La gestión migratoria de Biden tropieza con la misma piedra que Trump y Obama: Centroamérica

Opinion CIDOB 661
Publication date: 04/2021
Author:
Sergio Maydeu Olivares, investigador asociado, CIDOB
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La frontera sur de Estados Unidos representa para el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris un gran desafío humanitario, político y logístico. Exactamente igual que para todos sus antecesores en el cargo, republicanos y demócratas. Ninguno ha conseguido hasta ahora salir del laberinto. Pero si Biden quiere mejorar la gestión de la frontera deberá trabajar conjuntamente con el resto de gobiernos centroamericanos. 

La detención de cerca de 350.000 personas intentando cruzar irregularmente la frontera sur de Estados Unidos en los tres primeros meses del año ha supuesto una bofetada de realidad para la nueva administración Biden. No por esperable, deja de ser dolorosa. La tendencia creciente en el número de detenciones en la frontera sur en los últimos meses de mandato de Donald Trump ya permitía prever que se llegaría a la situación actual. Los pronósticos se han cumplido. La frontera sur está tensionada, con el agravante del desmantelamiento parcial del sistema migratorio por las políticas impulsadas por Trump. Las razones de esta situación son múltiples y multicausales, pero de forma simplificada se focalizan en dos: la situación en los países de origen, especialmente en el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), y la gestión que se está haciendo en la propia frontera sur de Estados Unidos y en la frontera norte de México. La perspectiva, a un lado u otro, implica miradas diferentes y actuaciones a veces contradictorias. Son más de 3.000 kilómetros de frontera porosa, de difícil gestión. 

Si la administración Biden afronta cifras récord de detenciones en la frontera, también se están produciendo cifras récord en México (solicitudes de asilo) o en los países del Triángulo Norte (desplazamientos internos). ¿Cómo afrontarlo? 

Biden hereda la misma tipología de migrantes que Trump y Obama: un volumen nada desdeñable de centroamericanos que intentan dejar atrás unos países de origen con altos niveles de corrupción, violencia y desigualdad, con el impacto añadido de dos huracanes en 2020 y la inseguridad alimentaria que azota la región; y un número muy elevado de mexicanos que una vez son devueltos a su país lo vuelven a intentar, una y otra vez. Tal y como anunció durante su campaña electoral, Biden ha empezado a dar un giro a las políticas restrictivas de Trump en materia migratoria y en sus políticas de vecindad con su Sur. Unas políticas, por cierto, fracasadas ­– ahí están los números del año fiscal 2019 –, y francamente poco humanitarias. Un primer cambio de la nueva administración ha sido no expulsar a los menores no acompañados que llegan a la frontera, el colectivo más sensible, y el más difícil de gestionar. Las imágenes de centros de detención hacinados de menores han sacudido las primeras semanas de su mandato. Exactamente igual que pasó con Trump. Y con Obama. La historia se repite. 

También ha apostado por crear un equipo político y técnico específico para que encuentren soluciones en origen, y por tanto una mayor colaboración en México y en el Triángulo Norte, al frente del cual está la vicepresidente Kamala Harris. Pero las dificultades son muchas. ¿Cómo pedir a México, Honduras, El Salvador o Guatemala que impulsen políticas para que sus nacionales no emigren cuando sus propios gobiernos son incapaces de garantizar su propia seguridad física o alimentaria? Biden tendrá que desandar algunas de las políticas de su predecesor, empezando por apoyar de forma decidida a las sociedades civiles del Triángulo Norte y México en su lucha contra la desigualdad, la cultura de paz o la lucha contra la corrupción, por poner tres ejemplos. No lo va a tener nada fácil. Honduras está en año electoral, y el hermano del actual presidente ha sido condenado en Estados Unidos por narcotráfico. En Guatemala, el organismo que luchaba contra la corrupción ha sido desmantelado por el Gobierno, y las fiscalías anticorrupción tienen serias dificultades para hacer su trabajo. El presidente Bukele acaba de hacerse con el control de la Asamblea salvadoreña, tras un par de años de cohabitación muy convulsos que han elevado la tensión política y social en el país, pero que, por el contrario, han traído la buena noticia de la disminución en picado del número de homicidios en el país. Y el Estado mexicano que dirige el presidente López Obrador es cada vez menos Estado y tiene menos control de lo que pasa en todo su territorio. ¿Cómo afrontar una crisis regional cuándo no tienes interlocutores reconocibles? 

La corrupción endémica en la región ha dado entrada, en los últimos años, a otras economías criminales fronterizas, como por ejemplo el tráfico de migrantes, que habrá que combatir de forma decidida. En los últimos años ha habido instituciones, desde fiscalías especializadas a organismos independientes, que han combatido la corrupción (la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en Guatemala es el ejemplo más reconocido), incluso yendo contra las propias estructuras de los Estados, desde gobiernos locales y nacionales a la misma policía. Sin embargo, estas instituciones son cada vez más débiles, fruto del acoso gubernamental o de la propia desidia del Estado. Fortalecerlas sería un gran paso y un buen punto de partida. Son necesarias políticas de cooperación duraderas, tiempo y recursos. Justo lo que nunca se tiene. 

La solución de Trump a las migraciones forzadas en toda la región fue la militarización, y un ataque indisimulado al derecho internacional. Los resultados no le acompañaron. Es más, su respuesta ha agravado todavía más algunas problemáticas en origen, que provocaban los desplazamientos forzados. 

La administración Biden va a tener que hacer exactamente lo mismo que sus antecesores, gestionar. Y eso supone asumir que la cuestión fronteriza es irresoluble. Desde que existen registros, allá por 1925, la frontera entre Estados Unidos y México ha sido un continuo trasiego de personas. Biden necesitaría tiempo para implantar un modelo que minimice riesgos y permita más migraciones regulares, seguras y ordenadas, y es lo que no tiene. En cambio, si algo puede hacer ya, porque sólo depende de sí mismo, es atender la llegada de miles de menores no acompañados. La situación humanitaria en la frontera sí es responsabilidad de la nueva administración. 

No se trata sólo de la frontera sur de Estados Unidos, sino también de la frontera norte de México, la de Guatemala, la de Honduras, o la de El Salvador. No hay una solución definitiva al problema, pero sí una mejor o peor gestión. Y eso es lo que tienen que afrontar conjuntamente Joe Biden, López Obrador y el resto de gobiernos centroamericanos. 

Palabras clave: Migración, frontera, Biden, Trump, Harris, Centroamérica, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Triángulo Norte, menores no acompañados, crisis humanitaria.

 

 

 

E-ISSN: 2014-0843