Ada Colau Ballano

Ada Colau, rostro del movimiento en favor del derecho a la vivienda emergido en Cataluña y España bajo el impacto de la crisis económica, saltó a la fama en 2013 como defensora de los afectados por las hipotecas abusivas y los desahucios. Solo dos años después, logró ser elegida la primera alcaldesa de la capital catalana a la cabeza de la plataforma de confluencia ciudadana Barcelona en Comú, ganadora con mayoría simple sobre los partidos predominantes, y con un plantel de propuestas para hacer frente a los problemas de una ciudad rica y vibrante pero afectada por profundos desequilibrios. 

Sus políticas en el Ayuntamiento se dirigen a garantizar derechos básicos y la equidad de género, reducir las desigualdades entre los barrios, elevar los niveles de renta de los vecinos bajo el umbral de la pobreza y en riesgo de exclusión, racionalizar el modelo turístico e impulsar el consistorio transparente y participativo. En su programa, Colau apunta a un "cambio de modelo" para afianzar a Barcelona como población social y ambientalmente sostenible. La alcaldesa de Barcelona, gran urbe mediterránea y europea volcada al exterior, de tradición acogedora —como la atención a los refugiados vuelve a poner de relieve—, cosmopolita y multicultural, auspicia un municipalismo internacionalista que encuentra expresión en redes y organizaciones como Eurocities, C40 Cities, Resilient Cities, Metrópolis y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 

La barcelonesa Ada Colau cursó el bachillerato en la Acadèmia Febrer y el preuniversitario, opción de Humanidades, en la Acadèmia Santa Anna. De allí salió preparada para estudiar Filosofía en la Universitat de Barcelona (UB), carrera que inició en 1992 pero que dejó sin terminar a pesar de su buen rendimiento académico. Se ocupó en pequeños trabajos de corta duración mientras desarrollaba una inquietud personal de carácter social y político, expresada en las movilizaciones estudiantiles en defensa de la universidad pública y en colaboraciones con Amnistía Internacional y los Amics de la Gent Gran, una ONG de voluntarios locales volcada en la atención de las personas mayores.

En el cambio de siglo, Colau vio estabilizarse un tanto su periplo laboral con una serie de contratos en el mundo de la comunicación. Empezó así a realizar servicios profesionales de consultoría, producción televisiva y traducción e interpretación de italiano, idioma con el que estaba familiarizada desde su estadía académica en Milán gracias a una beca Erasmus. Paralelamente, reconectó con el ambiente de las luchas y las reclamaciones sociales en la capital catalana. La militancia a pie de calle de Colau encontraba diversas causas a las que adherirse: el movimiento antiglobalización, el rechazo a la invasión de Irak, las reivindicaciones de las asociaciones vecinales barcelonesas y catalanas (FAVB, CONFAVC) y, compromiso fundamental para su posterior trayectoria, la defensa del bien básico de la vivienda. 

El surgimiento de la personalidad pública: los años de activismo en los movimientos pro vivienda digna y antidesahucios 
La constatación de la "flagrante vulneración" del derecho a la vivienda adecuada y a un precio asequible llevó a Ada Colau a involucrarse en un problema de su entorno que adquiría dimensiones de urgencia social, especialmente palpable en los grandes barrios populares de Barcelona, las ciudades dormitorio de su aglomeración metropolitana y el centro histórico, a su vez presionado por la demanda turística. 

Colau estuvo entre los animadores del Taller contra la Violència Immobiliària i Urbanistica y el colectivo V de Vivienda. En 2007 la activista comenzó a trabajar en el Observatori de Drets Econòmics Socials i Culturals (DESC), entidad dedicada a promover una visión integral de los derechos humanos, donde fungió de técnica de cooperación, responsable del Área de Derecho a la Vivienda y a la Ciudad, y organizadora de seminarios y jornadas internacionales. Por otra parte, en V de Vivienda Colau conoció a Adrià Alemany, licenciado en Economía, con el que entabló una relación sentimental que se prolonga hasta la actualidad. La pareja iba a estrenar la paternidad en 2011 con el nacimiento de un niño, Luca, al que en 2017 seguiría un hermano, Gael.

Para Colau, las experiencias adquiridas en el movimiento vecinal, el Taller contra la Violència Immobiliària, V de Vivienda y el Observatori DESC en torno a los problemas específicos de la vivienda vinieron a cristalizar el 22 de febrero de 2009 con la constitución, en una asamblea celebrada con otros activistas del área de Barcelona, de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca/Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). 

Con Colau como principal impulsora y portavoz, la PAH se erigió en un movimiento social apartidista que, recurriendo a diferentes fórmulas de protesta, pretendía impedir ejecuciones hipotecarias a causa de las moras por los propietarios en el pago de sus préstamos bancarios en el marco de la crisis económica. En su manifiesto Contra el fraude hipotecario, por el derecho a la vivienda, la PAH denunciaba las malas prácticas del sistema bancario español y la pasividad de las administraciones públicas, que habían permitido cláusulas contractuales abusivas, la ocultación de información relevante a los clientes y tasaciones sobrevaloradas en los años del boom del ladrillo. A partir de 2011, la PAH nacida en Barcelona obtuvo relevancia mediática al calor de las protestas sociales del Movimiento 15-M, desarrolladas en toda España y con epicentro en la acampada de indignados en la Puerta del Sol de Madrid. 

La PAH se movilizaba a diferentes niveles. Primero, asesoraba a los afectados sobre cómo negociar con los bancos que les reclamaban las deudas para evitar o dilatar todo lo posible las ejecuciones de hipotecas. Si la orden judicial de desalojo se producía, sus miembros pasaban a la acción sobre el terreno con la campaña de desobediencia civil Stop Desahucios y, eventualmente, favoreciendo la reocupación de viviendas que se habían quedado los bancos. Colau explicaba que, más allá de dar respuesta inmediata a un "problema de emergencia social", el propósito de fondo de su plataforma era ejercer presión pública para cambiar una legislación hipotecaria "anacrónica" y de paso el modelo de "mercantilización de la vivienda" arraigado en España. 

Yendo más allá de la "resistencia pasiva" ante las comitivas de agentes judiciales y policiales que acudían a desalojar a los moradores de las casas embargadas, la PAH planteó a las autoridades "tres demandas de mínimos", a saber: que se universalizara la dación en pago, o entrega del inmueble al banco acreedor, con carácter retroactivo para declarar extinguida en su totalidad la deuda hipotecaria por vivienda habitual; que se decretara una moratoria o suspensión de todos los desahucios de viviendas habituales; y que se implantara un parque público de alquiler social nutrido con las viviendas no revendidas en manos de los bancos, los cuales acumulaban ya un voluminoso stock de casas vacías. Las tres demandas quedaron contenidas en una propuesta de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que la PAH, bajo el lema Que no te hipotequen la vida, se propuso hacer llegar al Congreso de los Diputados de España.

A lo largo de 2012 Colau fue adquiriendo un perfil propio en la PAH, un movimiento asambleario que desde Barcelona iba extendiendo una red horizontal de plataformas locales en otras provincias y comunidades autónomas del Estado. Mediante concentraciones, sentadas y negociaciones, los de Colau estaban logrando paralizar cientos de desahucios, primer paso para hallar soluciones dialogadas entre las partes implicadas a través de las daciones en pago, las condonaciones de deuda tras subasta o los realojos de familias desahuciadas en su misma vivienda pero en régimen de alquiler. Sin embargo, algunos de los métodos de desobediencia civil, como los controvertidos escraches para presionar a cargos políticos, las "reapropiaciones ciudadanas" de viviendas vacías de entidades financieras para realojar a familias sin techo y los allanamientos de inmuebles de bancos para "recuperar su función social", generaban críticas en sectores políticos y periodísticos.

Colau arrebató definitivamente un espacio de protagonismo estatal en febrero de 2013. Primero, fue invitada a exponer sus tesis en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados dentro de una ronda de declaraciones de expertos durante la tramitación de la nueva reforma de la legislación hipotecaria elaborada por el Gobierno del Partido Popular (PP) en respuesta a la alarma social que venían provocando los casos de suicidios de personas desahuciadas y a la presión ejercida desde la calle, reforma que para la PAH se quedaba muy corta como norma de protección de los deudores hipotecarios sin recursos.

A continuación, tras 550 desahucios impedidos en la cuenta de la PAH, la activista catalana hizo entrega al Congreso de los 1,4 millones de firmas ciudadanas (bastaban medio millón) que la PAH, el Observatori DESC y otras organizaciones sociales y sindicales habían recogido para avalar la ILP, la cual fue efectivamente admitida a trámite parlamentario para su estudio y eventual discusión. En abril, sin embargo, el grupo parlamentario del PP decidió obviar la ILP y llevar a la votación plenaria su proposición de ley sobre Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Al final, el grupo de Colau, en medio de un duro cruce de acusaciones con los dirigentes del PP, tomó la decisión simbólica de retirar la ILP arguyendo que la ley adoptada por los populares no recogía ninguna de las tres demandas de mínimos.

En diciembre de 2013 la PAH y el Observatori DESC publicaron el informe Emergencia habitacional en el Estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos. Elaborado por Colau, Alemany y otros redactores, el estudio consolidó a la PAH como una referencia internacional en su ámbito de lucha social. 

Entrada en la política municipal con la plataforma ciudadana Guanyem Barcelona 
Al comenzar 2014 la prensa especulaba con un salto de la activista a la política que de materializarse con un cargo electo supondría pasar de la acción principalmente de calle al trabajo institucional de consejo y despacho. 

Lo que Colau tenía en mente era un proyecto político autónomo, de concurrencia ciudadana, sin etiquetas ideológicas explícitas y circunscrito al ámbito municipal de Barcelona, urbe de 1,6 millones de habitantes que en estos momentos tenía de alcalde a Xavier Trias, de la Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). En la primavera de 2014, según relata Colau en su presentación biográfica institucional, "personas procedentes del movimiento vecinal, la academia y los movimientos en defensa de la sanidad y la educación públicas nos juntamos en un proyecto para recuperar la ciudad y la pusimos al servicio del bien común". El 7 de mayo de 2014 Colau anunciaba a través de una carta que dejaba la portavocía de la PAH porque sentía la necesidad de "hacer otras cosas y opinar sin ser las 24 horas el rostro" de la plataforma antidesahucios. 

El envite político se sustanció en junio de ese mismo año. El día 26, precedida por la publicación en Internet de un manifiesto en favor de una "candidatura de confluencia con vocación ganadora, de mayorías", se produjo la presentación por Colau, el catedrático en Ciencia Política Joan Subirats y el abogado Jaume Asens de Guanyem Barcelona (Ganemos Barcelona), plataforma ciudadana que nacía con la vocación de concurrir a las elecciones municipales de 2015 con base en un consenso entre movimientos sociales, colectivos vecinales y formaciones políticas y sindicales sobre temas como la defensa de los derechos básicos, la propulsión de un modelo económico social y solidario, y la profundización de la gestión democrática del Ayuntamiento barcelonés. 

La expectativa era "construir una alternativa" al poder municipal actual, el cual estaba adscrito a la "vieja política", que fuera capaz de ganar el consistorio y así "devolver la ciudad a sus habitantes". Según su Manifiesto, Guanyem deseaba impulsar en Barcelona una "rebelión democrática" y la "reapropiación de las instituciones para ponerlas al servicio de las mayorías y el bienestar común".

Por el momento, Colau, puntualizaba, no era "candidata a nada". Lo que ahora tocaba era recoger firmas en apoyo de la plataforma, realizar una campaña por los barrios para recabar "diagnósticos" y "propuestas" de los vecinos, y definir un código ético para los responsables del proyecto. En los meses siguientes, a los trabajos de Guanyem, que los comentaristas coincidieron en situar en los espacios de la izquierda y el catalanismo, se adhirieron con mayor o menor grado de compromiso los partidos y movimientos políticos Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Podem Barcelona (el círculo local del partido Podemos, de ámbito estatal), Equo y Procés Constituent a Catalunya, entre otros. 

Como resultado, el 10 de febrero de 2015 Guanyem y las cinco agrupaciones citadas anunciaron una candidatura conjunta al Ayuntamiento, de nombre Barcelona en Comú (Barcelona en Común). Esta iba a ser en lo sucesivo la marca del proyecto político municipal, ya inscrito en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior de España, abanderado por Colau, portavoz y coordinadora de una confluencia emanada de una "mayoría social que no está representada en las instituciones". El 28 de febrero Colau presentó su precandidatura para las primarias abiertas de BComú y el 15 de marzo el proceso interno, que no registró ninguna otra postulación a encabezar el Ayuntamiento, culminó con la proclamación de la activista. Colau ya era candidata al puesto de alcalde de Barcelona, aventura que emprendía comandando un equipo de 15 personas. 

El programa de Barcelona en Comú para el Ajuntament: "pensar global, actuar local"
De cara a las elecciones municipales de mayo de 2015 Colau y los comunes diseñaron un Programa que contenía un Plan de choque con medidas urgentes para los primeros meses de gobierno y un esquema de actuaciones para todo el ejercicio configurado a dos niveles: uno propiamente municipal, dirigido a cambiar el modelo de ciudad, haciendo retroceder las desigualdades sociales crecidas bajo la crisis e incidiendo en los criterios de inclusión y sostenibilidad, y otro pormenorizado para las divisiones administrativas suburbanas, que diera respuesta a las necesidades específicas de los 10 distritos y los 73 barrios de la ciudad, donde existían serios desequilibrios estructurales en cuanto a servicios y rentas. 

El Plan de choque, con un coste estimado de 160 millones de euros, se proponía conseguir resultados rápidos en cuatro terrenos. Para empezar, preocupaba sobremanera el desempleo y la precariedad laboral (en 2015 en Barcelona, según BComú, había 100.000 personas en paro y más del 40% de sus jóvenes mayores de edad carecía de trabajo), ambos a combatir con un programa de formación y generación indirecta de empleo sostenible, con el objetivo de crear 2.500 puestos de trabajo "a corto plazo". También urgía afrontar la situación de los derechos sociales básicos, sobre todo los de las personas más vulnerables, en capítulos tales como la vivienda, la alimentación, los suministro elementales (la llamada pobreza energética), la salud y la movilidad urbana. 

Todos estos derechos debían quedar garantizados con partidas de inversión social redistributiva, la orientación de los servicios públicos y sociales a las atenciones de proximidad, primaria e integral, el refuerzo de las políticas de género, la paralización de los desahucios por motivos económicos, la remunicipalización del agua, el acceso a la tarjeta sanitaria sin exclusiones, la facilitación del empadronamiento de los inmigrantes y la implantación de una Renta Municipal que sería complementaria a la ya vigente Renta Mínima de Inserción (RMI) y que recibirían todas las familias bajo el umbral de la pobreza, para que pudieran llegar por lo menos al 60% de la renta media de la ciudad. 

En cuanto al transporte público, entre otras actuaciones, se extendería la red de tranvías TRAM por toda la Avinguda Diagonal, una de las arterias más importantes de Barcelona, que eventualmente podría llegar a convertirse en un gran eje verde, y se ofrecería a los usuarios nuevos abonos con tarifas "sociales" para desplazarse en los diversos sistemas regulados por la Autoritat del Transport Metropolità (ATM). El Programa de BComú señalaba que era hora de "recuperar el control público y cooperativo de la economía" y Colau reivindicaba "un urbanismo a escala humana", pues resultaban necesarias "muchas obras pequeñas en todos los barrios de la ciudad".

Colau ponía el ojo también sobre las privatizaciones, externalizaciones y otros proyectos "contrarios al bien común", los cuales serían revisados y eventualmente detenidos. La intención aquí era avanzar hacia "nuevas formas de partenariado público-cooperativo-comunitario" en Barcelona. Y, relacionado con lo anterior, tocaba examinar a fondo "el estado real de las instituciones y las cuentas municipales heredadas", pues el gobierno inclusivo y sostenible de una gran ciudad no podía permitirse "privilegios", "despilfarro de dinero público" o "malas prácticas", y requería unas "instituciones menos burocratizadas, con más implicación ciudadana y más eficaces para resolver los problemas concretos de las personas". En particular, BComú quería auditar entes del consistorio, reducir drásticamente emolumentos laborales, suprimir dietas y coches oficiales, y revisar subvenciones "innecesarias en un contexto de emergencia social". De acuerdo con el código de ética política de la plataforma-candidatura, los concejales electos de BComú cobrarían un salario máximo de 2.200 euros netos al mes. Si Colau llegaba a alcaldesa, esta limitación le afectaría igualmente. 

El Plan de choque anticipaba varias de las medidas dibujadas para los cuatro años de gobierno con cuatro cauces de intervención: derechos básicos, cambio de modelo, democracia abierta y "conquista de la ciudad para la vida", meta donde, por ejemplo, se insertaba el proyecto de las superilles (supermanzanas), una reordenación del tráfico vial en algunos barrios congestionados para ganar espacio para los peatones y las zonas verdes. "Si tenemos el poder de imaginar otra Barcelona, tenemos el poder de transformarla", aseguraban los comunes.

Un tema que no escapaba de los planes de reforma de Colau era el turismo, en concreto el turismo de masas, fenómeno paradigmático de esta capital de múltiples atractivos, visitada todos los años por millones de personas de todo el mundo (solo la gaudiniana Sagrada Família había cobrado 3,2 millones de entradas a lo largo de 2014), pero que sin embargo estaba teniendo impactos negativos en los espacios públicos y en la vida cotidiana de los vecinos por el encarecimiento de bienes de consumo y de la vivienda, los problemas de convivencia, el daño a los servicios de proximidad y la degradación de paisajes urbanos. 

Ya como activista de la PAH, Colau había denunciado la incidencia del negocio turístico desordenado en el problema de la vivienda. Como candidata a alcaldesa, su enfoque era que el turismo era ciertamente una fuente importante de riqueza de la ciudad; sin embargo, razonaba su programa, "aunque Barcelona no puede vivir sin turismo, no puede vivir solo del turismo". El Ayuntamiento, por tanto, estaba obligado a asentar un modelo de turismo "responsable y sostenible" que conciliara todos los intereses y no dejara a partes perjudicadas. 

Para tal fin, BComú pretendía aplicar de inmediato una moratoria a la apertura de hoteles y apartamentos de lujo, poner orden en las licencias de alojamientos, elaborar un Plan Especial Urbanístico de Regulación del Turismo, endurecer las inspecciones y controles de las empresas privadas del sector y destinar todos los ingresos fiscales del turismo a las arcas municipales. Por otra parte, resultaba llamativa la propuesta de, a imitación de los sistemas implantados en otras ciudades europeas, crear una moneda digital de ámbito local que sirviera para estimular el comercio de proximidad en determinados barrios.

Las elecciones de 2015: triunfo en las urnas e investidura en la Alcaldía
El 24 de mayo de 2015 BComú, en su debut electoral, se alzó como la primera fuerza municipal con el 25,2% de los votos, cuota que le dio derecho a 11 concejalías en un consistorio con 41 ediles. La Convergencia i Unió (CiU) del alcalde aspirante a la reelección, Xavier Trias, fue desplazada al segundo lugar con el 22,7% de los sufragios y 10 concejales. 

El 13 de junio de 2015 Colau recibió el bastón de mando del Ayuntamiento de Barcelona. Era la primera alcaldesa tras 118 predecesores varones. En la votación de investidura efectuada por el Consejo Municipal, la candidata a alcaldesa recibió 21 apoyos, una decena de ellos procedentes de la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP). Se trataba de una mínima mayoría absoluta que no iba a trasladarse a la Comisión de Gobierno, integrada exclusivamente por los 11 concejales de BComú. 

A los pocos días de la inauguración, la primera Comisión de Gobierno decidió cancelar el plan de presentación de la candidatura de Barcelona para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 porque se trataba de una apuesta que "no gozaba de un consenso generalizado". En septiembre de 2015 el consistorio presentó el plan Barcelona Ciudad Refugio para acoger y asistir a refugiados en el contexto específico de una crisis humanitaria internacional que Barcelona podía "contribuir a aliviar", dada su tradición de "ciudad abierta y de acogida". El plan local se adhirió a la plataforma europea Refugiados Bienvenidos.

Luego, en noviembre, se activó la Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas (OTBP), estructura dedicada a investigar y hacer cumplir las denuncias comunicadas por los ciudadanos sobre casos de mal funcionamiento de la administración municipal. También, arrancó el proyecto normativo para la aprobación del Código Ético y de Conducta del Ayuntamiento, que vería la luz en julio de 2017. En mayo de 2016 Colau firmó un decreto por el que se prohibía al Ayuntamiento contratar empresas que usaran filiales en paraísos fiscales para evadir o blanquear capitales. En cuanto a la rebaja del techo salarial de los cargos municipales, esta no fue aprobada por el Consejo, pero Colau y los concejales de BComú siguieron sometidos al código de ética de su formación, que limitaba sus sueldos netos a los 2.200 euros mensuales. 

En enero de 2016 la alcaldesa anunció la puesta en marcha del Plan de Barrios para reducir las desigualdades en las zonas más vulnerables de Barcelona, actuación que era tanto un plan de choque con efectos mensurables a corto plazo como una estrategia con un horizonte operativo de una década. Para este mandato de cuatro años, el Plan de Barrios contemplaba inversiones de 150 millones de euros en los distritos de Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y zonas urbanas al pie de la sierra de Collserola. 

En julio de 2016 fue aprobado el Plan para la Justicia de Género, instrumento clave de la Estrategia contra la Feminización de la Pobreza y la Precariedad (EFPP). Y en marzo de 2017, precedido por la moratoria en la concesión de licencias hoteleras, entró en vigor el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), concebido para racionalizar y regular el sector del turismo, impidiendo por ejemplo la apertura de más hoteles en el centro de la ciudad, al entenderse que la oferta de camas en estos barrios ya estaba saturada y debía disminuir, y acabando con la proliferación de viviendas de uso turístico ilegales, entre otros abusos. 

El Plan de Actuación Municipal (PAM) 2016-2019, suerte de "hoja de ruta" del gobierno municipal, reafirmaba el compromiso de seguir aplicando una serie de planes y directrices aprobados por el anterior Consejo Municipal, como el Plan de Movilidad Urbana 2013-2018, el Compromiso de Barcelona por el Clima y el Plan del Verde y de la Biodiversidad de Barcelona 2012-2020. Sin embargo, en octubre de 2016 los grupos de la oposición en el Ayuntamiento votaron en contra del PAM, que quedó bloqueado.

El Programa de Supermanzanas, en cambio, empezó a sustanciarse en septiembre de 2016 con la superilla experimental del barrio de Poblenou, en el distrito de Sant Martí, una zona de antiguas parcelas industriales en plena transformación según el proyecto 22@Barcelona, o Districte de la Innovació. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento, conduciendo mediaciones con arreglo a la ley e imponiendo multas a bancos e inmobiliarias por tener viviendas vacías y no ofrecer alquiler social, logró paralizar y solucionar numerosos desahucios por motivos económicos. El nuevo Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona (PDVB) 2016-2025, aprobado en enero de 2017, preveía triplicar, pasando de 10.000 a 30.000, el número de viviendas del parque público de alquiler. 

Otras medidas contempladas por el programa electoral de 2014, como la introducción de una Renta Municipal complementaria para familias bajo el umbral de la pobreza y la moneda digital para uso social, aguardaban aún ser implementadas a finales de 2017, si bien la primera estaba teniendo una concreción parcial en las formas de la renta municipal de inclusión aplicada como prueba piloto en los barrios del eje Besòs y las rentas especiales de 100 euros mensuales para familias monoparentales y con hijos menores de 16 años en riesgo de exclusión.

Hasta el día de hoy, su minoría en el Consejo Municipal ha puesto en jaque la acción de gobierno de Colau y BComú en varias ocasiones. Al año de tomar las riendas del Ayuntamiento, en mayo de 2016, Colau alcanzó un acuerdo con el PSC, pacto que permitió sumar a su equipo de gobierno a los cuatro concejales socialistas, aliviando así la carga de trabajo, pero que resultó insuficiente a la hora de viabilizar el PAM 2016-2019 y que de todas maneras terminó rompiéndose en noviembre de 2017. Poco antes, en octubre de 2017, la propuesta de ordenanzas fiscales de Colau, partidaria de no dejar superávit en caja y de buscar el equilibrio presupuestario, tampoco reunió los votos necesarios, obligándola a plantear por segundo año consecutivo el escenario de una cuestión de confianza a fin de sacar adelante los presupuestos, cifrados para 2018 en 2.643 millones de euros.

El 17 de agosto de 2017 La Rambla, la calle más famosa de Barcelona, sufrió el atentado perpetrado por una célula del Estado Islámico que mató a 14 viandantes de múltiples nacionalidades e hirió a 130 más; en las horas inmediatamente posteriores al atropellamiento indiscriminado por el conductor de una furgoneta que más tarde fue abatido por las fuerzas de seguridad, los terroristas asesinaron a otras dos personas en otro punto de Barcelona y en la localidad tarraconense de Cambrills. 

Colau expresó el pésame y el apoyo de la ciudad a las víctimas y sus allegados, y al día siguiente, antes de unirse a una concentración de duelo y repudio junto con las principales autoridades de Cataluña y España y a la que asistieron más de 100.000 personas, leyó la siguiente declaración institucional de condena: "No nos vencerán. Estos atentados cobardes no cambiarán los valores de una ciudad valiente. No permitiremos que el odio y el racismo se instalen entre nosotros. Barcelona seguirá siendo una ciudad de paz, democrática, orgullosa de su diversidad y convivencia. El miedo no prevalecerá. Volveremos a pasear por La Rambla y lo haremos con libertad y con amor por nuestra ciudad y por la vida".

La acción política más allá de Barcelona: el proyecto Catalunya en Comú
BComú no se presentó a las votaciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015 al Parlamento de Cataluña y Colau no participó en esta campaña electoral, si bien el grupo y su líder expresaron su apoyo a Catalunya Sí Que es Pot (Cataluña Sí se Puede, CSQP), la coalición de izquierda montada por ICV, EUiA, Podem y Equo a semejanza de la plataforma de los comunes en Barcelona. En estas elecciones, CSQP, encabezada por Lluís Rabell, quedó en cuarto lugar con 11 escaños. 

Poco después, el 20 de diciembre de 2015, tuvieron lugar las elecciones generales de España. En esta ocasión, BComú sí se unió a los cuatro partidos para integrar la candidatura En Comú Podem (En Común Podemos), que, repitiendo el éxito de Colau en Barcelona meses atrás, se colocó como la lista más votada en Cataluña con el 24,7% de los sufragios y 12 escaños. Su cabeza de lista por Barcelona era el historiador Xavier Domènech, procedente de Procés Constituent y actual comisionado de Estudios Estratégicos y Programas de Memoria del Ayuntamiento. 

En enero de 2016 Colau y los dirigentes de BComú se pronunciaron por activar una "asamblea constituyente" que alumbrara para Cataluña un "espacio político" permanente "con protagonismo ciudadano" y "no basado en coaliciones ni en sopa de letras". Fue la génesis del partido Catalunya en Comú (Cataluña en Común, CatComú), denominado Un País en Comú en su fase preparatoria, cuyo manifiesto fundacional fue leído el 19 de diciembre de 2016 y cuyo congreso constitutivo tuvo lugar el 8 de abril de 2017 con las participaciones de BComú, ICV, EUiA y Equo, pero finalmente no Podem Catalunya, que se desmarcó del proyecto. El nuevo partido, de ámbito exclusivamente catalán, eligió a Colau para liderar su Coordinadora y a Xavier Domènech para presidir su Comisión Ejecutiva. 

Bibliografía y proyección internacional
Además de su ya citada corredacción del informe sobre emergencia habitacional dado a conocer por la PAH y el Observatori DESC en 2013, Ada Colau ha escrito los libros Vidas hipotecadas. De la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda (2012) y ¡Sí se puede! Crónica de una pequeña gran victoria (2013). En estas dos obras, compartiendo autoría con Adrià Alemany, la hoy alcaldesa pasa revista a su etapa en la PAH, pone "cifras y rostros al drama de los desahucios" y traza un balance de resultados de la plataforma de la que fue portavoz. 

En añadidura, ha colaborado con capítulos en las obras de autoría colectiva Ciudades: una ecuación imposible (ensayo, 2012), Perspectives, idees per la lluita popular (análisis, 2013) y Societat Catalana 2013 (anuario, 2013). Por otra parte, sus testimonios aparecen en el libro del periodista El Gran Wyoming No estamos solos. Un retrato de gente que está cambiando este país (2014), así como en el tomo de entrevistas Momentum (2015), de Orencio Osuna. Obras de terceros de carácter biográfico son Sense treva. Els cent primers dies d'Ada Colau (Xavier Fina, 2015), Ada, la rebel•lió democràtica (Joan Serra, 2016) y Excelentísima activista. Crónica algo sentimental de la Barcelona de Ada Colau (Joaquim Roglan, 2016).

Ada Colau es copresidenta de la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis (Metrópolis), la más extensa red de grandes ciudades del mundo, y de la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que la eligió para el puesto en octubre de 2016, en el marco del V Congreso Mundial de Líderes Locales y Regionales celebrado en Bogotá. Precisamente, en Barcelona están las oficinas del Secretariado General de Metrópolis y del Secretariado Mundial de CGLU, amén de la Presidencia y la Secretaría de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (IAEC) y el Secretariado General de la red MedCities, nacida aquí en 1991.

Además, la alcaldesa, que a nivel local preside asimismo el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB, la entidad administradora de la gran conurbación urbana formada por Barcelona y otros 35 municipios colindantes, con 3,3 millones personas y 636 km²), es miembro del Comité Ejecutivo de la red Eurocities, en cuyas actividades sobre inclusión social y acogida de refugiados la capital catalana viene destacando de manera señalada. La presidencia del Fórum Social de Eurocities para el bienio 2016-2018 corresponde a Barcelona, miembro igualmente que es de la Red de Regiones y Áreas Metropolitanas Europeas (METREX).

(Cobertura informativa hasta 23/1/2018)