Daniel Noboa, el nuevo presidente inesperado de Ecuador
La victoria de Daniel Noboa Azín en las elecciones presidenciales de Ecuador de 2023 plantea más preguntas que respuestas. Al igual que todos los gobiernos de la última ola democrática del país, el gran reto del nuevo ejecutivo será conseguir el apoyo del legislativo para poner en marcha sus propuestas políticas y conseguir la aprobación necesaria. Pero no dispone de mucho tiempo para mostrar su eficiencia, puesto que su mandato es solo de un año y medio.
A pesar de sus actividades como diputado, Daniel Noboa Azín, el nuevo presidente de Ecuador, es un desconocido en términos programáticos. De los vagos, y a veces contradictorios, pronunciamientos hechos durante la campaña electoral, la única certeza que se desprende es su posición promercado, con un énfasis en el fomento de las exportaciones del sector primario como motor del crecimiento. Certidumbre consecuente con su propia actividad privada. Durante la campaña, Noboa Azín centró sus propuestas en la creación de empleo, sin especificar medidas concretas y solo señalando que las oportunidades laborares mejorarán como consecuencia del crecimiento económico que su gobierno impulsará. En el plano político, también prima la incertidumbre. Su partido, el Movimiento de Acción Democrática Nacional (ADN) –siglas que se asemejan a sus propias iniciales– es de nueva fundación. Para poder participar en las elecciones, usó el registro electoral de Alianza País, antiguo partido de Rafael Correa que entró en crisis tras la ruptura entre éste y Lenin Moreno y terminaron abandonando los dos. La falta de antecedentes no ayuda a despejar la posición ideológica y programática de ADN. Tampoco contribuye a clarificarla, la composición del nuevo partido, formado por una amalgama de personas en las que, en muchos casos, se intuye más oportunismo que compromiso con un proyecto político.
Las soluciones a los problemas políticos y económicos de Ecuador no son sencillas y la dificultad aumenta si el nuevo gobierno no está familiarizado con las lógicas específicas del sector público. La gestión política cobra más importancia en un país sumido en una situación compleja por motivos económicos y por la infiltración de mafias criminales en la sociedad y el Estado. Así, uno de sus primeros retos será contar, no sólo con un gabinete de ministros competentes, sino también con una serie de cargos ubicados en el segundo nivel de la toma de decisiones, que es donde recae realmente la acción ejecutiva. Hasta el momento, los nombramientos anunciados son personas que vienen mayoritariamente del sector privado, como la futura responsable del ministerio de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, una empresaria turística con intereses en el sector de la aviación y los bienes raíces; o como el productor bananero, Danilo Palacio, expresidente de la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador (Acorbanec). También hay un pequeño grupo de tecnócratas entre las que destaca la nueva ministra de Finanzas, Sariha Moya, y personas sin un perfil profesional claro como la futura ministra de Medio Ambiente, Sade Fritschi, una joven de 26 años que acaba de terminar sus estudios. Por otro lado, después de las elecciones, Noboa ha sumado a su equipo de asesores al economista Alberto Dahik, con experiencia en la gestión pública al haber sido ministro y vicepresidente del país. Dahik fue el artífice del modelo neoliberal ecuatoriano, pero tuvo que dejar el país tras su gestión al no poder justificar el uso de fondos reservados.
El ejecutivo saliente del presidente Guillermo Lasso es la mejor evidencia de que los empresarios no siempre son buenos gestores públicos y de que un gobierno no funciona como una empresa en la que las decisiones se caracterizan por la verticalidad. En este sentido, existe el temor de que Noboa confunda sus intereses particulares con el Estado, más si se toma en cuenta que las empresas del grupo de su familia son grandes deudoras del fisco ecuatoriano.
Uno de los focos de inestabilidad constante del sistema presidencial ecuatoriano ha sido la pugna de poderes entre Ejecutivo y Legislativo. La base del problema está en que casi todos los presidentes del país –con la excepción de Rafael Correa– carecieron de un partido sólido o del suficiente número de escaños para gobernar con una clara mayoría. Esta situación se repite con el nuevo presidente, que solo cuenta con 14 de los 137 asambleístas. El escenario legislativo se complica aún más dado que el partido del expresidente Correa, Revolución Ciudadana (RC), tiene 52 asambleístas, casi el 40% del total. Además de ser la fuerza política mayoritaria del país, RC se ha convertido en el eje sobre el cual pivota la política ecuatoriana, aunque la segunda derrota consecutiva de Correa en una segunda vuelta ha debilitado al partido y cuestiona el liderazgo con mano de hierro del expresidente y su círculo de incondicionales. La paradoja es que a pesar de que Correa sigue siendo un gran activo político para su partido, el RC también ha constatado que tiene un tope electoral que achaca, precisamente, al rechazo que genera el expresidente. Quizás, ante este nuevo escenario, el RC pueda plantearse ser más cooperativo en la Asamblea con el fin de romper la imagen de partido obstruccionista y así romper el techo del 46% de los votos con miras a las elecciones presidenciales de 2025. Las declaraciones poselectorales de la excandidata González, las del alcalde de Quito, y las del mismo Correa van en esa línea, aunque también pueden optar por polarizarse en la oposición, como hicieron con el gobierno de Lasso, que se vio obligado a adelantar elecciones frente a un parlamento dominado por los correístas.
Para salvar obstáculos, el nuevo presidente ha anunciado que acudirá a mecanismos de democracia directa como las consultas para fortalecerse, como han hecho otros presidentes débiles. Pero las consultas exigen claridad y concreción en los temas y las preguntas, para que no sean una nueva oportunidad perdida en un país caracterizado por ser de los que más consulta al electorado. Además, los dos grandes retos del presidente son el fortalecimiento de la dolarización y reducir la violencia. En ambos casos, podría plantearse proponer grandes pactos nacionales en los que participen la mayor cantidad de fuerzas políticas con capacidad de veto. Ello podría llenar su agenda política durante el año y medio de gobierno que tiene y poner las bases de la reconstrucción del país al tiempo que reduciría la polarización política. Menos es más cuando urge concentrar esfuerzos para lidiar con problemas de tal magnitud.
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