César Gaviria Trujillo

La andadura política del estadista colombiano César Gaviria presenta cuatro etapas bien diferenciadas. Luego de fungir de ministro multicartera en el Gobierno de Virgilio Barco, en 1990 ganó la elección a presidente de la República, convertido en el heredero del asesinado Luis Carlos Galán y su programa de reformas modernizadoras. Durante su mandato de cuatro años, Colombia se dotó de una nueva Constitución, dio importantes pasos hacia la integración económica regional, conoció el final de algunas pequeñas insurgencias guerrilleras y se sobresaltó con la entrega, fuga y muerte del narcotraficante Pablo Escobar, protagonista de un sangriento desafío al Estado. Sin embargo, el nivel global de violencia político-delictiva, alimentado por diversos grupos armados, siguió siendo muy elevado. Tras dejar el Ejecutivo, Gaviria sirvió durante una década, de 1994 a 2004, como secretario general de la OEA, alta oficina desde la que medió en los conflictos políticos de Venezuela y Haití. Posteriormente, entre 2005 y 2009, ejerció el liderazgo de su partido de toda la vida, el Liberal, al frente del cual condujo una oposición frontal al Gobierno del presidente Álvaro Uribe, antiguo colega partidario virado a la derecha. En la actualidad, su hijo Simón, siguiendo los pasos del famoso padre, ostenta la dirección nacional de la formación.

1. Primera trayectoria en el Partido Liberal
2. El cuatrienio presidencial: proceso constituyente y desafíos narco-guerrilleros
3. Balances exterior y económico
4. Etapa en la Secretaría General de la OEA
5. Liderazgo del partido en la oposición a Uribe y tragedia familiar
6. Membresías, reconocimientos y bibliografía


1. Primera trayectoria en el Partido Liberal
Hijo de un pequeño propietario cafetalero de Risaralda y el mayor de seis hermanos, inició el bachillerato en el liceo de Pereira, la capital departamental, y posteriormente se graduó en la Roosevelt High School de Fresno, California. En 1965 se matriculó en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, una casa de estudios privada de Bogotá, y en 1970, con 23 años, debutó en la política representativa en las filas del Partido Liberal Colombiano (PLC), del que ya era afiliado su padre, como concejal de su ciudad natal, cargo que ejerció hasta 1974.

Entre 1970 y 1971 el joven se desempeñó como jefe de Planificación del Departamento de Risaralda, y como tal se integró en el organigrama del Departamento Nacional de Planificación. En 1972 se convirtió en gerente de la compañía Transformadores TLP, S.A., a la sazón su único cometido en la empresa privada y que no se prolongó más allá de 1973. En las elecciones generales del 21 de abril de 1974, que dieron al PLC la mayoría parlamentaria y la Presidencia de la República a su candidato Alfonso López Michelsen, Gaviria, con 27 años recién cumplidos, salió elegido miembro de la Cámara de Representantes del Congreso en representación de Risaralda, mandato legislativo que fue renovando cada cuatro años hasta su apuesta presidencial de 1990 y que entre 1975 y 1976 simultaneó con la labor de alcalde de Pereira.

En 1978 el nuevo presidente liberal, Julio César Turbay Ayala, le reclutó para su Gobierno en calidad de viceministro de Desarrollo Económico. Como congresista, Gaviria participó en la Comisión de la Cámara para Asuntos Económicos, la cual presidió desde 1980 a 1981 previa renuncia a su cartera gubernamental, y entre 1983 y 1984 elevó esa función rectora a la propia Cámara de Representantes, ya durante la Administración de Belisario Betancur Cuartas, del Partido Conservador Colombiano (PCC). Además de sus funciones públicas, Gaviria desarrolló una actividad periodística en los diarios La Tarde de Pereira, el cual dirigió en 1982, y El Tiempo de Bogotá, en este caso como columnista político y económico, hasta 1986. A comienzos de aquel año fue nombrado director adjunto del PLC y director de la campaña electoral de su candidato a la Presidencia, a Virgilio Barco Vargas, a la postre vencedor en la votación del 25 de mayo.

Con la asunción de la nueva Administración liberal el 7 de agosto de 1986, el economista de formación fue incorporado por Barco al Ejecutivo como titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Desde este puesto, Gaviria envió al Congreso para su aprobación dos importantes proyectos de ley sobre las reformas agraria y tributaria. En mayo de 1987 pasó a ejercer de ministro encargado de Justicia y en febrero de 1988 cesó en este cometido para fungir de ministro del Gobierno (Interior) y delegado de las Funciones Presidenciales, una especie de vicepresidencia que le autorizaba a suplir al jefe del Estado cuando este estaba fuera del país o en situaciones de grave alteración del orden público. Exponente de los sectores más progresistas del régimen democrático bipartidista y ubicado por los observadores en la izquierda de liberalismo, como responsable de la seguridad interna Gaviria hizo una contribución valiosa al diálogo con el Movimiento 19 de Abril (M-19), organización guerrillera abierta a las opciones de paz y que terminó entregando las armas y desmovilizándose en marzo de 1990 tras 16 años de insurgencia armada.

En febrero de 1989 Gaviria se retiró del Gobierno para dirigir la campaña presidencial del precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, senador y adalid de la facción Nuevo Liberalismo, comprometida con la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. El 18 de agosto de 1989 Galán fue asesinado durante un mitin en la localidad de Soacha, Cundinamarca, por sicarios presuntamente contratados por el cártel de Medellín, magnicidio que consternó a toda la nación. Durante el sepelio, la propia familia de Galán solicitó a Gaviria, pese a no ser miembro de Nuevo Liberalismo, que recogiera el testigo político del dirigente fallecido, ya que el economista pereirano mostraba un perfil reformista y modernizador bastante similar. Gaviria respondió afirmativamente, tomando una decisión que iba a resultar determinante para el encumbramiento de su carrera política.

El 29 de septiembre de 1989 la plataforma de parlamentarios liberales que apoyaba a Gaviria avaló su precandidatura en las primeras elecciones primarias del partido abiertas al voto popular y el 11 de marzo de 1990 el ex ministro se impuso por un amplio margen a sus dos rivales internos, Hernando Durán Dussán y a Ernesto Samper Pizano; en consecuencia, fue proclamado candidato a la Presidencia. El mismo día tuvieron lugar las elecciones a la Cámara de Representantes del Congreso, en las que por primera vez participó el M-19, convenientemente reconvertido en partido político con el nombre de Alianza Democrática M-19 (AD M-19).

En la jornada del 27 de mayo de 1990, al cabo de una campaña teñida de sangre por los asesinatos de los candidatos izquierdistas Carlos Pizarro León-Gómez, de la AD M-19, y Bernardo Jaramillo Ossa, de la Unión Patriótica (UP, antiguo brazo político de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC), Gaviria resultó vencedor con el 47,8% de los votos sobre tres contrincantes: el veterano político derechista Álvaro Gómez Hurtado (cuyo secuestro en mayo de 1988 por el M-19 había terminado felizmente dos meses después en parte gracias a las oportunas gestiones del entonces ministro de Gobierno), por el Movimiento de Salvación Nacional (MSN); Antonio Navarro Wolff, el sustituto de Pizarro por cuenta de AD M-19; y Rodrigo Lloreda Caicedo, del Partido Social Conservdor (PSC, efímero nuevo nombre del PCC), formación que por segunda vez consecutiva vio escapársele el retorno al poder.


2. El cuatrienio presidencial: proceso constituyente y desafíos narco-guerrilleros
Con su toma de posesión el 7 de agosto de 1990 para un período de cuatro años, Gaviria, a la edad de 43, se convirtió en el más joven presidente colombiano del siglo. Su objetivo central no difería del declarado por sus predecesores y sucesores en el cargo, a saber, devolver la paz civil a una nación que llevaba dos décadas atrapada en el fuego cruzado de grupos armados de diverso signo: insurgencias guerrilleras de izquierda, tropas paramilitares de extrema derecha, cárteles de la droga provistos de auténticos ejércitos privados y la delincuencia común, a los que debían sumarse las propias Fuerzas Armadas, responsables también de groseras violaciones de los Derechos Humanos. Para atraer a las guerrillas a una mesa de negociaciones que desembocaran en el alto el fuego, la desmovilización y la integración de sus miembros en la sociedad civil, Gaviria empezó por lanzar un proceso constituyente.

El 9 de diciembre de 1990 los colombianos fueron llamados a las urnas para elegir una Asamblea Nacional Constituyente; para sorpresa general, la AD M-19 se puso a la altura de los dos partidos mayoritarios que venían turnándose en el poder desde el derrocamiento en 1957 del último dictador militar, Gustavo Rojas Pinilla, en cuya frustrada tentativa de regresar a la Presidencia en 1970 con el vehículo electoral de la Alianza Nacional Popular (ANAPO) estaba la génesis de la insurgencia de los emes. La Carta Magna promulgada el 4 de julio de 1991 en sustitución de la que regía —todo un récord de longevidad jurídica— desde 1886 fue presentada por Gaviria como el instrumento legal llamado a transformar las estructuras políticas y las normas de convivencia del país en un sentido modernizador y democrático.

Llamada popularmente del revolcón por los cambios que introducía, la nueva Constitución asentaba la democracia participativa con las figuras de la consulta popular, el referéndum y la iniciativa legislativa. También, instituía los cargos del vicepresidente de la República, el fiscal general de la Nación y el defensor del pueblo, consagraba la preeminencia de los Derechos Humanos y perfilaba el carácter aconfesional del Estado con la vigencia de la ley civil en relación con los derechos de los cónyuges y la posibilidad de nulidad de todos los matrimonios, incluidos los realizados por el rito religioso. Una de las primeras consecuencias de la reforma fue el nombramiento por Gaviria de Rafael Pardo Rueda como ministro de Defensa, cartera que desde 1953 había estado ocupada por un alto oficial de las Fuerzas Armadas.

Aliviado el frente guerrillero gracias a los acuerdos de paz con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el 26 de enero de 1991, y una facción del Ejército Popular de Liberación (EPL), el 1 de marzo siguiente, Gaviria concentró sus esfuerzos en el combate al poderoso cártel de la droga de Medellín, que había declarado la guerra al Estado y causado enormes estragos terroristas en el último tramo del mandato de Barco, pese a haber ofrecido al Gobierno, el 17 de enero de 1990, un pacto de convivencia.

Juego mortal con Pablo Escobar
El 5 de septiembre de 1990 Gaviria anunció una nueva estrategia del Gobierno según la cual, aquellos jefes del narcotráfico extraditables, esto es, los reclamados por la justicia de Estados Unidos, que se entregaran voluntariamente serían procesados en Colombia al menos por un delito, se beneficiarían de importantes reducciones de penas si colaboraban con las autoridades y no serían entregados bajo ninguna circunstancia a los tribunales del país norteamericano. Dicho sea de paso, la Constitución en ciernes iba a prohibir la extradición de nacionales por delitos cometidos en fecha anterior a la promulgación de la norma.

La medida halló eco positivo en algunos importantes capos, como los hermanos Ochoa Vásquez, y, luego de recibir del Gobierno una oferta suplementaria de reducción de penas, también en el jefe máximo del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria (sin parentesco familiar con el presidente), quien era nada menos que un antiguo congresista del PLC, antes de ser expulsado del partido ante las abrumadoras evidencias de su condición de delincuente. Responsable de innumerables crímenes y autor de varias masacres indiscriminadas por el procedimiento de la bomba detonada a distancia, Escobar había tenido en el punto de mira, según todos los indicios, al propio Gaviria. Así, se creía que la voladura en pleno vuelo en noviembre de 1989, con el trágico balance de un centenar largo de muertos, del avión de la compañía Avianca a la altura de Soacha había sido un atentado dirigido contra el entonces candidato presidencial, quien a última hora canceló su pasaje a bordo.

Ahora, Escobar se dedicó a chantajear a Gaviria con fechorías como el secuestro el 30 de agosto —luego el decreto presidencial del 5 de septiembre podía verse como una obvia claudicación del Estado— de un grupo de periodistas donde destacaban Francisco Santos Calderón, jefe de redacción de El Tiempo, y Diana Turbay Quintero, hija del ex presidente Turbay Ayala y que como prisionera de los hombres de Escobar resultó muerta en confusas circunstancias en enero de 1991, al parecer en el curso de una fallida operación de rescate. Los restantes periodistas permanecieron cautivos hasta mayo de 1991, es decir, todo el tiempo que duraron las negociaciones entre el Gobierno y el cártel de Medellín en torno a las máximas garantías penales que exigían sus jefes.

Secundado por su hermano Roberto y otros 14 lugartenientes, el sanguinario y archifamoso zar de la droga colombiano se entregó finalmente a las autoridades el 19 de junio de 1991, para a continuación estrenar celda en la prisión de La Catedral, en Envigado, Antioquia. Calificada como de "máxima seguridad", la singular cárcel había sido construida ad hoc para el hombre que había ordenado las muertes de Luis Carlos Galán y de cientos de personas más, en un antiguo terreno de su propiedad y, a mayor abundamiento, satisfaciendo sus especificaciones arquitectónicas y de mobiliario, como si de un inmueble privado se tratara. Transcurridos trece meses, el 22 de julio de 1992, Escobar y nueve de sus hombres no tuvieron problemas para fugarse del recinto mientras los soldados que teóricamente les vigilaban eran distraídos por un motín declarado ante el intento del Gobierno de trasladar al temido recluso y a su estado mayor a una penitenciaría bajo jurisdicción militar, lo que sin duda era una violación de la condiciones pactadas.

La clamorosa fuga del jefe del cártel de Medellín puso en evidencia tanto el grado de penetración de estas organizaciones criminales en el aparato de la seguridad del Estado como todos los privilegios y comodidades de que había disfrutado el mitad prisionero, mitad huésped, quien desde su celda de oro había seguido dirigiendo sus negocios criminales. Gaviria tuvo que cancelar su asistencia a la II Cumbre Iberoamericana, que se celebraba en Madrid al día siguiente, y la imagen internacional de Colombia se resintió gravemente por el escándalo. En los días posteriores, la prensa reveló las condiciones de auténtico lujo que imperaban en La Catedral para el uso y disfrute de Escobar, quien disponía de gimnasios modernamente equipados, cabañas de recreo, una bañera para hidromasaje, mesas de billar, una ruleta de juego y diversos electrodomésticos de ocio. Su espaciosa celda, llena de efectos personales, consistía en dos habitaciones, una destinada a cocina, bar y sala, y la otra a dormitorio y despacho, además del baño y el guardarropa. El reo incluso disponía de un potente telescopio con el que podía fisgar a placer desde los amplios ventanales de su suite carcelaria.

Estupefacto y airado, Gaviria ordenó destituciones en cascada en los escalafones del Gobierno, las Fuerzas Armadas y la administración de prisiones, y autorizó los vuelos de reconocimiento de aparatos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ante las protestas de la oposición conservadora, el 4 de agosto el Ministerio de Exteriores anunció el final de este polémico aspecto de la "cooperación internacional" predicada por Gaviria para asestar "verdaderos golpes" al narcotráfico. El 2 de diciembre de 1993, luego de una implacable persecución y de resurgir la campaña de salvajes atentados contra objetivos del Estado, el narcotraficante, mitificado por sus admiradores, fue abatido en un barrio residencial de Medellín donde la Policía le había acorralado.

Fue la culminación de una vasta operación de rastreo físico y electrónico en la que participaron la DEA y la CIA estadounidenses y en la que también, según parece, prestaron una colaboración no desdeñable los Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes), una organización de antiguos socios y sicarios del narcotraficante vueltos en su contra, y que posteriormente iba a nutrir las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la federación de bandas paramilitares. Con la desaparición de su jefe, el otrora todopoderoso cártel medellinense quedó prácticamente desmantelado y dejó de representar una amenaza para el Estado colombiano, si bien su rival, el más discreto cártel de Cali, le tomó el relevo como la principal organización delictiva del país.

Las dos organizaciones guerrilleras más marcadas ideológicamente por marxistas, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), prosiguieron una lucha armada caracterizada por la creciente importancia que adquirieron los métodos puramente mafiosos y terroristas. Pese a las sucesivas rondas de negociaciones celebradas en Venezuela y México, la Administración de Gaviria no pudo apuntarse en este frente un colofón positivo para el alivio de la violencia y la criminalidad. El 8 de noviembre de 1992 Gaviria hubo de declarar el estado de conmoción interna durante tres meses ante la ofensiva guerrillero-terrorista lanzada por ambas insurgencias, que formaron la denominada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSM), y en lo sucesivo instruyó al Ejército para que las combatiese activamente. El cambio de estrategia del presidente precipitó, el 23 de noviembre, la salida del partido de Navarro Wolff del Gobierno de concertación.


3. Balances exterior y económico
Entre las actuaciones internacionales de Gaviria en su etapa como presidente de Colombia deben citarse las organizaciones, en Cartagena de Indias en los tres casos, de la V Reunión del Grupo de Río, el 2 y 3 de septiembre de 1991, la IV Cumbre Iberoamericana, el 14 de junio de 1994, y la conferencia constitutiva de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el 24 de julio de 1994, a la que asistieron 25 países ribereños. Otro acontecimiento digno de reseñar fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba en octubre de 1993, luego de 11 años de ruptura.

A Gaviria se le considera el artífice de los progresos decisivos hechos en la primera mitad de los años noventa por el Grupo Andino para la constitución, primero, de una Zona de Libre Comercio y, segundo, de una unión aduanera sujeta a un Arancel Externo Común, los cuales entraron en servicio respectivamente el 1 de enero de 1992 y (en este caso, sólo por cuenta de Colombia, Venezuela y Ecuador) el 1 de febrero de 1995. La organización celebró sus consejos presidenciales III en Bogotá, el 7 de agosto de 1990, y VI en Cartagena de Indias, del 3 al 5 de diciembre de 1991, cita en la que se firmó el Acta de Barahona. Pero los entusiasmos integracionistas de Gaviria se extendieron también a la cooperación con los países de América Central, a toda la cuenca del Caribe —siendo la AEC su mejor expresión— y en el seno del Grupo de los Tres, integrado por Colombia, Venezuela y México, el cual adoptó el 13 de junio de 1994 un acuerdo de libre comercio para entrar en vigor el 1 de enero de 1995.

Por lo que respecta a la economía, el cuatrienio de Gaviria presentó un balance mayormente positivo, por lo menos en las macromagnitudes. Paradójicamente, la prolongación, ciertos períodos paroxísticos inclusive, de la situación general de violencia masiva no desincentivó las actividades económicas. Antes al contrario, se apreciaron una inyección de narcodólares en el sistema productivo (fundamentalmente en el sector de la construcción, que vivió un auténtico boom), un empuje de las exportaciones mineras y de algunos productos agropecuarios (que compensaron la merma de ingresos del Estado por la caída del precio del café en los mercados internacionales) y, sobre todo, la afluencia masiva de inversiones y divisas extranjeras, atraídas por los altos tipos del interés, el cambio sobrevalorado del peso con respecto al dólar y las políticas librecambistas y desreguladoras aplicadas por el Gobierno, donde destacó el nervio neoliberal del ministro de Hacienda Rudolf Hommes Rodríguez. Todo ello se tradujo en una tasa media de crecimiento anual del 4% del PIB, con una inflación, eso sí, elevada, en torno al 26%.

Además, la deuda externa se mantuvo congelada en algo más de 17.000 millones de dólares gracias al Plan Brady acordado por el Gobierno de Estados Unidos y el FMI, al que Colombia se había acogido para refinanciar sus débitos, y no proyectó su sombra amenazadora sobre las perspectivas de crecimiento. La otra cara de la moneda era el plano social, muy resentido por el desmoronamiento de las pequeñas economías familiares dependientes del cultivo del café. Colombia continuó exhibiendo considerables déficits de desarrollo humano. Con todo, el sentir mayoritario de la población era de satisfacción por la gestión del presidente y de esta opinión favorable se benefició el PLC en las elecciones legislativas del 27 de octubre de 1991 y el 13 de marzo de 1994, ganadas con sendas mayorías absolutas de 86 y 94 representantes.


4. Etapa en la Secretaría General de la OEA
El 7 de agosto de 1994 Gaviria transmitió el mando ejecutivo a su correligionario Ernesto Samper, vencedor frente al conservador Andrés Pastrana Arango en las elecciones presidenciales celebradas a dos vueltas el 29 de mayo y el 19 de junio. Exonerado de sus funciones institucionales en Colombia, Gaviria se dispuso a escribir un nuevo capítulo en su currículum político como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), cargo prestigioso para el que había sido elegido el 27 de marzo anterior por la Asamblea General reunida en Washington. Entonces, el colombiano se impuso con 20 votos al canciller costarricense Bernd Niehaus Quesada, quien obtuvo 14 votos. El 15 de septiembre, cinco semanas después de desocupar el Palacio de Nariño, Gaviria asumió la Secretaría General de la OEA en sustitución del brasileño João Baena Soares, en el cargo desde 1984.

Su selección para un puesto que ya había ocupado un colombiano, también ex presidente y liberal, Alberto Lleras Camargo (desde la fundación del organismo en 1948 hasta 1954), testimonió el buen crédito que Gaviria había adquirido en todo el continente, como reformador de las estructuras de su país, defensor de la democracia en el hemisferio, promotor de la integración regional y conciliador en conflictos. Por otro lado, la defensa, decisiva en estos casos, de su candidatura por Estados Unidos supuso una justa recompensa por el respaldo que el colombiano había dado al plan norteamericano de constituir, como muy pronto en 2005, la denominada Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), vasto proyecto de desarme arancelario continental, desde Alaska a la Patagonia, que fue echado a andar por la I Cumbre de Las Américas, celebrada en Miami en diciembre de 1994. Su visión de la homogeneidad comercial del hemisferio partiendo de la convergencia de todos los procesos de integración subregionales y concediendo la primacía dinamizadora al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, activado en enero de 1994 por Estados Unidos, Canadá y México) coincidía con los planteamientos de la Administración demócrata de Bill Clinton, si bien el estadista colombiano subrayaba la necesidad de otorgar a los países con un mercado nacional más débil unos plazos de adaptación flexibles.

Con Gaviria a su frente, la OEA ganó protagonismo en la monitorización de procesos electorales de estados miembros afectados por conflictos político-institucionales, como los sucedidos en Haití en 1995 y 2000, y en la República Dominicana en 1994 y 1996. Por lo que respecta al Perú, Gaviria se implicó personalmente en la grave crisis política del año 2000. Así, en octubre de aquel año se reunió con el todavía presidente Alberto Fujimori para intentar convencerle de la conveniencia de consensuar con la oposición peruana un calendario de elecciones democráticas anticipadas.

Tras su reelección unánime el 8 de junio de 1999, en la primera jornada del XXIX plenario de la Asamblea General reunida en Guatemala, para un nuevo período de cinco años, Gaviria expresó su deseo de impulsar una segunda generación de reformas con una orientación política y social más amplia, con el objeto de arraigar los hábitos democráticos en las sociedades y para generar una mayor confianza en los mecanismos de integración regionales en un mundo globalizado. Según él, dichas reformas debían conducir a una "economía política de la integración" que fortaleciera la dimensión social de las responsabilidades de los estados y su capacidad reguladora. En su opinión, actuaciones como la flexibilidad de los mercados laborales y la dotación de mayor autonomía a los bancos centrales debían compaginarse con el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones políticas y con un equilibrio más ajustado entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

A este esquema se adecuó la Carta Democrática Interamericana (CDI) que fue adoptada por los cancilleres el 11 de septiembre de 2001 en Lima, durante el XXVIII período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, y apenas unas horas después de producirse los catastróficos ataques terroristas de Al Qaeda contra Nueva York y Washington. Gaviria ponderó la CDI como un instrumento fundamental para la defensa y la consolidación del modelo democrático en el continente, ya que añadía a los mecanismos de resolución de la OEA una cláusula que facultaba a la Asamblea General para suspender a aquellos estados miembros en los que se produjera una ruptura del sistema democrático o una alteración del orden constitucional. Ahora bien, la CDI no establecía mecanismos operativos de respuesta como la aplicación de sanciones económicas a los gobiernos suspendidos para obligarles a restituir una situación de legalidad.

Hasta el final de su segundo mandato, Gaviria prosiguió sus esfuerzos por promover la seguridad hemisférica y desarrollar un combate efectivo contra el terrorismo, el tráfico de drogas y la corrupción. Se hizo cargo de la Secretaría Técnica de las Cumbres de Las Américas y en noviembre de 2002 emprendió su misión más compleja y delicada: la mediación en el acerbo conflicto que enfrentaba en Venezuela al Gobierno del presidente Hugo Chávez y la opositora Coordinadora Democrática.

La crisis política venezolana, que llegó a su clímax en abril de 2002 con el fracasado golpe de Estado cívico-militar pero que continuó intacta después del movimiento inconstitucional, intentó ser reconducida por Gaviria y, con la inestimable ayuda de las diplomacias brasileña y de los países andinos, a través del llamado Grupo de Países Amigos de Venezuela, del que formaron parte Brasil, España, Chile, Estados Unidos, México y Portugal. El Grupo, que rendía cuenta de sus gestiones a Gaviria, ofreció a las partes una salida "electoral, constitucional, democrática y pacífica". A trancas y barrancas, la facilitación desembocó el 29 de mayo de 2003 en un acuerdo entre el Gobierno y la Coordinadora Democrática sobre la celebración de un referéndum revocatorio que, con arreglo a la Constitución, podría convocarse y celebrarse una vez transcurrida la primera mitad del mandato electoral de Chávez, es decir, a partir de agosto del año en curso.

El 15 de septiembre de 2004 Gaviria terminó su segundo e improrrogable mandato, y traspasó el testigo al ex presidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, quien había sido elegido en junio por el XXXIV plenario de la Asamblea General reunida en Quito. Llegado el momento de la despedida, el colombiano hizo un balance personal satisfactorio, y la década de gestión mereció también los elogios del Consejo Permanente, que valoró muy positivamente las realizaciones en las materias de Derechos Humanos, lucha anticorrupción, medidas de confianza interestatales y resolución pacífica de controversias. Para numerosas ONG y expertos, en cambio, la OEA de Gaviria no había sido capaz de hacer aportaciones sustanciales a la consolidación o la calidad del sistema democrático en países como Haití, Ecuador y Bolivia, sacudidos por periódicas crisis de legitimidad institucional que no podían descontextualizarse de unas situaciones deplorables de pobreza, subdesarrollo y exclusión social.

La propia misión en Venezuela quedó puesta en entredicho, ya que el referéndum revocatorio no pudo celebrarse hasta agosto de 2004 por la resistencia de Chávez (quien, a la postre, ganó la consulta de manera inapelable) a reconocer la validez del proceso de recogidas de firmas; entre tanto, la tensión política y social en el país caribeño continuó siendo altísima, con gran riesgo de enfrentamiento civil. Otros observadores pusieron de relieve la falta de reformas internas para corregir el papel prácticamente hegemónico de Estados Unidos (que aportaba el 60% del presupuesto) en una organización de la que eran miembros 34 estados, 35 si se incluía a la suspendida Cuba.


5. Liderazgo del partido en la oposición a Uribe y tragedia familiar
En enero de 2005 Gaviria aún se encontraba en Washington cuando hubo de ingresar en quirófano al presentársele una repentina dolencia de próstata. En febrero, ya curado en salud, el ex presidente puso en marcha la empresa de consultoría Hemispheric Partners. Sin embargo, inmediatamente después se supo que, lejos de quedarse acomodado en el sector privado, Gaviria se disponía a regresar a Colombia para reintegrarse en la política activa y asumir el liderazgo del PLC. Entonces, la histórica agrupación arrastraba una profunda crisis desde la división de candidaturas presidenciales en las elecciones de mayo de 2002, cuando el nominado por el oficialismo, Horacio Serpa Uribe, quien ya perdiera el envite por primera vez frente al conservador Pastrana en la edición de 1998, se enfrentó con el "liberal independiente" Álvaro Uribe Vélez, ex senador y gobernador antioqueño, quien le derrotó de manera contundente. Ahora, Uribe estaba consolidando su propio movimiento de partidarios, el llamado genéricamente uribismo, y, alentado por unos sondeos de popularidad altamente favorables, se disponía a formalizar su aspiración a la reelección por otros cuatro años, posibilidad abierta tras acometer el Congreso la preceptiva reforma constitucional.

En abril de 2005 Gaviria, aunque dejando amplios huecos en su agenda para los encuentros internacionales de corte académico y politológico, se instaló definitivamente en Bogotá atendiendo a los ruegos de los militantes del PLC, que le pedían que asumiera las riendas de un partido dividido, desorientado y despojado de la mayoría de sus nombres de peso —succionados por el uribismo—, y que retara en las urnas a Uribe; según encuestas del momento, el anterior secretario general de la OEA era el único político colombiano capaz de frenar la reelección del mandatario titular, forzando al menos la segunda vuelta.

El 11 de junio de 2005 Gaviria fue elegido por aclamación director nacional del PLC en el II Congreso Nacional Liberal, que discurrió entre llamamientos a la unidad interna y fuertes ataques a Uribe. Previamente, Gaviria pactó con Serpa, jefe de la principal corriente del partido y situada en el centroizquierda, dos cuestiones de peso que fueron consideradas una importante cesión del primero en pago por el liderazgo recibido: primero, la aprobación de una plataforma de signo socialdemócrata orientada al gasto social y la creación de empleo, perfilando un ideario renovado del partido con el que el ex presidente aseguraba comulgar y que por otro lado era coherente con la membresía en la Internacional Socialista, obtenida en 1999; y segundo, la convocatoria de un proceso de primarias para definir al candidato presidencial en 2006, el hombre que se mediría con el en apariencia imbatible Uribe.

Serpa era el obvio aspirante a tan difícil misión, pese a sus dos fracasos anteriores. Gaviria dejó abierta la posibilidad de una precandidatura propia, tal como le reclamaban sus abundantes simpatizantes. La duda quedó en el aire hasta escasos días antes de la elección primaria del 12 de marzo de 2006, cuando, en una nueva demostración de consenso liberal y para ahorrarle al partido otro espectáculo de lucha fratricida, Gaviria descartó su postulación y prácticamente coronó a Serpa, quien se llevó la nominación sin problemas.

El mismo día tuvieron lugar las legislativas nacionales: con el 19% de los votos y 35 representantes, el PLC retuvo la condición de primera fuerza en la Cámara baja, pero notablemente mermada y apenas despegada del PCC y el principal instrumento parlamentario del uribismo, el derechista Partido Social de Unidad Nacional (PSUN), usualmente llamado Partido de la U. Es más, aquel registro se tornó irrelevante al sumar las siete agrupaciones del bloque propresidencial (PSUN, PCC, Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática y Colombia Viva) una confortable mayoría de 93 diputados y 70 senadores. Estos resultados fueron considerados ampliamente insatisfactorios por los liberales y Gaviria puso su cargo a disposición del partido, el cual no consideró la dimisión.

Incluso antes del II Congreso Nacional Liberal, Gaviria fustigó incansablemente a Uribe, al que acusó de pretender "perpetuarse en el poder por lo menos hasta el año 2010" y de fundar su ambición reeleccionista en el apoyo de las AUC en trance —al menos oficialmente— de disolución, reprochándole de paso la forma en que estaba conducido el proceso de desmovilización de estas organizaciones armadas de extrema derecha responsables de las más horribles violaciones de los Derechos Humanos cometidas en Colombia en los últimos tiempos, ya que si el paramilitarismo podía estar en retroceso, la parapolítica, su criatura civil e institucional, parecía extenderse por doquier.

El líder opositor cargó particularmente contra la Ley de Justicia y Paz, aprobada por el Congreso en junio de 2005 para proporcionar un marco jurídico al proceso de desmovilización y reinserción de miles de paras, ya que, a su juicio, la previsión de generosos beneficios penales para los autores confesos de delitos graves iba a consagrar "la impunidad" y permitir a "las mafias apoderarse de Colombia". Gaviria no rehuyó los calificativos personales, y entre otras cosas tachó al presidente de "mesiánico", "caudillista", "clientelista", "politiquero", "derechista", "torpe" y "peligro para la democracia". En las elecciones presidenciales del 28 de mayo de 2006 Serpa no sólo fue aplastado por un arrollador Uribe, sino que, con un escuálido 11,8% de los votos, recibió la mitad de papeletas que Carlos Gaviria Díaz —sin relación con el ex presidente—, cabeza del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), de ideario nítidamente socialdemócrata.

En otro orden de cosas, Gaviria tenía a sus espaldas la amarga experiencia del rapto en 1996 de un hermano, Juan Carlos, arquitecto de profesión, al que un misterioso grupo denominado "Dignidad por Colombia" había mantenido secuestrado entre abril y mayo de aquel año bajo un plantel de exigencias políticas al Gobierno de Samper, antes de perdonarle la vida gracias a las intensas gestiones realizadas por César: el entonces secretario general de la OEA satisfizo la exigencia de los captores de remitirles una petición de liberación firmada de puño y letra por el presidente cubano Fidel Castro. Pues bien, diez años después, el 27 de abril de 2006, entre los dos sinsabores electorales arriba citados, el jefe liberal encajó el terrible golpe del asesinato de su única hermana, Liliana, de 52 años de edad.

De acuerdo con el relato policial de los hechos, ese día Liliana Gaviria Trujillo, gerente de una empresa de transportes y madre de dos hijos, fue interceptada por un grupo de hombres armados cuando llegaba a su residencia en Pereira en el coche que conducía su chófer-escolta. Tras matar a tiros a su acompañante, los asaltantes agarraron a Gaviria, la montaron en su vehículo y se dieron a la fuga. Apenas una hora después, el cadáver de la víctima apareció abandonado en un paraje a tres kilómetros del lugar del secuestro, con una herida de bala en el abdomen y una lesión craneal.

La Policía, tras unos días de investigaciones, descartó un intento de secuestro de la delincuencia común con fines de extorsión y también un asesinato de tipo ejecución por parte de alguna organización paramilitar, quizá en venganza por el rechazo del líder opositor a las facilidades concedidas por el Gobierno a las AUC para su desmovilización. Pero la Policía sí aceptó el móvil político, ya que adjudicó el crimen a las FARC, que habrían pretendido secuestrar a la hermana del ex presidente para incluirla en el grupo de personas canjeables por guerrilleros presos en eventuales negociaciones con el Gobierno; en tal caso, Liliana Gaviria habría resultado mortalmente herida en el forcejeo inicial o posteriormente de una manera no deliberada, presuponiendo que sus captores tenían interés en conservarla con vida. Las circunstancias precisas del asesinato no llegaron a ser esclarecidas.

Gaviria avaló la tesis de la autoría de las FARC, que fue negada por la organización subversiva en un comunicado, y calificó el asesinato de su hermana de "acto de terrorismo" y "crimen político". En el mes que siguió al doble crimen, varios presuntos miembros de las FARC fueron detenidos en relación con el mismo y puestos a disposición de la justicia. El ex presidente aclaró que esta dolorosa atrocidad no iba a empujarle a abandonar la política o a marcharse de Colombia.

En el III Congreso Nacional Liberal, celebrado en Medellín el 29 de abril de 2007, Gaviria, único aspirante al puesto, fue reelegido director único nacional del PLC con el voto de 789 delegados, frente a los 276 que se pronunciaron por una dirección plural. En esta época, la prensa colombiana habló de roces en la dirección del partido sobre el peso que había que dar a los planteamientos asimilables al centro liberal, que serían los auspiciados por Gaviria, y a las nociones socialdemócratas, abrazadas por el ala izquierda. Al margen de las posibles desavenencias en el seno del liberalismo, Gaviria siguió siendo un detractor radical del uribismo. Así, en mayo de 2009 el ex presidente enmarcó la luz verde dada por el Senado a un proyecto para someter a referéndum una enmienda constitucional que permitiría a Uribe optar a un tercer mandato consecutivo en un plan que tendría el jefe del Estado para "acabar con la democracia".

En septiembre de 2009 Rafael Pardo Rueda, el ministro de Defensa entre 1991 y 1994 y hombre de confianza de Gaviria, se impuso en la elección interna del candidato para las presidenciales de 2010, a las que el oficialismo finalmente iba a presentar, no a Uribe, vetado por la Corte Constitucional, sino al titular de la cartera de Defensa hasta el mes de mayo, Juan Manuel Santos Calderón. Poco después, Gaviria anunció que desistía de presentarse a la reelección como jefe orgánico en el IV Congreso Nacional Liberal, programado para los días 12 y 13 de diciembre en Bogotá. La asamblea partidaria decidió que Pardo Rueda fuera también el nuevo director nacional del PLC.


6. Membresías, reconocimientos y bibliografía
César Gaviria está casado con la consultora empresarial Ana Milena Muñoz, quien como primera dama del país presidió la Comisión Colombiana del V Centenario y fue la artífice de la Fundación Batuta (1991), centrada en la formación musical de jóvenes, así como de la Fundación Colombia Presente (1993), una ONG sin ánimo de lucro que alcanzó amplia notoriedad en Antioquia como la impulsora del Banco del Tiempo, operado por la Caja de Compensación Familiar (COMFAMA). El matrimonio ha tenido dos hijos, María Paz y Simón.

Simón Gaviria Muñoz, nacido en 1980, es un economista formado en la Universidad de Pensilvania y especializado en econometría que sigue los pasos de su padre. Miembro precoz de la Cámara de Representantes, en 2006 estrenó mandato legislativo en las listas, no del PLC, sino de Por el País que Soñamos, una agrupación creada por el ex alcalde bogotano Enrique Peñalosa Londoño. Cuatro años después, fue reelegido en su curul con un gran acopio de votos y ya en representación del PLC. En julio de 2011 Gaviria júnior inició un mandato anual como presidente de la Cámara y el 11 de diciembre siguiente el partido le eligió su jefe único en sustitución de Rafael Pardo, quien había renunciado al liderazgo para ponerse al frente del Ministerio de Trabajo, cartera que le había ofrecido el presidente Santos año y medio después de derrotarlo en la contienda electoral.

César Gaviria es doctor honoris causa por las universidades ICESI de Cali, Miami, Libre de Colombia, Estácio de Sá de Río de Janeiro y Northeastern de Boston. Es miembro de la Junta Directiva, desde 2009 en calidad de vicepresidente, del Club de Madrid, un foro de reflexión animado por mandatarios nacionales retirados de los cinco continentes, así como miembro de honor del Club de Roma. De manera señalada, el estadista colombiano es copresidente, junto con sus colegas Ernesto Zedillo de México y Fernando Cardoso de Brasil, de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Desde esta iniciativa, Gaviria ha hecho saber, a través de artículos y declaraciones, su postura escéptica con los resultados de las estrategias puramente represivas, policiales y militares, para erradicar la producción y el tráfico ilegal de drogas en América Latina. En 2012 formuló la propuesta de "regular, no legalizar" la comercialización y el consumo de drogas como un tratamiento alternativo del problema que podría servir para reducir los abrumadores niveles de violencia, criminalidad y corrupción a que da pie el trasiego ilícito de estupefacientes.

El ex presidente ha recogido varios galardones, a título particular o en nombre de la OEA, como el W. Averell Harriman Democracy Award, concedido por el National Democratic Institute for International Affairs (NDI) de Estados Unidos, y el International Courage In Leadership Award, otorgado por el periódico Washington Times. En septiembre de 2002, al hacerle entrega del premio del NDI concedido a la OEA, la presidenta del instituto, la ex secretaria de Estado de Estados Unidos Madeleine Albright, alabó el recorrido hecho por la organización panamericana desde la llegada del colombiano a su Secretaría General, ocho años en los que la OEA había sido "revitalizada, reformada y renovada de tal manera que 800 millones de americanos pueden vivir como vecinos verdaderos", y se había convertido "en un modelo para otros grupos regionales de diversas partes del mundo".

Gaviria es autor de un importante número de estudios de dimensión institucional y de ensayos de índole más personal. Entre ellos figuran Hacia una nueva visión del sistema InterAmericano de Derechos Humanos (1996), Senderos hacia el nuevo milenio: el camino recorrido 1994-1999 (1999) y Una década de transformaciones: del fin de la Guerra Fría a la globalización en la OEA (2004), libro este último en el que el autor pasa revista a sus diez años como secretario general. En 2004 también, Gaviria publicó el artículo La Carta de Navegación de las Américas para el capítulo Globalización y democracia del informe-libro La Democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, elaborado dentro del Proyecto sobre el Desarrollo de la Democracia en América Latina (PRODDAL) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

(Cobertura informativa hasta 13/11/2012)