Claudia Rodríguez de Guevara

El 1 de diciembre de 2023 Nayib Bukele tomó licencia del cargo de presidente de la República de El Salvador para realizar su campaña reeleccionista de cara a las votaciones generales del 4 de febrero de 2024; en la víspera, la Asamblea Legislativa le otorgó la baja y, por 67 votos contra 11, aprobó a la persona por él designada para suplirle en funciones. Se trata de Claudia Rodríguez de Guevara, una funcionaria de su entera confianza, miembro de su círculo íntimo desde mucho antes de ser elegido en 2019 y del partido del Gobierno, Nuevas Ideas. De manera discreta, ella ha sido durante años la cerebro de la contabilidad de las empresas, corporativas y políticas, de Bukele y últimamente venía conduciendo la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

Claudia Rodríguez ejercerá como designada a la Presidencia de la República, sin descargo de la titularidad por Bukele, durante una interinidad semestral, hasta el 1 de junio de 2024. Entonces, la primera mujer en desempeñar funciones de jefe del Estado en El Salvador cesará en su cometido para dejar paso al presidente electo. Con toda seguridad, a tenor de la mayoría arrasadora que vaticinan los sondeos, ese será de nuevo el carismático y polémico Bukele, al que envuelven tanto la adhesión entusiasta de la inmensa mayoría de la población, que aprecia los resultados de su lucha policial y militar para doblegar a las violentas maras, como las denuncias de violaciones de derechos humanos, autoritarismo y deriva antidemocrática. Aunque en estos meses Bukele, por ley, no podrá involucrarse en la toma de decisiones políticas o administrativas en el marco de las instituciones del Estado, la impresión es que en la práctica seguirá gobernando El Salvador a través de su leal factótum.

(Texto actualizado hasta 6/12/2023)

Para el público salvadoreño, tanto más para el internacional, Claudia Rodríguez de Guevara es una desconocida. En el momento de difundir su designación presidencial, los medios periodísticos solo disponían de unas pocas imágenes estáticas de ella, cuatro o cinco exactamente, y obtenidas de la misma fuente, la cuenta de X (ex Twitter) de la DOM. La prensa local, recurriendo a los sucintos currículos públicos del Portal de Transparencia del Estado y a fuentes anónimas, han publicado unas líneas de su hoja de vida, de la que por el momento se desconocen datos básicos como la fecha y el lugar de su nacimiento o su estado civil. Aunque hasta ahora ha permanecido totalmente fuera del foco, Rodríguez, que emprende su nueva y elevada tarea sin un acto de juramentación y sin comparecer públicamente siquiera, viene siendo una figura central en la Administración Bukele.

Tras estudiar en el Colegio Cristiano Reverendo José Sarbelio Ponce, escuela privada del Departamento de San Miguel, y en el Instituto Nacional General Francisco Morazán (Inframor), institución educativa de San Salvador donde se sacó el Bachillerato en Comercio con la opción de Contaduría, Rodríguez empezó la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Francisco Gavidia (UFG), sita en la capital del país. Al parecer, cursó cinco semestres y no llegó a obtener la licenciatura, aunque por otro lado dispondría del título de técnica contable expedido por la Corporación de Contadores de El Salvador.

La relación profesional de Bukele con Rodríguez, descrita como muy estrecha, se remonta a más de una década, antes de convertirse aquel en presidente de la República e incluso de dar sus primeros pasos en política. En 2011 la contable fue reclutada como directora financiera y directora gerente por OBERMET, S.A. de C.V., empresa recientemente fundada por Bukele, su hermano Karim y otros familiares, y dedicada a vender servicios publicitarios, algunos de los cuales fueron contratados por el Gobierno. Asimismo, fungió de representante legal de la constructora MOV-I, S.A. de C.V., entre otros trabajos en el sector privado. En sus etapas de alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y de la capital San Salvador (2015-2018), Bukele, que hasta la sonada ruptura de 2017 era miembro del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), recurrió a Rodríguez para llevar la gerencia financiera y la tesorería, respectivamente, de ambos municipios. Posteriormente, ella estuvo involucrada en la financiación de la triunfal campaña presidencial de 2019, al igual que se encargó de la secretaría financiera del partido del político, Nuevas Ideas.

Una vez inaugurado en la Presidencia el primero de junio de 2019, Bukele situó a la fiel colaboradora a su diestra desde el puesto de directora financiera de la Casa Presidencial, una oficina funcionarial de calado estratégico. Posteriormente, el 22 de noviembre de 2021, el presidente nombró a Rodríguez para el cargo de presidenta de la Junta Directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), nuevo organismo del Gobierno encargado de promover y coordinar las obras y el mantenimiento de infraestructuras públicas, viales principalmente, en los 262 municipios del país. Además, figuró en las directivas del Fondo de Conservación Vial (Fovial) y el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (Isdem), y en el Consejo de Administración del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (Fantel). En marzo de 2022 la posición influyente, aunque opaca, de Rodríguez en el núcleo duro del Gobierno Bukele se vio potenciada al nombrarla el presidente su secretaria privada. 

Su trabajo de carácter operativo y técnico, por lo que respectaba a la DOM concentrado en la ejecución de los proyectos de inversión pública para el bienestar de las comunidades y vecindarios locales, mantuvo a Rodríguez en un virtual anonimato mediático. Así, su nombre no salía nunca a relucir en los grandes ámbitos de actuación que estaban haciendo de Bukele uno de los presidentes más famosos y controvertidos (archipopular y ensalzado a la vez que criticado y denunciado, tanto dentro como fuera de casa) en la historia de El Salvador. Estos ámbitos eran fundamentalmente tres: la guerra contra las pandillas criminales, desde 2022 combatidas sin miramientos bajo el estado de excepción, con la implicación del Ejército y con el balance dual de una drástica caída de la tasa de homicidios (aplaudida por la población agradecida) y la multiplicación de casos de abusos arbitrarios y violaciones humanitarias por las fuerzas del orden; el replanteamiento de la economía confiándola a la adopción monetaria del bitcoin; y el refuerzo desmesurado del poder y la autoridad del presidente, que modeló el Órgano Judicial a su gusto y cuya formación conquistó una mayoría absoluta de 56 asambleístas en las elecciones legislativas de febrero de 2021. 

La inopinada llegada de Claudia Rodríguez a la presidencia en funciones de El Salvador tiene su origen en una secuencia de hechos que arranca el 1 de mayo de 2021. Aquel día, la nueva Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas y sus aliados (los partidos conservadores GANA, PCN y PDC, que aportaban al oficialismo ocho escaños extra) arrancó su período de sesiones cesando de un plumazo, sin seguir el procedimiento normal y los estándares requeridos por el derecho internacional, a los nueve magistrados, cinco titulares y cuatro suplentes, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así como al Fiscal General de la República, a los que sustituyó por personas consideradas afines al Órgano Ejecutivo, o al menos más dúctiles a sus deseos. El presidente de la Sala de lo Constitucional, que lo era también de la CSJ, dejó de ser José Armando Pineda y pasó a ser Óscar Alberto López.

La débil oposición de los partidos ARENA y FMLN, defensores de los derechos humanos y numerosos juristas y comentaristas arremetieron contra la mudanza exprés en la Sala Constitucional, tachada por algunos de "golpe de Estado técnico", por lo que suponía de supresión del último poder republicano que hacía contrapeso a Bukele, más al tener competencia para admitir los recursos por presuntos casos de abusos y violaciones de derechos constitucionales. La OEA, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de Estados Unidos expresaron también su preocupación por la quiebra del principio de la separación de poderes en el país centroamericano. Sin embargo, Bukele y su equipo replicaron que los cambios en el Órgano Judicial ("estamos limpiando nuestra casa", afirmó el presidente) resultaban necesarios porque los magistrados destituidos, con sus investigaciones y veredictos, venían obstaculizando las acciones del Gobierno de manera no ya políticamente tendenciosa, sino directamente "inconstitucional"

Meses más tarde, el 3 de septiembre de 2021, la Sala de lo Constitucional desató una fenomenal polémica al emitir un fallo en el que declaraba "errónea" la "interpretación" del artículo 152 de la Constitución contenida en una sentencia suya de 2014, la cual había confirmado la prohibición de la reelección presidencial consecutiva —reiteradamente expresa en el articulado de la ley fundamental salvadoreña de 1983— por un segundo período de cinco años, y reconocía al presidente de la República en ejercicio el derecho constitucional de buscar la reelección inmediata, hasta sumar un período máximo de 10 años, siempre que no ejerciera sus funciones en los últimos seis meses de su mandato; con el fin de cumplir la prohibición de valerse del cargo para realizar propaganda electoral, el presidente en ejercicio estaba obligado a pedir a la Asamblea una licencia institucional en el semestre previo a las elecciones. 

La habilitación de Bukele, quien por el momento guardaba silencio sobre el tema, para optar a un nuevo mandato consecutivo en 2024 se fundamentaba en argumentaciones abstrusas cuando menos. Así, a juicio de la Sala, permitir la postulación del presidente para competir de nuevo por la Presidencia "no implicaba de facto" que aquel llegara a ser elegido, únicamente que el pueblo tendría "entre su gama de opciones a la persona que en ese momento ejerce la Presidencia"; y correspondía al pueblo decidir "si deposita nuevamente la confianza en él o si se decanta por una opción distinta". "Lo grave" de la interpretación de 2014, concluía la actual Sala, radicaba que "se imposibilita al electorado elegir la opción que más le convenga". En suma, la prohibición establecida por el texto constitucional hacía "referencia a una prohibición dirigida a candidatos y no al presidente [en ejercicio]".

Toda la alambicada explicación estaba contenida en el fallo de la Sala de lo Constitucional sobre una solicitud, rechazada por los magistrados, para retirar los derechos de ciudadanía a una política salvadoreña, Nancy Díaz de Martínez, del partido progubernamental GANA, que promovía la reelección de Bukele, algo que para la parte demandante, el abogado Salvador Enrique Anaya, era abiertamente inconstitucional.

Un año después de la controvertida sentencia de la CSJ, el 15 de septiembre de 2022, Bukele, sin generar ninguna sorpresa esta vez, anunció su intención de buscar la reelección presidencial en las votaciones previstas para febrero de 2024. El 26 de octubre de 2023 el mandatario inscribió su nueva candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) junto con el vicepresidente Félix Ulloa. El 30 de noviembre siguiente, por último, la Asamblea Legislativa dio luz verde a su solicitud de licencia temporal del cargo, con privación de sueldo durante los seis meses estipulados, para ajustarse la Constitución y a su propuesta de Claudia Rodríguez de Guevara como designada a la Presidencia, mecanismo de suplencia recogido por los artículos 155 y 168 de la Constitución de la República.

(Cobertura informativa hasta 6/12/2023)