Rusia y la exURSS: se intuyen cambios, cuya forma y alcance aún se desconocen

De todos los filósofos de la Antigüedad, es Aristóteles quien con más profundidad ha reflexionado acerca del fenómeno del cambio. Obsesionado por responder a una pregunta que, según él, concentra todas las dudas que se puede plantear el ser humano; ¿cómo se produce el paso del ser al no-ser y viceversa? El pensador griego tipificó diferentes tipos de metamorfosis, dependiendo de si estas afectan a la sustancia del objeto estudiado, definidas como cambios sustanciales, o de si modifican alguna característica, implicando pérdida o ganancia en sus atribuciones, es decir, cambios accidentales.

El erudito nacido en Estagira, una desaparecida ciudad en la península de Calcídica, establece incluso diferencias entre una modificación producida por la misma sustancia, con lo cual estaríamos ante un cambio natural, y otra generada por la intervención de un agente externo a la sustancia misma, fenómeno que la terminología aristotélica denomina como cambio artificial. La obra del más célebre intelectual de la Grecia clásica también recapacita sobre los motores que impulsan cualquier transformación, entre los que identifica cuatro: la causa material (un objeto se destruye debido a la transformación de la materia que lo forma); la causa formal (la modificación deriva de la propia esencia del objeto, siguiendo su evolución natural); la causa eficiente (un actor ajeno interviene en el proceso de conversión); y la causa final, en la que la finalidad a la que se dedicará el objeto actúa como catalizador de la conversión.

Aunque Aristóteles vivió hace 2.400 años, cuando el mundo conocido se limitaba a una reducida parte del planeta sin más horizonte que las Columnas de Hércules, y las formas de gobierno se diferenciaban mucho de las actuales, sus planteamientos constituyen un excelente marco teórico para sintetizar y comprender los procesos que, durante 2017 y principios de 2018, se han desencadenado en Rusia y en todo el espacio postsoviético europeo.

Tras dos décadas de inmovilismo político, de aparente calma, de conformismo social y presunta solidez institucional, se intuye, en los años venideros, tanto en Rusia como en el espacio postsoviético, cambios y transformaciones cuya forma y alcance aún se desconocen. El país gobernado por Vladímir Vladimírovich Putin, la segunda potencia nuclear del planeta, está dejando atrás el quietismo de los últimos 18 años y se adentra en terrenos ignotos, una vez constatado que el actual statu quo, imperante desde el arranque de siglo, ha quedado obsoleto.

A partir de este punto, la certeza cede a las conjeturas e hipótesis, y es cuando las teorías de Aristóteles entran en acción para ayudarnos a ordenar la compleja realidad.

¿Experimentará Rusia un cambio sustancial, es decir, afectará a la naturaleza del sistema creado y desarrollado por el presidente desde hace casi dos décadas, ya sea democratizándose, ya sea deslizándose hacia un totalitarismo sin contemplaciones? O por el contrario, ¿el futuro de Rusia será una suerte de putinismo sin el actual líder del Kremlin en la cabeza del Estado, lo que según la lógica filosófica clásica, equivaldría a un cambio accidental?

¿El cambio a venir, será “natural”, o sea, generado desde dentro del mismo sistema por gentes que forman parte del establishment y promueven su apertura o su radicalización, o, por el contrario, la presión de la comunidad internacional, con la que el Kremlin mantiene importantes diferencias, de la oposición interna –que está demostrando una mayor fortaleza de la que muchos le suponían–, o incluso de un inesperado cataclismo externo impulsarían finalmente un aristotélico “cambio artificial”?

Al igual que en la ontología del célebre filósofo griego, los motores del cambio en ciernes también son objeto de debate: ¿quién se erigirá finalmente como su impulsor, la transformación de la materia que forma propio régimen (llámese establishment o alto funcionariado), la evolución natural de una autocracia, que siempre tiende hacia fórmulas más democráticas o totalitarias, la interacción de actores ajenos al poder ruso, como la ya mencionada oposición o la comunidad internacional, o la imperiosa necesidad de una reforma acotada en principio al ámbito de la economía, que arrastraría, a la larga, a una transformación más radical, incluyendo a la política?

Vayamos por partes. Las cifras macroeconómicas del último ejercicio no han hecho más que recordar la necesidad de afrontar transformaciones en este ámbito que corrijan un modelo económico superado y que ya no le garantiza al país un futuro de prosperidad. Durante el pasado ejercicio, la economía rusa dejó atrás dos años de recesión y certificó un magro incremento de su PIB del 1,5%, lo que, oficialmente, fue acogido con entusiasmo y hasta euforia, ya que constituían los primeros datos positivos de crecimiento desde el arranque de la guerra en Ucrania (2014) y la caída de los precios del petróleo hace cuatro años.

Pero más allá del optimismo oficial, destinado al consumo interno, lo cierto es que otras magnitudes no se han mostrado tan favorables, ni tampoco los análisis casi unánimes de observadores y economistas. La economía rusa sí, creció, pero no con ello logró atajar el proceso de empobrecimiento de la sociedad iniciado en el 2014, coincidiendo con las sucesivas crisis internacionales en las que se ha visto envuelto el país.

Los ingresos reales de las familias, según constató Tatiana Maleeva, directora del Instituto para el Análisis y la Prognosis Social, cayeron en el 2017 por cuarto año consecutivo. En el 75% de las regiones, de acuerdo con la misma fuente, se produjo un descenso de las entradas de dinero familiares. Además, para una economía que a principios de siglo registraba tasas de crecimiento del 7% y el 8%, lo que le permitió ingresar en la asociación de países emergentes (BRICS), un raquítico impulso del 1,5% del PIB más bien apunta a un estancamiento económico cuya mínima mejora ni siquiera percibe la sociedad, además de ser una cifra que palidece frente a otros registros del selecto club al que pertenece Rusia: China, un 7%, India, también un 7% o incluso Sudáfrica, (2,5%) convaleciente, al igual que la Federación Rusa, de una reciente recesión.

Así las cosas, casi nadie dentro del poder ruso cuestiona ya la necesidad de un cambio de modelo productivo, que impulse las actividades de alto valor añadido y que aligere la dependencia de los hidrocarburos, cuyo precio muy probablemente nunca recuperará los niveles de la primera década del siglo XXI.

El diagnóstico ha sido consensuado, pero el tratamiento a seguir se está haciendo esperar, azuzando esa incertidumbre nacional que poco a poco va fermentando. En junio del 2017, el presidente Putin acudió al Foro Económico de San Petersburgo para delinear sus planes económicos, después de que un buen número de economistas locales le pidiera medidas urgentes para salvaguardar al país del estancamiento. La respuesta, sin embargo, no se produjo durante la esperada intervención presidencial en la segunda ciudad rusa: el líder del Kremlin habló entonces, sin dar detalles, de fomentar “una economía digital” y mejorar el clima inversor.

Tampoco hubo pistas adicionales en el discurso sobre el Estado de la Nación ante las dos cámaras del Parlamento, pronunciado el 1 de marzo de 2018, pese a las expectativas en sentido contrario alimentadas por la prensa liberal en los días previos. De hecho, la disertación del presidente, centrada en exponer al mundo los últimos avances armamentísticos del país en tono de amenaza nada velada, acabó convirtiéndose en el más belicoso alegato de todos las pronunciados por el líder del Kremlin desde su llegada al poder en el año 2000.

Pese a la premura, el jefe del Estado ruso sigue deshojando la margarita acerca de las opciones que se le plantean. Putin tiene tres propuestas a estudiar, una elaborada por el Ministerio de Desarrollo Económico, la segunda, diseñada por el llamado club Stolypin, y la tercera preparada por el Centro de Investigación Estratégica, un laboratorio de ideas regentado por el ala más liberal del establishment ruso.

Las dos primeras plantean un abanico de medidas de carácter expansivo sin cuestionar el control del Estado sobre la economía. La tercera, en cambio, introduce reformas políticas que muchos observadores consideran vitales si el país no quiere perder el tren de la modernidad. No se trata ya solo de cifras de déficit y estímulos fiscales, sino también de competitividad y transparencia. Para ello, se aboga por la formación de un sistema judicial verdaderamente independiente y una competencia política que en la actualidad no existe. Ideas que implicarían un “cambio sustancial” del objeto estudiado, de acuerdo con la tipificación de Aristóteles pero que, a priori, son incompatibles con un presidente como Putin, de carácter marcadamente autoritario y obsesionado con el control.

Andrei Kortúnov, director del Consejo Ruso para los Asuntos Internacionales, un reputado think tank que cuenta con la participación del Gobierno e invitado a un reciente foro sobre Rusia organizado por el CIDOB, dio a entender, casi sin querer, en una reciente entrevista en su despacho de Moscú, junto al céntrico canal Vodootvodny, cuál de las opciones tenía más posibilidades de materializarse: “Nuestro establishment percibe más riesgos en los cambios que en el mantenimiento del stats quo, sus miembros no son partidarios de proponer nuevas ideas, de pensar creativamente”.

De cómo evolucionen los planes gubernamentales para reformar la economía, de si logran finalmente impulsar el PIB y superar el estancamiento actual, de si hallarán resistencia entre sectores de la población que podrían resultar damnificados (pensionistas, funcionarios) o si generarán contestación social, dependerá la evolución de la segunda gran incógnita que se abre en Rusia en los años a seguir y que, esta sí, tiene un marcado carácter político: la complicada sucesión de un presidente que, cuando acabe su próximo mandato en el 2024, habrá sido el jefe del Estado más longevo que ha tenido el país desde Josif Vissiarónovich Stalin (1941-1953).

La cuestión no es baladí, a tenor de cómo se comporta la élite gobernante cada vez que el tema sale a relucir. El Ejecutivo acaba de prohibir la exhibición, en Rusia, de una película británica que aborda, en clave de humor, los difíciles días tras la muerte del dictador de origen georgiano en marzo de 1953. El fallecimiento del sátrapa desencadenó entonces una feroz lucha por el poder entre dos rivales –Laurent Beria, jefe del NKVD, precursor del KGB, y Nikita Khruschev, uno de los asesores más cercanos del difunto líder– que acabó con la ejecución del comisario policial meses más tarde.

De acuerdo con la Constitución, el jefe del Estado no puede acumular dos presidencias seguidas y, en teoría, debería ceder el paso a un nuevo candidato. El pasado 18 de marzo, en unas elecciones sin alternancia, Putin vio renovado su mandato para seis años más, es decir, hasta el 2024. Pasada esa fecha, o entrega el relevo a un sucesor, o impulsa una reforma de la Carta Magna que elimine esa provisión y le permita seguir en el poder. La edad también es una cuestión imposible de obviar. A pesar de que el presidente ruso parece en buena forma y no se le conocen dolencias, lo cierto es que para entonces tendrá ya 72 años.

Si recurrimos al precedente más inmediato de transición de liderazgo en Rusia, es decir, el reemplazo de Boris Yeltsin por el propio Putin a finales de los noventa, es inevitable entrever que a Rusia le aguarda en los próximos años un periodo de turbulencias, cuando menos, o incluso graves convulsiones. Entre 1998 y el último día del pasado siglo, fecha de la dimisión de Yeltsin, los rusos no solo asistieron a un desfile de hasta cinco primeros ministros, todos ellos posibles candidatos a la sucesión. Fueron también aterrorizados por una serie de atentados con explosivos que dejaron tres centenares de muertos y cuya autoría es aún hoy objeto de polémica, con algunos sectores opositores apuntando con el dedo acusador a los servicios secretos, a cuya cabeza se hallaba hasta poco antes de las deflagraciones, el entonces primer ministro Vladímir Putin. Además, en horario de máxima audiencia, un canal televisión mostró un vídeo, sin editar, del fiscal general del Estado,Yuri Skuratov, practicando el sexo con dos prostitutas. El letrado investigaba la corrupción en la familia y el entorno inmediato de Yelstin.

Todos estos acontecimientos no eran más que los síntomas de que, en el interior de las rojas murallas del Kremlin se estaba desarrollando una feroz lucha sin cuartel entre diferentes facciones que componían el poder. La situación actual guarda ciertos paralelismos, ya que, al igual que entonces, en la Rusia de la segunda década del siglo XXI, conviven varios grupos de presión en el establishment, algunos mejor posicionados que otros para acceder a la oreja presidencial.

Hasta cuatro lobbies con diferentes intereses y prioridades han identificado los analistas. En primer lugar los liberales, herederos del entorno del anterior presidente, con una influencia limitada a la prensa y a la universidad, y cuyo ascendiente sobre el actual líder del Kremlin es casi nulo en el momento de escribir este artículo. Defienden que Rusia es un país europeo donde debería implantarse una democracia liberal y una economía plenamente de mercado. Alekséi Kudrin, exministro de Finanzas, es su principal exponente.

En segundo lugar se posicionan los tecnócratas, que controlan instituciones como el Ministerio de Desarrollo Económico o el Banco Central. Son pragmáticos, no defienden valores específicos y su gran aspiración es construir un estado eficaz que pueda competir con las principales economías del mundo. El jefe de la Administración Presidencial, Serguéi Kiriyenko, o la presidenta del Banco Central, Elvira Nabiúlina, quien llegó a recibir los parabienes de la revista The Economist por su gestión durante la devaluación del rublo en el 2014, son dos de sus miembros más relevantes.

Sin duda, los nacional-conservadores constituyen la facción mayoritaria en el seno del poder ruso. Su principal pretensión consiste en garantizar la soberanía nacional de Rusia, despreciando las pretensiones de integrarse en la comunidad de países occidentales. Quieren mantener la presencia del Estado en la economía y apuntalar con inversiones al complejo industrial-militar, que suministra armas al ejército.

Uno de sus adalides, el exviceprimer ministro Vladislav Surkov definía así, en un artículo reciente en el diario Komsomolskaya Pravda, lo que considera debe ser el rol de su país en el mundo de cara a los próximos decenios:“El año 2014 (fecha de la anexión de Crimea) (…) es la finalización del épico viaje de Rusia a Occidente y la suspensión de los múltiples e infructuosos intentos de convertirse en parte de la civilización occidental”. Junto a Surkov, otros destacados miembros de este grupo de presión son Serguéi Shoigu, ministro de Defensa, o Vycheslav Volodin, presidente de la Duma, la cámara alta del Parlamento.

Por último, los ideólogos antioccidentales son el alter ego de los liberales, aunque gozan de mucho mayor predicamento en los pasillos del Kremlin. Han impulsado la rehabilitación parcial de Stalin, responsable de la muerte de millones de personas en los gulags, y desestiman las cuestiones relativas a los derechos humanos, creando una atmósfera de rechazo a los valores occidentales. El filósofo e historiador de las religiones Aleksándr Duguin es uno de sus nombres más conocidos.

Todo lo que suceda en Rusia tendrá inmediata repercusión en los países del entorno, tanto en las exrepúblicas soviéticas como en los Balcanes. En Ucrania, sin ir más lejos, desde el 2014, fecha en que se instaló un gobierno prooccidental sin medias tintas, el país vive pendiente de los vaivenes políticos en el Kremlin, que mantiene una gran capacidad desestabilizadora gracias las milicias prorrusas insurrectas presentes en el Donbas, en el este del país.

Moscú dice respetar la decisión de los ucranianos de acercarse a Europa, pero emite señales de que no ha renunciado a ver caer, algún día, al actual Ejecutivo ucraniano. Las campañas de noticias falsas, los ataques cibernéticos, los asesinatos de periodistas y de prominentes personalidades rusas refugiadas en Ucrania dan buena cuenta de ello. Además, cuenta con el posible hartazgo de los socios europeos de Kiev, que critican la lentitud de las reformas económicas y los magros avances en la lucha contra la corrupción y los oligarcas realizados por el Ejecutivo de Petró Poroshenko.

En Belarús, el presidente Aleksándr Lukashenko propugna con timidez una distensión con la UE, aunque sabe que existen líneas rojas para ese acercamiento. Pese a que las protestas antigubernamentales son ya cíclicas en Minsk, es impensable que una revolución como la que tuvo lugar en Ucrania triunfe en el país y revierta la alianza militar de Minsk con Moscú. Dada la posición estratégica de Belarús, fronterizo con Lituania y Polonia, y a escasos kilómetros del enclave de Kaliningrado –lo que en caso de guerra con la OTAN, permitiría al Ejército ruso cerrar una tenaza en torno a las tres repúblicas bálticas en cuestión de horas–, es difícil pensar que el Kremlin permita tales deslices.

A dos mil y pico kilómetros de las llanuras ucranianas y bielorrusas, junto a los picos del Cáucaso, tres repúblicas exsoviéticas también viven con la mirada puesta en las vicisitudes moscovitas. Georgia no oculta sus pretensiones de integrarse un día en la UE y la OTAN a sabiendas de que aún quedan años, si no décadas, para que ambas entidades supranacionales se lo planteen siquiera.

En Armenia, los manifestantes acaban de lograr que el expresidente Serge Sargsyán renuncie a sus aspiraciones de seguir controlando el país como un primer ministro con poderes constitucionalmente reforzados. No parece probable que sea objetada a corto plazo la alianza entre Yereván y Moscú, vital para que el país, rodeado de estados enemigos como Turquía y Azerbaiyán, sea viable. Precisamente en Bakú, la capital azerí, la dinastía Aliyev gobierna con mano de hierro y abrumadoras evidencias de corrupción un país con unas reservas probadas de crudo de 7.000 millones de barriles.

Contrariamente a los que sucede en el Cáucaso sur, donde la primacía rusa no es cuestionada, los Balcanes se han convertido en uno de los principales escenarios donde pugnan fuerzas políticas locales prorrusas y pre-europeas. De momento, Montenegro acaba de ingresar en la OTAN, conjurando la posibilidad de que bascule hacia Moscú. En Serbia, en cambio, las espadas están en alto.

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