El VI Congreso del PC cubano confirma la política de adaptación de Raúl Castro

Francesc Bayo,
Investigador de CIDOB

27 de abril de 2011 / Opinión CIDOB, n.º 114

Después de catorce años tras el último cónclave, el Partido Comunista de Cuba (PCC) celebró en abril su VI Congreso para acabar constatando una vez más las dificultades para variar un statu quo que se considera como la única alternativa de continuidad y estabilidad del sistema político. Incluso la propuesta de reforma económica plantea más dudas que certezas, porque la ambigüedad está presente en unas iniciativas que parecen más pensadas para sortear momentáneamente la catástrofe que para sentar las bases para el crecimiento de una economía que pueda facilitar un desarrollo sostenible en el futuro. Aunque el VI Congreso no había despertado grandes expectativas entre una ciudadanía acostumbrada a la retórica de un discurso que anuncia cambios para que todo permanezca más o menos igual, ante unos resultados tan parcos no hay motivos para el entusiasmo y perdura la resignación entre la mayoría de la población. Otra cosa son las intrigas palaciegas y el juego interno de las élites para repartirse los espacios de poder sin llegar a romper el sistema que les arropa.

Cuando Raúl Castro asumió provisionalmente el poder en agosto de 2006 lanzó vagas promesas de reformas y apeló a la ciudadanía a expresar sus propuestas de mejora, consiguiendo durante un tiempo generar unas expectativas de cambio y la movilización de la militancia y de una parte de la sociedad. Después de las elecciones de enero de 2008, con partido y candidatos únicos, al asumir la presidencia manifestó su deseo de revitalizar el PCC para hacerlo funcionar como un instrumento de intermediación entre el poder y la sociedad. También para apuntalar la estabilidad del sistema mediante soluciones institucionales, dejando atrás los tiempos del liderazgo personalista y carismático de Fidel Castro. Para ello anunció que se convocaría el VI Congreso del partido para establecer las líneas estratégicas para el futuro, pero no se apuró mucho y ha tardado tres años en materializar la propuesta. Entretanto, Raúl Castro ha tenido tiempo de renovar todos los cargos del gobierno y de buena parte del aparato territorial del partido, pero también ha procurado mantener los equilibrios de poder que sustentan la estabilidad de un sistema que se sigue considerando incuestionable. Tal vez la única novedad reseñable en los últimos años ha sido el persistente avance de los militares en la ocupación de mayores parcelas de poder económico y últimamente también político.

Los cimientos del sistema cubano se basan en asegurar la continuidad del poder vertical establecido históricamente, y el modelo de control autoritario parecía garantizarla a pesar de pequeños sobresaltos con algunos partidarios críticos y con los defensores de las libertades cívicas y los derechos humanos, que se han solventado con la aplicación de una represión selectiva que permite tener atemorizada a toda la sociedad. Incluso el tiempo ha demostrado que una vez superados los difíciles momentos de la confrontación armada interna y la contingencia de una intervención exterior al principio de los años sesenta, el régimen cubano no sólo ha sabido neutralizar los factores adversos del contexto internacional, en particular la presión de EEUU, sino que ha logrado capitalizar ese clima hostil para reforzar su nacionalismo y recibir el apoyo de sus aliados. Pero la catastrófica situación económica se acabó convirtiendo en una amenaza peligrosa y por ello se han tenido que mover algunas piezas del andamiaje para evitar que se derrumbara el edificio del pacto social que permitía alguna legitimidad al sistema. El modelo económico cubano hace años que es insostenible porque es ineficiente y no genera los recursos necesarios para financiar un bienestar que quiere ser universal pero que puede repartir poco más allá de la mera supervivencia. En cuanto a la movilidad social hace tiempo que se perdió el recuerdo, salvo el recurso a la emigración de unas generaciones de jóvenes relativamente bien formados. En este sentido, a pesar de los titubeos y de las declaraciones contradictorias de sus dirigentes, ha sido un gran avance reconocer que hay que cambiar el modelo económico para evitar caer en el abismo. A partir de ahí las cosas no han sido tan fáciles porque la apuesta de apertura económica presentada es insuficiente y amenaza con ahogar las posibilidades de un crecimiento para el desarrollo antes de que se consoliden unos mínimos que puedan propiciarlo. Al renunciar a las demandas reformistas de una parte de la ciudadanía y recurrir de forma vacilante al mercado para asignar los recursos sin renunciar al control de la planificación se está proponiendo una solución mutilada de antemano. La impresión es que para el desarrollo económico se sigue confiando en las remesas de los emigrantes, en la explotación fiscal de las escasas oportunidades de negocio permitidas al trabajo por cuenta propia, en el control más o menos directo de las pocas empresas nacionales rentables y en la negociación de unos acuerdos ventajosos con empresas extranjeras a las que el único atractivo que se les ofrece es un régimen de oligopolio, ya sea en el turismo o en la ansiada explotación petrolera.

Pero a pesar de todas las ambigüedades la reforma económica traza un camino de no retorno que obligará a articular en el futuro otras reformas, porque ahora ya no sería viable el recurso al cierre que se aplicó a mediados de los años noventa después de una tímida apertura. En este sentido se ha avanzado mucho más que en el ámbito político, donde apenas se han lanzado algunos mensajes premonitorios respecto a la fase terminal del modelo dirigido por la actual generación en el poder y se ha abierto un debate sobre la incompetencia de los mecanismos para la renovación de los cuadros. Por contra, se han despejado pocas dudas sobre como se van a institucionalizar las relaciones políticas entre las élites y sobre la participación de la ciudadanía. Excepto la despedida oficial de Fidel Castro junto a la reconfiguración del liderazgo del PCC y del buró político, donde Raúl como secretario general está acompañado por elementos de la vieja guardia y una nutrida representación de las Fuerzas Armadas, poco ha cambiado. En definitiva, todavía persiste la falta de definición en el régimen político para delimitar la separación de poderes, las responsabilidades de las funciones ejecutivas de gobierno y el funcionamiento de la administración del Estado como un verdadero servicio público. A lo sumo se ha aventurado la necesidad de limitar los mandatos de los dirigentes, de renovar los estatutos del PCC y también la creación de unas futuras comisiones para actualizar las estructuras del partido y del gobierno en una suerte de nueva institucionalidad adaptada a los cambios que demande la reforma económica.

En conclusión, aunque se puede considerar razonable que el camino del cambio no se puede improvisar y que se necesita tiempo para asentar los fundamentos que lo posibiliten, después del VI Congreso se han abierto algunos debates necesarios pero se mantienen todavía muchas incógnitas. De todos modos, Raúl Castro y su núcleo allegado salen reforzados, aunque está por ver como prepararán el terreno para las futuras generaciones de dirigentes que permanecen en el anonimato, y hacia donde avanzarán éstos cuando asuman el relevo.

Francesc Bayo,
Investigador de CIDOB