cataluña, burbuja inmobiliaria, sistema de acogida

Autores:  

Olatz Ribera Almandoz, investigadora, CIDOB

Carlos Delclós, investigador postdoctoral del IGOP e investigador asociado, CIDOB

Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sénior, CIDOB

E-ISSN: 2013-4428

D.L.: B-8439-2012