Sigmundur Davíd Gunnlaugsson

En 2013 llegó a la jefatura del Gobierno de Islandia Sigmundur Davíd Gunnlaugsson, el treintañero líder del Partido Progresista, formando una coalición de centro-derecha con el Partido de la Independencia. Premiado por los electores tras haber encabezado la campaña popular de rechazo a que el Estado islandés accediera a las exigencias de indemnización del Reino Unido y Holanda por las pérdidas que miles de inversores de estos países habían tenido en la quiebra de la banca privada cuando la histórica crisis financiera de 2008, postura que se manifestó sin ambages en los referendos de 2010 y 2011, Gunnlaugsson llegó al poder prometiendo el alivio de las hipotecas de los hogares, la superación de la convalecencia de austeridad aplicada por el Ejecutivo de la izquierda derrotado en las urnas y la contramarcha en las negociaciones para la adhesión de la isla nórdica a la UE, proceso que quedó efectivamente sepultado en 2015 con la retirada por Reykjavík de su candidatura al ingreso.

En abril de 2016, cuando su Gobierno de liberales y conservadores venía dando cuenta del excelente curso de la economía, la bajada del paro a niveles de virtual pleno empleo, la consolidación fiscal y la confección de unos presupuestos con superávit por tercer año consecutivo, Gunnlaugsson tuvo que dimitir de manera intempestiva ante el escándalo generado por la revelación de que hasta 2009 había sido copropietario junto con su esposa de una compañía offshore en las Islas Vírgenes desde la que había invertido millones de euros en bonos de deuda bancaria, de lo cual no había dado parte en su declaración de haberes al Parlamento. Con su renuncia en medio de un clamor popular comparable a las históricas protestas de 2009 -que acabaron con la carrera de otro primer ministro, Geir Hilmar Haarde-, Gunnlaugsson se convierte en la primera víctima política de los famosos Papeles de Panamá, que han convulsionado la escena internacional.

(Texto actualizado hasta abril 2016)

1. Líder del Partido Progresista islandés
2. Victoria electoral en 2013 con las banderas del euroescepticismo y del rechazo a las indemnizaciones en el caso Icesave
3. Un primer ministro tumbado por los Papeles de Panamá

1. Líder del Partido Progresista islandés
Hijo del funcionario del Banco Mundial, empresario y diputado Gunnlaugur Magnús Sigmundsson, miembro del liberal y centrista Partido Progresista (Framsóknarflokkurinn, FSF), y natural de Reykjavík, en 2005 se tituló en Administración de Empresas por la Universidad de Islandia, donde en paralelo estudió Periodismo. Además, tomó clases sueltas de una serie de materias en las universidades Rusa Plejánov de Economía de Moscú, Copenhague, Oxford y Cambridge, casa de estudios esta última en la que recaló en 2004 con una Beca Chevening. Entre 1999 y 2001 presidió la Unión Nórdica de Estudiantes de Economía (NESU) y de 2002 a 2007 ejerció el periodismo como presentador de programas en la RÚV, la televisión pública islandesa.

A principios de 2009, con solo 33 años, Gunnlaugsson hizo un ingreso espectacular en la política nacional en mitad del torbellino financiero y social que estaba sacudiendo este pequeño país insular noreuropeo de poco más de 300.000 habitantes. El 18 de enero, tras únicamente unos meses de militancia en la formación e impulsado por la fama que le había reportado su condición de presentador televisivo, aunque también contó la influencia de su padre, miembro del Althing o Parlamento en la legislatura 1995-1999, el XXX Congreso del FSF le eligió presidente orgánico con el 56% de los votos en sustitución de Valgerdur Sverrisdóttir, anterior ministro de Exteriores y que solo llevaba un año liderando la colectividad. Su rival en esta competición interna fue el también joven (35 años) Höskuldur Thórhallsson, quien a diferencia de él sí era diputado.

En estos momentos, el FSF se hallaba en la oposición al Gobierno de gran coalición entre el conservador Partido de la Independencia (SSF) y la Alianza Socialdemócrata (SF), que tenía como primer ministro al líder de la primera agrupación, Geir Hilmar Haarde. Sin embargo, los progresistas islandeses, cuyo liberalismo actual era el resultado de una evolución ideológica desde el agrarismo de sus orígenes (en parte aún presente y visible en el logo del partido, una espiga estilizada), poseían una sólida tradición de partido gubernamental, por lo general asociados al SSF, primera fuerza electoral de manera ininterrumpida desde 1946 y más orillado a la derecha. De hecho, entre 1995 y 2007 había funcionado una coalición SSF-FSF articulada en cinco gobiernos, los tres primeros presididos por Davíd Oddsson, del SSF, el cuarto por Halldór Ásgrímsson, del FSF, y el quinto, desde 2006, por el propio Haarde, en el que fue su primer Gabinete, antes de optar por la gran coalición con los socialdemócratas como resultado de las elecciones de mayo de 2007.

En estos 12 años de gobierno del centro-derecha, Islandia había experimentado una intensa ola de privatizaciones liberales y el crecimiento de una colosal burbuja financiera, alimentada por los mismos bancos desestatalizados, metidos en los negocios especulativos y de alto riesgo, y tolerada por unas autoridades públicas que eludieron sus obligaciones reguladoras y fiscalizadoras. El nivel de exposición de los tres principales bancos privados, el Kaupthing, el Landsbanki y el Glitnir, era exorbitante desde el momento en que el conjunto de sus activos y pasivos llegó a multiplicar por once el valor del PIB islandés. En octubre de 2008, en el marco de la crisis global iniciada en Estados Unidos, la burbuja del crédito fácil estalló con estrépito, los tres bancos insolventes naufragaron, la Autoridad de Supervisión Financiera tuvo que intervenirlos y el país entero, prácticamente de la noche a la mañana, se asomó al colapso. El cataclismo económico puso en el foco internacional a la hasta entonces próspera y apacible Islandia.

A los pocos días de saltar Gunnlaugsson a la jefatura del FSF, el 26 de enero de 2009, el primer ministro Haarde, acorralado por las históricas protestas ciudadanas convocadas en Reykjavík a raíz de la triple bancarrota, se vio obligado a presentar la dimisión. Entonces, cristalizó la alternativa de un Gobierno de izquierdas formado por la SF de Jóhanna Sigurdardóttir, ministra de Asuntos Sociales en el Ejecutivo saliente, y el Movimiento de Izquierda-Verde (VG) de Steingrímur Sigfússon. El nuevo bipartito carecía de mayoría absoluta y el flamante líder de los progresistas, en un gesto constructivo para ayudar a superar la peor crisis nacional desde la independencia de Dinamarca en 1944, ofreció a Sigurdardóttir, juramentada primera ministra el 1 de febrero, el respaldo de los siete diputados que su grupo tenía en el Althing.

Las elecciones adelantadas del 25 de abril de 2009, celebradas en un ambiente de emergencia económica, proporcionaron dos escaños adicionales al FSF, que no obstante siguió siendo la cuarta fuerza del Althing de 63 miembros, por detrás del nuevo primer partido del país, los socialdemócratas de Sigurdardóttir, el SSF que ahora comandaba Bjarni Benediktsson, fuertemente castigado por los electores y relegado al segundo lugar, y los verdes de izquierda, con los que Sigurdardóttir repitió Gabinete el 10 de mayo, esta vez recostados en la mayoría absoluta. En estos comicios, Gunnlaugsson corrigió la anomalía que suponía carecer del mandato parlamentario ganando el escaño por la circunscripción de Reykjavík Norte.

El líder del FSF no tardó en convertirse en una figura de primera magnitud al erigirse en abanderado de inDefence, una campaña popular de rechazo a la legislación especial aprobada por el Gobierno Sigurdardóttir para indemnizar al Reino Unido y Holanda por las enormes pérdidas que 343.000 de sus ciudadanos -más que toda la población islandesa- habían sufrido en sus depósitos en el Landsbanki, ahora liquidado y con sus operaciones domésticas transferidas al Nýi (Nuevo) Landsbanki. La llamada Ley Icesave preveía abonar a los estados británico y holandés, que habían tenido que adelantar las garantías de depósito socorriendo de su bolsillo a los ahorradores que habían visto esfumarse sus inversiones con la quiebra de Icesave, la división del Landsbanki en Internet, la suma de 3.800 millones de euros, es decir, unos 40.000 euros por cada familia islandesa y 12.000 euros por persona, entre 2016 y 2024, y con un interés del 5,5%. Este desembolso obligaría al Gobierno, ya fuertemente endeudado con el FMI y varios países que habían otorgado créditos superiores a los 10.000 millones de dólares, una cantidad enorme para el tamaño de la economía islandesa, a cambio de un programa de estabilización, a solicitar nuevos préstamos internacionales.

Gunnlaugsson e InDefence, que se mostraban convencidos de que la razón estaba de su parte y de que los tribunales europeos, llegado el caso, les darían la razón -como en efecto iba a suceder-, se apuntaron su primer gran éxito en enero de 2010 al negarse el presidente de la República, Ólafur Ragnar Grímsson, a ratificar la Icesave 2, una versión más restrictiva de la ley, impuesta a Reykjavík por Londres y La Haya. El veto presidencial obligó a someter la norma a un referéndum que tuvo lugar el 6 de marzo y que se saldó con la victoria aplastante del no, opción marcada por el 98% de los votantes. Tras este fiasco, el Gobierno retomó las negociaciones con británicos y holandeses, siendo el fruto de las mismas otro proyecto de ley, la Icesave 3, por la que Islandia pagaría a los gobiernos acreedores 4.000 millones de euros a un interés del 3,3% y en un plazo de 30 años, entre 2016 y 2046. También este esquema fue considerado injusto y abusivo por el líder de los progresistas así como por una mayoría de sus paisanos, que el 9 de abril de 2011 volvieron a mandarlo a la papelera en un segundo referéndum vinculante. En esta ocasión, sin embargo, los votos negativos fueron muchos menos que en 2010, el 59,8%, un porcentaje de todas maneras contundente.

La victoria de la campaña InDefence en los referendos de 2010 y 2011 permitió a Gunnlaugsson arroparse con una aureola de político patriota que no quería agravar el montante de deudas del Estado y que además estaba sinceramente preocupado por las deudas particulares de los islandeses, para cuyas hipotecas privadas reclamó una condonación incondicional del 20%, más allá de las quitas aprobadas por el Gobierno para toda deuda hipotecaria que superase el 110% del valor de la vivienda. Gunnlaugsson y el FSF, en lo que sintonizaban plenamente con el SSF de Benediktsson, reforzaron su discurso nacionalista con el rechazo a las negociaciones oficiales para el ingreso de Islandia en la UE, que Sigurdardóttir arrancó en Bruselas en julio de 2010, al año de presentar la solicitud de membresía, la cual, de materializarse (al principio se pensó que en un tiempo exprés, incluso antes que Croacia), supondría completar la integración europea del país nórdico a partir de sus ya vigentes participaciones en el Espacio Económico Europeo y el Espacio de Schengen.

Este fue un cambio de postura por parte del FSF, que en 2009 había dicho que aceptaba en principio el escenario del ingreso en la UE, aunque con condiciones muy estrictas, como que Bruselas no quitara soberanía a Islandia en la explotación de sus recursos naturales, muy especialmente la pesca, pilar de la industria nacional. Ahora, los de Gunnlaugsson hablaban de vincular el futuro de las negociaciones de adhesión a un plebiscito.


2. Victoria electoral en 2013 con las banderas del euroescepticismo y del rechazo a las indemnizaciones en el caso Icesave
El rechazo a las pretensiones de reparación anglo-holandesas, el alivio de las hipotecas de los hogares, la dinamización de la economía y el euroescepticismo fueron los ejes de la campaña del FSF, a la que no le faltaron acentos populistas, para las elecciones generales de abril de 2013. En la cresta de la ola, en especial el primero, cuyas expectativas de voto se dispararon vertiginosamente al comenzar el año, el dúo centroderechista formado por Gunnlaugsson y Benediktsson estaba listo para llevar a su redil la frustración popular por las políticas de ajuste y estabilidad que el Gobierno de la izquierda, obediente al dictado del FMI, venía manteniendo después de declarar el final de la crisis en 2011. Ya hacía un tiempo que se hablaba del "milagro islandés", pues el país que parecía fundido y acabado en 2009 había conseguido salir del pozo con inusitada rapidez.

Así, la recesión, que se había comido más de 10 puntos porcentuales del PIB en el bienio negro de 2009-2010, había dado paso a un crecimiento que en este 2013, pese a la austeridad del Gobierno, iba a registrar una tasa positiva del 4,4%, nada que ver con la situación en la Eurozona, que la primera ministra Sigurdardóttir quería hacer extensible a Islandia diciendo adiós a la devaluada corona, castigada por una contracción del -0,3%. El desempleo, trepado hasta casi el 9% en 2010, estaba en pleno reflujo. Lo mismo cabía decir de la deuda pública, equivalente al 99% del PIB en 2011, su cota máxima, y el déficit público, del 13,5% en 2008 y todavía un descomunal 10% en 2010 frente a menos del 2% previsto para 2013.

Si la solución para la implosión bancaria había sido heterodoxa (bajo el criterio de la praxis europea, aunque no dejó de resultar coherente con la lógica del libre mercado), dejar morir a las entidades quebradas en lugar de mantenerlas a flote con masivas inyecciones de capital (en realidad, el Landsbanki, el Kaupthing y el Glitnir fueron temporalmente nacionalizados, desmantelados y parte de sus activos transferidos a bancos privados de nuevo cuño, luego tampoco se trató de una liquidación total), la medicina en la etapa de convalecencia estaba siendo plenamente ortodoxa.

Todas estas mejoras macroeconómicas sabían a poco a la mayoría del electorado islandés, que recordaba la extraordinaria abundancia material y el elevado nivel de vida de antes de la crisis, y que se quejaba de los recortes del gasto público, las subidas de los impuestos, el dogal de sus hipotecas bancarias, en su práctica totalidad con unos tipos de interés variables indexados a la inflación, cercana al 4% anual, y muchas e ellas en manos de acreedores extranjeros, y la depreciación monetaria, todo ello con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, sobre todo frente a los productos de consumo importados del extranjero. El endeudamiento seguía siendo un problema mayúsculo tanto para los particulares como para el Estado, que mantenía el control de capitales.

Además, la disputa con el Reino Unido y Holanda por el caso Icesave no había quedado zanjada pese a la sentencia, emitida en enero de 2013, del Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) dando la razón a los opuestos a que se compensara económicamente a los dos países de la UE y pronunciándose en contra de la Autoridad Supervisora de la propia EFTA, la cual, con el respaldo de la Comisión Europea, había demandado al Estado islandés. Los argumentos del Tribunal de la EFTA eran los mismos que venían esgrimiendo Gunnlaugsson y otros: que un país no estaba obligado a cubrir los depósitos si el Fondo de Garantía se quedaba sin recursos, que el Gobierno de Reykjavík no había faltado a sus obligaciones al decidir proteger inmediatamente a los ahorristas del país y no a los depositantes extranjeros, y que este era libre de hacer indemnizaciones ulteriores a los titulares de cuentas foráneos, pero sin cargos de intereses por demora.

En estas circunstancias, los sondeos venían avisando de un fuerte corrimiento del voto en favor de los mismos partidos que habían espoleado el modelo capitalista codicioso y sin controles responsable de terremoto financiero de 2008. De todas maneras, la noción de que el FSF había contribuido al crash de 2008 cuando llevaba año y medio fuera del Gobierno era según Gunnlaugsson un "puro disparate". El bandazo electoral producido el 27 de abril de 2013 fue, en efecto, de envergadura: el SSF recuperó el primer puesto con el 26,7% de los votos y 19 escaños, mientras que el FSF empató en representación, siendo su subida de una decena de escaños, aunque con 2,3 puntos de voto menos. El rebote del partido de Gunnlaugsson, quien ganó la reelección en el Althing pero esta vez por la circunscripción Nordeste, fue, con todo, menos espectacular que el hundimiento del bipartito roji-verde en el poder, que perdió nada menos que un 27,7% de los sufragios y 14 diputados.

En puridad, correspondía a Benediktsson el encargo de formar el nuevo Gobierno, pero los vencedores, que ya tenían muy trabajados los términos de su eventual Ejecutivo de coalición, se pusieron de acuerdo para que el presidente de la República trasladara la encomienda a Gunnlaugsson, cosa que Ólafur Ragnar Grímsson hizo el 30 de abril, tres días después de los comicios. El 23 de mayo tomó posesión el nuevo Gobierno Gunnlaugsson, a sus 38 años el más joven primer ministro en la historia de Islandia, donde su partido obtenía cuatro ministerios, los de Asuntos Exteriores (para Gunnar Bragi Sveinsson), Medio Ambiente y Recursos Naturales, Pesca y Agricultura (ambos para Sigurdur Ingi Jóhannsson) y Asuntos Sociales y Vivienda (para Eygló Hardardóttir), mientras que el SSF tomaba cinco carteras, las de Finanzas y Asuntos Económicos (para Benediktsson), Interior, Educación Ciencia y Cultura, Salud e Industria y Comercio.

Gunnlaugsson asumió las riendas de la nación isleña pregonando que sería duro en las negociaciones con los acreedores foráneos, abarataría el pago de las hipotecas de las familias y pasaría página a las recetas de austeridad que tanto disgustaban a los islandeses. Sin embargo, su primera actuación de calado fue en un terreno donde la estrategia del centro-derecha sintonizaba plenamente con el sentir euroescéptico de la mayoría de los islandeses, reflejado por las encuestas: las negociaciones con Bruselas para el ingreso en la UE, que estaban virtualmente paralizadas desde enero como una decisión de cautela preelectoral tomada por Sigurdardóttir.

El 13 de septiembre de 2013 Reykjavík, tal como había avisado, disolvió el equipo negociador en Bruselas y declaró en suspenso las conversaciones de adhesión porque esto era lo que más convenía "al interés de la nación". El proceso quedó definitivamente sepultado el 12 de marzo de 2015 cuando el titular de Exteriores, Sveinsson, informó que, de acuerdo con lo aprobado por el Consejo de Ministros dos días atrás, acababa de notificar por carta a la Comisión Europea la retirada de la solicitud del ingreso cursada en 2009.

Este hecho, que un país candidato se echara atrás por decisión propia con su proceso de adhesión abierto, no tenía precedentes en los anales de CEE/UE, aunque la Comisión Europea aseguró entonces que, a su entender, la candidatura islandesa seguía formalmente sobre la mesa. En todo este tiempo, de los 33 capítulos de negociación, 27 habían sido abiertos y 11 ya se habían cerrado. Entre los que no habían llegado a abrirse estaban los más delicados para Islandia: la pesca, la agricultura y el libre movimiento de capitales. Al final, no iba a haber ningún referéndum sobre la cuestión. La contramarcha europea del Gobierno del FSF y el SSF no gustó a todo el mundo: 7.000 ciudadanos salieron a manifestarse en Reykjavík en protesta por el portazo a Bruselas.

2015 fue también el año en que el Gunnlaugsson, que entre agosto y diciembre de 2014 llevó en persona y temporalmente el departamento de Justicia dentro del Ministerio del Interior, hizo el esperado anuncio, en junio, del próximo levantamiento gradual del corralito sobre los capitales para impedir la fuga de divisas, que luego de siete años volverían a operar con normalidad, después de aprobar el Althing un nuevo y estricto marco regulador para evitar la repetición de los excesos del pasado. En los meses siguientes, el Gobierno fue llegando a acuerdos con los fondos de inversión que habían prestado a los tres bancos quebrados en 2008, y que conservaban sus derechos de deuda en las entidades sucesoras de los mismos, las condiciones para poder repatriar capitales una vez efectuados los reembolsos, operaciones de salida que tendrían que pagar fuertes impuestos como "contribución a la estabilidad" del sistema financiero y el tipo de cambio islandeses. Las negociaciones con estos actores financieros podían marchar bien, pero el Reino Unido y Holanda no cejaban en su exigencia de que Islandia les abonara lo que en justicia, insistían, les debía. Así, en febrero de 2014 ambos gobiernos interpusieron contra el Fondo de Garantía de Depósitos e Inversiones del Estado islandés una demanda por valor de 556.000 millones de coronas más intereses y costes por las pérdidas ocasionadas por la quiebra del Landsbanki/Icesave.

2015 terminó con las primeras exoneraciones bancarias del control de capitales y con la noticia de que la economía había avanzado este año aproximadamente un 4%, tasa sobresaliente que duplicaba la de 2014 así como la tasa promedio de la UE, la cual, además, probablemente sería igualada o incluso mejorada en 2016, apuntaban las previsiones. Al iniciarse el cuarto año del Gobierno Gunnlaugsson, la inflación superaba levemente 2% con tendencia alcista, por lo que el Banco Central no tenía intenciones de bajar el tipo básico de interés, el 5,75% (frente al 0,05% del Banco Central Europeo, convertido al poco, en marzo, en el 0%), en tanto que el paro, irrisorio, andaba en torno al 3%, es decir, en niveles ligeramente por encima de los existentes antes de la crisis, cuando prácticamente toda la población activa trabajaba.

El Gobierno, que no se había apartado un milímetro de los esfuerzos de consolidación fiscal, la misma meta perseguida por su predecesor de la izquierda, acababa de elaborar unos presupuestos que contemplaban un superávit de 15.300 millones de coronas, al cambio 106 millones de euros, en el ejercicio de 2016. El excelente rendimiento de la economía permitía suponer que estas cuentas saldrían adelante sin problemas y que este iba a ser el tercer año consecutivo sin déficit presupuestario. El ministro Benediktsson añadió que había signos de que la deuda de los hogares estaba descendiendo al aumentar el poder adquisitivo de sus miembros, y que el Gobierno disponía de un mayor margen para destinar más dinero a las partidas de vivienda, salud, educación y beneficios sociales, al tiempo que bajaría los impuestos. También, seguiría dando prioridad a la reducción del coste del pago de la deuda externa.


3. Un primer ministro tumbado por los Papeles de Panamá
En abril de 2016 las cosas marchaban para Islandia y su primer ministro aparentemente así de bien -o quizá no tanto, porque desde hacía un año todos los sondeos situaban en un sorprendente primer lugar con más de un 30% de intención de voto, triplicando la cuota del FSF, al Partido Pirata, formación con ideas de democracia directa y antisistema que en las elecciones de 2013 había conseguido entrar por los pelos en el Althing, donde tenía tres diputados- cuando a Gunnlaugsson, súbita e inesperadamente, le estalló un escándalo personal de una virulencia tal que el gobernante sucumbió políticamente al mismo en un par de días. 

La polvareda comenzó el 3 de abril cuando los nombres de Gunnlaugsson y de su esposa, Anna Sigurlaug Pálsdóttir, aparecieron entre una relación de 140 estadistas, políticos, hombres de negocios, deportistas, artistas y otras personalidades conocidas de todo el mundo que serían titulares o tendrían dinero en alguna de las más de 200.000 compañías offshore y sociedades pantalla radicadas en paraísos fiscales para, supuestamente, realizar operaciones financieras opacas y evadir el pago de impuestos en sus respectivos países. La lista de nombres formaba parte de un gigantesco cuerpo de 11,5 millones de documentos confidenciales informatizados de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca filtrado por una fuente anónima al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, el cual luego había compartido el explosivo material con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El contenido de esta filtración sin precedentes empezó a publicarse el 3 de abril y su inagotable retahíla de datos sospechosos y comprometedores, salpicando a más y más nombres famosos de multitud de países, fue divulgándose en las jornadas subsiguientes.

Aquel mismo día, cuando todavía no se había hecho pública la presencia de su nombre en los que dieron en llamarse los Papeles de Panamá, Gunnlaugsson concedió una entrevista en directo en su despacho oficial de Reykjavík al equipo de un programa de investigación de la televisión sueca SVT, que, sin saberlo él, ya tenía en sus manos la filtración del bufete Mossack Fonseca. El objeto de la entrevista, se le dijo, era explicar a la audiencia cómo había conseguido Islandia superar el crash de 2008. En un momento del cuestionario, el periodista sueco preguntó al primer ministro por su opinión sobre las personas y compañías que recurrían a los paraísos fiscales para escamotear haberes. Gunnlaugsson respondió que "en Islandia, como en la mayoría de las sociedades nórdicas, concedemos mucha importancia a que todo el mundo pague su parte", y que "cuando alguien está engañando al resto de la sociedad, eso en Islandia se trata con mucha seriedad". Luego, el entrevistado fue indagado de repente sobre si tenía conexión "con alguna compañía offshore".

Cogido por sorpresa en este punto, Gunnlaugsson se puso visiblemente nervioso y, entre grandes titubeos, dijo que él había trabajado "en compañías que tienen conexiones", pero que sus ingresos y los de su familia "siempre habían estado sujetos a tributación". Espontáneamente, empezó a justificarse, asegurando que "nunca había escondido activos en ningún lugar", para añadir que esa era "una pregunta inusual para un político islandés", pues parecía que se le estuviera "acusando de algo", y "confirmar" que tenía todos sus haberes "sobre la mesa".

A continuación, el periodista, implacable, preguntó a bocajarro a Gunnlaugsson si podía decirle algo de una compañía llamada Wintris. Como luego iba a aclararse, los Papeles de Panamá arrojaban los datos de que la pareja Gunnlaugsson-Pálsdóttir, que por entonces todavía no era matrimonio, había adquirido en 2007 a partes iguales Wintris Inc. a través de la filial luxemburguesa del Landsbanki para depositar bonos de deuda corporativa comprada con un ingente capital, al cambio 3,6 millones de euros, procedente de los negocios empresariales de la familia de ella. Resultaba que Wintris Inc., radicada en las Islas Vírgenes Británicas, había sufrido grandes pérdidas cuando la quiebra del Landsbanki y los otros dos bancos islandeses en 2008, y que ahora la compañía era una de las muchas sociedades pantalla y fondos buitre acreedores que reclamaban su dinero a las entidades herederas.

La acusación adicional del conflicto de intereses estaba servida, puesto que desde 2013 el Gobierno venía negociando con esos mismos fondos de inversión privados, y la propietaria de uno de ellos era la mismísima mujer del primer ministro. Turbado por momentos, el gobernante intentó salir del brete indicando que, por lo que podía recordar, Wintris era una firma "vinculada a una de las compañías de las que él había sido socio", donde había tenido "una cuenta" que por supuesto había "pagado impuestos".

Sin solución de continuidad, Gunnlaugsson le espetó a su entrevistador que empezaba a "sentirse un tanto raro con estas preguntas, porque parece que usted me está acusando de algo, de no pagar impuestos". Puesto que los periodistas insistían en saber "detalles" sobre su relación con Wintris, en particular si la firma "le pertenecía a él", y ya empezaban a inquirirle "por qué no había declarado" todas sus propiedades corporativas al Althing cuando salió elegido diputado en 2009, el primer ministro se levantó de su silla y se enzarzó en una discusión atropellada paseándose por la estancia y haciendo ademanes con los brazos. Tras escuchar la pregunta de si había vendido su 50% de Wintris a su esposa por la cantidad simbólica de un dólar ocho meses después de entrar en el Althing, Gunnlaugsson lo negó, protestó por la "trampa" que se le estaba tendiendo y abandonó el despacho, dejando plantado al incisivo equipo de la televisión sueca.

El insólito espectáculo dado por Gunnlaugsson en una emisión en directo de la televisión y, a renglón seguido, la divulgación por los medios de los entresijos de los Papeles de Panamá levantaron una ola de indignación popular que se manifestó rauda en las calles de la capital, a las que, evocando las grandes marchas que en 2009 habían obligado a dimitir a Geir Hilmar Haarde, se lanzaron miles de ciudadanos coreando la dimisión del primer ministro y la convocatoria de elecciones anticipadas. El proceder aturullado del gobernante en estas horas decisivas contribuyó a acelerar su destino. En un primer comunicado, Gunnlaugsson criticó a los periodistas suecos por entrometerse en su "vida privada" e insistió en que siempre había actuado con transparencia. Luego, negó que se le pasara por la cabeza renunciar, aunque pidió disculpas a los ciudadanos por su comportamiento durante la entrevista, de la que no había debido marcharse de forma intempestiva.

Los débiles argumentos del dirigente no aplacaron a los manifestantes, que llevaron su protesta frente al Althing el 4 de abril. Simultáneamente, más de 30.000 personas firmaron un manifiesto en Internet donde se pedía la marcha inmediata de Gunnlaugsson como "culpable de un grave defecto moral". La presión de la opinión pública en un país tan pequeño como Islandia resultaba insoportable y el 5 de abril Gunnlaugsson rectificó con el anuncio de que sí, de que estaba listo para dimitir, y que solicitaba al presidente Grímsson la disolución el Parlamento. Su sustituto sería el ministro de Pesca y Agricultura, el también progresista Sigurdur Ingi Jóhannsson. Sin embargo, Grímsson no accedió a dar por terminada la legislatura y a convocar elecciones anticipadas. Horas después, la Oficina del Primer Ministro matizaba que el reemplazo por Jóhannsson era solo "temporal". La confusión aumentó al llegar un desmentido del comunicado anterior desde el partido del jefe del Gobierno. Los tejemanejes postreros de Gunnlaugsson encresparon aún más los ánimos.

El 7 de abril, finalmente, Gunnlaugsson hizo efectiva su dimisión irrevocable y Jóhannsson prestó juramento como primer ministro. Al día siguiente, el nuevo Gobierno Jóhannsson, donde Lilja Dögg Alfredsdóttir tomaba el relevo en Exteriores a Gunnar Bragi Sveinsson, superó una moción de censura parlamentaria lanzada por la oposición en bloque. Por el momento, Gunnlaugsson seguía como presidente del FSF.

(Cobertura informativa hasta 10/4/2016)