Introducción

¿Cómo hacer avanzar el conjunto de derechos que se engloban bajo la noción del «derecho a la ciudad»? La búsqueda de respuestas a este interrogante lleva varias décadas articulando movilizaciones sociales y promoviendo nuevos marcos políticos y jurídicos, especialmente en América Latina (donde destacan los casos de Brasil, Ecuador o Colombia), pero también en Europa y en la escena global (PGDC, 2014). Así se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en la Nueva Agenda Urbana, adoptada en 2016 por Naciones Unidas, o en la Declaración Municipalista de los Gobiernos Locales por el Derecho a la Vivienda y el Derecho a la Ciudad, que fue aprobada en 2018 bajo el impulso de la ciudad de Barcelona y el auspicio de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).