Las elecciones del 5 de julio de 2009 en México: La Administración Calderón a prueba
Salvador Martí
Universidad de Salamanca.
Director del proyecto sobre derechos culturales y políticos de la Fundación CIDOB.
31 de marzo de 2009 / Opinión CIDOB, n.º 34
El 5 de julio de 2009 se celebrarán las elecciones intermedias en México. En ese día los ciudadanos mexicanos estarán llamados a las urnas para elegir a todos los diputados federales, los gobernadores de los estados de Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luís Potosí y Sonora, además de a otros representantes a distritos locales y alcaldes de municipios en toda la República.
Desde hace dos lustros este tipo de elecciones, que se celebran justo en el ecuador del sexenio presidencial, han adquirido una gran relevancia. Pero los comicios que se avecinan en julio de 2009 parecen tener una significación especial debido a la turbulenta y discutida gestión del Gobierno liderado por el actual presidente de la República, el “panista” Felipe Calderón. Las razones de esta relevancia son múltiples debido a la delicada situación que vive México.
Con las elecciones que se avecinan se podrá constatar cuál es la posición de los ciudadanos respecto al desempeño del Gobierno en curso. En esta dirección los resultados pueden dar alguna pista sobre las siguientes cuestiones:
a) Cómo se ha canalizado la polarización política que vivió el país después de las disputadas y tensas elecciones del 2 de julio de 2006, donde los resultados que proclamó el Instituto Federal Electoral (IFE) dieron como vencedor a Felipe Calderón por una mínima ventaja frente al candidato del PRD, Manuel Andrés López Obrador (AMLO). La tensión en dichos comicios fue muy elevada debido a la campaña sucia que desataron desde diversos medios de comunicación algunos grupos económicos contra AMLO, las declaraciones del entonces presidente Vicente Fox, la posición errática del IFE y el no reconocimiento por parte de AMLO y sus seguidores de los resultados oficiales. Dicho conflicto, además, se ha enquistado debido a la creación de un movimiento popular vinculado a AMLO que ha mantenido una notable capacidad de disrupción y presencia en la arena política mexicana.
b) Cómo los ciudadanos han evaluado los resultados de la “política estrella” de la Administración Calderón, a saber, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Esta política, que ha sido el buque insignia del gobierno panista, ha generado una importante polémica tanto por la forma en que se ha llevado a cabo como por los magros –y contradictorios- resultados. En cuanto a la forma, han sido muchas las críticas que recibió Calderón al sacar a la calle a las Fuerzas Armadas exponiendo que los militares serían una institución eficaz para la lucha contra las redes mafiosas, deslegitimando a los cuerpos policiales y militarizando zonas enteras del país. Y respecto a los resultados, hasta la fecha los ciudadanos han constatado un incremento exponencial de la violencia, sobre todo en determinadas zonas del país (destacando la frontera norte, los estados de Michoacán y Sinaloa), a la vez que no se ha percibido una disminución de la actividad de las redes mafiosas, sino más bien todo lo contrario.
Cómo se van a rendir las cuentas de las promesas de Gobierno elaboradas durante la campaña de Calderón, en las que se priorizaron los temas referentes a la modernización administrativa y a la mejora en la gestión del Estado. En este apartado se contemplaban –como elementos cruciales- la reforma energética, la reforma fiscal y la reforma educativa. A tres años de dichas promesas la reforma energética quedó bloqueada por la amplia resistencia que ejercieron sectores sociales populares organizados en la defensa del control público del petróleo mexicano, y la reforma fiscal por las resistencias de los sectores sociales más pudientes. En cuanto a la reforma educativa, ésta quedó hipotecada (y enterrada) por el compromiso adquirido entre Calderón y Elba Esther Gordillo, la dirigente del sindicato corporativo de maestros, a quien el PAN debe las elecciones de 2006 ya que fue una “operadora” vital para que Calderón obtuviera los votos necesarios para alzarse con la victorial. Así las cosas, las grandes reformas que enarboló el PAN para el sexenio 2006-2012 sucumbieron a mitad de camino y, con ellas, también hizo aguas la promesa de impulsar una gestión más transparente y responsable del aparato público del Estado.
Ciertamente, el contexto doméstico que está atravesando el país no parece demasiado positivo. A nivel económico, la situación descrita coincide con una crisis financiera global que tiene el epicentro en Estados Unidos, país que había sido la válvula de escape de la miseria de centenares de miles de mexicanos a través de la emigración y que suponía también una fuente vital de remesas. A nivel social se empiezan a manifestar grandes tensiones (que no son nuevas) entre los sectores sociales ganadores y perdedores de la “modernización neoliberal” de los años noventa; tensiones que han supuesto la movilización sostenida de colectivos opositores y que parecen aglutinarse en el movimiento de resistencia ciudadana que lidera AMLO. Y, finalmente, a nivel político, parece reactivarse un viejo actor de la vida política mexicana: el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Los conflictos intestinos acaecidos en este trienio dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la modesta y polémica gestión de Calderón (criticada de forma muy severa por el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha insinuado el peligro de que México se convierta en un “Estado fallido”) han facilitado que el PRI se alzara con amplias y recurrentes victorias en las elecciones municipales y estatales que se han celebrado hasta la fecha, ampliando incluso su poder territorial al conquistar los cargos de gobernador de Yucatán en 2007 y Tabasco en 2006.
Por todo ello, y algunas cosas más, las elecciones del 5 de julio de 2009 son relevantes para el futuro inmediato de México. Un futuro que puede suponer el retorno de unas prácticas y unos personajes que nos retrotraen al pasado.
Salvador Martí
Universidad de Salamanca.
Director del proyecto sobre derechos culturales y políticos de la Fundación CIDOB.