Michelle Bachelet Jeria

Nota de actualización: esta versión de la biografía fue publicada el 16/12/2013. El segundo mandato de Michelle Bachelet como presidenta de la República de Chile transcurrió del 11/3/2014 al 11/3/2018, fecha esta última en que inició el suyo, segundo también, Sebastián Piñera. Posteriormente, Bachelet fue la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) entre el 1/9/2018 y el 31/8/2022.

En las elecciones chilenas de 2005-2006 la Concertación, la coalición de cuatro formaciones de centro-izquierda que gobernaba el país sudamericano desde la restauración democrática de 1990, ganó su cuarto ejercicio consecutivo en el poder con la médica pediatra Michelle Bachelet. Ocho años después, en las presidenciales del 17 de noviembre y el 15 de diciembre de 2013, la aclamada estadista ha conquistado su segundo mandato cuatrienal en La Moneda, que iniciará el 11 de marzo de 2014, al imponerse en doble vuelta a su adversaria de la Alianza oficialista de la derecha, Evelyn Matthei.

Cuando su primer envite presidencial, esta miembro del Partido Socialista, hija de un general liberal muerto a manos de sus propios compañeros de armas tras el golpe de 1973 y ella misma víctima carcelaria de la dictadura pinochetista, ofrecía a los electores un perfil profesional de doble experta en atención sanitaria y cuestiones militares que la había cualificado para servir como ministra de Salud y de Defensa en el Gobierno de presidente Ricardo Lagos, al que sucedió en marzo de 2006. Los cuatro años de mandato (2006-2010) de la primera mujer presidenta de Chile discurrieron por unos cauces de estabilidad macroeconómica, sólo perturbada por el estallido de la crisis global, y reformismo social marcado por una serie de conflictos en la calle, los cuales, sin embargo, no malograron su elevada popularidad. 

Aunque procedía del ala izquierda del PS, Bachelet mantuvo intacto el modelo de libre mercado y de capitalismo muy desregulado. Años de prudencia fiscal y de búsqueda de superávits produjeron el colchón financiero que en 2009 permitió al Estado, con los excedentes acumulados en tiempos de pingües ingresos, gastar en la reactivación económica sin desbaratar los balances más allá del efecto pasajero, luego de que el derrumbe temporal de los precios mundiales del cobre arrastrara al PIB, muy dependiente de las exportaciones, a la recesión.

La visión de Bachelet, una dirigente de gesto sonriente, estilo tranquilo y ajena a los tonos acres, de un Gobierno abierto, en sintonía con las preocupaciones ciudadanas, fue puesto a prueba por la gran protesta estudiantil de 2006, a la que ella respondió con una nueva ley educativa que no obstante fue rechazada por sus destinatarios, y la crisis del transporte santiaguino de 2007. El "salto de gigante" en el sistema previsional de pensiones, las ayudas a los colectivos vulnerables y el ramillete de leyes para combatir la discriminación de género y los abusos contra las mujeres —una de sus grandes obsesiones— tuvieron una acogida positiva, si bien no redujeron apreciablemente la enorme brecha entre rentas altas y bajas, fruto del neoliberalismo, tal que Chile continuó siendo uno de los países con más inequidad del planeta. Con todo, prosiguieron los avances en la reducción de la pobreza y el desarrollo económico, logros que el ingreso en la OCDE en 2010 vino a certificar.

De puertas al exterior, el Chile de Bachelet, prefiriendo el pragmatismo y el equilibrio sobre las dialécticas ideológicas, amplió su ya extensa red de tratados de libre comercio, cultivó relaciones estratégicas con países de la región como Brasil y Argentina, se acercó con dificultad a Bolivia y sostuvo con Perú una disputa marítima que a instancias de Lima terminó en el Tribunal de Justicia de La Haya. Por otro lado, el Ejecutivo asentó una política estatal para la promoción y observancia de los Derechos Humanos, ilustrada por pasos como la adhesión a la Corte Penal Internacional.

Ni siquiera el desastroso terremoto de febrero de 2010, en vísperas del traspaso de poderes, que sacó a relucir importantes carencias del Estado y la fractura en la sociedad, causó merma a la imagen de Bachelet, que se despidió de La Moneda con unos niveles de aceptación estratosféricos, sin parangón en América. Esta singular característica de una gobernante valorada con criterios de carisma y empatía quedó subrayada por el hecho de que el receptor de la banda presidencial fuera el candidato de la oposición derechista, Sebastián Piñera. En las elecciones generales, el postulante de una Concertación muy erosionada, el ex presidente y democristiano Eduardo Frei, no pudo beneficiarse del apoyo de que gozaba la socialista, que si la ley se lo hubiera permitido y si ella hubiese querido, probablemente habría sido reelegida con un porcentaje apabullante.

El considerable prestigio labrado en el exterior como líder responsable y progresista facultó a Bachelet para ocupar una alta función internacional que parecía hecha exactamente a su medida: la dirección ejecutiva de ONU Mujeres, la nueva agencia de las Naciones Unidas para promover la igualdad de género y los derechos de la mujer. Al cabo de tres años de productivo trabajo en Nueva York, Bachelet regresó a Chile para anunciar la reanudación de su carrera política y su aspiración de cara a las elecciones presidenciales del 17 de noviembre de 2013. La primera prueba, ganar las primarias de Nueva Mayoría, el flamante gran conglomerado del centro-izquierda chileno, que, por primera vez, metía en un mismo barco a la antigua Concertación y al Partido Comunista, fue triunfalmente solventada por Bachelet en junio.

Para su segundo desafío presidencial, que afrontaba con excelentes perspectivas una vez asegurado el respaldo de los principales partidos de la izquierda, Bachelet ofreció un programa de ruptura y de cambio con un paquete de "reformas estructurales" y "medidas para un nuevo Chile". Su diagnóstico es de reconocimiento de la "enorme desigualdad" existente y del "nuevo ciclo político, económico y social" abierto por las protestas a que ha tenido que hacer frente Piñera, indicativas de la profunda insatisfacción incubada en la población.

Así, Nueva Mayoría proyecta redactar una nueva Constitución, universalizar la gratuidad de la enseñanza pública, acometer una reforma tributaria que la costee, mejorar las pensiones y la sanidad, despenalizar parcialmente el aborto y aprobar el matrimonio homosexual. También contempla abolir el sistema electoral binominal, reforma que se le quedó pendiente a su anterior Gobierno. "No hay crecimiento real si no es inclusivo", asegura Bachelet al describir el cuadro actual de bonanza económica, que aunque sobresaliente en sus macromagnitudes deja intactas las situaciones de injusticia social. Por de pronto, la mandataria electa encara el hándicap de la insuficiente mayoría obtenida por su coalición en el Congreso, que aunque es absoluta no alcanza los dos tercios requeridos para sacar adelante una nueva Carta Magna sin el concurso de la derecha.

(Texto actualizado hasta 1/11/2013).

Orígenes familiares

La segunda hija del matrimonio formado en 1945 por el general de brigada de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) Alberto Arturo Bachelet Martínez y la antropóloga y arqueóloga Ángela Jeria Gómez tiene por tatarabuelo paterno a un inmigrante francés, Joseph Bachelet Lapierre, un vinatero que en 1860 abandonó su pueblo en la Borgoña, Chassagne Montrachet (famoso hasta el día de hoy por la excelencia de sus caldos blancos), para emprender con su esposa parisina una nueva vida en el país austral, donde fue contratado como enólogo por los viñedos Subercaseaux. El bisabuelo paterno, Germán Bachelet, nació en tierra chilena y a finales del siglo XIX se casó con una joven de linaje franco-suizo; su muerte en 1934 puso término a los vínculos de esta rama familiar con el negocio viticultor. De hecho, Michelle Bachelet, quien además del español se expresa perfectamente el francés, amén de dominar el inglés, el alemán y el portugués, podría tener un parentesco, muy lejano en cualquier caso, con Dennis Bachelet, uno de los más importantes y adinerados bodegueros de la Borgoña, y con otros paisanos de Chassagne Montrachet.

Por parte de la madre, destaca la figura del abuelo, Máximo Jeria Chacón, quien fuera el primer ingeniero agrónomo titulado en Chile. Con antepasados griegos y amigo íntimo del escritor Manuel Rojas, el abuelo materno de Bachelet fue comisionado por el Estado para introducir en el país modernas técnicas agrícolas aprendidas en Francia y fundó varias escuelas de agronomía. De su condición de prohombre dan fe dos calles de Santiago que portan su nombre.

La infancia de Bachelet discurrió en todos los lugares donde su padre estuvo destacado como oficial del aire. En Chile, vivió y recibió la educación básica en Quintero, Antofagasta y San Bernardo. En 1962, durante la Administración presidencial de Jorge Alessandri Rodríguez, Alberto Bachelet fue destinado a la agregaduría militar de la Embajada chilena en Washington y, como en las ocasiones anteriores, se hizo acompañar de su esposa, el primogénito, Alberto, y la benjamina, quienes continuaron instruyéndose en Estados Unidos. En los dos años que pasó en la ciudad de Bethesda, en el estado de Maryland, la joven asistió a una escuela local y aprendió el idioma inglés. La educación secundaria la cursó a partir de 1964 en el Liceo de Niñas Nº 1 Javiera Carrera, centro público santiaguino donde terminó el bachillerato en 1969, el año en que su hermano mayor, su cuñada y su sobrino recién nacido marcharon a Australia, donde Alberto pensaba abrirse un camino profesional en el ramo de la informática.

Aplicada y vivaracha, Michelle destacaba por su rendimiento académico y sus actividades escolares no lectivas en el deporte, la música y el teatro. Aunque barajó formarse como socióloga o economista, al final se decantó por la carrera médica. Su ingreso en 1970 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y con una nota excepcionalmente alta en el examen de aptitud académica, coincidió con la subida al poder del Gobierno de la Unidad Popular (UP) encabezado por Salvador Allende Gossens, líder del Partido Socialista de Chile (PS).

Si bien su padre, en tanto que militar profesional, no tenía nada ver con ningún partido político, la familia siempre había ofrecido un talante liberal, laico y progresista. En realidad, el general Bachelet estaba muy alejando del estereotipo del uniformado cuartelero, machista y obsesionado con el espíritu de cuerpo, ya que tenía una trayectoria de activismo comunitario en la sociedad civil y, como recuerda su viuda, cooperaba afanosamente en las tareas del hogar, algo insólito para los usos y costumbres de la época. Algunas fuentes informan que incluso era miembro de la masonería chilena, ámbito que probablemente facilitó su toma de contacto con el presidente Allende, masón reconocido, al que había votado en las elecciones de 1970. En cuanto a Ángela Jeria, constituía un ejemplo de mujer profesional emancipada de las servidumbres tradicionales.

Bajo la influencia de unos progenitores no conservadores y profundamente humanistas, y de la efervescencia política que vivían la Universidad y el conjunto del país, que, con la UP al timón, se encaminaba hacia el experimento allendista de un socialismo de acentos marxistas pero sin salirse de los cauces parlamentarios y democráticos, Bachelet, que en aquellos años lucía una larga melena morena y vestía al estilo hippy, ingresó en las juventudes del PS y se convirtió en una activa militante de la UP. Dentro de la Juventud Socialista (JS) trabó amistad con Carlos Enrique Lorca Tobar, un compañero de la Facultad de Medicina que fue elegido presidente de la organización y luego diputado nacional. Más tarde, en 1974, inició una relación sentimental con el militante Jaime Eugenio López Arellano, que llegó a secretario nacional de la JS y a encargado del área de internacional del Partido.

En 1972, en medio de una gravísima crisis política y económica que tenía a Allende cogido entre las cuerdas, con los partidos de derecha, que ostentaban la mayoría en el Congreso, presionándole para que detuviera el programa de nacionalizaciones y la extrema izquierda de su propio campo azuzándole para que la "vía chilena al socialismo" tomara la senda antiburguesa y revolucionaria, el general Bachelet fue nombrado por Allende secretario de la Dirección Nacional de Abastecimiento y Comercialización (DINAC), un cargo de gran responsabilidad en una etapa angustiosa por la penuria de alimentos y demás productos básicos. Posteriormente asumió también la Dirección de Contabilidad de la FACH.

Víctima de la dictadura militar

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, perpetrado a sangre y fuego por las Fuerzas Armadas y liderado por el nuevo comandante en jefe del Ejército de Tierra, el general Augusto Pinochet Ugarte, cayó sobre la vida de los Bachelet como una noche mortal. La hija asistió en directo, desde la azotea de la Facultad de Medicina, al bombardeo aéreo del Palacio de La Moneda, donde Allende perdió la vida. El padre, firmemente asentado en la tradición del oficial legalista respetuoso con el orden constitucional, una condición que encarnaron igualmente los predecesores de Pinochet en la comandancia del Ejército, los generales René Schneider Chereau (víctima en 1970 de una conspiración de ultraderecha) y Carlos Prats González (quien dentro de unos meses iba a ser asesinado también por orden de los golpistas en su exilio argentino), rehusó colaborar con la Junta militar presidida por Pinochet; esta negativa, unida a sus credenciales demócratas y de colaborador de Allende, selló su destino.

Detenido ya la misma mañana del golpe en su oficina en el Ministerio de Defensa, dejado en libertad al final de la jornada y vuelto a arrestar el 14 de septiembre, Bachelet padre fue confinado en la Academia de Guerra Aérea, donde sus propios subalternos, a los que no podía ver el rostro por hallarse encapuchado, le infligieron brutales vejaciones, inclusive palizas y la introducción de objetos punzantes bajo las uñas. En octubre, en unas condiciones físicas deplorables, el general quedó bajo arresto domiciliario y tuvo una última ocasión de estar con su esposa y su hija. El 18 de diciembre fue detenido de nuevo y recluido en la Cárcel Pública de Santiago, donde compartió destino con varias decenas de oficiales y suboficiales de la FACH. A todos ellos les abrieron un consejo de guerra por "traición a la patria". Las torturas se sucedieron hasta que el 12 de marzo de 1974 el general, que padecía de isquemia, falleció de un infarto de miocardio sin haber recibido en todo este tiempo el tratamiento que su dolencia precisaba. Tenía 51 años.

Semejante tragedia no interrumpió, al menos al principio y de manera voluntaria, el compromiso de Bachelet con las aulas y con el PS, pese a que esta labor política hubo de desarrollarla en la clandestinidad, apoyando a la dirección interna de un partido diezmado por la represión. Incluidas en las listas negras de la dictadura, Ángela Jeria, que canalizaba su activismo en el terreno de los Derechos Humanos, ahora mismo conculcados masivamente en Chile, y su hija quedaron en una situación muy precaria. La arbitrariedad de la Junta se abatió sobre ellas el 10 de enero de 1975, cuando dos agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la feroz policía política del régimen castrense, irrumpieron en su apartamento santiaguino y se las llevaron con los ojos vendados a la Villa Grimaldi, una vasta propiedad residencial habilitada por la agencia como centro de interrogatorio y torturas.

En este siniestro lugar, donde sucedían cosas como violaciones en masa de prisioneras, Michelle y su madre pasaron un calvario de interrogatorios, condiciones degradantes y maltratos físicos y psicológicos que ella, según ha comentado en entrevistas, no describe categóricamente como torturas, en el sentido habitual de la palabra, porque sus captores no les aplicaron electricidad y otros tormentos atroces que caracterizaban el modo de operar de la DINA, aunque sí reconoce haber recibido algunas torturas de un grado no extremo que prefiere no detallar, aduciendo que tras el choque traumático se le bloquearon muchos recuerdos. Transcurridos unos días, las dos mujeres fueron transferidas de Villa Grimaldi al centro de detención de Cuatro Álamos, donde permanecieron hasta principios de febrero.

Su puesta en libertad fue posible gracias a la gestión providencial del general Osvaldo Croquevielle Cardemil, que era familia política directa al tratarse del marido de Alicia Bachelet, la hermana del fallecido Alberto Bachelet. El cuñado y tío de las liberadas, antiguo director de la Aeronáutica Civil, había sido dado de baja de las FACH el mismo día del golpe de Estado, y aunque no formaba parte del núcleo del poder militar, conservaba un importante ascendiente en el alto mando. Croquevielle fue avisado de la suerte que estaban corriendo sus familiares por su sobrino Alberto, quien a su vez recibió la noticia en Australia de su esposa Patricia Espinosa, que se encontraba en Santiago junto con sus dos hijos en el momento de la detención. Según parece, la exigencia de Croquevielle fue atendida por el comandante en jefe de la FACH, general Gustavo Leigh Guzmán, uno de los cuatro integrantes de la Junta de Gobierno, y el ministro del Interior, general César Benavides Escobar.

Salvadas de lo peor y aprovechando la puerta abierta que les dejaba la Junta, madre e hija se apresuraron a tomar un avión que les llevó a Sydney, donde se reunieron con Alberto, al que no veían desde hacía años. Atrás quedaban muchos compañeros de la JS y el PS que terminaron siendo asesinados por la dictadura. Es lo que les sucedió a Carlos Lorca y a Jaime López Arellano, los dos militantes que habían mantenido una relación íntima con Bachelet: en el plazo de unos meses, ambos fueron detenidos y hechos desaparecer por la DINA.

Exilio en Alemania Oriental e inicio de la profesión médica en Chile

En mayo de 1975 Bachelet marchó a la República Democrática de Alemania (RDA), cuyo régimen comunista brindaba asilo y protección a miles de refugiados políticos de ideas izquierdistas de toda Latinoamérica. Su madre le siguió un mes después, aunque no se fue a vivir con ella en Leipzig, sino que se instaló en Potsdam. En el país europeo oriental, la joven aprendió el alemán en el Instituto Herder de Leipzig, retomó los estudios de medicina en la Universidad Humboldt de Berlín, realizó algunas prácticas médicas y cultivó los contactos con otros miembros de la comunidad de exiliados chilenos, muchos de los cuales pertenecían al PS. Uno de ellos era Jorge Leopoldo Dávalos Cartes, un estudiante de arquitectura también veinteañero, unos años mayor que ella. Dávalos era miembro del Comité Central del PS y se ubicaba en la facción que encabezaba el antiguo responsable de la diplomacia chilena con Allende, Clodomiro Almeyda Medina. Bachelet y Dávalos se conocieron en 1976 en Potsdam gracias a que les presentó la madre de ella, surgiendo el idilio.

Unos meses atrás, Michelle había visto por última vez a su anterior novio, Jaime López Arellano, en el curso de un viaje que éste estaba realizando por la RDA y la URSS para recabar recursos para la lucha clandestina. López era entonces secretario general del PS en el interior, y en diciembre de 1975, tras su vuelta a Chile, la DINA lo aprehendió lo encerró en Villa Grimaldi y lo hizo desaparecer. En diciembre de 1977 Bachelet y Dávalos contrajeron matrimonio civil en la ciudad brandenburguesa y al cabo de unos meses nacía su primer hijo, Sebastián.

En febrero de 1979, tras recibir la autorización correspondiente a instancias del general Fernando Matthei Aubel, sucesor de Leigh como representante de la FACH en la Junta de Gobierno y buen conocedor de la familia de su antiguo compañero de armas, de quien era de hecho amigo íntimo —pero cuya integridad, ni él ni Leigh pudieron o quisieron salvar—, las Bachelet retornaron a Chile. Allí les esperaba una vida incierta, ya que si el régimen militar parecía dispuesto a no atosigarlas, tal tolerancia estaría condicionada a que se abstuvieran de realizar actividades oposicionistas o resistentes. Ni Bachelet ni su esposo tenían trabajo, y ella se encontró con que su antigua universidad no le convalidaba los dos cursos de la licenciatura en Medicina, el cuarto y el quinto, que había realizado en Berlín, así que tuvo que repetir el segundo ciclo en la facultad santiaguina.

En enero de 1983, por fin, obtuvo el título que la acreditaba como médico cirujano pediatra con mención en epidemiología, pero los obstáculos al rehacer vital no desaparecieron. Su solicitud al sistema público de salud para ejercer de médica de cabecera en barriadas populares fue rechazada, según ella por razones políticas, pero a cambio consiguió del Colegio Médico de Chile una beca formativa que le permitió, en el lapso de cuatro años, especializarse en pediatría y salud pública con adscripción al personal del Hospital Dr. Roberto del Río, un centro capitalino que brindaba tratamientos específicos e integrales a la infancia. En 1984 nació su segundo hijo, una niña, Francisca, pero el matrimonio con Dávalos, que había abierto su propio estudio de arquitectura, arrastraba problemas y en 1985 los cónyuges resolvieron separarse jurídicamente. Entre tanto, su hermano Alberto se instaló con su familia en Estados Unidos, en San Francisco, donde la compañía de computación para la que trabajaba había abierto una delegación. En 2001 iba a fallecer por causas naturales en la ciudad californiana a los 54 años.

Entregada a su profesión de pediatra, Bachelet se mantuvo alejada del activismo político, al menos en su faceta visible de resistencia a la dictadura, y a cambio desarrolló una labor de atención a las víctimas de la represión. Fue en el seno de la Fundación para la Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE), una ONG dedicada a ayudar a niños de padres represaliados, algunos de los cuales, extraoficialmente, eran huérfanos, ya que los progenitores desaparecidos, en realidad, estaban muertos. En la PIDEE Bachelet entró de la mano de María Eugenia Rojas, hija del escritor Manuel Rojas y esposa del dirigente comunista y académico Juan Fernando Ortiz Letelier —otro ilustre preso de los calabozos de la DINA, desaparecido en 1976—, quien era amiga de su madre desde la infancia.

La experta en atención de niños se hizo cargo del área médica de la PIDEE en 1986, el año en que Pinochet fue objeto de un atentado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), grupo armado de extrema izquierda que creía factible acabar con el régimen con los mismos métodos terroristas que éste venía aplicando contra los que consideraba enemigos. Justo entonces, Bachelet mantenía una relación amorosa con el portavoz de la banda subversiva, Álex Vojkovic Trier, ingeniero de profesión y miembro del Partido Comunista de Chile (PCCh). Este vínculo sentimental, terminado en 1987, iba a ser sacado a colación con ánimo de incriminar por detractores políticos de la entonces ministra en 2003, obligándola a aclarar que en aquella época ella no tenía la menor relación con las actividades del FPMR, aunque sí participó en algunas reuniones de sus miembros, y que nunca, ni antes ni después, había apoyado los métodos violentos en la lucha política.

Más que actuante en ellos, Bachelet fue testigo de los procesos políticos que desembocaron en las históricas elecciones democráticas del 14 de diciembre de 1989, las cuales fueron ganadas por la Concertación de Partidos por la Democracia, nucleada en torno al PS y su otrora acerbo adversario, el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Dentro del PS, Bachelet era una militante de base y no se involucró mucho en la reyerta que enfrentaba a las alas socialistas animadas respectivamente el ex canciller Almeyda, partidario de un giro a la izquierda radical y de la lucha frontal contra la dictadura, y Carlos Altamirano Orrego, Ricardo Núñez Muñoz y Carlos Briones Olivos, favorables a la moderación y la "renovación" del Partido, si bien optó por adherirse al primer grupo.

Como seguidora de Almeyda, en estos años Bachelet estuvo activa en el Movimiento Democrático Popular (MDP), coalición formada por el PS-Almeyda, el PCCh, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y otras facciones izquierdistas partidarias de mantener las contestaciones callejeras contra la dictadura. Posteriormente se vinculó al Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS), una formación instrumental, creada exclusivamente para inscribir en las elecciones de 1989 a candidatos de fuerzas izquierdistas que, como el PCCh, tenían vetada su participación en los comicios. Cuando el plebiscito convocado por Pinochet en 1988, la pediatra votó por el no, la opción que resultó vencedora y que obligó al dictador a abandonar la Presidencia en 1990. Días después de las elecciones nacionales de 1989, los socialistas chilenos enterraron una década de divisiones orgánicas en el XXIV Congreso General Ordinario del Partido, justamente llamado de la reunificación. Del cónclave salieron elegidos Almeyda para el nuevo puesto de presidente orgánico y Jorge Arrate Mac Niven como secretario general.

Salto a la política gubernamental con el Partido Socialista

Tras la asunción el 11 de marzo de 1990 del primer Gobierno de la Concertación bajo la presidencia del democristiano Patricio Aylwin Azócar, Bachelet fue reclutada como epidemióloga por el Servicio de Salud Metropolitano Occidente (SSMOCC), que cubría la mitad oeste de Santiago y la Región Metropolitana. Allí volcó su experiencia y conocimientos en la mejora de la red de hospitales y consultorios, dejada languidecer por unos gobiernos pinochetistas que habían aplicado políticas neoliberales centradas en el saneamiento macroeconómico. Luego, ejerció en la Comisión Nacional del Sida (CONASIDA) y brindó consultoría a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), una empresa de cooperación internacional privada que tenía contrato permanente con el Gobierno de la República Federal de Alemania.

Mientras trabajaba para CONASIDA, Bachelet se emparejó con Aníbal Hernán Henríquez Marich, un médico especializado en enfermedades del sistema respiratorio que atendía a pacientes con sida en el Hospital San Juan de Dios y que, a diferencia de las anteriores parejas de ella, tenía ideas de derecha y simpatizaba con Pinochet. Dicho sea de paso, el general continuó proyectando una sombra amenazadora sobre la verde democracia chilena desde su puesto de comandante en jefe del Ejército, que detentó hasta 1998, cuando se convirtió en senador vitalicio y empezó a tener problemas con la justicia, aunque el paquete de cortapisas legales al sistema democrático y la soberanía civil, impuesto por la Constitución de 1980, prolongó su vigencia unos años más.

Bachelet no contrajo segundas nupcias con Henríquez, de entrada porque su vínculo matrimonial con Jorge Dávalos no estaba anulado, pero tuvo una hija de él, Sofía, nacida en 1992. En 1995, estos dos facultativos con tantas afinidades profesionales como diferencias ideológicas pusieron fin a su relación sentimental. En 1994, con la instalación del nuevo Ejecutivo de la Concertación presidido por el democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Bachelet fue contratada por el Ministerio de Salud como asesora en temas de atención primaria y gestión de servicios de salud.

Su perfil, hasta ahora fundamentalmente técnico y profesional, circunscrito a la salud pública, se politizó de lleno al tiempo que abarcó los asuntos de seguridad y de defensa en 1996, y por triplicado. Primero, al ser elegida miembro del Comité Central del PS en su XXV Congreso, celebrado en Santiago en mayo con Camilo Escalona Medina de presidente; segundo, en octubre, al candidatear, aunque con fracaso total, a un puesto de concejal de Las Condes, una comuna santiaguina de clase alta (presentándose a la vez que otros tres aspirantes de la Concertación, sólo reunió el 2,3% de los votos y fue vapuleada por la lista que encabezaba el alcalde reeleccionista y futuro candidato presidencial de la derecha próxima a Pinochet, Joaquín José Lavín Infante); y tercero, al cursar un diploma de Estudios Políticos y Estratégicos impartido por la Academia Nacional de Asuntos Políticos y Estratégicos (ANEPE), donde tuvo como profesores a dos antiguos miembros del gabinete militar de Pinochet.

En su biografía oficial contada en primera persona, Bachelet explica que su interés por un campo tan alejado de su experiencia profesional y que, a priori, podría resultarle antipático por todo lo que los militares le habían hecho pasar nació de la convicción de que, pese a lo avanzado en la consolidación de la democracia, "persistían dificultades para la plena normalización de las relaciones entre el mundo civil y el militar". En el curso de la ANEPE la alumna tuvo un rendimiento tan destacado, obteniendo mayor puntuación que sus doce compañeros de aula —la mitad uniformados y la otra mitad civiles, todos funcionarios públicos—, que se hizo merecedora de una Beca de Honor Presidente de la República. Con su dotación pudo realizar entre 1997 y 1998 el selectivo curso superior de Defensa Continental en el Colegio Interamericano de Defensa (IADC), sito en Fort Lesley J. McNair, en Washington D. C., dentro de un grupo de militares y civiles destacados por los distintos países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

De vuelta a Chile en 1998, su recién adquirida especialización le permitió a Bachelet incorporarse al Ministerio de Defensa en calidad de asesora. Ese mismo año fue reelegida en el Comité Central de los socialistas chilenos y entró a formar parte de la Comisión Política del Partido, que escogió como nuevo presidente a Ricardo Núñez. En mayo de 1999, durante la campaña de las primarias de la Concertación para la definición del candidato presidencial en las elecciones generales de diciembre, Bachelet trabajó en el equipo electoral del precandidato del PS y del hermanado Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Escobar, ministro de Educación con Aylwin y de Obras Públicas con Frei, quien ganó la partida al democristiano Andrés Rafael Zaldívar Larraín y más tarde, en la segunda vuelta de enero de 2000, repitió victoria frente al derechista Joaquín Lavín, de la Unión por Chile.

Lagos venía tomando buena nota de las aptitudes mostradas por Bachelet en el último lustro como servidora pública, tal que el 11 de marzo de 2000, con la toma de posesión del tercer ejecutivo consecutivo de la Concertación, la profesional médica estrenó una cartera ministerial que le venía como anillo al dedo, la de Salud. Para mejor dedicarse a su nuevo menester gubernamental, Bachelet abandonó la Comisión Política del PS. Bachelet se puso manos a la obra para cumplir con el primer objetivo, asaz complicado, que le había encomendado Lagos: terminar en el plazo de tres meses con las listas de espera de pacientes que aguardaban a ser atendidos en los consultorios de la saturada red pública. 

A finales de julio, suscitando reacciones escépticas en usuarios y médicos, la ministra anunció que las colas se habían reducido ya en un 90%. Pese a la descongestión cierta de numerosos centros, gracias a la asignación telefónica centralizada de las consultas y a la extensión de los horarios de atención prioritaria, la evidencia de que la meta de reducir a cero las colas en tan exiguo plazo no había sido alcanzada le impelió a presentar su cargo a disposición del presidente, quien por el contrario la confirmó en el mismo.

El segundo y mayor desafío que Bachelet afrontó en los dos años que dirigió el Ministerio, sentar las bases de una reforma estructural del sistema de salud que trajera el verdadero acceso universal e igualitario de todos los chilenos a la sanidad pública, produjo unos resultados satisfactorios, con la definición de los Objetivos Sanitarios para el año 2010, el desarrollo de nuevos programas de tratamiento de enfermedades, la extensión de la cobertura del seguro médico y, con la participación de todos los colectivos afectados, la elaboración del proyecto de Ley de la Reforma, Derechos y Deberes de las Personas en Salud. Otra decisión importante del Ministerio fue la de facilitar gratuitamente a mujeres víctimas de violaciones y abusos sexuales la píldora anticonceptiva poscoital, la popularmente llamada "píldora del día después", que desató una cascada de protestas en medios políticos conservadores y de la Iglesia católica, para quienes se trataba de un método abortivo encubierto (en Chile el aborto estaba rigurosamente prohibido en toda circunstancia), y que en agosto de 2001 motivó una sentencia de la Corte Suprema prohibiendo la venta del fármaco.

En la remodelación ministerial del 7 de enero de 2002 Lagos dio a Bachelet la oportunidad de ejercitar, al más alto nivel, el perfil adicional que se había labrado en la década anterior, el de experta en cuestiones militares. Sustituyendo al democristiano Mario Fernández Baeza, que pasó a encargarse de la Secretaría General de la Presidencia, el nombramiento de Bachelet como ministra de Defensa Nacional causó sensación no sólo por tratarse de la primera mujer que asumía la cartera en Chile —y en toda Sudamérica— y del primer titular socialista desde la época de Allende; también, por ser hija de quien era y por haber padecido en sus carnes las atrocidades infligidas por la misma institución sobre la que ahora adquiría potestad.

La simbología del reencuentro entre verdugos y víctimas en la democracia civil y de la superación de los rencores sin venganza pero con un sentido de la justicia y la reparación históricas, en un momento en que el anciano Pinochet tenía que aducir una supuesta demencia senil para evitar ser enjuiciado por crímenes cometidos bajo su Gobierno, estaba ahí y Bachelet no defraudó las expectativas. Su gestión, que encontró la colaboración plena de las jerarquías de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, se dirigió a modernizar los distintos cuerpos castrenses y a adecuarlos a las nuevas necesidades estratégicas y de seguridad, con mención destacada de la participación en operaciones multinacionales de paz en el exterior.

Varias fueron las iniciativas que apuntaron al avance de la reconciliación nacional en el contexto arriba citado. Así, la coincidencia del trigésimo aniversario del golpe de Estado favoreció gestos como la organización por el Ministerio y el Alto Mando de la Armada de una visita de antiguos presos políticos a la Isla Dawson, allí donde habían estado confinados, la reparación moral del Ejército al general Prats y, de más valor emocional para ella y su familia, la rehabilitación también por la FACH del honor del general Bachelet, en una ceremonia de homenaje a todos los procesados en el consejo de guerra de 1973 que tuvo lugar en la base aérea de Quintero en diciembre de 2003. 

El año anterior, su enérgica imagen de ministra encaramada en la torreta de un vehículo anfibio, con capote y gorra militares e impartiendo órdenes a los soldados durante las labores de socorro a los damnificados por las inundaciones de Huechuraba, en la Región Metropolitana, resultó tan chocante como positiva en términos de valoración ciudadana. Por su parte, el nuevo comandante en jefe del Ejército, el general Juan Emilio Cheyre Espinosa, contribuyó de manera importante a esta normalización al asumir la responsabilidad de la institución armada en los crímenes de la dictadura.

El camino al Palacio de La Moneda bajo el manto de la Concertación

Al despuntar 2004, la ministra de Defensa era la responsable política más popular del país después del presidente Lagos y su nombre corría en boca de todos como probable precandidata de la Concertación Democrática. Los sondeos aseguraban que era la única figura de la coalición gobernante con claras posibilidades de imponerse en las urnas a Lavín, el potente jefe de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y desde 2000 alcalde de Santiago.

El 29 de septiembre de 2004, en lo que para ella fue una especie de sacrificio personal, ya que no tenía ambiciones de ese calibre pero tampoco quería ser insensible a la ola de simpatía y apoyos que levantaba por doquier, Bachelet quedó exonerada de su puesto en el Gabinete para participar en la campaña de la Concertación para las elecciones municipales, que ganó holgadamente el oficialismo, y, sobre todo, para preparar su precandidatura presidencial. Para la proclamación del aspirante presidencial de la Concertación se prefiguraba una liza con la democristiana María Soledad Alvear Valenzuela, una abogada con amplia experiencia gubernamental que en los cuatro últimos años se había sentado al lado de Bachelet en el Consejo de Ministros como titular de Relaciones Exteriores. De hecho, las dos mujeres salieron del Gobierno el mismo día, siendo sucedida la socialista por Jaime Ravinet de la Fuente y la democristiana por Ignacio Walker Prieto, ambos del PDC.

Bachelet tuvo un protagonismo estelar en el XXVII Congreso del PS, discurrido en Santiago del 28 al 30 de enero de 2005, que confirmó su precandidatura y devolvió a la Presidencia orgánica al senador Ricardo Núñez, en sustitución de Gonzalo Martner Fanta. Bachelet se convirtió en la precandidata conjunta del PS, el PPD y el Partido Radical Social Demócrata (PRSD). A pesar de tratarse de una política de muy alto perfil, con una sólida reputación de servidora competente y ser más conocida a nivel internacional, Alvear, quien a su vez se impuso al senador Adolfo Zaldívar Larraín (hermano de Andrés Zaldívar) en la primaria interna del PDC, no consiguió superar a Bachelet en los sondeos de opinión en ningún momento.

Los partidos de la Concertación querían cerciorarse de que la persona que nominaran tuviera las máximas posibilidades de vencer a Lavín, entonces el candidato unitario de la derecha, y ante sí tenían tres métodos para definirlo: una designación acordada de puertas adentro por las cúpulas partidarias, como con Aylwin en 1989; una elección primaria limitada a los afiliados de la Concertación, como con Frei en 1993; o una primaria abierta a todos los electores chilenos, como con Lagos en 1999. Esta secuencia definía una línea de progresión democrática de la Concertación en el proceso de generación de sus candidatos presidenciales.

Los cuatro integrantes de la Concertación, esto es, el PS, el PDC, el PPD y PRSD, cuyos presidentes respectivos eran Ricardo Muñoz, Adolfo Zaldívar, Víctor Barrueto y José Antonio Gómez, acordaron acudir a unas primarias abiertas que serían dirimidas el 31 de julio de 2005. Pero en mayo, la irrupción de la candidatura presidencial de Sebastián Piñera Echenique, ex senador, magnate empresarial y dirigente del partido conservador Renovación Nacional (RN, que había avanzado más que la UDI en la superación de la identificación con el pasado pinochetista, a estas alturas una alforja objetiva), trastocó aquellos planes, ya que la división del voto de la Alianza por Chile (la anterior Unión por Chile) convertía en urgente la selección del candidato del oficialismo y, al mismo tiempo, sepultaba las esperanzas de Alvear de recortar la distancia que la separaba de Bachelet.

Así, el 24 de mayo, la precandidata democristiana renunció a su postulación y llamó a cerrar filas tras la socialista, que se convirtió automáticamente en la candidata concertacionista sin necesidad de primarias. El 20 de agosto el Consejo General del PS proclamó de manera oficial candidata a La Moneda a Bachelet. La nominada se presentó como una "humanista laica" que concentraba, aseguró, "todos los pecados capitales en Chile", pues era "mujer, socialista, separada y agnóstica". Con este rapto de ironía en torno a sus señas de identidad, Bachelet invitaba a votar por ella con cierto sentido transgresor, para romper con los estereotipos de Chile, nada exagerados, como país machista, conservador y clerical.

El programa para las elecciones de 2005 y triunfo sobre Sebastián Piñera

Impulsada por el carisma que alimentaban su discurso suave y convincente, su imagen de política comprometida, transparente y empática con la gente, que se identificaba con los problemas específicos de las mujeres y los más jóvenes, y su sonrisa espontánea, Bachelet emprendió la campaña para las presidenciales del 11 de diciembre de 2005 sacando el máximo provecho de esas sus dotes personales, del paradigma de su amarga pero superada peripecia vital, y de un manifiesto electoral donde los principios declarativos y las grandes perspectivas nacionales se imponían a las políticas concretas y las habituales retahílas de dígitos de necesario cumplimiento.

En el preámbulo de su Programa de Gobierno, elaborado a partir de las contribuciones hechas por los llamados Diálogos Ciudadanos, que eran los grupos de trabajo de las precandidaturas de la Concertación y las comisiones técnicas de los partidos integrantes, Bachelet apelaba directamente a los sentimientos y a la identificación emocional con su candidatura con afirmaciones como éstas: "Yo no fui criada para el poder ni nunca hice nada para obtenerlo. No pertenezco a la élite tradicional. Mi apellido no es de los apellidos fundadores de Chile". Y: "La política entró en mi vida destrozando lo que más amaba. Porque fui víctima del odio, he consagrado mi vida a revertir su garra y convertirlo en comprensión, tolerancia y —por qué no decirlo— en amor". En cuanto al contenido, Bachelet, en síntesis, propugnaba, después de quince años de gobiernos concertacionistas, una continuidad con perfeccionamiento, que consolidara los logros alcanzados e hilvanara los flecos pendientes.

Esto significaba que el notable legado de la Administración de Lagos en el terreno macroeconómico (los datos de 2004 cabían ser calificados de fastos, con un índice de crecimiento del 6,1%, un excedente comercial acumulado de 9.000 millones de dólares, un saldo positivo en la cuenta corriente equivalente al 2% del PIB y, tras un lustro de déficits, un superávit fiscal del 2,2%, mientras que la inflación, tras alcanzar su mínimo histórico del 1,1% en 2003, superaba el 3% anual) debía ser preservado para garantizar el crecimiento, la estabilidad financiera y la creación de empleo, andando la tasa de paro en torno al 8%. El futuro Gobierno de la Concertación seguiría comprometido con el objetivo de preservar un superávit estructural del 1% del PIB. Dicho con otras palabras: continuaría "caminando con seguridad por la senda del desarrollo económico, basado en la seriedad y el equilibrio presupuestario, sin por eso dejar de ayudar a los que quedan rezagados y nos necesitan".

La candidata instaba a no acomodarse a bicocas coyunturales como el alto precio internacional del cobre (del que Chile era el principal exportador mundial), factor clave, junto con los recientes avances en la urdimbre de tratados de libre comercio suscritos con países y organizaciones de todo el mundo (los últimos, con Estados Unidos, la Asociación Europea de Libre Comercio, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y China, que se sumaban a los de Canadá, México, la Unión Europea y Centroamérica), del boom de las exportaciones nacionales, y a concebir el desarrollo del futuro sobre las bases de un comercio exterior diversificado, las industrias de valor añadido, la inversión en I+D y la formación de recursos humanos.

A la vez, se imponía dar un "salto de gigante" en la protección social, mejorando las prestaciones del sistema de pensiones (en Chile regía el modelo de capitalización individual gestionada por administradoras privadas de fondos de pensiones), el seguro de desempleo y la atención sanitaria pública. Era necesario continuar achicando las bolsas de pobreza, lacra que en 1990 aquejaba al 38% de la población frente al 14% ahora, y propiciar un reparto más equitativo de la renta nacional para corregir las flagrantes desigualdades socioeconómicas. De hecho, las diferencias entre los que tenían más y los que menos eran más marcadas ahora que en tiempos de Pinochet, lo que convertía a Chile en uno de los países del mundo con una distribución de los ingresos más desigual. Para Bachelet, "desigualdad" era sinónimo de "inseguridad", y al Estado le correspondía brindar protección social para vencer esa inseguridad. Puesto que se pretendía gastar más en lo social, la presión fiscal, a pesar del superávit, tendría que mantenerse en su actual nivel, aunque, eso sí, redoblando la lucha contra la evasión y el fraude.

Otro capítulo importante del Programa trataba de la "calidad de la democracia" chilena. Tras la remoción, reforma constitucional mediante, de los últimos "resabios institucionales del período dictatorial" y los "enclaves autoritarios" —con la abolición de los senadores designados, que agotaban su última legislatura, la restitución al jefe del Estado de la facultad de nombrar a los comandantes en jefe y la transformación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) en un órgano asesor de la Presidencia—, era la hora de aplicar una "nueva agenda de reformas democráticas".

Estas podían ser: el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como etnias constitutivas de la nación; la ampliación de los espacios de participación y decisión ciudadanas (lo que incluía introducir la iniciativa popular de ley para los ámbitos de competencia no exclusiva del presidente de la República); la abolición del sistema electoral binominal (que favorecía a los partidos de la oposición de derecha); la rendición de cuentas de las autoridades ante los ciudadanos; la descentralización de la administración del Estado; y la potenciación de los municipios, en aras de la eficiencia, la transparencia y la probidad en el ejercicio de la cosa pública. La creación de nos nuevos ministerios, uno de Seguridad Ciudadana y otro del Medio Ambiente, iría en esta línea de mejora de la calidad del servicio público recibido por los ciudadanos.

Las reivindicaciones de las mujeres chilenas tenían en Bachelet una firme portaestandarte. Destacando siempre su condición femenina ("que una mujer sea presidenta no debe ser visto como una rareza, sino como un augurio"), la candidata del Gobierno se comprometía a trabajar por la equiparación de los derechos de género y a promover decididamente las medida de acción afirmativa o de discriminación positiva de la mujer a la hora de cubrir las plantillas de cargos públicos y representación popular. Igualmente, se promoverían los derechos de los homosexuales, aunque sin llegar a legalizar el matrimonio. Palabra de mujer, sentenciaba en sus spots de propaganda la política socialista, que también empleó el eslogan de Estoy contigo.

En cuanto a la política exterior, el mensaje era nítido: pragmatismo, multilateralismo y búsqueda de las buenas relaciones con todo el mundo, poniendo siempre un ojo comercial en la inserción en los mercados internacionales. A diferencia del Brasil de Lula da Silva, la Argentina de Néstor Kirchner y el Uruguay de Tabaré Vázquez, que completaban el grupo de gobiernos de centroizquierda e izquierda en el Cono Sur, los cuales eran críticos con el proyecto, y, más todavía, de la Venezuela de Hugo Chávez y, dentro de poco, la Bolivia de Evo Morales, que lo impugnaban de cabo a rabo, Chile seguía confiando plenamente en el Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) como instrumento positivo para su desarrollo económico, pero siempre que preservara la diversidad de los países miembros. La candidata opinaba que el MERCOSUR y el ALCA eran unas vías no conflictivas entre sí, sino "complementarias".

Cabía suponer por tanto que con Bachelet en el poder el país austral no sería un socio militante del comúnmente llamado "eje progresista sudamericano", un alineamiento fáctico que defendía las dinámicas de integración autóctonas, más ambiciosas y atentas a las especificidades culturales regionales (frente a un proyecto pancontinental patrocinado por Estados Unidos y meramente librecambista como era el ALCA), y del que Lagos había tomado ciertas distancias, aunque las afinidades ideológicas y las simpatías personales por estadistas como Lula eran evidentes. 

Chile continuaría teniendo un enfoque ponderado y equilibrado, sin convertirlas en arietes geopolíticos, de las diversas iniciativas de desarme arancelario e integración comercial y económica en que venía participando, como el MERCOSUR, del que era socio comercial privilegiado, y el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), del que era miembro pleno. Bachelet hablaba de no descuidar la dimensión regional, latinoamericana, de la política exterior, de "gobernar la globalización" y de ceñir las relaciones internacionales a los valores democráticos, y apostaba por fortalecer el estatus de Chile como país puente transcontinental entre Asia, las dos orillas de América y Europa.

Aunque encabezando siempre, y de manera holgada, la intención de voto que rastreaban los estudios demoscópicos, Bachelet llegó al cierre de campaña con una tendencia a la baja frente al ascenso del mejor situado de los dos candidatos de la derecha, Piñera, que amagaba con arrebatarle a Lavín el derecho a disputar la segunda vuelta. La posibilidad de proclamarse presidenta en la primera vuelta con más del 50% de los votos casi nunca resultó verosímil.

El 11 de diciembre la socialista se puso en cabeza con el 45,9% de los votos, seguida de Piñera con el 25,4%, Lavín con el 23,2% y Tomás Hirsch Goldschmidt, de Juntos Podemos Más (alianza forjada por el PCCh y el Partido Humanista), con el 5,4%. A la segunda vuelta del 15 de enero de 2006 pasaron Bachelet, para la que pidió el voto el PCCh, y Piñera, siendo el triunfo para ella con el 53,5% de los sufragios. En las legislativas, la Concertación, por primera vez desde la restauración de la democracia, ganó sendas mayorías absolutas en la Cámara de Diputados, con 65 escaños de 120 (de aquellos, 21 fueron para el PPD, 20 para el PDC, 15 para el PS, siete para el PRSD y dos para no adscritos) y el Senado, con 11 de los 20 escaños sujetos a renovación, de los 38 de que constaba la nueva legislatura tras la extinción de la decena de senadores vitalicios y designados.

La exultante presidenta electa anunció la formación de un gobierno compuesto paritariamente por hombres y mujeres, y caracterizado por un estilo "ciudadano, cercano y participativo", que se encargaría de establecer una "gran alianza entre política y sociedad" y de ejecutar un plan de 36 medidas de obligado cumplimiento en los 100 primeros días. Las tres primeras medidas iban a ser el reajuste de las pensiones más bajas, el acceso automático a las pensiones asistenciales y la gratuidad del servicio de salud para los mayores de 60 años en los hospitales públicos. El presidente saliente Lagos, no menos contento con el resultado, subrayó que la victoria de Bachelet se había fundado "en su inteligencia, pero también en su historia de entrega personal".

El 30 de enero, nada más ser proclamada presidenta electa por el Tribunal Calificador de Elecciones, Bachelet presentó la nómina ministerial. La composición del futuro Gabinete reflejaba un equilibrio entre la promesa de estricta igualdad en la representación de sexos y los compromisos de cuotas de los partidos de la Concertación. El PDC obtuvo siete carteras, entre ellas Relaciones Exteriores, para Alejandro Foxley Rioseco, e Interior, para Andrés Zaldívar, que veía premiado así su trabajo como responsable del comité de campaña de Bachelet en la segunda vuelta. El PS se quedó con cuatro puestos, el PPD con cinco y el PRSD con uno. Cuatro independientes fueron incluidos, entre ellos el titular de Hacienda, el economista Andrés Velasco Brañes. De las 11 mujeres ministras, destacaban Vivianne Blanlot Soza (PPD) en Defensa, Paulina Veloso Valenzuela (PS) en la Secretaría General de la Presidencia, Íngrid Antonijevic Hahn (PPD) en Economía y Fomento, y María Soledad Barría Iroume (PS) en Salud. Las dos oficinas de nuevo cuño previstas en el Programa de la Concertación, Medio Ambiente y Seguridad Pública, no empezaron a funcionar ahora, pues antes debía aprobarse el marco legal regulador.

Todo quedaba listo para que el 11 de marzo de 2006 Bachelet, con un mandato de cuatro años, tomara posesión como la primera presidenta de su país, la cuarta de Sudamérica y la séptima del continente contando Centroamérica y el Caribe, pero sus credenciales la convertían en un caso excepcional. Así, de sus seis predecesoras, dos, la boliviana Lydia Gueiler (1979-1980) y la haitiana Ertha Pascal-Trouillot (1990-1991), ejercieron el cargo con carácter interino (en Ecuador, Rosalía Arteaga fue presidenta en funciones, que no titular, durante unos días en 1997). Otra, la argentina María Estela Martínez de Perón (1974-1976), llegó a la Presidencia del país vecino no por elección popular, sino como sustituta constitucional del presidente fallecido, a la sazón su marido, Juan Domingo Perón.

En cuanto a la nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), la guyanesa Janet Jagan (1997-1999) y la panameña Mireya Moscoso (1999-2004), sí fueron elegidas en las urnas, pero, como Isabel Perón, debieron mucho de sus carreras políticas a su condición de esposas, luego viudas, de políticos y estadistas renombrados, lo que no era el caso de la chilena, que había llegado al poder por méritos exclusivamente propios. Ahora mismo, ninguna mujer encabezaba un Estado en América. Sólo más tarde, en 2007, iba a unirse a la chilena la argentina Cristina Fernández de Kirchner (en los años siguientes, la costarricense Laura Chinchilla y la brasileña Dilma Rousseff iban a asumir las presidencias de sus países cuando Bachelet ya estaba fuera de La Moneda). Por lo demás, Bachelet se disponía a engrosar la lista de presidentas en ejercicio en todo el mundo, junto con la irlandesa Mary McAleese, la letona Vaira Vike-Freiberga, la finlandesa Tarja Halonen, la filipina Gloria Macapagal Arroyo y la liberiana Ellen Johnson-Sirleaf.

El primer mandato presidencial (2006-2010)

Los primeros cien días

El 11 de marzo de 2006, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, Michelle Bachelet tomó posesión de su cargo ante Eduardo Frei, presidente del Senado, con un escueto "sí, prometo". A continuación, el mandatario saliente, Lagos, hizo entrega de la banda presidencial a Frei, quien se la colocó a su nueva portadora. Bachelet y Lagos se fundieron en un abrazo entre el aplauso de los presentes. Finalmente, la nueva jefa del Estado tomó juramento a los miembros de su Gabinete. El acto contó con cerca de un millar de invitados, entre ellos los presidentes y cabezas de delegación de una treintena de países de América y Europa. Uno de ellos era el boliviano Evo Morales, con el que previamente Bachelet mantuvo un constructivo encuentro. También asistió la madre de la gobernante, Ángela Jeria.

A falta de un solemne discurso inaugural, no contemplado por el protocolo, Bachelet entonó sus primeras palabras horas después desde la balconada del Palacio de La Moneda. Ante miles de personas, con gran número de emocionadas mujeres, la dirigente tuvo palabras de elogio y reconocimiento para todos los presidentes democráticos que la habían precedido desde Jorge Alessandri (1958-1964), hizo un homenaje especial a su padre, el general Alberto Bachelet, y transmitió un mensaje de ilusión centrado "en el mañana", pero sin renegar del pasado, que "no olvidaremos nunca".

Bachelet arrancó su mandato de cuatro años con dinamismo, arropada por un nivel de popularidad de más del 60% y despertando augurios muy auspiciosos. Resuelta a llevar a cabo las 36 medidas de ejecución inmediata y a corto plazo, en los primeros cien días de Gobierno, formuladas durante la campaña electoral, la presidenta y sus ministros empezaron a aprobar decisiones y a firmar decretos. Las novedades más destacadas fueron la concesión a los mayores de 60 años de asistencia totalmente gratuita en la red sanitaria pública, un reajuste al alza de las pensiones más bajas, la garantía del derecho a la pensión asistencial a los mayores de 65 años y la convocatoria de sendas comisiones políticas para estudiar las reformas legislativas del propio sistema de pensiones, con el fin de ampliar la cobertura previsional a todo tipo de trabajadores, y del sistema electoral binominal.

El 21 de mayo de 2006 Bachelet pronunció el discurso institucional que todo presidente chileno debe realizar a la nación en esta fecha. Más un mensaje de propósitos para el conjunto del mandato que de balance de lo realizado hasta el momento, que forzosamente no podía ser mucho, la presidenta pasó revista a las "cuatro grandes transformaciones" que iba a impulsar su Gobierno. Estas se referían a: la previsión social, pues "sin pensiones dignas y seguras no puede haber una vez tranquila"; el sistema educativo, que debía mejorar su calidad; la inversión en innovación y el apoyo al emprendimiento privado, con las metas de aumentar la productividad y meter a Chile, un país de ingresos medios, en el pelotón de países desarrollado; y la mejora de la calidad de vida y habitacional en las ciudades, paliando con nuevas construcciones el déficit de vivienda.

De cara a 2010, la Administración Bachelet identificaba también "cuatro áreas de desarrollo" necesitadas de "grandes avances". Se trataban de: la protección social en su sentido integral (empleo, educación, salud, vivienda y pensiones), con objetivos concretos como el de alcanzar la "indigencia cero" al final del mandato; el crecimiento económico, que requería mantener el buen nivel de inversiones públicas y privadas; el bienestar ciudadano, entendido en términos de seguridad frente al delito y de facilidades para el transporte; y la "cohesión" e "integración" en democracia, ligadas a reformas tales como el nuevo código electoral, una ley contra la discriminación, el avance hacia un servicio militar "voluntario" y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que debían esperar del Estado la "promoción de su desarrollo" y el "respeto a su dignidad, sus derechos y sus raíces".

Aquí, Bachelet no mencionó expresamente a los indígenas mapuches, que precisamente estos días estaban llevando a cabo una enérgica movilización en la Región de la Araucanía y concretamente en la capital, Temuco, en defensa de los derechos sobre sus tierras ancestrales y por la liberación de unos activistas encarcelados, según ellos, sobre la base de unas acusaciones espurias. Así, varios presos mapuches condenados por actos de violencia tipificados como delito de terrorismo acababan de suspender una larga huelga de hambre que había atraído la atención internacional y suscitado numerosas reacciones de solidaridad, hasta el punto de que Bachelet fue instada por ONG humanitarias y por el propio relator especial de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, para que dialogara con los reclusos y atendiera las demandas históricas de la comunidad mapuche.

La protesta estudiantil de 2006

Sin embargo, el conflicto social más complicado que Bachelet tenía abierto en estos momentos era la protesta de los estudiantes de secundaria, sin precedentes desde la restauración de la democracia, los cuales salieron a manifestarse en masa con una plataforma reivindicativa resumida en la reforma y modernización profundas del sistema educativo público, considerado obsoleto, parco en medios y progresivamente infiltrado por gestiones privadas con afán de lucro, que repercutían en el bolsillo de los educandos. El paro nacional del 30 de mayo, que sacó aproximadamente a 800.000 alumnos a la calle, fue un éxito del movimiento estudiantil que puso contra las cuerdas al ministro de Educación, el democristiano Martín Zilic Hrepic. 

El Gobierno quedó en una situación tremendamente embarazosa porque la exigencia clave de los estudiantes, que se mejorara la calidad de la educación pública, era justamente una de las metas prioritarias contempladas para su mandato por Bachelet, quien por lo tanto no podía hacer oídos sordos al clamor de los jóvenes y debía mover ficha. La presidenta reconoció que las demandas de los estudiantes eran "justas y legítimas".

El 1 de junio Bachelet buscó aplacarles con un discurso televisado a la nación en el que anunció una batería de medidas: la creación de un Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, la reorganización del Ministerio de Educación, una modificación parcial de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE, promulgada en 1990 justo en la vísperas del traspaso de poderes de Pinochet a Aylwin), partidas presupuestarias adicionales para la mejora de las infraestructuras en los colegios, y un plantel reforzado de becas, pases y raciones escolares. Aunque estas medidas satisfacían en buena parte las demandas de los movilizados, la Asamblea Nacional Estudiantil rechazó las propuestas del Gobierno y llamó a un nuevo paro nacional para el 5 de junio. Según los convocantes, un millón de estudiantes, incluidos muchos de universidad, secundaron esta segunda jornada de paro en las aulas, que se saldó con violentas cargas policiales y más de 400 detenidos, aunque cuatro días después el agotamiento terminó prendiendo en los jóvenes, que aflojaron la protesta nacional.

El 7 de junio vio la luz el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, panel de 81 miembros, entre expertos, académicos, funcionarios y representantes de los colectivos docente, estudiantil y de padres de alumnos, cuya misión era elaborar un informe con propuestas de reforma legal en el ámbito de la enseñanza escolar. Hasta diciembre de 2006 no tuvo en sus manos Bachelet el informe final del Consejo, que entre otros cambios propugnaba la derogación de la LOCE y su sustitución por una nueva norma. Esta iba a ser la Ley General de Educación (LGE), que fue aprobada por el Congreso, al cabo de una laboriosa negociación entre los grupos parlamentarios de la Concertación y la Alianza, en 2009.

La LGE regulaba de una manera precisa los derechos y deberes de todos los integrantes de la comunidad educativa en los distintos tramos preuniversitarios y elevaba el grado de exigencia profesional a docentes y administradores. Para darle operatividad, se instituyeron una Agencia de Calidad y una Superintendencia de Educación. La LGE iba también acompañada de una norma complementaria, la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media (LACE), que sin embargo no pasó de la fase de proyecto de ley durante el mandato de Bachelet. Ahora bien, la LGE no mereció el respaldo de los sindicatos estudiantiles y del Colegio de Profesores, para quienes la norma se había quedado muy corta en la protección de una enseñanza pública de calidad, gratuita y universal, así que las movilizaciones del sector siguieron salpicando el cuatrienio presidencial.

La gran protesta estudiantil de abril, mayo y junio de 2006, conocida popularmente como la revolución de los pingüinos, terminó pasándole factura política al Gobierno. El 14 de julio Bachelet, que no perdía ojo a los sondeos de popularidad —el índice de aprobación del Ejecutivo había caído al 44%—, salió al paso del chaparrón de críticas por la falta de criterio y coordinación exhibida por los distintos departamentos del Gobierno con una sorpresiva remodelación ministerial que supuso las bajas de los titulares de Educación, Zilic, Interior, Zaldívar, y Economía, Antonijevic. Los sustitutos respectivos, democristianos, fueron Yasna Provoste Campillay, Belisario Velasco Baraona y Alejandro Ferreiro Yazigi. Ninguno de los tres iba a cumplir dos años de ejercicio: en abril de 2008 Provoste sería suspendida y acto seguido destituida por el Congreso al ser hallada culpable de la acusación constitucional de negligencia en la gestión de unas subvenciones escolares; los otros dos, en distintas circunstancias, abandonarían el Gabinete en enero del mismo año, a la vez que Clarisa Hardy Raskovan (Planificación), Eduardo Bitrán Colodro (Obras Públicas), Álvaro Rojas Marín (Agricultura) y Karen Poniachik Pollak (Minería).

La muerte de Pinochet

El mando institucional de Bachelet tuvo que enfrentar el acontecimiento, espinoso y sin duda desagradable para el Gobierno de la Concertación pero de indudable trascendencia nacional, de la muerte de Augusto Pinochet, producida en Santiago el 10 de diciembre de 2006, poco después de cumplir el general los 91 años. El antiguo dictador había fallecido por causas naturales a los ocho años de iniciarse en España una tortuosa odisea judicial, luego continuada en su propio país, por unos cargos de crímenes contra la humanidad y de corrupción económica. La ancianidad y una demencia dudosa fueron exitosamente argumentadas por los abogados del procesado, que no llegó a ser juzgado ni en España ni en Chile, y que por lo tanto quedó impune, para satisfacción de sus partidarios de casa.

El Gobierno anunció que, por decisión de la presidenta, Pinochet no recibiría honores como ex jefe del Estado, sino sólo como ex comandante en jefe del Ejército. Esto suponía que la parte oficial y pública de los funerales tendría un carácter estrictamente castrense. En consecuencia, las banderas sólo se arriarían a media hasta en señal de luto dentro de los recintos militares. Tampoco se observaría un día de duelo nacional. Saliendo al paso del ambiente de crispación y división que, como un reflujo a la acerba polarización del pasado reciente, se apoderó de Chile nada más conocerse el óbito de quien lo había regido con mano de hierro durante 17 años, Bachelet, centro de todos los focos, justificó su decisión de privar al funeral de honores de Estado porque eso era lo que convenía "para el bien del país".

"Yo tengo un concepto muy formado acerca de un período doloroso, traumático y complejo que vivió nuestro país", explicó la presidenta, que añadió: "tengo memoria, creo en la verdad y aspiro a la justicia". En relación con las manifestaciones que se estaban produciendo a favor y en contra de Pinochet, Bachelet dejó patente su desagrado: "En las últimas horas hemos visto gestos de división que no nos gustan, pero sé que tenemos, como país y como sociedad, la fortaleza ética para lograr el reencuentro". De acuerdo con lo anunciado, Bachelet no asistió a las exequias de Pinochet y en representación del Gobierno acudió la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, quien tuvo que escuchar los discursos encendidamente encomiastas del difunto pronunciados por sus familiares y el del comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta Ferrer, quien vino a justificar el derrocamiento de Allende en 1973. Además, la multitud asistente a la ceremonia en la Escuela Militar recibió a la ministra con una sonora pitada.

Concluidas las pompas fúnebres de Pinochet, que se habían convertido en una exaltación del golpe de Estado y la dictadura, Bachelet quiso decir la última y contundente palabra antes de pasar página. Según ella, la muerte de Pinochet simbolizaba "el fin del clima de divisiones, odio y violencia".

La crisis del Transantiago, problemas en la Concertación y nuevos cambios de ministros

En febrero de 2007 el Gobierno Bachelet se metió en un considerable lío tras anunciar a bombo y platillo la compleción del Transantiago, el nuevo sistema de transporte público de la capital y su área metropolitana. Transantiago, implantado prácticamente de golpe, sin un período de transición, pese a sus dimensiones y complejidad, ofrecía a los usuarios una moderna flota de autobuses urbanos y un plano, rediseñado por completo, de rutas y recorridos combinados con las líneas del Metro, el cual estaba embarcado también en un ambicioso programa de ampliación.

Desde el primer día de su puesta en funcionamiento, Transantiago, gestionado por diversas concesionarias privadas, generó un alud de problemas que pusieron en evidencia serias deficiencias de diseño e implementación. Así, el servicio se puso en marcha sin que estuvieran disponibles todos los autobuses. También faltaban estaciones de parada, señales indicadoras y puntos de recargo de la tarjeta electrónica de pago. Los vehículos que salieron a circular empezaron a acumular retrasos por las aglomeraciones en las paradas. Como resultado, muchos usuarios tuvieron que recurrir al Metro, que quedó saturado, mientras que otros, en particular los de las barriadas del extrarradio, se quedaron colgados.

La situación de caos e inseguridad provocada encolerizó a los santiaguinos, dio lugar a protestas espontáneas, algunas con episodios de vandalismo, y puso en un brete al Gobierno, que celebró reuniones de emergencia con empresarios e intendentes municipales, anunció multas a operadoras por incumplimiento de contrato, aprobó medidas de contingencia y refuerzo con un costo de 15.000 millones de pesos y estableció la gratuidad temporal, hasta que se resolvieran los problemas técnicos, en el cobro de los billetes. Poco a poco, el sistema de transporte colectivo se fue normalizando y adquirió la fluidez que se esperaba de él, pero Bachelet, con su popularidad fuertemente menoscabada, no pudo eludir las consecuencias políticas de la crisis del Transantiago, que derivó en crisis de Gobierno.

El 27 de marzo de 2007 la presidenta, a la vez que reconocía que "las cosas no se habían hecho bien" con el Transantiago y aseguraba sentirse "profundamente dolida" por las "penurias" causadas a los usuarios, en particular a los más pobres, despidió al cuestionado ministro de Transportes y Telecomunicaciones, el democristiano Sergio Espejo Yaksic, sobre el que pendía la amenaza de una acusación constitucional por parte de la oposición en el Congreso. Un colega de formación, René Cortázar Sanz, le cogió el testigo. Junto con Espejo fueron relevados de sus puestos Blanlot en Defensa, Isidro Solís Palma (PRSD) en Justicia, Paulina Veloso Valenzuela (PS) en la Secretaría General de la Presidencia y Karen Poniachik Pollak (independiente) en la Comisión Nacional de Energía (CNE). También fue el momento de nombrar un presidente para la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), a cuyo frente, con el rango de ministra de Estado, Bachelet colocó a la socialista Ana Lya Uriarte Rodríguez.

En abril de 2007, con el desaguisado del Transantiago en vías —lentas— de superación, Bachelet se jactó de ser una mandataria "con las faldas bien puestas", pues no tenía problemas en asumir las críticas de los ciudadanos, reconocer los errores cometidos y enfrentar los problemas generados. El problema del Transantiago podía estar ciertamente en trance de solución, pero el Ejecutivo ya tenía sobre la mesa otros frentes de contrariedad. Uno de ellos era la actitud rebelde de un grupo de senadores de la Concertación encabezados por el democristiano Adolfo Zaldívar, que empezó a votar en contra del oficialismo en una serie de cuestiones de la agenda legislativa del Gobierno, dejándolo en virtual minoría en la Cámara alta. En diciembre de 2007 Zaldívar fue expulsado del PDC, pero permaneció como senador independiente y meses después, con el apoyo de la Alianza, se aupó a la presidencia de la Cámara en sustitución de Frei, quien se postulaba como precandidato presidencial.

La vulnerabilidad parlamentaria del Gobierno se agravó en enero de 2008, al poco de la expulsión de Zaldívar, con el anuncio por cinco diputados del PDC de que abandonaban el partido. Justo entonces, Bachelet procedió a renovar el Gabinete con los cambios de titulares en Interior, Economía, Planificación, Obras Públicas, Agricultura y Minería. Se trataba de la tercera remodelación de su mandato. El otro quebradero de cabeza venía del lado obrero y sindical. 

A finales de agosto de 2007, cuando la cifra de aprobación popular de Bachelet estaba por debajo del 40%, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dirigida por Arturo Martínez Molina, quien era a la sazón militante del PS, realizó una jornada de movilización nacional en protesta por las políticas económicas del Gobierno, que a su entender no se apartaban del modelo neoliberal implantado por Pinochet y luego asumido por la Concertación. El sindicato demandaba un aumento del salario mínimo y mejores condiciones laborales en los centros fabriles. Los carabineros reprimieron a los marchistas sin contemplaciones, arrojándoles botes de humo y chorros de agua, y las refriegas dejaron numerosos detenidos y heridos, incluidos varios agentes del orden.

La acumulación de divergencias en la Concertación, que acusaba poderosos signos de cansancio tras 18 años de gobierno repartido en cuatro administraciones, cristalizó en la propuesta del PPD y el PRSD de acudir a las elecciones municipales del 26 de octubre de 2008 formando una lista separada del bloque hasta ahora cuatripartito. El PDC y el PS, presididos respectivamente por Soledad Alvear y Camilo Escalona, advirtieron que la estrategia, lejos de mejorar las opciones del oficialismo, bien podía agravar las tensiones registradas en su seno y enviar un pésimo mensaje, de desunión, a los electores. Al final, se acordó que el PPD y el PRSD se presentaran a los comicios como Concertación Progresista, y el PS y el PDC como Concertación Democrática.

Los temores traslucidos por Bachelet y otros dirigentes socialistas y democristianos de que la fórmula de la doble lista concertacionista resultara perjudicial fueron plenamente confirmados por los hechos. En la elección a alcaldes, la Alianza ganó 144 cargos con el 40,7% de los votos, mientras que las dos concertaciones se quedaron con 147 alcaldes con dos puntos menos de voto. Socialistas y democristianos vieron esfumarse 58 alcaldías, en tanto que los dos partidos de la derecha sumaron 38 a su cuenta. En cuanto a las concejalías, la suma de las listas oficialistas produjo 1.070 ediles, frente a los 861 de la Alianza. Sin embargo, el PDC y el PS perdieron 103 concejales.

Pero la lectura más dolorosa de los resultados de las municipales tenía los nombres propios de las principales ciudades del país. En Santiago, el candidato de la UDI, Pablo Zalaquett Said, retuvo la alcaldía para la Alianza con una fuerte ganancia de votos. En Concepción y Viña del Mar, las alcaldesas de la UDI fueron reelegidas de manera aplastante. En Valparaíso, el intendente del PDC, Aldo Cornejo González, fue desalojado por su adversario de la UDI. Y en Temuco, la Concertación perdió otra de sus plazas emblemáticas a manos del candidato de RN. El desenlace de las elecciones municipales de octubre de 2008 no auguraba nada bueno para el oficialismo de cara a las generales de diciembre de 2009. 

La presidenta exhortó a "renovar" la Concertación y en marzo de 2009 cambió a los ministros de Exteriores (Mariano Fernández Amunátegui en lugar de Alejandro Foxley) y de Defensa (Francisco Vidal Salinas por José Goñi Carrasco). Los únicos ministros del Gabinete original que iban a permanecer hasta el final del mandato cuatrienal serían Andrés Velasco en Hacienda, Patricia Poblete Bennett en Vivienda y Urbanismo y Paulina Urrutia Fernández en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, además de Ana Uriarte en la CONAMA.

Poco después, el 5 de abril, las elecciones primarias, abiertas y escalonadas, de la Concertación dieron como vencedor a Frei, candidato conjunto del PDC, el PPD y el PS, en el caso de este último partido luego de cancelar su precandidatura José Miguel Insulza Salinas, el secretario general de la OEA y figura destacada del socialismo chileno. La verdadera batalla para Frei empezaba ahora, ya que su adversario de la Coalición por el Cambio (nueva denominación de la Alianza por Chile), el pujante Sebastián Piñera, dominaba todas las encuestas. 

Frei, un hombre con porte y méritos de estadista pero de gestualidad grave y austera, poco atractiva en la pelea de la imagen, se mostraba incapaz de impregnarse de al menos parte de la popularidad de Bachelet, su antítesis facial, que volvía a estar por las nubes. Al ex presidente las cosas se le pusieron todavía más difíciles una vez que irrumpió en la contienda el independiente de izquierdas Marco Enríquez-Ominami Gumucio, joven y ambicioso diputado marchado de las filas socialistas y portador de un refrescante mensaje de renovación, justo el discurso que los partidos de la Concertación, pese a las exhortaciones de Bachelet, no estaban sabiendo transmitir.

Repertorio de leyes sociales y política de Estado sobre Derechos Humanos

El índice de aprobación de la presidenta, plenamente recuperada de los contratiempos que le habían supuesto la protesta estudiantil de 2006 y el fiasco del Transantiago en 2007, iba creciendo a medida que se aproximaba la fecha de las elecciones generales. A mediados de noviembre de 2009 el Centro de Estudios Públicos de Chile (CEP) publicó que el 78% de los ciudadanos aprobaba la gestión de Bachelet y que el 82% confiaba en ella. Otras encuestas indicaron que la presidenta era "respetada" o "querida" por más del 90% de los chilenos. Eran evaluaciones que no tenían parangón en la historia de Chile, donde nunca antes un presidente había llegado al final de su mandato con tan alto nivel de satisfacción popular, ni en el resto de América en estos momentos, y acaso en el mundo.

Sin duda, a la hora de valorar la labor de Bachelet, la población tomaba nota de los avances experimentados por el sistema de protección social, continuos desde las iniciales medidas adoptadas en los primeros cien días de Gobierno. La comisión sobre las pensiones tuvo como fruto en marzo de 2008 la Ley sobre Reforma Previsional, que amplió considerablemente la cobertura y cuantía de las pensiones por jubilación e invalidez de los trabajadores, y que terminó beneficiando a un millón de personas al final del período de gobierno. La nueva ley puso en marcha las figuras del Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC), la Pensión Básica Solidaria (PBS, destinada a unidades familiares de bajos ingresos que por ausencia de ahorro estaban fuera del sistema de capitalización individual) y el Aporte Previsional Solidario (APS, un complemento a las pensiones más bajas sufragado por el Estado), además de una serie de subsidios a la contratación y cotización de trabajadores jóvenes. El Fondo de Reserva de Pensiones (FRP), creado en diciembre de 2006 con cargo a parte de los abultados excedentes fiscales, aseguraba el pago futuro de las pensiones.

El siguiente gran jalón se plantó en septiembre de 2009 con el Sistema Intersectorial de Protección Social e Institucional, un modelo de gestión pública constituido por las prestaciones sociales de distintos organismos del Estado, orientado a los sectores de población más vulnerables. El Sistema, coordinado por el Ministerio de Planificación, se componía principalmente de dos subsistemas de subsidios, Chile Solidario, que otorgaba ayudas económicas a personas y familias para sacarlas de la situación de pobreza extrema, y Chile Crece Contigo, centrado en la protección integral de la infancia.

Por otro lado, estaban la Ley de Subcontratación de octubre de 2006, que beneficiaba a más de 1,2 millones de trabajadores subcontratados, y la Ley que Resguarda el Derecho a la Igualdad en las Remuneraciones, de junio de 2009, que introducía una reforma del Código del Trabajo para acabar con las discriminaciones salariales de la mujer en el sector privado. Bachelet se mostraba orgullosa de las ocho leyes en materia de igualdad de género aprobadas bajo su mandato. También seguía su curso, en este caso tortuoso, el proyecto de Ley de Medidas contra la Discriminación, firmado por la presidenta en noviembre de 2006 y concebido para cualquier colectivo o minoría expuesto a marginación y discriminación, como los homosexuales, los indios mapuches, los inmigrantes o los disminuidos psíquicos.

En el capítulo de los Derechos Humanos, no podían olvidarse la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la reapertura de las comisiones Rettig y Valech sobre el balance de las víctimas de la dictadura militar, la inauguración del Museo de la Memoria de Santiago, el proyecto de Ley de Femicidio y la firma o ratificación de varios instrumentos jurídicos internacionales sobre Derechos Humanos, empezando por el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional (CPI), adoptados en julio de 2009. Todo, por parte de una presidenta que realizó de viva voz varios homenajes a la figura polémica de Allende.

Los nuevos TLC de Chile; las relaciones con Venezuela, Argentina y Brasil

Tal como había adelantado durante la campaña presidencial, el pragmatismo, el multilateralismo y un cauteloso alejamiento de las contiendas ideológicas del continente caracterizaron la política exterior de Bachelet.

Entre junio de 2006 y julio de 2009 Chile firmó una nueva hornada de tratados de libre comercio, con Panamá, Perú, Colombia, Japón, Australia y Turquía, todos los cuales, salvo el último, entraron en vigor antes de terminar el cuatrienio, período en el que se empezaron a negociar además sendos TLC con Malasia y Vietnam. A la vez, Santiago asistió en silencio al desvanecimiento del ALCA, proyecto que pasó a mejor vida por la oposición conjunta del bloque bolivariano liderado por Venezuela y el eje brasileño-argentino. Por otro lado, Chile siguió sintiéndose cómodo con su estatus de asociación en el MERCOSUR, obtenido en el Acuerdo de Complementación Económica que había entrado en vigor el 1 de octubre 1996, el cual daba a sus productos acceso preferencial al mercado de este bloque comercial. Además, en septiembre de 2006, 30 años después de la decisión por Pinochet de retirarse del entonces Pacto Andino, el país volvió a vincularse a la Comunidad Andina con un estatus también de asociado.

Bachelet guardó amplias distancias de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el marco de integración hemisférica radicalmente político, al enarbolar las banderas del socialismo del siglo XXI y la confrontación con Estados Unidos, lanzado por Hugo Chávez. Sus antecedentes personales y familiares, su estilo dialogante y su aversión a las pendencias verbales le garantizaron a la mandataria chilena, cuyos enfoques y credenciales políticos no tenían virtualmente nada en común con los del venezolano a pesar de proclamarse los dos socialistas, el respeto exquisito de Chávez, tan propenso a atacar a cualquier presidente de la región que no quisiera saber nada de sus consignas revolucionarias y antiimperialistas, o que simplemente apostara por el libre comercio con Estados Unidos. Es más, en las ocasiones en que se encontraron, siempre pudo verse a los dos dirigentes en actitud muy cordial y afectuosa.

Excelentes fueron los tratos con el brasileño Lula, como correspondía al alcance estratégico de las profundas relaciones económicas entre los dos países. Al principio del mandato, el mismo cariz se advirtió en las relaciones con Argentina, cuyo Gobierno justicialista presentaba afinidades ideológicas con el socialismo chileno, pero a los pocos meses, en julio de 2006, aquellas se enturbiaron por la decisión del Gobierno de Buenos Aires de elevar del 20% al 45% el impuesto a las exportaciones de gas a Chile. 

La medida, considerada por Santiago una violación de los acuerdos contraídos pero justificada por Argentina, país de tránsito, por el fuerte encarecimiento del hidrocarburo importado desde Bolivia, el cual no le daba más opción, argüía, que trasladar parte de las nuevas tarifas a sus suministros chilenos, motivó una carta de protesta de Bachelet, quien declaró congelada la declaración de integración estratégica suscrita con Néstor Kirchner en Buenos Aires en marzo anterior. El malestar chileno se prolongó luego por la publicación en el país vecino de unos mapas oficiales que consideraban de soberanía argentina ciertos territorios en disputa del campo de hielo Patagónico Sur.

Tras la llegada de Cristina Fernández a la Casa Rosada a finales de 2007, las relaciones chileno-argentinas mejoraron de tono y el 30 de octubre de 2009 las dos presidentas del continente firmaron en la comuna santiaguina de Maipú un histórico Tratado de Integración y Cooperación orientado a complementar, sin sustituirlo, el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Tras rubricar el Tratado de Maipú, que contemplaba la profundización de las relaciones bilaterales en un amplio abanico de ámbitos, Fernández y Bachelet se fundieron en un emotivo abrazo.

Acercamiento a Bolivia y disputa marítima con Perú

Mucha mayor complejidad revistieron las relaciones con Perú y Bolivia, los dos países vecinos que habían perdido territorios (en el caso de Bolivia, además, la salida al mar) en la Guerra del Pacífico de 1879-1883, victoriosa para las armas chilenas. En julio de 2006 Bachelet asistió a la toma de posesión en Lima del nuevo presidente peruano, el socialdemócrata Alan García, quien veía el desarrollo económico chileno y su vasta red de acuerdos de libre comercio con un punto de envidia. El trato de honor especial dispensado a su huésped por el anfitrión fue considerado un gesto de acercamiento que deseaba pasar página a viejos resquemores.

Sobre la soberanía de las actuales regiones chilenas de Arica y Tarapacá no existía litigio, pues Perú estaba plenamente vinculado al Tratado de Lima de 1929, pero la demarcación de la frontera marítima ya era otra cuestión. La disputa concernía a una extensión de 38.000 km² de océano de forma triangular y rica en recursos pesqueros, sobre la que no había un acuerdo común de delimitación. Chile, amparándose en la Declaración de Santiago de 1952 y el Convenio de 1954 sobre Zona Especial Fronteriza Marítima, utilizaba la línea del paralelo para fijar de manera horizontal sobre el plano la frontera marítima y argumentaba que el límite territorial, la llamada Línea de la Concordia, no estaba a orillas del mar, sino en el denominado Hito nº 1, unos 264 metros tierra adentro hacia el nordeste. Perú, en cambio, sostenía que las 200 millas de aguas territoriales no venían fijadas por una prolongación del paralelo, sino por la bisectriz a las perpendiculares de las respectivas líneas de costa desde el llamado Punto de la Concordia, una ubicación ligeramente distinta, exactamente en la costa, de la Línea de la Concordia.

En enero de 2007 la Cancillería peruana entregó al embajador chileno una nota de protesta y llamó a consultas a su embajador en Santiago porque el proyecto de ley chileno sobre la creación de la región de Arica y Parinacota, segregada de la región de Tarapacá, entraba en consideraciones de frontera marítima para la nueva región. El polémico inciso fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de Chile y retirado del texto legal. Luego, en agosto, fue la Cancillería chilena la que envió su protesta diplomática, seguida de la llamada a consultas del embajador en Lima, por la publicación por Perú de una nueva cartografía sobre su dominio marítimo con arreglo a la tesis tradicional de la línea equidistante.

En septiembre, la extradición a Lima del ex presidente Alberto Fujimori, prófugo de la justicia peruana, mereció el aplauso de García, pero la disputa marítima no aflojó sino que fue a más, tal que en enero de 2008 García optó por demandar a Chile ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, con el fin de que fueran los jueces de La Haya los que dirimieran la cuestión. El canciller Foxley, en un gesto que empezaba a ser rutinario, volvió a llamar a consultas al embajador en Lima, pero la demanda ya estaba interpuesta y Chile no tenía más remedio que ir preparando su batería de argumentaciones legales. Hecho notable, la disputa marítima no afectó a la ratificación del Tratado de Libre Comercio firmado por los dos países el 22 de agosto de 2006 y que era una ampliación del Acuerdo de Complementación Económica de 1998. Muy beneficioso para las dos partes, que no sucumbieron a los extremos más dañinos del chovinismo patriotero, el TLC entró en vigor el 1 de marzo de 2009.

El diferendo con Perú se vio enmarañado por el canal de diálogo abierto por Bachelet y Evo Morales en torno a la tradicional demanda boliviana de recuperar una salida al mar en el corredor de Atacama, pues el antiguo departamento boliviano del Litoral era hoy la región chilena de Antofagasta. La suma discreción con que estaban discurriendo estos contactos sobre la base de una "agenda de 13 puntos" y compatibles, por lo que se veía, con la negativa de La Paz a venderle gas a Chile (precisamente en tanto no se satisficiera antes aquella reclamación histórica), inflamó la susceptibilidad del Gobierno García, que recordó que cualquier entendimiento entre Chile y Bolivia sobre la concesión de una salida al mar por sus antiguas provincias de Arica e Iquique tendría —así lo establecía el Tratado de Lima— que serle consultado a Perú.

El Gobierno Morales, a su vez, asistió con preocupación a la judicialización internacional del litigio marítimo chileno-peruano, pues concernía a aguas ribereñas de una hipotética y futura franja de costa boliviana. Las expectativas del arranque de negociaciones formales sobre el particular, alentadas con infundado optimismo por La Paz, fueron desmentidas por la Cancillería chilena. La posición oficial de Santiago siguió siendo la inviolabilidad de los tratados que habían establecido la adquisición por Chile de territorios bolivianos. En octubre de 2007 Bachelet lanzó un doble guiño amistoso a sus vecinos del norte al emitir una amnistía para cerca de 20.000 inmigrantes indocumentados de países latinoamericanos. La medida iba a permitir a cerca de 15.000 peruanos y 2.000 bolivianos que trabajaban en la economía informal chilena regular su situación y obtener la residencia legal.

Las palestras multilaterales y Estados Unidos

El 15 de septiembre de 2008 Bachelet, en tanto que presidenta pro témpore de la organización, orquestó en Santiago la primera cumbre formal de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), convocada con carácter de urgencia para analizar el grave conflicto político que libraban en Bolivia el Gobierno de Morales y la oposición regional, el cual estaba dejando un reguero de violencias y muertes. El máximo protagonismo de la cita recayó sin embargo en el brasileño Lula, quien se presentó en Santiago con el rol de mediador y muy preocupado por la desestabilización del país andino, cuyas importaciones de gas eran vitales para la economía brasileña. A la cumbre asistieron nueve de los doce presidentes de UNASUR; el único de los grandes que faltó fue el peruano García. En agosto de 2009 el ecuatoriano Rafael Correa cogió el relevo a su colega chilena como presidente rotativo de UNASUR.

Por otro lado, Bachelet fue la organizadora también de la XVII Cumbre Iberoamericana, en noviembre de 2007 en Santiago, que estuvo dominada por el conflicto entre Uruguay y Argentina a propósito de las plantas papeleras instaladas por el primer país junto a la frontera fluvial, y la Cumbre de Líderes Progresistas de marzo de 2009 en Viña del Mar, que contó con asistencia de gobernantes de centroizquierda de América y Europa. En febrero de 2009 Bachelet realizó a Cuba la primera visita de un presidente chileno desde la efectuada por Allende en 1972. En la isla, la dirigente se reunió con los hermanos Raúl y Fidel Castro, y reclamó el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos.

Las relaciones con la superpotencia norteña, socio comercial fundamental (Estados Unidos era el primer proveedor de las importaciones chilenas y el segundo cliente, tras China, de sus exportaciones de cobre, frutas y pescado), discurrieron de manera estable. La primera visita de trabajo de Bachelet a Washington, en junio de 2006, estuvo rodeada de informaciones sobre presiones de la Administración Bush a Chile para que votara en contra de Venezuela y a favor de Guatemala en la elección para un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU (Bachelet, mirando por las relaciones con los socios democristianos, hostiles a la elección de la República Bolivariana, terminó instruyendo a la delegación chilena en Nueva York para que se abstuviera en la votación) y otorgara inmunidad a los soldados del Ejército norteamericano ante la inminente adhesión de Chile a la CPI (cosa que no sucedió). Tres años después, la presidenta estuvo de vuelta en la Casa Blanca para reunirse con el demócrata Barack Obama. Este se deshizo en elogios del "modelo" de relación que su país había establecido con Chile, cuya presidenta era "uno de los mejores líderes" de América Latina.

Fuera de América, destacaron las relaciones con España, estrechadas con la firma por Bachelet en Madrid en mayo de 2006 de un Acuerdo de Asociación Estratégica. La parada en Madrid para reunirse con el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero (quien también había formado un Gobierno paritario de hombres y mujeres) fue previa a la asistencia en Viena a la IV Cumbre entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe (UE-ALC).

Chile en la crisis económica global; el ingreso en la OCDE

En su discurso presidencial de mayo de 2006 Bachelet se había trazado el objetivo, audaz y, en opinión de sus críticos, demasiado pretencioso, de convertir a Chile en un Estado desarrollado y sin pobreza ya en 2010, el año del Bicentenario. Aunque el país parecía bien encaminado, se trataba de un horizonte temporal más bien corto. El auge de las exportaciones cupríferas, con el metal cotizándose a precios históricamente altos y comprado masivamente por China y otras potencias emergentes, se tradujo en un crecimiento del PIB en 2007 superior al 5%, dinámica que tenía como contraparte negativa los repuntes inflacionarios.

En 2008, sin embargo, sobrevino el crash de Lehman Brothers seguido de la Gran Recesión, desastres que redujeron drásticamente las exportaciones chilenas y derrumbaron el precio del cobre. El año terminó con un crecimiento reducido al 3,2%. Aunque ya a últimos de 2008 el cobre recuperó a galope tendido su cotización internacional (gracias a la demanda de los emergentes, mucho menos afectados por la crisis que Estados Unidos, Japón y Europa), de manera que los precios del metal igualaron —y más tarde superaron— los valores de antes del estallido de la crisis, el golpe al sector exterior fue tan severo que Chile no pudo eludir la recesión en 2009: ese año su PIB retrocedió un 1,1% y el paro trepó al 9,7%, casi tres puntos más que en 2007.

La austeridad fiscal, la prudencia presupuestaria y la capacidad de ahorro, es decir, la regla del balance cíclicamente ajustado (BCA), cultivados por la Administración Bachelet y por los anteriores gobiernos de la Concentración antes del terremoto financiero de 2008, demostraron su utilidad ahora. Con los recursos financieros amasados en los años de bonanza, el Ejecutivo se encontró desahogado para adoptar las imprescindibles medidas de estímulo a la demanda interna sin pagar los precios de un abultado déficit estructural o de un endeudamiento significativo. La nueva política fiscal expansionista para acelerar la reactivación económica se hizo con cargo a los fondos soberanos, más de 20.000 millones de dólares que estaban depositados e invertidos en moneda extranjera fuera de Chile, luego no formaban parte de las reservas del Banco Central.

El más importante de estos fondos era el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), constituido en marzo de 2007 con una dotación inicial de 2.580 millones de dólares y concebido para financiar eventuales déficits fiscales y amortizar deuda pública, de manera que la consolidación fiscal no se viera comprometida por los vaivenes de la economía mundial y la volatilidad de los ingresos procedentes de los impuestos, el cobre y otras fuentes. Entonces, faltando un año para la llegada de la Gran Recesión, Bachelet resistió los llamamientos desde el ala izquierda de la Concertación para que destinara el superávit fiscal al gasto social y a corregir el escandaloso desequilibrio en el reparto de la renta nacional, que era la gran asignatura pendiente de la democracia.

En enero de 2009 el Gobierno tomó de los fondos de reserva más de 4.000 millones de dólares, cantidad equivalente al 2,8% del PIB, para fomentar el consumo, la inversión, el crédito y el empleo. El plan incluía ayudas directas a personas y familias, aumentos en las partidas de inversión pública, rebajas tributarias, una recapitalización de la Corporación del Cobre (CODELCO) y facilidades para la financiación de las pymes.

En marzo siguiente, el Ejecutivo anunció otro paquete de estímulo del crédito empresarial por valor de 3.600 millones. El Gobierno, que calculó mal el verdadero alcance de la crisis, se proponía asegurar un crecimiento económico este año de entre el 2% y el 3%. Sin embargo, como se apuntó arriba, 2009 cerró con una recesión del 1,1%, dato negativo que dejó patente la insuficiencia de las medidas de reactivación adoptadas en los primeros meses del año. Además, el déficit fiscal trepó este año al 4,5% del PIB y el déficit estructural se situó en el 3,1%. Aunque estos eran unos datos negativos, no preocupaban en exceso porque se referían a un déficit manejable, gracias al bajo nivel de endeudamiento, y muy probablemente pasajero, ya que los precios del cobre volvían a ser altos.

El 15 de diciembre de 2009, cuando la economía ya había tomado la senda de una robusta recuperación (2010, a pesar del catastrófico terremoto de febrero, iba a terminar con una tasa de crecimiento sobresaliente, del 5,9%), Chile recibió de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), al cabo de dos años y medio de conversaciones, la invitación a formar parte de este selecto grupo que incluía a los 30 países más desarrollados del mundo. Según el secretario general de la organización, Ángel Gurría, Chile había culminando una serie de reformas legales de acuerdo con las reglas y estándares de la OCDE, había aplicado con éxito medidas de estímulo económico apoyadas en la previa consolidación fiscal y había "dado pasos significativos en la reducción de la pobreza", si bien aún era "necesario avanzar más". En efecto, según la CEPAL, la pobreza había disminuido en Chile al 11,5%, dos puntos menos que en 2006, y la indigencia al 3,6%. Aunque el progreso estaba ahí, el "ambicioso" objetivo presidencial de la "indigencia cero" para el Bicentenario había quedado incumplido.

El 11 de enero de 2010 Bachelet presenció en La Moneda de la firma por su ministro de Hacienda, Andrés Velasco, del convenio de adhesión a la OCDE, que convertía a Chile en el primer país miembro de Sudamérica y el segundo de Latinoamérica tras México. Muy complacida por este ingreso, la presidenta afirmó que: "Lo que ha ocurrido durante estos 20 años es histórico. Chile deja atrás el subdesarrollo y se encamina a paso firme para convertirse en una nación desarrollada en unos años más. Pero la incorporación a la OCDE es mucho más que un reconocimiento. Es (…) el inicio de un nuevo camino cargado de futuro, que nos abre nuevas y grandes oportunidades para avanzar con mayor rapidez hacia ese anhelado desarrollo". En su discurso, Bachelet habló de "salto en la calidad de las políticas públicas", "modernización del Estado", "avanzados sistemas de redes de salud o de previsión", "mejorar nuestra competitividad", "más inversión extranjera", "más puestos de trabajo, y "una mejor calidad de vida" y "progreso para todos", pero no mencionó la pobreza ni la inequidad social.

Derrota de Frei, el terremoto de 2010 y entrega del mando a Piñera

La briosa recuperación económica (crecimiento superior al 6% en 2011 y 2012) y los niveles de popularidad estratosféricos de la mandataria saliente no evitaron que las encuestas se cumplieran y que el 13 de diciembre de 2009 Frei, con el 29,6% de los votos, fuera superado por Piñera, que recibió el 44%. En los comicios a la Cámara de Diputados, el bloque unido de la Concertación y Juntos Podemos Más (esta última alianza estaba integrada por el PCCh y la Izquierda Cristiana) sacó un escaño menos, 57 (de los cuales sólo 11 fueron para el PS), que la Coalición por el Cambio, aunque, con el 44,4%, aventajó ligeramente en número de votos al bloque derechista. En los comicios al Senado, el oficialismo y Juntos Podemos Más se quedaron con 19 escaños y la Coalición por el Cambio con 16.

Aunque Bachelet, por sí misma o a través de la secretaria general del Gobierno, Carolina Tohá Morales, quien se hizo cargo de la campaña oficialista, intensificó su apoyo a Frei, para algunos poco nítido antes de la primera vuelta, el postulante de la Concertación no pudo imponerse a Piñera, que el 17 de enero de 2010 se proclamó presidente con el 51,6% de los votos. La regularidad y normalidad del proceso, la transparencia y rapidez del recuento, y el gesto postrero de fair play de Frei al reconocer de inmediato su derrota y felicitar a Piñera, certificaron la impecabilidad de las elecciones de 2009-2010 y por tanto la consolidación de la democracia chilena. La misma estrenaba la alternancia, hasta no hace mucho, cuando Pinochet era comandante del Ejército y aún después, temida por los votantes del centroizquierda por lo que pudiera suponer de involución.

Bachelet estaba ya en la cuenta atrás para la entrega de la banda presidencial, en un momento de grandes satisfacciones personales, sólo limitadas por la derrota electoral, tras 20 años de gobiernos de la Concertación, frente a los partidos de la derecha, cuando Chile fue sacudido por el terremoto del 27 de febrero de 2010, el segundo más fuerte de su historia.

El movimiento sísmico, de 8,8 grados de magnitud, largo en duración y con epicentro en un punto del océano a pocos kilómetros de las costas de las provincias de Ñuble y Cauquenes, golpeó con enorme violencia las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía. La destrucción fue masiva en Maule y Biobío, donde varias ciudades quedaron arrasadas. Carreteras, aeropuertos, puentes y otras infraestructuras públicas sufrieron destrozos de diversa consideración en todo el país, sin faltar la capital. Varios edificios altos de reciente construcción y que probablemente no cumplían las normas de seguridad antisísmicas se desplomaron. Millones de chilenos se quedaron temporalmente sin electricidad y teléfono. El balance de víctimas mortales quedó establecido, tras unos recuentos oscilantes, en los 550 fallecidos.

En los primeros momentos posteriores al temblor, Bachelet, que declaró el "estado de excepción por catástrofe", informó a la población de que no había riesgo de tsunami y llamó a la tranquilidad frente a ese peligro. Sin embargo, al cabo de unos minutos llegó la gran ola (en realidad, varias olas sucesivas), que devastó cientos de kilómetros de costa y magnificó los daños materiales y humanos causados por el temblor en tierra tan sólo media hora antes. El error de comunicación institucional fue achacado a un fallo en el procedimiento de alerta, concretamente en la cadena de transmisiones dentro de los sistemas nacionales, cuyo eje era el servicio de monitorización oceanográfica de la Armada.

El pánico y la conmoción dieron rápidamente paso a la indignación y la vergüenza porque muchas de las zonas afectadas por el terremoto devinieron escenarios de graves actos de pillaje y vandalismo, no pocos por parte de personas que en vez de tomar alimentos para subsistir robaban bienes de consumo muy codiciados. Las escenas de saqueos de supermercados y comercios fueron retransmitidas en directo a todo el mundo. Los desórdenes se prolongaron entre dos y tres días, hasta que hicieron acto de presencia los efectivos del Ejército y los Carabineros para hacer efectivos el respeto a las propiedades y el toque de queda.

Pese al clamoroso fracaso de los sistemas de prevención del maremoto, a las críticas por la lentitud de la respuesta y la descoordinación de las autoridades, a la aparente reticencia en aceptar la ayuda ofrecida por multitud de países y al caos desatado en calles y campos, Bachelet no sufrió merma en su popularidad porque ofreció una imagen diligente y voluntariosa, movilizando a todo su Gabinete en la coordinación de las labores de rescate y socorro, recorriendo en helicóptero las zonas devastadas, infundiendo ánimos a los damnificados y apelando al temple de la nación, así como advirtiendo que se aplicaría todo el rigor de la ley a los saqueadores, los cuales estaban perpetrando verdaderos estragos en ciudades como Concepción. Estas fueron las amargas circunstancias que rodearon la transmisión del mando presidencial, perturbada por nuevas réplicas telúricas, el 11 de marzo de 2010. En el nuevo jefe del Estado, Piñera, recaía la responsabilidad de reconstruir las zonas devastadas. El Gobierno entrante calculó que las pérdidas ocasionadas por el terremoto ascendían a 30.000 millones de dólares.

Fuera del Gobierno: un perfil internacional de primer orden

La ya ex presidenta se había labrado en estos cuatro años una excelente reputación como estadista fuera de Chile, la adecuada para hacerla merecedora de una alta función internacional.

El 14 de septiembre de 2010, luego de poner en marcha la Fundación Dialoga, un think tank para "apoyar el liderazgo progresista y, en particular, el de las mujeres y los jóvenes", y de ingresar en el Club de Madrid, el mayor foro mundial de antiguos jefes de Estado y de Gobierno, Bachelet fue anunciada por el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, como la próxima directora ejecutiva de ONU Mujeres, nueva agencia de las Naciones Unidas, nacida de la integración de cuatro organismos preexistentes (el más destacado de los cuales era el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM), para promover la igualdad de género y los derechos de la mujer. ONU Mujeres iba a empezar a funcionar el 1 de enero de 2011 y dispondría de un presupuesto anual de 500 millones de dólares.

Según Ban, Bachelet poseía "liderazgo dinámico y global", "estatura internacional", "habilidades políticas probadas" y una "capacidad poco común de crear consenso", cualidades todas que la hacían idónea para convertir a la nueva agencia en "una entidad poderosa, dinámica y efectiva". "Tengo la confianza de que bajo su firme liderazgo vamos a poder mejorar las vidas de millones de mujeres y niñas en todo el mundo", añadió Ban en su elogio a la estadista chilena, que iba a tener la condición añadida de subsecretaria general de la ONU. Tras estrenar su despacho en Nueva York el 19 de septiembre, Bachelet se volcó en su nuevo cometido, que tenía como prioridades detener la violencia de género, aumentar la participación y el liderazgo políticos de las mujeres así como su empoderamiento económico, incrementar la participación femenina en los procesos de paz y apoyar a los gobiernos que aplicaran políticas de Estado para la promoción de los derechos de la mujer.

La directora ejecutiva orquestó en Nueva York los períodos de sesiones anuales 55º (2011), 56º (2012) y 57º (2013) de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, conocida en síntesis como Comisión de la Condición de la Mujer (o Comisión sobre el Estatus de la Mujer, CSW), un órgano dependiente del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas. 

La CSW55 de 2011 tuvo como temas prioritarios el acceso y la participación de las mujeres y niñas en la educación, la capacitación, la ciencia y la tecnología, así como la promoción de la igualdad de acceso de las mujeres al pleno empleo y a un trabajo decente, y examinó la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra la niña. La CSW56 de 2012 abordó el empoderamiento de las mujeres rurales y su función en la erradicación de la pobreza y el hambre, y sometió a examen el financiamiento de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres. La CSW57 de 2013 discutió y llegó a un acuerdo sobre la eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra la mujer y la niña, y examinó la cuestión del reparto equitativo de responsabilidades entre mujeres y hombres, incluido el cuidado de otras personas en el contexto del VIH/sida.

La actividad internacional de Bachelet en estos años no estuvo limitada a ONU Mujeres. En agosto de 2010, un mes antes del nombramiento por Ban Ki Moon, la chilena asumió la presidencia del Consejo Asesor sobre el Piso de Protección Social, iniciativa conjunta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), orientada a promover políticas nacionales que estimularan el crecimiento y la cohesión social en tiempos de crisis económica. En octubre de 2011 el Consejo publicó un documento guía para la ONU titulado Piso de Protección Social para una Globalización Equitativa e Inclusiva.

Regreso a la política para disputar las presidenciales de 2013

A lo largo de 2012, de manera creciente, la prensa chilena se hizo eco de las especulaciones sobre el posible interés de Bachelet, que seguía gozando de muy elevados niveles de apoyo en casa y paseaba por las palestras mundiales su prestigio internacional, en reanudar la actividad política con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2013. El silencio de la ex mandataria sobre esta cuestión no hizo más que reforzar la convicción generalizada de que Bachelet se disponía a candidatear otra vez en nombre de la Concertación, que pasaba por una verdadera crisis existencial.

Marzo de 2013 fue el mes decisivo que aclaró las opciones del futuro inmediato de Bachelet. El 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, la directora ejecutiva de ONU Mujeres hizo un enérgico llamamiento a la acción colectiva para acabar de una vez por todas con la lacra del maltrato de género a la mujer. Coincidiendo con la CSW57 y desde Nueva York, Bachelet manifestó que: "Mi mensaje (…) tiene de esperanza, pero también de indignación. Tengo esperanza porque aumenta la conciencia y la movilización a favor de los derechos de las mujeres en todas partes y cada vez somos más las personas que decimos ¡basta ya!. No hay lugar en el siglo XXI para la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas. Pero siento indignación porque mujeres y niñas siguen sufriendo altos índices de discriminación, violencia y exclusión".

Bachelet seguía diciendo: "Se les culpa sistemáticamente, se les hace sentir vergüenza por la violencia que se comete contra ellas, y, con demasiada frecuencia, buscan justicia sin conseguirla. Ha llegado la hora de que los gobiernos cumplan sus promesas y protejan los Derechos Humanos, respetando los convenios y acuerdos internacionales que han firmado. Una promesa es una promesa". Tras enfatizar con sucesivos "no" una lista de abusos y crímenes contra las mujeres, la directora sentenció su alocución con estas palabras: "No puede haber paz, no puede haber progreso mientras las mujeres vivan con miedo a sufrir violencia".

El 15 de marzo, en la clausura de la CSW57, Bachelet comunicó que renunciaba a la dirección ejecutiva de ONU Mujeres —posteriormente el cargo recayó en la sudafricana Phumzile Mlambo-Ngcuka— "por motivos personales" y que planeaba regresar a su país. No dio más explicaciones a su decisión. Ban Ki Moon expresó su gratitud a la funcionaria chilena por sus "sobresalientes servicios", destacando que: "Ella fue la persona correcta en el trabajo correcto en el momento correcto. Su liderazgo visionario dio a ONU Mujeres el comienzo dinámico que necesitaba", glosó el secretario general. Una encuesta del momento otorgaba a Bachelet un 54% de respaldos electorales si se presentaba candidata a la Presidencia, porcentaje que dejaba a enorme distancia a cualquiera de sus potenciales adversarios, tanto de la Concertación como de la Alianza por el Cambio.

El 27 de marzo Bachelet aterrizó en Santiago procedente de Nueva York en medio de una fenomenal expectación nacional. A las pocas horas, en su primera actividad pública con motivo de una muestra cultural en la comuna santiaguina de El Bosque, Bachelet destacó el "compromiso" que tenía con su país, que por eso había decidido volver, y que "con alegría, con determinación y con mucha humildad" había "tomado la decisión de ser candidata". "Estoy decidida a convocar una nueva mayoría política y social para llegar juntos a la Presidencia de la República. Para que tengamos un Chile que progresa en cada uno de nosotros, un país con más justicia, más unidad, más participación y mayor solidaridad", añadió la ex mandataria en el discurso que lanzaba su postulación.

Tal como habían anunciado, el 13 de abril el PS, presidido por Osvaldo Andrade Lara, y el PPD, presidido por Jaime Quintana Leal, proclamaron de manera conjunta a Bachelet precandidata para las elecciones presidenciales del 17 de noviembre de 2013. Mucho antes, el 30 de junio, la aspirante tendría que dirimir su ambición con tres contrincantes en el seno del conglomerado opositor: el precandidato del PDC, Claudio Orrego Larraín; el presidente del PRSD, José Antonio Gómez Urrutia; y Andrés Velasco, el ministro de Hacienda durante todo el mandato de 2006-2010, quien competía como independiente. Incluso antes de ser nominada por el PS y el PPD, el 7 de abril, Bachelet recabó el apoyo de un pequeño partido de izquierda que no formaba parte de la Concertación, el Movimiento Amplio Social (MAS), creado en 2008 por el disidente del PS Alejandro Navarro Brain.

A continuación, el 30 de abril, la exhortación hecha por Bachelet el día de su regreso al país sobre la necesidad que había de convocar "una nueva mayoría política y social que nos permita enfrentar la desigualdad y construir un Chile más inclusivo" adquirió una concreción precisa con la inscripción en el Servicio Electoral de Nueva Mayoría, coalición sin precedentes que reunía a los cuatro partidos de la Concertación, conglomerado que algunos de sus miembros dieron ahora por periclitado, más el PCCh, la Izquierda Ciudadana (IC, ex Izquierda Cristiana) y el MAS. El camino hacia esta histórica reagrupación de las principales fuerzas del centro y la izquierda de Chile había comenzado antes de las elecciones municipales de octubre de 2012, a las que el PPD, el PRSD (procedentes de la Concertación), el PCCh y la IC (procedentes de Juntos Podemos Más) habían acudido de la mano con la lista Por un Chile Justo, que tuvo unos excelentes resultados. En conjunto, Por un Chile Justo y la Concertación Democrática del PDC y el PS aventajaron con rotundidad a la Coalición por el Cambio en estos comicios locales.

El 25 de mayo, al cabo de una profunda deliberación interna no exenta de trifulcas, el PCCh, liderado por Guillermo Teillier del Valle, y la IC resolvieron aceptar a Bachelet como su precandidata para las primarias de Nueva Mayoría y también como su candidata para la primera vuelta electoral nacional. Esta era la primera vez que los comunistas chilenos respaldaban al principal abanderado electoral del centro-izquierda desde el retorno de la democracia en 1990, hito que suscitó rechazo en figuras destacadas del PCCh, como la anterior dirigente estudiantil Camila Vallejo Dowling, conocida crítica de la gestión presidencial de Bachelet, pero que también puso en guardia a los sectores más moderados de la antigua Concertación, concretamente los democristianos, inquietos con la posibilidad de que los comunistas pudieran obtener puestos gubernamentales, que sería la lógica consecuencia de un regreso de Bachelet a La Moneda.

El 30 de junio, con semejante acopio de apoyos a su precandidatura, Bachelet, sin sorpresas, barrió a sus tres rivales con el 73% de los votos depositados por tres millones de electores chilenos que quisieron tomar parte en estas primarias abiertas, reguladas por la nueva legislación de 2012. Las propuestas formuladas por Bachelet durante la precampaña fueron la base de su programa de Gobierno divulgado en la campaña. Bajo el lema de Chile de todos (el lema de la precampaña había sido Yo quiero Chile), la candidata identificó tres "reformas estructurales" y una serie de "medidas para un nuevo Chile".

La primera reforma estructural se refería a la redacción de una nueva Constitución, sustitutiva de la promulgada por Pinochet en 1980 y dejada en herencia a los gobiernos democráticos en 1990, la cual había experimentado 14 enmiendas y correcciones desde entonces. La política socialista no precisó el método que se emplearía para reemplazar una Carta Magna que mantenía "escollos profundos" y "trabas autoritarias" a la "voluntad soberana del pueblo". Entre las mejoras que debía traer la nueva Constitución figuraba la tantas veces contemplada y nunca plasmada abolición del sistema binominal en las elecciones legislativas, justamente uno de los puntos que se le habían quedado en el tintero al Gobierno de 2006-2010. La futura norma suprema también tendría que reconocer expresamente la "multiculturalidad" de Chile.

Otra reforma estructural afectaría al sistema educativo público, para el que los estudiantes, de nuevo en pie de guerra durante la presidencia de Piñera, demandaban máximas cotas de gratuidad y calidad. Aquí, Bachelet ofrecía acometer las modificaciones legales necesarias para "asegurar la calidad", "alcanzar la gratuidad universal", "poner fin al lucro en todo el sistema educativo" e "incrementar la equidad en el acceso a la educación superior". Las propuestas educativas incluían a la Universidad. Finalmente, estaba la propuesta de reforma tributaria, ligada a cuatro objetivos: aumentar la recaudación (concretamente, en 8.200 millones de dólares, cantidad equivalente a un 3% del PIB) para financiar los gastos de la reforma educacional y de otras políticas en el ámbito de la protección social, así como el déficit fiscal resurgido en el último año de la actual Administración; avanzar en la "equidad tributaria", introduciendo progresividad al sistema, de manera que las rentas más altas tributaran más, al igual que las grandes empresas; introducir nuevos mecanismos fiscales para incentivar el ahorro y la inversión; y reducir la evasión y el fraude.

Luego, el programa de Bachelet mencionaba una pléyade de medidas y compromisos en virtualmente todos los campos que afectaban a los ciudadanos. El 7 de octubre la candidata, repitiendo el esquema publicitado en la campaña electoral de 2005-2006, habló de "50 compromisos para mejorar la calidad de vida en el Chile de todos", a ejecutar en los primeros cien días de Gobierno. 

El paquete incluía el envío al Congreso del proyecto de ley para la reforma educacional, la puesta en marcha de 132 Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR), el estudio, licitación o inicio de la construcción de 40 nuevos hospitales, la concesión de carácter permanente al llamado Bono Marzo, destinado a familias con bajos recursos, y, en el terreno previsional, el abono de la Pensión Básica Solidaria a beneficiarios que hubieran perdido el derecho a percibirla y el envío al Congreso de un proyecto de ley para la creación de una Administración de Fondos de Pensiones (AFP) estatal. Por otra parte, Bachelet se mostraba partidaria de despenalizar el aborto en los casos de violación y de gestaciones con alto riesgo para la madre o con malformaciones del feto incompatibles con la vida, así como el matrimonio homosexual.

Los principales contrincantes de la candidata de Nueva Mayoría eran tres. Por la oficialista Alianza (ex Coalición por el Cambio) concurría Evelyn Matthei Fornet, miembro de la UDI, hasta el mes de julio Ministra de Trabajo y Previsión Social con Piñera, e hija —el dato biográfico suscitaba múltiples evocaciones— de precisamente otro general de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei Aubel, quien fuera camarada de armas y amigo personal de su colega de escalafón Alberto Bachelet, si bien Matthei escogió respaldar el golpe de Pinochet y servir en el régimen militar, del que fue uno de sus principales capitostes; tanto habían compartido los dos generales antes del golpe de 1973 que sus respectivas hijas, cuando niñas, fueron compañeras de juegos en la base militar donde los padres servían. A mayor distancia en los sondeos aparecían Marco Enríquez-Ominami, por su Partido Progresista (PRO), y el independiente Franco Parisi Fernández.

Reconocimientos y distinciones

Michelle Bachelet está en posesión de un extenso elenco de premios y reconocimientos. Entre los recibidos mientras estuvo en el Palacio de La Moneda se citan: el Premio Nueva Economía Fórum 2006 (España); el Premio Ramón Rubial a la Defensa de la Democracia y la Libertad (España, 2007); el Shalom Award del Congreso Mundial Judío (2008); el Global Trailblazer Award de Vital Voices (organización fundada por Hillary Clinton, una de las personalidades políticas internacionales más próximas a la chilena); el mismo año, en 2008, el Premio al Máximo Liderazgo de Vital Voices de las Américas (Argentina); el Gold Insigne Award de la American Society/Council of the Americas, AS/COA (Estados Unidos, 2009); la Orden del Honor al Mérito del Fútbol Sudamericano de la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL (2009); y el Collar de la Orden de Isabel la Católica (España, 2010).

Tras dejar la Presidencia, Bachelet acrecentó su palmarés de galardones: Mujer del Bicentenario para la Compañía Chilena de Electricidad, Chilectra (2010); Premio Internacional de la Federación de Mujeres Progresistas (España, 2010); Award for Leadership in Global Trade de la Association of Bi-National Chambers of Commerce, ABiCC (Florida, 2010); Human Rights Award de la Washington Office on Latin America, WOLA (Washington, 2010); Newsmaker of the Decade Award de la agencia de noticias neoyorkina Women's eNews (2011); condecoración Generala Juana Azurduy del Ministerio de Defensa de Argentina (2012); Eisenhower Medal For Leadership and Service (Estados Unidos, 2012); Humanitarians to the World para la Gabriela Mistral Foundation de Nueva York (2012); Premio Internacional Cristóbal Gabarrón a una Trayectoria Humana (2012); y Humanitätspreis del Colegio de Abogados de Frankfurt (Alemania, 2013). Además, posee licenciaturas y doctorados honoris causa por las universidades de Brasilia (2006), San Carlos de Guatemala (2007), Essex (2008), Pompeu Fabra de Barcelona (2010), Nacional de Córdoba (2010), Católica de Córdoba (2010), Internacional Menéndez Pelayo (2010), Autónoma de Santo Domingo (2010), París-Sorbona (2010), Jaume I de Castellón (2011), Peruana Cayetano Heredia de Lima (2012), Montreal (2012) y Columbia (2012).

(Cobertura informativa hasta 16/12/2013).

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