Otto Pérez Molina

En Guatemala, una movilización popular de repudio cívico sin precedentes pautó el desmoronamiento de la Presidencia de Otto Pérez Molina en el verano de 2015. El dirigente, acusado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de ser el vértice de una sofisticada red de sobornos, contrabando y fraude fiscal en las aduanas del país, la conocida como La Línea, se vio obligado a dimitir el 2 de septiembre, faltando más de cuatro meses para la conclusión de su mandato constitucional y a cuatro días de las elecciones generales, al perder un antejuicio parlamentario que le despojó de la inmunidad y dictarle la judicatura ordinaria una orden de detención por unos presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. Ahora, desde la cárcel, en régimen de prisión preventiva y siguiendo los pasos de su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, Pérez enfrenta un proceso penal insistiendo en su inocencia, culpando de su caída a intromisiones extranjeras y acusando a la influyente patronal del sector privado, la CACIF, de ser la principal beneficiaria de la vasta trama delicitiva en la que le incriminan.

Sin embargo, antes de sublevar a los ciudadanos, hartos del latrocinio a gran escala por parte de políticos, funcionarios y empresarios que se insertan en las élites y grupos de poder tradicionales de uno de los países menos desarrollados de América Latina, y de quedarse completamente solo -le abandonaron hasta los congresistas de su propio partido- en el escándalo de La Línea, Pérez Molina fue durante un tiempo, breve, depositario de las esperanzas de mejora de muchos guatemaltecos que confiaron en sus promesas de librar y ganar "la guerra contra la corrupción, la violencia, la inseguridad, la impunidad y la pobreza".

En 2011 este antiguo general bregado en las operaciones de combate contrainsurgente en los años terribles de la guerra civil y luego, ya en tiempos democráticos, al frente de dos cuerpos castrenses de siniestra reputación, la Dirección de Inteligencia (desde la que se opuso al autogolpe del presidente Jorge Serrano en 1993) y el Estado Mayor Presidencial (posteriormente implicado en el asesinato de monseñor Gerardi), se presentó a las elecciones recordando su labor como uno de los comisionados del Gobierno de Álvaro Arzú que firmó con las guerrillas de la URNG, tras arduas negociaciones, los Acuerdos finales de paz, poniendo término así al más prolongado y mortífero conflicto armado del continente. Asimismo, era señalado como un oficial clave en la paulatina asimilación por las Fuerzas Armadas guatemaltecas, anteriormente una auténtica maquinaria de exterminio imbuida de ideología anticomunista, de la nueva mentalidad militar en democracia, imprescindible para la normalización política. Con todo, Pérez negaba que en Guatemala hubiese habido un genocidio de población indígena.

Luego de colgar la guerrera, Pérez fundó en 2001 una formación política de derecha moderada y liberal, el Partido Patriota (PP), con el cual integró la alianza GANA que llevó a Óscar Berger a la Presidencia en 2003 y se presentó él mismo a las elecciones presidenciales de 2007, disputadas infructuosamente con el socialdemócrata Álvaro Colom. En su siguiente tentativa electoral, consiguió imponerse aprovechando la insólita ausencia de un candidato de la Administración saliente y en medio de una galopante crisis de inseguridad ciudadana. La violencia extrema, de carácter estructural, que atenazaba el país con una de las tasas de homicidios más elevadas del mundo en tiempos de paz relegó los recelos por el "retorno de los militares" e hizo más atractiva la consigna de los patriotas de aplicar "mano dura" para "neutralizar" las lacras del crimen organizado, las bandas del narcotráfico y las pandillas juveniles o maras. Una mano dura, empero, "con cabeza y corazón", pues el concepto de "represión" era cosa del pasado y lo que urgía ahora era avanzar hacia una "verdadera reconciliación nacional", aseguraba el antiguo uniformado. Él conocía bien de cerca el flagelo de la violencia llamada común, muchas veces atizada por tramas mafiosas de diverso pelaje: en 2000 y 2001 su esposa y sus dos hijos estuvieron a punto de ser asesinados por unos atacantes desconocidos, probablemente sicarios.

El 14 de enero de 2012 Pérez asumió el poder en situación de minoría parlamentaria y con una agenda de tareas realmente complicada: recuperar para el Estado los territorios bajo el control de los violentos (en particular el cártel de la droga mexicano de Los Zetas, infiltrado gracias a la debilidad de las autoridades), poner coto a la sangrante impunidad de los delitos más graves, fortalecer unas instituciones en la picota por la corrupción, la ineficacia y la falta de recursos, propiciar un desarrollo económico con inclusión social y extender los servicios básicos a todos los ciudadanos. El mensaje del cambio se sustanció principalmente en tres pactos institucionales con vocación de consensos nacionales: el Pacto por la Paz, la Seguridad y la Justicia, que incluía la polémica medida, de importante calado estratégico, de la implicación del Ejército en la lucha frontal contra la delincuencia organizada codo a codo con la Policía; el Pacto Hambre Cero, dirigido a socorrer las situaciones más agudas de vulnerabilidad social; y el Pacto Fiscal y de Competitividad, para sacar adelante, entre otras novedades legislativas, una reforma tributaria.

La cuestión de los resultados y la eficacia de estas actuaciones gubernamentales, que según el Ejecutivo saltaban a la vista ya en el primer año de Gobierno, no tardó en verse eclipsada por la proliferación de conflictos sociales y, luego en 2013, por las repercusiones políticas del tortuoso juicio, con condena anulada, al ex dictador militar Efraín Ríos Montt, que removió el oscuro pasado militar de quien había estado a sus órdenes; así, Pérez vio reverdecer las viejas acusaciones, nunca judicializadas, de haber sido uno de los ejecutores de las masivas violaciones de Derechos Humanos perpetradas durante la guerra interna. En política exterior, el presidente suscitó un debate regional y continental sobre la conveniencia de despenalizar y regular de manera coordinada el transporte de drogas ilícitas en América Central. La iniciativa, pensada para reducir los niveles de narcoviolencia, topó con el rechazo frontal de Estados Unidos, aferrado a la posición de la prohibición a ultranza. No obstante, fue la avalancha de escándalos de corrupción que afectaban a la administración del Estado y al oficialismo, con La Línea a la cabeza, la complicación que colocó a Otto Pérez Molina contra las cuerdas y que puso un epitafio penal a su carrera política.

(Texto actualizado septiembre 2015)

1. Alto oficial del Ejército con influjo en el Ejecutivo nacional
2. Salto a la política formal con el Partido Patriota
3. De la experiencia de la GANA en 2003 a la tentativa presidencial de 2007
4. Triunfo en la elección de 2011 bajo el agobio de la violencia
5. El debate regional sobre las drogas, la militarización de la lucha contra la delincuencia y las repercusiones del juicio a Ríos Montt
6. El gran escándalo de corrupción de La Línea: el desmoronamiento de un Gobierno por etapas
7. Desafuero, dimisión y encarcelamiento de Otto Pérez Molina


1. Alto oficial del Ejército con influjo en el Ejecutivo nacional
Hijo del matrimonio entre Jaime Pérez Marroquín y Victoria Isabel Molina, y el menor de tres hermanos, su educación primaria transcurrió en el Instituto Normal Casa Central y la secundaria, mediado un año formativo en El Salvador entre 1965 y 1966, en la Escuela Politécnica, sita también en la Ciudad de Guatemala. Fue en este centro donde arrancó, a los 15 años de edad, un compromiso con la milicia de más de tres décadas de duración. En 1971 el cadete contrajo matrimonio con Rosa María Leal Flores, una joven de 17 años que iba abrirse camino profesional en los campos de la enseñanza infantil y la psicología clínica; la pareja concibió dos hijos, Otto Fernando, en 1972, y Lisseth, en 1973.

El mismo año de su segunda paternidad, Pérez recibió la graduación como caballero cadete y a continuación ingresó en el Ejército de Guatemala. En aquella época, durante la presidencia del general Carlos Manuel Arana Osorio, la institución armada, impregnada de una ideología nacionalista de derechas, ya detentaba directamente el poder político del país centroamericano mientras combatía la subversión de los movimientos guerrilleros marxistas. El oficial desarrolló su hoja de servicios, pues, en un sombrío contexto político, crecientemente violento y dictatorial, caracterizado por las farsas electorales, la persecución de las opciones políticas de izquierdas o simplemente moderadas, y las violaciones masivas de los Derechos Humanos, especialmente en las zonas rurales con mayoría de población indígena.

Sus servicios estrictamente castrenses se conjugaron con un adiestramiento técnico de alto nivel y una sólida capacitación académica, como correspondía a un joven oficial con ganas de ascender en la profesión. Al igual que otros muchos uniformados de su generación procedentes de países latinoamericanos en la órbita de Estados Unidos en la era de la Guerra Fría, Pérez pasó por la célebre Escuela de las Américas, en la Zona del Canal de Panamá, donde aprendió tácticas de contrainsurgencia e inteligencia militar. Fue también alumno del Inter-American Defense College (IADC, situado en el ámbito de la Organización de Estados Americanos), en Washington, D.C., donde se instruyó en Defensa Continental. A lo largo de los años, Pérez se preocupó de enriquecer su currículo con formación superior no relacionada con el servicio de armas. Así, ya en la década de los noventa, cursó estudios empresariales en la INCAE (Instituto Centroamericano de Administración de Empresas) Business School de Alajuela, Costa Rica, donde realizó el Programa de Alta Gerencia (PAG), y en la Universidad Francisco Marroquín (UFM) de Ciudad de Guatemala, donde egresó cum laude con un máster en Relaciones Internacionales.

Fragmentaria y escasa es la información facilitada por la prensa de Guatemala, cuanto más por él mismo, sobre las acciones de campaña de Pérez en los años de la lucha contra las guerrillas, que en 1982 pasaron a coordinarse bajo la sombrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). A caballo entre las décadas de los setenta y los ochenta, el oficial, primero con el rango de teniente, después como capitán y más tarde como mayor, estuvo destacado en unidades que operaron en los departamentos de El Petén, San Marcos y Quiché. Asimismo, recibió entrenamiento como paracaidista y fue instructor de soldados kaibiles, los comandos y fuerzas de élite del Ejército guatemalteco, en el Centro de Adiestramiento y Operaciones Especiales de Guatemala, más conocido como Escuela Kaibil, que entonces tenía su sede en Melchor de Mencos, El Petén. En aquella época, tal como revelan algunas fotografías y vídeos en los que aparece con boina roja y guerrera de camuflaje, Pérez lucía una poblada barba negra, seña estética bastante insólita en la oficialidad del Ejército guatemalteco y más propia de los guerrilleros del bando contrario.

A lo largo de su etapa de dirigente político con aspiraciones presidenciales, Pérez fue insistentemente señalado por sus detractores como uno de tantos militares implicados en violaciones de los Derechos Humanos e incluso en la comisión de masacres de paisanos, de tan escalofriante cotidianidad en la fase más dura de una guerra civil de 36 años de duración (entre 1960 y 1996) y cuyo estremecedor balance se sitúa en unos 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, la gran mayoría indígenas mayas y campesinos. El interesado rechazó, lógicamente, estas acusaciones y aseguró que las operaciones en las que había participado las "prioridades" fueron en todo momento organizar la seguridad en la retaguardia del frente y "rescatar" a la población civil "obligada a colaborar con la guerrilla", por encima de las misiones de combate propiamente dichas. Pérez no sólo reiteró que los hombres de las unidades bajo su mando hubiesen recibido siempre órdenes estrictas de cumplir su misión de acuerdo con la ley y respetando a los civiles; también, reivindicó un rol importante como miembro de la oficialidad del Ejército que había ayudado, en determinados momentos críticos, a poner freno a la dictadura en Guatemala.

En primer lugar, en agosto de 1983, ostentando los galones de mayor, Pérez secundó el golpe de Estado del ministro de Defensa, general Óscar Humberto Mejía Víctores, el cual depuso al presidente y general Efraín Ríos Montt, un militar de fe evangélica aupado al poder el año anterior por la vía golpista también y que no había dudado en ejecutar las amenazas más delirantes de su discurso mesiánico, mitad político, mitad religioso. En su corta ejecutoria, Ríos Montt había propiciado un dramático recrudecimiento de la campaña contrainsurgente, traducido en el asesinato de decenas de miles de personas en matanzas indiscriminadas y en los operativos de tierra quemada. El general Mejía, al que Pérez respaldó, permitió el retorno de una frágil institucionalidad democrática civil en enero de 1986, pero hasta entonces su dictadura estuvo igualmente tachonada de violaciones humanitarias a gran escala. Entre medio, en 1987, Pérez, ya con el rango de coronel, se convirtió en el jefe del Estado Mayor personal del general Héctor Alejandro Gramajo Morales cuando este alto oficial fue nombrado ministro de Defensa.

En julio de 2011, en una entrevista para el periódico digital Plaza Pública, el entonces candidato presidencial defendió a su antigua institución, el Ejército, de las imputaciones de cometer la gran mayoría de las muertes violentas producidas en los años del conflicto interno y llamó la atención sobre la cuota de autoría guerrillera de las mismas. Además, negó que en Guatemala se hubiera producido un genocidio, tal como establecen la ONU y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), pues, a su entender, ni siquiera las atrocidades perpetradas en 1982-1983 podían enmarcarse en un supuesto plan de exterminio sistemático de población "por razones de etnia o religión". "Eso no sucedió", explicaba Pérez, entre otras razones porque buena parte de la tropa militar estaba compuesta por indígenas mayas.

Otto Pérez Molina y el Serranazo de 1993
La faceta de Pérez como valedor de la democracia no se manifestó claramente hasta mayo de 1993, cuando, sin vacilaciones, rehusó acatar el autogolpe autoritario del presidente civil, Jorge Antonio Serrano Elías, que dos años atrás le había confiado un puesto clave del alto mando militar, la poderosa Dirección de Inteligencia (D-2) del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN). De tenebrosa reputación entre los numerosísimos guatemaltecos que por sus ideas o sus actividades habían estado en el punto de mira de la violencia estatal y paraestatal, la D-2 era una de las secciones del aparato castrense más asociadas a la represión en tiempos de guerra interna así como a las turbias conexiones entre el Ejército y el crimen organizado.

Luego de anunciar Serrano, con el pretexto de librar una lucha más eficaz contra la corrupción y el narcotráfico, la suspensión de la Constitución y la clausura del Congreso y la Corte Suprema, el alto mando militar se dividió sobre lo que correspondía hacer: mientras que los generales José Domingo García Samayoa, ministro de Defensa, Jorge Roberto Perussina Rivera, jefe del EMDN, y Francisco Ortega Menaldo, jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), optaron por un respaldo tácito al golpe condicionado a la evolución de los acontecimientos (García Samayoa fue menos cauto e hizo una pronta proclama de cierre de filas tras el mandatario), el coronel Pérez Molina y el general Mario René Enríquez Morales, subalternos suyos en el escalafón, se opusieron desde el primer momento a la maniobra presidencial.

El desacato de Pérez sintonizó con el sentir de la sociedad civil, cuyos diferentes actores y colectivos, desde el movimiento indígena y las ONG humanitarias al grueso de la patronal, pasando por los partidos políticos y la Iglesia Católica, en una muestra de unidad sin precedentes, clamaron contra la quiebra del orden constitucional. Es más, el director de la Inteligencia militar se convirtió en el enlace entre el Ejército y un poder fáctico en auge llamado a ejercer una importantísima influencia en el devenir nacional, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Para el llamado nuevo empresariado guatemalteco, con una mentalidad inversora y contratadora que le diferenciaba del terrateniente tradicional, la unánime condena internacional al Serranazo, empezando por Estados Unidos y la OEA, era un desastre que debía medirse en términos de incidencia en los negocios.

Las presiones de la facción "constitucionalista" de Pérez en coordinación con el CACIF operaron en dos tiempos. Primero, consiguió que el grupo de García Samayoa diera por desahuciado a Serrano, que sin este valimiento no tuvo más remedio que renunciar al cargo y huir a El Salvador el primero de junio. Sin embargo, la crisis no quedó zanjada entonces porque los tres generales citados concibieron una solución que, aunque sobre el papel era constitucional, concitó el rechazo frontal de los partidos y la patronal por presentar un cariz de conchabanza reaccionaria: que el Congreso invistiese al vicepresidente de la República, Gustavo Adolfo Espina Salguero, personalidad de perfil notoriamente derechista.

El 2 de junio el pulso que se libraba en la cúpula castrense pareció inclinarse del lado del triunvirato de generales duros al emitirse la orden de destitución del jefe de la D-2, acusado de deslealtad por reunirse con el sector privado sin el consentimiento de sus superiores. Pérez eludió un posible arresto poniéndose a buen recaudo. En la jornada siguiente, el Congreso, liderado por la Unión del Centro Nacional (UCN) y la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), rechazó la investidura de Espina, que también fue inhabilitado por la Corte de Constitucionalidad. Con Pérez oculto por seguridad, adquirió un protagonismo decisivo el subjefe del EMDN, el general Enríquez, quien consensuó con el CACIF y los partidos mayoritarios una salida satisfactoria para todos. La misma consistió en llevar a la Presidencia al procurador general de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, un servidor del Estado políticamente independiente y que gozaba de prestigio.

Roles con los presidentes de León Carpio y Arzú: la transición militar
El 5 de junio de 1993 el poder legislativo aceptó la renuncia de Espina, declaró vacante la Presidencia e invistió a de León titular de la misma para completar el mandato de Serrano. Lo primero que hizo el nuevo jefe del Estado fue acometer una reestructuración del alto mando militar que supuso la promoción de unos oficiales aparentemente más comprometidos con el apoliticismo, el sometimiento al Estado de derecho y la obediencia a la autoridad civil, que era lo que se esperaba de unos soldados profesionales. Aquí entraban en escena Pérez y Enríquez, que vieron recompensada su reciente actuación: el coronel relevó a Ortega como jefe del EMP y el general hizo lo propio en el Ministerio de Defensa con Perussina, relevo temporal de García Samayoa, el cual causó baja en el Ejército (en las semanas que duró el ministerio de Perussina, Enríquez fungió de jefe del EMDN).

Convertirse en el encargado de la protección personal del presidente, en un momento de persistente inseguridad por la reaparición de los escuadrones de la muerte de extrema derecha (cuya víctima más notoria fue, a principios de julio, el dos veces candidato presidencial y líder de la UCN, Jorge Carpio Nicolle, a la sazón primo del presidente), era una prueba elocuente de confianza del estadista en el militar. Nueve años después, desde su exilio panameño y a rebufo de una demanda de extradición para ser juzgado por múltiples delitos políticos y económicos, Serrano iba a justificar su acción de 1993 porque, y esas fueron sus palabras, había tenido que hacer frente a una "conspiración" de "poderosos e influyentes personajes del sector privado" confabulados con la Inteligencia Militar comandada por Pérez.

Pérez mantuvo su ascendiente en la Inteligencia del EMDN desde el momento en que su sucesor en la D-2, el coronel Mario Alfredo Mérida González, poco después viceministro de Gobernación, era un íntimo lugarteniente. Más relevante fue su inclusión en el equipo de representantes del Estado que desde 1990 conducía unas tortuosas conversaciones de paz con la URNG. Llamó la atención que el responsable del EMP se incorporara a la mesa negociadora justo cuando disminuía el papel del Ejército en el proceso. Sin embargo, el coronel traía una cierta aureola de militar razonable y realista, capaz de hacer análisis y de adecuarse a los nuevos tiempos. La impresión era que Pérez, si bien había participado en las operaciones contrainsurgentes que buscaron liquidar a las guerrillas en medio de horripilantes crímenes de lesa humanidad, había asumido la lógica de la paz porque sobre el terreno la batalla estaba completamente ganada por las Fuerzas Armadas y porque el ensañamiento por simple aversión ideológica carecía de sentido una vez extinta la Guerra Fría; además, en las vecinas Nicaragua y El Salvador los conflictos guerrilla-Estado ya estaban enterrados y se avanzaba en las dinámicas de reconciliación nacional.

Mientras negociaba cara a cara con sus todavía enemigos oficiales, Pérez no dejó de maniobrar en la trastienda para favorecer el reciclaje de un Ejército que en América no tenía parangón en cuanto a reputación de brutalidad y salvajismo. En esta línea, abogó, incluso en público, porque se pusiera fin a la impunidad en relación con la comisión de delitos lucrativos en el seno de las Fuerzas Armadas. También, se mostró conforme con la paulatina asunción por el Estado civil de áreas y parcelas de poder –como las cuestiones de inteligencia- en detrimento del Ejército. Sin embargo, la verdadera reforma militar no fue abordada por la presidencia de de León.

Pérez simultaneó los cometidos de jefe del EMP y representante presidencial en la Comisión de Paz (Copaz) hasta el final del mandato de de León en enero de 1996. El ganador de las elecciones de noviembre de 1995 y enero de 1996, Álvaro Enrique Arzú Yrigoyen, un representante de la derecha liberal y proempresarial, le retuvo a su lado en la Copaz y dispuso su subida en la jerarquía de la institución armada. Así, Pérez, una vez relevado en la jefatura del EMP, fue nombrado Inspector General del Ejército y añadió la insignia de general de brigada. El ascenso fue en virtud de un nuevo reglamento interno impulsado por el propio Pérez, todo indica que para favorecer a sus compañeros de promoción (la de 1966, denominada El Sindicato por el fuerte espíritu de camaradería, casi corporativo, que conservaban sus miembros) y con la mirada puesta también en sí mismo, y que entre otros cambios supuso la reducción de la carrera militar de 33 a 30 años y la disminución de cinco a cuatro los años requeridos para que un coronel pudiera llegar a general.

El momento cumbre en la trayectoria del militar Pérez, fundamental para su posterior desembarco en la política, tuvo lugar el 29 de diciembre de 1996, después de firmar con la guerrilla varios de los acuerdos de paz sectoriales. Ese día, vestido con su uniforme de gala, el general fue una de las autoridades que rubricó en el Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala y ante una nutrida representación internacional el Acuerdo de Paz Firme y Duradera y el Acuerdo sobre el Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz. Bajo la mirada atenta de un exultante Arzú, firmaron los acuerdos finales los comandantes de la URNG y por parte del Gobierno lo hicieron los cuatro miembros de la Copaz, a saber, Pérez, el antiguo guerrillero Gustavo Porras Castejón, la economista Raquel Zelaya Rosales y el ex ministro de Finanzas Richard Aitkenhead Castillo.

Después de esta ceremonia histórica la estrella ascendente de Pérez palideció. Enterado del alcance de los negocios de contrabando en los que estaban metidas importantes instancias del Ejército, Arzú mandó a retiro a varios generales supuestamente involucrados en prácticas irregulares. El Periódico de Guatemala, que investigó estos entresijos, informó en su momento que el entorno del EMP –ahora, este órgano debía ser abolido en cumplimiento de los Acuerdos de Paz- de la época del general Ortega había salido especialmente malparado y que el escándalo había salpicado al círculo de Pérez, cuyo nombre fue intencionadamente sugerido por ciertos adversarios internos del Ejército. La intriga terminó pasando factura al oficial que había recomendado a de León Carpio, sin éxito, lo que ahora Arzú no vaciló en hacer: depurar a altos oficiales con los historiales manchados. Como resultado, Pérez abandonó la Inspección General del Ejército y fue enviado a la Junta Interamericana de Defensa, foro de asesoramiento militar en la esfera de la OEA. Durante dos años, entre 1998 y 2000, el general guatemalteco estuvo asignado a esta entidad con sede en Washington.


2. Salto a la política formal con el Partido Patriota
Tras ganar las elecciones de diciembre de 1999, el sucesor de Arzú desde enero de 2000, Alfonso Antonio Portillo Cabrera, del derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), se planteó ofrecer a Pérez el Ministerio de Defensa con la misión de profundizar la reforma militar (el nuevo mandatario pretendía suprimir el EMP, desacreditado sin remedio tras la implicación de sus responsables en el asesinato del obispo auxiliar de Guatemala, Juan José Gerardi Conedera, y transferir competencias de inteligencia a la esfera civil, tal como reclamaba la opinión pública), pero el fichaje, que habría sido muy sonado, fue frustrado por el fundador y líder del partido vencedor, quien no era otro que Ríos Montt. Según la prensa del momento, el ex dictador vetó la presencia en el Gobierno de su factótum y sustituto –la ley le impedía postularse él mismo a la Presidencia- de un general por el que sentía un vivo aborrecimiento.

Puesto que la nueva Administración no iba a asignarle ninguna función ni en las Fuerzas Armadas ni en el servicio civil del Estado, Pérez, a punto de entrar en la cincuentena de edad y sin haber completado los 30 años de carrera en la oficialidad del Ejército, tomó la decisión de darse de baja del mismo y colgar el uniforme para llevar a la práctica un proyecto personal que venía acariciando desde hacía tiempo: entrar en la política profesional al frente de su propia agrupación. En reconocimiento a los servicios prestados, el Ejército le distinguió con la Cruz del Mérito Militar, la más alta condecoración castrense.

La gran fluidez del sistema de partidos guatemalteco, donde desde la restauración democrática de 1986 ninguna formación había conseguido imponerse de manera clara y duradera (la primacía parlamentaria cambiaba en cada legislatura y sus poseedores sucesivos habían sido la DCG, la UCN, el FRG, el PAN de Arzú y ahora el FRG otra vez), facilitaba las irrupciones de proyectos políticos nuevos, casi siempre de corte personalista, aunque supusieran tener que competir duramente por una cuota de votos en el amplio espectro del centro-derecha, sobrerrepresentado en el Congreso. Pérez era un completo neófito en estas lides, pero aportaba una sobrada experiencia en el mando, familiaridad con el manejo de asuntos sensibles del Estado y sus propios diagnósticos sobre la situación y las necesidades del país, amén de una agenda elitista de contactos privados, los imprescindibles canales de financiación y, por supuesto, mucha ambición y confianza en sí mismo. Su gran hándicap podía ser el currículum militar, que presentaba problemas legales desde ya mismo y que podía generar lógicas suspicacias y rechazos en una sociedad donde la memoria de las barbaridades perpetradas por el Ejército a lo largo de décadas de contienda interna estaba bien fresca.

O quizá no tanto. Al eferregista Ríos Montt, arrastrar un historial de crímenes de guerra abrumador como pocos (sólo restaba que un tribunal aceptara las pruebas acusatorias) no le había impedido granjearse una insólita popularidad, como evidenciaban sus sonoros éxitos electorales, a golpe de mensajes populistas. En estos momentos, en 2000, el antiguo dictador era –por segunda vez- el presidente del Congreso, el jefe de hecho del partido en el Gobierno y, a los ojos de muchos guatemaltecos, el verdadero hombre fuerte del país, aunque a partir de ahora iba a tener que lidiar con una serie de causas judiciales. El caso de Ríos Montt constituía un ejemplo insuperable de la impunidad imperante en la Guatemala democrática. El antiguo oficial de kaibiles, que no era comparable a su viejo comandante en jefe y contra el que no había ninguna denuncia penal, debería tenerlo, en teoría, mucho más fácil que él a la hora de neutralizar acusaciones o de blanquear pasajes oscuros en su hoja de servicios.

El proyecto político del general retirado empezó a sustanciarse a finales de 2000 con la formación de un comité organizativo del Partido Patriota (PP), el cual integró entre otros al economista Pavel Vinicio Centeno López, al politólogo Carlos Valentín Gramajo Maldonado, al ex ucenista (y sobreviviente del atentado contra Jorge Carpio) Mario Arturo López Arrivillaga y al empresario Christian Michael Ross Acevedo. Como parte de la campaña promocional, Pérez hizo regulares sus comentarios políticos críticos con el Gobierno de Portillo, diana de un vendaval de acusaciones de negligencia y corrupción, a través de una columna del periódico Prensa Libre.

Los trabajos preparatorios cristalizaron el 24 de febrero de 2001 con la presentación en un acto público del PP, opción que según su conductor se encargaría de sacar a Guatemala "del túnel de oscuridad en que se encuentra". La puesta de largo de los patriotas no fue impedida por un bárbaro ataque contra la familia Pérez que milagrosamente no terminó en tragedia: tres días atrás, unos desconocidos provistos de armas automáticas y cubiertos con pasamontañas habían disparado en dos zonas de la Ciudad de Guatemala contra Rosa Leal de Pérez y Lisseth Pérez de Solórzano; fueron dos acciones separadas pero casi simultáneas, con unos minutos de diferencia entre sí, lo que difícilmente podía ser casual aun en plena ola de crímenes comunes. La esposa del político salió indemne (aunque una mujer que conducía su vehículo junto al de ella sí fue alcanzada por una ráfaga de disparos y murió al estrellarse al volante), pero la hija resultó gravemente herida por cinco impactos de bala y terminó en el hospital, donde fue intervenida quirúrgicamente.

El esposo y padre fue bastante explícito sobre los posibles autores de los tiroteos: "Estamos abiertos a todas las hipótesis y no descartamos la posibilidad de que gente cercana al Gobierno esté involucrada, por el temor que causa estar haciendo tan mal las cosas", manifestó. El móvil político adquiría más verosimilitud porque el cuarto miembro de la familia, el hijo Otto Fernando, teniente del Ejército, ya había sido objeto de un ataque calcado a los de ahora en noviembre de 2000 cuando se desplazaba en coche por Ciudad San Cristóbal junto con su mujer Luisa María, que resultó herida leve, y su hija de ocho meses. Aunque indignado, Pérez prefirió no abonarse a la especie de que estas agresiones eran "represalias" ordenadas por el entorno presidencial a raíz de ser amonestado confidencialmente por Portillo, quien en 2000 le habría acusado de estar "desestabilizando" a su Gobierno. En marzo, la esposa, los hijos, sus respectivos cónyuges y los dos nietos de Pérez, por seguridad, se trasladaron a vivir a Estados Unidos, donde permanecieron una larga temporada (Otto Fernando se colocó en la Agregaduría Militar en Washington, pero se vio acosado por el Gobierno guatemalteco y pidió asilo político en Estados Unidos).

El 13 de junio de 2002 el PP, al poco de ser acusado su líder por Portillo de promover contra él "varios intentos de golpes de Estado" (y nada menos que en contubernio con el periodista José Rubén Zamora Marroquín, director de El Periódico de Guatemala, y el ex ministro de Defensa coronel Juan de Dios Estrada Velázquez, aunque el presidente se vio obligado a desdecirse a las primeras de cambio), obtuvo la inscripción ante el Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con Pérez de secretario general. El 10 de noviembre siguiente, el PP, en cumplimiento con lo señalado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, celebró su I Asamblea Nacional para elegir a su Comité Ejecutivo y su Consejo Político. Pérez fue confirmado en la Secretaría General y el doctor Alejandro Giammattei Falla fue nombrado secretario adjunto.

Aunque en el PP confluían políticos y profesionales adscritos a diversas corrientes de pensamiento (Carlos Gramajo, por ejemplo, procedía de la socialdemocracia), su orientación en conjunto era claramente conservadora. Exhibiendo un puño alzado y cerrado –y girado al perfil, para evitar confusiones con la iconografía comunista- y el color naranja, el PP se presentaba como una formación de ideología "liberal" guiada por los principios de la "libertad", el "constitucionalismo", la "unidad del Estado", la "solidaridad", la "búsqueda de consensos" y el "amor a la patria", sentimiento este que iba de la mano de la "reconciliación nacional" y la "cultura de paz".

Para los observadores, el PP era un partido de derecha sin aditamentos, pero mostraba ciertos matices que le diferenciaban, en el fondo además de en la forma, de las fuerzas mayoritarias del momento y como él ubicadas en esa parte del espectro, cuales eran el FRG y el PAN. Mientras que el grupo de Ríos Montt y Portillo hacía gala de una retórica populista-religiosa y cortejaba el voto de indígenas, campesinos y pobres con ataques a las élites blancas, y el de Arzú representaba el pragmatismo, la moderación y el impulso prioritario a los negocios, Pérez y sus colegas se ajustaban más a una derecha convencional asociable a los postulados tradicionales de patria, ley y orden. Ahora bien, en el PP no había señales de extremismo y su talante era totalmente democrático, luego en modo alguno podía considerársele una reencarnación de los extintos partidos de la derecha dura promilitar (MLN, PID, CAO y otros). Además, su vocación era convertirse en una fuerza política policlasista.

En los años siguientes, los patriotas de Pérez iban a confirmarse como un partido serio que nunca instigaría las bajas pasiones de sus militantes si las cosas no le salían como querían (cual era la propensión del FRG) y que hacía hincapié en el componente social de la economía de mercado y en la responsabilidad del Estado como proveedor de servicios públicos y garante del desarrollo humano (luego a diferencia del PAN, neoliberal sin disimulos).


3. De la experiencia de la GANA en 2003 a la tentativa presidencial de 2007
La próxima elección nacional tocaba en noviembre de 2003, pero Pérez no podía candidatear a la Presidencia porque el artículo 186 de la Constitución prohibía optar al cargo a los ex miembros del Ejército en una situación de retiro inferior al lustro. En su caso, el general llevaría entonces tan sólo tres años licenciado. El PP barajó en un principio postular al conocido periodista de la CNN Harris Whitbeck Piñol, quien se había movido en el entorno del FRG, pero finalmente decidió concurrir a las elecciones como socio de la Gran Alianza Nacional (GANA), una coalición de centro-derecha forjada por el empresario y ex alcalde capitalino Óscar Rafael Berger Perdomo, antigua mano derecha de Arzú y el candidato del PAN batido por Portillo en 1999.

En la GANA, Pérez y los patriotas compartieron empresa electoral con otras dos formaciones conservadoras, el Movimiento Reformador (MR) de Alfredo Skinner-Klée Arenales y Jorge Briz Abularach, y el Partido Solidaridad Nacional (PSN), grupúsculo que animaba el ingeniero Jorge Francisco Gallardo Flores. El objetivo inmediato era cerrarle el paso al recalcitrante Ríos Montt, quien, saliéndose con la suya en su particular batalla judicial, pudo inscribir la candidatura luego de serle vetada en 1990 y 1995. La automarginación del PAN de la coalición dividió también los respaldos del nuevo empresariado urbano, aunque la oligarquía terrateniente tradicional apostó decididamente por los aliancistas. La GANA proclamó a su artífice, Berger, candidato a presidente de la República, al ex ministro de Relaciones Exteriores Eduardo Stein Barillas candidato a vicepresidente y a Pérez cabeza de la lista nacional al Congreso.

El 9 de noviembre Berger consiguió deshacerse del caudillo eferregista y en la segunda vuelta del 28 de diciembre se impuso también al empresario textil Álvaro Colom Caballeros, aspirante de la coalición de centro-izquierda Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). En las legislativas, GANA quedó en primer lugar y metió 47 representantes en el Congreso, de los que una decena correspondieron al PP. El secretario general del partido estuvo de vuelta en el ámbito del Ejecutivo nacional como Comisionado Presidencial para la Seguridad y la Defensa. Se trataba de un cargo adscrito a la oficina de Berger y no suplantaba al ministro de Defensa, a la sazón el general César Augusto Méndez Pinelo. El cometido fundamental de Pérez era impulsar la lucha del Estado contra el crimen organizado, que desde el final de la guerra civil venía experimentando un auge verdaderamente preocupante, y sus ramificaciones mafiosas en las Fuerzas Armadas, donde seguían abundando los elementos dedicados al narcotráfico y el contrabando.

El nuevo curso político se vio sobresaltado a mediados de mayo de 2004, cuando Pérez sólo llevaba cuatro meses en el cargo. Irritado al enterarse de que Berger había sostenido una reunión clandestina con Ríos Montt –no obstante haber en su contra una orden de arresto domiciliario- para pedirle el apoyo del FRG al plan fiscal del Gobierno, el comisionado no se lo pensó dos veces y el 17 de mayo presentó la dimisión irrevocable. La constatación de un pacto entre el presidente y el jefe de una agrupación corrupta que en el pasado cuatrienio se había dedicado a saquear las arcas del Estado desde los despachos del poder empujó al PP fuera de la GANA y provocó también la retirada del apoyo parlamentario al oficialismo por parte del PAN y la UNE.

Pérez continuó en la brecha política desde su curul en el Congreso, donde lideró un grupo parlamentario recrecido con la captación de tránsfugas de otras bancadas. Hasta el final de la legislatura, el PP practicó una oposición matizada por el respaldo al Gobierno en algunas votaciones, pero en todo momento criticó su falta de nervio en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Su labor legislativa se concentró en las normas relacionadas con las áreas que mejor conocía. Así, fue ponente de las siguientes iniciativas de ley: para otorgar un beneficio pecuniario a los ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil que funcionaron durante los años del conflicto armado (2004); de la Dirección General de Inteligencia Civil (2005); para Prevenir, Controlar y Erradicar las Pandillas Juveniles, Agrupaciones Ilícitas y Delincuencia Organizada (2005); para Prevenir y Combatir el Crimen Organizado y la Delincuencia (2006); y de reformas de la Ley Contra la Narcoactividad (2006).

De manera simultánea, el dirigente fue preparando su candidatura presidencial en las elecciones de 2007, la cual ya no topaba con impedimentos constitucionales. El PP lanzó una ruidosa campaña proselitista para aumentar el número de afiliados y definió una estrategia plasmada en los documentos programáticos Sendero Patriota y Vuelo del Quetzal. El 29 de abril de 2007 la Asamblea Nacional Extraordinaria del PP nominó a su secretario general candidato a la jefatura del Estado. El compañero de plancha para el puesto de vicepresidente era una influyente personalidad del sector privado, Ricardo Castillo Sinibaldi, varias veces presidente del CACIF y desde 1970 al frente del Instituto de Recreación de los Trabajadores (IRTRA).

Sin sorpresas, Pérez planteó una oferta electoral dominada por el problema, muy acuciante a estas alturas, de la delincuencia organizada, el pandillismo y el tráfico de todo tipo de productos ilícitos. Para hacerle frente, el postulante patriota, entre expresiones de devoción católica a Dios, proponía aumentar el gasto militar y policial, poner 10.000 agentes más a patrullar las calles, recuperar para el Estado los territorios al margen de la ley y restablecer la pena de muerte para los delitos de sangre más graves. Asimismo, el opositor llevaba meses denunciando la existencia de dos escuadrones de la muerte parapoliciales dedicados a la llamada "limpieza social", es decir, las ejecuciones extrajudiciales de delincuentes comunes.

El fácil eslogan, que era exactamente el icono de partido, de la mano dura contra estas alarmantes plagas señoreó los mítines y los spots televisivos del PP. Ahora bien, la mano dura era para el presidenciable una actitud y una forma de gobierno, no sólo firmeza en la lucha contra el crimen. Así, con mano dura prometía atajar la evasión de impuestos, impedir el regionalismo autogestionario de algunas comunidades mayas y reorganizar la sanidad pública en aras de su eficiencia. El aspirante patriota se consolidó en las encuestas como un seguro disputador de la segunda vuelta y entabló un duelo particular con la gran esperanza de la izquierda moderada, opción ideológica que desde el golpe reaccionario de 1954 contra el presidente Jacobo Arbenz Guzmán había estado excluida del poder, la mayor parte de ese tiempo por la fuerza: se trataba de Álvaro Colom, quien volvía a intentarlo con un programa de aires socialdemócratas.

La aspereza dominó la dialéctica entre los dos candidatos, arrastrando el proceso electoral a la polarización clásica derecha-izquierda. Colom arrojó sombras de sospecha sobre el pasado militar de su adversario y vinculó los desmanes del pistolerismo político a lo largo de la campaña y con anterioridad a la misma (varias decenas de candidatos y cargos asesinados, muchos de ellos de la UNE) a grupos del crimen organizado apoyados por ex oficiales del Ejército vinculados a su vez a la antigua Inteligencia Militar. Pérez refutó estas insinuaciones reivindicando su trayectoria marcial, a la que debía su capacidad de "liderazgo, rectitud y lealtad", y puso el dedo en la llaga de los recientes escándalos sufridos por la UNE, apuros judiciales inclusive, por su presunta financiación ilegal y la presunta infiltración en sus cuadros de reconocidos elementos corruptos y mafiosos. El general retirado acusó al Colom de dirigirle una "campaña negra" para manchar su reputación y el antiguo funcionario del Estado echó en cara a Pérez que con tanta invocación de la mano dura lo único que hacía era estimular la violencia.

En cuanto a las fuentes de financiación del candidato patriota, al que parecía no faltarle dinero, en 2010 iba a saberse, gracias a las filtraciones a Internet por la organización Wikileaks, que entre sus aportadores de fondos figuraban las "cuatro familias más ricas de Guatemala", a saber, los Castillo, los Novella, los Herrera y el magnate Dionisio Gutiérrez Mayorga. Es lo que le reveló Pérez en persona al embajador de Estados Unidos, el cual principalmente quería saber qué había de verdad sobre las atribuidas relaciones entre el PP y los Mendoza, una conocida familia de mafiosos guatemaltecos activa en el narco. En relación con este espinoso punto, Pérez sólo reconoció unos contactos limitados, en 2003, con uno de los hermanos Mendoza, el "menos malo" del clan, se decía en el cable diplomático.

El 9 de septiembre de 2007 Pérez se aseguró el paso a la segunda vuelta con el 23,5% de los sufragios, 4,7% puntos menos que Colom. En las elecciones al Congreso, el PP no lo hizo tan bien y con 30 escaños hubo de conformarse con la tercera posición por detrás de la UNE y la GANA, que se había presentado a las urnas reformulada y achicada. Saltó a la vista que los patriotas basaban su pujanza en la succión del voto derechista del FRG y no a costa del partido del desgastado Gobierno Berger, que presentó como candidato a Alejandro Giammattei, el antiguo número dos del PP. El representante de los riosmonttistas, Luis Armando Rabbé Tejada, se hundió al quinto lugar.

Al comenzar la segunda y definitiva campaña electoral, Pérez asumió la condición de favorito. Según todos los observadores, Colom perdía fuelle por su imagen de hombre blando y tuvo grandes dificultades para contrarrestar el enérgico discurso anticrimen del viejo experto en contrainsurgencia. Pero en la recta final, el socialdemócrata consiguió la remontada al sacarse de la faltriquera un plan para obtener resultados tangibles en los primeros 100 días de gobierno, plan que copió la promesa de su contrincante de expulsar al hampa de sus feudos. En la víspera de la segunda vuelta del 4 de noviembre, Pérez seguía en cabeza con unos pocos puntos de ventaja, insuficientes para vaticinar la victoria. De hecho, la situación podía considerarse un empate técnico. Además, se esperaba una alta abstención y la cifra de indecisos era también elevada.

Al final, Pérez, con el 47,2% de los votos, perdió el envite. Los patriotas protagonizaron un registro electoral insólito: vieron escapárseles la Presidencia pese a ganar, y de calle (con 19 puntos porcentuales y 139.000 votos de ventaja), en Guatemala capital, circunscripción que concentraba el 24% del padrón electoral. Un análisis preliminar apuntó que en el criterio de numerosos votantes había terminado pesando no tanto la oferta de Colom como el rechazo al "retorno de los militares" al poder, por más que Pérez fuera un civil con un proyecto legítimo y democrático. En un gesto positivo para la democracia guatemalteca, Pérez hizo gala de buen perdedor al anunciar una "oposición constructiva" para seguir adelante con "la guerra contra la corrupción, la violencia, la inseguridad, la impunidad y la pobreza".


4. Triunfo en la elección de 2011 bajo el agobio de la violencia
Pérez comenzó a preparar su siguiente asalto electoral, el de las presidenciales de 2011, tan pronto como arrancó el nuevo curso político. Mientras practicaba la oposición al Gobierno Colom, se dedicó a recorrer todas las ciudades y municipios del país para explicar sus propuestas alternativas. El gran error de las elecciones de 2007 había sido librar una campaña basada de manera casi monotemática en la seguridad, así que el PP se esforzó en diseñar una oferta programática más variada, que incorporase abundantes contenidos de economía y sociedad.

En mayo de 2009, en mitad de la polvareda nacional levantada por la divulgación del video póstumo del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano en el que este acusaba directamente a Colom de estar detrás del asesinato que sabía le aguardaba, el líder opositor convocó una rueda de prensa para denunciar la existencia de un complot contra su vida en el que estarían implicados agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Según Pérez, policías "corruptos" de Quetzaltenango habían contratado sicarios para matarles a él y a su mano derecha, la profesora y periodista Íngrid Roxana Baldetti Elías, jefa del grupo parlamentario patriota y desde el 7 de junio siguiente secretaria general del partido. El denunciante, sin evocar de manera expresa los atentados contra su esposa e hijos en 2000 y 2001, añadió que ya había un detenido en relación con el caso y que la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) estaban informadas de los hechos.

El 27 de marzo de 2011, en una multitudinaria Asamblea Nacional, el PP oficializó el binomio electoral formado por el líder, Pérez, y la secretaria general, Baldetti. El 1 de junio el tándem presidencial dio a conocer la Agenda del Cambio 2012-2016, que definía cinco "ejes estratégicos" desglosados a su vez en "25 propósitos de gobierno". El primero de dichos ejes era Seguridad Democrática y Justicia, que recogía las propuestas en materia de lucha contra el crimen ya expuestas en la campaña de 2007 (salvo la pena de muerte, que Pérez, al parecer, ya no consideraba una medida "disuasoria"), pero incorporándoles las dimensiones del fortalecimiento institucional, para poner coto a la impunidad, pues sólo un ínfimo porcentaje de los delitos de sangre llegaba a juicio, y de la cooperación regional centroamericana, para hacer de Guatemala el país líder en este frente, pues las mafias del narcotráfico y el pandillismo de las maras eran unos fenómenos abiertamente transfronterizos. Así, el Estado guatemalteco se había visto incapaz de contener la invasión del cartel de la droga mexicano de Los Zetas, dueño ya de extensas zonas de los departamentos norteños de Petén, Quiché, Alta Verapaz y Huehuetenango.

Los siguientes ejes de la Agenda del Cambio eran: Desarrollo Económico Competitivo, que incidía en la "mejora del clima de negocios" para atraer inversión nacional y extranjera generadora de empleos, y hacer realidad así el "potencial de crecimiento económico sostenido" de un 4% o un 5% anual; Infraestructura Productiva y Social para el Desarrollo, a fin de que todos los guatemaltecos lograran acceso a los servicios básicos en un marco de "desarrollo sostenible y sustentable"; Inclusión Social, a través de una serie de estrategias integrales encabezada por una de "cero hambre"; y Desarrollo Rural Sostenible, para que el bienestar alcanzara a los guatemaltecos del campo, tradicionalmente marginado. Si al PP se le daba la oportunidad de aplicar este programa, Guatemala se convertiría en un país "seguro, próspero y solidario". Además, el presidenciable no tuvo ambages en tomar prestada terminología izquierdista al hablar de la "Revolución Patriota" en ciernes. En cuanto al famoso eslogan de 2007, fue recuperado, pero con unos aditamentos que lo enriquecían y refinaban: la nueva divisa del PP pasó a ser Mano dura, cabeza y corazón. "Mano dura no es represión, sino un compromiso con el fin de la violencia", explicó Pérez al diario español El Mundo.

Llegado junio, Pérez disfrutaba en las encuestas de una considerable ventaja sobre la candidata del oficialismo, Sandra Torres Casanova, quien en abril anterior se había divorciado de Colom sólo para poder sortear la disposición constitucional que prohíbe a los familiares y parientes del presidente de turno postularse al cargo. El escándalo fue mayúsculo y a finales de mes el TSE, argumentado "fraude de ley", denegó la inscripción a la ex primera dama (la UNE apeló, pero en agosto la Corte de Constitucionalidad apartó definitivamente a Torres de la contienda electoral). Exonerado de competir con Torres, Pérez vio ante sí un panorama fausto porque los demás postulantes aparecían a mucha mayor distancia. Los mejor situados entre ellos, el abogado y empresario Manuel Antonio Baldizón Méndez y el académico de ciencias José Eduardo Suger Cofiño, cabezas respectivamente de los partidos nuevos LIDER (populista) y CREO (derecha), no superaban la barrera del 10%.

A principios de julio, la expectativa de voto del ex general excedía el 40%, con todo, un porcentaje insuficiente para proclamarse presidente en la primera vuelta. El 5 de ese mes, tres activistas pro Derechos Humanos estadounidenses presentaron al relator especial de las Naciones Unidas contra la Tortura, el argentino Juan Méndez, una Carta de Alegato en la que denunciaban que Pérez había estado "directamente involucrado en el uso sistemático de tortura y en actos de genocidio durante el conflicto interno en Guatemala". En concreto, se pedía una investigación contra el ex militar por la tortura dosificada, con el fin de arrancarle información sobre sus compañeros en armas, y la desaparición última de un comandante guerrillero capturado, Efraín Bamaca Velásquez (quien era además esposo de Jennifer Harbury, una de las denunciantes), entre 1992 y 1993, cuando Pérez dirigía la D-2.

El informe iba acompañado de una grabación filmada en septiembre de 1982 en la que aparecía el entonces mayor de kaibiles, con su uniforme de campaña y rodeado de soldados, hablando con el periodista estadounidense Allan Nairn en el Convento de Nebaj, en el llamado triángulo Ixil de Quiché, escenario de algunas de las peores masacres campesinas durante la presidencia de Ríos Montt. A sus pies, fotografiados por la reportera Jean Marie Simon, se tendían los cadáveres de tres presos con signos de haber sufrido una brutal violencia. Aunque barbado y tras el alias de Mayor Tito , en el fragmento de película, correspondiente a un documental finlandés sobre la guerra civil guatemalteca, Pérez era claramente identificable por el tono de su voz y sus rasgos faciales,

Al hilo de esta información, los detractores del candidato reavivaron la polémica suscitada en 2007 por la mención de Pérez como posible implicado en otro caso comprometedor, el del asesinato de monseñor Gerardi en 1998. Así, el general aparecía citado varias veces por el periodista estadounidense de origen guatemalteco Francisco Goldman en su obra The Art of Political Murder: Who Killed the Bishop?, libro de investigación publicado aquel año que barajaba una serie de sospechosos del magnicidio además de los oficiales del EMP ya juzgados y condenados. Como en las elecciones de 2007, Pérez negó de manera tajante haber violado Derechos Humanos durante su etapa en el Ejército e hinchó pecho recordando su contribución a los Acuerdos de Paz: "En el Ejército había resistencia a terminar la guerra (…) Afortunadamente logré convencerlos y hoy recibo el reconocimiento de muchos que me llaman el general de la paz", afirmó.

En apariencia, estas polémicas no supusieron una merma significativa del volumen de apoyos de Pérez, pero la descalificación de Sandra Torres, que, cosa insólita, dejó al oficialismo sin representante en la liza presidencial, dio alas a las candidaturas, hasta entonces marginales, de Baldizón y Suger, en particular la del primero, que subió espectacularmente. Como resultado, el 11 de septiembre de 2011 Pérez, con un 36% de votos, se encontró con que su rival para la segunda vuelta era el acaudalado dirigente de LIDER. El 6 de noviembre, por último, Pérez ganó la partida con el 53,7% de los votos.

En las legislativas, el PP se convirtió en la primera fuerza del Congreso con una mayoría simple de 56 escaños, ocho más que la lista conjunta de la UNE y la GANA. Así las cosas, el próximo Ejecutivo patriota iba a tener que pactar apoyos legislativos a más de una banda, pues le faltaban 23 curules para la mayoría absoluta y sólo el bloque combinado de uneístas y ganistas superaba esa cuota. De acuerdo con el TSE, la participación había sido del 60,8%, cifra récord en una segunda vuelta electoral. Por otro lado, el hijo tocayo de Pérez, Otto Fernando, ingresado también en la carrera política en las filas del PP, resultó elegido alcalde de Mixco, municipio del departamento de Guatemala prácticamente fusionado ya con la capital, con la que formaba área metropolitana; con más de 700.000 habitantes, Mixco era de hecho el tercer municipio más poblado del país.

En sus primeras palabras para los periodistas, el presidente electo se declaró "contento", "emocionado" y "motivado" por la respuesta de los guatemaltecos: "No los voy a defraudar, haré mi mayor esfuerzo para lograr lo que prometimos, para logra la paz y la seguridad que el país tanto necesita", manifestó. Días después de la elección, el jefe del Estado entrante comunicó la intervención directa a partir del año siguiente de las unidades de élite del Ejército, los kaibiles y los paracaidistas, en la lucha contra el narcotráfico. El anuncio, que ponía a Guatemala en la senda iniciada por México en 2006 -y con más que dudosos resultados en el país norteamericano-, fue hecho a la salida de una reunión con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Douglas Fraser.

El 14 de enero de 2012 Otto Pérez Molina prestó juramento del cargo de presidente de Guatemala con un mandato de cuatro años. A la toma de posesión en el Domo Polideportivo de la capital asistieron los mandatarios de México, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Haití, Surinam y, fuera del continente americano, Georgia. En su discurso inaugural, el presidente subrayó que heredaba un país "en crisis", infectado de "desorden y corrupción" y "muy cerca de un quiebre económico y moral", con una "infraestructura abandonada, destruida, y una deuda flotante sin precedentes". Este deplorable estado de cosas, continuó diciendo, era debido "al desorden administrativo, financiero y al manejo de programas dirigidos al interior, pero que se tradujeron en un manejo clientelista y populista, en lugar de llegar a romper el círculo de la pobreza".

En cuanto al final de la confrontación y la superación de los estigmas de la guerra civil, sus palabras fueron: "Le pido a Dios que nos conceda la sabiduría de promover con ahínco la reconciliación verdadera, que nos de las fuerzas para atender los rezagos y las injusticias, reparar el tejido social". Su deseo: "Ser capaces de perdonarnos realmente entre todos y ser capaces de ver hacia delante para construir una sociedad y una cultura de paz, con pleno respeto a los Derechos Humanos; sueño con que la mía sea la última generación de la guerra y la primera generación de la paz en Guatemala". En una curiosa digresión, el flamante mandatario enmarcó este "esfuerzo de cambio" en la "dimensión superior y más profunda de un cambio de época a nivel mundial" tal como lo hicieron notar "los antepasados mayas" en su calendario de la cuenta larga, cuyo b'ak'tun actual (unidad temporal equivalente aproximadamente a 400 años) terminaba el 21 de diciembre de 2012.

Sobre la alocución presidencial del 14 de enero flotó la conmoción por el doble asesinato a tiros, perpetrado en la víspera por sicarios encapuchados en una calle de la capital, del congresista electo Óscar Valentín Leal Caal, ex gobernador de Alta Verapaz y ex alcalde de San Juan Chamelco, y de su hermano Erick. El propio Pérez Molina, en sus últimas palabras como mandatario electo, había indicado que Leal, miembro del partido LIDER (Libertad Democrática Renovada) de Baldizón, estaba recibiendo "muchas presiones" por su intención de pasarse a las filas del PP.

El traspaso de poderes quedó completo con la entrada en funciones del nuevo Gobierno. En él, destacaban las presencias de dos altos oficiales del Ejército, el uno retirado y el otro en activo, para las carteras clave: el ex teniente coronel Héctor Mauricio López Bonilla se hacía cargo de la Gobernación y Ulises Noé Anzueto Girón, recién ascendido a General, de la Defensa. Ambos debían ultimar sendos planes estratégicos para movilizar eficazmente a las fuerzas bajo su mando en la recuperación del territorio nacional disputado por las mafias del narco, en especial los envalentonados Zetas. En dicha campaña, que se prometía harto complicada, las inteligencias civil y militar iban a ser determinantes, aseguró Pérez, cuyo primer movimiento fue acudir a la Brigada Militar Mariscal Zavala para demandar al alto mando castrense su leal implicación en esta lucha. A fin de "neutralizar a los grupos armados ilegales", el Gobierno pondría en marcha dos nuevos cuerpos especiales del Ejército destinados a luchar contra "la inseguridad en el país y en las zonas fronterizas".


5. El debate regional sobre las drogas, la militarización de la lucha contra la delincuencia y las repercusiones del juicio a Ríos Montt
Tras posesionarse de su despacho de la Casa Presidencial, Pérez empezó a mover fichas para, tal como había prometido en la campaña electoral, estimular el debate regional sobre la despenalización y regulación del trasiego de drogas ilícitas en América Central, a fin de conseguir una reducción del consumo, concentrado en Estados Unidos, y disminuir así los suculentos beneficios que este negocio proporcionaba al crimen organizado, lacra que, entre tanto, iba a ser combatida por el Estado con todos los medios a su alcance, incluidos los militares. El nuevo líder guatemalteco encontró de entrada el respaldo, al poco enfriado y finalmente retirado, de su colega de El Salvador, Mauricio Funes, quien había llegado al poder en el país vecino en 2009 como el candidato de la antigua guerrilla izquierdista local, el FMLN.

Sin amilanarse por el rechazo tajante de Estados Unidos a su iniciativa, la cual, según Washington, de plasmarse, "supondría una amenaza para la salud y la seguridad públicas", Pérez consiguió despertar el interés de los líderes de México, Colombia, Costa Rica y otros países latinoamericanos, que se comprometieron a analizar colectivamente la cuestión. Precedida por la reunión conjunta de los mandatarios centroamericanos con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Tegucigalpa, las polémicas propuestas guatemaltecas ocuparon el orden del día de una cumbre especial celebrada en Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez, el 24 de marzo de 2012. Pérez pretendía alcanzar aquí un consenso regional sobre su propuesta de agenda y acudir así con una postura común a las discusiones sobre el tema en la VI Cumbre de las Américas que iba a tener lugar en abril en Cartagena de Indias, Colombia.

A la reunión, convocada por Pérez bajo el nombre de Nuevas rutas contra el narcotráfico, solo asistieron los presidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla, y Panamá, Ricardo Martinelli. La invitación fue declinada sin dar explicaciones claras por el salvadoreño Funes, el hondureño Porfirio Lobo y el nicaragüense Daniel Ortega, triple ausencia que fue vista como un embarazoso desaire al organizador y que dejó en evidencia la influencia determinante de Estados Unidos en la zona. Saliendo al paso de los titulares periodísticos que hablaban de "fracaso" sin paliativos, Pérez se aferró al hecho de que los ocho países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) "estuvieron presentes a través de delegaciones de alto nivel" y estudiaron detenidamente su plan.

Pérez participó en la cumbre continental, la de Cartagena de Indias, que, bajo el liderazgo del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, puso sobre la mesa la sugerencia a Estados Unidos por un grupo de países latinoamericanos abiertos a las fórmulas de despenalización parcial y regulación de sustancias estupefacientes de que se exploraran "nuevos enfoques" en la lucha contra el narcotráfico, pues la guerra antidrogas con medios militares, que ya duraba tres décadas, no estaba teniendo los resultados apetecidos. Santos, Pérez y otros dirigentes reclamaban a la Administración Obama una estrategia antidrogas radicalmente diferente de la actual, ya que la persecución a ultranza, lejos de reducirlos, estaba incrementando los niveles de violencia en las sociedades de origen y tránsito de los narcóticos, algo que Guatemala, país clave en el corredor centroamericano del narcotráfico entre la región andina y México, sufría en sus carnes como el que más.

Sin embargo, la Cumbre de las Américas, debido a múltiples diferencias, ni siquiera pudo alumbrar una declaración conjunta, ni sobre este ni sobre cualquier otro punto. La proposición de Pérez en materia de narcotráfico quedó sobre la mesa, pero asediada de reticencias, lo que dificultaba su concreción. En la XXXIX Reunión Ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del SICA, celebrada en Tegucigalpa poco después, en junio de 2012, la cuestión quedó completamente al margen del Plan de Acción adoptado por los mandatarios, el cual incluía acciones coordinadas en una serie de "pilares de integración" ya definidos por el SICA, a saber, los de Seguridad Democrática, Gestión Integral del Riesgo de Desastres Naturales y Cambio Climático, Integración Social, Integración Económica y Fortalecimiento Institucional.

Con todo, el asunto de las "nuevas alternativas" para enfrentar el problema de los narcóticos sí captó la atención de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que dos años después, en mayo de 2014, celebró en La Antigua su I Reunión Ministerial sobre el Problema Mundial de las Drogas, a la que asistieron las más altas autoridades de los estados miembros en la materia. A posteriori, Pérez consiguió que la OEA considerara también sus ideas. La 43ª Asamblea General de la organización, reunida en Antigua Guatemala en junio de 2013, aprobó la Declaración por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas, que instaba a la "búsqueda de soluciones efectivas de manera coordinada" y alentando "el abordaje de nuevos enfoques basado en el conocimiento y la evidencia científica". Aunque el dirigente guatemalteco no consiguió que el texto de la declaración recogiera la posibilidad de despenalizar algunas drogas, expresó su satisfacción porque la Asamblea "se atreviera a buscar un cambio de paradigma".

Tras el fiasco diplomático del principio de su mandato, Pérez, mientras su Administración afrontaba los primeros escándalos que sacaban a la luz el grado de impunidad y corrupción que gangrenaban miembros fundamentales del cuerpo del Estado (como el de la detención, en marzo, de Marlene Blanco Lapola, ex directora de la PNC y viceministra de Apoyo Comunitario en el Gobierno de Álvaro Colom, acusada de unos delitos de asociación ilícita y ejecución extrajudicial por su presunta implicación en una serie de operaciones clandestinas de "limpieza social" en 2009, que supusieron la ejecución de tres personas, y en la proliferación de una estructura criminal paralela en la PNC), se concentró en aplicar su estrategia de mano dura, cabeza y corazón para reducir las cifras de la criminalidad, cuyo elemento más contundente, e inquietante para muchos guatemaltecos, era el despliegue de tropas del Ejército en los puntos calientes. De entrada, los kaibiles se disponían a tomar posiciones a lo largo de la frontera con México para impedir que los cárteles del otro lado siguieran operando a sus anchas en el territorio nacional.

El nuevo esquema de seguridad ciudadana, por el que soldados y agentes de la PNC participarían en dispositivos conjuntos de patrullaje e intervención, fue lanzado por Pérez el 21 de mayo de 2012 en el Palacio Nacional de la Cultura con motivo de la firma por los presidentes de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, del llamado Pacto por la Paz, la Seguridad y la Justicia, pacto que se adecuaba al concepto regional de la seguridad democrática. Según el gobernante, los objetivos del Plan, que incorporaba, en el terreno legal, un abanico de reformas del sistema judicial y el Código Procesal Penal, así como, en el ámbito social, inversiones públicas para corregir determinadas situaciones de subdesarrollo humano que favorecían el desarraigo y la captación por la delincuencia, eran prevenir, perseguir y sancionar los delitos cometidos por el crimen organizado, las maras y los malhechores comunes, proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos, fortalecer las instituciones, recuperar la presencia del Estado en los sitios donde este había reculado y mejorar el clima general de seguridad. La Presidencia aspiraba a que en el Pacto se implicaran todos los actores del arco político y sectores relevantes de la sociedad civil, no solo las principales instituciones del Estado.

Entre sus objetivos específicos, el Pacto por la Paz, la Seguridad y la Justicia perseguía "promover una cultura de paz como recurso privilegiado para tratar los conflictos en la sociedad y desterrar la violencia, la agresión y la intolerancia". Sin embargo, voces de la opinión pública se preguntaron cómo casaba esta declaración de principios con el despliegue recurrente de unidades del ejército en escenarios de conflicto social (como el agravado, con profusión de disturbios y violencias, en abril y mayo de de 2012 en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, a raíz del proyecto de instalación de una planta hidroeléctrica) al socaire de los sucesivos estados de sitio y prevención, instrumentos de excepcionalidad constitucional que el Gobierno podía decretar para atajar graves alteraciones del orden público. La conflictividad social amagó con hacerse la tónica del mandato de Pérez, quien al asumir el poder ya heredó el estado de alarma vigente en El Petén y que ciertamente vio malograda su previsión, formulada horas antes de tomar posesión del cargo, de "devolver la tranquilidad al país en seis meses".

A comienzos de julio, una protesta de estudiantes de magisterio rebelados contra el plan de reforma educativa que extendería su ciclo formativo obligatorio de los tres a los cinco años, incluyendo la universidad, degeneró en violentas refriegas con la Policía antidisturbios en la Ciudad