Sandra Torres Casanova

Al cabo de tres tentativas frustradas, Sandra Torres Casanova, ex primera dama de Guatemala y secretaria general del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aspira a ganar la elección presidencial de 2023, en cuya primera vuelta del 25 de junio se puso por delante con un discreto 15,9% de los votos válidos. De lograrlo, se convertiría en la primera mujer al frente del Estado guatemalteco, mientras que su formación sería la primera en retornar al Ejecutivo desde la restauración de la democracia civil en 1986: las nueve administraciones con mandato electoral que se han sucedido en estos 37 años han portado diferentes siglas partidarias.

El 20 de agosto Torres, más fuerte en las circunscripciones rurales que en las urbanas y colocada en el tradicionalismo conservador no obstante proceder de la socialdemocracia (es contraria al aborto y el matrimonio homosexual, al tiempo que la UNE, aunque se ha movido hacia un centro muy moderado, sigue siendo miembro de la Internacional Socialista), disputará el balotaje con Bernardo Arévalo de León, del centroizquierdista Movimiento Semilla, postulante sorpresa de una campaña ensombrecida por la exclusión de varios candidatos por presuntos errores de procedimiento; fue en particular el caso del populista Carlos Pineda Sosa, de Prosperidad Ciudadana, descalificado cuando señoreaba los sondeos.

El 14 de enero de 2024 uno de los dos, Torres o Arévalo, recibirá la banda presidencial de Alejandro Giammattei. Este agota su ejercicio de cuatro años no renovable con un balance de gestión dominado por las pésimas cifras de pobreza, inseguridad alimentaria, desigualdad y violencia, las denuncias de corrupción institucional y acoso a jueces, fiscales y periodistas independientes, y una imagen de erosión del estado de derecho y aumento de la impunidad. La COVID-19 agudizó los déficits crónicos de Guatemala, cuyo cuadro de desarrollo humano solo mejora el de Haití en el conjunto de América.

Frente a este crudo panorama, apenas dulcificado por la estabilidad macroeconómica —aunque con un nivel muy bajo de ingresos fiscales—, la veterana Torres, llevando a Romeo Guerra Lemus de compañero de fórmula, anuncia una "era de orden y transformación", y un gobierno que "no hablará de ideologías", sino de "respuestas a los problemas". Entre otros puntos, la candidata hace hincapié en la generación de empleo y en la reactivación de los programas de asistencia y promoción social (Mi Familia Progresa, Bolsas Solidarias, Escuelas Abiertas, etc.) por ella impulsados durante la presidencia (2008-2012) del que fuera su marido, Álvaro Colom Caballeros, fallecido en enero de este año. No obstante, recalca, la "mejor política social", la clave para un desarrollo sostenible, es la creación de abundantes y buenos puestos de trabajo.

La supresión del IVA en los productos de la canasta básica, el abaratamiento de la factura eléctrica de los hogares y la construcción de infraestructuras para "garantizar el acceso universal a la salud y la educación en toda Guatemala" figuran asimismo en el repertorio de propuestas de Torres, quien entre 2019 y 2022 estuvo procesada por presunta financiación electoral ilícita y llegó a ingresar en prisión preventiva. No faltan las promesa de "cero tolerancia a la corrupción" tirando meramente de "voluntad política", el Gobierno transparente y digital, la "fiscalización especial" de todo funcionario y la "auditoría social" de los servidores públicos. Al igual que acciones decisivas en materia de seguridad, como la transformación de la Policía Nacional Civil en una fuerza pública "preventiva, reactiva y comunitaria", la militarización de las prisiones para impedir que desde ellas se sigan ordenando crímenes, y la cadena perpetua para "asesinos, extorsionistas y violadores".

Una hipotética Torres presidenta tendría que pactar su agenda legislativa con otros grupos del Congreso, donde la UNE pasa de ser la primera fuerza a disponer únicamente de 28 escaños sobre 160. Por cierto que dos hijas de la presidenciable, una por la UNE y otra por un partido distinto (Nosotros), figuran entre los congresistas electos, mientras que una tercera hija y el único hijo varón, ambos uneístas, han ganado sendos curules en el Parlacen. Si la madre se lleva el mandato presidencial, los cuatro tendrán que renunciar a sus mandatos legislativos.

Natural de El Petén, en la Selva Maya lindera con Belice, país donde transcurrió parte de su infancia y terminó la escuela secundaria, Sandra Torres posee una licenciatura en Ciencias de la Comunicación cursada en la Universidad de San Carlos (USAC) y una maestría en Políticas Públicas. Este título de posgrado le fue conferido por la Universidad Rafael Landívar (URL) muchos años más tarde, en 2018, sobre la base de una tesis enfocada en la protección social en Guatemala. Según las poco precisas semblanzas biográficas de la prensa nacional, Torres, que además del español se expresaba perfectamente en inglés y tenía conocimientos de la lengua mayense quiché, desarrolló una carrera como emprendedora y gerente de varias compañías privadas de los sectores agroexportador y, sobre todo, textil, aunque con el tiempo el perfil profesional que acuñó fue el de especialista en políticas públicas de desarrollo social.


BINOMIO POLÍTICO CON ÁLVARO COLOM Y UN DIVORCIO INSTRUMENTALEl paso vital que marcó el posterior salto de Torres a la nombradía fue su boda civil en febrero de 2002 con Álvaro Colom Caballeros, figura gremial de la industria maquiladora, ex director del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) y personalidad identificada con el rescate de la miseria de las capas de la población más castigadas en los años de la guerra civil. Al parecer, se conocieron en 1999, el año en que él fue candidato presidencial, quedando tercero, de la centroizquierdista Alianza Nueva Nación (ANN). Sin embargo, Torres ya conocía bien la política de primera mano por los compromisos en este terreno de varios familiares directos. Sin ir más lejos, su madre, Teresa Casanova, había sido dos veces alcaldesa del municipio petenero de donde Sandra era oriunda, Melchor de Mencos.

Los dos venían de anteriores matrimonios; en el caso de ella, estuvo 25 años casada con el abogado y catedrático Edgar Augusto De León Sotomayor. Hasta su divorcio, la pareja, padres de cuatro hijos, Lourdes Teresita, Nadia Lorena, Sandra Raquel y Edgar Antonio, administró conjuntamente las maquilas Tejidos Shebla y Confecciones con Estilo. Torres militó también en el partido del que De León era secretario general, Desarrollo Integral Auténtico (DIA), a la sazón socio de la antigua guerrilla URNG en la coalición ANN para las elecciones de 1999. Otro de los responsables del DIA era el hermano de Sandra, Luis Rolando Torres Casanova, candidato presidencial en las elecciones de 1995, donde quedó en séptimo lugar.

El mismo 2002, gobernando el país la Administración de Alfonso Portillo Cabrera, Torres dejó el DIA y se unió a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el nuevo partido inscrito por Colom y que reivindicaba un ideario socialdemócrata. Desde entonces, la empresaria de maquiladoras empezó a ser retratada por los medios nacionales como una mujer de fuerte personalidad que ejercía sobre su esposo un potente influjo en calidad de asesora particular, responsable de la financiación de la UNE y directora de la Coordinadora Nacional de la Mujer del partido. Su rol público solo en parte era dependiente del proyecto político que lideraba su marido, ya que también realizaba un trabajo social desde la Fundación de la Esperanza (FUNE), por ella presidida.

Torres tuvo una presencia descollante en los actos proselitistas previos a las elecciones generales de 2003, en las que Colom, en su segundo intento presidencial, consiguió pasar a un balotaje que sin embargo dio el triunfo a Óscar Berger Perdomo, de la liberal Gran Alianza Nacional (GANA). En las legislativas, la UNE quedó tercera tras la GANA y el gubernamental FRG (su candidato presidencia fue el ex dictador militar Efraín Ríos Montt) al hacerse con 32 congresistas.

La presidenta de la FUNE volvió a flanquear a su marido en la campaña para las elecciones de 2007. Esta vez, Colom, llevando un Plan de la Esperanza para "transformar" la sociedad guatemalteca con la reducción de los agudos déficits sociales, el avance del desarrollo humano y la "economía social de mercado", batió en doble vuelta al general retirado del Ejército Otto Pérez Molina, del derechista Partido Patriota (PP), tal que el 14 de enero de 2008 tomó posesión de la Presidencia de la República. La UNE pasó a ser la primera fuerza del Congreso con 51 curules.

Torres no se conformó, ni mucho, con el rol simbólico y protocolario tradicionalmente asignado a las primeras damas. Desde el primer día, fue una poderosa e influyente miembro de la Administración de la UNE como titular de una oficina creada en 1991 pero hasta entonces muy poco relevante, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), que ella revistió de dinamismo político. Multiplicando desde las instituciones públicas el efecto de la labor que la FUNE había venido realizando en la esfera social privada, Torres se valió de la SOSEP para establecer el Consejo de Cohesión Social, órgano de apoyo a las funciones del presidente de la República y responsable de coordinar e implementar los programas asistencialistas concebidos por la UNE. En buena medida, estos se inspiraban en los programas de transferencias directas de renta a las familias con menos recursos que, con notable éxito, desde 2003 venía aplicando en Brasil el Gobierno del presidente Lula de Silva y su Partido de los Trabajadores.

A lo largo del cuatrienio presidencial, Torres orquestó un amplio abanico de programas dirigidos a los colectivos más vulnerables de la sociedad (mujeres, niños, ancianos, discapacitados) y, en general, a los ciudadanos damnificados por la sombría realidad de pobreza y desnutrición. Cientos de miles de familias figuraron como beneficiarias. La estrella dentro de los programas fue Mi Familia Progresa, el primer esquema de transferencias monetarias condicionadas adoptado en Guatemala y consistente en la entrega cada dos meses de un subsidio de 300 quetzales a familias en situación de pobreza extrema, siempre que acudieran a controles de salud una vez al año como mínimo y sus hijos en edad escolar asistieran por lo menos al 80% de los días lectivos. Asimismo estaban las acciones focalizadas de Bolsas Solidarias, Comedores Populares, Becas Solidarias, Escuelas Abiertas, Escuelas Seguras, Alfabetización, Bolsa Rural Temporal Solidaria, Agua Fuente de Paz y Todos Juntos Ya, entre otros programas sectoriales.

La Comisión de Cohesión Social presidida por Torres tomó a su cargo también programas preexistentes como Creciendo Bien, instituido por la presidencia de Berger y que fue reconfigurado bajo el nombre de Mi Familia Produce. Las metas y objetivos de todas estas intervenciones estaban definidos por el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN). La secretarías involucradas eran las de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), Programación y Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN), Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) y, por supuesto, la SOSEP, responsable de ejecutar cinco programas en concreto: Mi Familia Produce, de microcréditos para madres de familia; Hogares Comunitarios, de guarderías infantiles con manutención gratuita; Promujer-Becas, de becas escolares para niñas del ámbito rural; Adulto Mayor, de comedores, centros de día y bolsas de víveres para personas de la tercera edad; y Servicio Social, de atención individualizada en situaciones urgentes en salud, alimentación y otras.

Los trabajos impulsados y coordinados por la primera dama en el área social no dejaron de suscitar controversias por la captación de recursos presupuestarios detraídos de otras áreas del Gobierno como Salud e Interior, las acusaciones de opacidad e intereses clientelistas y, ya en el terreno más personal, las críticas al carácter enérgico de Torres, descrita por funcionarios y periodistas que trataron con ella como una mujer severa y autoritaria, muy exigente con sus subordinados, poco tolerante a los errores e intimidadora incluso. Por su omnipresencia en las actividades del Gobierno y sus relaciones con los ministros en un plano de superioridad, Torres fue descrita como una especie de "vicepresidenta" de facto, incluso como una "copresidenta".

Luego, estaba el balance objetivo de resultados, que, a la luz de los informes del Estado y de organismos internacionales, fue modestamente positivo en la estadística de la pobreza extrema (rebajada al 13%) pero no así en la de la pobreza total, lacra que siguió afectando a más de la mitad de la población. Eso, teniendo presente que 2008-2012 fue un cuatrienio económicamente difícil por el impacto de la crisis global de 2009, si bien no adquirió esta en Guatemala niveles de recesión. También, podían compararse los datos anuales del Índice de Desarrollo Humano del PNUD. En el IDH de 2010, elaborado con datos de 2008, Guatemala figuraba en el lugar 116 de una tabla de 169 países, mientras que en el IDH de 2013, elaborado con datos de 2012, la posición en el ranking era la 133ª de 187. No había cambiado la condición de Guatemala como el segundo país menos desarrollado de América, solo por delante de Haití.

Todo este activismo y proyección mediática empujó las ambiciones políticas de Torres, que reveló su interés en ser la candidata de la UNE en las presidenciales de 2011. El anuncio fue hecho por la interesada el 8 de marzo del mismo año: "Tengo el derecho constitucional, político y humano de aspirar a la Presidencia. Si no estuviera segura de ello, no participaría", aseguró la primera dama. En otros países, un escenario como este, aunque de lo más inusual, era perfectamente factible con la ley en la mano; sin ir más lejos, estaba el caso coetáneo de la Argentina de los Kirchner, famoso matrimonio presidencial. Pero en Guatemala, la Constitución, en su artículo 186, prohibía expresamente optar a la jefatura del Estado a los "parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad" del presidente de la República.

Para evadir este veto, Colom y Torres concibieron una solución cuando menos extravagante: firmar los papeles del divorcio y poner término a su matrimonio, con lo que dejarían de ser parientes en primer grado de afinidad y ella podría inscribir la candidatura presidencial. La decisión, notificada por la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ) después de salir el muy católico Colom a desmentir tajantemente que la opción del divorcio de su también muy católica mujer estuviera sobre la mesa, desató un escándalo político, con los partidos de la oposición acusando a la pareja de intentar perpetrar un burdo "fraude legal". "Esta es una de las decisiones más importantes de mi vida, pues implica un sacrificio familiar y personal. Nuestro amor es más sólido que nunca, y jamás ha estado sujeto a ningún papel. Sin embargo, el amor a Guatemala y nuestro compromiso con los más necesitados, lo es aún más", dijo Torres al confirmar su separación "de mutuo acuerdo".

En mayo, el líder de la oposición, Otto Pérez Molina, redobló sus ataques al oficialismo a raíz de los señalamientos contra Colom y Torres por su supuesta implicación en los asesinatos del abogado Rodrigo Rosenberg, el empresario Khalil Musa y su hija Marjorie, acusación criminal que más tarde, en enero de 2010, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) iba a desmontar al presentar pruebas de que la muerte de Rosenberg había sido en realidad un suicidio inducido con la participación de personas de su círculo íntimo. La CICIG no halló la menor evidencia de la implicación del matrimonio Colom en esas tres muertes violentas.

Los sectores hostiles a la postulación de la esposa del presidente presentaron ante los tribunales de justicia hasta 15 recursos de amparo. Estos recursos contra el divorcio fueron rechazados y la disolución del vínculo conyugal fue validada por el Juzgado Segundo de Familia de Guatemala el 8 de abril de 2011. Sin lugar a dudas, Torres y Colom estaban legalmente divorciados, dejaban de ser matrimonio, así que la UNE consideró que ella ya tenía vía libre para entrar en la carrera presidencial y realizar la pertinente inscripción en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cosa que Torres efectivamente hizo dando respuesta al "clamor popular". Se presentaba por la coalición formada por la UNE y la GANA.

El 29 de junio, sin embargo, el TSE denegó la candidatura de la primera dama argumentando el incurrimiento en un "fraude de ley" con respecto al artículo 186, literal c) de la Constitución de la República. Torres apeló a la CSJ, pero esta ratificó la decisión del TSE a finales de julio. Aún recurrió Torres a la Corte de Constitucionalidad. Como era de esperar, el 8 de agosto, faltando poco más de un mes para las elecciones, la máxima instancia jurídica de Guatemala sepultó definitivamente su pretensión. Se trató de la primera vez desde las elecciones democráticas de 1985 que una candidatura presidencial quedaba anulada.

En desenlace del caso Torres fue doblemente negativo para la UNE porque, como ya había expirado el plazo legal para inscribir candidaturas, llegó a las elecciones del 11 de septiembre de 2011 sin aspirante propio a suceder a Colom. El vacío dejado por el oficialismo impulsó todavía más las posibilidades del patriota Pérez Molina, ya primero en los sondeos, que pasó a la segunda vuelta junto con Manuel Baldizón Méndez, de LÍDER, partido fundado en 2009 como una escisión de la UNE. El 6 de noviembre Pérez Molina se impuso a Baldizón y el 14 de enero de 2012 sucedió a Colom. La UNE se acomodó en la oposición como el segundo grupo del Congreso con 48 escaños.


LAS APUESTAS PRESIDENCIALES DE 2015 Y 2019, Y PROBLEMAS CON LA JUSTICIA Este sonado paso en falso apuntaló sin embargo a Torres en el liderazgo de la UNE, cuya Secretaría General recibió en mayo de 2012, sustituyendo a Jairo Joaquín Flores. Colom, en adelante diputado del Parlacen, se apartó del primer plano. Aunque los ex cónyuges aseguraban que seguían profesándose cariño y amor, su divorcio era definitivo y no volverían a casarse.

Incidiendo en la imagen de abanderada del desarrollo humano de Guatemala y defensora de los pobres, Torres, acompañada por el empresario Mario Roberto Leal Castillo como compañero de fórmula, volvió a ser nominada por los suyos para las elecciones presidenciales del 6 de septiembre de 2015. La líder uneísta tuvo dificultades para capitalizar el clamor de indignación nacional por el macroescándalo de corrupción gubernamental conocido como La Línea y que tumbó de manera ignominiosa a Pérez Molina (quien nada más dejar el despacho presidencial fue detenido por los cargos de cohecho pasivo, asociación ilícita y fraude aduanero) tan solo tres días antes de la cita con las urnas.

En los sondeos, Torres aparecía emparedada entre Manuel Baldizón y el candidato sorpresa Jimmy Morales Cabrera, popular cómico televisivo que, bajo el lema de "ni corrupto ni ladrón", supo conectar con la sed de justicia social, calidad democrática y cambio radical de los guatemaltecos, decepcionados ya demasiadas veces. Aunque no era exactamente un neófito en política, Morales, con su Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), convenció a muchos paisanos que le veían como la alternativa más creíble a las desacreditadas élites tradicionales.

Torres protagonizó un empuje de ultimísima hora y en la primera vuelta electoral le arrebató in extremis a Baldizón el derecho a disputar el balotaje con Morales: con el 19,38% de los votos, el jefe de LÍDER quedó apeado por menos de cuatro décimas de diferencia con su contrincante. El entusiasmo en las filas de la UNE duró poco porque el 25 de octubre Morales laminó a Torres con el 67,7%. Se trató de un mazazo para la perdedora, que hasta el último minuto confió en sus posibilidades. A la UNE, considerado el partido mejor estructurado e implantado del país, le quedó el consuelo de mantenerse como la segunda fuerza del Congreso con 32 escaños, esta vez a la zaga de LÍDER.

La secretaria general de la UNE encaró su tercera carrera presidencial en 2019 con el lastre del procedimiento iniciado en su contra por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que quería someterla a desafuero y antejuicio por indicios de financiación ilícita durante la campaña de 2015. Torres tomó como compañero de fórmula al diplomático Carlos Raúl Morales Moscoso, ex ministro de Relaciones Exteriores. La iniciativa penal en curso no impidió por el momento el desempeño político de Torres, que de hecho realizó una campaña con acentos triunfales, más después de inhabilitar la Corte de Constitucionalidad a las candidatas Zury Ríos Sosa, del partido Valor, y Thelma Aldana Hernández, del partido Semilla.

Esto redujo a tres los competidores de Torres con ciertas posibilidades: Alejandro Giammattei Falla por Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), Thelma Cabrera Pérez de Sánchez por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y Edmond Mulet Lesieur por el Partido Humanista de Guatemala (PHG). En la primera vuelta del 16 de junio la uneísta se puso en cabeza con 25,5% de los votos, pero en la segunda del 11 de agosto fue batida por el derechista Giammattei con el 57,9%.. En las legislativas, la UNE experimentó una fuerte subida y recobró la primacía con 52 congresistas.

Carente de fuero y privada de inmunidad, Torres afrontó el desarrollo de la acción penal de la FECI. Al comenzar septiembre de 2019 fue detenida por su presunta vinculación a unos delitos de asociación ilícita y financiación electoral no reportada, afectando a la cantidad de 5,9 millones de quetzales. Torres, que habló de "persecución política", fue enviada a prisión preventiva tras declarar ante el Juzgado de Mayor Riesgo. Compartió por tanto la experiencia carcelaria de varios meses de Colom, temporalmente preso en 2018, después de su paso por el Parlacen, bajo la acusación de unos delitos de fraude y malversación en el caso de corrupción del Transurbano de Ciudad de Guatemala. Aunque Morales seguía siendo el presidente, Giammattei, que no tomaba posesión hasta enero de 2020, había declarado días antes de su victoria en la segunda vuelta electoral que él iba a hacer "todo lo que estuviera en mis manos" para que la justicia encarcelara a su rival.

En enero de 2020 la defensa de Torres consiguió su excarcelación, al cabo de cuatro meses de prisión preventiva —de los que casi tres los pasó en sanatorios— y previo pago de 800.000 quetzales. El Juzgado de Mayor Riesgo E le impuso la limitación de movimientos con prohibición de abandonar el Departamento de Guatemala. El proceso penal no dio lugar a juicio y caducó en noviembre de 2022, cuando el Juzgado de Mayor Riesgo A resolvió exonerar a Torres y a las otras ocho personas encausadas arguyendo falta de indicios acusatorios. La FECI no apeló. Luego, el 8 enero de 2023, la UNE proclamó a su secretaria general candidata para las elecciones presidenciales de junio. Al poco, el 23 de enero, saltó la noticia del fallecimiento de Álvaro Colom en la capital del país, víctima de un cáncer de colon, a los 71 años de edad. El ex presidente, aunque en situación de libertad, seguía procesado por el caso Transurbano y figuraba en la Lista Engel del Gobierno de Estados Unidos sobre "actores corruptos y antidemocráticos" en América Central.

(Cobertura informativa hasta 1/2/2023)