Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y líder de la oposición al Ejecutivo del Partido Popular (PP), se convirtió en presidente del Gobierno de España el 2 de junio de 2018 al prosperar su moción de censura contra Mariano Rajoy. La sentencia condenatoria en el juicio del caso Gürtel, una trama de financiación ilegal del PP, desencadenó un movimiento de remoción parlamentaria que resultó factible por la situación de minoría de los populares en el Congreso de los Diputados y por la amalgama, heteróclita, de apoyos que Sánchez pudo recabar fuera de su grupo. La llegada de Sánchez al Palacio de la Moncloa tras pasarse el PSOE siete años en la oposición acontece, como en otros peldaños de una carrera política caracterizada por la ambición y la tenacidad, en circunstancias excepcionales. Es también el corolario inesperado de una travesía personal accidentada, capítulo a su vez del agitado curso político vivido por España en los últimos años.

Economista de formación, Sánchez fue escogido en 2014 por las bases socialistas para dirigir un partido en horas bajas, en plena crisis del sistema bipartidista imperante en España desde la restauración constitucional de 1978. Buscaba revigorizar al PSOE girándolo a la izquierda, abrazando un "modelo de socialdemocracia reformista", y asignándole las metas de una "segunda transición económica y social", una "regeneración democrática profunda" y un "nuevo modelo territorial" de corte federal para el país, todo lo cual requería cambios profundos en la Carta Magna. Las elecciones generales de 2015 depararon al PSOE los peores resultados del período democrático, pero la renuncia del presidente Rajoy, igualmente castigado por las urnas sin llegar a perder el PP la primera posición, a intentar su reelección en el Congreso hizo de Sánchez un aspirante alternativo a encabezar el nuevo Gobierno. Su alambicada maniobra de discusiones paralelas con Podemos (con el que ya había pactado en numerosos ayuntamientos y autonomías) y Ciudadanos (que llegó a firmar con él un acuerdo de gobierno "reformista y de progreso"), dos partidos ideológicamente alejados en medio de los cuales el PSOE, supuestamente, podría hacer de bisagra, no salió bien y en marzo de 2016 el líder socialista perdió dos votaciones consecutivas de investidura.

Tras este fiasco, Sánchez volvió a conducir a los socialistas en las elecciones anticipadas de junio de 2016. El PSOE repitió unos resultados pésimos, pero sus mandos se felicitaron porque Podemos, competidor por la izquierda, no le había hecho el temido sorpasso que auguraban los sondeos. A continuación, Sánchez, aduciendo principios, "por coherencia", se negó en redondo a facilitar, con la abstención del menguado grupo socialista, la investidura de Rajoy, quien no disponía de votos suficientes, generándose un bloqueo institucional que podía abocar al país a unas terceras elecciones. Esta postura inflexible ("no es no"), más la aproximación estratégica a Podemos, concitaron contra Sánchez un motín de sus críticos de la Ejecutiva del PSOE. Tras unos días de dramático forcejeo, Sánchez se vio obligado a abandonar la Secretaría General en octubre de 2016, pero en junio de 2017 fue mandado de vuelta a la misma, como en 2014, por los militantes consultados en unas primarias orgánicas.

El XXXIX Congreso del PSOE vino a coronar el triunfo de Sánchez sobre el establishment del partido, que además asumió su enfoque de un federalismo plurinacional asimétrico: ahora, Sánchez consideraba que España era una "nación de naciones", luego la futura reforma constitucional federal tendría que tener en cuenta este planteamiento. Meses después, el dirigente socialista tanto repudió el referéndum unilateral pro independencia celebrado en Cataluña —cuyo carácter de nación reconocía—, y apoyó a Rajoy en la intervención de la autonomía catalana por el Gobierno central, como instó al diálogo entre Madrid y la Generalitat, pues el grave conflicto catalán, aunque ponía en jaque la integridad del Estado, era un "problema político" que requería "soluciones políticas".

Primer candidato a presidente del Gobierno español en perder una votación de investidura parlamentaria y también el primero en alcanzar el puesto vía moción de censura, Pedro Sánchez ha formado un Gobierno monocolor que adolece de una aguda minoría parlamentaria, al disponer el PSOE únicamente de 83 diputados sobre 350, su cuota más baja desde 1977. Por el momento, ninguna de las fuerzas que hizo posible su instalación (Unidos Podemos y confluencias afines de izquierda, soberanistas catalanes, nacionalistas vascos) se ha comprometido a prestarle apoyo legislativo en firme. El Gabinete Sánchez, descrito por su responsable como "modernizador, progresista y europeísta", ha causado sensación al incluir a más mujeres que hombres, dando lugar a un récord europeo y mundial de ministras, y por la abundancia de expertos técnicos. 

Las acciones y anuncios de impacto se han sucedido en las primeras semanas de andadura de un Ejecutivo que, contrariamente a lo sugerido por su jefe previamente a la investidura sobre un adelanto electoral, quiere agotar la legislatura en 2020: los gestos de "normalización" dirigidos a la Generalitat catalana; la acogida en el puerto de Valencia de los 600 migrantes, rechazados por Italia, a bordo del buque de salvamento de ONG Aquarius y el avance de otras medidas que apuntan a una política de inmigración y asilo más sensible a la dimensión humanitaria, reclamando de paso un mejor concierto europeo y trabajando para que en la UE no avancen los "egoísmos nacionales"; la retirada o modificación de legislaciones del PP en las áreas laboral y educativa; la "recuperación" de la sanidad pública universal; el impulso a las energías renovables; o la regulación de la eutanasia.

"Trabajamos por unas instituciones dignas, por la igualdad y la justicia social", dice en su presentación en Twitter el nuevo gobernante español, que toma las riendas de un país entre cuyos retos económicos están la generación de empleo de calidad, el cumplimiento de los objetivos de reducción de déficit, un sistema de recaudación fiscal ajustado a las necesidades planteadas del gasto público, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la financiación autonómica.

1. Un economista en los cuadros del PSOE

2. Cuatro años de accidentado liderazgo del Partido y de la oposición al Gobierno del PP
2.1. Subida la Secretaría General y avance de un programa
2.2. Las pruebas electorales de 2015 y los pactos municipales y autonómicos con Podemos
2.3. El gran embrollo político de 2016: dos investiduras presidenciales fallidas, segundas elecciones generales y defenestración por la cúpula socialista
2.4. Recuperación de la Secretaría del Partido y nueva etapa en la oposición a Mariano Rajoy

3. Presidente del Gobierno de España en 2018 vía moción de censura

1. Un economista en los cuadros del PSOE
El séptimo presidente de Gobierno en los 40 años de democracia en España nació en Madrid en 1972, en el hogar formado por el empresario, empleado de banca privada y gerente de organismos del Estado Pedro Sánchez, y la funcionaria de la Seguridad Social y abogada Magdalena Pérez-Castejón. El muchacho, que pasó varios veranos en Irlanda para aprender inglés y hasta los 21 años jugó de alero en el equipo de baloncesto Estudiantes, realizó el Bachillerato en el Instituto Ramiro de Maeztu, colegio público de reconocida solera próximo a su casa en el distrito de Tetuán.

A lo largo de la década de los noventa y principios de la siguiente, el futuro gobernante se labró un perfil académico de economista, especializado en cuestiones de empresa y europeas, en cuatro casas de estudios superiores: el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial (RCUMCE, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid), por el que se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales; la Universidad Libre de Bruselas (ULB), donde obtuvo un máster, impartido en francés, en Política Económica de la Unión Europea; el campus madrileño del IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) Business School de la Universidad de Navarra, en cuyas aulas cursó un Programa de Liderazgo para la Gestión Pública; y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG, adscrito a la Complutense), que le expidió un segundo máster en Integración Económica y Monetaria Europea.

Posteriormente, en 2012, Sánchez iba a doctorarse en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela (UCJC) de Villanueva de la Cañada (Madrid), sobre la base de una tesis titulada Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2000-2012). Este trabajo doctoral, con nota de cum laude, fue el fundamento de un libro, La nueva diplomacia económica europea, que Sánchez publicó en 2013 en coautoría con Carlos Ocaña Urbis.

El compromiso militante del joven Sánchez con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que estaba afiliado su padre, se remonta a 1993, el año de la cuarta victoria consecutiva, y postrera, de la formación que lideraba el presidente del Gobierno desde 1982, Felipe González . En 1994 Sánchez, por entonces alumno de Económicas en el RCU de la Complutense en El Escorial, se afilió a las Juventudes Socialistas, aunque hasta transcurrida una década no iba a desempeñar funciones de relieve en la sección madrileña del Partido.

Sánchez estuvo varios años dedicado a cuestiones de alcance internacional, una actividad profesional facilitada por su conocimiento de los idiomas inglés y francés. En 1998 ejerció en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo como ayudante de la eurodiputada del PSOE Bárbara Dührkop. Al año siguiente fue reclutado para el gabinete de asistentes del Alto Representante Internacional para la Implementación del Plan de Paz de Dayton en Bosnia-Herzegovina, el diplomático español Carlos Westendorp, quien previamente había sido ministro de Exteriores en el último Gobierno de Felipe González. A su regreso a España, el licenciado en Economía fungió brevemente de responsable de relaciones internacionales de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), y entre 2000 y 2004 prestó diversos servicios de asesoría, a la dirección del PSOE y a clientes empresariales, en estos casos a título de consultor privado.

En julio de 2000, pocos meses después de encajar el PSOE su segunda y más contundente derrota en unas elecciones generales a manos del Partido Popular (PP) de José María Aznar, Sánchez participó como delegado en el XXXV Congreso Federal del Partido, cónclave que supuso la elección de José Luis Rodríguez Zapatero para el puesto de secretario general. Al constituirse la nueva Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Sánchez se aproximó al grupo de militantes del círculo de José Blanco López, secretario de Organización y uno de los principales lugartenientes de Zapatero.

Tres años después, Sánchez fue incluido en la lista de candidatos confeccionada por la Federación Socialista Madrileña para las elecciones municipales de mayo de 2003. Las votaciones depararon a los socialistas que encabezaba Trinidad Jiménez 21 concejalías, pero Sánchez no entró en el Consistorio madrileño porque iba en el puesto 23 de la lista. De todas maneras, en mayo de 2004 se convirtió en edil por la vía de la sustitución de su compañera Elena Arnedo, renunciante a su acta. Poco antes, el PSOE había ganado las elecciones generales y Zapatero había sido investido presidente del Gobierno de España. En las municipales de mayo de 2007 Sánchez renovó su concejalía por méritos propios, al concurrir como decimoquinto de lista y ganar el PSOE en esta ocasión 18 representantes. Durante sus ejercicios en el Ayuntamiento de Madrid, el economista ocupó sendos puestos en la Asamblea General de Caja Madrid, el Consejo de la Empresa Municipal de Promoción de Madrid y el Consejo de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

En 2006 el concejal contrajo matrimonio con la bilbaína María Begoña Gómez Fernández, una titulada en Administración de Empresas especialista en fundraising o captación de fondos para ONG, fundaciones y empresas sin ánimo de lucro. La boda civil fue oficiada en el propio Ayuntamiento de la capital por Trinidad Jiménez. La pareja ya eran padres de una niña desde el año anterior, Ainhoa, a la que más tarde se unió una hermana, Carlota. La familia estableció su residencia en Pozuelo de Alarcón, en la periferia norte de Madrid.

Desde 2008 Sánchez compatibilizó la actividad política con la docente al contratar como profesor asociado a tiempo parcial con la Universidad Camilo José Cela, en la que, como se citó arriba, iba a sacarse el doctorado cuatro años después. Su docencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas (hoy, Facultad de Derecho y Economía) de la UCJC, prolongada hasta 2013, abarcó las asignaturas de Estructura Económica, Economía Española y Mundial e Historia del Pensamiento Económico.

A pesar de su historial de servicios, el treintañero, políticamente ambicioso, no conseguía que el Partido le colocara en posiciones más delanteras, postergando así la ocasión para que su carrera pudiera tomar vuelo. En las elecciones generales de marzo de 2008, vueltas a ganar por el PSOE con mayoría simple, figuró en la lista de diputados por Madrid, pero ocupando un remoto 21º lugar, de manera que no consiguió el escaño en el Congreso (resultaron electos los 15 primeros candidatos, con el presidente Zapatero a la cabeza). De nuevo, en septiembre de 2009, una carambola por vacancia de terceros, en esta ocasión la baja voluntaria de Pedro Solbes Mira, elegido segundo de lista por Madrid, quien desocupó su escaño meses después de cesar como vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda en el Gobierno Zapatero, catapultó a Sánchez a un asiento de representación popular. Fue su debut en la Cámara baja de las Cortes Generales. En su primera legislatura, Sánchez, elegido "diputado revelación" de 2010 por la Asociación de Periodistas Parlamentarios, fue vocal de las comisiones de Asuntos Exteriores y Mixta para la Unión Europea, y portavoz adjunto de la Comisión de Política Territorial.

Las elecciones anticipadas de noviembre de 2011, celebradas en plena segunda fase de la Gran Recesión económica y saldadas con el hundimiento del PSOE y el regreso del PP al poder disfrutando de mayoría absoluta, depararon a Sánchez exactamente la misma experiencia de 2008-2009: no le tocó el escaño por Madrid y esta vez por los pelos, pues concurría el undécimo de lista y en dicha circunscripción el PSOE llegó a ganar únicamente una decena de diputados, el primero de los cuales era Alfredo Pérez Rubalcaba, aspirante a la jefatura del Gobierno en lugar de Zapatero; pero a últimos de 2012 Cristina Narbona cesó en el Congreso para ejercer en el Consejo de Seguridad Nuclear y el 15 de enero de 2013 su colega 21 años más joven fue el encargado de suplirla. Otra vez de rebote, Sánchez era diputado en representación de Madrid. En su segunda legislatura, desempeñó vocalías en las comisiones de Economía y Competitividad, Reglamento y para el Estudio del Cambio Climático; en esta última Comisión, fue además el portavoz del grupo socialista hasta septiembre de 2014.


2. Cuatro años de accidentado liderazgo del Partido y de la oposición al Gobierno del PP
Tras retornar al Congreso de los Diputados, Sánchez, un perfecto desconocido para la gran mayoría de los españoles y ya metido en la cuarentena de edad, fue madurando la idea de postularse al liderazgo del PSOE en cuanto se planteara la ocasión. Ahora mismo, al frente de la agrupación, en horas muy bajas en la oposición parlamentaria al Gobierno popular de Mariano Rajoy, estaba Pérez Rubalcaba, curtido ex ministro multicartera y superviviente en activo desde los años de Felipe González, quien había sido elegido por el XXXVIII Congreso secretario general en febrero de 2012.

El mayor hándicap de Sánchez para realizar sus ambiciones de conducir el socialismo español no era tanto su invisibilidad de cara al público (cuando en 2000 asumió el mando de la formación, Rodríguez Zapatero tampoco era un político conocido por el común de los españoles) como su ausencia de los órganos directivos del Partido, no habiendo sido nunca miembro de la Comisión Ejecutiva Federal ni del Comité Federal, ni siquiera de la Comisión Ejecutiva Regional de Madrid. Tampoco se trataba del protegido visible de algún dirigente de peso. El doctor en Economía era tan solo un cuadro discreto cuyo trabajo interno en el Partido no había pasado de los cometidos auxiliares, opacos aunque laboriosos, como apoyar campañas de promoción de otros compañeros, coordinar actividades y gestionar las aportaciones programáticas de los militantes de base.

2.1. Subida la Secretaría General y avance de un programa
Sánchez empezó a darse a conocer a las agrupaciones socialistas de toda España luego de que en enero de 2014 el Comité Federal, máximo órgano entre congresos, aprobara celebrar un proceso de primarias abiertas en el mes de noviembre; de estas elecciones internas, en las que podrían votar ciudadanos no militantes, debían de salir los cabezas de lista para las elecciones autonómicas y generales que tendrían lugar en 2015. El diputado por Madrid ya tenía puesta la mirada en la candidatura a la Presidencia del Gobierno, empresa solitaria que en los primeros meses de 2014 muy pocos habrían considerado realizable.

Los desastrosos resultados de las elecciones europeas de mayo de 2014, que dejaron al PSOE en su cota más baja, el 23% de los votos, desde la restauración democrática de 1977, trastocaron los planes de la dirección socialista. El secretario general, Rubalcaba, anunció la dimisión y su intención inicial fue entregar las riendas del Partido al compañero que escogieran el millar de delegados, más o menos controlados por los distintos aparatos territoriales, de un congreso extraordinario a celebrar en julio. Sin embargo, varios miembros de la cúpula socialista, entre ellos la ex ministra Carme Chacón, quien había contendido por la Secretaría General en el XXXVIII Congreso, exigieron unas primarias orgánicas en las que, por primera vez en la historia del Partido, pudieran votar los casi 200.000 militantes. El Congreso Extraordinario de julio se limitaría a ratificar el resultado de la consulta directa a los afiliados. Posteriormente, acontecería la primaria abierta de cara a las elecciones nacionales. Finalmente, se adoptó este segundo formato para seleccionar al sucesor de Rubalcaba, un veterano dos décadas mayor que Sánchez, quien en comparación representaba como mínimo la renovación generacional.

El 12 de junio de 2014 Sánchez destapó su candidatura a la Secretaría y en pocos días, para sorpresa general, acumuló el mayor número de avales, o firmas de respaldo de los militantes, y con diferencia, 41.338 en total. Eran 16.100 avales más que los presentados por su principal competidor, Eduardo Madina Muñoz, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y personalidad bien conocida por el público desde que en 2002, siendo dirigente de las Juventudes Socialistas de Euskadi, sufriera un atentado con bomba de la banda terrorista ETA a consecuencia del cual perdió una pierna. El tercer candidato, el andaluz José Antonio Pérez Tapias, alcanzó por muy poco los 9.874 avales (el 5% de la militancia) requeridos para seguir en la contienda.

La elección tuvo lugar el 13 de julio con una participación del 66,7% del censo y Sánchez se proclamó vencedor al obtener el 48,67% de las papeletas (64.118 votos). Madina quedó segundo con el 36,2% y Pérez Tapias tercero con el 15,1%. Ya solo quedaba la ratificación de los resultados de la primaria orgánica por el Congreso Extraordinario, el cual tuvo lugar en Madrid el 26 y el 27 de julio. En la primera jornada, los congresistas eligieron por aclamación a Sánchez vigésimo secretario general desde la fundación del Partido en 1879 y en la segunda avalaron con el 86,2% de los votos su propuesta de nueva Comisión Ejecutiva Federal, bastante heterogénea.

Se hizo notar el peso adquirido en la misma por los socialistas andaluces, la federación territorial que más votos aportaba en las elecciones a las Cortes, y los barones regionales, es decir, los secretarios generales de las agrupaciones del PSOE en las comunidades autónomas. Madina y Pérez Tapias se quejaron de que sus sectores estaban poco representados y que no veían mucho de la Ejecutiva de "integración" descrita por Sánchez. De hecho, este era el primer equipo que formaba Sánchez desde el inicio de su carrera política.

A lo largo de su campaña de promoción interna, durante el proceso de primarias y con posterioridad a su llegada inopinada a la Secretaría General del PSOE, Sánchez fue desgranando los contenidos y mensajes de una plataforma personal que finalmente devino estrategia del Partido. Por de pronto, él venía a encarnar un "giro a la izquierda" con "recuperación de las señas de identidad", un "modelo de socialdemocracia reformista" que haría del devaluado PSOE una fuerza política más comprometida con los colectivos sociales vulnerables y más atenta a los problemas de los ciudadanos castigados por los estragos de una tremenda crisis económica y financiera de seis años, la cual solo ahora España parecía empezar a superar, a la luz de las cifras macroeconómicas. Para Sánchez, en estos momentos el mal número uno de España era la "desigualdad", agudizada según él por "las políticas conservadoras del PP, que hunden con los impuestos a las clases media y trabajadora, desmantelan el Estado del bienestar y precarizan las relaciones laborales".

Si en las próximas votaciones generales los electores dieran al PSOE la oportunidad de gobernar, continuaba explicando Sánchez, el país podría abordar una "segunda transición económica y social", guiada por la lucha contra la desigualdad y la defensa de los servicios públicos, sin olvidar los déficits de productividad y competitividad en el sector productivo, y de paso una "regeneración democrática profunda". Sánchez explicaba que su impulso modernizador y reformador tenía dos referentes en la Europa contemporánea: uno, en la España de ayer, su predecesor Felipe González, el heraldo del "cambio" en las elecciones 1982, y el otro en la Italia del presente, el primer ministro Matteo Renzi, llamado en su país "el desguazador". Al entender de Sánchez, González y Renzi reunían las cualidades de ser "de izquierdas y reformistas".

El nuevo líder de la oposición al Gobierno de Mariano Rajoy abogaba asimismo por una reforma de la Constitución de 1978 para, entre otros cambios, articular España como un Estado federal y poder dar respuesta a las aspiraciones de autodeterminación o independencia para Cataluña planteadas por las fuerzas nacionalistas gobernantes en la comunidad autónoma, proceso que estaba tomando el cariz de un reto frontal a las instituciones centrales de Madrid, refractarias a las demandas soberanistas.

El "marco de convivencia federal", diagnosticaba Sánchez, era "la única vía" para impedir el "choque de trenes" entre territorios. Sin embargo, el PSOE, y en esto estaba de acuerdo con el PP, no admitía la consulta popular proindependencia que la Generalitat catalana tenía previsto celebrar con carácter unilateral. Además, dicha reforma federalista, ajustada a la Declaración de Granada aprobada por el PSOE en 2013, no definiría a Cataluña como nación, como tampoco eliminaría los sistemas de financiación singulares del País Vasco y Navarra. Cambios a realizar serían la reforma del Senado, la delimitación precisa de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, y el reconocimiento de especificidades en algunas de ellas. Otras cuestiones urgentes para Sánchez concernían a la educación y la energía, para las que el dirigente socialista propugnaba sendos pactos de Estado.

También, Sánchez prometía ser "implacable con la corrupción", lacra que desde hacía mucho tiempo estaba generando infinidad de escándalos políticos, algunos con vastas repercusiones judiciales y con miles de millones de euros defraudados, y manchando muy seriamente la imagen de los principales partidos, tanto el PP, de manera señalada, como el PSOE. Ahora, este condominio bipartidista clásico, con alternancia electoral entre el centro-izquierda y el centro-derecha, asentado en la década de los ochenta, amenazaba con venirse abajo por la desafección de millones de votantes, indignados por los interminables escándalos de corrupción y por los ajustes y recortes anticrisis. Y la fractura sociopolítica daba alas a partidos nuevos como Podemos y Ciudadanos, capaces de hacerles una formidable competencia a los grandes. Con él a su frente, el PSOE pasaba a ser "el partido de la honradez intransigente", afirmó Sánchez en su discurso inaugural en el Congreso Extraordinario. En este sentido, ya estaba sobre la mesa el proyecto de un nuevo Código Ético para los socialistas.

Recuperar la unidad orgánica de su formación y la confianza de muchos anteriores votantes del PSOE que estaban decantándose por Podemos (las sensibilidades más a la izquierda, mientras que votantes más moderados, orientados al centro, podrían encontrar atractivo en cambio Ciudadanos) o simplemente absteniéndose, era la meta por la cual el proyecto político de Sánchez se jugaba su credibilidad. "Quiero ganar las elecciones para transformar la sociedad, porque no vale solo protestar", proclamaba el nuevo líder socialista en alusión a Podemos, un partido contestatario que tenía su génesis en las protestas sociales encuadradas en el Movimiento 15-M, surgido en 2011. Para Sánchez, la formación que lideraba Pablo Iglesias (quien se llamaba igual que el histórico fundador del PSOE en el siglo XIX) era una opción "populista" y demagógica", que buscaba "llevar al país por la senda de la Venezuela chavista" cuando no practicaba el "oportunismo ideológico". En cambio, el PSOE, exponente de la "izquierda seria", sí estaba capacitado para "construir una alternativa socialista, esperanzadora y solvente".

2.2. Las pruebas electorales de 2015 y los pactos municipales y autonómicos con Podemos
El primer gran examen para el liderazgo y el proyecto de Pedro Sánchez, un secretario general del PSOE y un antagonista parlamentario de Rajoy neófito y por consolidar, tocaba en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. La cuenta atrás para las mismas estuvo erizada de dificultades. De entrada, algunos sondeos periodísticos de la intención de voto mostraron a Podemos haciéndole un espectacular sorpasso al PSOE, que de materializarse supondría la derrota del segundo a manos del primero en la batalla por la "hegemonía de la izquierda". Se trataba de un escenario catastrófico que Sánchez se negaba siquiera a imaginar, pero que infundía temor en el PSOE.

Otro obstáculo, y no menor, eran los movimientos inamistosos de importantes figuras del Partido, a los que Sánchez no terminaba de convencer. Los medios mencionaron al ex presidente Rodríguez Zapatero y notables de su entorno como Carme Chacón, aunque todas las miradas acababan apuntando a Susana Díaz, la poderosa secretaria general del PSOE andaluz y presidenta de la Junta de Andalucía desde 2013, a la que se adjudicaba un interés en disputarle personalmente a Sánchez la candidatura a La Moncloa en las futuras y postergadas primarias abiertas, o bien el deseo de que la postulación recayera en otra persona, preferiblemente afín a ella.

La cercanía de los comicios de mayo llevó a Sánchez a precisar y sistematizar sus propuestas, para que los ciudadanos las vieran como un programa diferenciado y coherente, todo en clave nacional y marcando las distinciones con Podemos, pero entreviendo al mismo tiempo los posibles puntos en contacto. El líder socialista vertía abundantes críticas a Iglesias y en varias ocasiones negó de manera expresa su disposición a colaborar con él en determinadas circunscripciones, pero otras veces sugería que la puerta a los pactos poselectorales con Podemos no estaba cerrada. Al parecer, el PSOE tampoco descartaba entenderse llegado el caso con Ciudadanos, el partido de Albert Rivera.

Podemos se presentaban a las urnas formando una urdimbre de coaliciones con partidos más o menos análogos, "plataformas de confluencia" de izquierdas y "candidaturas ciudadanas de unidad popular". La posibilidad de llegar a acuerdos poselectorales con Podemos y el planteamiento de una reforma constitucional federalista orientada a facilitar el encaje de Cataluña en España eran dos temas que Susana Díaz y sectores del aparato del PSOE veían con escepticismo, cuando menos. Sánchez podía "compartir" con Iglesias "el diagnóstico de los problemas reales", pero no "las soluciones falsas"; aquí, él "discrepaba". Por ejemplo, el PSOE no compartía las propuestas de Podemos de nacionalizar sectores estratégicos de la economía, introducir la semana laboral de 35 horas, permitir la jubilación a los 60 años (frente a los 67 actuales) y establecer una renta básica universal, si bien los socialistas consideraban un ingreso mínimo vital de carácter no contributivo.

El proyecto sanchista entrañaba un abanico de "cambios y reformas radicales, pero sin ruptura". Así, el secretario general pretendía derogar la reforma laboral de 2012, defendida por el Gobierno del PP a tenor de la evolución descendente de la tasa de paro pero fustigada por el PSOE por los altos niveles de temporalidad y precariedad en el empleo, y cambiar el Estatuto de los Trabajadores. También, creía oportuno modificar la "errónea" reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, pactada por Zapatero y Rajoy en agosto de 2011 bajo presiones de la UE, que, en aras de la estabilidad presupuestaria, imponía límites al déficit estructural de las administraciones públicas. En materia tributaria, quería suprimir las deducciones para las empresas y que estas pagaran como mínimo el 15% en el impuesto sobre sociedades, aplicar un gravamen a las grandes fortunas y otro a las transacciones financieras, establecer cinco impuestos verdes sobre emisiones y residuos contaminantes, prohibir las llamadas amnistías fiscales para aflorar dinero negro e intensificar la lucha contra el fraude, medidas todas contenidas en una "reforma fiscal de izquierdas".

Además, Sánchez propugnaba el cierre de todas las centrales nucleares en 2028, una nueva reforma del sector eléctrico, duplicar la inversión pública en I+D+i, derogar la (aprobada ahora, en marzo de 2015, con la mayoría del PP) Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, peyorativamente llamada por la oposición ley mordaza, y dar carpetazo también a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), o ley Wert, a reemplazar por un nuevo "pacto educativo". Otro punto destacado de este borrador de programa era la revisión de los Acuerdos España-Santa Sede de 1979, con el fin de profundizar el "Estado laico" y terminar con los "privilegios" mantenidos por la Iglesia Católica en cuestiones como el tratamiento fiscal y la enseñanza de la religión en la escuela pública. En política exterior, el PSOE prometía reconocer el Estado palestino en cuanto llegara al Gobierno.

Sánchez reprochaba a Rajoy su triple "inmovilidad" ante el conflicto de Cataluña, la necesidad de una reforma "renovadora" de la Carta Magna y los múltiples escándalos de corrupción que asaltaban su partido (en tanto que el PSOE cargaba con sus propios casos, como la gran trama corrupta en torno a los expedientes de regulación de empleo, ERE, para otorgar jubilaciones anticipadas, que implicaba a la Junta de Andalucía), y recalcaba que el "adversario" del PSOE no era otro que el PP. Con los populares no se gobernaría en gran coalición ni aun acuciados por una aritmética parlamentaria complicada, pero esa era una posibilidad, nunca vista en la historia democrática de España, que no desechaba, por ejemplo, el ex presidente Felipe González.

Todo ello no era óbice para, en febrero de 2015, firmar con el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa un pacto contra el terrorismo yihadista. El pacto antiyihadista, primer acuerdo de Estado al que llegaban Sánchez y Rajoy, podía servir para ilustrar la voluntad del líder socialista de "tender la mano" a todos los partidos para acometer una "reforma constitucional a fondo", en tres ámbitos: el "reconocimiento de nuevos derechos de ciudadanía", lo que incluía "blindar la financiación del Estado del bienestar" y recoger la sanidad como un "derecho fundamental"; la "regeneración democrática"; y un "nuevo modelo de convivencia territorial más avanzado", en una España concebida como "nación plural, diversa e indivisible".

Sánchez hizo una lectura interesadamente positiva de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015. Aunque en puridad los comicios resultaron negativos por los retrocesos prácticamente generalizados, y acusados en muchas plazas, los socialistas, con solo un 25% de votos en los ayuntamientos, se aferraron a los desplomes aún mayores sufridos por el PP y a las posibilidades que abrían los éxitos cosechados, de manera notable en los núcleos grandes de población, por las plataformas en las que participaba Podemos. Además, el PSOE había conseguido frenar su caída al mejorar el porcentaje de sufragios de las elecciones europeas de 2014 y había preservado la condición de primera fuerza de la izquierda.

El secretario socialista dio la consigna a las agrupaciones territoriales de "articular gobiernos progresistas" con Podemos y sus socios. Como resultado, en las semanas siguientes fueron formándose alianzas de diverso alcance, típicamente pactos de investidura o de gobernabilidad, en numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas. Gracias a ellos, el PSOE volvió a ser, desbancando al PP, la fuerza gobernante en la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura e Islas Baleares. Simultáneamente, con su apoyo externo, los socialistas permitieron la llegada a la alcaldía de los candidatos de izquierda respaldados por Podemos en los ayuntamientos de capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, La Coruña y Cádiz.

La efervescencia poselectoral en comunidades y ayuntamientos llenó los depósitos de los partidos para la carrera de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015. Anticipando el tono que iba a tener la próxima campaña electoral, el PP le echó en cara a Sánchez su "deriva extremista y de izquierda radical", por compartir mesas con un partido, Podemos, que era "peligroso" para la estabilidad de España, y cerrar con él unos pactos locales "sectarios", "excluyentes", "cortoplacistas" e "indignos".

El 3 de junio Sánchez, sin sorpresa, anunció su presentación a las primarias para la definición del cabeza de cartel del PSOE. La votación estaba programada para el 26 de julio. El 21 de junio el Comité Federal proclamó su candidatura, respaldada por 27.249 avales y a la que no le salió ninguna rival. En el Partido nadie más era aspirante a presidente del Gobierno, así que ya no tenían sentido las primarias abiertas a todos los ciudadanos que tanto habían dado que hablar desde principios del año anterior. En su discurso de aceptación de la candidatura, el secretario general se comprometió a liderar un "cambio seguro y valiente", y prometió "erradicar el paro y la corrupción" de España si el PSOE regresaba a La Moncloa.

Hasta las elecciones generales, Sánchez coincidió y discrepó a la vez con Rajoy e Iglesias en la tesitura de abordar con una estrategia conjunta el desafío que entrañaba el proyecto de secesión puesto en marcha por la mayoría política gobernante en Cataluña, el cual empezaba a tomar velocidad de crucero. El 9 de noviembre de 2015 el Parlamento catalán salido de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre aprobó una resolución sobre el "inicio del proceso de creación de un Estado catalán independiente en forma de república" y de "desconexión democrática del Estado español".

Como Rajoy, Sánchez opinaba que el Estado tenía "el derecho, la obligación y el deber de articular todas las medidas necesarias para restablecer la legalidad y el orden constitucional" en Cataluña. Sin embargo, el dirigente de la oposición creía que, al final, la única salida posible a la crisis debía ser "política". En este punto, estaba de acuerdo con Iglesias. Pero Sánchez chocaba con el secretario general de Podemos en torno a su propuesta de que el Estado pactara con el Gobierno catalán la celebración de un referéndum vinculante sobre la independencia de la región (y en el cual Podemos pediría el no) y también por su rechazo a que el Gobierno central presentara al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad de la resolución parlamentaria catalana del 9 de noviembre.

Durante la campaña electoral propiamente dicha, Sánchez tanto pidió el "voto útil" a los simpatizantes de Podemos y Ciudadanos para desalojar al PP de La Moncloa, como ofreció a sus líderes un "programa común" para la próxima legislatura en la convicción de que esta vez ningún partido sacaría, ni remotamente, la mayoría absoluta. En un tenso cara a cara televisado con su máximo oponente, Sánchez dio mucho que hablar al acusar reiteradamente a Rajoy de mentir sobre la corrupción de su partido y espetarle secamente con "usted no es una persona decente".

El PSOE llegó a las votaciones generales del 20 de diciembre de 2015 inquieto por el desolador panorama que le pintaban las encuestas y por la eventualidad de que los de Iglesias se alzaran como la opción preferida de los votantes del campo de la izquierda. Los resultados para los socialistas fueron ciertamente pésimos, los peores en 38 años de democracia, al retroceder de los 110 a los 90 diputados y dejarse más de seis puntos de voto, cayendo hasta el 22%, cuota que por ejemplo era la mitad de la alcanzada por Zapatero en 2008. Pero Sánchez y sus lugartenientes se mostraron ante el público satisfechos porque los 123 escaños sacados por el PP (reducidos a 119 tras constituirse el Congreso, 53 por debajo de la mayoría absoluta), dejaban a Rajoy en una situación extremadamente complicada, virtualmente insoluble, para repetir como presidente salvo que hubiera un Gobierno de gran coalición. La adición de Podemos, sus confluencias y los partidos próximos daba 71 diputados. Según Sánchez, los españoles, con su voto, habían dejado claro que querían un país "de izquierda" y que España tenía que "cambiar".

2.3. El gran embrollo político de 2016: dos investiduras presidenciales fallidas, segundas elecciones generales y defenestración por la cúpula socialista
De acuerdo con los resultados electorales, correspondía a Rajoy el primer intento de investidura en el Gobierno. La Ejecutiva del PSOE adelantó el voto negativo de la bancada socialista y Sánchez descartó de plano la propuesta popular de gobernar juntos en gran coalición, fórmula que, barajaba Rajoy, podría ampliarse con la participación de Ciudadanos, que había debutado en el Congreso con 40 diputados. A cambio, Sánchez se abrió a negociar con Podemos la asunción de un gobierno por él presidido que fuera "de cambio y progresista", pero "respetuoso de la integridad territorial", pues Iglesias mantenía el proyecto del referéndum en Cataluña y además instaba a reconocer a España como un "Estado plurinacional" donde las distintas regiones gozaran del derecho de autodeterminación.

El diálogo iniciado con Podemos reavivó el malestar y las suspicacias de algunos barones regionales, entre ellos la siempre influyente Susana Díaz. El 28 de diciembre de 2015 el Comité Federal dio luz verde a Sánchez para que intentase formar un gobierno alternativo con Podemos en caso de que Rajoy no lograse una mayoría en el Parlamento, pero a condición de que Iglesias, que ya había moderado los planteamientos económicos de su formación con el resultado de que, ahora, muchas de sus propuestas en este campo se armonizaban con las del PSOE, renunciase a su demanda del referéndum catalán pactado. La "tregua" en la cúpula socialista no disipó los rumores de que pesos pesados del Partido estaban maniobrando para descabalgar a Sánchez de la Secretaría General y sentar en la misma a Díaz.

El 22 de enero de 2016 Rajoy, al constatar que no tenía los apoyos necesarios para ser investido por el Congreso, optó, en una decisión sin precedentes, por declinar la invitación del rey Felipe VI para formar el Gobierno poselectoral. El todavía presidente dejó claro que "mantenía" su candidatura, solo que no la podía presentar "ahora".

El golpe de efecto de Rajoy dejó descolocado a Sánchez, que encima se encontró con que Iglesias le ponía sobre la mesa una oferta de Gobierno de coalición, no precisamente "a la portuguesa", como había comentado el socialista, que le tendría a él de vicepresidente, reservaría para Podemos y sus aliados departamentos clave como Economía, Defensa, Interior y Política Social, estrenaría el ministerio de "asuntos de plurinacionalidad" y sostendría el principio del referéndum de autodeterminación en Cataluña. El audaz envite de Iglesias fue inmediatamente desestimado por el PSOE, que habló de "chantaje", y empujó a Sánchez a explorar un acuerdo alternativo con Albert Rivera, viraje que a su vez enfadó a Podemos, el cual lanzó el aviso de que si ellos no entraban en el futuro Gobierno, entonces Sánchez podía olvidarse de sus votos para la investidura.

Así las cosas, el 2 de febrero, siguiendo con el procedimiento constitucional, el monarca, en su segunda ronda de consultas con los partidos, trasladó a Sánchez, cabeza de la segunda lista más votada en las pasadas elecciones, el encargo de formar gobierno. Fue el inicio de un confuso proceso de negociaciones a dos bandas con Podemos y Ciudadanos para alumbrar un Gobierno "transversal, progresista, reformista y de cambio", pero que no tardó en revelarse inviable al establecer los dos interlocutores de Sánchez, ideológicamente alejados, una serie de vetos recíprocos.

El secretario socialista planteó a Iglesias y Rivera un paquete de ocho grandes reformas de alcance constitucional, entre ellas la consagración de nuevos derechos civiles y políticos, la inclusión de más derechos sociales en el capítulo de derechos fundamentales, la revisión del sistema electoral, la flexibilización del régimen de aforamientos de diputados y senadores y, lo más espinoso, el desarrollo del Estado Federal. Aquí, el choque estaba asegurado porque Podemos apostaba por un modelo de federalismo pluracional y ampliamente descentralizado, mientras que Ciudadanos entendía esa hipotética federalización en un sentido más bien recentralizador y simétrico, estableciendo límites competenciales para las autonomías y suprimiendo particularidades como los regímenes económicos forales vasco y navarro.

Las discusiones solo fructificaron con Ciudadanos y el 24 de febrero Sánchez y Rivera sellaron un acuerdo de investidura y legislatura que asumía cinco reformas constitucionales exprés, reclamadas por la formación naranja y relativas a la eliminación de la figura de los cargos aforados, la facilitación de las Iniciativas Legislativas Populares, la supresión de las diputaciones provinciales, la limitación a ocho años del mandato del presidente del Gobierno y la "despolitización de la justicia". Sánchez destacó que el acuerdo, respaldado en consulta interna por el 79% de la militancia socialista, se proponía derogar las medidas legislativas más polémicas del Gobierno del PP, ampliar derechos constitucionales, lanzar un plan de emergencia social contra la pobreza y la exclusión, y no subirle los impuestos a la clase trabajadora. Además, los firmantes manifestaban su "permanente e inequívoco compromiso compartido con la unidad e integridad de España y la defensa del orden constitucional", lo que excluía los referendos de autodeterminación en cualquier territorio del Estado. El documento no decía nada sobre si Ciudadanos entraría con ministros en el próximo "Gobierno reformista y de progreso".

Con todo, los 40 diputados de Ciudadanos no le bastaban a Sánchez: necesitaba los votos de Podemos para salir elegido presidente a la primera con mayoría absoluta, como mínimo 176 votos. Él énfasis puesto por el candidato en sus pretensiones de renegociar con la UE los objetivos de reducción de déficit con unos criterios más flexibles, "restaurar" el gasto social, reconocer un Ingreso Mínimo Vital, subir el salario mínimo interprofesional, hacer efectivo el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres, potenciar la negociación colectiva en las relaciones laborales, suprimir copagos farmacéuticos, revitalizar la Ley de Dependencia o emprender "medidas" contra el sobreendeudamiento de los hogares y los desahucios hipotecarios, así como en su deseo de "tender puentes" con Cataluña, no convencieron a Podemos.

Como consecuencia, el 2 de marzo de 2016, Sánchez vio frustrada su investidura al recabar solo 130 votos, los del PSOE y Ciudadanos, y recibir 219 votos en contra, es decir, los del resto de diputados (un representante de la Coalición Canaria se abstuvo). Fue la primera vez en democracia que un candidato a presidente del Gobierno no ganaba la votación de investidura. Ahora, Sánchez tenía una segunda oportunidad para ser elegido presidente y le bastaba con la mayoría simple, siempre que se produjera el suficiente número de abstenciones. La votación tuvo lugar el 4 de marzo y, de nuevo, el candidato fracasó con un resultado virtualmente idéntico al de dos días atrás: 131 votos a favor y 219 en contra. El PP, partidario de la gran coalición PP-PSOE-Ciudadanos, y Podemos, que solo aceptaba un Gobierno de la izquierda PSOE-Podemos, coincidían en oponerse a Sánchez con el proyecto que les ponía delante.

Lo que vino después fue una estéril secuencia de discusiones contrarreloj entre los cabezas de facción y una tercera ronda de consultas reales para ver si algún candidato, acaso de nuevo Sánchez, aferrado a la posibilidad de concertar un acuerdo a tres con Podemos y Ciudadanos, podía fraguar una mayoría parlamentaria y ser investido presidente, ahorrándole así al país el escenario, inédito en España, de unas segundas elecciones consecutivas. A últimos de abril el líder socialista acabó tirando la toalla, el plazo marcado por la Carta Magna venció el 2 de mayo y un día después el rey Felipe VI firmó el decreto de convocatoria automática de elecciones para el 26 de junio. Hasta entonces, el Gobierno Rajoy se mantenía en funciones. La legislatura más breve de la democracia había durado menos de cuatro meses.

Con más intensidad que la vez anterior, el PSOE de Sánchez contuvo la respiración en la víspera de las generales de junio de 2016 porque todos los sondeos vaticinaban su relegación hasta el tercer puesto, a la zaga de la suma de los distintos conglomerados de izquierda donde concurría Podemos (En Comú Podem-Guanyem el Canvi en Cataluña, Compromís-Podemos-EUPV en la Comunidad Valencia, En Marea en Galicia y Unidos Podemos en el resto del Estado). Pero tampoco esta vez se produjo el temido sorpasso, circunstancia tras la cual se escudó la dirección socialista para quitar hierro a unos resultados que fueron igual de malos que los de 2015: el 22,6% de los votos, medio punto más, y 85 diputados, cinco escaños menos.

El PP había vuelto a ser la fuerza más votada y con ganancias significativas, hasta los 137 diputados, pero todavía lejos de la mayoría absoluta, al menos en la Cámara baja, pues en el Senado sí gozaba de ella. En esta ocasión, Rajoy mostró su disposición a aceptar el mandato del rey para intentar ser investido presidente y formar gobierno. Rivera adelantó la abstención de los 32 legisladores de Ciudadanos (luego cambió de parecer y aceptó el voto a favor) y así facilitar la instalación de un Ejecutivo "de minoría", pero Sánchez insistió de manera categórica en que el grupo del PSOE iba a votar no a Rajoy, ya que España, ciertamente, "necesitaba un Gobierno, pero no un mal Gobierno".

El inmovilismo de Sánchez, presentado por él como una cuestión de principios, por "coherencia" con su ideario, de mantenerse hasta el final, abocaba al país a sus terceras elecciones generales en menos de un año, situación que no tenía precedentes en Europa y probablemente en todo el mundo. Pero la prolongación del bloqueo parlamentario estaba a punto de acarrearle al líder socialista un gran peligro político personal, la emergencia en el aparato del PSOE de una fractura con sones de revuelta, pues Susana Díaz, otros barones regionales como el extremeño Guillermo Fernández Vara y, en general, el llamado "sector crítico" sí se inclinaban por permitirle a Rajoy gobernar con la abstención en la investidura.

El 31 de agosto de 2016, tal como se esperaba, el presidente en funciones perdió la primera votación con 170 apoyos y 180 rechazos. Los 85 diputados socialistas acataron la consigna de su jefe y votaron en contra. Exactamente lo mismo sucedió en la segunda votación, el 2 de septiembre. Al igual que en marzo siendo Sánchez el candidato, el reloj constitucional empezó a contar, dando de plazo hasta el 31 de octubre; si para entonces no había un presidente investido, el rey tendría que llamar a elecciones para diciembre.

El tropel de reacciones de desaliento y hastío por el insólito vericueto que había tomado la política nacional situó en el disparadero a Sánchez, muy duramente criticado por numerosos medios de comunicación y voces de opinión. Inmutable ("los socialistas dirán que no una y mil veces por una cuestión de responsabilidad", aseguró), el líder socialista se ofreció como alternativa a Rajoy y resucitó el pacto a tres con las "fuerzas del cambio", es decir, Podemos y Ciudadanos. La idea fue rechazada por los mismos a quienes iba dirigida y por el PSOE andaluz, dando comienzo así las hostilidades abiertas entre Sánchez y Díaz, quien consideraba que "con 85 diputados no se puede gobernar". Más todavía, a falta solo de una definición expresa, la líder andaluza se preparaba para pelear por la Secretaría General.

La debacle sufrida por los socialistas gallegos y vascos en las elecciones del 25 de septiembre en sus comunidades autónomas, quedando terceros y cuartos respectivamente, debilitó dramáticamente a Sánchez frente a sus detractores internos. El acosado secretario general lanzó el reto de adelantar a diciembre el XXXIX Congreso Federal, previa celebración en octubre de unas primarias orgánicas; así, podrían dirimirse las diferencias sobre la investidura de Rajoy y, eventualmente, zanjar la lucha por el liderazgo en el Partido. La propuesta correspondía aprobarla al Comité Federal, pero el 28 de septiembre 17 miembros de la Comisión Ejecutiva Federal presentaron la dimisión solo para forzar la caída inmediata de Sánchez. El "terremoto" del 28 de septiembre, tal como lo llamo la prensa, sumió en el caos al PSOE, con Sánchez y sus partidarios en la Ejecutiva atrincherados tras los estatutos del Partido y el plan de congreso con primarias, y los del bando contrario pugnando por conseguir la remoción del secretario general con recurso al Comité de Garantías de la formación.

Durante cuatro días, la opinión pública española y la militancia del PSOE asistieron atónitos al espectáculo, no falto de escenas esperpénticas, de dos facciones socialistas enzarzadas en una guerra fratricida, reclamando tener la razón y las normas de su parte, y lanzándose los más crudos denuestos. El 1 de octubre, finalmente, Sánchez perdió en el Comité Federal la votación sobre la celebración inmediata de primarias y, puesto que había condicionado su continuidad en el cargo a la victoria en este pulso, presentó la dimisión como secretario general. Ahora, la dirección del Partido quedaba interinamente en manos de una Comisión Gestora, cuya presidencia fue encomendada a Javier Fernández Fernández, el secretario general de los socialistas asturianos y presidente del Principado de Asturias.

2.4. Recuperación de la Secretaría del Partido y nueva etapa en la oposición a Mariano Rajoy
Sánchez había sido forzado a renunciar por sus propios compañeros dirigentes, pero para él la contienda proseguía. Convencido de que la mayoría de los militantes de base estaba de su parte, se declaró listo para recuperar la Secretaría en el próximo Congreso Federal. El 23 de octubre, justo después de decidir el Comité Federal, por 137 votos a favor y 36 en contra, que el Grupo Parlamentario Socialista se abstuviera en la segunda sesión de investidura de Rajoy, el ex secretario general publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: "Pronto llegará el momento en que la militancia recupere y reconstruya su PSOE. Un PSOE autónomo, alejado del PP, donde la base decida. Fuerza".

El 29 de octubre de 2016, anticipándose en unas horas a la sesión de investidura por el Congreso de Rajoy, quien efectivamente salió elegido presidente gracias a la abstención de 68 diputados del PSOE (en cambio, 15 colegas rompieron la disciplina de grupo y votaron en contra), Sánchez, con gestos de emotividad, renunció a su acta de diputado y pasó a ser "un militante de base", pero con el objetivo de reconquistar la Secretaría General de su organización en el XXXIX Congreso. Con esta decisión, explicó, resolvía el dilema al que sus compañeros le habían arrastrado de, o bien desobedecer el mandato abstencionista del Comité Federal, o bien renunciar a su "compromiso electoral" de no facilitar la formación de un nuevo Gobierno del PP.

Sánchez tenía por delante más de medio año para recabar apoyos en las agrupaciones socialistas de todo el país. La empresa del retorno al liderazgo del PSOE tomó para él un cariz de lo más dificultoso desde el momento en que Susana Díaz, en marzo, confirmó lo supuesto por todos, que era candidata a la Secretaría. Para realzar sus diferencias con su adversaria, Sánchez confirió a su proyecto político una pátina nítidamente izquierdista, buscando la aproximación estratégica a las tesis de Podemos. El cambio más significativo fue la aceptación sin reservas de la noción de España como un Estado plurinacional y de que Cataluña, por tanto, era una nación, asumiendo así una tesis central del independentismo catalán y reconocida también por el PSC, la rama del PSOE en Cataluña. La visión de Sánchez de una "estructura federal" para España entendida como "nación de naciones" incluiría enmendar el artículo 2 de la Constitución, intocable hasta ahora para el PSOE, el cual aludía a la "indisoluble unidad de la nación española".

En la recogida de avales, Díaz, con 60.231 firmas (el 48,1%), le ganó la partida a Sánchez, que recabó 53.692 apoyos de militantes (el 43%). La primaria parecía decantada a favor de la líder andaluza, pero en la elección directa del 21 de mayo de 2017, siendo la participación el 79,8%, Sánchez recuperó la Secretaría con el 50,3% de los votos. Díaz solo sacó el 39,9% y el tercero en competición, el vasco Patxi López, el 5,8%. El ex diputado madrileño se impuso en todas las comunidades autónomas salvo Andalucía y el País Vasco. La victoria de Sánchez, tan rotunda como inesperada, fue destacada por los comentaristas en clave de desquite personal de un político tozudo y resiliente que había llegado a tener en contra al grueso del aparato federal y regional de su partido, a la mayoría de los presidentes autonómicos y los secretarios provinciales del PSOE. El contumaz "no es no" a Rajoy de Sánchez contrariaba al establishment, pero tenía el beneplácito del militante de a pie. Los sondeos del momento reflejaron una fuerte subida en la intención de voto para el PSOE.

El XXXIX Congreso Federal, transcurrido entre el 16 y el 18 de junio, escenificó el retorno triunfal a la Secretaría General de Sánchez, que, con un respaldo casi unánime, consiguió introducir en el ideario del Partido el concepto de la plurinacionalidad de España en el marco de una reforma constitucional federal, y conformó una Ejecutiva con personas de su absoluta confianza, marginando a críticos, barones y susanistas.

En los meses siguientes, Sánchez, pese a seguir fuera de la vida parlamentaria a raíz de la renuncia a su escaño en la crisis socialista del año anterior, se mantuvo muy visible en el candelero como líder de la oposición al Gobierno minoritario de Rajoy. Retomó los contactos con Ciudadanos y, sobre todo, Podemos para consensuar iniciativas parlamentarias y estudiar propuestas de reforma constitucional. Como en ocasiones anteriores, Sánchez expuso su disposición a, llegado el momento, gobernar en coalición con los de Iglesias, aunque ya el 14 de junio los diputados socialistas se habían abstenido en la moción de censura presentada por Unidos Podemos contra el Gobierno del PP.

Tras el verano, la candente cuestión catalana, devenida crisis de Estado, obligó a Sánchez a posicionarse. Por un lado, cerró filas con Rajoy en el rechazo al referéndum del 1 de octubre, convocado por el Gobierno de la Generalitat y declarado ilegal por las autoridades centrales, por el que el 90% del 42% de ciudadanos participantes se pronunció a favor de que Cataluña fuera "un Estado independiente en forma de república".

Semanas más tarde, tras múltiples incidentes y una grave escalada de la tensión, Sánchez también respaldó a Rajoy en la activación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, por el que se intervenía la autonomía, se suspendían competencias del autogobierno y se clausuraban sus instituciones políticas hasta la elección de un nuevo Parlamento que sustituyera al que había declarado la República Catalana independiente. Pero, en todo este tiempo, Sánchez también instó a Rajoy y al presidente catalán, Carles Puigdemont, a que abrieran la vía del "diálogo, la negociación y el pacto".


3. Presidente del Gobierno de España en 2018 vía moción de censura
El 24 de mayo de 2018, nada mas conseguir sacar adelante el Gobierno los Presupuestos Generales anuales con los votos del Partido Nacionalista Vasco (PNV), la sentencia judicial, largamente esperada, del mayor caso de corrupción que afectaba al PP, el de la trama de financiación ilegal conocida como Gürtel, vino a alterar drásticamente el curso político en España, con el resultado de la subida de Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

Aquel día, culminando nueve años de investigaciones, procesamientos y macrojuicio, la Audiencia Nacional halló culpables de una decena de delitos económicos e impuso fuertes penas de prisión a varios ex cargos del PP, el más conocido de los cuales era el antiguo tesorero de la formación Luis Bárcenas; adicionalmente, el tribunal condenó al partido del Gobierno a pagar una multa de cerca de 250.000 euros por su participación en la red corrupta a título lucrativo. La Ejecutiva del PSOE celebró una reunión de urgencia y al cabo de la misma Sánchez anunció que su partido se disponía a presentar contra Rajoy una moción de censura "constructiva, para garantizar la gobernabilidad, constituir y formar un Gobierno del PSOE, con fundamentos sólidos y una hoja de ruta clara".

Las otras fuerzas de la oposición parlamentaria se inclinaron también por forzar la caída del minoritario Gobierno popular y dar carpetazo a la legislatura, pero con diferentes matices. Unidos Podemos se declaró listo para sumar sus votos con los de los socialistas. Ciudadanos podría tomar el mismo paso, pero a condición, avisó Rivera, de que el PSOE facilitara la convocatoria cuanto antes de elecciones anticipadas y no pretendiera dilatar la legislatura con él aupado al Ejecutivo (en estos momentos, algunos muestreos demoscópicos, por primera vez, describían a Ciudadanos como la formación favorita de los encuestados, mientras que el PP caía en barrena hasta el cuarto puesto).

Según la ley fundamental española, el partido que iniciara una votación de censura contra el Ejecutivo debía presentar un candidato a presidir el Gobierno; si la moción triunfaba con la preceptiva mayoría absoluta, dicho candidato se entendía automáticamente investido de la confianza de la Cámara y el rey le nombraría presidente del Gobierno. A diferencia de otras democracias parlamentarias del entorno, no existía el imperativo legal de convocar elecciones anticipadas. En el actual período constitucional, España había vivido otras tres mociones de censura contra el Gobierno de turno, en 1980, en 1987 y la más reciente de 2017. Todas ellas habían fracasado, pero esta cuarta parecía contar con las papeletas para prosperar.

Los acontecimientos se sucedían con celeridad. El 25 de mayo el Grupo Parlamentario Socialista registró en sede parlamentaria la moción de censura en respuesta a la sentencia de la Gürtel, un caso de corrupción, aseguraba Sánchez, que ponía "a prueba la resistencia de nuestras instituciones y la calidad de nuestra democracia". El dirigente socialista insistía en que España vivía una "crisis institucional de extrema gravedad" y que su partido daba este paso "para recuperar la dignidad democrática". Si Rajoy, que se negaba a dimitir, era censurado, el nuevo Gobierno sería exclusivamente del PSOE y "para hacer una agenda social". El Gabinete bajo su presidencia convocaría elecciones, pero para ello no dio fechas, ya que antes correspondía "recuperar la estabilidad, limpiar las instituciones públicas y atender las urgencias sociales que este Gobierno no atiende".

En otras palabras, Sánchez eludía la exigencia de Rivera, que incluso reclamaba al PSOE le presentación de un candidato de bajo perfil político o independiente, de llegar a La Moncloa únicamente para hacer el llamamiento electoral. En estas circunstancias, Ciudadanos se echó atrás en lo de sumar votos. Iglesias y sus asociados también se decepcionaron por la negativa de Sánchez a formar otro gobierno que no fuera monocolor, pero no cambiaron de parecer sobre descabalgar a Rajoy.

Sin los 32 diputados de Ciudadanos, Sánchez necesitaba apoyos alternativos para llegar a los 176 votos, y estos solo podían provenir de los grupos y partidos minoritarios del segmento soberanista/nacionalista de Cataluña y el País Vasco, es decir, la ERC, el PNV, el PDeCat y EH Bildu. El arco político del centro-derecha español empezó a acusar a Sánchez de pretender alcanzar el poder a cualquier precio, apoyándose en una yuxtaposición de fuerzas dispares e incluso contrapuestas.

La formación crucial era el PNV, gobernante en el País Vasco con el lehendakari Íñigo Urkullu. Las negociaciones con los peneuvistas desembocaron en un acuerdo in extremis y con máximo suspense: hasta ultimísima hora no se supo que los nacionalistas vascos habían optado por dar sus decisivos votos a Sánchez después de garantizarles este que su Gobierno respetaría los Presupuestos Generales previamente acordados con el PP, los cuales resultaban ventajosos para las haciendas forales vascas. Paradójicamente, el PSOE había votado en contra de esos mismos Presupuestos en la víspera de la sentencia de la Gürtel.

El primero de junio de 2018 tuvo lugar la votación de la moción de censura en el Congreso, que salió adelante con 180 votos a favor (PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PNV, PDeCat, Compromís, EH Bildu y Nueva Canarias), 169 en contra (PP, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias) y una abstención (Coalición Canaria). Al punto, Felipe VI dispuso el nombramiento del líder socialista como presidente del Gobierno por real decreto. Al día siguiente, Sánchez, que en lo sucesivo tomaría asiento en el Congreso no como diputado con acta sino como ocupante del banco azul reservado a los miembros del Ejecutivo, prometió su cargo en el Palacio de la Zarzuela en presencia del monarca y frente a un ejemplar de la Constitución. A diferencia de todos sus predecesores y por voluntad propia, dada su condición de ateo, los símbolos religiosos como la Biblia o el crucifijo fueron excluidos. El mismo día, en Barcelona, tomó posesión el Gobierno de la Generalitat presidido por Quim Torra, encargado poselectoral de Carles Puigdemont, con lo que terminaba la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Ahora, tocaba alinear el equipo de gobierno, uno "modernizador y progresista", según su conductor, amén de paritario y decididamente proeuropeo. Por otra parte, el Gabinete Sánchez iba a adolecer de una franca minoría parlamentaria, mucho más acusada que la del Gobierno de Rajoy, pues el líder socialista no disponía del respaldo formal de ninguna formación: los partidos que habían hecho posible su investidura no le garantizaban, por el momento, un soporte adicional y su condición oficial era la de opositores. El 6 de junio fueron presentados los ministros, los cuales tomaron posesión en la jornada posterior. La composición del Gabinete Sánchez causó sensación dentro y fuera de España por la cualificación y experiencia profesionales de sus miembros, que aportaban un perfil técnico, y porque había más ministras que ministros; de hecho, se trataba del Gobierno con más representación femenina en la historia de Europa y probablemente del mundo. Entre los puestos asignados a mujeres, 11 de 17, estaban la Vicepresidencia, Defensa, Justicia, Hacienda y Economía.

(Cobertura informativa hasta 29/6/2018)