Fouad Mebazaa

El 15 de enero de 2011 Fouad Mebazaa, presidente de la Cámara de Diputados de Túnez, prestó juramento como presidente interino de la República para cubrir la vacancia dejada en la jefatura del Estado por Zine El Abidine Ben Alí, el dictador sucumbido a la llamada revolución de los jazmines. Veterano apparatchik de la vieja guardia desturiana repescado para su servicio en 1987 por el entonces triunfante Ben Alí, Mebazaa, en la turbulenta transición a la democracia, representa la legalidad constitucional heredada del anterior régimen. Tras separarse del partido hasta ahora en el poder, el RCD, y obtener del Parlamento la facultad de gobernar por decreto, Mebazaa ha sido testigo de una nueva campaña de protestas populares y del escepticismo de los partidos opositores, apenas representados en el agonizante Gobierno de transición. La dimisión forzada del primer ministro Mohammed Ghannouchi, el 27 de febrero, ha revalorizado su posición en un escenario tensado por la indefinición del horizonte electoral y por la impresión de que el Ejecutivo toma decisiones rupturistas en la medida que lo exigen los actores de la sociedad civil, la cual no desiste de marcarle el paso del país.

(Texto actualizado hasta marzo 2011)

1. Una vida dedicada a los regímenes bourguibista y benalista
2. Presidente interino de Túnez


1. Una vida dedicada a los regímenes bourguibista y benalista
Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por la Universidad de París, ya antes de la independencia fue un activo militante del partido nacionalista Neo-Destur de Habib Bourguiba, cuyas células en la población tunecina de La Marsa y en Montpellier encabezó. Tras el final del protectorado francés y la proclamación de la República en 1957, desempeñó funciones dirigentes en la Unión General de Estudiantes Tunecinos (UGET) y en la Asociación de Estudiantes Musulmanes Norteafricanos (AEMNA) en París.

Su carrera en el aparato administrativo del Estado tunecino se remonta a 1961, cuando entró como adjunto en el Gabinete del secretario de Estado de Salud Pública y Asuntos Sociales. Ese mismo año fue elegido miembro y presidente del Comité de Coordinación del Neo-Destur y en 1962 ascendió a jefe del Gabinete del secretario de Estado de Agricultura. En 1964, con el cambio de nombre del Neo-Destur, en adelante llamado Partido Socialista Desturiano (PSD), Mebazaa pasó a integrar el Comité Central de la formación que ostentaba el monopolio político, al tiempo que asumió la Dirección de Juventud y Deportes y ganó el primero de sus seis mandatos electorales en la Cámara de Diputados. Hasta el final de la década dirigió la Seguridad Nacional en el Gobierno y de nuevo el departamento de Juventud y Deportes. Entre 1969 y 1973 ocupó la alcaldía de Túnez capital.

Aquel último año Bourguiba le confirió su primera responsabilidad ministerial, la de Juventud y Deportes, en el Gabinete que encabezaba Hédi Amira Nouira. En 1974 retornó al Parlamento tras un hiato de nueve años y se convirtió en miembro del Buró Político del PSD a instancias del IX Congreso del partido. En 1978 asumió la cartera de Salud Pública y un año más tarde tomó la de Cultura e Información. Entre 1975 y 1980 fue alcalde de La Marsa.

La caída de Nouira, descabalgado en 1980 como primer ministro y secretario general del PSD en beneficio de Mohammed Mzali, arrastró a sus protegidos en los altos escalafones, uno de los cuales era Mebazaa. Así, en 1981 el XI Congreso del PSD no le reeligió miembro del Buró Político, Mzali le despidió del Gobierno y el partido tampoco le renovó en su lista de candidatos a la Cámara de Diputados. En los seis años siguientes, Mebazaa continuó sirviendo al Estado pero apartado de la actividad política doméstica, realizando misiones diplomáticas en el extranjero: primero, como representante permanente de Túnez ante la oficina de la ONU en Ginebra y luego, desde 1986, como embajador en Marruecos.

El cambio de guardia de noviembre de 1987, cuando el primer ministro Zine El Abidine Ben Alí, en un golpe suave de palacio, declaró incapacitado al anciano Bourguiba y tomó para sí la Presidencia de la República, vino a rescatar de su medio exilio a Mebazaa, quien fue rápidamente repescado para las tareas de gobierno como titular del Ministerio que mejor conocía, el de Juventud y Deportes. En el nuevo Gabinete, el veterano político se puso a las órdenes del primer ministro Hédi Baccouche. En febrero de 1988 Ben Alí dispuso la conversión del PSD en el Reagrupamiento Constitucional Democrático (RCD) y en su primer congreso, en julio siguiente, Mebazaa fue elegido miembro del nuevo Comité Central, tras lo cual abandonó el Ejecutivo nacional.

Durante un septenio, Mebazaa sirvió al régimen exclusivamente desde el alto aparato del RCD, que en virtud de las reformas pseudodemocráticas implementadas por Ben Alí pasó de ser un partido único de hecho a otro hegemónico, no cambiando en esencia la naturaleza dictatorial del régimen. La doble elección en 1995 como alcalde de Cartago, municipio de la gobernación que incluye a la capital del país, y, tras 14 años de ausencia, como diputado de la Cámara precedió su promoción en 1997, también por duplicado, a los puestos de miembro del selecto Buró Político del RCD -luego recuperó la posición ocupada por última vez en 1981- y, el 14 de octubre, de presidente del propio hemiciclo legislativo, donde tomó el relevo a Habib Boularès.

Reelegido sucesivamente al frente de la Cámara de Diputados tras las elecciones legislativas de octubre de 1999, octubre de 2004 y octubre de 2009, Mebazaa se acomodó en su papel institucional meramente figurativo, toda vez que el Parlamento estaba ampliamente dominado por el RCD y este, a su vez, no era más que el coadjutor dócil de Ben Alí, el cual, junto con sus familiares y favoritos, hacía y deshacía con criterio personalista en esta república autoritaria y corrupta. Silencioso y anodino, Mebazaa era el perfecto funcionario útil a los designios del autócrata, quien lo utilizaba como correa de transmisión de sus decisiones.

La colaboración del poder legislativo con los abusos del poder ejecutivo se puso especialmente de manifiesto en la reforma constitucional de mayo de 2002, que, entre otros cambios –como la creación de la Cámara de Consejeros a modo de Senado del nuevo Parlamento bicameral-, dispuso la abolición de la limitación de los ejercicios presidenciales a tres, permitiendo a Ben Alí postularse para un cuarto mandato quinquenal consecutivo en octubre de 2004 y a un quinto en octubre de 2009.

Con todo, Mebazaa encarnaba de manera potencial una condición política muy relevante: la contemplada por el artículo 57 de la Constitución, el cual estipulaba que, en caso de vacancia en la Presidencia de la República por dimisión, muerte o incapacidad permanente del titular, y previo dictamen del Consejo Constitucional, el presidente de la Cámara baja del Parlamento asumía de inmediato las funciones del jefe del Estado en calidad de presidente interino de la República por un período máximo de 60 días, al cabo del cual debían celebrarse elecciones presidenciales.


2. Presidente interino de Túnez
De una manera absolutamente impensada, Mebazaa vio activarse el mecanismo constitucional que le afectaba en enero de 2011 porque el presidente Ben Alí, tras 23 años de poder omnímodo, hubo de escapar precipitadamente del país bajo el acoso de un alzamiento popular sin precedentes que había estallado el mes anterior y que en cuestión de días puso a su régimen contra las cuerdas. En la tarde del 14 de enero la revolución del jazmín, desafiando el estado de urgencia y el toque de queda, consiguió derribar al dictador, al que dejaron en la estacada las Fuerzas Armadas, contrarias a disparar contra los manifestantes, y al que tampoco pudo sostener un poderoso aparato policíaco responsable de la muerte de más de 200 personas.

Entonces, el primer ministro desde 1999 y vicepresidente del RCD desde 2001, Mohammed Ghannouchi, informó a la nación que, puesto que el presidente estaba "temporalmente incapacitado para ejercer sus funciones", él, en virtud del artículo 56 de la Constitución, asumía dichas funciones en calidad de "presidente interino". Ghannouchi realizó su breve alocución televisiva flanqueado por Mebazaa y por el presidente de la Cámara de Consejeros, Abdallah Kallel.

Aunque se trataba de una transferencia de poder pactada por Ghannouchi y Ben Alí instantes antes de la fuga de este a Arabia Saudí, lo precipitado y confuso del movimiento puso en guardia al Consejo Constitucional, que se apresuró a legitimar la mudanza dándole su imprescindible aval jurídico. Así, en la jornada siguiente, 15 de enero, el alto tribunal dictaminó que la vacancia de Ben Alí era "permanente", luego procedía a aplicar la previsión del artículo 57: automáticamente, Mebazaa quedaba investido como presidente interino de la República.

Sin pérdida de tiempo, el jefe legislativo prestó juramento de su nuevo cargo ante Kallel y una representación parlamentaria de las dos cámaras. Su primera decisión fue encargar a Ghannouchi la formación de un Gobierno de "unidad nacional" capaz de ejecutar con presteza las reformas democráticas reclamadas por la sociedad, hasta el término del período de transición con la celebración de elecciones generales anticipadas "libres y transparentes". Las elecciones legislativas tendrían que realizarse a mediados de año, tal como había prometido el propio Ben Alí horas antes de su caída, cuando anunció, en un intento desesperado de aplacar la furia popular, nuevos comicios en el plazo de seis meses.

En cuanto a las elecciones a presidente de la República, la Carta Magna ordenaba su celebración en 60 días a más tardar, aunque en estos momentos nadie parecía interesado, y los primeros los partidos de la oposición, que necesitaban tiempo para reorganizarse, en cumplir la letra de la ley. Lo más probable era que las presidenciales tuvieran lugar a la vez que las legislativas, en junio o en julio. Llegado el caso, estaba por ver que Mebazaa continuara en el cargo hasta entonces, ya que la Constitución sólo le autorizaba presidir el país hasta el 15 de marzo.

Por de pronto, Mebazaa se integró en el diálogo "sin exclusiones" con la oposición –en realidad, sólo con la legal, pues fuerzas políticas proscritas pero representativas, como los islamistas del Ennahda, fueron marginadas de las conversaciones- anunciado por Ghannouchi con la mirada puesta en el Gobierno de coalición, aunque en su caso con un rango formal de atribuciones bastante limitado.

Así, la Constitución le prohibía a Mebazaa convocar referendos, destituir al Gobierno, disolver la Cámara de Diputados o adoptar las "medidas excepcionales" aludidas por el artículo 46, en el capítulo de facultades del presidente titular, en la circunstancia de un "peligro inminente" que amenazara las instituciones de la República, la seguridad y la independencia del país, y el funcionamiento de los poderes públicos. Tampoco podía presentarse candidato en las elecciones presidenciales que darían remate a su mandato. Además, en el período presidencial interino, continuaba prescribiendo la ley suprema, no podían hacerse modificaciones al texto constitucional, un impedimento que no casaba bien con las urgencias democratizadoras de los manifestantes, dispuestos a mantener viva la llama de su revolución y a respirarle en la nuca al primer ministro.

El Gobierno de unidad encabezado por Ghannouchi empezó a hacer aguas nada más constituirse el 17 de enero por las dimisiones inmediatas de los tres ministros sindicalistas de la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT) y del representante solitario del partido opositor Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades (FDTL, o Ettakatol), Mustafa Ben Jaafar. Estos portazos hicieron más ostensible aún la preponderancia del RCD en el Ejecutivo, que controlaba nueve de los 22 puestos, incluidos los ministerios clave de Interior, Defensa, Exteriores y Finanzas.

Para mitigar la irritación de la calle, Mebazaa y Ghannouchi, el 18 de enero, anunciaron su retirada del Buró Político del RCD y de paso su baja del partido del que habían sido miembros desde la juventud, mientras que el Comité Central expulsaba del supremo órgano al prófugo Ben Alí y a otros cinco miembros. Al día siguiente, Mebazaa prometía a los tunecinos por la televisión "una ruptura total con el pasado" así como la proclamación de una amnistía general. El 20 de enero eran todos los ministros del RCD los que voluntariamente se separaban de la formación; simultáneamente, el Buró Político, despojado ya de casi todos sus miembros, decidió autodisolverse. El 23 de enero Mebazaa fue testigo del arresto domiciliario de su colega en la Cámara de Consejeros, Abdallah Kallel, un capitoste del viejo régimen al que los manifestantes exigían cuentas por su labor como ministro de Defensa y del Interior.

La protesta en curso demandaba también la cabeza del propio Ghannouchi. El único viejo rostro de la era benalista que, por el momento, no concitaba las iras del sector más radicalizado de los revolucionarios parecía ser el septuagenario Mebazaa, quizá porque lo veían como un alto cargo del Estado puramente institucional, sin un marcado signo político, luego inocuo para los objetivos democráticos. Además, no estaba relacionado con las operaciones represivas de la anterior presidencia ni tampoco parecía involucrado en los desmanes de la corrupción.

El 27 de enero Ghannouchi presentó un nuevo Gabinete en el que ya no figuraban ninguno de los nombres importantes del viejo régimen ni miembros del RCD salvo tres secretarios de Estado. No por ello se cortaron las protestas, que el 5 de febrero se cobraron cuatro muertos en El Kef, en el noroeste, donde una muchedumbre fue tiroteada por policías cuando se manifestaba ante una comisaría reclamando el cese del jefe de la Policía local. Al día siguiente, el Ministerio del Interior, en aras del "interés general", suspendía todas las actividades del RCD, que parecía abocado a la disolución.

En este momento de máxima debilidad de Ghannouchi, incapaz de obtener el beneplácito popular y de conferir el impulso decisivo a su gestión transitoria, el Parlamento acudió a reforzar la posición de Mebazaa. Conformada desde las elecciones de 2009 por una mayoría absoluta de 161 diputados del RCD, la Cámara baja aprobó el 7 de febrero una proposición de ley para, en virtud del artículo 28 de la Constitución, conferir al mandatario interino poderes extraordinarios, permitiéndole gobernar por decreto ley en cuestiones como la amnistía general, la protección de los Derechos Humanos, la legalización de partidos o la persecución de los delitos de corrupción.

De los 214 diputados, sólo 16 votaron en contra y uno se abstuvo. Al iniciarse la sesión plenaria, Ghannouchi defendió la concesión de facultades especiales a Mebazaa "por el momento de crisis que vive el país" y porque se trataba de "la mejor opción para no perder tiempo en la aplicación de las urgentes reformas necesarias". Mientras tanto y en el exterior, centenares de manifestantes exigían la disolución del Parlamento por considerarlo "no democrático y representante de la dictadura". El 9 de febrero la Cámara alta ratificó de forma unánime el proyecto de ley que fortalecía a Mebazaa, quien, tras declararse "orgulloso" de la "revolución de la libertad y la dignidad", se dirigió a los tunecinos para anunciarles "negociaciones sociales a escala nacional" y pedirles "racionalidad" y "paciencia", ya que si bien sus demandas eran "legítimas", también debían "comprender la difícil situación" que afrontaba el país.

Las exhortaciones del presidente interino cayeron en saco roto. Una nueva ola de algaradas antigubernamentales se abatió sobre la capital el 25 de febrero, día en que cientos de jóvenes manifestantes incendiaron las instalaciones del Ministerio de Turismo e intentaron asaltar el Ministerio del Interior. En la plaza de la Kasbah cumplía una semana una acampada protagonizada por paisanos procedentes de las gobernaciones del interior, enfadados porque las nuevas autoridades locales nombradas por el Gobierno central tenían vínculos con el régimen benalista. Las protestas movilizaban a decenas de miles de personas en todo el país. El Gobierno de transición, en la cuerda floja, anunció la convocatoria de elecciones, no especificó si legislativas o presidenciales, "como máximo a mediados del próximo mes de julio".

El 26 de febrero la situación empeoró con el registro de violentos enfrentamientos en Túnez, los peores desde las jornadas revolucionarias de enero, entre manifestantes provistos de piedras y fuerzas antidisturbios, con el resultado de cinco muertos. Al día siguiente se produjo la previsible dimisión de Ghannouchi, quien presentó su renuncia a Mebazaa con carácter irrevocable. Entonces, el presidente interino anunció que nombraba como sustituto a Béji Caïd Essebsi, octogenario ex ministro de Exteriores con Bourguiba, del que fuera responsable diplomático entre 1981 y 1986. La selección de Essebsi, quien debía ahora formar el nuevo Gobierno de transición -el tercero desde la caída de Ben Alí seis semanas atrás-, no fue bien acogida por los partidos de la oposición y la poderosa UGTT, molestos sobre todo porque Mebazaa hiciera uso de su prerrogativa de manera unilateral, sin consultarlo con las fuerzas políticas y sociales. El autobautizado Consejo de Protección de la Revolución, integrado por decenas de asociaciones y colectivos profesionales, varios partidos y la UGTT, dio por amortizado al Gobierno de transición y conminó al Ejecutivo a que convocara una Asamblea Constituyente.

(Cobertura informativa hasta 1/3/2011)