Observación electoral en Moldova: del equilibrio a la complicidad

Jordi Vaquer i Fanés
Director de la Fundación CIDOB

30 de abril de 2009 / Opinión CIDOB, n.º 36

Abril empezó caliente en Moldova con la celebración de unas elecciones legislativas que vinieron seguidas de violentas protestas, con la toma y saqueo del palacio presidencial y de la sede del Parlamento. En un tiempo sorprendentemente corto las calles de Chisinau, la capital, han recuperado la calma. O, mejor dicho, el peso plúmbeo de la resignación y el miedo se ha adueñado de la ciudad y del país entero. Los partidos de la oposición siguen reclamando una repetición del proceso electoral que dio al Partido Comunista de Moldova una confortable mayoría parlamentaria, y la llave para encontrar alguna fórmula ‘a la Putin’ que permita a su tocayo, Vladímir Voronin, perpetuarse en el poder al término de su segundo mandato presidencial.

Abril ha sido en Moldova el mes de unos incidentes que en España, y en otros lugares de Europa Occidental, han sido cubiertos en buena parte desde Moscú. La narrativa del Gobierno comunista moldavo –una revuelta violenta organizada por una oposición frustrada por su derrota electoral con el apoyo de una Rumania anexionista – tuvo éxito en el momento crucial de atención de los medios occidentales hacia los acontecimientos; días después emergió a través de redes sociales, blogs y otros medios electrónicos, una versión bien distinta – una agitación premeditada y preparada por la policía y el Gobierno moldavos, una represión feroz de los participantes en los eventos y de la oposición en general. A diferencia de otras repúblicas exsoviéticas, Moldova tiene la suerte de tener frontera directa con la Unión Europea: si la democratización no avanza esta vez, es probable que lo haga más adelante. Sin embargo, la reacción occidental ante los acontecimientos y, en particular, hacia las elecciones, resulta preocupantemente familiar en el contexto postsoviético. Y lo es, sobre todo, por el papel que jugó la Misión Internacional de Observación Electoral de la OSCE, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo.

Desde 1995 la OSCE se ha convertido en el espacio postsoviético en un actor fundamental en todos los procesos electorales con sus misiones de observación. Los informes preliminares de las misiones de observación electoral –los que realmente tienen peso político, pues se hacen públicas el día después de la elección – han sido desde un momento inicial objeto de controversia. Los estados miembros tradicionalmente han querido evitar irritar al país receptor; los técnicos encargados de la observación han intentado desarrollar procedimientos lo más estandarizados posibles para evitar ser acusados de parcialidad; y los políticos participantes, a menudo parlamentarios, han jugado papeles muy distintos, a veces discordantes, a veces condicionados por la política de su propio estado. La necesidad de señalar los progresos para mantener el estímulo a la mejora ha sido otra característica importante.

El resultado final es que las declaraciones preliminares acaban siendo un delicado juego de equilibrios internos de la misión y de la organización que la envía. En el espacio post-soviético, poco a poco, se está llegando a un punto que roza el ridículo. Por ejemplo, en las elecciones parlamentarias kazajas de agosto de 2007 la misión de la OSCE advirtió de que ‘un número importante de compromisos con la OSCE y el Consejo de Europa no se cumplieron, en particular en cuanto a los elementos del nuevo marco legal y el recuento de voto’, pero no dejó de saludar los progresos hechos en cuanto al período pre-electoral y durante el voto. Para unas elecciones en los que el partido gubernamental ganó todos los escaños en juego (98 de 98) con un sistema proporcional de atribución de escaños, seguramente se podría haber encontrado un tono algo más duro. Recordemos que este país, al fin y al cabo, presidirá la OSCE en 2010.

Otro ejemplo reciente es el título de la nota de prensa sobre las presidenciales celebradas en Azerbaiyán en octubre de 2008: ‘La elección presidencial de Azerbaiyán supuso un progreso considerable, pero no satisfizo todos los compromisos electorales’. Tal vez hubo un ‘progreso considerable’, pero no fue suficiente para convencer a los principales líderes opositores para que se presentaran en un contexto de censura mediática y ausencia del Estado de derecho. A pesar del gesto magnánimo del presidente Ilham Alíyev, presidente – heredero de la República, de no hacer campaña electoral para dar más espacio a sus contrincantes, los resultados oficiales le atribuyeron un 87% del voto emitido con una participación del 75%.

En el caso de Moldova se multiplicaron las quejas por tratamiento del acceso de los candidatos y partidos no comunistas a los medios de comunicación, y por las listas electorales (un tema crucial en un país con aproximadamente 25% del censo en la emigración). A pesar de ello, a la Misión Internacional le pareció importante señalar que las elecciones tuvieron lugar en un ‘ambiente plural’, en línea con ‘muchos de los compromisos con OSCE y con el Consejo de Europa’. La Misión reclamó mejoras para evitar la ‘interferencia administrativa’, elogió la buena organización y la atmósfera pacífica de la jornada electoral, y el buen conocimiento de los procedimientos, lamentando algunas deficiencias en el procesamiento de resultados. Esta es la tónica general del informe preliminar: un ambiente plural, pero algunas intimidaciones; un registro de votantes inclusivo, pero algunos problemas con los residentes en el extranjero; una Comisión Electoral Central profesional, pero que no resolvió los problemas de cobertura mediática.

Con un informe como éste, el Gobierno de Voronin consiguió lo que quería: una excusa perfecta para aferrarse sólo a los elementos elogiosos y así legitimar un proceso electoral que ninguno de los observadores occidentales toleraría para su propio país. De este modo la Misión Internacional de Observación Electoral, queriendo dar una foto ‘equilibrada’ del proceso, acabó dándole al Gobierno una coartada para su estrategia de manipulación electoral. Después de las revoluciones de colores en Georgia (2003), Ucrania (2004) y Kirguizstán (2005), los regímenes autoritarios postsoviéticos han aprendido la lección para conservar el poder: amañar las elecciones – combinando tretas legales, distorsiones en la lista electoral, control mediático y recuentos irregulares; alinearse de cerca con Rusia; agarrarse a cualquier frase positiva de las misiones internacionales de observación para legitimarse; introducir a agitadores entre los manifestantes para generar sensación de violencia y meterles tanto a los ciudadanos como a los estados occidentales el miedo al caos en el cuerpo; y proceder a expeditivas operaciones de castigo de los manifestantes y, de paso, de la oposición y la prensa libre.

La OSCE, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo deberían reflexionar seriamente sobre el papel que acaban jugando en casos como el de Moldova. Ante el avance de los modos autocráticos en todo el espacio postsoviético en los últimos años, y ahora que los enemigos de la democracia han aprendido a manipular en su interés las declaraciones de las misiones de observación electoral, convendría revisar las estrategias de estas organizaciones para evitar que acaben convirtiéndose en cómplices involuntarios del resurgir autoritario que recorre, como un helado viento siberiano, la Eurasia post-soviética.