Daniel Ortega Saavedra

Con su reelección con un aplastante 72,4% de los votos en las elecciones formalmente democráticas celebradas el 6 de noviembre de 2016 en Nicaragua, Daniel Ortega ha obtenido mandato para prolongar hasta 2022 un ejercicio presidencial que desde su arranque hace nueve años se ha caracterizado por el paulatino sometimiento de las instituciones y normas del Estado a los designios personalistas del ya septuagenario líder histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). A la oposición, fragmentada, desarbolada y sumida en la impotencia, solo le queda deslegitimar la "farsa electoral" y acusar a Ortega de ser un "caudillo populista" consagrado a la tarea de instaurar en esta parte de América Central una "dinastía familiar" similar a la de los Somoza, la dictadura que fusil al hombro combatió.

El antiguo comandante de la Revolución de 1979 y luego durante una década coordinador de la Junta de Gobierno y presidente de la República triunfó en 2006 en las elecciones que, después de tres derrotas sucesivas frente a los dirigentes del centro-derecha liberal Violeta Chamorro (1990), Arnoldo Alemán (1996) y Enrique Bolaños (2001), le devolvieron al poder en enero de 2007. Protagonista de un polémico pacto de intereses con Alemán, su antípoda ideológico condenado por corrupción, e hilvanando un discurso heterogéneo donde los postulados izquierdistas tradicionales del sandinismo iban de la mano de unos mensajes de reconciliación y armonía, y de un neoconservadurismo moral grato a la Iglesia Católica, Ortega regresó a la Presidencia prometiendo poner fin a la pobreza endémica que castigaba a la mitad de la población y garantizando las buenas relaciones con Estados Unidos, pero al tiempo que suscribía una alianza estratégica con la Cuba castrista y la Venezuela chavista, en adelante socios de Nicaragua en el seno del ALBA.

Muy pronto, Ortega, diestro urdidor de componendas pragmáticas o inescrupulosas tras una proyección física poco carismática y la crudeza de su retórica en la "batalla de las ideas", afrontó desde la oposición, que incluía a un sandinismo disidente profundamente decepcionado, una cascada de denuncias de radicalismo, incapacidad de diálogo, nepotismo, patrimonialización de los recursos públicos y adulteración de la democracia representativa mediante fórmulas populares de "democracia directa" y clientelismo proselitista. La cooptación por el orteguismo de dos organismos clave del Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, más la conquista por el FSLN de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional en las elecciones de 2011 permitieron al dirigente sentar las bases de una presidencia con aparente vocación de vitalicia en virtud de, primero, la "inaplicabilidad" (2009) y, segundo, la enmienda (2013) de aquellos puntos de la Constitución que bloqueaban las sumas de un segundo y un tercer mandatos consecutivos al primero de cinco años ganado en 2006.

El establecimiento del presidencialismo fuerte sin restricciones constitucionales a su duración indefinida. El control, haciendo del principio de la separación de poderes papel mojado, de virtualmente todos los resortes institucionales de la República amén de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la mayoría de los medios de comunicación audiovisuales. Y la neutralización arbitraria vía judicial de una oposición liberal (despojamientos de Eduardo Montealegre y Luis Callejas) ya minada por sus crónicas peleas internas e incapaz de ofrecer a los electores un proyecto de país coherente y alternativo al del sandinismo. Estas fueron tres grandes maniobras del oficialismo que aseguraron el éxito en las elecciones de 2016 de Ortega, al que pasa a flanquear como nueva vicepresidenta de la República su esposa Rosario Murillo, en todo este tiempo una primera dama tan conspicua e influyente que es retratada como una especie de cogobernante o "primera ministra" de facto de Nicaragua.

Ahora bien, el resultado de estas votaciones, aun viciado por la secuencia de abusos antidemocráticos, testimonia también el grado de respaldo que El Comandante conserva entre la juventud, los trabajadores urbanos, el campesinado y las clases humildes. A estos colectivos van destinados los programas asistenciales que el Ejecutivo sufraga gracias a la asistencia venezolana, crucial sustituta de la menguante cooperación internacional al desarrollo procedente de los países occidentales, los cuales expresan de esta manera su malestar por la deriva autoritaria del Gobierno de Managua. Además, en Nicaragua, pese a la precariedad congénita derivada de los vaivenes del comercio internacional de mercancías agropecuarias y los desastres naturales, se han consolidado el crecimiento económico, la estabilidad financiera y la reducción de la pobreza, logros que reconocen entre otros el FMI y el BID.

Un rasgo ciertamente peculiar del régimen, rico en contradicciones, de Daniel Ortega es, pese a las diatribas contra el "capitalismo mundial", su estrecha complicidad con el alto empresariado nacional y las élites económicas tradicionales, que gozan de excelentes condiciones para desarrollar sus negocios en un marco desregulado típicamente neoliberal, con mínimos niveles de protección de los trabajadores, explotación laboral severa y salarios irrisorios. Y es que ser miembro del ALBA, despotricar regularmente contra el "imperialismo" y la "oligarquía", enarbolar la bandera del socorro a los desfavorecidos y codearse con Irán o Rusia no han empujado a Ortega a imponer un modelo económico estatista; al contrario, es respetuoso con la libre empresa y el sector privado, ámbitos en los que su familia opera extensamente con una obvia ventaja de partida, al igual que ha mantenido intacta la relación comercial privilegiada con Estados Unidos, socio en el tratado CAFTA-RD. La consigna de Nicaragua como paraíso de inversores foráneos quedó bien patente en el incierto proyecto del Gran Canal Interoceánico, obra de ingeniería colosal, con un coste estimado de 50.000 millones de dólares, adjudicada en 2013 a una compañía china y que se mantiene en el dique seco.

(Texto actualizado hasta noviembre 2016)

1. Comandante de la Revolución Nicaragüense de 1979 y jefe histórico del sandinismo
2. Miembro de la dirección colegiada de la Junta de Gobierno
3. Endurecimiento del régimen sandinista y frentes de oposición
4. Elevación a la Presidencia de la República en 1984 con controversia electoral
5. La guerra civil con la Contra; Nicaragua, línea del frente de la pugna global entre Estados Unidos y la URSS
6. Negociaciones de paz y derrota en las urnas frente a la oposición liberal en 1990
7. Las fluctuantes relaciones con los gobiernos de Chamorro y Alemán; El Pacto y el caso de Zoilamérica Narváez
8. Postura en torno a la reconversión ideológica del FSLN
9. Tercera apuesta presidencial fallida en 2001
10. Maquinador protagonista de la crisis política nacional durante la Administración Bolaños
11. Triunfo en las votaciones presidenciales de 2006 y retorno al Ejecutivo
12. Socio centroamericano del ALBA, roces con Colombia y primeras maniobras para acaparar el poder
13. Relectura constitucional ad personam, tensiones políticas y reelección con polémica en 2011
14. El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua: un proyecto colosal rodeado de incertidumbre
15. El apuntalamiento del orteguismo: reforma de la Carta Magna, golpe al PLI y búsqueda del tercer mandato presidencial sucesivo en 2016



1. Comandante de la Revolución Nicaragüense de 1979 y jefe histórico del sandinismo
Nacido en 1945 en un hogar humilde del departamento meridional de Chontales, las privaciones sanitarias de la familia causaron la muerte prematura de dos hermanos menores, siendo él el primogénito de los cinco vástagos que salieron adelante. En la década anterior a su nacimiento, varios parientes habían luchado en la guerrilla revolucionaria comandada por Augusto César Sandino contra las tropas estadounidenses de ocupación. Los padres, Daniel Ortega, quien se ganaba la vida como contable, y Lidia Saavedra, eran activos opositores a la dictadura dinástica instaurada por el general Anastasio Somoza García, comandante en jefe de la Guardia Nacional, y continuada por sus hijos, Luis y Anastasio Somoza Debayle, lo que les acarreó a ambos sendas experiencias carcelarias en el primer período presidencial del fundador de esta autocracia patrimonialista.

En enero de 1960, con 14 años, el joven Ortega se inició en el activismo político en el seno de la Juventud Patriótica Nicaragüense (JPN), un movimiento civil de oposición al somocismo que adoptó el ideario de Sandino. La represión del Gobierno no tardó en abatirse sobre la JPN. En el caso de Ortega, el castigo de las autoridades consistió en la expulsión de la escuela a la que asistía en su población natal, La Libertad, viéndose obligado a marchar a Managua. En la capital del país consiguió reanudar los estudios en el Instituto Pedagógico, regido por los Hermanos de La Salle, y en el colegio público Maestro Gabriel.

En 1962 Ortega inició la carrera de Derecho en la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, pero al cabo de unos meses, en 1963, abandonó las aulas para dedicarse de lleno a la resistencia política. Así, ingresó en el clandestino Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), organización político-militar fundada en Honduras en julio 1961 por Tomás Borge Martínez, Silvio Mayorga Delgado y Carlos Fonseca Amador, entre otros. El FSLN, de una manera más explícita que sus directos predecesores, la JPN y el Movimiento Nueva Nicaragua (MNN) de Fonseca, recuperaba la bandera revolucionaria del líder asesinado en 1934 y apostaba por la subversión armada para el derrocamiento del somocismo y la conquista del poder. La primera actuación destacada de Ortega en el FSLN fue la puesta en circulación del periódico El Estudiante, órgano de prensa del Frente Estudiantil Revolucionario (FER).

Convertido en estrecho colaborador de Fonseca, principal líder del FSLN en aquella etapa inicial, Ortega recibió la misión de organizar unos Comités Cívicos Populares de resistencia a la dictadura, así como una red de comandos armados para realizar acciones de guerrilla urbana, como sabotajes y robos de bancos para incautarse de fondos. En 1965, con apenas 20 años, fue ascendido a comandante y a miembro de la Dirección Nacional del FSLN, donde a partir del año siguiente adquirió el mando sobre el denominado Frente Interno.

En 1967, el año en que ascendió a la Presidencia de la República Anastasio Somoza Debayle, alias Tachito, Ortega fue capturado por la Guardia Nacional durante el asalto a un banco -según algunas fuentes, una delación posibilitó su detención- y enviado a presidio. Su estancia en la cárcel se prolongó durante siete años, tiempo en el cual, de acuerdo con su testimonio, padeció hambre, torturas y todo tipo de vejaciones, así como largos períodos de incomunicación en celdas de castigo. Una penosa experiencia que se habría prolongado por tiempo indefinido de no haber sido incluido en el grupo de prisioneros sandinistas canjeados por los rehenes, colaboradores directos de Somoza, capturados el 27 de diciembre de 1974 en la casa del ministro José María Chema Castillo por el comando Juan José Quezada del FSLN, el cual se dio a conocer al público internacional con esta audaz acción.

Ortega y los camaradas que le liberaron viajaron a Cuba para acogerse a la protección del régimen comunista de Fidel Castro, pero al cabo de unas semanas él se infiltró de nuevo en Nicaragua para reintegrarse en la Dirección Nacional, donde encontró un movimiento dividido en tres facciones: Guerra Popular Prolongada (GPP), encabezada por Tomás Borge y el comandante Henry Ruiz, alias Modesto, que era de inspiración maoísta-guevarista y alentaba una contienda de liberación popular basada en el campesinado; la tendencia Proletaria, preconizada por Fonseca, el cual iba a caer en combate en noviembre de 1976, y Jaime Wheelock Román, que se identificaba mejor con la ortodoxia marxista-leninista y sostenía la necesidad de mantener un partido obrero en la retaguardia; y la tendencia Tercerista o Insurreccional, que animaban izquierdistas no marxistas y marxistas heterodoxos, muchos de ellos estudiantes e intelectuales.

Los terceristas daban prioridad a las acciones de guerrilla urbana y al reclutamiento social para lanzar una insurrección general contra la dictadura de la que pudieran tomar parte la ciudadanía urbana y los políticos socialdemócratas, enriqueciendo de paso el substrato ideológico del FSLN. Esta corriente, en la que militaban importantes comandantes como el luego famoso Edén Pastora Gómez, era la mayoritaria y en ella se integraron Ortega y su hermano dos años menor, Humberto. El trabajo de los hermanos Ortega en los terrenos tanto militar (Humberto se destacó como principal estratega de operaciones mientras que Daniel llevó el mando táctico de los frentes internos Norte y Sur) como político resultó determinante para la recomposición de la unidad interna del FSLN, sin la cual difícilmente podría triunfar la proyectada ofensiva final contra Somoza.

El desenlace de la derrota de la Guardia Nacional y la toma del poder por la guerrilla dejó de parecer quimérico desde que en octubre de 1977, tras unos años de repliegue defensivo ante la durísima persecución militar a campo abierto unida a una no menos cruda represión política en las ciudades, el FSLN Tercerista se lanzara al hostigamiento sistemático de las fuerzas gubernamentales. En una de estas acciones, la dirigida en el barrio de Morimbó de la ciudad de Masaya para organizar una insurrección popular que había estallado espontáneamente, pereció otro de los hermanos menores de Ortega, Camilo. El trágico suceso se produjo en febrero de 1978, por la época en que Daniel inició una relación sentimental estable con la poetisa sandinista Rosario Murillo Zambrano, con la que iba a tener seis hijos (él ya tenía un hijo de una relación previa y ella por su parte otros dos) viviendo en común como pareja de hecho, si bien ante la Iglesia serían marido y mujer en virtud del casamiento clandestino que les impartió un sacerdote sandinista a finales de aquel año.

El 8 de marzo de 1979 las tres facciones sandinistas, con la mediación del Gobierno cubano, reconstituyeron la Dirección Nacional conjunta en un contexto de reorganización del conjunto de la oposición a través de coaliciones, como el Frente Amplio Opositor (FAO), que incluía a la Unión Democrática de Liberación (UDEL), liderada hasta su asesinato en enero de 1978 por el propietario periodístico y dirigente de la burguesía conservadora Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y el Movimiento Democrático Nacionalista (MDN), del también empresario antisomocista Luis Alfonso Robelo Callejas. El propio FSLN se unió a otras organizaciones de diverso signo, como el Grupo de los Doce, el Movimiento Pueblo Unido (MPU), el Partido Liberal Independiente (PLI) y el Partido Popular Social Cristiano (PPSC), para formar, el 1 de febrero de 1979, el Frente Patriótico Nacional (FPN).

La combinación de resistencia civil de unos espectros social e ideológico cada vez más amplios, desde las masas populares hasta la burguesía terrateniente, y, sobre todo, de lucha armada por parte del FSLN, acorraló a la tiranía de Somoza, cuyas prácticas depredadoras de los bienes económicos y de gangsterismo político le granjearon el aborrecimiento general de la población. El 29 de mayo de 1979 Ortega y los demás comandantes activaron el empuje bélico final y el 18 de junio todo el arco de la oposición acordó en Puntarenas, Costa Rica, constituir una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) de cinco miembros, con Ortega representando al FSLN. En Puntarenas se definieron las líneas de actuación de la JGRN tras la toma del poder, que serían el pluralismo político, el modelo de economía mixta para corregir las flagrantes desigualdades sociales y la no alineación en política exterior.


2. Miembro de la dirección colegiada de la Junta de Gobierno
El 17 de julio de 1979 Somoza, abandonado por Estados Unidos, huyó de país y dos días después la guerra civil tocó a su fin con la entrada triunfal de las columnas sandinistas en Managua. La Junta de Gobierno llegó desde Costa Rica a la ciudad de León el 18 y asumió efectivamente el poder con su instalación en la capital el día 20. La administración fantasma del presidente en funciones que intentaba cubrir el vacío de poder dejado por Somoza, Francisco Urcuyo Maliaños, se desvaneció en menos de un día al quedar claro que no ejercía control alguno y que los gobiernos latinoamericanos le negaban cualquier legitimidad. Una de las primeras decisiones de la Junta de Gobierno fue restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba.

En la Junta, a Ortega le flanqueaban las siguientes personalidades: el intelectual socialdemócrata Sergio Ramírez Mercado, por el Grupo de los Doce; el ingeniero Moisés Hassán Morales, por el MPU; Alfonso Robelo por el MDN; y Violeta Barrios de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro, por la UDEL. De los cuatro junteros no miembros del FSLN, dos, Ramírez y Morales, eran de partidos prosandinistas y los otros dos, Robelo y Chamorro, de partidos del centroderecha liberal agrupado en el FAO. La organización de Ortega, pese a la ventaja abrumadora que conferían la posesión de capacidad militar de carácter exclusivo y de auténtica legitimación popular por haber llevado el peso de la sangrienta contienda para expulsar a Somoza, no se lanzó por el momento a la toma exclusiva del poder y accedió a compartir este con las demás fuerzas que habían participado en el derrocamiento de la dictadura.

La composición plural de la Junta se extendió al Gabinete de ministros y al Consejo de Estado, órgano de 33 miembros designados por organizaciones políticas, socioeconómicas y sindicales, y creado el 20 de julio con funciones de asesoría y deliberación con respecto a las disposiciones de la Junta. Ahora bien, el Consejo de Estado se dotó de una Junta Directiva más restringida cuya presidencia se la reservó el FSLN en la persona del comandante Carlos Núñez Téllez. Por otro lado, aunque el Pacto de Puntarenas preveía el reemplazo de la Guardia Nacional, ahora desintegrada, por un Ejército nacional suprapartidista, el caso fue que el Ejército Popular Sandinista (EPS), comandado por Humberto Ortega, concurrentemente ministro de Defensa, hizo esa función de manera oficial a partir del 22 de agosto. En cuanto al Ministerio del Interior, fue asumido por Tomás Borge.

El comandante de la Revolución Daniel Ortega, con 33 años, se aseguró un puesto de relevancia en la jefatura colectiva del país como miembro tanto de la Junta de Gobierno como de la Dirección Nacional sandinista denominada histórica y reducida a nueve miembros: todos los demás habían perecido en la lucha antisomocista a lo largo de la década que acababa. En la primera reunión importante de los cuadros dirigentes del FSLN, la denominada Asamblea de las 72 horas, realizada del 21 al 23 de septiembre de 1979, se esbozó una estrategia de consolidación y conservación del poder que despertó grandes suspicacias en los demás partidos. Alegando que el imperialismo estadounidense y la alta burguesía nacional estaban organizando una reacción contrarrevolucionaria, y que las prioridades del momento eran la reconstrucción del país devastado y la transformación de las estructuras socioeconómicas en un sentido más igualitario, Ortega y sus camaradas plantearon la postergación de cualquier proceso electoral democrático para más adelante.

El panorama que tenían ante sí los nuevos gobernantes de Nicaragua era desolador: el país, que en tiempos de paz ya sería uno de los más atrasados del continente, estaba exangüe por las prácticas de guerra quemada aplicadas por la Guardia Nacional para aplastar a los subversivos, por el coste de sus cuantiosos pertrechos militares facturados en Estados Unidos y tras muchos años de saqueo de los magros recursos nacionales por la familia Somoza y sus asociados, que habían (mal) administrado un territorio de 130.000 km² como si fuera su hacienda particular. Las cosechas estaban perdidas, muchas industrias devastadas o paralizadas, y las reservas de divisas, agotadas. El PIB nicaragüense se redujo más de un 25% solo en 1979, un desplome catastrófico. El balance humano de la guerra civil era estremecedor: unos 50.000 muertos, 120.000 refugiados o exiliados en el extranjero, y 600.000 personas sin hogar, todo en un país de poco más de tres millones de habitantes.

Entre las medidas iniciales decretadas por la Junta figuraron la confiscación de las extensas propiedades de los Somoza y la nacionalización del comercio exterior, la minería, la banca y los seguros. Para integrar el equipo económico se nombraron a representantes del sector privado con las misiones de renegociar con los acreedores foráneos el pago de la deuda y captar nuevas y urgentes ayudas canalizadas a través del Fondo Internacional de Reconstrucción (FIR), controlado por el Estado. Las simpatías internacionales por la revolución nicaragüense, que contaba con muchos amigos en los sectores progresistas de América y Europa, posibilitaron el acceso a facilidades financieras y a una importante ayuda humanitaria que palió las carencias más acuciantes. En Estados Unidos, la Administración demócrata de Jimmy Carter no eludió el reconocimiento de la Junta ni el socorro de sus necesidades más urgentes. A principios de septiembre de 1979 Ortega y sus compañeros fueron recibidos en la Casa Blanca por Carter, quien les concedió un paquete de ayudas por valor de 118 millones de dólares.


3. Endurecimiento del régimen sandinista y frentes de oposición
Sin embargo, tras desaparecer el único motivo, la eliminación de la dictadura, que podía aglutinar a una pléyade de fuerzas de ideologías muy divergentes, la alianza entre el FSLN y los partidos no afines (conservadores, liberales y centroizquierdistas, pero también algunos de la extrema izquierda independiente) empezó a resquebrajarse por las mutuas desconfianzas y por las acusaciones de pretender instaurar un régimen autoritario de tipo socialista, los unos, y de conspirar contra la Revolución apoyándose en elementos reaccionarios ávidos de revancha, los otros.

El 16 de abril de 1980 la Junta de Gobierno decretó una reorganización del Consejo de Estado por la que se aumentó el número de sus miembros y perdieron representación en su seno varias formaciones. El MPU y el Grupo de los Doce decidieron autodisolverse y varios de sus miembros, como Ramírez, se pasaron al FSLN. La mudanza desencadenó una crisis en el seno de la Junta. El 19 de abril Chamorro dimitió en desacuerdo con la orientación izquierdista que Ortega deseaba imponer y alegando que los sandinistas habían incumplido las promesas de democracia. Toda vez que Robelo hizo lo mismo tres días después, el órgano ejecutivo quedó bajo el pleno control del FSLN.

En la segunda Junta de Gobierno, constituida el 19 de mayo de 1980, continuaron Morales y Ramírez, mientras que las bajas de Chamorro y Robelo fueron suplidas por los antisomocistas moderados Rafael Ángel Córdova Rivas, de la UDEL, y Arturo José Cruz Porras, sin filiación partidista. En agosto siguiente los sandinistas comunicaron su intención de permanecer indefinidamente en el poder y su concepto de "democracia participativa", que no pasaba por la mera celebración de elecciones sino por la implicación del pueblo en los asuntos de toda índole a través de organizaciones de masas y asambleas populares. Así, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) lanzados por Castro en Cuba inspiraron los Comités de Defensa del Sandinismo (CDS), células a nivel de barriada que implicaron al pueblo llano en la exaltación propagandística de la Revolución y en la ejecución de tareas auxiliares del Estado tales como la supervisión del racionamiento alimentario, el control de los precios al por menor, la lucha contra la corrupción y las campañas sanitarias y culturales, siendo una de las más destacadas la Cruzada Nacional de Alfabetización, que consiguió reducir el analfabetismo del 60% al 12%.

El anuncio por Ortega de que no habría elecciones hasta 1985 motivó el 12 de noviembre de 1980 la retirada del Consejo de Estado de una decena de agrupaciones representativas de la burguesía nacional, entre ellas el MDN, por considerar que el Gobierno se había apartado de lo dispuesto en el Estatuto Fundamental promulgado el 20 de julio de 1979 como reemplazo, junto con los Estatutos sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses del 21 de agosto del mismo año, de la derogada Constitución somocista de 1974. En un clima de rampante crispación, el FSLN acusó a estos partidos de sabotear las instituciones revolucionarias y el programa de unidad nacional.

El 4 de marzo de 1981 Ortega fue investido en el puesto de "coordinador", esto es, un virtual primer ministro, de la tercera Junta de Gobierno, que de paso quedó reducida a un triunvirato que completaban Sergio Ramírez y Rafael Córdova. La definición del hombre fuerte de la Revolución nicaragüense (en la terminología del FSLN, Revolución Popular Sandinista) dejó a las claras la situación prácticamente hegemónica de que gozaba el FSLN, que controlaba gran parte del aparato del Estado y el conjunto de las fuerzas de seguridad y defensa. El Frente funcionaba en la práctica como un partido político de vocación estatal, pero evitaba definirse como tal, abonando la confusión sobre la naturaleza jurídico-institucional del régimen. La Junta gobernaba por decreto, y de hecho las decisiones políticas, por lo general, emanaban de la Dirección Nacional del FSLN, que transmitía sus propuestas al citado órgano estatal para su discusión y eventual ejecución.

La promoción de Ortega vino a coincidir con un drástico cambio de actitud de Estados Unidos hacia la Nicaragua postsomocista; si la Administración Carter había intentado un acomodo entre sus intereses y las políticas de la Junta de Managua, la nueva Administración republicana de Ronald Reagan expresó su voluntad de impedir a toda costa que en el país arraigara un régimen procubano, hasta el punto de tachar a la Junta de plataforma para la penetración del comunismo soviético y de activo "exportador" de revoluciones marxistas a toda Centroamérica. El 23 de enero de 1981, tras acusar a Managua de suministrar armas a la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de entrar en tratos militares con la URSS y Cuba, la Casa Blanca comenzó el aislamiento de Nicaragua con la suspensión de la ayuda financiera. A finales de aquel año, la CIA empezó a instruir y a suministrar armas a ex guardias somocistas con el objeto de convertirles, desde bases apostadas en territorio hondureño muy cerca de la frontera, en una fuerza combativa de oposición antisandinista.

Desde principios de 1982, no más de 3.000 ex guardias somocistas y mercenarios reclutados en poblaciones campesinas desafectas emprendieron incursiones militares en misiones de hostigamiento a destacamentos del EPS y de sabotaje económico. Estos efectivos adoptaron el nombre de Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), pero su denominación popular dentro y fuera de Nicaragua (y por ellos mismos asumida) fue la de contras, como expresión truncada de contrarrevolucionarios, o, de un modo genérico, la Contra.

La FDN aunó efectivos y consolidó posiciones en el extremo norte del extenso departamento fronterizo de Zelaya, coordinándose con indígenas misquitos, sumos y ramas alzados en armas contra Managua por la política de asimilación forzosa de sus comunidades, que estaba dando lugar a un reguero de denuncias de abusos y asesinatos. Desde el sur, en los límites con Costa Rica, pasó a operar la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE) bajo los liderazgos político de Alfonso Robelo y militar de Edén Pastora, el carismático Comandante Cero. Desilusionado por el curso antidemocrático que estaba tomando la Revolución, en julio de 1981 Pastora había desertado del sandinismo, cesado como viceministro de Defensa y huido a Panamá, donde se puso bajo la protección, en vísperas de perecer este en un accidente de aviación, del dictador Omar Torrijos, precisamente uno de los mayores patrocinadores que había tenido el FSLN.

Ante el incremento de las acometidas rebeldes, el 15 de marzo de 1982 la Junta proclamó el estado de sitio, que supuso la suspensión de algunas garantías constitucionales, viéndose afectados los derechos de reunión, sindicación y expresión. Bien por una voluntad de radicalizar la Revolución hacia la izquierda, bien por una necesidad perentoria ante la sensación de cerco económico y militar estadounidense, o por ambos motivos a la vez, el caso fue que el Gobierno de Ortega intensificó los lazos de cooperación con los países comunistas, con Cuba y la URSS a la cabeza. El Gobierno de Fidel Castro, el cual asistió como invitado en Managua a los actos del primer aniversario del triunfo de la Revolución, envió numerosos consejeros militares y técnicos civiles como parte de la cooperación cubano-nicaragüense. Ortega, por su parte, viajó a la capital soviética en febrero de 1984 para asistir a los funerales de Yuri Andropov y de paso para solicitar más asistencia energética y militar, que le fue concedida prácticamente a fondo perdido.

Estas filiaciones ostentosas con el bloque soviético fueron publicitadas por Washington como pruebas irrefutables de la naturaleza filomarxista del régimen sandinista. A pesar de todas las ambigüedades del discurso político y de los indicios de que el proyecto del sandinismo contemplaba el establecimiento de un Estado totalitario de tipo socialista, lo cierto era que el sistema de partidos estaba jurídicamente reconocido, los medios de comunicación críticos con el régimen, pese a las sanciones y los cierres periódicos (siendo el caso más emblemático el del diario La Prensa que dirigía Chamorro) no fueron erradicados y el propio FSLN distaba mucho de ser un partido monolítico a la soviética.

Ortega mismo no se trataba de un comunista confeso, aunque otros dirigentes sandinistas si profesaban esa ideología, y públicamente siguió declarando su fe en el pluralismo político, la no alineación exterior y el modelo de economía mixta. También es cierto que al menos hasta 1981 la URSS, con sorprendente miopía, apostó por que el diminuto pero ortodoxo Partido Comunista local, que ubicado en la oposición terminó teniendo con los sandinistas unas relaciones francamente desapacibles, reemplazara al FSLN como fuerza dominante a largo plazo.

A lo largo de 1983, el acoso de Estados Unidos al régimen sandinista reforzó sus dos vertientes, militar y económica. Los contras, elevados a la condición de freedom fighters por Reagan, vieron aumentada su dotación financiera y armamentística, al tiempo que al Gobierno de Managua se le vetaba para la obtención de créditos de los organismos multilaterales y se le boicoteaban las importaciones azucareras.

El 19 de julio de 1983 Ortega presentó una oferta de paz de seis puntos dentro de las gestiones conducidas por el Grupo de Contadora (foro informal de concertación política formado el 5 de enero anterior por México, Colombia, Venezuela y Panamá para ofrecer fórmulas de distensión y negociación en los conflictos centroamericanos), consistente en un tratado de no agresión con Honduras, el cese de las injerencias extranjeras en la región en las formas de la asistencia a oposiciones armadas, la instalación de bases militares y la participación de tropas en maniobras conjuntas, así como el cese de las agresiones y las discriminaciones económicas a cualquier gobierno. Washington replicó con su propia oferta de paz, que ponía el acento en la democratización de la región a través de elecciones libres, la supresión de la asistencia al FMLN y la retirada de los soldados y asesores extranjeros de Nicaragua.


4. Elevación a la Presidencia de la República en 1984 con controversia electoral
Conforme a lo anunciado y en un clima político muy tensionado, el 4 de noviembre de 1984 tuvieron lugar por fin las primeras elecciones generales desde el triunfo de la Revolución, de las que se marginaron los partidos encuadrados en la Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN) que animaba el ex juntero Arturo Cruz, los cuales acusaron a los sandinistas de manipular en su favor el proceso electoral. Sí resolvieron concurrir tres partidos de la oposición centroderechista, el PPSC, el PLI (si bien solo en las legislativas, pues de las presidenciales apartó la candidatura su jefe de filas, Virgilio Godoy Reyes) y el Partido Conservador Democrático de Nicaragua (PCDN), más otros tres de la izquierda, el Socialista, el Comunista y el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista.

Los comicios pusieron de relieve la capacidad de movilización y la legitimidad popular de que gozaba el FSLN: con una participación del 75%, Ortega venció en las presidenciales con el 66,9% de los votos, en tanto que el adversario mejor situado, Clemente Guido Martínez, del PCDN, obtuvo solo el 14%; en la votación para la Asamblea Legislativa y Constituyente, el Frente se hizo con 61 de los 96 escaños, uno de los cuales lo ganó Rosario Murillo, que venía fungiendo al frente de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura (ASTC) y que en 1989 iba a convertirse en directora general del nuevo Instituto Nicaragüense de la Cultura (INC). Los observadores internacionales estimaron que los comicios discurrieron con limpieza, pero los partidos opositores denunciaron la instrumentación por el FSLN de los órganos del Estado y los medios de comunicación adictos, y la actitud intimidatoria de las organizaciones de masas sandinistas, todo lo cual había distorsionado seriamente la libertad de voto y las reglas del juego democrático.

El 10 de enero de 1985, en el séptimo aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, una coincidencia de fechas que no fue casual y que correspondió a un gesto sandinista de distensión con la oposición liberal-conservadora menos beligerante, Ortega tomó posesión de la Presidencia con un mandato de seis años, hasta 1991, en una ceremonia a la que asistieron dignatarios de 69 delegaciones extranjeras, entre ellos Castro, el presidente yugoslavo Veselin Djuranovic, el presidente de Surinam Lachmipersad Ramdat Misier, el vicepresidente argentino Víctor Martínez y los cuatro cancilleres del Grupo de Contadora. Estados Unidos y los cuatro vecinos centroamericanos, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, boicotearon el acto. Ramírez juró asimismo como vicepresidente.

El inicio del mandato constitucional de Ortega estuvo acompañado de la intensificación de los ataques de la Contra y de un acelerado deterioro de la economía a causa del creciente gasto militar, el implacable cerco comercial de Estados Unidos y la mala gestión de los oficiales del Gobierno. Al mes escaso de la toma de posesión, Ortega cogió por sorpresa a no pocos observadores con el anuncio de una drástica revisión de la política económica, que vino a subrayar los aspectos liberales del modelo mixto en vigor.

Entre otras medidas, se decidió levantar parcialmente los controles sobre el mercado de divisas, lo que se tradujo en una devaluación del córdoba con respecto al dólar, y suprimir varias subvenciones a productos de consumo básicos. También, se contemplaron recortes en las plantillas de funcionarios para aliviar las cargas del Estado. El Gobierno no cuestionó la planificación de determinadas actividades económicas, pero aclaró que los programas de nacionalización de empresas y de expropiación de tierras ociosas o deficientemente explotadas, es decir, el eje de la reforma agraria puesta en marcha en 1981, pasaban a mejor vida. Esto significaba que la mitad de las fincas agrícolas del país iban a continuar en manos privadas.


5. La guerra civil con la Contra; Nicaragua, línea del frente de la pugna global entre Estados Unidos y la URSS
Ahora bien, la dinámica implacable de la guerra civil arruinó las expectativas del crecimiento y el desarrollo. En 1984 comenzó una etapa de contracción productiva de la que el país ya no iba a salir hasta bien entrada la década siguiente. El Gobierno destinó de manera preferente al esfuerzo bélico los pocos fondos de que disponía, y las asechanzas destructivas de Estados Unidos, la reluctancia del capital extranjero a invertir en un país sin perspectivas halagüeñas y los desastres naturales fueron otros tantos factores que coadyuvaron a este estado de calamidad.

Ortega, cuya imagen austera y reservada, de hombre taciturno e incluso tímido, asomada tras sus gruesas gafas de miope, no obstante su porte uniformado y militarista, contrastaba con el perfil enérgico que cabría esperar de él en tan difíciles momentos, hizo lo posible por que el país no cayera en el regazo soviético y adquiriera el grado de dependencia externa que por ejemplo caracterizaba a Cuba, en lo que mostró no poco pragmatismo diplomático. Invocando el principio de la no alineación, la solidaridad internacional con Nicaragua y la diversificación comercial, se embarcó en un periplo exterior a la búsqueda de cuanta asistencia financiera pudiera reunir, ya procediera de la URSS, China Popular o Europa Occidental. Ni siquiera Estados Unidos, donde vivían y trabajaban muchos miles de compatriotas y con el que fin de cuentas había afinidades culturales, se descartaba como origen potencial de ayudas.

Las giras de recaudación de Ortega por Europa Occidental se saldaron con resultados decepcionantes, en buena parte debido a la merma de las simpatías iniciales de los gobiernos y los partidos de tendencia socialdemócrata por la constatación de que el régimen sandinista incurría en el autoritarismo, menospreciaba a la oposición legal respetuosa con las reglas de juego parlamentarias y ejercía una represión que se caracterizada, si no por las torturas, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales (tan caras al somocismo), sí por un elenco de prácticas insidiosas y conculcadoras de los Derechos Humanos, como los arrestos arbitrarios, los escarnios públicos, las deportaciones, las confiscaciones, las restricciones a las actividades sindicales y religiosas, la censura informativa y las limitaciones de las libertades de expresión y manifestación.

Ortega siempre justificó las cortapisas al Estado de derecho por la situación de excepcionalidad causada por la guerra, pero este argumento no convenció ni a la oposición de Managua ni la Administración Reagan, obsesionada con acabar con el régimen sandinista sin reparar en los estragos económicos y sociales que su estrategia ocasionaba. En 1985, el nuevo viaje realizado por Ortega a Moscú el 28 de abril, dentro de una gira que le condujo a varios países de la Europa del Este, sirvió de pretexto a Washington, que venía denunciando la supuesta adquisición por Managua de cazabombarderos Mig soviéticos, para decretar el embargo comercial total a partir del 1 de mayo. Esta visita a Mijaíl Gorbachov, calificada de grave error táctico de Ortega por observadores del conflicto centroamericano, provocó también que el Congreso estadounidense relegara las reservas que mantenía al respecto y concediera una ayuda para la Contra de 27 millones de dólares de naturaleza "humanitaria", ya que desde el año anterior los legisladores no autorizaban más asistencia militar directa a los rebeldes.

Otra vuelta de tuerca fue el minado de los puertos, que Nicaragua denunció ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. La declaración por esta corte el 27 de junio de 1986 de que Estados Unidos era responsable de una agresión y de la destrucción de vidas y bienes de Nicaragua, y la subsiguiente condena a indemnizar al país con 1.000 millones de dólares, solo supusieron una victoria moral del Gobierno de Ortega. La ola de antiamericanismo y de solidaridad prosandinista desatada en América Latina tuvo el efecto de eclipsar la mala gestión económica y los abusos contra los Derechos Humanos cometidos por el régimen.

En 1985 resultó evidente la paradoja de que si bien el EPS, convertido en una de las fuerzas de combate más potentes de América Latina gracias a las ayudas soviética y cubana, estaba ganando la partida militar a una Contra que nunca excedió los 15.000 efectivos (a raíz de la fusión en agosto de 1984 de la FDN y la ARDE, luego de expulsar Robelo a Pastora del mando, en una única fuerza antisandinista que posteriormente vino a llamarse la Resistencia Nicaragüense, RN), Nicaragua vería fatalmente hipotecado su futuro si se prolongaba el enfrentamiento con la superpotencia americana. Los contras podían ser repelidos en el cambo de batalla, pero este esfuerzo de guerra absorbía el dinero que podría haber ido a paliar situaciones de pobreza y subdesarrollo agudos en la retaguardia.

De entrada, el Gobierno, en un intento de corregir sus desesperantes problemas de iliquidez, optó por imprimir grandes cantidades de papel moneda, lo que ineluctablemente iba a provocar una espiral inflacionaria. En esta tesitura, Ortega, que en la reorganización de la Dirección Nacional acometida en agosto de aquel año crítico reforzó su jefatura del FSLN como cabeza de la nueva Comisión Ejecutiva de cinco miembros (en reemplazo de la Comisión Política), empezó a hacer gestos de apaciguamiento y a sondear una salida negociada. Primero pidió a Cuba la evacuación discreta de sus asesores y luego prestó oídos a las propuestas de paz del presidente socialdemócrata de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, quien continuó por la senda abierta por el Grupo de Contadora y no se mordió la lengua a la hora de criticar a los sandinistas por su escasa disposición democrática.


6. Negociaciones de paz y derrota en las urnas frente a la oposición liberal en 1990
Mientras el Congreso de Estados Unidos seguía aprobando ayudas millonarias para la Contra, aun en la convicción, cada vez más arraigada, de que esta fuerza no tenía ninguna posibilidad de tomar el poder y ni siquiera de infligir un quebranto serio al EPS, Ortega participó en una serie de cumbres con los presidentes centroamericanos, como él, dispuestos, de mayor o menor grado, a emprender un diálogo nacional con sus respectivas oposiciones armadas y a avanzar en la construcción democrática de sus estados. El desenlace negociado le fue recomendado a Ortega por el propio Gorbachov, que declaró no estar dispuesto a perjudicar sus propias ofertas de desarme y distensión al bloque occidental para enterrar la Guerra Fría con intromisiones en la que consideraba la esfera de influencia estadounidense por antonomasia. De hecho, desde 1986, la cooperación de la URSS, que en su mejor momento había llegado a subvenir el 90% de las necesidades petroleras de Nicaragua, venía reduciéndose.

En el plano político interno, el 9 de enero de 1987 fue promulgada la Constitución que la Asamblea había terminado de redactar el 20 de noviembre de 1986. El texto, considerado una pieza clave de la apertura política, consagraba los derechos y libertades fundamentales, la separación de poderes y la democracia representativa, a través de un sistema presidencial y un Legislativo unicameral. Sin embargo, otras disposiciones apuntaban a la institucionalización del Gobierno sandinista, tales como la concesión de amplias prerrogativas al Ejecutivo y la confirmación de la identidad sandinista del Ejército. La oposición legal encontró un mayor motivo de decepción cuando apenas unas horas después de proclamar la Carta Magna, Ortega decretó la suspensión por un nuevo período de las garantías individuales contenidas en aquella.

El 7 de agosto de 1987 Ortega, el guatemalteco Vinicio Cerezo, el salvadoreño Napoleón Duarte, el hondureño José Azcona y el costarricense Arias se reunieron en Guatemala y adoptaron la denominada Declaración de Esquipulas II sobre el Proyecto para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica, el cual había sido diseñado por Arias y contaba con el aval del Grupo de Contadora. El plan contemplaba la desmovilización de las distintas guerrillas operativas, su acogida a sendas leyes de amnistía, la suspensión de toda ayuda exterior tanto a aquellas como a los gobiernos que las combatían, y el inicio de rondas de diálogo nacional en cada Estado.

De regreso a Managua, Ortega comenzó a aplicar lo que le tocaba de Esquipulas II: convocó una Comisión Nacional de Reconciliación abierta a todos los partidos legales y cuya presidencia recayó en el cardenal y arzobispo managüense Miguel Obando y Bravo (quien como máximo representante de la Iglesia Católica nicaragüense, de firme obediencia romana, venía sosteniendo un duro pulso con los sandinistas y los sacerdotes adscritos a la denominada Iglesia Popular, de fuerte contenido social y reacia a someterse a las jerarquías clericales, y a la Teología de la Liberación), levantó el estado de sitio (el 22 de agosto) y canceló las sanciones a los medios de comunicación independientes, lo que permitió a La Prensa reaparecer en los quioscos el 20 de septiembre.

El 5 de octubre de 1987 el Gobierno comenzó el diálogo con once partidos de la oposición y dos días después ordenó un alto el fuego unilateral en algunos sectores del frente de guerra, si bien la Contra replicó que no se sentía obligada a hacer lo mismo mientras Ortega no entrara en negociaciones particulares con ellos. El presidente perseguía desvincular a los partidos integrantes de la Unión Nacional Opositora (UNO, formada en 1986 como una versión más plural de la CDN) de la RN, pero aquellos le advirtieron que el diálogo nacional estaba condenado al fracaso si la Contra no era incluida en el mismo. A comienzos de noviembre y en vísperas de expirar el plazo para dar cumplimiento a las disposiciones de Esquipulas II, Ortega se entrevistó en Washington con miembros del Congreso estadounidense y aceptó iniciar negociaciones directas con la RN. Para crear un clima de confianza, el 15 de ese mes anunció el levantamiento del estado de emergencia y una ley de amnistía para algunos ex guardias somocistas, medidas que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional cuatro días después.

La primera ronda de negociaciones entre el Gobierno y la Contra tuvo lugar en la capital de la República Dominicana y con los auspicios del cardenal Obando el 3 de diciembre de 1987, pero no arrojó ningún resultado. Las siguientes rondas tropezaron con la intransigencia de ambas partes, pero para comienzos de 1988 la balanza se inclinó del lado gubernamental a medida que la Contra se desmoronaba por los escándalos de corrupción y narcotráfico aflorados en su organización, que provocaron las dimisiones de sus dirigentes Alfonso Robelo y el muy derechista Adolfo Calero Portocarrero, el fracaso total de sus operaciones militares y las vacilaciones de la Administración Reagan, tocada por el descomunal escándalo Irangate, que por sus ramificaciones centroamericanas (el destino de los ingresos obtenidos de la venta clandestina de armas a Irán a la financiación de los contrasandinistas, en particular los hombres de Calero) se denominó también Iran-Contra.

El 23 de marzo de 1988 los jefes del régimen sandinista, con los hermanos Ortega a la cabeza, y de la RN se reunieron en la localidad de Sapoá, en el departamento de Rivas, en la frontera con Costa Rica, a orillas del Lago de Nicaragua, y acordaron un alto el fuego de 60 días en vigor desde el 1 de abril. Aunque esta tregua expiró sin un acuerdo de renovación, Ortega la mantuvo indefinidamente de manera unilateral, a pesar de los ocasionales rebrotes de actividad militar por parte de la guerrilla.

La reunión de presidentes centroamericanos en Tela, Honduras, el 7 de agosto de 1989 imprimió un avance decisivo al proceso de paz con la decisión de activar una Comisión Internacional de Apoyo y Verificación que supervisara el desarme y el desmantelamiento de la Contra a lo largo de 90 días a partir del 8 de septiembre. Tres días antes del encuentro de Tela, Ortega y los partidos de la UNO firmaron un acuerdo que entre otros puntos establecía la celebración de elecciones generales anticipadas antes de un año, para el 25 de febrero de 1990, que se desarrollarían con las debidas garantías de transparencia y equidad. El 24 de septiembre el FSLN designó a Ortega candidato a la reelección presidencial.

El delicado proceso de paz y normalización democrática sufrió un grave sobresalto el 1 de noviembre de 1989 cuando Ortega anunció la suspensión del alto el fuego unilateral del Gobierno con el argumento de la pertinaz hostilidad de la Contra. No obstante, la situación quedó encauzada en virtud de la reanudación de las negociaciones Gobierno-Contra el 9 de noviembre en la sede de la ONU en Nueva York. El clima de distensión y posibilismo fue abriéndose camino. El 7 de febrero de 1990 la Asamblea aprobó una amnistía para un millar largo de contras y 39 ex guardias somocistas, medida de gracia que empujó a Ortega a asegurar que en el país ya no quedaba presos políticos.

Todos los sondeos preelectorales otorgaban la victoria a los sandinistas por un amplio margen, pero en la jornada del 25 de febrero de 1990 la UNO ganó las votaciones con autoridad. En las presidenciales, Ortega fue derrotado con el 40,8% de los votos frente al 54,7% sacado por Violeta Chamorro, y en las legislativas el FSLN quedó también por detrás de la coalición opositora al conseguir solo 39 de los 92 curules en disputa, si bien en el cómputo pormenorizado preservó la condición de principal partido del país.

En los análisis del vuelco político producido en Nicaragua la explicación más habitual fue la que sostenía que una parte sustancial de los electores seducidos por la UNO eran simpatizantes pragmáticos del sandinismo que habían llegado a la conclusión de que solo el paso del FSLN a la oposición permitiría al país recuperar la confianza de los proveedores internacionales de fondos y remover la animosidad de Estados Unidos. La inmensa mayoría de los nicaragüenses veía positivamente la Revolución de 1979, pero muchos de ellos no creían que los sandinistas, por falta de cualificación o por sectarismo ideológico, estuvieran capacitados para poner en pie un país destrozado y generar riqueza. También se señaló como motivo importante de la sangría de votos del sandinismo la implantación el servicio militar obligatorio, que había supuesto la movilización forzosa para el combate de miles de jóvenes.


7. Las fluctuantes relaciones con los gobiernos de Chamorro y Alemán; El Pacto y el caso de Zoilamérica Narváez
El inesperado fracaso en las urnas fue una amarga experiencia para Ortega, pero el fair play prevaleció en la etapa de paz y democracia que ahora comenzaba. El líder sandinista, conforme a la garantía expresada previamente de pasar disciplinadamente a la oposición si así lo decidían las urnas, reconoció sin rechistar la victoria de Chamorro. El FSLN se apresuró a subrayar lo excepcional de su caso, el de un partido que habiendo accedido al poder a través de la lucha armada revolucionaria y apoyado en un gran respaldo popular, transfería pacíficamente ese mismo poder por mandato de un electorado que voceaba un cambio en la voluntad popular. La histórica mudanza de Gobierno tuvo lugar el 25 de abril de 1990.

Un mes antes de entregarle la banda presidencial, el 27 de marzo, pendiente aún el inicio de la desmovilización de la Contra, Ortega suscribió con Chamorro un Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo (PTPE) que contenía el respeto de la Constitución, las instituciones y las conquistas sociales del período de Gobierno 1979-1990, así como el desarme de la Contra. Humberto Ortega permanecía como comandante en jefe del EPS, pero a cambio de su baja de la Dirección Nacional del FSLN, con el objeto de dotar de un mínimo de apoliticismo formal a la institución castrense, y de trabajar con un ministro de Defensa designado por la UNO, que no fue otro que la propia Chamorro. El 3 de abril el mandatario saliente asistió a su última cumbre de presidentes centroamericanos, la VII ordinaria, de la que fue, a la sazón, anfitrión, en la localidad de Montelimar, en el departamento de Managua.

En su debut como jefe de la oposición, Ortega solicitó a la desconcertada militancia sandinista que se movilizara en la defensa de las conquistas revolucionarias tan pronto como el Gobierno de Chamorro, cuyo sostén parlamentario incluía a los sectores más derechistas de la UNO, intentara revertirlas. Dichos logros incluían la reforma agraria y la nacionalización parcial de las empresas industriales, materializaciones que, empero, estuvieron lejos de realizar el sueño igualitario proclamado en 1979: la redistribución equitativa de la renta nacional. La realidad de 1990 era que, a excepción del salto educativo, el país presentaba unos índices de desarrollo humano deplorables, entre los más bajos del hemisferio occidental.

Las prontas invalidaciones por el Gobierno de Chamorro de las leyes del servicio civil -que garantizaba la estabilidad del empleo público- y de la reforma agraria radicalizaron una campaña de huelgas laborales iniciadas en demanda de alzas salariales. Con sus llamamientos a la desobediencia civil y al boicot de los trabajadores, el partido de Ortega, que controlaba los sindicatos y conservaba una gran capacidad de movilización popular, puso contra las cuerdas a una presidenta que tampoco podía confiar mucho en su propio campo, los partidos de la UNO, donde las disputas y la división fueron la tónica.

El programa de ajuste estructural lanzado en 1991 con el concurso financiero del FMI como condición para la reestructuración de los 11.000 millones de dólares de deuda externa, un monto astronómico para un país tan pequeño como Nicaragua y que multiplicaba por diez todo su PIB, afrontó otra ola de protestas tan severa que en enero de 1993 Chamorro hubo de pactar con Ortega la salvaguardia de la legislación socializante de la propiedad de la tierra y la vivienda; a cambio, la bancada parlamentaria del FSLN apoyaría medidas liberales tales como la reprivatización de una serie de empresas, aunque en ningún caso se entregaría a los herederos de Anastasio Somoza los bienes confiscados en 1979.

Personas ligadas al sandinismo recibieron puestos en el Ejecutivo, y no por casualidad el socialdemócrata Gustavo Tablada Zelaya, del Partido Socialista Nicaragüense, integrante de la UNO, fue elegido presidente de la Asamblea Nacional. El propio Ortega se integró en la delegación gubernamental que asistió a la conferencia de donantes auspiciada por el FMI y el Banco Mundial en Washington, mientras que su hermano presionó con éxito para mantenerse al frente del EPS hasta 1995. Esta estrategia dual de adquirir responsabilidades en la estabilidad nacional a través de un diálogo con el núcleo de partidarios de Chamorro, encabezados por su ministro de la Presidencia y yerno, Antonio Lacayo Oyanguren, sin dejar de apoyar las movilizaciones populares de protesta contra las medidas económicas de ajuste, puso de relieve las ambigüedades y contradicciones del FSLN.

La cúpula sandinista empezó a ser acusada de jugar al maquiavelismo político, pero a Chamorro el pacto con Ortega le atrajo las iras de los partidos de la UNO más conservadores, hasta el punto de exigirle la dimisión el vicepresidente de la República, Virgilio Godoy Reyes, cabeza del PLI, y de iniciar la coalición un proceso de desintegración. Hasta el final de su mandato, Chamorro se sostuvo precariamente gracias a los diputados sandinistas y los del grupo de Lacayo.

En la arena internacional, Ortega se unió a otros líderes regionales, con Castro a la cabeza, para la puesta en marcha del Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda de América Latina y el Caribe, más conocido como el Foro de São Paulo por haberse celebrado en esta ciudad brasileña su primera edición, en julio de 1990. Esta suerte de transnacional latinoamericana de la izquierda más o menos radical se dotó de un "estado mayor civil" y de un "estado mayor militar", entre cuyos miembros figuró Ortega. Durante la crisis prebélica del Golfo entre 1990 y 1991, el ex presidente tomó parte también en los intentos de mediación ante el Gobierno irakí impulsados por varios antiguos estadistas de todo el mundo.

Ortega volvió a ser batido en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 1996, esta vez por el derechista Arnoldo Alemán Lacayo, líder del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y de la Alianza Liberal (AL), fuerzas pioneras en las censuras a Chamorro dentro de la extinta UNO y por ende muy hostiles al sandinismo. Alemán se adjudicó el 51% de los votos frente al 37,7% de Ortega, haciendo innecesaria la segunda vuelta. A diferencia de lo ocurrido en 1990, el jefe sandinista, que durante la campaña fue calificado de "gallo ennavajado" por los liberales, cuestionó el resultado alegando la comisión de irregularidades, pero el 23 de noviembre el Consejo Supremo Electoral (CSE) certificó la victoria de Alemán, que pudo asumir su mandato quinquenal el 10 de enero de 1997. Por lo que respectó a las elecciones legislativas, el FSLN se reafirmó como la segunda fuerza parlamentaria con 37 escaños, cinco menos que la AL.

Ortega, confirmado en su curul de diputado propietario en la Asamblea en tanto que candidato presidencial y a continuación designado jefe de la bancada sandinista, adoptó una posición muy beligerante frente al nuevo gobernante, que pretendía sacar adelante un ambicioso programa de reformas estructurales financiado por el FMI. La insuficiencia de los apoyos parlamentarios a su Gobierno aconsejó a Alemán ofertar a Ortega un diálogo nacional "sin agenda ni condiciones", y en particular una cooperación para resolver de una vez por todas el espinoso asunto de las propiedades expropiadas desde 1979, polémica que reactivó el aluvión de reclamaciones interpuestas por los antiguos propietarios en los tribunales de justicia.

Ahora bien, el antagonismo ideológico hizo muy difíciles estas relaciones. Los sandinistas acusaron al Alemán de fomentar la reaparición de las "dos Nicaraguas" con su determinación revisionista y de pretender destruir las conquistas sociales de la Revolución. Luego de organizar una importante movilización social y de enzarzarse con los alemanistas en mutuas acusaciones de armar y entrenar a fuerzas paramilitares, el partido de Ortega consiguió a lo largo de 1997 parar buena parte de los proyectos de restitución de latifundios. Pese a las negociaciones entabladas, las partes no fueron capaces de llegar a un entendimiento y las relaciones entre Ortega y Alemán continuaron siendo tensas.

Sin embargo, en enero de 2000, inopinadamente, los dos dirigentes suscribieron un acuerdo político en aras de sendas reformas consensuadas de la Constitución y la Ley Electoral. Así, el FSLN y el PLC decidieron que el presidente saliente de la República, lo cual en un par de años iba a ser Alemán, adquiriese la condición de diputado por la legislatura entrante y que para proclamarse presidente en primera ronda electoral al candidato cabecero le bastase el 40% de los votos, frente al 45% requerido hasta ahora, o bien el 35% más una ventaja de cinco puntos porcentuales sobre el segundo candidato más votado. La reforma constitucional fue aprobada por la Asamblea en un tiempo récord, el 18 de enero, entrando en vigor al día siguiente.

Multitud de comentaristas hablaron con tono de denuncia de un pacto bipartidista excluyente destinado, fundamentalmente, a preservar y reforzar las respectivas parcelas de poder en las instituciones del Estado y a satisfacer las ambiciones políticas de los cabezas de facción: las de Ortega, con la reforma electoral, y las de Alemán, con la modificación en la composición de la Asamblea. En efecto, al poco tiempo comenzaron unas renovaciones de personal en los organigramas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República que muy difícilmente podían dejar de ser calificadas de repartos de puestos para satisfacer los intereses corporativos de uno y otro colores políticos. La componenda entre el presidente y el líder de la oposición parecía tener una naturaleza eminentemente práctica e interesada, haciendo a un lado cualquier escrúpulo ideológico.

Este controvertido alarde de realpolitik, que consagró a Ortega como un político maniobrero y habilidoso perfectamente integrado en el sistema, no canceló, empero las zancadillas y las destemplanzas verbales. En realidad, no podía haber ninguna química personal entre los dos políticos más importantes del país. En noviembre de 2000 los dirigentes se enzarzaron en una guerra de insultos, con Ortega llamando a Alemán "bujoncito de barrio" y "chanchito con semilla", y este a aquel "gallo desplumado". En abril de 2001 el FSLN demandó a Alemán ante un juzgado managüense por injurias y calumnias en relación con unas declaraciones en las que el mandatario había relacionado a los sandinistas con los recientes asesinatos ocurridos en el norte del país por una misteriosa organización político-delictiva. En esta ocasión, el presidente invitó a Ortega a que se fuera de Nicaragua "porque está ocasionando mucho daño". El anterior titular del poder ejecutivo replicó a Alemán poniéndole de "deslenguado", "bárbaro" e "irresponsable", que "fomenta un clima de confrontación y violencia" y "ahuyenta las inversiones", añadió.

En un terreno más personal, a principios de marzo de 1998 a Ortega le estalló un desagradable escándalo cuando su hijastra Zoilamérica Narváez, una socióloga de 30 años y militante del FSLN que ejercía como directora del Centro de Estudios Internacionales de Managua (CEI), le acusó en una carta reproducida por los medios de comunicación de haberle infligido abusos sexuales y diversas agresiones físicas y psicológicas desde los once años de edad hasta fechas recientes, vejaciones que describía con toda crudeza. El 5 de junio, Narváez presentó una denuncia formal contra su padre adoptivo ante el Juzgado I del Distrito del Crimen de Managua por los delitos de abusos deshonestos, violación y acoso sexual. Días después, la querellante solicitó a la Asamblea Nacional que desaforara a Ortega como diputado.

En los primeros momentos del escabroso asunto, la defensa de la honorabilidad del ex presidente ante una estupefacta opinión pública fue asumida por su anciana madre, Lidia Saavedra (que iba a fallecer a la avanzada edad de 98 años en mayo de 2005), y por su compañera sentimental, Rosario Murillo, la madre biológica de la joven, que la había procreado con su anterior pareja, Jorge Narváez Parajón, ya fallecido, y con la que en septiembre de 2005 Ortega iba a contraer unas nupcias de renovación religiosa, en una ceremonia privada que ofició el mismísimo cardenal Obando y en la que registraron su unión civil. En 1998 las dos mujeres más allegadas a Ortega aseguraron que Narváez, que no rompió su filiación sandinista, estaba siendo manipulada por el escritor y disidente del FSLN Henry Petrie Bejarano con el único objeto de manchar el nombre de su antiguo superior político.

Ortega aceptó colaborar con las diligencias judiciales para negar las imputaciones de su hijastra e invocar su inmunidad parlamentaria. En poco tiempo, la querella se empantanó al estimar la magistrada que llevaba el caso que los hechos denunciados habían sido presuntamente cometidos solo entre 1978 y 1982, con lo que los delitos, de haberlos, habrían prescrito. En los meses siguientes, las cosas fueron aparejándose a favor de Ortega al abstenerse la Asamblea de debatir el levantamiento de su inmunidad y no llegar a mejor puerto la denuncia interpuesta por Narváez, en octubre de 1999, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se hizo notar el desinterés del PLC y Alemán, pese a sus reproches iniciales, en rentabilizar políticamente el turbio asunto. Pero el caso Narváez estaba lejos de quedar zanjado.


8. Postura en torno a la reconversión ideológica del FSLN
La derrota electoral encajada en 1990 más los drásticos cambios acaecidos en la escena internacional dieron alas a los militantes sandinistas, minoritarios no obstante, que demandaban la revisión del ideario del partido y una mayor democracia interna. Al cuestionamiento doctrinal se le unieron el malestar y la dispersión de parte de la militancia por la pérdida de puestos laborales en la función pública, ya que en la década de Gobierno los cuadros orgánicos partidarios se habían solapado a la estructura administrativa del Estado. Las líneas de autoridad, hasta entonces muy verticales, se vieron menoscabadas desde las bases.

El I Congreso Nacional del FSLN, celebrado del 19 al 21 de julio de 1991, sirvió para poner orden en unas filas amenazadas de desperdigamiento, pero no introdujo medidas de democracia interna: a los 581 delegados presentes solo les cupo ratificar la línea oficial del partido y la composición de la cúpula dirigente. Así, Ortega fue elegido casi por aclamación para el nuevo cargo de secretario general, mientras que en la nueva Dirección Nacional de nueve miembros revalidaron sus puestos otros seis ex comandantes y adquirieron membresía Sergio Ramírez y René Núñez Téllez para cubrir las bajas de Humberto Ortega y Carlos Núñez Téllez, fallecido en octubre de 1990 y hermano de René, quien fuera ministro de la Presidencia en 1985-1990. Los congresistas hicieron una cierta autocrítica del anterior período de Gobierno y aprobaron las tesis de Ortega de perfilar el ideario socialista del Frente, que en 1992 fue admitido en la Internacional Socialista en buena medida gracias a las relaciones personales que Ortega y Ramírez mantenían con líderes de la socialdemocracia europea.

Precisamente, en torno a Ramírez se aglutinó el sector renovador del partido y para finales de 1993 el FSLN volvía a presentar un cuadro de corrientes de opinión enfrentadas. Por un lado, se articuló una facción en torno a la plataforma Izquierda Democrática Sandinista, impulsada por sindicalistas y militantes históricos resueltos a no transigir con la disposición del Gobierno de la UNO de someterse a los dictados fondomonetaristas, y que en apariencia contaba con el respaldo de los hermanos Ortega y del ex ministro del Interior Tomás Borge.

Por otro lado, emergió la plataforma Por un Sandinismo que vuelva a las Mayorías, que defendían Ramírez y Luis Carrión Cruz. Ampliamente divulgada por el diario Barricada, esta corriente postulaba la apertura ideológica hacia el centro del espectro político y una estrategia de concertación con el Ejecutivo que facilitaran un amplio consenso nacional en torno a los grandes problemas del país, donde la pobreza, la desnutrición infantil, la incidencia de enfermedades infecciosas y el subdesarrollo en su más amplia acepción seguían estando omnipresentes. Un número significativo de diputados sandinistas respaldó la propuesta renovadora, que en general caló entre intelectuales, empresarios, profesionales autónomos y otros exponentes de la clase media que se habían adherido al FSLN en 1979. En opinión de algunos observadores, una tercera facción cobró forma en torno al ex ministro de Defensa Humberto Ortega, quien recalcó la necesidad de aliarse con los elementos progresistas del Gobierno de Chamorro.

La pugna entre renovadores y puristas se dirimió en el II Congreso Extraordinario, del 20 al 23 de mayo de 1994, en favor de los segundos. Ortega fue ratificado en su puesto y la Dirección Nacional fue ampliada a los 15 miembros, por primera vez con el voto directo y secreto de los congresistas, pero Ramírez fue excluido de la misma. La ortodoxia quedó preservada con la negativa a conferir rango orgánico a las distintas corrientes de opinión internas, aceptadas solo como tendencias de opinión. Como consecuencia, el 10 de enero de 1995 Ramírez se dio de baja del partido y en mayo siguiente fundó su propia agrupación política, el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), de explícito ideario socialdemócrata. La crisis interna se ahondó en octubre de 1994 cuando el célebre Ernesto Cardenal Martínez, ex ministro de Cultura y sacerdote jesuita suspendido a divinis por el Vaticano por su defensa de la Teología de la Liberación, anunció su marcha también en protesta por el "caudillismo y la "corrupción" imperantes en el Frente.

La segunda derrota electoral y el escándalo desatado por su hija adoptada no dañaron el liderazgo de Ortega en el FSLN, que le reeligió como su secretario general en el II Congreso Nacional celebrado del 22 al 24 de mayo de 1998 con los votos de 418 de los 429 delegados participantes. Nadie salió a retarle, pese a que el partido continuaba afectado por profundas divisiones internas y a que los sectores renovadores exigían un cambio de trayectoria para no perder por tercera vez consecutiva unas votaciones generales. Ortega aseguró entonces que el Frente iba a buscar una "transformación" precisamente de cara a los comicios de noviembre de 2001, pero manteniendo el carácter socialista y antiimperialista de la agrupación. En la Comisión Ejecutiva fue renovado también como vicesecretario general el otro superviviente histórico, Borge, considerado un aliado de Ortega en la preservación de las esencias del sandinismo.


9. Tercera apuesta presidencial fallida en 2001
A tenor de las encuestas de popularidad, Orteg