Alejandro Giammattei Falla

En Guatemala, todos los presidentes que se han sucedido desde la restauración democrática de 1986 han pertenecido a partidos diferentes, lo que significa que ninguna administración saliente ha entregado el poder al candidato del oficialismo, entendido por tal una siglas. En 2019 esa pauta se prolonga —no sin matices— con Alejandro Giammattei, un antiguo médico, bombero, funcionario público y gestor privado de orientación derechista y profundas convicciones católicas que ya se postuló a la jefatura del Estado en las votaciones de 2007, 2011 y 2015, y anteriormente a la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala en 1999 y 2003.

En esas cinco ocasiones, Giammattei, a quien una esclerosis diagnosticada hace 42 años nunca ha impedido desarrollar sus empresas profesionales y políticas, concurrió como el fichaje de partidos dirigidos por otros (UN, DCG, GANA, CASA y Fuerza), pero para el envite de 2019 puso en marcha su propia agrupación, Vamos por una Guatemala Diferente, de credenciales conservadoras en lo social y liberales en lo económico. La primera vuelta del 16 de junio puso en cabeza a la ex primera dama Sandra Torres, aspirante de la centroizquierdista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aunque en el balotaje del 11 de agosto su veterano y perseverante adversario se llevó la Presidencia con el 58% de los votos. Necesitado de muletas para caminar, Giammattei insiste en que su única vocación es la de "servir" a sus paisanos, los cuales ven sucederse presidentes con inicios prometedores y finales decepcionantes.

El 14 de enero de 2020 Giammattei heredará del mandatario saliente, Jimmy Morales, protagonista de recias controversias que han dañado la imagen exterior del país y quien no ha ocultado su satisfacción por la victoria del candidato que no era de su partido pero sí previsible continuador de un statuo quo tradicional reacio a los cambios de calado, una situación nacional francamente delicada. Además del crónico escenario de pobreza, violencia y corrupción depredadora de recursos públicos, la precaria nación centroamericana hace frente a la crisis de los emigrantes y refugiados regionales que cruzan su territorio rumbo a Estados Unidos y, como consecuencia de lo anterior, a las presiones punitivas (reducción de la ayuda económica, amenaza de aranceles comerciales e impuestos a las remesas) de la Administración Trump.

En su plan de Gobierno, el presidente electo propone un "muro de oportunidades", en forma de inversiones sociales y por el empleo, a fin de que los jóvenes no tengan que emigrar y que la pobreza, conocida por el 60% de la población, se reduzca sustancialmente, ambicioso proyecto de desarrollo humano e inclusión social para el que le gustaría involucrar a México. Además, pide cambios en el polémico convenio migratorio suscrito el 27 de julio por Morales y el Gobierno de Estados Unidos, que compromete a Guatemala en la readmisión de los emigrantes hondureños en tránsito o rechazados en la frontera norte para que pidan el asilo aquí; a su entender, Guatemala, con una media de 4.500 homicidios anuales y que no puede proporcionar bienestar a millones de sus propios ciudadanos, difícilmente puede ser un "tercer país seguro".

El otro pilar del programa de Giammattei es el doble "combate frontal" al crimen organizado y la delincuencia común, donde no le faltará "testosterona" y baraja reactivar la pena de muerte, y al "grave flagelo de la galopante corrupción política y administrativa". En este último terreno, descarta el retorno de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, órgano independiente pactado en su momento por la ONU y responsable de destapar y de llevar a los tribunales las más grandes tramas de corrupción en Guatemala), que Morales acaba de expulsar del país luego de iniciar contra él y su familia una serie de investigaciones judiciales y un proceso de desafuero; a cambio, el dirigente entrante aboga por una nueva comisión anticorrupción que sea "nacional" y goce de "apoyo internacional".

1. Primer historial de servicios públicos
2. Corredor de fondo de la política guatemalteca
3. Elección presidencial en 2019 bajo el signo de la crisis migratoria


1. Primer historial de servicios públicos
Hijo de los señores Alejandro Eduardo Giammattei Cáceres, oriundo de El Salvador y con ancestros en parte italianos y alemanes, y María Concepción del Rosario Falla Cofiño, el muchacho cursó las enseñanzas primaria, media y diversificada en el Liceo Guatemala, institución educativa privada fundada por los Hermanos Maristas en la capital del país el año en que nació él, 1956. Tras sacarse el título de Bachiller en Ciencias y Letras, Alejandro Giammattei júnior emprendió en la Universidad de San Carlos (USAC) la carrera de Medicina inspirado por su progenitor, odontólogo de profesión y además figura pública muy vinculada al mundo del deporte, en tanto que antiguo miembro del equipo nacional de baloncesto, primer presidente de la Organización Deportiva Centroamericana (ORDECA), vicepresidente de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) y en estos momentos, en mitad de la década de los setenta, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

Ya en su época de estudiante, a los 21 años, al joven, de fuertes convicciones religiosas católicas, le fue diagnosticada una esclerosis múltiple, enfermedad degenerativa del tejido óseo que con el tiempo iba a obligarle a usar muletas ortopédicas de manera permanente, pero en modo alguno a incapacitarle para desarrollar sus quehaceres profesionales, algunas apenas compatibles con su limitación física. Es más, llegaron a pronosticarle una evolución mucho más agresiva de la dolencia y su desenlace mortal en edad no avanzada. De hecho, a lo largo de su vida Giammattei iba a sufrir varios episodios temporales de parálisis total de brazos y piernas, es decir, crisis tetrapléjicas.

Una vez cualificado como cirujano por la USAC, a la que presentó una tesis de final de carrera basada en su batalla personal contra la esclerosis, Giammattei contrató como responsable de servicios médicos en los sectores privado y público. En 1981 empezó a dirigir el Hospital Cedros de Líbano y en 1983 pasó a la Dirección General de Servicios de Salud de Guatemala. Allí, ejerció de médico supervisor y director del Programa de Planificación y Atención en casos de desastre. También, estuvo al frente de los campamentos de desplazados y refugiados en las áreas azotadas por el conflicto armado interno, esto es, la violentísima guerra civil que por aquel entonces libraban el Ejército, autor de numerosas matanzas de campesinos e indígenas, y la guerrilla comunista Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Por estas experiencias, entre 1982 y 1986 fungió de consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, organismo afiliado a la OMS y adscrito también a la esfera la OEA) en gestión de desastres y socorro a damnificados.

En 1986, coincidiendo con la transferencia por la última dictadura militar del Gobierno nacional al presidente civil electo, Vinicio Cerezo Arévalo, Giammattei, quien según sus palabras siempre se ha identificado con el servicio a los ciudadanos, confirió una nueva vertiente a su trabajo social ingresando en el Cuerpo de Bomberos Municipales de la capital. Como director de la Estación Central de la Ciudad de Guatemala, el doctor se distinguió en una serie de intervenciones de extinción y rescate por las que mereció dos veces la Medalla al Valor del cuerpo.

En marzo de 1989 tuvo especial eco su extravagante implicación en el amotinamiento de reclusos de la Granja Penal de Pavón, al sur de Guatemala capital: deseoso de mediar entre los presos, que exigían mejoras en sus condiciones carcelarias y reducciones de condenas, y el Gobierno de Cerezo para evitar males mayores, el jefe de bomberos se presentó en el presidio de manera bastante temeraria con la idea de parlamentar, consiguiendo únicamente que los amotinados le cogieran como rehén y le amenazaran con matarlo, hasta que resultó liberado (tras producirse una docena de muertos en los enfrentamientos entre reos y policías, la crisis de Pavón tuvo un final negociado y el país se ahorró un mayor derramamiento de sangre). Fue también en 1989 cuando Giammattei contrajo matrimonio con la señora Rosana Cáceres; los cónyuges tuvieron tres hijos, Marcela, Estéfano y Alejandro, antes de separarse.

Simultáneamente a su función en el Cuerpo Municipal de Bomberos, Giammattei desempeñó una serie de funciones gestoras en el Ayuntamiento de Guatemala, cuyo alcalde era el empresario conservador Álvaro Arzú Irigoyen, futuro presidente del país. Así, dirigió el servicio de Transportes Públicos Urbanos y posteriormente, entre 1991 y 1992, fue gerente general de la Empresa Municipal de Agua (Empagua).


2. Corredor de fondo de la política guatemalteca
Inicialmente, Giammattei se aproximó a la política de manera tangencial. Como coordinador general de elecciones en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), supervisó el desarrollo de los procesos electorales de 1985 y 1990-1991, cuyos respectivos ganadores presidenciales fueron el democristiano Cerezo y el conservador Jorge Serrano Elías. En el TSE Giammattei sirvió a las órdenes del magistrado presidente de la corte, Arturo Herbruger Asturias. Cuando en junio de 1993 Herbruger se convirtió en vicepresidente de la República a la diestra del hasta entonces procurador de Derechos Humanos, el centrista Ramiro León Carpio, el médico fue reclutado por el jurista para asistirle como secretario privado. A partir de 1995 Giammattei centró sus actividades profesionales en el sector privado.

Durante media década, y coincidiendo con el paso de Arzú por la Presidencia de la República, Giammattei ocupó una serie de cargos directivos en el Banco del Café (Bancafé), grupo financiero que acabaría quebrando en 2006. A partir de 2000 se desempeñó también como consultor empresarial externo, pero sin abandonar los contratos para tareas gerenciales, como las llevadas en las sociedades anónimas Arrevesa y Americar, del ramo de los vehículos de alquiler.

Giammattei debutó en la política electoral en las municipales de noviembre de 1999, cuando contendió por la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala, oficina que desocupaba Óscar Berger Perdomo tras casi una década de ejercicio a fin de postularse a presidente de la República. Sin embargo, el ejecutivo financiero, candidato en nombre del pequeño partido Unidad Nacionalista, perdió la apuesta frente al aspirante del oficialista Partido de Avanzada Nacional (PAN, el partido de derecha de Arzú y Berger), Fritz García-Gallont. En cuanto a la Presidencia de la República, esta fue conquistada por Alfonso Portillo Cabrera, del riosmonttista Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

Cuatro años después, en las votaciones generales de noviembre 2003, Giammattei volvió a intentarlo bajo otra bandera, la de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), resultado derrotado esta vez por Álvaro Arzú, quien regresó triunfalmente al consistorio capitalino con su nuevo Partido Unionista (PU). En uno y otro procesos electorales el ex jefe de bomberos quedó en puestos zagueros dentro de un pelotón de contrincantes, no pasando sus candidaturas de lo testimonial.

En noviembre de 2005 el entonces presidente de la República, Óscar Berger, nombró a Giammattei director del Sistema Penitenciario de Guatemala, dependiente del Ministerio de Gobernación. En principio, la labor del funcionario debía verse facilitada por la entrada en vigor de la primera Ley del Régimen del Sistema Penitenciario. Además, su intención expresa era devolver el orden y la seguridad a las atestadas prisiones del país, donde miles de convictos, muchos de ellos miembros de las temibles maras o pandillas, narcotraficantes y peligrosos criminales comunes, se hacinaban en condiciones deplorables e imponían sus propias reglas, llegando a poseer armas automáticas, computadoras y teléfonos celulares, y a hacer de las instalaciones carcelarias verdaderos centros de operaciones de sus actividades delictivas, inclusive la elaboración de drogas. Los ajustes de cuentas y los asesinatos entre reclusos estaban a la orden del día.

En septiembre de 2006 Giammattei, siguiendo órdenes de Berger, lanzó contra la Granja Penal de Pavón, que conocía a título personal por la peripecia del motín de 1989, un potente dispositivo de la fuerza pública, alrededor de 1.500 guardias penitenciarios, policías nacionales civiles y soldados del Ejército, con la misión de recuperar sin miramientos el control del centro. El operativo, denominado Pavo Real, permitió a las autoridades restablecer el orden en la penitenciaría, aunque no sin producirse siete bajas mortales entre los internos, los cuales, según el parte oficial, opusieron resistencia armada desde los habitáculos exclusivos que, bien surtidos de artículos de lujo, se habían construido con total libertad dentro del recinto carcelario. Uno de los fallecidos era un capo de la droga colombiano.

Giammattei se congratuló por el éxito de la operación, según él absolutamente necesaria, pues se trataba de "romper la estructura del crimen organizado que operaba impunemente desde la cárcel". Las mafias se habían apoderado del control de El Pavón (el nombre oficial del presidio, irrisorio a la luz de las circunstancias, era el de Granja Modelo de Rehabilitación Pavón) en 1996, cuando el Ministerio de Gobernación decidió ceder la administración de la prisión al Comité de Orden y Disciplina integrado por los mismos reclusos.

El triunfalismo del Gobierno por el resultado de Pavo Real se vio empañado por las sugerencias, expuestas por organizaciones de la sociedad civil, de que la aparatosa incursión armada, en realidad, habría tenido por objeto encubrir la ejecución extrajudicial de ciertos criminales presos considerados especialmente peligrosos. Las muertes acaecidas en el asalto iban a suscitar ciertamente una investigación judicial, pero por el momento el director del Sistema Penitenciario disfrutaba de una notoriedad mediática y una popularidad que le animaron a retomar sus empresas políticas, poniendo el ojo esta vez en la Presidencia de la República.

En enero de 2007 Giammattei cesó en su puesto funcionarial para postularse como candidato presidencial de la Gran Alianza Nacional (GANA), partido que portaba el mismo nombre que la coalición derechista de la que había sido integrante y que en las elecciones de 2003 había llevado a Berger al poder, pero que ahora, una vez disuelta dicha coalición, operaba en solitario (antes de 2003, el GANA se había llamado Partido Solidaridad Nacional). En otras palabras, Giammattei era el candidato del oficialismo. Su plan de Gobierno incidía en el concepto de "seguridad total" para la población guatemalteca, la cual debía poder sentirse segura en las calles, pero también acceder a unos niveles más dignos de seguridad social, económica, jurídica y ambiental.

Las elecciones generales tuvieron lugar el 9 de septiembre de 2007 y Giammattei, con el 17,2% de los votos, tal como auguraban los sondeos, resultó tercero, quedando por tanto apeado de cara a la segunda vuelta que disputaron Otto Pérez Molina, del derechista Partido Patriota (PP), y Álvaro Colom Caballeros, candidato de la centroizquierdista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y a la postre el ganador. El tirón de Giammattei permitió al GANA meter 37 diputados en el Congreso, donde se posicionó como la segunda fuerza parlamentaria, solo por detrás de la UNE de Colom.

Las pesquisas penales, a raíz de una denuncia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, órgano independiente de apoyo al Estado guatemalteco en la lucha anticorrupción establecido en 2007 mediante un acuerdo con las Naciones Unidas), sobre las siete muertes de presos producidas en el operativo Pavo Real de 2006 le estallaron a Giammattei en agosto de 2010. Acusado formalmente por la fiscalía del caso de abuso de autoridad, asesinato y ejecución extrajudicial, el ex funcionario corrió a refugiarse en la Embajada de Honduras en Guatemala, donde, arguyendo que los delitos que le imputaban eran "falsos" y que su vida corría peligro (estaba recibiendo amenazas de muerte y habían puesto "precio" a su cabeza, aseguraba), solicitó un asilo político que le fue denegado.

Al cabo de nueve días, Giammattei, con una orden de captura emitida por el Juzgado de Alto Impacto de la Torre de Tribunales y desvalido por las autoridades hondureñas, que no consideraban justificada su demanda de protección, se resignó a entregarse a la Policía. De inmediato, fue trasladado a la cárcel militar Mariscal Zabala, donde se declaró "preso político" y en huelga de hambre. Allí permaneció diez meses en prisión preventiva, a la espera de la decisión del juez sobre si sería sentado en el banquillo de los acusados o no. Al final, no hubo juicio: en junio de 2011 el Tribunal Primero de Alto Riesgo de la Ciudad de Guatemala resolvió que no había pruebas incriminatorias contra Giammattei y ordenó su libertad sin cargos.

Su exoneración en 2011 en el caso de El Pavón (de los otros tres altos funcionarios procesados, dos, Carlos Vielmann, el ministro de Gobernación cuando los hechos, y Javier Figueroa, subdirector de la Policía Nacional Civil, terminarían siendo absueltos por las justicias española y austríaca, respectivamente, mientras que a Erwin Sperisen, quien fuera director de la PNC, un tribunal suizo iba a condenarle a cadena perpetua) dejó a Giammattei con una aureola de víctima de unos supuestos oscuros enemigos de dentro del Estado a los que no interesaría la política de mano dura con los delincuentes que él auspiciaba.

Tan pronto como obtuvo la libertad, Giammattei lanzó su segunda candidatura presidencial. Las elecciones tocaban el 11 de septiembre y apenas disponía de tiempo para organizar una plataforma proselitista. Su vehículo electoral ahora era el Centro de Acción Social (CASA), formación de centro-derecha con nexos militares que disponía de cinco diputados y que en las pasadas presidenciales había presentado como aspirante a Eduardo Suger Cofiño. Para su sorpresa y decepción, que debieron ser enormes, Giammattei únicamente cosechó el 1,05% de los votos, menos de 50.000 papeletas, y quedó en una remota novena posición. La elección sonrió a Otto Pérez Molina del PP, quien sucedió a Colom en la Presidencia el 14 de enero de 2012. En las legislativas, el CASA se quedó sin representación y en mayo de 2012 fue declarado extinto por el TSE. También en 2012, el político publicó un libro vindicatorio, Relato de una injusticia: caso Giammattei, donde hacía balance de su ya superado lío con la justicia y arremetía contra el presidente Colom y la CICIG.

Inasequible al desaliento y con sus inseparables muletas, Giammattei proclamó su tercera aspiración presidencial para las elecciones del 6 de septiembre de 2015. De las mismas debía salir el sucesor de Alejandro Maldonado Aguirre, quien el 3 de septiembre, siendo vicepresidente, tomó el relevo a Pérez Molina, obligado a dimitir, en la recta final de su mandato y bajo la presión de una multitudinaria protesta popular, nada más ser desaforado por el Congreso y recibir una orden judicial de arresto bajo la acusación de liderar una vasta estructura corrupta (presuntos actos de asociación ilícita, cohecho y fraude aduanero) conocida como La Línea. A Giammattei le avalaba en esta ocasión Fuerza, minúscula formación de centro nacionalista fundada en 2011, extraparlamentaria y animada por Mauricio Radford Hernández.

Como el resto de contendientes, pero quizá con más énfasis en su caso, Giammattei formuló un programa electoral para sintonizar con el clamor de la sociedad guatemalteca, harta de corrupción y de la rapiña sistemática que políticos, funcionarios y empresarios hacían de unos recursos públicos ya de por sí magros. Se trataba de un discurso de regeneración y moralidad republicanas que no podía desligarse de la lucha contundente contra la inseguridad ciudadana, el otro pilar, ya clásico, de su repertorio. El candidato de Fuerza sostenía que para ganarles la batalla a los delincuentes el Estado debía volver a aplicar la pena de muerte a los reos de delitos especialmente graves e involucrar en las operaciones sobre el terreno a las Fuerzas Armadas, como en México, estrategia delicada que de entrada requeriría una profunda reforma legal. El perfil conservador de Giammattei adquiría más contraste cuando se pronunciaba radicalmente en contra del aborto y el matrimonio homosexual.

El antiguo médico encaró su tercera tentativa presidencial con unos sondeos algo más favorables que la vez anterior, pero se encontró emparedado entre unos rivales que le superaban en empuje. El porcentaje que obtuvo, el 6,4%, ni se acercó a la cota sacada en 2007. En las elecciones de septiembre de 2015 Giammattei terminó en un discreto cuarto lugar, por delante de Zury Ríos Sosa, hija del general y ex dictador Efraín Ríos Montt y candidata de Visión con Valores (VIVA), pero a remolque de Manuel Baldizón Méndez, de Libertad Democrática Renovada (LIDER), Sandra Torres Casanova, la divorciada esposa de Álvaro Colom y secretaria general de la UNE, y el fenómeno del año electoral, el cómico y productor audiovisual Jimmy Morales Cabrera. Candidato conservador del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y verdadero outsider de la política guatemalteca, Morales, impulsado por su lema, rudimentario pero ilusionante, de "Ni corrupto, ni ladrón", noqueó a Torres en el balotaje del 25 de octubre, tal que el 14 de enero de 2016 se colgó la banda presidencial. En cuanto al partido Fuerza, recibió tres escaños.


3. Elección presidencial en 2019 bajo el signo de la crisis migratoria
Giammattei se había convertido en un habitual de las elecciones presidenciales guatemaltecas y tampoco iba a faltar a la cita de 2019. Como gran novedad, el pertinaz aspirante, luego de romper por desavenencias con el partido Fuerza de Mauricio Radford, optó por montar su propia organización política, de signo inequívocamente conservador en los planteamientos sociales y liberal en lo económico. Se trataba de Vamos por una Guatemala Diferente, que en julio de 2017 obtuvo el registro en el TSE llevando a Nancy Carina Muñoz Méndez, procedente también de Fuerza, de secretaria general y cabeza de un Comité Ejecutivo Nacional Provisional.

El 10 de septiembre siguiente, Vamos (forma verbal que también podía escribirse en mayúscula, VAMOS, entendida en este caso como sigla y de significado Valores con Motivación de Servir) celebró una Gran Asamblea Nacional en la que Giammattei fue declarado secretario general y líder orgánico. Según su artífice, Vamos era un partido "de centro-derecha, joven e incluyente", integrado por "nombres nuevos que participan por primera vez en política". En realidad, en el proyecto Vamos confluían muchos afiliados y militantes de Fuerza, FCN-Nación, UNE, PP, GANA y otros partidos presentes y pasados. Por otro lado, la cuarta campaña presidencial de Giammattei echaba a andar justo cuando el ambiente político nacional se enrarecía por momentos al ritmo de una secuencia de controversias que envolvían al presidente Morales.

Tres eran las polémicas más candentes en el verano de 2017. En primer lugar, nutrían los titulares los contratiempos judiciales del hijo, José Manuel Morales Marroquín, y el hermano, Samuel Morales Cabrera, del presidente, acusados de corrupción y en situación de antejuicio, todo a partir de una investigación efectuada por la CICIG. A continuación, vino la denuncia interpuesta por dos legisladores opositores contra el propio mandatario por su presunta responsabilidad penal en la muerte de 41 niñas en el trágico incendio, ocurrido el 8 de marzo anterior, del albergue infantil de titularidad pública Hogar Seguro, denuncia que los diputados sustanciaron con un pedido de retirada de la inmunidad presidencial de Morales al que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no dio trámite.

Y en agosto, abriendo un conflicto con una carga de crispación nacional y mala imagen exterior mucho mayor, llegó la inesperada decisión del presidente de, dando un volantazo de 180 grados en su actitud oficial hasta la fecha, ordenar la expulsión de Guatemala del titular de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, declarado por él persona non grata en respuesta a su solicitud, hecha junto con la fiscal general Thelma Aldana Hernández ante la CSJ, de que el Congreso levantara la inmunidad al jefe del Estado para que pudiera investigársele por un supuesto delictivo de financiación electoral ilícita en la campaña presidencial de 2015. La expulsión de Velásquez fue bloqueada por la Corte de Constitucionalidad, pero Morales insistió en que el comisionado antiimpunidad designado por la ONU debía abandonar Guatemala por "excederse en sus funciones y abusar de sus facultades". En septiembre de 2017, además, el Congreso rechazó el desafuero de Morales por el siniestro del Hogar Seguro.

En agosto de 2018 Morales echó más leña al fuego con el aviso de que su Gobierno no renovaría el mandato de la CICIG cuando este expirase el 4 de septiembre de 2019. Para empeorar las cosas, en octubre de 2018 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el recorte de la ayuda económica destinada a Guatemala como medida de presión por la avalancha de miles de emigrantes centroamericanos, principalmente hondureños pero también muchos salvadoreños —y, en número menor, guatemaltecos y nicaragüenses—, los cuales, huyendo de la violencia y la miseria en sus países, estaban atravesando Guatemala y México de sur a norte con destino a la frontera estadounidense, donde las autoridades locales les bloqueaban el paso por tratarse de inmigrantes ilegales. Washington castigaba a Guatemala por no ser eficaz en la interceptación de estas caravanas de migrantes indeseados.

Semejante cúmulo de desasosiegos (sin olvidar, entre otros lastres endémicos, el terror cotidiano que las hiperviolentas maras infligían a la población) presidió la Asamblea Nacional celebrada por el partido Vamos el 14 de octubre de 2018, cónclave en el que Giammattei fue proclamado candidato presidencial para las elecciones generales el 16 de junio de 2019, y llevando de compañero de fórmula a Guillermo Castillo Reyes, director ejecutivo de la Cámara de Comercio.

Giammattei y Vamos elaboraron un discurso poco original en el que pasaban revista a los "grandes males", sociales, económicos y políticos, que aquejaban al país y ponían sobre la mesa una serie de "soluciones claras" en los terrenos del desarrollo, la democracia, la seguridad, la justicia y la inclusión social. Su Plan Nacional de Innovación y Desarrollo (PLANID) contenía metas generalistas como la obtención de unas tasas de crecimiento económico superiores al 6% anual, es decir, el doble del promedio registrado desde 2016 con Morales. También, se consideraba factible reducir el nivel de pobreza en el país desde el 60% actual hasta el 25% y erradicar la pobreza extrema para el año 2032, estrategia ambiciosa y no a corto plazo que requeriría la implicación de futuras administraciones. Para que cientos de miles de paisanos, en particular los jóvenes, no tuvieran que emigrar a Estados Unidos, el Gobierno de Vamos invertiría en toda una batería de "oportunidades" de empleo, salud, nutrición, vivienda, educación y seguridad, y dando prioridad a las áreas fronterizas con México, país con el que podría crearse un banco de inversión binacional.

El PLANID 2020-2023 organizaba sus propuestas en cinco pilares: Economía, Competitividad y Prosperidad; Desarrollo Social; Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo; Estado Responsable, Transparente y Efectivo; y Relaciones con el Mundo, pilar este último concebido para "mejorar las relaciones diplomáticas actuales, especialmente con nuestros socios comerciales". La visión reformista se advertía en el Plan, pero de manera vaga e imprecisa.

Con respecto a la "grave crisis de seguridad nacional", que había "debilitado el frágil régimen democrático", por la omnipresencia de la delincuencia común y el crimen organizado (el tercer pilar del programa, el de la gobernabilidad en paz, vital para la inversión y el empleo), el candidato planteaba el múltiple desafío de "recuperar la confianza ciudadana", "disminuir los índices de criminalidad e impunidad", "prevenir la violencia y el delito", y "coordinar y fortalecer el Sector Justicia". Entre las acciones estratégicas para enfrentar la lacra de la inseguridad no figuraba por escrito la medida disuasoria de la reactivación de la pena de muerte para los delitos más graves, punto polémico expuesto en anteriores campañas y que el aspirante, listo para combatir el crimen "con testosterona", reiteró de viva voz. A su entender, todo aquel que atentara contra instalaciones o trabajadores de los servicios públicos debía ser considerado "terrorista". Los mareros y pandilleros se comportaban como terrorista y el Estado no podía menos que tratarlos como tales.

El concepto de impunidad se trataba en el PLANID, que hablaba de apoyar, fortalecer y garantizar la acción efectiva de instituciones nacionales como la PNC, el Ministerio Público, el Sistema Penitenciario, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y el Instituto de la Defensa Publica Penal (IDPP), pero en el documento no se mencionaba ni una sola vez a la CICIG. De nuevo, Giammattei, en sus mítines y entrevistas, aclaró su postura sobre el particular: no tenía nada que añadir a la decisión unilateral del presidente saliente, notificada en enero de 2019 y rápidamente paralizada por la Corte de Constitucionalidad pero finalmente efectiva, de considerar caducado el acuerdo con la ONU que había alumbrado la comisión internacional, responsable, a los ojos de Morales, de actos contrarios a la ley y la soberanía nacionales. Para Giammattei, la CICIG era historia pasada y capítulo cerrado, aunque sí le parecía buena idea establecer una nueva comisión anticorrupción "nacional y con el apoyo internacional que sea necesario". Por lo demás, la fraseología religiosa impregnaba el discurso del candidato, que gustaba cerrar sus alocuciones con la consigna "Que Dios bendiga a Guatemala".

Las posibilidades electorales de Giammattei en 2019 cobraron vuelo gracias a las inhabilitaciones por la Corte de Constitucionalidad de las candidatas Zury Ríos, del partido derechista Valor, y la ex fiscal general Thelma Aldana, que se presentaba por el partido socialdemócrata Semilla. Sus descalificaciones dejaron en la carrera, como principal adversaria de Giammattei, a la ex primera dama y jefa de la UNE Sandra Torres, sobre la que sin embargo pesaba un procedimiento de la Fiscalía, que quería someterla a desafuero y antejuicio por indicios de financiación ilícita durante la campaña de 2015. Con menos posibilidades de pasar a la segunda vuelta aparecían Edmond Mulet Lesieur por el Partido Humanista (PHG), la activista indígena Thelma Cabrera Pérez por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y Roberto Arzú García-Granados, hijo del fallecido presidente Álvaro Arzú y postulante de la coalición del PAN y Podemos.

(Cobertura informativa hasta 1/6/2019)