Fernando Haddad

1. Un académico del Partido de los Trabajadores
2. Ministro de Educación en los gobiernos de Lula y Rousseff
3. Alcalde de São Paulo con un proyecto de desarrollo urbano
4. Suplente del encarcelado Lula para contender en las presidenciales de 2018


1. Un académico del Partido de los Trabajadores
Fernando Haddad es el segundo de los tres hijos, el único varón, tenidos por un matrimonio de sangre libanesa y religión cristiana, concretamente, feligreses de la Iglesia Ortodoxa Griega de Antioquía. El padre, Khalil Haddad, emigró a Brasil en 1947, 16 años antes de nacer Fernando, y se estableció como comerciante mayorista de tejidos; la madre, Norma Teresa Goussain, interesada en las actividades pedagógicas y caritativas, nació ya en Brasil de padres venidos del país árabe.

Toda la formación del joven Fernando transcurrió en su São Paulo natal. Cursó la escuela primaria en el Ateneu Ricardo Nunes y la secundaria en el Colégio Bandeirantes, un centro privado. Junto con las clases, ayudaba a su padre en el negocio de las telas, que marchaba bien e hizo de los Haddad una familia próspera. En 1981, cuando en Brasil discurría la etapa final, menos represiva que en las dos décadas anteriores, de la dictadura militar, Haddad ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP), también conocida como Facultad de Derecho del Largo de Sao Francisco.

Fue el arranque de un intenso período de instrucción académica superior y de compromiso, mitad intelectual y mitad militante, con las ideas políticas de la izquierda y el socialismo filosófico. Lector voraz de Marx, Trotsky y los autores de la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica (Marcuse, Adorno, Horkheimer), Haddad estuvo activo en el Centro Acadêmico XI de Agosto, el órgano representativo de los estudiantes de la Facultad de Derecho y club de mucha solera en la universidad brasileña, siempre involucrado en los movimientos de defensa de la democracia y ahora mismo volcado en el Diretas Já, la gran campaña popular que exigía al Gobierno del general João Baptista Figueiredo la elección directa del presidente de la República.

Su llegada en 1985 a la presidencia del Centro Acadêmico como candidato de la lista estudiantil Pravda no distrajo a Haddad de sus obligaciones en las aulas. Aquel mismo año se diplomó en Derecho y en 1986 aprobó el examen del Consejo General de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB). A continuación, emprendió la licenciatura en Economía, grado que obtuvo en 1990 con apoyo en una tesina titulada El carácter socio-económico del sistema soviético y preparada en la canadiense Universidad McGill, donde cursó el último año de carrera. Su análisis crítico del socialismo real en el marco conceptual de la Escuela de Frankfurt presidió también el trabajo por el que en 1996 recibió el doctorado en Filosofía. La tesis doctoral, elaborada bajo la tutela del reputado pensador marxista Paulo Arantes, se llamaba De Marx a Habermas: el materialismo histórico y su paradigma adecuado.

Además de estos trabajos lectivos, entre 1992 y 2004 Haddad publicó cinco ensayos en los que estudiaba la corriente del socialismo democrático desligado de los dogmas marxistas: O Sistema Soviético e sua decadência; Em defesa do socialismo; Desorganizando o consenso; Sindicatos, cooperativas e socialismo; y Trabalho e Linguagem para a Renovação do Socialismo. En 1983 el entonces estudiante de Derecho se afilió al Partido de los Trabajadores (PT), liderado por el sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, al ser este el partido que mejor se ajustaba a su ideario de izquierda.

Con tan potente currículum universitario, Haddad, casado desde 1988 con una odontóloga, Ana Estela (la pareja iba a alumbrar dos hijos, Frederico en 1992 y Ana Carolina en 2000), tenía asegurado un buen futuro profesional. Ya en 1986 se asoció al hermano de su entonces novia y pronto su cuñado, el ingeniero Paulo Nazar, para un negocio en el sector de la construcción. Dos años después, trabajó de analista de inversiones para el Unibanco. En 1997, ya convertido en doctor en Filosofía, la USP le contrató para dar clases en el Departamento de Ciencia Política, donde sus lecciones sobre historia de las ideas, en especial el pensamiento marxista, muy solicitadas por los alumnos, iban a convertirle en un docente muy popular. A partir de 1998 el profesor se vinculó como consultor a la Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), centro adscrito a la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad de la USP.

En enero de 2001, a punto de cumplir los 38 años, Haddad debutó en la función pública administrativa al serle confiado el puesto de jefe de gabinete de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Económico de la Prefectura de São Paulo, que el PT acababa de ganar en las elecciones municipales de la mano de Marta Suplicy, su candidata a la alcaldía. Era la segunda vez que el petismo gobernaba aquí, tras el mandato de Luiza Erundina entre 1989 y 1993. Haddad y su jefe directo, el secretario João Sayad, se plantearon la tarea de corregir el desequilibrio fiscal y el endeudamiento heredados de la gestión del anterior equipo municipal, el encabezado por el prefecto Celso Pitta, del Partido Progresista Brasileño.

En 2003 Suplicy ascendió a Haddad a subsecretario de Finanzas del consistorio paulista, pero al cabo de unos meses, con Lula ya instalado en la Presidencia de la República, el economista recibió la invitación del nuevo ministro de Planificación, Presupuesto y Gestión, Guido Mantega, de integrar en calidad de asesor especial su equipo de expertos en Brasilia. El primer cometido de Haddad en el Gobierno Federal consistió en elaborar el proyecto de ley sobre Sociedades Público-Privadas, concebido para incentivar la participación del sector privado en esquemas de inversión conjunta con el Estado. En 2004 pasó al Ministerio de Educación, dirigido por el petista Tarso Genro, al que asistió como secretario ejecutivo. Esta vez, Haddad, partiendo de una experiencia municipal pionera en el Ayuntamiento de São Paulo, se encargó de poner en marcha el Programa Universidad para Todos (ProUni), por el que miles de estudiantes con niveles de renta bajos, muchos de ellos negros e indígenas, veían abiertas las puertas de las universidades privadas, las cuales les facilitaban unas bolsas de estudio equivalentes a los impuestos que ellas, como instituciones, adeudaban al Estado.


2. Ministro de Educación en los gobiernos de Lula y Rousseff
El historial de servicios de Haddad en la gestión pública de las instituciones gobernadas por el PT era muy del agrado de Lula, que en julio de 2005 se decantó por el profesor perito en derecho, economía y filosofía política como sustituto de Genro, apeado del Gobierno para tomar las riendas de un PT zarandeado por el gran escándalo de corrupción conocido como el Mensalão. Haddad fue el ministro de Educación de Brasil durante seis años y medio, correspondientes a la segunda mitad del primer mandato de Lula, la totalidad de su segundo mandato cuatrienal y el primer año de ejercicio en Planalto de Dilma Rousseff. Como la propaganda del futuro (2018) candidato presidencial iba a preocuparse en resaltar, se trató de un período fecundo en realizaciones.

Así, el gobernante federal ejecutó desde 2007 el Plan de Desarrollo de la Educación (PDE), que contenía actuaciones del Ministerio en todos los tramos formativos, desde la guardería y el preescolar hasta el posgrado universitario; instituyó el Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB) para evaluar la calidad de la enseñanza infantil; reformuló y dotó de más partidas al Fondo de Financiación del Estudiante de Enseñanza Superior (FIES, creado por el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso en 1999); potenció también el Programa Nacional de Libros Didácticos (PNLD); y sustituyó el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Enseñanza Fundamental y de Evaluación del Magisterio (FUNDEF), considerado insuficiente, por el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (FUNDEB), que multiplicó la asignación de recursos federales a toda la red de centros preescolares y escolares de primaria, más de 30.000, en los estados y los municipios.

La creación del FUNDEB fue en virtud de una enmienda constitucional, al igual que la institución de la educación obligatoria de todos los niños y adolescentes desde los 4 a los 17 años de edad, entre otras novedades. Además, en enero de 2010 entró en funcionamiento el Sistema de Selección Unificada (SiSU), una plataforma digital, conectada al ProUni, para facilitar las matrículas de acceso a la universidad de los estudiantes que hubiesen aprobado el Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM).

Según el balance del Ministerio, al final de la titularidad de Haddad en 2012 la inversión pública en educación en Brasil había pasado del 3,9% al 5,1% del PIB. La oferta de enseñanza superior había crecido enormemente con la apertura de 14 nuevas universidades federales, entre ellas la Universidad Abierta de Brasil (UAB, activada en 2006) y el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología (IFECT, de 2008), amén de 126 campus, 214 escuelas técnicas y 587 centros de educación a distancia, todo lo cual se traducía en 78.000 nuevas plazas universitarias, un crecimiento del 63%.

Tamaño esfuerzo material para hacer realidad una de las banderas del PT, la democratización de la enseñanza, sin embargo, carecía de correlato en los indicadores internacionales de evaluación de rendimiento académico, en varios de los cuales Brasil no salía precisamente bien parado. Por ejemplo, los resultados del Informe PISA, año tras año, expusieron a las claras el todavía considerable rezago de los estudiantes brasileños en relación con los de otros países de desarrollo alto o muy alto. Eso sí, Brasil estaba haciendo progresos en el nivel de escolarización, uno de sus déficits históricos. Otra crítica hecha a Haddad se refería a los cambios experimentados por el ENEM, en la picota a raíz de una serie de errores técnicos que hicieron de algunas de estas pruebas de selectividad un caos de desorganización y reclamaciones.

El ministro fue cuestionado asimismo por las accidentadas vicisitudes del programa Brasil sin homofobia, del que era artífice y que incluía un muy controvertido kit anti-homofobia para ser repartido en las escuelas de primaria y secundaria con el fin de inculcar a los alumnos de más de 11 años unos valores de respeto y tolerancia en cuestiones de diversidad sexual, y combatir prejuicios sobre la población LGBT. Denigrado como "kit gay" por sectores conservadores, que hablaban de "erotización" gratuita de los menores, la distribución de este material pedagógico preparado por el Ministerio de Educación acabó siendo cancelada por Rousseff en mayo de 2011. En su anuncio del veto a la medida, la presidenta pareció enviar un rapapolvo a Haddad al afirmar que una cosa era "luchar contra las prácticas homófobas" y otra muy distinta "hacer propaganda de opciones sexuales"; según Rousseff, la función de las autoridades era "educar para evitar agresiones e irrespetos a la diferencia", pero aquellas "no podían interferir en la vida privada de las personas".


3. Alcalde de São Paulo con un proyecto de desarrollo urbano
El 24 de enero de 2012 Haddad se despidió del Gobierno Federal —Rousseff pasó la cartera de Educación a Aloizio Mercadante— para preparar su postulación a prefecto de São Paulo. Se trataba de un envite electoral de la máxima importancia para el PT, que quería recuperar el gobierno de la ciudad más populosa del país y hacer un buen papel en las municipales de octubre como antesala de las generales de 2014, en las que Rousseff se jugaba la reelección. El cuatrienio de Marta Suplicy en la alcaldía no había tenido continuidad: en las votaciones de 2004 la petista había sido descabalgada por el socialdemócrata José Serra y en 2008 Suplicy había vuelto a fracasar ante el mandatario titular, Gilberto Kassab, del partido conservador Demócratas (DEM) y luego del centrista Partido Social Demócrata (PSD).

Abanderado de una lista conjunta, llevando por lema Para cambiar y renovar São Paulo, del PT, el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), el Partido Socialista Brasileño (PSB) y el Partido Progresista (formación no de izquierda, sino de derecha), Haddad, debutante en estas lides pero arropado por la maquinaria proselitista del petismo y el lulismo, presentó un plan de gobierno municipal vertebrado por la iniciativa Arco de Futuro, que, en aras del ahorro y la eficiencia, subsumía todas las intervenciones y proyectos en curso en una única macrooperación de rediseño urbano. El otro compromiso fundamental era disminuir el foso de desigualdad de rentas abierto en la mayor megápolis de Sudamérica, con casi 12 millones de residentes censados, si bien la Región Metropolitana superaba los 20 millones

En la primera vuelta electoral, el 7 de octubre de 2012, Haddad, con el 29,9% de los votos, quedó segundo a menos de dos puntos de José Serra, el candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Entre los eliminados estuvieron Celso Russomano del Partido Republicano Brasileño (PRB) y Gabriel Chalita del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). En la segunda vuelta del 28 de octubre, el aspirante opositor se llevó la prefectura con el 55,6% de los sufragios. El 1 de enero de 2013 Haddad tomó posesión de un consistorio donde los cuatro partidos que le respaldaban disponían solo de 16 concejalías sobre 55.

Llamado por doquier como el "nuevo delfín" de Lula, quien antes había protegido y promovido a Dilma Rousseff, Haddad tenía sin duda mucho, si no todo, que agradecer al ex presidente y fundador del PT, sin cuyo aparatoso patrocinio seguramente no habría podido derrotar al experimentado Serra, todo un coleccionista de candidaturas y cargos de representación popular. La elección de Haddad fue un éxito tanto más notable cuanto que su partido, el PT, acababa de ver como la justicia condenaba a su antigua plana mayor por el pago de sobornos en la causa penal del Mensalão

Los cuatro años de gobierno de Haddad en São Paulo arrojaron un balance de luces y sombras. Por una parte, el prefecto se mostró como un paladín de la movilidad urbana basada en el uso del transporte público poco o nada contaminante, lo que pugnaba con la querencia de sus convencinos por el desplazamiento individual en vehículos con tubo de escape, ya fuera el coche o la moto; esta última era muy empleada por los oficinistas y los ejecutivos de las clases medias y altas, hasta el punto de formarse larguísimas filas de motoristas, ensartadas entre las de los automóviles, en las atestadas autovías de la capital. El Ayuntamiento, tomando como ejemplo las políticas de movilidad adoptadas en otras ciudades de América y Europa, habilitó decenas de kilómetros de calzada para carriles de autobús (llamados aquí corredores de ônibus) y amplió sustancialmente la red de ciclovías. La "guerra al automóvil" declarada por Haddad en São Paulo, urbe afectada por unos altos niveles de polución y congestión del tráfico, problema este último que precisamente ahora empezó a aliviarse algo, mereció la atención de diversos medios internacionales.

Desde junio de 2013, es decir, a los pocos meses de iniciar su mandato, el prefecto vio seriamente erosionada su imagen doméstica por las protestas de los vecinos contra el aumento de las tarifas del transporte público, el autobús, el metro y los trenes urbanos, que degeneraron en violentos disturbios. Esta auténtica revuelta ciudadana, génesis de la gran protesta social que sacudió todo Brasil hasta el mes de julio y que puso en un brete a la presidenta Rousseff, vino a eclipsar los ecos positivos de Arco de Futuro, el gran plan director para el desarrollo integral de São Paulo, muy elogiado por los expertos internacionales en planificación urbana dada su altísima calidad técnica.

Con este plan estratégico, que incorporaba las dimensiones urbanística, ambiental, económica y social, y planteaba un horizonte de resultados en 2020, Haddad pretendía resolver algunos de los peores problemas de habitabilidad, parejos al narcotráfico y la delincuencia, en los inmensos barrios populares y las favelas chabolistas de la que era la primera megaciudad de Brasil y de toda América, por delante de México DF, Nueva York y Bogotá. El plan de construcción de casas dignas, tanto de titularidad pública como privada, esperaba Haddad financiarlo en parte con cargo al programa federal Mi Casa, Mi Vida, lanzado por el Gobierno Lula en 2009.

Por otro lado, el compromiso del edil petista de luchar en firme contra las prácticas corruptas en los órganos de administración municipal, materializado con la creación de una institución fiscalizadora, la Contraloría General del Municipio de São Paulo (CGM), topó con informaciones sobre irregularidades, como las que habrían envuelto la licitación para la construcción de la ciclovía Ceagesp-Ibirapuera, un carril de 11 km paralelo al cauce del río Tieté. La correspondiente denuncia fue admitida por la justicia, que en agosto de 2018, en plena campaña de las presidenciales, iba a formular contra el entonces candidato Haddad una acusación formal por improbidad administrativa.


4. Suplente del encarcelado Lula para contender en las presidenciales de 2018
En los comicios locales del 2 de octubre de 2016, disputados cuando Rousseff y el PT ya habían sido desalojados del Ejecutivo federal al prosperar en el Congreso el procedimiento de impeachment iniciado por la oposición y que catapultó a la Presidencia al liberal conservador Michel Temer, Haddad se presentó a la reelección en São Paulo acuciado por unos muy bajos índices de aprobación popular de su gestión. Los sondeos le eran francamente desfavorables y el alcalde fue abatido en la primera vuelta por su adversario del PSDB, João Doria, quien arrasó con el 53,3% de los votos, haciendo innecesario el balotaje. Por el petista solo votó el 16,7%, el peor resultado de un candidato de su partido en el municipio desde la restauración democrática de 1985.

Así las cosas, el 1 de enero de 2017 Haddad traspasó el despacho de prefecto a Doria, quien luego se quejó de que su predecesor le había legado un agujero de 7.500 millones de reales en las arcas paulistas. Haddad refutó este dato de déficit municipal y aseguró que en su mandato se habían hecho inversiones públicas para beneficio de los ciudadanos por valor de 16.000 millones de reales, además de que las deudas del consistorio con el Gobierno Federal se habían recortado desde los 96.000 a los 27.000 millones.

Pese a su fracaso electoral en São Paulo, Haddad, descrito habitualmente como un político de perfil más bien plano, sin gancho popular o habilidades mitineras, el hombre cerebral y articulado que por encima de todo seguía siendo un intelectual de academia y un urbanita del próspero sudeste brasileño, mantuvo intactos el aprecio y la confianza en él depositados por Lula, el cual, septuagenario ya, estaba firmemente decidido a presentarse a las elecciones presidenciales de 2018 a pesar de sus graves problemas con la justicia penal.

La odisea judicial del anterior presidente brasileño había empezado en marzo de 2016, cuando el proceso de juicio político y eventual suspensión de Rousseff (basado en las acusaciones de maquillar las cuentas del déficit federal, endeudar al Estado sin permiso del Legislativo y hacer la vista gorda con la corrupción masiva del gigante estatal de los hidrocarburos Petrobras) por el Congreso ya estaba avanzado. Entonces, Lula, tras años de rondarle sospechas y pesquisas del Ministerio Público de São Paulo, que finalmente halló indicios de su implicación en el vasto esquema de desvío de fondos públicos, sobornos, lavado de dinero y ocultación de patrimonio conocido como Lava Jato, fue arrestado por la Policía Federal, y su casa de São Paulo allanada y registrada, para ser interrogado en el marco de la Operación Aletheia. El detenido negaba de plano cualquier manejo corrupto por su parte y se presentó víctima de una "persecución política".

El 12 de julio de 2017, medio año después de abandonar Haddad la prefectura, Lula fue condenado en primera instancia por el juez federal Sérgio Moro, de la 3ª Vara Criminal Federal de Curitiba, a la pena de nueve años y seis meses de prisión como culpable de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción pasiva, o aceptación de sobornos. En concreto, la Fiscalía imputaba a Lula el cobro de 3,7 millones de reales en sobornos a través de contratos suscritos entre la constructora OAS y Petrobras, tras lo cual el ex presidente y su esposa habían realizando un fuerte desembolso para la adquisición y reforma de un inmueble particular en una zona exclusiva de de São Paulo.

Lula y el PT reaccionaron a esta dura condena con vivas expresiones de desafío. El dirigente, en libertad provisional, anunció la apelación de la sentencia y, puesto que el derecho le asistía, seguía adelante con su aspiración presidencial, de cuya proclamación por el partido no dudaba. Así lo afirmó tan solo unas horas después de conocer el veredicto del tribunal de Curitiba, el cual podía quedar anulado por un fallo favorable de segunda instancia, luego definitivo. Pero este escenario no iba a suceder. La apelación del convicto llegó al Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4), el cual más tarde, el 24 de enero de 2018, en un tremendo jarro de agua fría para el líder petista, no solo confirmó la sentencia condenatoria del tribunal de primera instancia, sino que incrementó la pena carcelaria hasta los 12 años. El 5 de abril Lula vio rechazado un pedido de habeas corpus por el Supremo Tribunal Federal (STF) y dictársele en su contra una orden de arresto inmediato, no teniendo más remedio ya, el 7 de abril, que entregarse a las autoridades para empezar a cumplir sentencia en la prisión de Curitiba.

Tampoco esta situación de pérdida de movimientos y libertad, que en la práctica hacía inviable una candidatura a Planalto, hizo desistir a Lula, dócilmente secundado por el partido del que seguía siendo héroe e icono, el "guerrero del pueblo brasileño", que había sacado a millones de paisanos de la pobreza. El 4 de agosto de 2018, mientas los sondeos seguían siendo favorables al reo, claro favorito de los encuestados, que le preferían por delante del ex militar de extrema derecha Jair Bolsonaro, el socialdemócrata Geraldo Alckmin, la ambientalista Marina Silva y el laborista Ciro Gomes, el PT, reunido en Encuentro Nacional en la Casa de Portugal de São Paulo, lanzó de manera oficial la opción presidencial de Lula. Haddad, el devoto discípulo que venía visitando a su jefe encarcelado a un ritmo semanal, era el candidato a la Vicepresidencia en una fórmula electoral cuya representación, en eventos y debates, recaería en él.

En el acto de aclamación de la plancha Lula-Haddad se dio lectura a un carta del primero en la que el autor preso reivindicaba el muy positivo balance de "transformación" experimentado por Brasil en los 13 años de Gobierno del PT y llamaba a derrotar en las urnas a las fuerzas conservadoras responsables de que "hoy nuestro pueblo esté sufriendo, nuestro país esté siendo vendido y nuestra democracia esté amenazada", después de "hacer caer a la presidenta electa" mediante un "golpe parlamentario".

Haddad, el político tranquilo y moderado con quien no iban las expresiones de exaltación o radicalismo, era el delegado político de Lula, pero también el candidato presidencial de repuesto por si aquel finalmente no podía concurrir a las elecciones. Ese era un desenlace altamente probable y, en efecto, fue lo que sucedió. El 16 de agosto la procuradora general de la República, Raquel Dodge, impugnó ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) la candidatura presidencial de Lula en virtud de la llamada Ley de Ficha Limpia, que establecía la inelegibilidad como candidatos electorales de los condenados por tribunales de segunda instancia. El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió a las autoridades de Brasilia que adoptasen todas las medidas pertinentes para que el ex presidente pudiera ejercer sus derechos políticos en tanto sus recursos ante los tribunales no fueran resueltos "en procedimientos judiciales justos", pero el 31 de agosto el TSE zanjó que Ficha Limpia impedía la postulación del político convicto a cargos de elección popular. Lula no podía presentarse.

El veto irremediable a Lula hizo que todas las miradas se dirigieran a Haddad, quien ahora mismo, por el momento, a tenor de los sondeos, no era rival para el fenómeno al alza en la larga carrera de las elecciones generales del 7 de octubre. Este no era otra que Jair Bolsonaro, candidato del Partido Social Liberal (PSL) y vocero de una plataforma ultraconservadora, nacionalista, populista y antisistema, llena de perturbadores mensajes cargados de hostilidad y violencia contra las izquierdas, los políticos corruptos y los delincuentes comunes, y de crudos comentarios de signo homófobo, machista y racista. Bolsonaro, nostálgico de la dictadura militar, enemigo de las acciones afirmativas y las cuotas raciales aplicadas por los gobiernos del PT, y defensor de una política de seguridad pública basada en el uso sin restricciones, por la Policía y por los propios ciudadanos, de las armas de fuego para combatir y defenderse de la ola de delincuencia que asolaba muchos distritos de las principales urbes del país, se instaló en el liderazgo de los sondeos tan pronto como Lula quedo fuera de juego. El capitán en la reserva había conectado con el antipetismo, corriente ideológica muy potente instalada en la sociedad brasileña.

Al PT le tocaba ahora activar su Plan B, la candidatura presidencial suplente de Haddad, pero Lula dilató al máximo el tiempo de que disponía para proceder al relevo. El 10 de septiembre el ex presidente presentó otro recurso y en la jornada siguiente, agotando el plazo legal conferido por el TSE al PT, comunicó al partido su renuncia a la candidatura y la recomendación de su sustitución por Haddad. De inmediato, la Comisión Ejecutiva Nacional petista, encabezada por Gleisi Hoffmann, decidió de manera unánime que Haddad fuera el reemplazo de Lula para el proceso electoral del 7 de octubre. La candidatura a vicepresidente recayó en Manuela d'Avila, del PCdoB, que junto con el más pequeño Partido Republicano del Orden Social (PROS) integraba la coalición tripartita El pueblo feliz de nuevo.

Entonces, una nueva misiva de Lula fue leída a la militancia petista. En su Carta a los brasileños, el ex presidente, tras definir su condena como una "farsa judicial" y una "venganza política" con el único propósito de "prohibir al pueblo brasileño votar libremente para cambiar la triste realidad del país", reclamaba el voto para "el compañero Haddad", el cual, hasta este momento en que él era "arrancado arbitrariamente de la contienda electoral", venía desempeñando los cometidos de candidato a vicepresidente y coordinador del Plan de Gobierno "con extrema lealtad". Como ministro de Educación, Haddad había sido "responsable de una de las más importantes transformaciones en nuestro país". "Por eso", arengaba Lula al final de la carta, "quiero pedir, de corazón, a todos los que me votarían que voten por el compañero Fernando Haddad para presidente de la República (...) Nosotros ya somos millones de Lulas y, de ahora en adelante, Fernando Haddad será Lula para millones de brasileños".

Visiblemente emocionado, el promocionado dedicó sus primeras palabras como presidenciable a remarcar que Lula había supuesto un antes y un después en la historia de Brasil, y aseguró que el "gran pecado" por el que estaba pagando con la cárcel era "haber luchado contra la injusticia y la desigualdad".

Contrarreloj, el PT se volcó en la empresa del trasvase íntegro de votos de Lula a Haddad, quien, ciertamente, empezó a subir con rapidez en las encuestas. Estaba por ver si el fiel colaborador del ex presidente iba a ser capaz de restituir para el petismo los porcentajes adjudicados a Lula hasta su veto por el TSE; aquellos habían superado casi siempre el 30% de intención de voto y ocasionalmente el 40%. La tarea parecía muy difícil ante el empuje imparable del derechista Bolsonaro, la viva antítesis de Haddad, cuya popularidad se disparó a raíz de la puñalada que un perturbado le asestó el 6 de septiembre y del consiguiente ingreso hospitalario con un diagnóstico grave. Toda la imaginería de campaña del PT se orientó a establecer una identificación absoluta entre el líder físicamente ausente y el líder suplente. Así, se acuñaron eslóganes inequívocos como "Haddad, el presidente de Lula", y el más tajante "Haddad es Lula". "Presidente Haddad y Lula 13 - Vice: Manuela", proclamaba en su presentación a los electores la candidatura presidencial del PT, el PCdoB y el PROS.

El Plan de Gobierno de la coalición El pueblo feliz de nuevo hacía un diagnóstico extremadamente negativo de la situación nacional e incidía en la anulación de los "retrocesos" experimentados por Brasil en los terrenos político, económico y social desde la llegada al poder del Gobierno Temer, lo que a la vez suponía recuperar el reformismo de izquierdas propio del período 2003-2016.

Para empezar, el país precisaba un "nuevo proceso constituyente" que, haciendo funcionar "la soberanía popular en grado máximo", alumbrara la "refundación democrática" de Brasil. Las reformas debían alcanzar a todos los pilares del Estado, incluido el sistema judicial. Igualmente, urgía "inaugurar un nuevo período histórico de afirmación de derechos", para el desarrollo social y económico de todos los brasileños, y para las equidades de género, racial y del colectivo LGBTI+. "Retomar los grandes proyectos sociales de nuestro legado", indicaba el programa, pasaba por un "nuevo pacto federativo". Para dinamizar la economía, había que apostar por un proyecto nacional de desarrollo, la reindustrialización, las políticas activas de empleo y las recetas de expansión y diversificación productivas. Tocaba "descongelar las inversiones" y de ninguna manera se privatizarían servicios públicos de carácter "estratégico".

Entre las actuaciones concretas, el plan de Haddad exponía un programa anticrisis, a la vez de emergencia y estructural, de nombre Mi Empleo de Nuevo, concebido para "elevar la renta, ampliar el crédito y generar nuevas oportunidades de trabajo", mediante "la reanudación inmediata de 2.800 grandes obras paradas en todo el país y seleccionadas por su importancia estratégica regional", la activación del programa Deuda Cero y la ampliación de los programas preexistentes Bolsa Familia ("uno de los mayores programas de transferencia de renta del mundo", según Lula) y Mi casa, Mi Vida. Además: una reforma tributaria de carácter progresivo; una reforma agraria; la revocación de la reforma laboral de 2017 y su sustitución por el Estatuto del Trabajo; la revalorización del salario mínimo; un Plan Nacional de Reducción de Homicidios como parte del "combate implacable al crimen organizado"; el compromiso con la "deforestación cero" en 2022; la facilitación de Internet de banda ancha a todos los hogares; y, en política exterior, una integración "más radical" del MERCOSUR.

(Cobertura informativa hasta 15/9/2018)