Innovación urbana para una reconstrucción europea más sostenible, inclusiva y democrática
En un contexto de pandemia global, en el que el multilateralismo tradicional ha dado muestras de una preocupante parálisis, la Unión Europea ha sido capaz de acordar un presupuesto con el potencial para generar un estímulo sin precedentes y guiar el proceso de recuperación. Superando las resistencias de los denominados países frugales y de los nacionalismos más reaccionarios, la UE ha sentado las bases para salir de la crisis impulsando un proceso de transformación socioeconómica basado en una apuesta redoblada por la economía verde, la transición digital y la cohesión social. Las ciudades, que han estado en primera línea de una crisis que ha sido eminentemente urbana, han apoyado sin fisuras a la UE en su apuesta por cerrar un acuerdo ambicioso. En este contexto, su participación en el proceso de recuperación y transformación debería ser prioritaria. Por un lado, porque son el escenario en el que se dirimen algunos de los principales desafíos que Europa afronta y están mostrando una importante capacidad de aportar soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades de la ciudadanía. Por el otro, porqué los fondos europeos son una oportunidad única para dibujar futuros urbanos más sostenibles e inclusivos.
La crisis generada en el planeta por la COVID-19 ha vuelto a evidenciar el papel central que desempeñan las ciudades en la realidad global. En un momento de enorme complejidad, éstas han pilotado cuestiones clave como la movilidad o la adaptación del espacio público para garantizar la necesaria distancia social; han apoyado a su tejido económico, en especial a los sectores más golpeados por el confinamiento (la restauración, el turismo, el comercio local o la cultura); y han reforzado las redes de solidaridad y atención a los vulnerables, garantizando derechos y abordando brechas en un contexto en el que las desigualdades se han agravado.
Pero el papel de las ciudades va más allá de mitigar los impactos de la pandemia. Como ha reconocido recientemente Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el papel de las ciudades en los procesos de recuperación es esencial. Representan un porcentaje relevante del gasto público –un 23,3% de media en 2018– y las competencias que gestionan las sitúan en una posición privilegiada para abordar retos ineludibles como la transformación de los sistemas productivos locales, avanzar hacia la neutralidad climática, revisar patrones sociales de conducta o atender a los más vulnerables.
Antes, durante y después de la pandemia, las ciudades han mostrado una gran capacidad para abordar las múltiples crisis que las amenazan –de salud, económica, social y climática, innovando en la definición de soluciones fuertemente adaptadas a las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía. Lo han hecho liderando procesos colectivos, facilitando la implicación de los actores del territorio, el sector privado, la sociedad civil, universidades y centros de investigación, movilizando todos los recursos y el conocimiento que estos pueden aportar.
La doble transición ecológica y digital nos da buenos ejemplos de ello. El compromiso de las ciudades europeas en la lucha contra el cambio climático es de muy largo recorrido y viene acompañado por ecosistemas de innovación muy relevantes. Buen ejemplo de ello son las políticas que impulsan para favorecer la movilidad sostenible y reducir las emisiones –como la Zona de Bajas Emisiones o las supermanzanas impulsadas por Barcelona o la Ciudad de los 15 minutos que ha diseñado París y que también están integrando otras ciudades como Praga, así como las que se centran en la eficiencia energética en edificios –como el sistema de district heating impulsado por Estocolmo como parte de su estrategia para convertirse en un ciudad libre de combustibles fósiles en 2040– o también, las que buscan impulsar la recuperación económica pospandemia apostando por la economía circular –entre las que destaca el caso de Ámsterdam.
También es notoria la apuesta que están haciendo algunas ciudades europeas para avanzar hacia una digitalización basada en derechos. El aterrizaje del 5G, la Inteligencia Artificial, el Internet de las cosas, el big data o las plataformas tecnológicas de intermediación tienen un efecto disruptivo en las ciudades. En este contexto podemos destacar experiencias como los registros algorítmicos impulsados por ciudades como Ámsterdam o Helsinki, que permiten informar a los ciudadanos sobre dónde se han desplegado sistemas de Inteligencia Artificial, de dónde han sacado los datos, qué datos, y qué hacen con ellos; y permiten que el ciudadano participe con su feedback. O, por último, la estrategia de inclusión digital que está llevando a cabo Barcelona para combatir las brechas digitales en ámbitos como la conectividad, el acceso a dispositivos o la capacitación, que amenazan con añadir una nueva capa de desigualdad a las disparidades urbanas ya existentes.
Es precisamente en el ámbito de la inclusión social donde las innovaciones que impulsan las ciudades adquieren mayor trascendencia para la ciudadanía. Éstas tienen capacidad de cartografiar las vulnerabilidades, conocen las brechas existentes y tienen legitimidad para liderar procesos que involucran a los actores sociales. Sus políticas no sirven únicamente para asistir a los colectivos más vulnerables, sino que, trabajando en una lógica de derechos, se orientan a generar cambios estructurales en ámbitos clave como la vivienda, la integración de los inmigrantes, la igualdad de género, el empleo o la economía de los cuidados. En un escenario de recursos escasos, de resistencias y limitaciones importantes en los marcos normativos, y de competencias poco claras, las ciudades europeas han mostrado una importante resiliencia y capacidad de innovar.
Ciudades como Viena o Berlín llevan años interviniendo en un mercado tan sensible como el de la vivienda. La capital austríaca ha logrado que un 60% de la población viva en una vivienda social, lo que ha permitido avanzar, por un lado, en la garantía de un derecho básico –el de acceso a una vivienda adecuada y accesible– y, por el otro, en una mayor mixtura social que ha convertido la ciudad en un espacio de convivencia entre personas de diferentes estratos sociales, procedencias e identidades. Pero la innovación social en las ciudades va más allá de la vivienda; abarca ámbitos críticos como la renta mínima, la economía de los cuidados, la pobreza energética o la seguridad alimentaria. Y lo hace, siempre, en una lógica de trabajo en red entre el gobierno local y los actores sociales de la ciudad.
Porque es en el ámbito de las ciudades donde la relación entre gobierno y ciudadanía ha evolucionado más y ha avanzado hacia esquemas de gobernanza basados en la corresponsabilidad. Algunas ciudades han logrado evolucionar los mecanismos de participación ciudadana definiendo herramientas tecnológicas que facilitan la implicación transversal de la sociedad, o marcos regulatorios que favorecen la gestión compartida de bienes comunes. Destacan plataformas digitales de participación ciudadana como Decidim Barcelona, que se han desarrollado en código abierto para facilitar la interacción con la ciudadanía –cualquier ciudadano puede acceder para mejorarla– y crear una red de ciudades que la utilizan alrededor del mundo; o proyectos como el laboratorio de la subsidiariedad Labsus, que ha contribuido a la aprobación de reglamentos que regulan la gestión compartida de bienes comunes en más de 100 ciudades de Italia.
Europa no se puede permitir dejar de lado toda esta capacidad que tienen las ciudades para definir soluciones innovadoras en ámbitos tan sensibles para la ciudadanía. La UE y sus estados miembros deben diseñar los canales a través de los cuales las ciudades, sus gobiernos, pero también los actores que operan en ellas puedan ser partícipes de las estrategias de recuperación y transformación y participar en su implementación. Es relevante poner en valor planteamientos como los definidos en los países escandinavos, Alemania u Holanda, que favorecen esquemas de gobernanza colaborativa que incluye a las ciudades. Imponer lógicas jerárquicas, verticales, como las que apuntalan todavía muchos países, conduce a definir políticas públicas menos eficientes, con menor capacidad de irrigar el tejido socioeconómico y de desplegar todo el potencial y los recursos que tienen los actores que operan en el entorno local. Un potencial sin el cual Europa no puede aspirar a generar cambios estructurales reales.
Las ciudades, por su parte, deben tomar consciencia de la oportunidad que plantea el presupuesto acordado por la UE y asumir el reto de impulsar cambios sistémicos en ámbitos clave de la vida urbana. Cambios que, a pesar de las resistencias que encontrarán en el ámbito local, deberán servir para redefinir cuestiones tan sensibles como la movilidad, el espacio urbano, los factores productivos, el trabajo, la educación o el acceso a derechos básicos como la vivienda, la energía o la salud. Cambios que, por su calado, requerirán visión, voluntad, compromiso y la capacidad de generar alianzas. Su capacidad demostrada de innovación ofrece una muy buena base para ello, y el proceso de recuperación y transformación impulsado por la UE un marco de referencia ineludible.