Carlos Salinas de Gortari

La presidencia de Carlos Salinas (1988-1994) entrañó para México una transformación radical en varios terrenos. En el económico y comercial, las reformas estructurales y constitucionales, la privatización general de las empresas públicas, la supresión de la reforma agraria heredada de la Revolución y la creación del TLCAN abundaron en una modernización de corte liberal, mudanzas que junto con otras reformas de calado en el sistema político coadyuvaron, paradójicamente, al final de la larga supremacía de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI). El reguero de conmociones sufridas en el último año, con el alzamiento zapatista en Chiapas, dos magnicidios de dirigentes priístas y la descomunal crisis financiera que le estalló ya a su sucesor, Ernesto Zedillo, y que arruinó los cacareados logros macroeconómicos del sexenio y empobreció a la población, malparó la reputación de Salinas, que optó por expatriarse.

(Texto actualizado hasta enero 2007)

1. Una brillante carrera como tecnócrata del PRI
2. Cuestionado triunfo en la elección presidencial de 1988
3. Las grandes reformas económicas del sexenio salinista
4. Un crecimiento con bases frágiles
5. La reforma política a remolque del liberalismo económico
6. Las convulsiones del último año: rebelión zapatista, magnicidios y tormenta financiera
7. Un ex presidente caído en el oprobio y los avatares de la familia Salinas


1. Una brillante carrera como tecnócrata del PRI
Uno de los cinco hijos tenidos por los señores Raúl Salinas Lozano, destacado economista y servidor gubernamental, que fungiera de secretario (ministro) de Industria y Comercio en el sexenio presidencial de Adolfo López Mateos (1958-1964), y de la maestra Margarita de Gortari Carvajal, recibió las formaciones primaria, secundaria y preuniversitaria en los colegios capitalinos Abraham Lincoln, Héroes de Chapultepec y San Ildefonso, respectivamente. Posteriormente estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por la que, siguiendo los pasos de su padre, se licenció en Economía en 1970 con una memoria titulada Agricultura, industrialización y empleo: el caso mexicano, y en la Universidad estadounidense de Harvard, por la que obtuvo sendas maestrías en Administración Pública (1973) y Economía Política (1976), así como el doctorado en Economía Política y Gobierno (1978). Mientras enriquecía su currículum lectivo trabajó de profesor auxiliar de Estadística en la UNAM y a partir de 1976 enseñó las asignaturas de Finanzas Públicas y Política Fiscal en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Deportista consumado y practicante de la hípica, el joven obtuvo la medalla de plata en los VI Juegos Panamericanos celebrados en Cali, Colombia, en agosto de 1971, como integrante del equipo de equitación mexicano.

Ya en 1969, con 21 años, continuando la tradición política familiar, obtuvo la membresía en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), formación que de manera ininterrumpida y hegemónica ocupaba el poder en todos los niveles de la administración del Estado desde su fundación en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario. Salinas dio sus primeros pasos en política ejerciendo de ayudante del diputado federal potosino Gonzalo Martínez Corbalá, quien le introdujo en el vasto andamiaje de una formación nacida para integrar las distintas facciones salidas de la Revolución de 1910-1917, que funcionaba como un verdadero partido-Estado y cuyas divisas habían sido el nacionalismo, el laicismo y el estatalismo, conformando un particular izquierdismo de tipo no socialista luego evolucionado a un centrismo no menos impreciso y trufado de aspectos conservadores –incluso reaccionarios- como consecuencia de tantos años de férula absoluta y del arraigo de prácticas clientelistas y caciquiles.

Salinas empezó a prestar servicios en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI y a impartir clases en el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP), órgano responsable de formar ideológicamente a los cuadros priístas destinados a ocupar puestos en la función pública y en las distintas instituciones políticas del Estado. En 1976 se desempeñó como director general del IEPES y en 1979, y de nuevo de 1981 a 1982, como subdirector del ICADEP. En 1972, tras siete años de noviazgo, contrajo matrimonio con Cecilia Occelli González. La pareja vivió dos años en Estados Unidos, mientras él desempeñó su beca en Harvard, antes de instalarse en México y de tener allí a sus tres hijos, Cecilia, Juan Cristóbal y Emiliano, nacidos respectivamente en 1974, 1976 y 1979. Sirviéndose de la militancia partidista como trampolín y promocionado por los dirigentes Héctor Hernández Cervantes, futuro secretario de Comercio y Fomento Industrial, y Mario Ramón Beteta Monzalve, secretario de Hacienda y Crédito Público entre 1975 y 1976 y futuro director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y gobernador del estado de México, en la segunda mitad de la década de los setenta Salinas compaginó la actividad académica arriba reseñada con diversos puestos de responsabilidad técnica en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, protagonizando una de las carreras político-institucionales más sobresalientes en el México de finales del siglo XX.

Sin haber cumplido la treintena de edad, fue sucesivamente jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Dirección General de Asuntos Hacendarios y Asuntos Internacionales (1974), analista en Crédito Público y jefe del Departamento de Estudios Económicos de la Dirección General de Planeación Hacendaria (1976), y subdirector y director general de esta última división (1978), siempre en el organigrama de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y teniendo como último superior directo al secretario David Ibarra Muñoz. Por estos mismos años, su padre estuvo al frente de la Dirección Nacional de Precios y dirigió el Instituto Mexicano del Comercio Exterior, amén de presidir los consejos de la Comisión Federal de Electricidad y de los bancos estatales de Comercio Exterior y de Fomento Cooperativo.

En 1979, en el cuarto año de la presidencia de José López Portillo, su anterior jefe ministerial cuando éste llevó la Secretaría de Hacienda hasta 1975, Salinas fue nombrado secretario técnico del Gabinete Económico y director general de Política Económica y Social en la Secretaría de Programación y Presupuesto, ministerio que titularizaba un antiguo profesor suyo en la UNAM, Miguel de la Madrid Hurtado, a la sazón el tapado de López Portillo para sucederle en la Presidencia en las elecciones de 1982. Llegado ese momento, Salinas supervisó desde el IEPES la campaña presidencial de de la Madrid, quien una vez posesionado de la suprema magistratura, el 1 de diciembre, entregó a su antiguo alumno la secretaría gubernamental que había desocupado el año anterior. Salinas asumió este su primer cometido ministerial poco después de convertirse en miembro de la Comisión Nacional de Ideología del PRI. Tenía sólo 34 años. Dicho sea de paso, en los comicios de 1982 don Raúl Salinas coronó su carrera política convirtiéndose en senador por Nuevo León, su patria chica.

El presidente de la Madrid delegó en su hombre de confianza la paternidad de una nueva política económica que principió las reformas más características de la década siguiente: la austeridad en el gasto público, con recortes en los programas y los subsidios sociales, la liberalización del comercio exterior y la diversificación de las exportaciones, la apertura a las inversiones foráneas, la reconversión industrial y la privatización de empresas del Estado.


2. Cuestionado triunfo en la elección presidencial de 1988
El 4 de octubre de 1987 Salinas cesó como secretario de Programación y Presupuesto al ser destapado, esto es, personalmente e inapelablemente seleccionado por de la Madrid como el candidato del oficialismo para las elecciones presidenciales de julio de 1988, imponiéndose sobre otros dirigentes que, se había creído, contaban con buenas posibilidades de ser agraciados por el célebre procedimiento vertical del dedazo. Eran los casos de Alfredo del Mazo González, ex gobernador del estado de México y actualmente secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Manuel Barlett Díaz, secretario de Gobernación (Interior), y Ramón Aguirre Velásquez, jefe del Departamento (Gobierno) del Distrito Federal. De manera meramente ritual, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), máxima instancia directiva del PRI, formalizó la designación de Salinas.

Tan sólo días después del destape de Salinas se produjo el hundimiento de la bolsa mexicana y el arranque de una espiral inflacionista, obligando al equipo económico del Gobierno a adoptar medidas de control y austeridad consistentes en el reajuste a la baja del tipo de cambio del peso, la congelación de salarios, tarifas y precios, y la reducción de la gigantesca plantilla federal de funcionarios. El año terminó registrando una inflación promedio del 160%.

El impacto social de estas medidas de contingencia emborronó las perspectivas electorales del PRI, confrontado ya con el envejecimiento natural de un modelo político que se estaba mostrado ineficaz para responder a los retos de la economía global en ciernes y a las aspiraciones sociales de cambios profundos, y las de Salinas, tanto más cuanto que le salió un contrincante de gran peso, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el carismático hijo del reverenciado ex presidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), recientemente defenestrado del PRI por demandar la democratización de las estructuras del partido y subido a la lid presidencial con el respaldo de una coalición de fuerzas progresistas e izquierdistas llamada Frente Democrático Nacional (FDN). Además, la formación derechista que hasta ahora había desempeñado el rol solitario de única fuerza de oposición al PRI digna de llamarse así, el Partido Acción Nacional (PAN), presentaba al popular empresario y político sinaloense Manuel Jesús Clouthier del Rincón. En otras palabras, era la primera vez que el priísmo debía librar una verdadera competición, y muy cerrada, en las urnas federales.

La incertidumbre presidió el día de los comicios, el 6 de julio de 1988. Luego de cerrarse las urnas, y al poco de avanzarse los primeros resultados parciales que sonreían a Cárdenas, se produjo una sospechosa avería temporal en el sistema electrónico de computación del voto. La Comisión Federal Electoral (CFE), órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación, interrumpió la emisión de datos. Fue la famosa caída del sistema, expresión que en su sentido literal aludía al inexplicable colapso informático y en su sentido metafórico al final de una era política, la de la incontestable hegemonía del PRI. El FDN denunció, no sin fundamento, que el partido del Gobierno había cometido un gran fraude y que había arrebatado la victoria a su candidato, certeza que no flaqueó después de que la CFE anunciara, el 13 de julio, los resultados oficiales: Salinas resultó ganador con el 50,4% de los votos seguido de Cárdenas con el 30,8% y Clouthier con el 17,1%. De nada sirvieron las multitudinarias manifestaciones de protesta conducidas por la oposición. En las elecciones al Congreso, el PRI conservó la mayoría absoluta en ambas cámaras, si bien en el hemiciclo bajo el retroceso fue muy notable, hasta los 260 diputados sobre 500. El oficialismo, por primera vez, perdió la mayoría de dos tercios requerida para aprobar reformas constitucionales.

El porcentaje adjudicado a Salinas en las presidenciales superaba la mitad de los votos computados, pero se trataba del más exiguo conseguido por el PRI en una elección de cualquier tipo. En 1982 de la Madrid se había proclamado presidente con el 74,3% de los sufragios, cifra ciertamente apabullante pero que ya en su momento había dado mucho que hablar por ser la más moderada obtenida por un candidato priísta desde hacía tres décadas. Que seis años atrás el país hubiese reaccionado con sorpresa ante el bajo volumen de votos sacado por de la Madrid daba una idea de la trascendencia de los resultados de ahora. Podía hablarse sin reservas de terremoto político en México, aun en el caso de que Salinas hubiera ganado a Cárdenas limpiamente y sin asomo de duda. Las elecciones de 1988 supusieron para México el comienzo de la transición desde un sistema de partido hegemónico –el cual, por otra parte, había hecho de él el país más estable de América Latina dentro de su peculiar democracia formal- a otro de partido predominante o simplemente mayoritario.

El 1 de diciembre de 1988 Salinas tomó posesión con un mandato sexenal y, a sus 40 años, como el más joven presidente de México desde Lázaro Cárdenas. En sus primeras alocuciones, el flamante mandatario se comprometió a hacer más transparente la vida política, fortaleciendo la legitimidad del proceso electoral y modernizando el sistema de partidos, y a lanzar un ambicioso plan de reformas económicas para vigorizar el anémico crecimiento y acelerar la reducción de la inflación, que en 1988 registraron las tasas respectivas del 1,1% del PIB y el 52%. Los comentaristas destacaron que con Salinas triunfaba, por primera vez desde la fundación del partido, la tecnocracia y el economicismo sobre la ideología y la política, tan bien representados por los diez mandatarios anteriores, todos ellos abogados de formación.

En principio, Salinas no contemplaba menoscabar la supremacía política del PRI en aras de la depuración democrática del sistema mexicano, pero su perfil técnico, su distanciamiento del lenguaje populista y nacionalista, y su determinación reformista en lo económico le granjearon desde el principio la hostilidad apenas contenida de sectores tradicionalistas de su partido así como de la vieja burocracia sindical priísta presente en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), guardiana de las conquistas sociales y laborales de la Revolución. Los temores de estos poderes fácticos no eran caprichosos. En efecto, la ofensiva desreguladora y liberalizadora lanzada por Salinas iba a conseguir desmantelar, salvo en el sector petrolero, la estructura estatal-corporativista del PRI, el cual, debilitado, ya nunca sería el mismo, cayendo, tras una última muestra de arraigo electoral, en una crisis irreversible. Retrospectivamente, cabe situar en el sexenio de Salinas la semilla del histórico desalojo del PRI del poder federal en las elecciones del año 2000.


3. Las grandes reformas económicas del sexenio salinista
Bajo la Administración de Salinas se ejecutaron las grandes transformaciones estructurales que el presidente consideraba ineludibles para conformar el México moderno del próximo siglo. De entrada, se aceleró la campaña de privatizaciones comenzada en 1982, viéndose afectadas ahora todas las grandes empresas del Estado. Así, fueron entregados al capital privado la telefonía (Telmex, una compañía plagada de denuncias por negligencia en el servicio que en diciembre de 1990 fue adjudicada en pública subasta a un consorcio encabezado por el magnate Carlos Slim Helú), las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico (Altos Hornos de México), los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión (Imevisión, que dio lugar a la TV Azteca) y, finalmente, la banca. La histórica reforma del sistema bancario, emprendida en mayo de 1990 y rematada en diciembre de 1993, supuso la reversión total de la nacionalización realizada en 1982 por López Portillo, que había reducido las 764 entidades entonces existentes a menos de una veintena, encabezando las sobrevivientes el Banco Nacional de México (Banamex) y el Banco del Comercio (Bancomer). Asimismo, el Banco central de México, Banxico, fue dotado, reforma constitucional mediante, de un régimen jurídico que, con arreglo al modelo liberal, garantizaba su autonomía funcional y administrativa.

Eminentemente pragmático, Salinas explicó que las privatizaciones convenían al país a efectos de ingresos en la caja del Estado, ganancias que luego el Gobierno destinaría a abonar la deuda interna y a costear las necesidades sociales, pero la gigantesca operación produjo unos réditos incluso mayores de los esperados: sólo en 1991 el Estado recaudó 10.700 millones de dólares por ese concepto. Al final del mandato de Salinas, más del 90% del parque empresarial del país tenía dueños privados, quedando como únicas excepciones relevantes la Comisión Federal de electricidad (CFE) y el emblemático monopolio Pemex, el cual, no obstante, tampoco salió indemne de la avalancha de liberalizaciones, ya que, a través de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (julio de 1992), empezó a estructurarse como holding corporativo, asumiendo criterios de eficiencia y racionalidad, dotándose de una estructura divisional (las subsidiarias de Exploración y Producción, de Refinación, de Gas y Petroquímica Básica, y de Petroquímica) y abriéndose a la inversión privada extranjera según el esquema de franquicias.

El segundo florón del "liberalismo social" pregonado por Salinas fue la modificación, en diciembre de 1991, del régimen minifundista del ejido, perpetuado como la principal conquista social de la Revolución pero que, según el Gobierno, dificultaba la mecanización y la capitalización del agro mexicano por la reducida extensión de las parcelas comunitarias. La enmienda del artículo 27 de la Constitución suprimió el marco jurídico de la reforma agraria realizada en el período cardenista, poniendo fin al reparto de terrenos, convirtiendo a los tres millones de ejidatarios en propietarios formales y autorizando a las sociedades con capital privado la adquisición, reventa o arriendo de los ejidales con determinados límites de superficie. En círculos izquierdistas no hubo ambages en hablar de verdadera "contrarreforma agraria".

En tercer lugar, Salinas inauguró un nuevo concepto del crecimiento económico nacional que orientaba la producción hacia fuera, a la exportación, en detrimento de la industrialización. En la liberalización comercial, en el desarme arancelario a gran escala, iba a fundar, pues, México, sus perspectivas de progreso, y en primer lugar, el presidente apostó duro por la inclusión de México en el área de libre comercio ultimada por Canadá y Estados Unidos, país que por sí solo concentraba el 73% de todos los intercambios de México con el exterior. Este histórico despegue del área latinoamericana para unirse a la Norteamérica rica y anglosajona desembocó en la firma por Salinas el 17 de diciembre de 1992, a la vez que lo hacían, cada uno en su país, el presidente George Bush y el primer ministro Brian Mulroney, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA en su sigla en inglés), por el que los tres países asumían un cronograma para la eliminación de todos los aranceles al comercio trilateral en un plazo de diez años a partir del primer día de 1994. Si todo iba bien, en 2004 el TLCAN debía estar plenamente operativo.

El sueño librecambista de Salinas no estuvo lejos de ser arruinado debido a las fuertes resistencias que el proyecto concitó en sectores políticos y económicos de Estados Unidos, donde cundió el temor a la entrada de productos mexicanos de bajo precio y a una deslocalización de inversiones productivas buscando mano de obra barata, pero el 17 de noviembre de 1993, con gran alivio del mandatario, el Congreso de Washington aprobó el tratado gracias a la campaña promocional lanzada por el nuevo presidente demócrata, Bill Clinton. En opinión de Salinas, el libre acceso a un vasto mercado de 290 millones de habitantes iba a relanzar las exportaciones mexicanas, mientras que la apertura normativa doméstica iba a facilitar el desembarco de fuertes inversiones de los empresarios del norte, fundamentalmente en el sector de las maquiladoras o plantas de ensamblaje industrial (produciendo bienes de consumo directamente destinados a la exportación), con la consiguiente creación de miles de puestos de trabajo. Pero los críticos de la integración comercial presentaron una batería de argumentos adversos y empezaron por destacar los riesgos que supondría para la economía nacional una recesión en Estados Unidos.

Del importante nivel que alcanzó el diálogo mexicano-estadounidense dejaron constancia las numerosas cumbres presidenciales sostenidas por Salinas, doce en total, con Bush y Clinton. La primera reunión de Salinas como presidente en ejercicio con Bush tuvo lugar en París el 14 de julio de 1989, su primera visita oficial a Estados Unidos discurrió del 1 al 6 de octubre del mismo año y la primera recepción a Bush en casa, en Monterrey y Agualeguas, aconteció el 26 y el 27 de noviembre de 1990. Con Clinton, Salinas intercambió las primeras citas en Nueva York el 26 de septiembre de 1994, y en el DF y Tlaxcala del 5 al 7 de mayo de 1997.

Salinas vigiló atentamente toda posibilidad que permitiera a México adherirse a las iniciativas emergentes de la nueva economía globalizada. Con el propósito de diversificar en lo posible la clientela comercial, México fue el primer país latinoamericano que ingresó en la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en el escenario de la I Reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la organización celebrada en Seattle el 19 y el 20 de noviembre de 1993, mientras que la admisión, el 18 de mayo de 1994, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), exclusivo club del capitalismo internacional que hasta entonces no había extendido la membresía a ninguno de los categorizados como nuevos países industrializados, le permitió identificarse con el primer mundo económico, no obstante continuar México anclado entre los países de desarrollo medio.La prioridad del TLCAN no fue a costa, empero, de los tradicionales vínculos con los estados de América Central y el Sur; antes al contrario, éstos se renovaron, aunque desde una perspectiva más desideologizada y comercial. El 10 de enero de 1991 Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, acogió una cumbre entre Salinas y los cinco presidentes centroamericanos que significó el relanzamiento del protagonismo de México en la región y que preparó el acuerdo, firmado por los cancilleres en Managua el 20 de octubre de 1992, sobre la creación de una zona de libre comercio a seis.

En añadidura, con Nicaragua, en agosto de 1992, y con Costa Rica, en abril de 1994, se adoptaron sendos tratados de libre comercio. Ya en el terreno de la facilitación de conflictos, Salinas fue uno de los denominados "presidentes amigos" del secretario general de la ONU, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, en la mediación del proceso de paz de El Salvador. Así, el Castillo de Chapultepec, en México DF, fue el escenario elegido para la firma el 16 de enero de 1992 del acuerdo de paz definitivo entre el Gobierno y la guerrilla salvadoreños. Con Colombia y Venezuela, socios copartícipes del Grupo de los Tres (G-3), el país azteca resolvió establecer el 13 de junio de 1994 otra área de libre comercio a partir del 1 de enero de 1995. Y en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), se firmaron otro Tratado de Libre Comercio, con Bolivia, el 10 de septiembre de 1994, y un Acuerdo de Complementación Económica, con Chile, el 22 de septiembre de 1991. Por otra parte, Salinas, inaugurando un bienio de gran prestigio internacional, fue el anfitrión en Guadalajara el 18 y el 19 de julio de 1991 de la I Cumbre Iberoamericana, ámbito en el que se encontraban todos los países de América Latina más España y Portugal.


4. Un crecimiento con bases frágiles
El PIB mexicano creció en el primer cuatrienio de la administración de Salinas un promedio anual del 3,2%. En 1993 la tasa marcó sólo el 0,4%, en parte debido a una actuación del Gobierno para impedir el recalentamiento de la economía, pero en 1994 recuperó la pauta anterior. La inflación marcó en 1989 el 19,7%, en 1990 remontó hasta el 30% y en lo sucesivo descendió progresivamente hasta el 7,1% registrado en 1994, índice sin parangón en 22 años. En este comportamiento positivo fue instrumental la entrada en vigor, el 1 de enero de 1993, del nuevo peso, que restó tres ceros a la divisa homónima precedente y que cotizó al tipo fijo de 3,3 unidades por dólar más una banda de fluctuación. A la bonanza económica y la estabilidad monetaria se les sumó una negociación con el FMI, la banca comercial y una serie de gobiernos acreedores para la reestructuración de la deuda externa que produjo resultados moderadamente positivos. Primer país del continente en abrazar (julio de 1989) el Plan Brady ofrecido por el Tesoro de Estados Unidos, México recortó el servicio de la deuda por la mitad y hasta 1992 el monto de la misma osciló ligeramente por encima de los 100.000 millones de dólares, comenzando a crecer luego.

Pero los logros en las luchas contra la inflación y el déficit de las finanzas públicas (en 1992 el salinismo puso fin a este endémico descubierto por la vía de emitir deuda pública y obtuvo un espectacular superávit del 3,4%) se cobraron grandes sacrificios de la población, sobre todo la disminución sistemática del poder adquisitivo de las clases medias y bajas. Para compensar los bajos salarios, la reforma del ejido y la supresión de multitud de intervenciones proteccionistas y asistenciales, el Estado puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que, financiado con el producto de las privatizaciones, invirtió 18.000 millones de dólares en infraestructuras de comunicaciones, servicios sociales, vivienda subvencionada, becas de estudios y otras ayudas, si bien la oposición no dejó de observar en tal programa la última campaña de proselitismo y clientelismo del PRI, que afrontaba preocupado las próximas citas electorales. Otro capítulo en el que el Gobierno Federal tuvo actuaciones señaladas fue el medioambiental, con medidas contra la contaminación atmosférica y la degradación urbana en la megalópolis del DF.

En los momentos de mayor optimismo del sexenio salinista por la constatación de un nuevo milagro económico mexicano (otra etapa calificada de milagrosa había sido el boom desarrollista fundado en el petróleo en la segunda mitad de los años setenta, durante el lopezportillismo), varios analistas coincidieron en advertir que el crecimiento se estaba apoyando sobre bases hueras, ya que la mayoría de los capitales privados estaban siendo invertidos, no en actividades productivas y generadoras de riqueza estructural, sino en fórmulas de riesgo financiero pero con alta rentabilidad así como en instrumentos de deuda pública como los tesobonos (que garantizaban los pagos en dólares en vez de pesos), creando una peligrosa burbuja especulativa. Así, en 1992, más de la mitad de los 60.000 millones de dólares en capital foráneo estaba invertida en la bolsa de valores.


5. La reforma política a remolque del liberalismo económico
Cuando tomó posesión del cargo, Salinas, de una manera implícita, y más tarde, explícitamente, poniendo como ejemplo la malograda experiencia de Mijaíl Gorbachov en la URSS, precisó que la reforma política, aunque insoslayable, no iba a efectuarse de manera simultánea y con el mismo énfasis que la reforma económica, una prelación de la perestroika sobre la glasnost que en medios periodísticos vino a denominarse la "salinistroika".

Con todo, bajo su mandato se efectuaron cambios de suma importancia en el sistema político, tras los que quizá existía tanto una sincera voluntad democratizadora como el deseo de marcarles el terreno a los poderosos caciques y dinosaurios priístas, actuando contra los aspectos más groseros de sus redes clientelistas y sus abusos de poder. Para Salinas, estos "viejos revolucionarios" que se oponían a las recetas liberales y que alertaban contra la liquidación de hecho de la Revolución mexicana eran más bien unos "nuevos reaccionarios". Los enfrentamientos que sostuvo con la vieja guardia del partido, así como las intervenciones contra los desafueros de las mafias político-delictivas, como la apadrinada por el líder del gremio de trabajadores del petróleo, Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, quien fue detenido en una espectacular acción policial en enero de 1989 para luego ser condenado a 35 años de prisión por posesión ilegal de armas, reportaron a Salinas en el primer tramo de su mandato una innegable popularidad.

El presidente acometió una reforma en profundidad del sistema electoral, y durante 1989 y 1990 el Congreso aprobó diversas enmiendas a la Constitución así como el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Entre las innovaciones más significativas de esta ley estaban: la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), que relevó a la Secretaría de Gobernación en la organización y la supervisión de las elecciones; la actualización del padrón y la emisión de nuevas credenciales de los electores; y, el establecimiento del Tribunal Federal Electoral (TFE o TRIFE), encargado de resolver sobre impugnaciones y de sancionar las violaciones de la ley electoral. En 1993 se dio otro paso fundamental con la aprobación por el Congreso, el 24 de agosto, de una serie de modificaciones del régimen electoral. Entre otras, se abolió la denominada cláusula de gobernabilidad y se limitó el máximo de escaños que un partido podía obtener al 65% del total, independientemente del porcentaje de votos. Con ello, se impedía que un partido en solitario pudiera sacar adelante reformas constitucionales. Asimismo, se amplió el número de senadores de 64 a 128, cuatro por cada estado. La asignación del cuarto de ellos al primer partido minoritario de cada estado tenía como objetivo aumentar la representación no priísta en el Senado.

La disposición de Salinas al diálogo con los actores de la sociedad civil se expresó en novedades tales como el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo (PECE), suscrito el 20 de octubre de 1992 a modo de actualización del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico del 12 de diciembre de 1988, y en la normalización, mediante la reforma de cinco artículos de la Constitución y la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de las relaciones con la Iglesia (o las iglesias, no sólo la católica), que fue reconocida como sujeto jurídico y vio restituidos los bienes raíces que le habían sido expropiados. Una vez transformado el marco legal, México estableció relaciones diplomáticas con la Santa Sede el 21 de septiembre de 1992. Con este cambio histórico, que zanjó una situación arrastrada desde la sangrienta guerra cristera de 1926-1929, el Estado mexicano mutó su anticlericalismo y su agnosticismo militante por una definición de aconfesionalidad que salvaguardaba la libertad de cultos y, con algunas condiciones, la enseñanza a cargo de las congregaciones religiosas.

El PRI perdió su primer gobierno estatal, en Baja California Norte y a manos del PAN, el 2 de julio de 1989, pero las elecciones legislativas del 18 de agosto de 1991 otorgaron un gran triunfo al partido del presidente, que sacó el 61,5% de los votos y 320 diputados de la Cámara baja; el PAN ganó sólo el 17,7% y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fundado por Cárdenas, contra todo pronóstico, se hundió al 8,2%. Estas fueron las primeras elecciones celebradas bajo el COFIPE y, aunque registraron consistentes denuncias de fraude, fueron sin duda las más transparentes nunca celebradas en el país. En el potente resurgimiento electoral del PRI tuvo mucho que ver la, en líneas generales, buena prensa de que entonces gozaba Salinas. Sin embargo, el otrora omnipotente vástago de la Revolución se adentraba en su última década en la cima.

El presidente, que ya había cogido la costumbre de destituir a mandos policiales y sindicales por estar comprados por las mafias de la droga, incluso obligó a renunciar a tres gobernadores priístas prestando oído a las protestas que la comisión de flagrantes irregularidades electorales había desatado en sus respectivos estados. El puñado de escaños que el PRI necesitaba para aprobar las reformas constitucionales arriba señaladas se lo prestó el PAN, que había obtenido 89 puestos en la Cámara baja. Ahora bien, la prueba de fuego del reformismo político de Salinas iba a ser la elección presidencial de 1994. Por de pronto, Salinas no renunció al procedimiento antidemocrático del dedazo, que era uno de los atributos más característicos de un sistema tan fuertemente presidencialista como el mexicano.

El tapado de Salinas fue, para desolación de los jefes priístas hostiles a ceder espacios de poder a la oposición (y, por consiguiente, a perder prebendas y privilegios), un asesor y protegido desde antiguo, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el joven y muy popular ex presidente del partido y ahora mismo secretario de Desarrollo Social y responsable del Pronasol, identificado como el principal rostro de la izquierda del PRI. La designación de Colosio se produjo el 28 de noviembre de 1993, y algo antes, a finales de marzo, Salinas obtuvo de la XVI Asamblea Nacional del partido, reunida en Aguascalientes en una atmósfera de intenso debate, la inclusión del concepto de liberalismo social en el sustrato ideológico de la sexagenaria formación.


6. Las convulsiones del último año: rebelión zapatista, magnicidios y tormenta financiera
En 1992 se tenía la sensación de que Salinas iba a quedar en los anales como un gran estadista autor de reformas clave, con unos altos niveles de aceptación popular y que despidió su mandato con unos datos económicos faustos. Esta percepción comenzó a evaporarse en 1993 y más aceleradamente en el año electoral de 1994. El 24 de mayo de 1993, el asesinato en un aparatoso tiroteo entre narcotraficantes del arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Jesús Posada Ocampo, muy querido por el pueblo por sus valientes y enérgicas denuncias de la corrupción política y la impunidad con que actuaban las bandas del crimen organizado en el estado de Jalisco, prologó una cadena de magnicidios que turbó a la sociedad y que centro la atención sobre la pervivencia del México bronco.

Para el Ejecutivo de Salinas, la primera borrasca seria empezó a descargar el 1 de enero de 1994, coincidiendo con el comienzo de la aplicación del TLCAN. Ese día se alzó en armas en el selvático estado de Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cual, dirigido por el carismático y enigmático Subcomandante Marcos, reveló al mundo y al propio México que la euforia liberal del salinismo había dejado intactos, si no los había acentuado, muy graves problemas característicos del Tercer Mundo, con la pervivencia de grandes bolsas de pobreza extrema y flagrantes situaciones de injusticia social en estados olvidados donde los poderes públicos, los terratenientes y las organizaciones criminales campaban sin arreglo a la ley ni control de ningún tipo. El presidente apostó primero por acallar a los zapatistas manu militari, pero pronto cambió de estrategia al comprender que un aplastamiento sin contemplaciones de Marcos y sus hombres tendría un coste político enorme, a nivel doméstico e internacional.

El 12 de enero, al cabo de dos semanas escasas de combates que dejaron varios cientos de muertos y otros tantos millares de heridos entre guerrilleros, soldados y civiles, así como alrededor de 60.000 campesinos desplazados de sus hogares, el Ejército inició un precario alto el fuego. El 2 de marzo, el comisario federal para la Paz y la Reconciliación en Chiapas nombrado por Salinas, Manuel Camacho Solís, hasta entonces secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno, y Marcos sellaron en San Cristóbal de las Casas con la mediación del obispo local, Samuel Ruiz García, un acuerdo de principio sobre 34 medidas políticas y económicas en torno al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas –que componían la cuarta parte de la población del estado-, la reforma estatal y la mejora de las condiciones de vida de los sectores marginados. Hasta el final del mandato de Salinas imperó una relativa calma en Chiapas, pero los problemas de fondo siguieron intactos por la escasa voluntad gubernamental de tratarlos. El conflicto chiapaneco, aunque con las armas acalladas, continuó intacto.

El 23 de marzo, mientras los rescoldos de la sangrienta deflagración bélica humeaban en la selva Lacandona, México experimentó una segunda y enorme conmoción con el asesinato a balazos de Luis Donaldo Colosio, nada más pronunciar un discurso de precampaña, en Lomas Taurinas, Tijuana. El magnicida confeso, un mecánico de 23 años llamado Mario Aburto Martínez que fue detenido en el lugar del crimen y que a punto estuvo de morir linchado por la muchedumbre enfurecida, siempre insistió en que actuó solo, pero la opinión pública se resistió a creer que no hubiera una conspiración detrás, bien desde el frente de los narcotraficantes, bien desde el propio PRI. Las primeras miradas acusadoras se dirigieron nada menos que a Camacho Solís, que había sostenido una dura pugna con el malogrado conmilitón por la candidatura presidencial y que tras el destape de noviembre de 1993 se había atrevido, cosa insólita en la historia del partido, a criticar la decisión de Salinas.

Por otro lado, los medios de comunicación recordaron que el 6 de marzo anterior Colosio, distanciándose de la propaganda del Gobierno, había presentado a México como un país aún tercermundista en varios aspectos y se había comprometido a lanzar una vasta reforma política hasta conseguir la equiparación del sistema a las democracias normales. Colosio fue rápidamente suplido en la candidatura presidencial por Ernesto Zedillo Ponce de León, un competente tecnócrata surgido del reformismo salinista que asumió como suyas las promesas del que había sido su jefe de campaña. Salinas, que encabezó la guardia de honor que flanqueó el féretro de Colosio en la sede nacional del partido, prometió que el crimen no quedaría impune. Sin embargo, no consiguió disipar la sospecha general de que el 23 de marzo algún tipo de complot había sido ejecutado en Tijuana.

Tras este luctuoso suceso el país se sumió en la crispación y el desasosiego, mientras cobraban auge los secuestros de empresarios para cobrarles rescate y los escándalos de corrupción que salpicaban al oficialismo. Por si fuera poco, se reportó el asesinato de varias personas que, supuestamente, podían poseer información comprometedora para el poder priísta en relación con el magnicidio, mientras que las investigaciones policiales entraron en una fase de sospechosa parálisis. Mario Aburto, no sin correr el extraño rumor, jamás verificado, de una posible suplantación personal (debido a las aparentes diferencias físicas entre el hombre aprehendido en Lomas Taurinas y el recluido en prisión a la espera de juicio), quedó como el único encausado por homicidio doloso; en 1995 el tribunal que le juzgó iba a condenarle a 40 años de prisión.

Salinas deseaba finalizar su mandato con la satisfacción de haber organizado unas elecciones generales impecables, así que suscribió un pacto sin precedentes con los partidos de la oposición para garantizar, de manera definitiva, la limpieza y libertad de los comicios. Contrariamente a lo que cupiera esperar dadas las circunstancias, el PRI superó aceptablemente el examen en las urnas del 21 de agosto de 1994, más teniendo presente que la participación, excepcional, alcanzó del 77,7%, casi 20 puntos más que en 1988. Zedillo, disociado del salinismo por parte del electorado, ganó con el 50,2% de los votos al panista Diego Fernández de Cevallos y al perredista Cárdenas, mientras que en las legislativas el PRI perdió 20 diputados. Aunque se detectaron los habituales procedimientos poco éticos de la maquinaria priísta (uso proselitista de recursos públicos, empleo abusivo de los medios de comunicación, inducción al voto a cambio de emolumentos), los observadores internacionales, presentes por primera vez en un proceso electoral mexicano, así como los nacionales coincidieron en señalar a Zedillo como el primer presidente elegido sin un fraude de relieve.

Pero a Salinas le iba a estar vedado un traspaso presidencial sin novedad. Nuevas tempestades aguardaban a la vuelta de la esquina. El 28 de septiembre cayó asesinado en el DF el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, dirigente del ala reformista del partido, anteriormente gobernador del estado de Guerrero y a la sazón ex marido de la hermana mayor del presidente, Adriana Margarita, hasta que el matrimonio terminó en un tumultuoso divorcio en 1978. La segunda eliminación física en la cúpula priísta en algo más de seis meses no dejó lugar a dudas sobre que se libraban implacables vindictas en el partido del poder, donde los sectores más reaccionarios estarían intentando advertir contra la prosecución de la reforma política por la administración entrante. Tampoco se descartaba el largo brazo de los capos de la droga, ya que el hermano del asesinado, Mario Ruiz Massieu, era subprocurador general de la República encargado de la lucha contra el narcotráfico. Precisamente, Salinas nombró a Mario Ruiz Massieu fiscal especial jefe para esclarecer la muerte de su hermano. Sin embargo, el 23 de noviembre, el magistrado dimitió alegando obstáculos insalvables a su trabajo puestos por personas del PRI.

El 1 de diciembre Salinas terminó su mandato y Zedillo tomó posesión de la Presidencia. Nadie imaginaba entonces que México estaba a punto de sufrir una de las crisis más angustiosas de su historia. El 19 de diciembre, informado por Banxico de que las reservas internacionales en dólares estaban agotándose vertiginosamente al ritmo de una masiva fuga de capitales especulativos y de cancelaciones de tesobonos que habían comenzado tras el asesinato de Colosio y tomado un curso acelerado en noviembre, hasta alcanzar los 24.000 millones de dólares, Zedillo decidió devaluar el sobrevalorado peso en un 15%, pero el nuevo margen de cotización fue inmediatamente rebasado, obligando a declarar la libre flotación de la moneda el día 22. Aunque los problemas de iliquidez del tesoro público habían alcanzado un nivel crítico meses antes del traspaso presidencial, la administración saliente no tomó ninguna medida contundente antes de recurrir a la devaluación, como podría haber sido una subida de los tipos de interés –receta ortodoxa que sin embargo habría resultado altamente impopular- para revertir la crisis.

Hasta las fiestas navideñas, el peso perdió un 60% de su valor, convulsionando los mercados internacionales -el popularmente conocido como efecto tequila- y colocando las finanzas mexicanas al borde de un hundimiento de dimensiones catastróficas. Sólo un gigantesco plan de salvamento internacional coordinado por el FMI y capitaneado por la Reserva Federal Estados Unidos, con una inyección de 51.000 millones de dólares, permitió estabilizar el mercado cambiario, pero, eso sí, al precio de aplicar un draconiano plan de ajuste. La descomunal crisis financiera reveló crudamente la naturaleza desestructurada y ficticia de buena parte del crecimiento registrado de los últimos años. El mercado financiero volvió a estabilizarse, pero 1995 iba a cerrarlo México con una recesión económica del 6,9% y una tasa de inflación del 52%, por no hablar de la destrucción o precarización de millones de puestos de trabajo, de la pérdida de poder adquisitivo por la población y del agravamiento de las desigualdades sociales.


7. Un ex presidente caído en el oprobio y los avatares de la familia Salinas
Tras abandonar la residencia oficial de Los Pinos Salinas y su esposa firmaron el divorcio, poniendo fin a un matrimonio que habría empezado a naufragar luego de conocer él a Ana Paula Gerard Rivero, una analista del Citybank 12 años más joven y ex alumna de Harvard también. Gerard y Salinas entablaron una relación profesional y seguramente también sentimental luego de ser contratada ella como secretaria técnica del Gabinete Económico de la Presidencia.

El 28 de febrero de 1995 la Policía arrestó en el DF al hermano mayor de Salinas, Raúl, un licenciado en Ingeniería civil con una dilatada trayectoria en el servicio público, siendo sus cometidos durante el sexenio presidencial la dirección de Planeación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y la coordinación del sistema de evaluación del Pronasol, luego de que la Procuraduría General de la República le acusara de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Ruiz Massieu y de la comisión de tráfico de influencias, evasión fiscal y corrupción económica. Los medios de comunicación especularon con que Raúl Salinas de Gortari habría podido ordenar el crimen de su antiguo cuñado para impedir que la víctima desvelara, tal como habría amenazado, sus corruptelas y sus relaciones con el narcotráfico. Por si esta noticia no fuera suficientemente explosiva, al día siguiente el subprocurador especial Pablo Chapa Bezanilla implicó directamente al ex presidente en la conspiración política, imputación que aquel tachó de absurda al tiempo que defendió la inocencia de su hermano.

Sin embargo, el escándalo estaba servido, y Carlos Salinas, que desde el 18 de enero era miembro del Consejo de Directores de la compañía Dow Jones, comunicó la retirada de su candidatura a director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la entidad nacida el 1 de enero anterior a partir del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), para suceder al irlandés Peter Sutherland, en lo que contaba con el apoyo de Estados Unidos, lo que era como tener el puesto asegurado. El 3 de marzo el ex presidente inició una "huelga de hambre" en Monterrey para exigir a las autoridades el público descargo de cualquier responsabilidad suya en la crisis financiera de diciembre y en la obstrucción de las investigaciones judiciales del caso Colosio. La Procuraduría reconoció el segundo punto el 4 de marzo y el Gobierno el primero al día siguiente, momento en que Salinas puso fin a su particular forma de protesta. Para sorpresa y escarnio generales, el 11 de marzo Salinas marchó en compañía de Ana Paula Gerard a Nueva York a bordo de un jet privado, como si de un fugitivo se tratara, pero ello no detuvo las pesquisas judiciales.

Estos hechos produjeron conmoción en la opinión pública mexicana y en el PRI, pues nunca antes se habían emprendido acciones judiciales contra el entorno presidencial, una parcela tradicionalmente intocable. A Salinas le llovió una tromba de durísimas recriminaciones. La comunidad internacional que hasta la víspera tanto le había ensalzado, puso ahora en tela de juicio sus políticas económicas, y en México, los medios de comunicación y diversas voces de la sociedad civil arremetieron contra el resultado funesto de la apertura liberal, que había sumido a millones de mexicanos en la carestía y ensanchado la brecha entre ricos y pobres. Como remate, el país debía salir adelante con el más severo programa de ajuste y estabilización del que había recuerdo, arruinando en el camino a muchas familias.

Incluso Zedillo y el PRI se apresuraron a distanciarse del período salinista y en adjudicarle todas las culpas por el desaguisado financiero. En el imaginario popular, el clan Salinas ya estaba indisolublemente ligado a la autoría del cobarde asesinato de Colosio (aunque por el momento no existía ninguna apreciación policial o judicial de semejante conexión), al amiguismo y el favoritismo que habían caracterizado la campaña de privatizaciones y a las prácticas de enriquecimiento ilícito, cuando a la ciudadanía el presidente le había prescrito austeridad y sacrificio. Alcanzó tal magnitud el desprecio y la cólera públicos contra Carlos Salinas, convertido en el chivo expiatorio favorito de la frustración general, que hizo fortuna su caricaturización como el Chupacabras, la supuesta criatura alienígena importada de Puerto Rico que en aquellos años saltó a la prensa mundial por sus ataques a cabezas de ganado en algunos estados mexicanos para, aseguraba esta moderna leyenda urbana, succionarles la sangre.

A lo largo de 1995, el paradero de Salinas se ubicó alternativamente en Nueva York, Boston, Montreal y algunos puntos del Caribe, como Cuba –donde su pareja alumbró a Ana Emilia, su cuarto vástago, a la que siguió un quinto, Carlos- y Bahamas. En enero de 1996 se supo que el ex presidente acababa de establecerse con su nueva familia en una propiedad en las afueras de Dublín, un lugar de autoexilio no caprichoso si se tenía presente que Irlanda carecía de tratado de extradición con México, y donde al parecer celebró esponsales con Gerard. Esta protección de su integridad la adoptó Salinas una vez que la Procuraduría, el 18 de diciembre de 1995, le imputara los delitos de falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito. Ahora bien, el 27 de mayo anterior el presidente había sido exonerado de cualquier concurrencia en la instigación del asesinato de Ruiz Massieu, removiendo el nubarrón de una eventual acusación por este caso.

Sus obligaciones como ejecutivo de Dow Jones le llevaron a realizar numerosos desplazamientos a Francia, Reino Unido y, sobre todo, a Estados Unidos. En febrero de 1997, sin embargo, la compañía financiera no le renovó en su junta directiva coincidiendo con la mención de su nombre y los de sus familiares más directos en los testimonios escuchados en un proceso por tráfico de drogas conducido por un tribunal federal de Houston, Texas, y en el que estaba imputado nada menos que Mario Ruiz Massieu, quien se encontraba en situación de arresto domiciliario en Newark (y que iba a quitarse la vida en septiembre de 1999 en circunstancias no del todo claras). En aquella ocasión, Salinas tuvo que salir a refutar que él, sus hermanos Adriana y Raúl, y su mismo padre tuvieran la menor relación con una turbia trama de lavado de dinero y de protección política de actividades narcocriminales.

Desde la capital irlandesa, Salinas, que continuaba siendo miembro del PRI, presenció el desarrollo del juicio y la condena el 21 de enero de 1999 a 50 años de prisión –pena luego rebajada a los 27 años y medio- del hermano incómodo, como le llamaba la prensa, e insistió una y otra vez en que el desastre financiero de que se le hacía responsable no había sido sino el resultado del "error de diciembre", esto es, la "temerosa y vacilante" devaluación monetaria decretada por Zedillo para corregir el tipo sobrevalorado del peso tras "permitir el saqueo de las reservas de divisas". Éste y otros argumentos de justificación y exoneración, como la negación de responsabilidad por la histórica derrota del PRI a manos del PAN en las presidenciales de julio de 2000, así como la acusación a Zedillo de encabezar una campaña de destrucción personal orquestada por "narcotraficantes" y "políticos corruptos" del partido, los cuales no le habrían perdonado las reformas que impulsó, centraron el contenido de una serie de entrevistas concedidas a periodistas y del voluminoso libro de memorias México, un paso difícil hacia la modernidad, editado por Plaza & Janés.

Este libro, atiborrado de extractos periodísticos, fue presentado ante los medios en octubre de 2000 en la capital mexicana, en la quinta de una serie de visitas esporádicas al amparo del secreto de sumario sobre su mandato presidencial (la anterior se había producido en junio de 1999, para asistir a la graduación de su hijo Emiliano y visitar a su padre enfermo, el cual iba a fallecer en febrero de 2004 a los 86 años), y reavivó los rescoldos de la peripecia familiar. En sus páginas, Salinas achacaba a Zedillo, entonces presidente saliente, múltiples "traiciones" a principios y valores de la República, inclusive "a los ideales de Luis Donaldo Colosio", y presentaba el encarcelamiento y el juicio de su hermano Raúl, convicto de homicidio y con un proceso abierto por amasar una fortuna de entre 100 y 300 millones de dólares proveniente presuntamente del narcotráfico y atesorada en bancos de Suiza y otros países o bien invertida en bienes inmuebles, como una "venganza política" en su contra. Ciertamente, observadores imparciales coincidieron en señalar que el proceso contra Raúl Salinas en el caso Ruiz Massieu estuvo plagado de irregularidades y que las pruebas incriminatorias carecieron de base.

Pocos días después, sin embargo, en una supuesta conversación telefónica mantenida con su hermana desde la cárcel y divulgada por la cadena Televisa (con seguridad, la comprometedora grabación fue malévolamente filtrada por el entorno de Zedillo), Raúl Salinas confesó sentirse a su vez traicionado por su hermano menor por haberle torpedeado la defensa desde el momento en que le "reprobó moralmente" y presentó como "ilícitos" unos fondos "depositados en el exterior", fondos pertenecientes al erario público y puestos a su nombre, de cuyos movimientos él, pese al mentís realizado por el ex mandatario en una reciente entrevista televisada, "supo" perfectamente. "Es una cobardía de Carlos atacarme públicamente, es una traición de hermano", afirmaba la voz que según Televisa era la de Raúl Salinas.

La bizarra saga de los Salinas añadió un capítulo trágico el 6 de diciembre de 2004 con el descubrimiento en el barrio residencial mexiquense de Huixquilucan del cadáver de otro de los hermanos, Enrique, de 52 años, en el asiento del copiloto de su coche y con una bolsa de plástico en la cabeza. La Policía estableció un homicidio por asfixia y barajó como móviles tanto un asalto con fines de extorsión, que se les habría podido ir de las manos a los atacantes, como una venganza con trasfondo pasional. El caso era que desde hacía pocos días sobre Enrique Salinas, un ingeniero metido en negocios de la construcción, pesaba una orden de localización girada por la Interpol francesa en el curso de una investigación de una red de lavado de dinero. Se sabía también que el menor de los hermanos Salinas arrastraba problemas financieros, existiendo la posibilidad de que estuviera siendo presionado por sus acreedores.

Por otro lado, el 14 de junio de 2005, tras pasarse más de una década en prisión sin cansarse de proclamar su inocencia, Raúl Salinas fue puesto en libertad previo depósito de una fianza de 32 millones de pesos, en acatamiento de una resolución de anulación de su sentencia de 27 años dictada días atrás con carácter inapelable por el Segundo Tribunal Colegiado de Toluca. La caución fue facilitada por su hermano Carlos, que se encontraba en Estados Unidos y cuya ayuda Raúl solicitó en conversación telefónica. La exoneración de toda responsabilidad penal en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu no afectó a los otros condenados por el caso, incluido el autor material, Daniel Aguilar Treviño, que cumplía una pena de 50 años, y siguió a la absolución en otros dos procesos por los delitos de peculado y lavado de dinero. Con todo, a Raúl Salinas aún le quedaban pendientes otros procesos por delitos considerados menores, como falsificación de documentos y tráfico de influencias. Además, en marzo de 2006 la justicia francesa comenzó a juzgarlo en ausencia bajo la acusación de blanquear dinero procedente del narcotráfico.

Además del libro personal arriba citado, el ex presidente mexicano es autor de los trabajos técnicos Producción y participación política en el campo mexicano (su tesis doctoral de 1978, publicada en 1980), La inducción en el sistema nacional de planeación en México (1981), Consideración económicas acerca de la regulación de la empresa pública (1981) y Rectoría del Estado en la Constitución mexicana (1985).

(Cobertura informativa hasta 1/1/2007)