Michelle Bachelet Jeria

1. Orígenes familiares
2. Víctima de la dictadura militar
3. Exilio en Alemania Oriental e inicio de la profesión médica en Chile
4. Salto a la política gubernamental con el Partido Socialista
5. El camino al Palacio de La Moneda bajo el manto de la Concertación
6. El programa para las elecciones de 2005 y triunfo sobre Sebastián Piñera
7. El primer mandato presidencial (2006-2010)
8. Derrota de Frei, el terremoto de 2010 y entrega del mando a Piñera
9. Fuera del Gobierno: un perfil internacional de primer orden
10. Regreso a la política para disputar las presidenciales de 2013
11. Reconocimientos y distinciones


1. Orígenes familiares
La segunda hija del matrimonio formado en 1945 por el general de brigada de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) Alberto Arturo Bachelet Martínez y la antropóloga y arqueóloga Ángela Jeria Gómez tiene por tatarabuelo paterno a un inmigrante francés, Joseph Bachelet Lapierre, un vinatero que en 1860 abandonó su pueblo en la Borgoña, Chassagne Montrachet (famoso hasta el día de hoy por la excelencia de sus caldos blancos), para emprender con su esposa parisina una nueva vida en el país austral, donde fue contratado como enólogo por los viñedos Subercaseaux. El bisabuelo paterno, Germán Bachelet, nació en tierra chilena y a finales del siglo XIX se casó con una joven de linaje franco-suizo; su muerte en 1934 puso término a los vínculos de esta rama familiar con el negocio viticultor. De hecho, Michelle Bachelet, quien además del español se expresa perfectamente el francés, amén de dominar el inglés, el alemán y el portugués, podría tener un parentesco, muy lejano en cualquier caso, con Dennis Bachelet, uno de los más importantes y adinerados bodegueros de la Borgoña, y con otros paisanos de Chassagne Montrachet.

Por parte de la madre, destaca la figura del abuelo, Máximo Jeria Chacón, quien fuera el primer ingeniero agrónomo titulado en Chile. Con antepasados griegos y amigo íntimo del escritor Manuel Rojas, el abuelo materno de Bachelet fue comisionado por el Estado para introducir en el país modernas técnicas agrícolas aprendidas en Francia y fundó varias escuelas de agronomía. De su condición de prohombre dan fe dos calles de Santiago que portan su nombre.

La infancia de Bachelet discurrió en todos los lugares donde su padre estuvo destacado como oficial del aire. En Chile, vivió y recibió la educación básica en Quintero, Antofagasta y San Bernardo. En 1962, durante la Administración presidencial de Jorge Alessandri Rodríguez, Alberto Bachelet fue destinado a la agregaduría militar de la Embajada chilena en Washington y, como en las ocasiones anteriores, se hizo acompañar de su esposa, el primogénito, Alberto, y la benjamina, quienes continuaron instruyéndose en Estados Unidos. En los dos años que pasó en la ciudad de Bethesda, en el estado de Maryland, la joven asistió a una escuela local y aprendió el idioma inglés. La educación secundaria la cursó a partir de 1964 en el Liceo de Niñas Nº 1 Javiera Carrera, centro público santiaguino donde terminó el bachillerato en 1969, el año en que su hermano mayor, su cuñada y su sobrino recién nacido marcharon a Australia, donde Alberto pensaba abrirse un camino profesional en el ramo de la informática.

Aplicada y vivaracha, Michelle destacaba por su rendimiento académico y sus actividades escolares no lectivas en el deporte, la música y el teatro. Aunque barajó formarse como socióloga o economista, al final se decantó por la carrera médica. Su ingreso en 1970 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y con una nota excepcionalmente alta en el examen de aptitud académica, coincidió con la subida al poder del Gobierno de la Unidad Popular (UP) encabezado por Salvador Allende Gossens, líder del Partido Socialista de Chile (PS).

Si bien su padre, en tanto que militar profesional, no tenía nada ver con ningún partido político, la familia siempre había ofrecido un talante liberal, laico y progresista. En realidad, el general Bachelet estaba muy alejando del estereotipo del uniformado cuartelero, machista y obsesionado con el espíritu de cuerpo, ya que tenía una trayectoria de activismo comunitario en la sociedad civil y, como recuerda su viuda, cooperaba afanosamente en las tareas del hogar, algo insólito para los usos y costumbres de la época. Algunas fuentes informan que incluso era miembro de la masonería chilena, ámbito que probablemente facilitó su toma de contacto con el presidente Allende, masón reconocido, al que había votado en las elecciones de 1970. En cuanto a Ángela Jeria, constituía un ejemplo de mujer profesional emancipada de las servidumbres tradicionales.

Bajo la influencia de unos progenitores no conservadores y profundamente humanistas, y de la efervescencia política que vivían la Universidad y el conjunto del país, que, con la UP al timón, se encaminaba hacia el experimento allendista de un socialismo de acentos marxistas pero sin salirse de los cauces parlamentarios y democráticos, Bachelet, que en aquellos años lucía una larga melena morena y vestía al estilo hippy, ingresó en las juventudes del PS y se convirtió en una activa militante de la UP. Dentro de la Juventud Socialista (JS) trabó amistad con Carlos Enrique Lorca Tobar, un compañero de la Facultad de Medicina que fue elegido presidente de la organización y luego diputado nacional. Más tarde, en 1974, inició una relación sentimental con el militante Jaime Eugenio López Arellano, que llegó a secretario nacional de la JS y a encargado del área de internacional del Partido.

En 1972, en medio de una gravísima crisis política y económica que tenía a Allende cogido entre las cuerdas, con los partidos de derecha, que ostentaban la mayoría en el Congreso, presionándole para que detuviera el programa de nacionalizaciones y la extrema izquierda de su propio campo azuzándole para que la "vía chilena al socialismo" tomara la senda antiburguesa y revolucionaria, el general Bachelet fue nombrado por Allende secretario de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización (DINAC), un cargo de gran responsabilidad en una etapa angustiosa por la penuria de alimentos y demás productos básicos. Posteriormente asumió también la Dirección de Contabilidad de la FACH.


2. Víctima de la dictadura militar
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, perpetrado a sangre y fuego por las Fuerzas Armadas y liderado por el nuevo comandante en jefe del Ejército de Tierra, el general Augusto Pinochet Ugarte, cayó sobre la vida de los Bachelet como una noche mortal. La hija asistió en directo, desde la azotea de la Facultad de Medicina, al bombardeo aéreo del Palacio de La Moneda, donde Allende perdió la vida. El padre, firmemente asentado en la tradición del oficial legalista respetuoso con el orden constitucional, una condición que encarnaron igualmente los predecesores de Pinochet en la comandancia del Ejército, los generales René Schneider Chereau (víctima en 1970 de una conspiración de ultraderecha) y Carlos Prats González (quien dentro de unos meses iba a ser asesinado también por orden de los golpistas en su exilio argentino), rehusó colaborar con la Junta militar presidida por Pinochet; esta negativa, unida a sus credenciales demócratas y de colaborador de Allende, selló su destino.

Detenido ya la misma mañana del golpe en su oficina en el Ministerio de Defensa, dejado en libertad al final de la jornada y vuelto a arrestar el 14 de septiembre, Bachelet padre fue confinado en la Academia de Guerra Aérea, donde sus propios subalternos, a los que no podía ver el rostro por hallarse encapuchado, le infligieron brutales vejaciones, inclusive palizas y la introducción de objetos punzantes bajo las uñas. En octubre, en unas condiciones físicas deplorables, el general quedó bajo arresto domiciliario y tuvo una última ocasión de estar con su esposa y su hija. El 18 de diciembre fue detenido de nuevo y recluido en la Cárcel Pública de Santiago, donde compartió destino con varias decenas de oficiales y suboficiales de la FACH. A todos ellos les abrieron un consejo de guerra por "traición a la patria". Las torturas se sucedieron hasta que el 12 de marzo de 1974 el general, que padecía de isquemia, falleció de un infarto de miocardio sin haber recibido en todo este tiempo el tratamiento que su dolencia precisaba. Tenía 51 años.

Semejante tragedia no interrumpió, al menos al principio y de manera voluntaria, el compromiso de Bachelet con las aulas y con el PS, pese a que esta labor política hubo de desarrollarla en la clandestinidad, apoyando a la dirección interna de un partido diezmado por la represión. Incluidas en las listas negras de la dictadura, Ángela Jeria, que canalizaba su activismo en el terreno de los Derechos Humanos, ahora mismo conculcados masivamente en Chile, y su hija quedaron en una situación muy precaria. La arbitrariedad de la Junta se abatió sobre ellas el 10 de enero de 1975, cuando dos agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la feroz policía política del régimen castrense, irrumpieron en su apartamento santiaguino y se las llevaron con los ojos vendados a la Villa Grimaldi, una vasta propiedad residencial habilitada por la agencia como centro de interrogatorio y torturas.

En este siniestro lugar, donde sucedían cosas como violaciones en masa de prisioneras, Michelle y su madre pasaron un calvario de interrogatorios, condiciones degradantes y maltratos físicos y psicológicos que ella, según ha comentado en entrevistas, no describe categóricamente como torturas, en el sentido habitual de la palabra, porque sus captores no les aplicaron electricidad y otros tormentos atroces que caracterizaban el modo de operar de la DINA, aunque sí reconoce haber recibido algunas torturas de un grado no extremo que prefiere no detallar, aduciendo que tras el choque traumático se le bloquearon muchos recuerdos. Transcurridos unos días, las dos mujeres fueron transferidas de Villa Grimaldi al centro de detención de Cuatro Álamos, donde permanecieron hasta principios de febrero.

Su puesta en libertad fue posible gracias a la gestión providencial del general Osvaldo Croquevielle Cardemil, que era familia política directa al tratarse del marido de Alicia Bachelet, la hermana del fallecido Alberto Bachelet. El cuñado y tío de las liberadas, antiguo director de la Aeronáutica Civil, había sido dado de baja de las FACH el mismo día del golpe de Estado, y aunque no formaba parte del núcleo del poder militar, conservaba un importante ascendiente en el alto mando. Croquevielle fue avisado de la suerte que estaban corriendo sus familiares por su sobrino Alberto, quien a su vez recibió la noticia en Australia de su esposa Patricia Espinosa, que se encontraba en Santiago junto con sus dos hijos en el momento de la detención. Según parece, la exigencia de Croquevielle fue atendida por el comandante en jefe de la FACH, general Gustavo Leigh Guzmán, uno de los cuatro integrantes de la Junta de Gobierno, y el ministro del Interior, general César Benavides Escobar.

Salvadas de lo peor y aprovechando la puerta abierta que les dejaba la Junta, madre e hija se apresuraron a tomar un avión que les llevó a Sydney, donde se reunieron con Alberto, al que no veían desde hacía años. Atrás quedaban muchos compañeros de la JS y el PS que terminaron siendo asesinados por la dictadura. Es lo que les sucedió a Carlos Lorca y a Jaime López Arellano, los dos militantes que habían mantenido una relación íntima con Bachelet: en el plazo de unos meses, ambos fueron detenidos y hechos desaparecer por la DINA.


3. Exilio en Alemania Oriental e inicio de la profesión médica en Chile
En mayo de 1975 Bachelet marchó a la República Democrática de Alemania (RDA), cuyo régimen comunista brindaba asilo y protección a miles de refugiados políticos de ideas izquierdistas de toda Latinoamérica. Su madre le siguió un mes después, aunque no se fue a vivir con ella en Leipzig, sino que se instaló en Potsdam. En el país europeo oriental, la joven aprendió el alemán en el Instituto Herder de Leipzig, retomó los estudios de medicina en la Universidad Humboldt de Berlín, realizó algunas prácticas médicas y cultivó los contactos con otros miembros de la comunidad de exiliados chilenos, muchos de los cuales pertenecían al PS. Uno de ellos era Jorge Leopoldo Dávalos Cartes, un estudiante de arquitectura también veinteañero, unos años mayor que ella. Dávalos era miembro del Comité Central del PS y se ubicaba en la facción que encabezaba el antiguo responsable de la diplomacia chilena con Allende, Clodomiro Almeyda Medina. Bachelet y Dávalos se conocieron en 1976 en Potsdam gracias a que les presentó la madre de ella, surgiendo el idilio.

Unos meses atrás, Michelle había visto por última vez a su anterior novio, Jaime López Arellano, en el curso de un viaje que éste estaba realizando por la RDA y la URSS para recabar recursos para la lucha clandestina. López era entonces secretario general del PS en el interior, y en diciembre de 1975, tras su vuelta a Chile, la DINA lo aprehendió lo encerró en Villa Grimaldi y lo hizo desaparecer. En diciembre de 1977 Bachelet y Dávalos contrajeron matrimonio civil en la ciudad brandenburguesa y al cabo de unos meses nacía su primer hijo, Sebastián.

En febrero de 1979, tras recibir la autorización correspondiente a instancias del general Fernando Matthei Aubel, sucesor de Leigh como representante de la FACH en la Junta de Gobierno y buen conocedor de la familia de su antiguo compañero de armas, de quien era de hecho amigo íntimo —pero cuya integridad, ni él ni Leigh pudieron o quisieron salvar—, las Bachelet retornaron a Chile. Allí les esperaba una vida incierta, ya que si el régimen militar parecía dispuesto a no atosigarlas, tal tolerancia estaría condicionada a que se abstuvieran de realizar actividades oposicionistas o resistentes. Ni Bachelet ni su esposo tenían trabajo, y ella se encontró con que su antigua universidad no le convalidaba los dos cursos de la licenciatura en Medicina, el cuarto y el quinto, que había realizado en Berlín, así que tuvo que repetir el segundo ciclo en la facultad santiaguina.

En enero de 1983, por fin, obtuvo el título que la acreditaba como médico cirujano pediatra con mención en epidemiología, pero los obstáculos al rehacer vital no desaparecieron. Su solicitud al sistema público de salud para ejercer de médica de cabecera en barriadas populares fue rechazada, según ella por razones políticas, pero a cambio consiguió del Colegio Médico de Chile una beca formativa que le permitió, en el lapso de cuatro años, especializarse en pediatría y salud pública con adscripción al personal del Hospital Dr. Roberto del Río, un centro capitalino que brindaba tratamientos específicos e integrales a la infancia. En 1984 nació su segundo hijo, una niña, Francisca, pero el matrimonio con Dávalos, que había abierto su propio estudio de arquitectura, arrastraba problemas y en 1985 los cónyuges resolvieron separarse jurídicamente. Entre tanto, su hermano Alberto se instaló con su familia en Estados Unidos, en San Francisco, donde la compañía de computación para la que trabajaba había abierto una delegación. En 2001 iba a fallecer por causas naturales en la ciudad californiana a los 54 años.

Entregada a su profesión de pediatra, Bachelet se mantuvo alejada del activismo político, al menos en su faceta visible de resistencia a la dictadura, y a cambio desarrolló una labor de atención a las víctimas de la represión. Fue en el seno de la Fundación para la Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE), una ONG dedicada a ayudar a niños de padres represaliados, algunos de los cuales, extraoficialmente, eran huérfanos, ya que los progenitores desaparecidos, en realidad, estaban muertos. En la PIDEE Bachelet entró de la mano de María Eugenia Rojas, hija del escritor Manuel Rojas y esposa del dirigente comunista y académico Juan Fernando Ortiz Letelier —otro ilustre preso de los calabozos de la DINA, desaparecido en 1976—, quien era amiga de su madre desde la infancia.

La experta en atención de niños se hizo cargo del área médica de la PIDEE en 1986, el año en que Pinochet fue objeto de un atentado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo armado de extrema izquierda que creía factible acabar con el régimen con los mismos métodos terroristas que éste venía aplicando contra los que consideraba enemigos. Justo entonces, Bachelet mantenía una relación amorosa con el portavoz de la banda subversiva, Álex Vojkovic Trier, ingeniero de profesión y miembro del Partido Comunista de Chile (PCCh). Este vínculo sentimental, terminado en 1987, iba a ser sacado a colación con ánimo de incriminar por detractores políticos de la entonces ministra en 2003, obligándola a aclarar que en aquella época ella no tenía la menor relación con las actividades del FPMR, aunque sí participó en algunas reuniones de sus miembros, y que nunca, ni antes ni después, había apoyado los métodos violentos en la lucha política.

Más que actuante en ellos, Bachelet fue testigo de los procesos políticos que desembocaron en las históricas elecciones democráticas del 14 de diciembre de 1989, las cuales fueron ganadas por la Concertación de Partidos por la Democracia, nucleada en torno al PS y su otrora acerbo adversario, el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Dentro del PS, Bachelet era una militante de base y no se involucró mucho en la reyerta que enfrentaba a las alas socialistas animadas respectivamente el ex canciller Almeyda, partidario de un giro a la izquierda radical y de la lucha frontal contra la dictadura, y Carlos Altamirano Orrego, Ricardo Núñez Muñoz y Carlos Briones Olivos, favorables a la moderación y la "renovación" del Partido, si bien optó por adherirse al primer grupo.

Como seguidora de Almeyda, en estos años Bachelet estuvo activa en el Movimiento Democrático Popular (MDP), coalición formada por el PS-Almeyda, el PCCh, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y otras facciones izquierdistas partidarias de mantener las contestaciones callejeras contra la dictadura. Posteriormente se vinculó al Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS), una formación instrumental, creada exclusivamente para inscribir en las elecciones de 1989 a candidatos de fuerzas izquierdistas que, como el PCCh, tenían vetada su participación en los comicios. Cuando el plebiscito convocado por Pinochet en 1988, la pediatra votó por el no, la opción que resultó vencedora y que obligó al dictador a abandonar la Presidencia en 1990. Días después de las elecciones nacionales de 1989, los socialistas chilenos enterraron una década de divisiones orgánicas en el XXIV Congreso General Ordinario del Partido, justamente llamado de la reunificación. Del cónclave salieron elegidos Almeyda para el nuevo puesto de presidente orgánico y Jorge Arrate Mac Niven como secretario general.


4. Salto a la política gubernamental con el Partido Socialista
Tras la asunción el 11 de marzo de 1990 del primer Gobierno de la Concertación bajo la presidencia del democristiano Patricio Aylwin Azócar, Bachelet fue reclutada como epidemióloga por el Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMOCC), que cubría la mitad oeste de Santiago y la Región Metropolitana. Allí volcó su experiencia y conocimientos en la mejora de la red de hospitales y consultorios, dejada languidecer por unos gobiernos pinochetistas que habían aplicado políticas neoliberales centradas en el saneamiento macroeconómico. Luego, ejerció en la Comisión Nacional del Sida (CONASIDA) y brindó consultoría a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), una empresa de cooperación internacional privada que tenía contrato permanente con el Gobierno de la República Federal de Alemania.

Mientras trabajaba para CONASIDA, Bachelet se emparejó con Aníbal Hernán Henríquez Marich, un médico especializado en enfermedades del sistema respiratorio que atendía a pacientes con sida en el Hospital San Juan de Dios y que, a diferencia de las anteriores parejas de ella, tenía ideas de derecha y simpatizaba con Pinochet. Dicho sea de paso, el general continuó proyectando una sombra amenazadora sobre la verde democracia chilena desde su puesto de comandante en jefe del Ejército, que detentó hasta 1998, cuando se convirtió en senador vitalicio y empezó a tener problemas con la justicia, aunque el paquete de cortapisas legales al sistema democrático y la soberanía civil, impuesto por la Constitución de 1980, prolongó su vigencia unos años más.

Bachelet no contrajo segundas nupcias con Henríquez, de entrada porque su vínculo matrimonial con Jorge Dávalos no estaba anulado, pero tuvo una hija de él, Sofía, nacida en 1992. En 1995, estos dos facultativos con tantas afinidades profesionales como diferencias ideológicas pusieron fin a su relación sentimental. En 1994, con la instalación del nuevo Ejecutivo de la Concertación presidido por el democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Bachelet fue contratada por el Ministerio de Salud como asesora en temas de atención primaria y gestión de servicios de salud.

Su perfil, hasta ahora fundamentalmente técnico y profesional, circunscrito a la salud pública, se politizó de lleno al tiempo que abarcó los asuntos de seguridad y de defensa en 1996, y por triplicado. Primero, al ser elegida miembro del Comité Central del PS en su XXV Congreso, celebrado en Santiago en mayo con Camilo Escalona Medina de presidente; segundo, en octubre, al candidatear, aunque con fracaso total, a un puesto de concejal de Las Condes, una comuna santiaguina de clase alta (presentándose a la vez que otros tres aspirantes de la Concertación, sólo reunió el 2,3% de los votos y fue vapuleada por la lista que encabezaba el alcalde reeleccionista y futuro candidato presidencial de la derecha próxima a Pinochet, Joaquín José Lavín Infante); y tercero, al cursar un diploma de Estudios Políticos y Estratégicos impartido por la Academia Nacional de Asuntos Políticos y Estratégicos (ANEPE), donde tuvo como profesores a dos antiguos miembros del gabinete militar de Pinochet.

En su biografía oficial contada en primera persona, Bachelet explica que su interés por un campo tan alejado de su experiencia profesional y que, a priori, podría resultarle antipático por todo lo que los militares le habían hecho pasar nació de la convicción de que, pese a lo avanzado en la consolidación de la democracia, "persistían dificultades para la plena normalización de las relaciones entre el mundo civil y el militar". En el curso de la ANEPE la alumna tuvo un rendimiento tan destacado, obteniendo mayor puntuación que sus doce compañeros de aula —la mitad uniformados y la otra mitad civiles, todos funcionarios públicos—, que se hizo merecedora de una Beca de Honor Presidente de la República. Con su dotación pudo realizar entre 1997 y 1998 el selectivo curso superior de Defensa Continental en el Colegio Interamericano de Defensa (IADC), sito en Fort Lesley J. McNair, en Washington D. C., dentro de un grupo de militares y civiles destacados por los distintos países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

De vuelta a Chile en 1998, su recién adquirida especialización le permitió a Bachelet incorporarse al Ministerio de Defensa en calidad de asesora. Ese mismo año fue reelegida en el Comité Central de los socialistas chilenos y entró a formar parte de la Comisión Política del Partido, que escogió como nuevo presidente a Ricardo Núñez. En mayo de 1999, durante la campaña de las primarias de la Concertación para la definición del candidato presidencial en las elecciones generales de diciembre, Bachelet trabajó en el equipo electoral del precandidato del PS y del hermanado Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Escobar, ministro de Educación con Aylwin y de Obras Públicas con Frei, quien ganó la partida al democristiano Andrés Rafael Zaldívar Larraín y más tarde, en la segunda vuelta de enero de 2000, repitió victoria frente al derechista Joaquín Lavín, de la Unión por Chile.

Lagos venía tomando buena nota de las aptitudes mostradas por Bachelet en el último lustro como servidora pública, tal que el 11 de marzo de 2000, con la toma de posesión del tercer ejecutivo consecutivo de la Concertación, la profesional médica estrenó una cartera ministerial que le venía como anillo al dedo, la de Salud. Para mejor dedicarse a su nuevo menester gubernamental, Bachelet abandonó la Comisión Política del PS. Bachelet se puso manos a la obra para cumplir con el primer objetivo, asaz complicado, que le había encomendado Lagos: terminar en el plazo de tres meses con las listas de espera de pacientes que aguardaban a ser atendidos en los consultorios de la saturada red pública. A finales de julio, suscitando reacciones escépticas en usuarios y médicos, la ministra anunció que las colas se habían reducido ya en un 90%. Pese a la descongestión cierta de numerosos centros, gracias a la asignación telefónica centralizada de las consultas y a la extensión de los horarios de atención prioritaria, la evidencia de que la meta de reducir a cero las colas en tan exiguo plazo no había sido alcanzada le impelió a presentar su cargo a disposición del presidente, quien por el contrario la confirmó en el mismo.

El segundo y mayor desafío que Bachelet afrontó en los dos años que dirigió el Ministerio, sentar las bases de una reforma estructural del sistema de salud que trajera el verdadero acceso universal e igualitario de todos los chilenos a la sanidad pública, produjo unos resultados satisfactorios, con la definición de los Objetivos Sanitarios para el año 2010, el desarrollo de nuevos programas de tratamiento de enfermedades, la extensión de la cobertura del seguro médico y, con la participación de todos los colectivos afectados, la elaboración del proyecto de Ley de la Reforma, Derechos y Deberes de las Personas en Salud. Otra decisión importante del Ministerio fue la de facilitar gratuitamente a mujeres víctimas de violaciones y abusos sexuales la píldora anticonceptiva poscoital, la popularmente llamada "píldora del día después", que desató una cascada de protestas en medios políticos conservadores y de la Iglesia católica, para quienes se trataba de un método abortivo encubierto (en Chile el aborto estaba rigurosamente prohibido en toda circunstancia), y que en agosto de 2001 motivó una sentencia de la Corte Suprema prohibiendo la venta del fármaco.

En la remodelación ministerial del 7 de enero de 2002 Lagos dio a Bachelet la oportunidad de ejercitar, al más alto nivel, el perfil adicional que se había labrado en la década anterior, el de experta en cuestiones militares. Sustituyendo al democristiano Mario Fernández Baeza, que pasó a encargarse de la Secretaría General de la Presidencia, el nombramiento de Bachelet como ministra de Defensa Nacional causó sensación no sólo por tratarse de la primera mujer que asumía la cartera en Chile —y en toda Sudamérica— y del primer titular socialista desde la época de Allende; también, por ser hija de quien era y por haber padecido en sus carnes las atrocidades infligidas por la misma institución sobre la que ahora adquiría potestad.

La simbología del reencuentro entre verdugos y víctimas en la democracia civil y de la superación de los rencores sin venganza pero con un sentido de la justicia y la reparación históricas, en un momento en que el anciano Pinochet tenía que aducir una supuesta demencia senil para evitar ser enjuiciado por crímenes cometidos bajo su Gobierno, estaba ahí y Bachelet no defraudó las expectativas. Su gestión, que encontró la colaboración plena de las jerarquías de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, se dirigió a modernizar los distintos cuerpos castrenses y a adecuarlos a las nuevas necesidades estratégicas y de seguridad, con mención destacada de la participación en operaciones multinacionales de paz en el exterior.

Varias fueron las iniciativas que apuntaron al avance de la reconciliación nacional en el contexto arriba citado. Así, la coincidencia del trigésimo aniversario del golpe de Estado favoreció gestos como la organización por el Ministerio y el Alto Mando de la Armada de una visita de antiguos presos políticos a la Isla Dawson, allí donde habían estado confinados, la reparación moral del Ejército al general Prats y, de más valor emocional para ella y su familia, la rehabilitación también por la FACH del honor del general Bachelet, en una ceremonia de homenaje a todos los procesados en el consejo de guerra de 1973 que tuvo lugar en la base aérea de Quintero en diciembre de 2003. El año anterior, su enérgica imagen de ministra encaramada en la torreta de un vehículo anfibio, con capote y gorra militares e impartiendo órdenes a los soldados durante las labores de socorro a los damnificados por las inundaciones de Huechuraba, en la Región Metropolitana, resultó tan chocante como positiva en términos de valoración ciudadana. Por su parte, el nuevo comandante en jefe del Ejército, el general Juan Emilio Cheyre Espinosa, contribuyó de manera importante a esta normalización al asumir la responsabilidad de la institución armada en los crímenes de la dictadura.


5. El camino al Palacio de La Moneda bajo el manto de la Concertación
Al despuntar 2004, la ministra de Defensa era la responsable política más popular del país después del presidente Lagos y su nombre corría en boca de todos como probable precandidata de la Concertación Democrática. Los sondeos aseguraban que era la única figura de la coalición gobernante con claras posibilidades de imponerse en las urnas a Lavín, el potente jefe de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y desde 2000 alcalde de Santiago.

El 29 de septiembre de 2004, en lo que para ella fue una especie de sacrificio personal, ya que no tenía ambiciones de ese calibre pero tampoco quería ser insensible a la ola de simpatía y apoyos que levantaba por doquier, Bachelet quedó exonerada de su puesto en el Gabinete para participar en la campaña de la Concertación para las elecciones municipales, que ganó holgadamente el oficialismo, y, sobre todo, para preparar su precandidatura presidencial. Para la proclamación del aspirante presidencial de la Concertación se prefiguraba una liza con la democristiana María Soledad Alvear Valenzuela, una abogada con amplia experiencia gubernamental que en los cuatro últimos años se había sentado al lado de Bachelet en el Consejo de Ministros como titular de Relaciones Exteriores. De hecho, las dos mujeres salieron del Gobierno el mismo día, siendo sucedida la socialista por Jaime Ravinet de la Fuente y la democristiana por Ignacio Walker Prieto, ambos del PDC.

Bachelet tuvo un protagonismo estelar en el XXVII Congreso del PS, discurrido en Santiago del 28 al 30 de enero de 2005, que confirmó su precandidatura y devolvió a la Presidencia orgánica al senador Ricardo Núñez, en sustitución de Gonzalo Martner Fanta. Bachelet se convirtió en la precandidata conjunta del PS, el PPD y el Partido Radical Social Demócrata (PRSD). A pesar de tratarse de una política de muy alto perfil, con una sólida reputación de servidora competente y ser más conocida a nivel internacional, Alvear, quien a su vez se impuso al senador Adolfo Zaldívar Larraín (hermano de Andrés Zaldívar) en la primaria interna del PDC, no consiguió superar a Bachelet en los sondeos de opinión en ningún momento.

Los partidos de la Concertación querían cerciorarse de que la persona que nominaran tuviera las máximas posibilidades de vencer a Lavín, entonces el candidato unitario de la derecha, y ante sí tenían tres métodos para definirlo: una designación acordada de puertas adentro por las cúpulas partidarias, como con Aylwin en 1989; una elección primaria limitada a los afiliados de la Concertación, como con Frei en 1993; o una primaria abierta a todos los electores chilenos, como con Lagos en 1999. Esta secuencia definía una línea de progresión democrática de la Concertación en el proceso de generación de sus candidatos presidenciales.

Los cuatro integrantes de la Concertación, esto es, el PS, el PDC, el PPD y PRSD, cuyos presidentes respectivos eran Ricardo Muñoz, Adolfo Zaldívar, Víctor Barrueto y José Antonio Gómez, acordaron acudir a unas primarias abiertas que serían dirimidas el 31 de julio de 2005. Pero en mayo, la irrupción de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera Echenique, ex senador, magnate empresarial y dirigente del partido conservador Renovación Nacional (RN, que había avanzado más que la UDI en la superación de la identificación con el pasado pinochetista, a estas alturas una alforja objetiva), trastocó aquellos planes, ya que la división del voto de la Alianza por Chile (la anterior Unión por Chile) convertía en urgente la selección del candidato del oficialismo y, al mismo tiempo, sepultaba las esperanzas de Alvear de recortar la distancia que la separaba de Bachelet.

Así, el 24 de mayo, la precandidata democristiana renunció a su postulación y llamó a cerrar filas tras la socialista, que se convirtió automáticamente en la candidata concertacionista sin necesidad de primarias. El 20 de agosto el Consejo General del PS proclamó de manera oficial candidata a La Moneda a Bachelet. La nominada se presentó como una "humanista laica" que concentraba, aseguró, "todos los pecados capitales en Chile", pues era "mujer, socialista, separada y agnóstica". Con este rapto de ironía en torno a sus señas de identidad, Bachelet invitaba a votar por ella con cierto sentido transgresor, para romper con los estereotipos de Chile, nada exagerados, como país machista, conservador y clerical.


6. El programa para las elecciones de 2005 y triunfo sobre Sebastián Piñera
Impulsada por el carisma que alimentaban su discurso suave y convincente, su imagen de política comprometida, transparente y empática con la gente, que se identificaba con los problemas específicos de las mujeres y los más jóvenes, y su sonrisa espontánea, Bachelet emprendió la campaña para las presidenciales del 11 de diciembre de 2005 sacando el máximo provecho de esas sus dotes personales, del paradigma de su amarga pero superada peripecia vital, y de un manifiesto electoral donde los principios declarativos y las grandes perspectivas nacionales se imponían a las políticas concretas y las habituales retahílas de dígitos de necesario cumplimiento.

En el preámbulo de su Programa de Gobierno, elaborado a partir de las contribuciones hechas por los llamados Diálogos Ciudadanos, que eran los grupos de trabajo de las precandidaturas de la Concertación y las comisiones técnicas de los partidos integrantes, Bachelet apelaba directamente a los sentimientos y a la identificación emocional con su candidatura con afirmaciones como éstas: "Yo no fui criada para el poder ni nunca hice nada para obtenerlo. No pertenezco a la élite tradicional. Mi apellido no es de los apellidos fundadores de Chile". Y: "La política entró en mi vida destrozando lo que más amaba. Porque fui víctima del odio, he consagrado mi vida a revertir su garra y convertirlo en comprensión, tolerancia y —por qué no decirlo— en amor". En cuanto al contenido, Bachelet, en síntesis, propugnaba, después de quince años de gobiernos concertacionistas, una continuidad con perfeccionamiento, que consolidara los logros alcanzados e hilvanara los flecos pendientes.

Esto significaba que el notable legado de la Administración de Lagos en el terreno macroeconómico (los datos de 2004 cabían ser calificados de fastos, con un índice de crecimiento del 6,1%, un excedente comercial acumulado de 9.000 millones de dólares, un saldo positivo en la cuenta corriente equivalente al 2% del PIB y, tras un lustro de déficits, un superávit fiscal del 2,2%, mientras que la inflación, tras alcanzar su mínimo histórico del 1,1% en 2003, superaba el 3% anual) debía ser preservado para garantizar el crecimiento, la estabilidad financiera y la creación de empleo, andando la tasa de paro en torno al 8%. El futuro Gobierno de la Concertación seguiría comprometido con el objetivo de preservar un superávit estructural del 1% del PIB. Dicho con otras palabras: continuaría "caminando con seguridad por la senda del desarrollo económico, basado en la seriedad y el equilibrio presupuestario, sin por eso dejar de ayudar a los que quedan rezagados y nos necesitan".

La candidata instaba a no acomodarse a bicocas coyunturales como el alto precio internacional del cobre (del que Chile era el principal exportador mundial), factor clave, junto con los recientes avances en la urdimbre de tratados de libre comercio suscritos con países y organizaciones de todo el mundo (los últimos, con Estados Unidos, la Asociación Europea de Libre Comercio, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y China, que se sumaban a los de Canadá, México, la Unión Europea y Centroamérica), del boom de las exportaciones nacionales, y a concebir el desarrollo del futuro sobre las bases de un comercio exterior diversificado, las industrias de valor añadido, la inversión en I+D y la formación de recursos humanos.

A la vez, se imponía dar un "salto de gigante" en la protección social, mejorando las prestaciones del sistema de pensiones (en Chile regía el modelo de capitalización individual gestionada por administradoras privadas de fondos de pensiones), el seguro de desempleo y la atención sanitaria pública. Era necesario continuar achicando las bolsas de pobreza, lacra que en 1990 aquejaba al 38% de la población frente al 14% ahora, y propiciar un reparto más equitativo de la renta nacional para corregir las flagrantes desigualdades socioeconómicas. De hecho, las diferencias entre los que tenían más y los que menos eran más marcadas ahora que en tiempos de Pinochet, lo que convertía a Chile en uno de los países del mundo con una distribución de los ingresos más desigual. Para Bachelet, "desigualdad" era sinónimo de "inseguridad", y al Estado le correspondía brindar protección social para vencer esa inseguridad. Puesto que se pretendía gastar más en lo social, la presión fiscal, a pesar del superávit, tendría que mantenerse en su actual nivel, aunque, eso sí, redoblando la lucha contra la evasión y el fraude.

Otro capítulo importante del Programa trataba de la "calidad de la democracia" chilena. Tras la remoción, reforma constitucional mediante, de los últimos "resabios institucionales del período dictatorial" y los "enclaves autoritarios" —con la abolición de los senadores designados, que agotaban su última legislatura, la restitución al jefe del Estado de la facultad de nombrar a los comandantes en jefe y la transformación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) en un órgano asesor de la Presidencia—, era la hora de aplicar una "nueva agenda de reformas democráticas".

Estas podían ser: el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como etnias constitutivas de la nación; la ampliación de los espacios de participación y decisión ciudadanas (lo que incluía introducir la iniciativa popular de ley para los ámbitos de competencia no exclusiva del presidente de la República); la abolición del sistema electoral binominal (que favorecía a los partidos de la oposición de derecha); la rendición de cuentas de las autoridades ante los ciudadanos; la descentralización de la administración del Estado; y la potenciación de los municipios, en aras de la eficiencia, la transparencia y la probidad en el ejercicio de la cosa pública. La creación de nos nuevos ministerios, uno de Seguridad Ciudadana y otro del Medio Ambiente, iría en esta línea de mejora de la calidad del servicio público recibido por los ciudadanos.

Las reivindicaciones de las mujeres chilenas tenían en Bachelet una firme portaestandarte. Destacando siempre su condición femenina ("que una mujer sea presidenta no debe ser visto como una rareza, sino como un augurio"), la candidata del Gobierno se comprometía a trabajar por la equiparación de los derechos de género y a promover decididamente las medida de acción afirmativa o de discriminación positiva de la mujer a la hora de cubrir las plantillas de cargos públicos y representación popular. Igualmente, se promoverían los derechos de los homosexuales, aunque sin llegar a legalizar el matrimonio. Palabra de mujer, sentenciaba en sus spots de propaganda la política socialista, que también empleó el eslogan de Estoy contigo.

En cuanto a la política exterior, el mensaje era nítido: pragmatismo, multilateralismo y búsqueda de las buenas relaciones con todo el mundo, poniendo siempre un ojo comercial en la inserción en los mercados internacionales. A diferencia del Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva, la Argentina de Néstor Kirchner y el Uruguay de Tabaré Vázquez, que completaban el grupo de gobiernos de centroizquierda e izquierda en el Cono Sur, los cuales eran críticos con el proyecto, y, más todavía, de la Venezuela de Hugo Chávez y, dentro de poco, la Bolivia de Evo Morales, que lo impugnaban de cabo a rabo, Chile seguía confiando plenamente en el Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) como instrumento positivo para su desarrollo económico, pero siempre que preservara la diversidad de los países miembros. La candidata opinaba que el MERCOSUR y el ALCA eran unas vías no conflictivas entre sí, sino "complementarias".

Cabía suponer por tanto que con Bachelet en el poder el país austral no sería un socio militante del comúnmente llamado "eje progresista sudamericano", un alineamiento fáctico que defendía las dinámicas de integración autóctonas, más ambiciosas y atentas a las especificidades culturales regionales (frente a un proyecto pancontinental patrocinado por Estados Unidos y meramente librecambista como era el ALCA), y del que Lagos había tomado ciertas distancias, aunque las afinidades ideológicas y las simpatías personales por estadistas como Lula eran evidentes. Chile continuaría teniendo un enfoque ponderado y equilibrado, sin convertirlas en arietes geopolíticos, de las diversas iniciativas de desarme arancelario e integración comercial y económica en que venía participando, como el MERCOSUR, del que era socio comercial privilegiado, y el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), del que era miembro pleno. Bachelet hablaba de no descuidar la dimensión regional, latinoamericana, de la política exterior, de "gobernar la globalización" y de ceñir las relaciones internacionales a los valores democráticos, y apostaba por fortalecer el estatus de Chile como país puente transcontinental entre Asia, las dos orillas de América y Europa.

Aunque encabezando siempre, y de manera holgada, la intención de voto que rastreaban los estudios demoscópicos, Bachelet llegó al cierre de campaña con una tendencia a la baja frente al ascenso del mejor situado de los dos candidatos de la derecha, Piñera, que amagaba con arrebatarle a Lavín el derecho a disputar la segunda vuelta. La posibilidad de proclamarse presidenta en la primera vuelta con más del 50% de los votos casi nunca resultó verosímil.

El 11 de diciembre la socialista se puso en cabeza con el 45,9% de los votos, seguida de Piñera con el 25,4%, Lavín con el 23,2% y Tomás Hirsch Goldschmidt, de Juntos Podemos Más (alianza forjada por el PCCh y el Partido Humanista), con el 5,4%. A la segunda vuelta del 15 de enero de 2006 pasaron Bachelet, para la que pidió el voto el PCCh, y Piñera, siendo el triunfo para ella con el 53,5% de los sufragios. En las legislativas, la Concertación, por primera vez desde la restauración de la democracia, ganó sendas mayorías absolutas en la Cámara de Diputados, con 65 escaños de 120 (de aquellos, 21 fueron para el PPD, 20 para el PDC, 15 para el PS, siete para el PRSD y dos para no adscritos) y el Senado, con 11 de los 20 escaños sujetos a renovación, de los 38 de que constaba la nueva legislatura tras la extinción de la decena de senadores vitalicios y designados.

La exultante presidenta electa anunció la formación de un gobierno compuesto paritariamente por hombres y mujeres, y caracterizado por un estilo "ciudadano, cercano y participativo", que se encargaría de establecer una "gran alianza entre política y sociedad" y de ejecutar un plan de 36 medidas de obligado cumplimiento en los 100 primeros días. Las tres primeras medidas iban a ser el reajuste de las pensiones más bajas, el acceso automático a las pensiones asistenciales y la gratuidad del servicio de salud para los mayores de 60 años en los hospitales públicos. El presidente saliente Lagos, no menos contento con el resultado, subrayó que la victoria de Bachelet se había fundado "en su inteligencia, pero también en su historia de entrega personal".

El 30 de enero, nada más ser proclamada presidenta electa por el Tribunal Calificador de Elecciones, Bachelet presentó la nómina ministerial. La composición del futuro Gabinete reflejaba un equilibrio entre la promesa de estricta igualdad en la representación de sexos y los compromisos de cuotas de los partidos de la Concertación. El PDC obtuvo siete carteras, entre ellas Relaciones Exteriores, para Alejandro Foxley Rioseco, e Interior, para Andrés Zaldívar, que veía premiado así su trabajo como responsable del comité de campaña de Bachelet en la segunda vuelta. El PS se quedó con cuatro puestos, el PPD con cinco y el PRSD con uno. Cuatro independientes fueron incluidos, entre ellos el titular de Hacienda, el economista Andrés Velasco Brañes. De las 11 mujeres ministras, destacaban Vivianne Blanlot Soza (PPD) en Defensa, Paulina Veloso Valenzuela (PS) en la Secretaría General de la Presidencia, Íngrid Antonijevic Hahn (PPD) en Economía y Fomento, y María Soledad Barría Iroume (PS) en Salud. Las dos oficinas de nuevo cuño previstas en el Programa de la Concertación, Medio Ambiente y Seguridad Pública, no empezaron a funcionar ahora, pues antes debía aprobarse el marco legal regulador.

Todo quedaba listo para que el 11 de marzo de 2006 Bachelet, con un mandato de cuatro años, tomara posesión como la primera presidenta de su país, la cuarta de Sudamérica y la séptima del continente contando Centroamérica y el Caribe, pero sus credenciales la convertían en un caso excepcional. Así, de sus seis predecesoras, dos, la boliviana Lydia Gueiler (1979-1980) y la haitiana Ertha Pascal-Trouillot (1990-1991), ejercieron el cargo con carácter interino (en Ecuador, Rosalía Arteaga fue presidenta en funciones, que no titular, durante unos días en 1997). Otra, la argentina María Estela Martínez de Perón (1974-1976), llegó a la Presidencia del país vecino no por elección popular, sino como sustituta constitucional del presidente fallecido, a la sazón su marido, Juan Domingo Perón.

En cuanto a la nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), la guyanesa Janet Jagan (1997-1999) y la panameña Mireya Elisa Moscoso (1999-2004), sí fueron elegidas en las urnas, pero, como Isabel Perón, debieron mucho de sus carreras políticas a su condición de esposas, luego viudas, de políticos y estadistas renombrados, lo que no era el caso de la chilena, que había llegado al poder por méritos exclusivamente propios. Ahora mismo, ninguna mujer encabezaba un Estado en América. Sólo más tarde, en 2007, iba a unirse a la chilena la argentina Cristina Fernández de Kirchner (en los años siguientes, la costarricense Laura Chinchilla y la brasileña Dilma Rousseff iban a asumir las presidencias de sus países cuando Bachelet ya estaba fuera de La Moneda). Por lo demás, Bachelet se disponía a engrosar la lista de presidentas en ejercicio en todo el mundo, junto con la irlandesa Mary McAleese, la letona Vaira Vike-Freiberga, la finlandesa Tarja Halonen, la filipina Gloria Macapagal Arroyo y la liberiana Ellen Johnson-Sirleaf.


7. El primer mandato presidencial (2006-2010)
Los primeros cien días
El 11 de marzo de 2006, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, Michelle Bachelet tomó posesión de su cargo ante Eduardo Frei, presidente del Senado, con un escueto "sí, prometo". A continuación, el mandatario saliente, Lagos, hizo entrega de la banda presidencial a Frei, quien se la colocó a su nueva portadora. Bachelet y Lagos se fundieron en un abrazo entre el aplauso de los presentes. Finalmente, la nueva jefa del Estado tomó juramento a los miembros de su Gabinete. El acto contó con cerca de un millar de invitados, entre ellos los presidentes y cabezas de delegación de una treintena de países de América y Europa. Uno de ellos era el boliviano Evo Morales, con el que previamente Bachelet mantuvo un constructivo encuentro. También asistió la madre de la gobernante, Ángela Jeria.

A falta de un solemne discurso inaugural, no contemplado por el protocolo, Bachelet entonó sus primeras palabras horas después desde la balconada del Palacio de La Moneda. Ante miles de personas, con gran número de emocionadas mujeres, la dirigente tuvo palabras de elogio y reconocimiento para todos los presidentes democráticos que la habían precedido desde Jorge Alessandri (1958-1964), hizo un homenaje especial a su padre, el general Alberto Bachelet, y transmitió un mensaje de ilusión centrado "en el mañana", pero sin renegar del pasado, que "no olvidaremos nunca".

Bachelet arrancó su mandato de cuatro años con dinamismo, arropada por un nivel de popularidad de más del 60% y despertando augurios muy auspiciosos. Resuelta a llevar a cabo las 36 medidas de ejecución inmediata y a corto plazo, en los primeros cien días de Gobierno, formuladas durante la campaña electoral, la presidenta y sus ministros empezaron a aprobar decisiones y a firmar decretos. Las novedades más destacadas fueron la concesión a los mayores de 60 años de asistencia totalmente gratuita en la red sanitaria pública, un reajuste al alza de las pensiones más bajas, la garantía del derecho a la pensión asistencial a los mayores de 65 años y la convocatoria de sendas comisiones políticas para estudiar las reformas legislativas del propio sistema de pensiones, con el fin de ampliar la cobertura previsional a todo tipo de trabajadores, y del sistema electoral binominal.

El 21 de mayo de 2006 Bachelet pronunció el discurso institucional que todo presidente chileno debe realizar a la nación en esta fecha. Más un mensaje de propósitos para el conjunto del mandato que de balance de lo realizado hasta el momento, que forzosamente no podía ser mucho, la presidenta pasó revista a las "cuatro grandes transformaciones" que iba a impulsar su Gobierno. Estas se referían a: la previsión social, pues "sin pensiones dignas y seguras no puede haber una vez tranquila"; el sistema educativo, que debía mejorar su calidad; la inversión en innovación y el apoyo al emprendimiento privado, con las metas de aumentar la productividad y meter a Chile, un país de ingresos medios, en el pelotón de países desarrollado; y la mejora de la calidad de vida y habitacional en las ciudades, paliando con nuevas construcciones el déficit de vivienda.

De cara a 2010, la Administración Bachelet identificaba también "cuatro áreas de desarrollo" necesitadas de "grandes avances". Se trataban de: la protección social en su sentido integral (empleo, educación, salud, vivienda y pensiones), con objetivos concretos como el de alcanzar la "indigencia cero" al final del mandato; el crecimiento económico, que requería mantener el buen nivel de inversiones públicas y privadas; el bienestar ciudadano, entendido en términos de seguridad frente al delito y de facilidades para el transporte; y la "cohesión" e "integración" en democracia, ligadas a reformas tales como el nuevo código electoral, una ley contra la discriminación, el avance hacia un servicio militar "voluntario" y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que debían esperar del Estado la "promoción de su desarrollo" y el "respeto a su dignidad, sus derechos y sus raíces".

Aquí, Bachelet no mencionó expresamente a los indígenas mapuches, que precisamente estos días estaban llevando a cabo una enérgica movilización en la Región de la Araucanía y concretamente en la capital, Temuco, en defensa de los derechos sobre sus tierras ancestrales y por la liberación de unos activistas encarcelados, según ellos, sobre la base de unas acusaciones espurias. Así, varios presos mapuches condenados por actos de violencia tipificados como delito de terrorismo acababan de suspender una larga huelga de hambre que había atraído la atención internacional y suscitado numerosas reacciones de solidaridad, hasta el punto de que Bachelet fue instada por ONG humanitarias y por el propio relator especial de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, para que dialogara con los reclusos y atendiera las demandas históricas de la comunidad mapuche.

El órdago de la protesta estudiantil de 2006
Sin embargo, el conflicto social más complicado que Bachelet tenía abierto en estos momentos era la protesta de los estudiantes de secundaria, sin precedentes desde la restauración de la democracia, los cuales salieron a manifestarse en masa con una plataforma reivindicativa resumida en la reforma y modernización profundas del sistema educativo público, considerado obsoleto, parco en medios y progresivamente infiltrado por gestiones privadas con afán de lucro, que repercutían en el bolsillo de los educandos. El paro nacional del 30 de mayo, que sacó aproximadamente a 800.000 alumnos a la calle, fue un éxito del movimiento estudiantil que puso contra las cuerdas al ministro de Educación, el democristiano Martín Zilic Hrepic. El Gobierno quedó en una situación tremendamente embarazosa porque la exigencia clave de los estudiantes, que se mejorara la calidad de la educación pública, era justamente una de las metas prioritarias contempladas para su mandato por Bachelet, quien por lo tanto no podía hacer oídos sordos al clamor de los jóvenes y debía mover ficha. La presidenta reconoció que las demandas de los estudiantes eran "justas y legítimas".

El 1 de junio Bachelet buscó aplacarles con un discurso televisado a la nación en el que anunció una batería de medidas: la creación de un Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, la reorganización del Ministerio de Educación, una modificación parcial de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE, promulgada en 1990 justo en la vísperas del traspaso de poderes de Pinochet a Aylwin), partidas presupuestarias adicionales para la mejora de las infraestructuras en los colegios, y un plantel reforzado de becas, pases y raciones escolares. Aunque estas medidas satisfacían en buena parte las demandas de los movilizados, la Asamblea Nacional Estudiantil rechazó las propuestas del Gobierno y llamó a un nuevo paro nacional para el 5 de junio. Según los convocantes, un millón de estudiantes, incluidos muchos de universidad, secundaron esta segunda jornada de paro en las aulas, que se saldó con violentas cargas policiales y más de 400 detenidos, aunque cuatro días después el agotamiento terminó prendiendo en los jóvenes, que aflojaron la protesta nacional.

El 7 de junio vio la luz el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, panel de 81 miembros, entre expertos, académicos, funcionarios y representantes de los colectivos docente, estudiantil y de padres de alumnos, cuya misión era elaborar un informe con propuestas de reforma legal en el ámbito de la enseñanza escolar.Hasta diciembre de 2006 no tuvo en sus manos Bachelet el informe final del Consejo, que entre otros cambios propugnaba la derogación de la LOCE y su sustitución por una nueva norma. Esta iba a ser la Ley General de Educación (LGE), que fue aprobada por el Congreso, al cabo de una laboriosa negociación entre los grupos parlamentarios de la Concertación y la Alianza, en 2009.

La LGE regulaba de una manera precisa los derechos y deberes de todos los integrantes de la comunidad educativa en los distintos tramos preuniversitarios y elevaba el grado de exigencia profesional a docentes y administradores. Para darle operatividad, se instituyeron una Agencia de Calidad y una Superintendencia de Educación. La LGE iba también acompañada de una norma complementaria, la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media (LACE), que sin embargo no pasó de la fase de proyecto de ley durante el mandato de Bachelet. Ahora bien, la LGE no mereció el respaldo de los sindicatos estudiantiles y del Colegio de Profesores, para quienes la norma se había quedado muy corta en la protección de una enseñanza pública de calidad, gratuita y universal, así que las movilizaciones del sector siguieron salpicando el cuatrienio presidencial.

La gran protesta estudiantil de abril, mayo y junio de 2006, conocida popularmente como la revolución de los pingüinos, terminó pasándole factura política al Gobierno. El 14 de julio Bachelet, que no perdía ojo a los sondeos de popularidad —el índice de aprobación del Ejecutivo había caído al 44%—, salió al paso del chaparrón de críticas por la falta de criterio y coordinación exhibida por los distintos departamentos del Gobierno con una sorpresiva remodelación ministerial que supuso las bajas de los titulares de Educación, Zilic, Interior, Zaldívar, y Economía, Antonijevic. Los sustitutos respectivos, democristianos, fueron Yasna Provoste Campillay, Belisario Velasco Baraona y Alejandro Ferreiro Yazigi. Ninguno de los tres iba a cumplir dos años de ejercicio: en abril de 2008 Provoste sería suspendida y acto seguido destituida por el Congreso al ser hallada culpable de la acusación constitucional de negligencia en la gestión de unas subvenciones escolares; los otros dos, en distintas circunstancias, abandonarían el Gabinete en enero del mismo año, a la vez que Clarisa Hardy Raskovan (Planificación), Eduardo Bitrán Colodro (Obras Públicas), Álvaro Rojas Marín (Agricultura) y Karen Poniachik Pollak (Minería).

La muerte de Pinochet
El mando institucional de Bachelet tuvo que enfrentar el acontecimiento, espinoso y sin duda desagradable para el Gobierno de la Concertación pero de indudable trascendencia nacional, de la muerte de Augusto Pinochet, producida en Santiago el 10 de diciembre de 2006, poco después de cumplir el general los 91 años. El antiguo dictador había fallecido por causas naturales a los ocho años de iniciarse en España una tortuosa odisea judicial, luego continuada en su propio país, por unos cargos de crímenes contra la humanidad y de corrupción económica. La ancianidad y una demencia dudosa fueron exitosamente argumentadas por los abogados del procesado, que no llegó a ser juzgado ni en España ni en Chile, y que por lo tanto quedó impune, para satisfacción de sus partidarios de casa.

El Gobierno anunció que, por decisión de la presidenta, Pinochet no recibiría honores como ex jefe del Estado, sino sólo como ex comandante en jefe del Ejército. Esto suponía que la parte oficial y pública de los funerales tendría un carácter estrictamente castrense. En consecuencia, las banderas sólo se arriarían a media hasta en señal de luto dentro de los recintos militares. Tampoco se observaría un día de duelo nacional. Saliendo al paso del ambiente de crispación y división que, como un reflujo a la acerba polarización del pasado reciente, se apoderó de Chile nada más conocerse el óbito de quien lo había regido con mano de hierro durante 17 años, Bachelet, centro de todos los focos, justificó su decisión de privar al funeral de honores de Estado porque eso era lo que convenía "para el bien del país".

"Yo tengo un concepto muy formado acerca de un período doloroso, traumático y complejo que vivió nuestro país", explicó la presidenta, que añadió: "tengo memoria, creo en la verdad y aspiro a la justicia". En relación con las manifestaciones que se estaban produciendo a favor y en contra de Pinochet, Bachelet dejó patente su desagrado: "En las últimas horas hemos visto gestos de división que no nos gustan, pero sé que tenemos, como país y como sociedad, la fortaleza ética para lograr el reencuentro". De acuerdo con lo anunciado, Bachelet no asistió a las exequias de Pinochet y en