Europa no cae del cielo

Opinion CIDOB 37
Fecha de publicación: 05/2009
Autor:
Francisco Andrés Pérez
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Francisco Andrés Pérez
Asistente del Programa Europa, Fundació CIDOB. Coordinador del Proyecto Europeo EU4SEAS

18 de mayo de 2009 / Opinión CIDOB, n.º 37

Entre los próximos 4 y 7 de Junio se celebran elecciones al Parlamento Europeo en los 27 estados de la Unión. Se trata de la mayor elección transnacional del mundo. Sin embargo, sólo el 16% de los daneses saben que las elecciones europeas son este año; los partidos políticos en Irlanda, que tiene en sus manos el futuro del Tratado de Lisboa, siguen sin saber explicar a la ciudadanía qué hace el Parlamento Europeo, y Berlusconi podría hacer coincidir la elección con un referéndum sobre la ley electoral nacional para instaurar un sistema bipartidista. Todo ello tras una presidencia checa de las más euro-escépticas y unas previsiones de participación por debajo del 34% según el último eurobarómetro. El panorama no puede ser más desalentador ante unas elecciones que han de elegir al Parlamento que habrá de poner en marcha las profundas reformas institucionales del Tratado de Lisboa y navegar en un contexto adverso de crisis económica.

Es posible, como sostienen algunos analistas, que la coyuntura actual desincentiva la participación. La preocupación de los electores por el desempleo y la situación económica -lugares comunes en un entorno de crisis y que no competen directamente a la Unión Europea sino a los estados con sus instrumentos de política presupuestaria y fiscal- hacen parecer a las instituciones europeas en general, y al Parlamento, en particular, actores irrelevantes frente a la opinión pública.

La última legislatura del Parlamento ha tenido mayor presencia mediática gracias a su combativa oposición a la Comisión y al Consejo en algunas de sus votaciones: el rechazo a la Directiva de las 65 horas; el encendido debate sobre cuestiones de máxima actualidad (Directiva de retorno de inmigrantes en situación irregular); la aprobación del paquete legislativo sobre el cambio climático; o cuestiones más cercanas como el tirón de orejas al Gobierno español con el Informe Auken por el deterioro medioambiental producido por la construcción masiva en el Levante. A ojos de algunos socialdemócratas europeos estas actuaciones le han hecho erigirse en una suerte de mediador benévolo entre la frialdad tecnócrata de la Comisión y la falta de sensibilidad social de la mayoría del Consejo.

Sin embargo, para otros, el origen no sólo de la desafección sino del desconocimiento de la Eurocámara radica en el hecho de que este mayor protagonismo a nivel político está lejos de tener su equivalente a nivel institucional, donde no pasa de ser un incómodo compañero que de vez en cuando mete el dedo en el ojo de alguno de los dos grandes actores de la arquitectura institucional de la Unión. Es cierto que los electores europeos no elegirán el próximo junio una cámara de representantes con iniciativa legisladora, capaz de elegir al presidente de la Comisión y de equilibrar el balance político que garantice una Unión en una diversidad menos fragmentada. Pero tampoco el Parlamento es una mera cámara deliberativa. En él se aprueban las directivas cuya transposición forma parte del 80% del corpus legislativo de los estados. Unas leyes que pueden determinar la evolución del modelo socioeconómico europeo de las próximas décadas. Por ejemplo, la transposición de la directiva que rige los derechos mínimos de los trabajadores comunitarios que prestan servicio en otros estados de la Unión (96/71/EC) ha provocado en el Reino Unido encendidas protestas y hasta huelgas encubiertas promovidas por los sindicatos de los trabajadores de refinerías y centrales nucleares opuestos al dumping social que, según ellos, practican las subcontratas al emplear por salarios menores a los acordados en los convenios colectivos a trabajadores italianos, españoles y portugueses. Su revisión el próximo otoño puede ser objeto de disputa con la amenaza de veto en la renovación de la Comisión.

Sin embargo es muy difícil que la ciudadanía pueda entrever el brillo de unas elecciones si se presentan en medio de una nebulosa jurídica indescifrable para la mayoría de los mortales. Lo cual hace más fácil percibirlas como un episodio más de la contienda electoral nacional a suerte de epílogo que dé la puntilla a gobiernos en línea descendente como el de Gordon Brown en el Reino Unido, o para medir el grado de apoyo real que tienen algunos líderes, como Sarkozy o Berlusconi o, como sueñan algunos, de prólogo de una alternancia en el gobierno, en el caso de Zapatero, aunque aún falten casi 3 años para las elecciones en España.

Por ello son necesarios los gestos políticos y la voluntad de los partidos nacionales para explicar a la ciudadanía la importancia de las instituciones europeas. Algunas de ellas, como el Banco Central Europeo, desprestigiadas por algunos gobiernos obsesionados por las rentas políticas a corto plazo. Europa puede sobrevivir sin europeístas pero no sin instituciones independientes.

Cuando la tormenta perfecta de esta gran recesión cese y Europa vuelva a pensarse como tal y se siga trabajando en resolver qué modelo de integración política es posible y qué papel quiere desempeñar en el mundo, necesitaremos de un Parlamento activo, defensor de los principios y derechos fundamentales de la construcción europea, de los valores de la solidaridad, la libertad, el imperio de la ley y el bien común. Que sepa conciliar la igualdad de derechos y oportunidades con las necesarias obligaciones e intereses de Europa en el mundo. Alertando, como dijo Altiero Spinelli, que “Europa no cae del cielo”, es necesario pues recordar una vez más a la ciudadanía la importancia de abandonar el próximo junio la clave nacional en estas elecciones y de enviar una señal inequívoca de que les importa Europa y su futuro.