Ernesto Zedillo Ponce de León

Una trágica carambola, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, proyectó en 1994 a este economista de trayectoria tecnocrática a la candidatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, tras ganar las elecciones, a la Presidencia de México. Obligado a dejar en flotación el peso y a plegarse al socorro internacional nada más asumir el cargo por la tormenta financiera que le tocó en suerte enfrentar, Zedillo gobernó seis años decisivos en los que completó la reforma política iniciada por su predecesor, Carlos Salinas, prolongó la línea económica liberal de austeridad presupuestaria y desarme arancelario –que enderezó la macroeconomía, pero que no mejoró la calidad de vida de la población-, y manejó con talante pendular la insurgencia zapatista en Chiapas. En 2000, la victoria del panista Vicente Fox en los comicios más limpios y democráticos de la historia de México convirtió a Zedillo en el último de quince presidentes consecutivos del PRI.

(Texto actualizado hasta enero 2007)

1. Heredero accidental del presidente Salinas
2. Una asunción oscurecida por la debacle financiera
3. Impulsor de reformas decisivas en el sistema político
4. Ambivalencia frente al conflicto de Chiapas
5. Pragmatismo en política exterior
6. Protagonista del final de siete décadas de gobiernos del PRI
7. Ex mandatario con importante rol internacional


1. Heredero accidental del presidente Salinas
Segundo de seis hermanos de una familia de clase media-baja, recibió su primera educación en colegios públicos de Mexicali, en el estado de Baja California Norte, a donde los padres, los señores Rodolfo Zedillo Castillo y Martha Alicia Ponce de León, se habían desplazado desde la Ciudad de México buscando mejores oportunidades laborales. En 1965 continuó los estudios medios en la Escuela Vocacional Número 5 de la capital federal y en 1969 se matriculó en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (ESE-IPN). En 1973, ya egresado del IPN con el título de economista, con los ingresos obtenidos con su trabajo como auditor auxiliar en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banejército), pudo matricularse en Economía en la Universidad estadounidense de Yale. En 1974, ayudado por sendas becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), asistió a un curso de posgrado sobre Evaluación de Proyectos en Capital Humano en Bradford, Gran Bretaña, y al programa de doctorado de Economía de Yale, donde obtuvo el título correspondiente con una tesis sobre el estudio del problema de la deuda pública externa mexicana y su relación con las expectativas de crecimiento de las exportaciones petroleras.

En enero de 1971, año y medio antes de obtener la licenciatura económica, ingresó en el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, no obstante su extrema juventud –sólo tenía 19 años-, comenzó a trabajar en la Dirección de Política Económica adjunta a la Presidencia de la República, lo que estimuló su interés por la política. Impartió docencia en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI con el auspicio del prestigioso economista Leopoldo Solís Manjarrez, su superior en la Dirección de Política Económica, y a continuación desempeñó diversos puestos de responsabilidad en el aparato económico y financiero de la Administración federal. En estos años, coincidentes con el Gobierno priísta de Luis Echeverría Álvarez, Zedillo construyó su buena reputación profesional como economista y su perfil de tecnócrata partidario de modernizar las estructuras económicas y alejado de los sectores tradicionalistas del PRI. El prometedor veinteañero contrajo matrimonio con una compañera de estudios, Nilda Patricia Velasco; la pareja iba a tener cinco hijos.

Desde 1978 y a lo largo de las administraciones de José López Portillo (1976-1982) y Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), Zedillo se desempeñó sucesivamente como: analista y subgerente de investigación económica del Banco central de México (BANXICO); responsable de la puesta en marcha del Fondo de Intercambio, Cobertura de Riesgos y Confianza (FICORCA), un órgano gubernamental, también conocido como Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, que permitió reestructurar la deuda de muchas empresas mexicanas; y, desde 1987, subsecretario de Planeación y Control Presupuestal en la Secretaría de Programación y Presupuesto del Gobierno federal. En diciembre de 1988 el nuevo mandatario priísta, Carlos Salinas de Gortari, también economista de formación, le nombró secretario, esto es, ministro, de Programación y Presupuesto en sustitución de quien hasta ahora había sido su superior, Pedro Aspe Armella. Como tal, Zedillo se encargó de ejecutar las directrices de austeridad en los gastos del Estado prescritas por el FMI y asumidas por Salinas como parte de su ambicioso programa de reformas liberales en la estructura de la economía, y también participó en el diseño de las políticas de desarrollo y del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), encaminado a paliar el coste de las reconversiones en el terreno social.

En enero de 1992 Salinas le puso al frente de la Secretaría de Educación Pública, donde emprendió una profunda reforma de la educación preescolar, primaria y secundaria que quedó plasmada en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), presentado a la opinión pública en el mes de mayo. En noviembre de 1993 el designado candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, con quien compartía una visión democratizadora del sistema político, nombró a Zedillo coordinador general de su precampaña electoral. Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1994 durante un mitin en Tijuana y seis días después, con el país conmocionado por el magnicidio, el PRI se decantó por Zedillo como el nuevo postulante del oficialismo. Hombre con una imagen de servidor público competente, inteligente y honesto, pero un tanto gris y sin gancho, su ubicación en los círculos de Colosio y Salinas se interpretó entonces como una garantía para la continuidad de las reformas impulsadas durante el sexenio que tocaba a su fin.


2. Una asunción oscurecida por la debacle financiera
En las elecciones del 21 de agosto de 1994, Zedillo, sin sorpresas, se hizo con la victoria por delante de Diego Fernández de Cevallos, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD, formado por escindidos del PRI), quien ya lo había intentado en julio de 1988, cuando se enfrentó y, posiblemente también, superó en votos a Salinas, salvo porque la tristemente célebre caída del sistema truncó de manera fraudulenta la que habría podido ser la primera alternancia política desde el final de la Revolución. Aunque el 50,2% de votos sacado ahora por Zedillo era el más bajo porcentaje registrado por un candidato priísta en los 65 años de vida del partido, los comicios registraron una participación también excepcional, del 77,7%, casi 20 puntos más que en 1988.

En las legislativas, el PRI pagó, entre otras razones, por la creencia generalizada de que sus poderosos sectores conservadores estaban detrás del asesinato de Colosio –el 28 de septiembre iba a correr idéntica suerte el secretario general del partido, José Francisco Ruiz Massieu-, tal que perdió 20 de los 320 escaños que tenía en la Cámara de Diputados (sobre 500), un descenso al que también contribuyó la inusual limpieza del escrutinio, que era fruto del pacto alcanzado por Salinas y los principales partidos. Las elecciones fueron celebradas bajo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), aprobado por el Congreso en 1990, y organizadas y supervisadas por sus organismos asociados, el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Federal Electoral (TFE).

El 1 de diciembre de 1994 Zedillo inauguró su mandato sexenal como, según opinaban casi todos los observadores nacionales y extranjeros, el primer presidente del PRI elegido sin el concurso decisivo de los tradicionales procedimientos de fraude. Aunque la legitimidad democrática de Zedillo no se cuestionaba, era imposible ignorar la detección del largo brazo de la maquinaria priísta, como el uso proselitista de recursos públicos, el empleo abusivo de los medios de comunicación y la inducción al voto a cambio de estipendios en los ámbitos clientelistas. Ahora bien, el PRI de 1994 ya no era el partido hegemónico que durante más de medio siglo había manejado los mecanismos representativos de la democracia formal a su capricho; tal condición había empezado a cambiar en las elecciones de 1988, y ahora el PRI debía conformarse con ser sólo un partido predominante o mayoritario.

El 19 de diciembre Zedillo no había cumplido su tercera semana de trabajo en la Residencia Oficial de Los Pinos cuando le salió al paso una de las sorpresas más desagradables nunca encajadas por un presidente recién inaugurado en cualquier país del mundo, aunque los nubarrones que presagiaban la tormenta ya llevaban un tiempo desprendiendo chispas. Aquel día, advertido por BANXICO de que las reservas de dólares se estaban agotando a toda velocidad en el vano intento de sostener al sobrevalorado peso, objeto de agresiones en el mercado cambiario, el presidente aprobó una devaluación monetaria del 15% que sin embargo fue invalidada de inmediato por la dinámica del mercado libre. Lo que se reveló, en toda su crudeza, fue una gravísima crisis financiera provocada por el embarque masivo de capitales especulativos, iniciado tras el asesinato de Colosio y acelerado en las últimas semanas, que totalizó los 24.000 millones de dólares. El peso, puesto en flotación el día 22, cayó en barrena y hasta el final de año perdió el 60% de su valor, convulsionando los mercados internacionales -el popularmente conocido como efecto tequila- y situando al sistema financiero mexicano al borde de la quiebra.

La catástrofe pudo ser evitada gracias a un apresurado plan de salvamento internacional, el cual, coordinado por el FMI y capitaneado por el Tesoro de Estados Unidos, inyectó desde el 21 de febrero 51.000 millones de dólares a cambio de un drástico plan de austeridad consistente en la subida de los impuestos indirectos y las tarifas de los servicios públicos, así como la contención de los salarios por debajo de los nuevos precios. La condición más extrema y dolorosa que le impuso Washington al Estado mexicano a cambio de la gigantesca contingencia crediticia fue el depósito como garantía de pago en un banco estadounidense de los 7.000 millones de dólares ingresados anualmente por las ventas petroleras, toda una hipoteca sobre el florón de la producción nacional.

El sistema financiero volvió a estabilizarse, pero 1995 lo cerró México con una recesión económica del -6,9% del PIB y una tasa de inflación del 52%. Además, la restauración del orden financiero condujo a la destrucción o la subcontratación de millones de puestos de trabajo, a una pérdida masiva de poder adquisitivo de la población y al crecimiento de las rentas más elevadas. Con un 40% de la población por debajo del umbral de la pobreza y al menos otro 25% en sus límites, México acentuó su condición como uno de los países con más desigualdades sociales de América Latina. Claro que el presidente, combinando deseos de solvencia y prurito nacionalista, dispuso lo necesario para lograr la rápida y completa amortización del préstamo de emergencia: el último tramo, intereses incluidos, fue reembolsado el 15 de enero de 1997, tres años antes del plazo establecido.


3. Impulsor de reformas decisivas en el sistema político
Superada la tormenta monetaria, y con inusitado vigor, pues 1996 iba a registrar una tasa de crecimiento del 5,1% con una inflación disminuida al 28%, Zedillo, comedido y disciplinado, se concentró en una empresa no menos formidable: el cumplimiento de sus promesas de democratización del Estado y la sociedad sin poner en peligro la unidad del propio PRI, que se resistía a librarse de obsolescencias y a permitir que otros partidos y organizaciones sociales ocuparan espacios de participación en la esfera pública, celosamente salvaguardados con pretensión patrimonial.

Al llegar a la Presidencia, Zedillo se había comprometido a proseguir con las reformas electorales, y por tanto centró sus esfuerzos en asegurar la transparencia de los comicios y la completa imparcialidad del IFE. La primera concreción de este objetivo fue el pacto Compromisos para el Acuerdo Político Nacional, suscrito el 17 de enero de 1995 por el PRI, el PAN y el PRD más el Partido del Trabajo (PT), esto es, los cuatro partidos representados en el Congreso, con el fin de promover el diálogo político para conducir una reforma electoral definitiva y solucionar el problema sempiterno de los conflictos poselectorales.

Esta modernización decisiva de las reglas de participación en democracia quedó consagrada, en una manifestación de consenso partidista que no tenía precedentes, el 31 de julio y el 1 de agosto de 1996 con la aprobación unánime por las dos cámaras del Congreso de la reforma de 19 artículos de la Constitución. El PRI asumió la reforma en su XVII Asamblea Nacional, celebrada del 20 al 22 de septiembre del mismo año, ocasión en la que el partido ratificó de paso su compromiso social y revolucionario, planteándose la necesidad de un cambio "en el asfixiante modelo económico neoliberal", el mismo que, paradójicamente, venía aplicando Zedillo por pregonados motivos coyunturales pero que en realidad era una fiel prolongación de la línea trazada por Salinas y antes que él ya esbozada por de la Madrid. Con todo, la doctrina de "liberalismo social" acuñada por el ahora demonizado y autoexiliado Salinas –al que Zedillo se negó a defender cuando estalló el escándalo de la detención y encarcelamiento de su hermano, Raúl Salinas, acusado de estar involucrado en el asesinato de Ruiz Massieu-, fue removida de la declaración ideológica del partido.

La crisis interna de la formación nacida en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, iniciada con las convulsiones del período salinista (debate ideológico en torno al modelo económico liberal, resistencias de los sectores tradicionalistas, alzamiento indígena en Chiapas desde el 1 de enero de 1994, magnicidios de Colosio y Ruiz Massieu) y prolongada desde que Zedillo dejara claro que no estaba dispuesto a gobernar bajo presiones, se vio agravada con motivo de las elecciones legislativas federales y estatales del 6 de julio de 1997, las primeras celebradas bajo la nueva normativa. En aquella ocasión, por primera vez en su historia, el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con el 38,8% de los votos y 239 escaños, 59 menos que en la legislatura anterior, así como los gobiernos de Querétaro y Nuevo León, que pasaron a manos del PAN y que se sumaron a los que la agrupación derechista ya poseía en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California.

El oficialismo se aseguró, con 76 escaños, la mayoría absoluta en el Senado, pero perdió la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar modificaciones constitucionales sin apoyos externos. El gran vencedor de la jornada fue el PRD, cuyo líder, Cárdenas, arrasó con el 47,6% de los votos en las primeras elecciones a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, centro de poder muy importante por el peso demográfico, político y económico de la capital. Zedillo, confrontado a esta insólita cohabitación en la Ciudad de México, se apresuró a felicitar a Cárdenas y añadió que en lo sucesivo "ya nadie podrá tachar al PRI de ser un partido de Estado". Ciertamente, los comicios de 1997 permitieron apreciar la articulación de un nuevo sistema en el que la competitividad partidista era real y lo que antaño era inimaginable, la alternancia en el poder federal, un supuesto posible.


4. Ambivalencia frente al conflicto de Chiapas
La delicada situación social en algunos estados, alimentada por los abusos cometidos por los gobernantes locales del PRI, obligó a intervenir a Zedillo. Así, en 1996 forzó las dimisiones del gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo García, tras protagonizar un escándalo de corrupción, y del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, por intentar ocultar el asesinato de 17 campesinos por las fuerzas de seguridad en la localidad de Aguas Blancas en junio de 1995. Pero fue el heredado conflicto en Chiapas, ahora extendido a otros estados del sur, con su complejo cuadro de insurgencia armada, reivindicaciones indígenas de autogestión y reparación socioeconómica, y monopolio de las estructuras productivas y de poder por la oligarquía priísta, el problema más acuciante. Zedillo abordó este conflicto aplicando una política del palo y la zanahoria.

Tras fracasar las negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 9 de febrero de 1995, poniendo fin a la tregua vigente desde el 12 de enero de 1994, el presidente ordenó al Ejército cercar la selva Lacandona y capturar al líder de la revuelta, el carismático y enigmático Subcomandante Marcos, al que de paso intentó desacreditar revelando a la opinión pública su supuesta identidad (la de un antiguo profesor universitario llamado Rafael Sebastián Guillén Vicente), pero cinco días después mandó detener las operaciones. El 21 de abril, representantes del Gobierno y la guerrilla reanudaron las conversaciones en el pueblo de San Andrés Larráinzar sobre la base de las demandas planteadas por la última, las cuales condujeron desde septiembre de ese año hasta febrero de 1996 a una serie de compromisos puntuales de aplicación incierta. Los denominados Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas, firmados el 16 de febrero de 1996, quedaron en papel mojado cuando la guerrilla acusó al Gobierno de hacer del texto una interpretación unilateral y no ajustada al espíritu que lo había impulsado.

El rechazo del Gobierno federal a la iniciativa de ley de la Comisión parlamentaria de Concordia y Pacificación (COCOPA), relativa precisamente a los derechos de los indígenas, más la negativa de Zedillo a conceder cualquier menoscabo de la autoridad federal en el territorio controlado por el EZLN, el cual se aprestaba a crear unas instituciones autónomas de base popular, propiciaron la reproducción de los enfrentamientos armados. Quedó configurada así una dinámica oscilante entre el diálogo y la represión que dejó en suspenso cualquier desenlace negociado.

Zedillo fundamentó su reluctancia a los Acuerdos de San Andrés en la posibilidad de que las reformas legales se tradujeran en enmiendas constitucionales, lo que podría dar pie, en su opinión, a reivindicaciones de tipo independentista. Sin embargo, siempre cundió la sensación de que el mandatario no tenía ninguna voluntad de reconocer las verdaderas raíces del conflicto ni de terminar con los atropellos de los caciques locales. A la presión policial contra los conatos de autogobierno indígena siguieron, el 22 de diciembre de 1997, el asesinato por paramilitares puestos a las órdenes del PRI local en la comunidad de Acteal de 45 indios tzotziles pertenecientes a un grupo pacifista católico simpatizante del EZLN, y, en junio de 1998, nuevos combates entre el Ejército y los zapatistas, con el saldo de una decena de muertos, espasmo de violencia que obligó a Zedillo a realizar el día 13 una visita de inspección. La matanza de Acteal en particular desató una cascada de críticas sobre Zedillo, cuya autoridad sobre los sectores más reaccionarios de su partido quedó en entredicho.

En añadidura, en Guerrero y en otros estados del sur comenzó sus actividades en agosto de 1996 un Ejército Popular Revolucionario (EPR), insurgencia de menor entidad pero de discurso más radical que para unos tenía inspiración maoísta y para otros se trataba de una criatura de oscuros potentados del PRI interesados en desestabilizar el orden público y desacreditar a los movimientos sociales.


5. Pragmatismo en política exterior
Las dinámicas de integración económica guiaron, como en la mayoría de los países latinoamericanos, el hacer exterior de Zedillo, que se caracterizó por un equilibrio entre el pragmatismo liberal y la continuación de la línea diplomática nacional que durante décadas habían practicado las administraciones priístas, la cual se ceñía a principios como el respeto de la soberanía nacional de los estados y la reserva de independencia para tender puentes de cooperación con cualquiera de ellos, si bien esta última característica había tenido más relevancia en el pasado, cuando el sistema internacional se ajustaba al rígido esquema de los bloques ideológicos en el eje Este-Oeste y cobraba plena significación la vía tercerista impulsada por los países no alineados.

Así, por un lado, Zedillo alentó el buen entendimiento con Estados Unidos, país socio dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que concentraba él solo las tres cuartas partes de todas las transacciones comerciales de México. En 1998 el 76% de las exportaciones y el 70% de las importaciones mexicanas tuvieron a Estados Unidos como destino y origen; su valor sumó los 187.000 millones de dólares, cifra que suponía un incremento del 120% con respecto a 1993, el año previo a la entrada en vigor del TLCAN. La tendencia siguió creciendo con rapidez hasta el final del sexenio zedillista, sobre todo en las exportaciones, consolidando a México, colocado ya por delante de Japón y China, como el segundo socio comercial de Estados Unidos después de Canadá. Los bajos costes salariales de México propiciaban fuertes inversiones empresariales de los socios del norte, fundamentalmente en el sector de las maquiladoras o empresas de ensamblaje de productos destinados a la exportación, pero los críticos de la integración comercial apuntaron los riesgos que entrañaría para la economía nacional una recesión en Estados Unidos.

Zedillo realizó en el vecino norteño su primer desplazamiento al exterior como presidente titular, el 10 de diciembre de 1994, con motivo de la I Cumbre de Las Américas que tenía lugar en Miami, y su homólogo estadounidense, Bill Clinton, devolvió la visita el 7 de mayo de 1997. En este encuentro los mandatarios firmaron un pacto de cooperación para la lucha contra el narcotráfico, compromiso sin precedentes que apaciguó sólo parcialmente las desconfianzas suscitadas en el Congreso de Estados Unidos sobre la capacidad del Estado mexicano para combatir esta industria delictiva, pese a las espectaculares detenciones de capos y su extradición a la justicia estadounidense. Estas exigencias persistentes, más el endurecimiento de la legislación sobre el control de la inmigración, dieron pie a recriminaciones mutuas y a algunos desencuentros diplomáticos. Zedillo, los ministros del Gobierno y los congresistas del PRI tampoco dejaron de criticar el endurecimiento de las sanciones y de reclamar el levantamiento del bloqueo a Cuba, aunque el presidente sometió a revisión la tradicional política mexicana de "entendimiento" con la isla caribeña, que anteriormente había supuesto un alivio para el régimen comunista de Fidel Castro mientras era acosado por Estados Unidos y boicoteado por casi todos los países de América Latina.

Así, Zedillo reaccionó con desagrado ante determinados comentarios irónicos del presidente cubano sobre el acercamiento de México al Norte rico, a costa, supuestamente, de aflojar los lazos tradicionales con los países menos desarrollados al sur de sus fronteras y culturalmente hermanos. En los últimos años del sexenio, el Gobierno mexicano instó a su homólogo cubano a introducir mayores cotas de democracia y de libertad en la isla. Zedillo llegó a tildar implícitamente al sistema castrista de dictadura, reconvención política sin precedentes que dejó atónitos a los dirigentes de La Habana. A diferencia de sus cuatro predecesores en el cargo desde 1975, Zedillo no viajó a Cuba fuera de un evento multilateral como fue la IX Cumbre Iberoamericana, en noviembre de 1999, donde no se privó de exhortar críticamente a los anfitriones.

Para compensar la creciente dependencia económica de Estados Unidos, el Gobierno de Zedillo prosiguió con el hilvanado de una red de tratados de libre comercio (TLC) bilaterales. El Acuerdo de Complementación Económica suscrito con Chile en septiembre de 1991 dio paso el 17 de abril de 1998 a un TLC que entró en vigor el 1 de agosto de 1999; el 1 de enero de 1995 entraron en vigor los TLC adoptados con Costa Rica el 5 de abril de 1994 y con Bolivia el 10 de septiembre siguiente, y el 1 de julio de 1998 le tocó el turno al establecido con Nicaragua; mientras tanto, continuaron las negociaciones con Panamá, Perú, Ecuador y, ya en el plano multilateral, con Honduras, Guatemala y El Salvador. Con estos tres países, que forman el denominado Triángulo Norte Centroamericano, México adoptó el consiguiente TLC el 29 de junio de 2000, que para el país norteamericano no iba a entrar en vigor hasta el 14 de marzo de 2001.

Estos tratados bilaterales, que se sumaron al alcanzado en el seno del G-3 (con Colombia y Venezuela) en septiembre de 1990 y cuya aplicación comenzó el 1 de enero de 1995, subrayaron la diversificación de los tratos comerciales mexicanos, si bien su importancia real era relativa (menos, tal vez, los firmados con Chile y el G-3), dado que el volumen del comercio del país con el conjunto de América Latina era mínimo, no superando el 5% del total de sus intercambios. Además, sus ventajas arancelarias iban a ser subsumidas en procesos multilaterales de mayor alcance, cuando entraran en servicio el área de libre comercio entre el G-3 con Centroamérica, en 2003, y el Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), que afectaba a todo el continente y cuya fecha de arranque era 2005.

En una línea de verdadero diálogo político se inscribió el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), firmado por Zedillo en Lisboa el 23 de marzo de 2000. Aprobado el 24 de noviembre de 1999 y tratándose de hecho del capítulo comercial del más ambicioso Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación -firmado el 8 de diciembre de 1997 y en vigor el 1 de octubre de 2000-, el documento de Lisboa pronosticaba siete años de trabajos hasta completar el desarme arancelario: éste comenzaba el 1 de julio de 2000 y debía culminar en 2003 por lo que respectaba a la UE y en 2007 en el caso de México.

Ahora bien, a nadie escapaba el dato de que el comercio de la UE con el país azteca había crecido desde 1993 a menos de la mitad de la velocidad con que lo había hecho el comercio con el TLCAN. Además, se trataba de volúmenes muy reducidos: en 1998 el comercio de México con todos los países de la UE suponía el 4% de las exportaciones y el 8% de las importaciones, lo que no representaba más que el doble del comercio realizado sólo con Canadá. La voluntad de México de acercarse al viejo continente durante los años de Zedillo, incluyendo la cooperación en temas tan extraeconómicos como los Derechos Humanos y la democracia, quedó suficientemente expresada en la entrada en el Consejo de Europa como observador permanente, el 1 de diciembre de 1999, compartiendo este estatus de excepción con Estados Unidos, Canadá y Japón.

Zedillo fue también el inspirador de la cumbre internacional especial contra la droga que del 8 al 10 de junio de 1998 reunió a una treintena de jefes de Estado y de Gobierno en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, y participó en las cumbres anuales de la Cooperación Económica de Asia-Pacifico (APEC), la Comunidad Iberoamericana y el Grupo de Río, cuya decimotercera edición presidió en México DF el 28 y 29 de mayo de 1999.


6. Protagonista del final de siete décadas de gobiernos del PRI
De cara a las elecciones generales del año 2000, que se anticipaban como las más trascendentes en la historia reciente de México, el 4 de marzo de 1999, en el 70º aniversario de la fundación del partido, Zedillo anunció un proceso de primarias en el PRI para la designación del candidato a la Presidencia. La elección interna ponía fin al histórico dedazo, la designación inapelable por el presidente saliente del aspirante a sucederle. A continuación, el 30 de abril, el Consejo Político Nacional (CPN) del PRI eligió por sufragio secreto a José Antonio González Fernández y a Dulce María Sauri Riancho presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y secretaria general del partido, respectivamente. Sus mandatos estaban limitados en el tiempo, siendo su único cometido, y no baladí, organizar el inédito proceso de primarias. González, identificado como uno de los dignatarios más próximos a Zedillo, a quien venía asistiendo como secretario de Trabajo y Previsión Social, se había quedado como el único candidato a presidir la máxima instancia ejecutiva del partido después de que los demás aspirantes, con Rodolfo Echeverría Ruiz a la cabeza, se retiraran alegando falta de equidad en el proceso de selección.

El 17 de mayo el CPN definió las bases del procedimiento de elección del candidato presidencial: podrían votar a los precandidatos que se inscribieran no sólo los militantes del partido, sino también todo ciudadano mexicano mayor de 18 años. La apertura del proceso era, por tanto, total. Así las cosas, el 7 de noviembre de 1999 se midieron en las urnas priístas cuatro precandidatos. El vencedor, con un avasallador 90% de los sufragios, fue Francisco Labastida Ochoa, antiguo gobernador de Sinaloa y varias veces ministro del Gobierno Federal desde el sexenio delamadridista, siendo su último cargo la Secretaría de Gobernación (Interior), oficina cuyo titular era habitualmente considerado el hombre más poderoso del Ejecutivo luego del propio presidente.

Aunque Zedillo se había comprometido a mantener una estricta neutralidad y a no manifestar preferencia por candidato alguno, resultó evidente que el inquilino de Los Pinos apostó por el caballo ganador. Más aún, los rivales de Labastida –Roberto Madrazo Pintado, Humberto Roque Villanueva y Manuel Bartlett Díaz- no dudaron en acusarle de ser el "elegido" del aparato presidencial y, por tanto, el beneficiario de múltiples recursos de partida. Aunque esta queja colectiva ponía el dedo en la llaga del favoritismo más o menos disimulado de Zedillo, no podía pretender arrojar sombras de ilegitimidad sobre una elección cuya validez democrática avalaba el voto de casi 10 millones de mexicanos. En cualquier caso, la campaña de las primarias, muy disputada y bronca, exteriorizó con crudeza la lucha de banderías que se libraba en el PRI.

Con este ejemplo de democracia interna Zedillo esperaba convencer al electorado nacional de que el PRI seguía siendo la fuerza política más capacitada para solucionar los problemas del país, teniendo además presente que la economía proseguía su buen rumbo. Sin embargo, pesaron más el profundo deseo de cambio del electorado y la escasa convicción de Labastida, visto como el paradigma del oficial reformista del PRI pero falto de carisma y supuestamente débil ante las presiones de los sectores conservadores. Tras tantas décadas de poder monocolor, había llegado el momento de la alternancia en México. En la jornada del 2 de julio de 2000 el candidato priísta cayó derrotado con el 36,1% de los votos frente el hombre del PAN, Vicente Fox Quesada, anterior gobernador de Guanajuato, quien obtuvo el 42,5%.

El resultado fue rápidamente reconocido por Zedillo, que llamó a una transición ordenada y ofreció su colaboración al presidente electo, con el que se reunió a las pocas horas de conocerse el desenlace electoral. Las felicitaciones internacionales se dirigieron a Fox, pero también a Zedillo, por haber hecho posible un proceso electoral transparente y libre de los habituales episodios de fraude institucional. En opinión del ex presidente estadounidense Jimmy Carter, observador in situ, las elecciones habían sido "casi perfectas".

Las consecuencias de la debacle priísta no se hicieron esperar. Los dinosaurios de la vieja guardia del partido, cuyo ascendiente había quedado muy malparado con las medidas aperturistas, arremetieron contra el mandatario saliente, al que hicieron responsable de un "error histórico" que, no obstante, remontaron hasta principios de los años noventa, cuando Salinas abrió las puertas de par en par al liberalismo económico. La celeridad con que Zedillo había concedido la victoria a Fox produjo un malestar añadido entre sus conmilitones.

El 4 de julio Dulce María Sauri, ahora mismo presidenta del partido, y la Comisión Directiva en pleno renunciaron a sus cargos "por dignidad", pero al día siguiente, el CEN, reunido en sesión de urgencia, rechazó las dimisiones. El 6 de julio, Zedillo, saliendo al paso de las numerosas voces que le exigían la asunción de responsabilidad por lo sucedido, emitió un comunicado por el que se desvinculaba del conflicto interno del partido, a cuyos miembros instaba a reconocer la derrota y animaba a hacer una importante "introspección" para aprender las oportunas lecciones y encarar positivamente el futuro. El siguiente mazazo a un partido que parecía tambalearse fue la victoria cosechada en Chiapas por el candidato conjunto de la oposición, Pablo Salazar Mendiguchía, en las elecciones gubernamentales del 20 de agosto. El 1 de septiembre, en su último discurso a la nación desde el estrado del Congreso, Zedillo afirmó sentirse satisfecho porque bajo su mandato México hubiera "completado su camino hacia la democracia", expresión que equivalía a reconocer que hasta ahora el país no había gozado de una democracia homologada. El 1 de diciembre hizo cesión de la banda presidencial a Fox en una ceremonia que contó con una nutrida representación internacional.

Ahora mismo, la situación económica que legaba Zedillo no podía ser más disímil de la que había heredado seis años atrás: 2000 cerró con un crecimiento del PIB del 7%, tasa que duplicaba la registrada el año anterior, y una inflación del 9,5%, el índice más bajo de todo el sexenio. El peso estaba estabilizado con respecto al dólar, BANXICO había aumentado sus reservas monetarias y el descenso de los ingresos petroleros debido a los bajos precios del barril de crudo había sido compensado en parte con el relanzamiento de las exportaciones no petroleras. A modo de balance, durante el mandato de Zedillo la economía mexicana había crecido un promedio del 3,4% anual, la inflación media anual había sido el 23% y, dato muy revelador sobre el grado de apertura e integración global de la economía, el comercio exterior había pasado de representar el 12% del PIB a comienzos de 1994 al 42% a finales de 2000.

La satisfacción general por el pacífico cambio de régimen se reflejaba en las encuestas de opinión, que concedían al presidente saliente un índice de popularidad del 60%, mérito del que no podían alardear sus inmediatos predecesores. Ahora bien, numerosos y abrumadores déficits sociales quedaban intangibles; por decirlo sintéticamente, existía una flagrante asimetría entre el desarrollo económico que reflejaban las cifras oficiales y el desarrollo humano que analizaban sin discurso autocomplaciente las ONG y los movimientos sociales.

Zedillo también se despidió con la mácula, y no pequeña, de una serie de operaciones financieras irregulares, como la montada para rescatar de la quiebra al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), que incluyó convertir en deuda pública las obligaciones financieras contraídas por el Estado con los depositarios de fondos afectados por la crisis de 1994, y el presunto flujo de dinero desde Petróleos Mexicanos (PEMEX) hasta la campaña electoral de Labastida (en mayo de 2003 el IFE, tras comprobar la veracidad de esta denuncia, iba a imponer al PRI el pago de una multa -al cambio- de 100 millones de dólares). Las sospechas de manejos ilícitos apuntaron incluso al entorno familiar del propio mandatario, pero nada se sacó en claro, no dando a la justicia motivos para intervenir. En 1998, por ejemplo, se produjo un pequeño escándalo cuando un hermano del presidente, Rodolfo Zedillo, reconoció haber firmado un negocio inmobiliario con personas que resultaron ser testaferros del ya fallecido narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, quien fuera jefe del cartel de Juárez.


7. Ex mandatario con importante rol internacional
El anterior presidente mexicano mantiene en la actualidad una agenda internacional muy rica. Es miembro de los consejos de administración de las corporaciones Procter & Gamble, Union Pacific y ALCOA, y asesor de Daimler-Chrysler y Coca-Cola. Columnista regular en la revista Forbes, ha adquirido además el perfil de experto colaborador en altos organismos internacionales. Asimismo, está activo en el Club de Madrid y el Consejo InterAcción, dos foros de encuentro, debate y reflexión reservados a ex presidentes y primeros ministros de todo el mundo, amén de pertenecer al Consejo Asesor de la Initiative for Policy Dialogue (IPD) de la Universidad de Columbia.

Poco después de dejar la Presidencia de México, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, recurrió a él para encabezar el panel sobre Financiación y Desarrollo, el cual elaboró un documento, el denominado informe Zedillo, que brindó el marco político de discusión a la Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo que se celebró en Monterrey del 18 al 22 de febrero de 2002, y que previamente fue analizado en la IV Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que tuvo lugar en Doha, Bahrein, del 9 al 14 de noviembre de 2001. En este informe, presentado el 28 de junio de 2001, Zedillo y sus diez colegas sostenían la necesidad de avanzar en la liberalización de los mercados mundiales, pero teniendo presente los intereses y necesidades de los países menos desarrollados, una "Ronda de Desarrollo" que, a diferencia de anteriores rondas de desarme arancelario, debía hacer hincapié en los productos agrícolas y manufacturados (textiles en particular) que constituían la base exportada de estos países.

Profesor visitante del London School of Economics (LSE), miembro del Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Programa de las Américas del Centro Carter de Atlanta y, desde abril de 2002, director del Center for the Study of Globalization de la Universidad de Yale (YCSG), Zedillo es un economista tan solicitado que días después de recibir ese último nombramiento no tuvo ambages en descartarse para suceder en 2005 al tailandés Supachai Panitchpakdi al frente de la OMC. La postulación, fomentada por altos ejecutivos del organismo, parece que no interesó a Zedillo, quien se encontraba cómodo en el equipo de asesores personales del director general saliente, el neozelandés Mike Moore, cuyo mandato expiraba el 1 de septiembre de 2002.

(Cobertura informativa hasta 1/1/2007)