Raúl Alfonsín

Raúl Alfonsín (1927-2009), dirigente carismático de la Unión Cívica Radical (UCR), ganó las elecciones presidenciales de 1983 con un mensaje de esperanza democrática que caló en los argentinos tras siete años de calamitosa dictadura militar, con su balance de miles de víctimas de la represión, una economía a la deriva y la malhadada aventura bélica de las islas Malvinas. Alfonsín restableció las libertades, brindó diálogo político y exudó honestidad, pero sus seis años de Gobierno se tradujeron en una erosión constante de su liderazgo por el doloroso ajuste económico, que fracasó en la lucha contra la hiperinflación y la recesión, la presión del sindicalismo peronista y la imagen de debilidad en el manejo de la cuestión militar, donde la limitación de los juicios a la antigua cúpula castrense mediante las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida no le ahorró un rosario de sediciones que pusieron en serio peligro la recién recuperada democracia. En las relaciones exteriores, alumbró el eje de integración Argentina-Brasil-Uruguay, génesis que fue del MERCOSUR.

1. Abogado y político de la Unión Cívica Radical
2. Elaborador de un proyecto democrático nacional
3. Las esperanzadoras elecciones de 1983
4. La espinosa cuestión militar: juicios, descargos y sublevaciones
5. Intentos de sanar la economía y vaivenes electorales
6. Activismo internacional; la integración del Cono Sur
7. Los infortunios del último año en la Presidencia
8. Colaboración y oposición en la década menemista
9. Permanencia como líder de hecho del radicalismo
10. Últimas noticias y defunción
11. Reconocimientos y filiaciones


1. Abogado y político de la Unión Cívica Radical
El primero de los seis hijos tenidos por los señores Ana María Foulkes y Serafín Raúl Alfonsín, un comerciante minorista nieto de inmigrante gallego —Serafín Alfonsín Feijóo— y partidario de la causa republicana durante la Guerra Civil Española, cursó los estudios primarios en la Escuela Normal Regional de su Chascomús natal y los secundarios en el Liceo Militar General San Martín, sito también en la Provincia de Buenos Aires, donde se graduó a los 18 años con el galón de subteniente en la reserva. En este centro tuvo como compañero de clase al futuro general y dictador militar Leopoldo Fortunato Galtieri. Coincidiendo con el ascenso al poder del coronel Juan Domingo Perón, en 1946, Alfonsín inició la carrera jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), de la que egresó como abogado en 1950. Su debut universitario fue simultáneo al comienzo de la militancia en el Movimiento de Intransigencia y Renovación en el seno de la Unión Cívica Radical (UCR), el histórico partido fundado en 1891 y ahora liderado por Ricardo Balbín, del que le atraía su discurso, a la vez antioligárquico y crítico con el populismo social del peronismo.

Tras casarse con su novia de juventud, María Lorenza Barreneche, con la que iba a tener seis hijos, instaló un bufete de abogado en su ciudad natal al sudeste de la Capital Federal y comenzó una carrera política como representante público en el nivel municipal y con colaboraciones periodísticas en el diario El Imparcial, en cuya fundación tomó parte. En 1951 obtuvo el cargo de vocal de la UCR en el consistorio de Chascomús y tres años después ganó una concejalía en las urnas. Poco antes de la llamada Revolución Libertadora, o golpe militar, de septiembre de 1955, que derrocó a Perón y puso al justicialismo fuera de ley, Alfonsín sufrió un corto período de prisión. Tras su liberación se convirtió en jefe del comité de la UCR en Chascomús y en las elecciones generales del 23 de febrero de 1958, convocadas por el presidente militar, el general Pedro Eugenio Aramburu, ganó el mandato de diputado en la Legislatura provincial de Buenos Aires.

Convertido en vicepresidente de su bancada, Alfonsín se mantuvo fiel a Balbín en el enfrentamiento suscitado el año anterior con Arturo Frondizi, pugna que terminó por escindir el partido y producir la duplicidad de candidaturas en las elecciones presidenciales, ganadas por el segundo. Frondizi lideraba la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), ideológicamente más a la izquierda y partidaria del pacto con Perón, a la sazón en el exilio; de hecho, Frondizi debió su victoria presidencial en 1958 al apoyo masivo que le brindó un electorado peronista huérfano de candidatos propios. A su vez, Balbín estableció la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) para sostener la política del frentismo, que descartaba cualquier conchabanza con el caudillo justicialista.

Hasta el final del período frondicista, truncado por los militares en marzo de 1962 de resultas del triunfo del peronismo, devuelto a la legalidad por el mandatario depuesto, en las elecciones provinciales, Alfonsín renovó los puestos de presidente de la UCRP en su localidad y de diputado provincial, a los que sumó el de delegado en el Comité del partido en la provincia. En las elecciones presidenciales del 7 de julio de 1963 la UCRP se adjudicó la victoria en la persona del médico Arturo Umberto Illia, mientras que Alfonsín se hizo con el escaño de diputado en el Congreso Nacional. Como vicepresidente de su grupo parlamentario, el abogado se distinguió en la redacción de diversos proyectos de ley de índole social, en el transcurso de una presidencia que condujo al país por un vericueto de progreso económico y paz social.

En noviembre de 1965 Alfonsín alcanzó la presidencia del Comité radical en la Provincia de Buenos Aires e inscribió su precandidatura a gobernador en los comicios que debían celebrarse en 1967. El nuevo golpe de Estado del 28 de junio de 1966, que inauguró la dictadura, particularmente reaccionaria, del general Juan Carlos Onganía, despojó a Alfonsín del mandato legislativo y le devolvió a su despacho de abogado.

Mientras la UCRP recuperaba el nombre de UCR, después de que Frondizi consagrara el cisma en el radicalismo con la transformación de la UCRI en el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Alfonsín comenzó a trabajar en la clandestinidad en favor de una corriente de opinión de fuerte contenido ético y que ofreciera una alternativa tanto a la demagogia personalista del peronismo como a la persistente arrogancia castrense, que se entrometía en la constitucionalidad civil una y otra vez. Lo arriesgado de esta labor quedó de manifiesto el 17 de noviembre de 1966, cuando las fuerzas de seguridad le detuvieron por breve tiempo por haber reabierto el Comité radical en la provincia de Buenos Aires y haber convocado una conferencia de prensa en la que condenó la implantación de una nueva dictadura.

Este activismo dio lugar en 1970 al Movimiento de Renovación y Cambio, que frente el oficialismo balbinista propugnaba una línea socialmente progresista, aproximada a la socialdemocracia europea, comprometida con las libertades civiles y los valores democráticos, y menos conciliadora con el peronismo. Valiéndose de sus importantes apoyos en el partido y prestigiado ante los militantes jóvenes, Alfonsín impugnó reiteradamente el liderazgo del veterano y cuatro veces candidato presidencial fallido, las dos últimas en las elecciones consecutivas del 11 de marzo y el 23 de septiembre de 1973, que significaron el retorno triunfal de Perón al país y al poder tras 18 años de exilio. Para la primera de estas convocatorias, Alfonsín no pudo arrebatarle la nominación a Balbín, teniendo que conformarse con retornar a su escaño en la Cámara de Diputados.

Durante las violencias extremistas de diverso signo que asfixiaron la presidencia de María Estela (Isabel) Martínez de Perón, sucesora de su esposo fallecido el 1 de julio de 1974, Alfonsín cofundó la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) para hacer un seguimiento del preocupante deterioro de los mismos en el país austral. El golpe de Estado perpetrado por los comandantes generales de los tres ejércitos el 24 de marzo de 1976 liquidó el tercer intento en dos décadas de asentar la democracia civil en Argentina y principió una etapa de terror sin precedentes al decidir los dictadores acallar toda actividad política y sindical, y exterminar a la subversión sin reparar en limitaciones legales y con la ferocidad de una cruzada guerrera.


2. Elaborador de un proyecto democrático nacional
En estos años aciagos, Alfonsín alternó la defensa legal de los represaliados del régimen militar, solicitando el hábeas corpus para detenidos sin cargos y en nombre de otros (los más) desaparecidos, con un cauteloso activismo partidista. Realizó varios viajes a América Latina, Estados Unidos, Asia, la URSS y Europa Occidental, donde frecuentó a los dirigentes de la Internacional Socialista, mientras en casa hacía una labor de divulgación de su proyecto, abierto a partidos y personalidades de diverso signo, a través de seminarios y artículos publicados en Inédito y otra revista dirigida por él mismo, Propuesta y Control, destacándose entre una clase políticatemerosa de las represalias y descorazonada ante lo que parecía la usurpación militar del poder por tiempo indefinido. La muerte de Balbín en septiembre de 1981 convirtió a Alfonsín en la indiscutible primera personalidad de la UCR, que como partido pasó a perfilar ante la sociedad su distanciamiento del peronismo, entonces en manos de la vieja dirigencia ortodoxa y los prebostes sindicales, así como su actitud radicalmente crítica con las sevicias de la dictadura. Aquel año, Alfonsín publicó el ensayo La cuestión argentina, al que siguieron, en 1983, Ahora, mi propuesta política y ¿Qué es el radicalismo?.

Durante la guerra (abril a junio de 1982) con el Reino Unido por la posesión de las islas Malvinas, provocada por los militares para distraer la atención del público sobre la calamitosa situación económica y las violaciones masivas de los Derechos Humanos, Alfonsín exigió a las autoridades información veraz sobre lo que les estaba sucediendo a las tropas y fue uno de los escasos dirigentes políticos que no se adhirió a la ola de fervor nacionalista al atisbar en la ocupación de las islas históricamente reclamadas por Argentina una maniobra demagógica y pseudopatriótica de la dictadura. Tras esta malhadada aventura militar, el teniente general Galtieri hubo de cesar como presidente de la Nación y jefe de la segunda Junta Militar de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Confrontado con el descrédito total de los uniformados y la situación de crisis total que anegaba al país, el nuevo presidente, el general Reynaldo Benito Bignone, dispuso la devolución del poder a los civiles.

Los posicionamientos políticos de Alfonsín en este convulso período levantaron miradas de sospecha en algunos sectores políticos, que le acusaron de restablecer la vieja contraposición peronismo-antiperonismo. Pero, a cambio, le granjearon simpatías y apoyos en una franja de independientes de la clase media, entre los jóvenes e incluso en sectores de un peronismo de complicada definición ideológica que temían la sustitución, sin solución de continuidad, del poder militar por el "poder sindical". En un sentido general, sus planteamientos originales y su condición de quincuagenario hicieron brillar a Alfonsín en un panorama político caracterizado por la senectud de los caudillos tradicionales y la inercia de los viejos mensajes y retóricas, llegándose a llamar alfonsinistas, y no meramente simpatizantes radicales, a los partidarios del carismático abogado y político.

De puertas adentro en la UCR y a diferencia del Partido Justicialista (PJ), falto de un líder indiscutible, Alfonsín consiguió aglutinar a todas las tendencias en torno a su programa de defensa de las libertades cívicas y de restauración democrática sin cortapisas. El 30 de julio de 1983 la Convención Nacional de la UCR se decantó por Alfonsín, por delante de los líderes de la línea balbinista Juan Carlos Pugliese y Antonio Tróccoli, para presidir el Comité Nacional del partido en sustitución del entrerriano Carlos Raúl Contín y además representarlo, con Víctor Hipólito Martínez como compañero de fórmula, en las elecciones presidenciales del 30 de octubre.


3. Las esperanzadoras elecciones de 1983
En su campaña electoral, el radical fue el candidato que más claramente habló sobre el futuro papel en democracia de las Fuerzas Armadas, como institución subordinada al poder civil y en particular a él como comandante en jefe en tanto que jefe del Estado. Así, propuso recortar en un tercio el presupuesto militar y que la lucha antisubversiva quedara en manos de la Policía, dentro del marco de la ley y el respeto de los Derechos Humanos. Por otro lado, anunció un "reordenamiento sindical" con el objeto de democratizar la institución gremial, hasta entonces copada por las poderosas centrales peronistas, y hacerla representativa del colectivo de los trabajadores. Alfonsín trasladó este doble señalamiento al terreno de una colusión contra la democracia en Argentina, llegando a denunciar la existencia de una "entente cordial militar-sindical" que él ya se encargaría de desbaratar tan pronto asumiera la Presidencia de la Nación. El 26 de octubre, Alfonsín y Martínez pusieron colofón a una campaña triunfalista presidiendo en la porteña Plaza de la República un mitin multitudinario que congregó a más de 800.000 personas.

Los resultados de las elecciones del 30 de octubre de 1983 causaron sorpresa dentro y fuera de Argentina porque existía la opinión general de que el PJ, cuya militancia duplicaba al millón y medio de afiliados radicales, y sus organizaciones afines eran los principales damnificados de la ruptura constitucional de 1976 y de la represión subsiguiente, y que cabía esperar una justa reparación en las urnas. En realidad, los estragos de la dictadura se habían abatido sobre el conjunto de la sociedad, y lo que ahora fructificó fue el trabajo del grupo de dirigentes radicales animado por Alfonsín, que durante años supo insertar, pacientemente, el concepto de cambio en la masa electoral para la reconstrucción del país.

Alfonsín se adjudicó el 51,7% de los votos contra el 40,1% de Ítalo Argentino Lúder, quien fuera presidente del Senado con Isabel Perón, convirtiéndose así en el primer postulante radical en derrotar a un justicialista en un cara a cara presidencial. En las legislativas, la UCR estableció también un precedente histórico al obtener 128 de los 254 escaños de que constaba la Cámara de Diputados, 16 actas más que el PJ y exactamente la mayoría absoluta. Se observó una concentración del voto alfonsinista en los distritos de mayor desarrollo socioeconómico, en Buenos Aires (inclusive el cinturón fabril de la Capital Federal, bastión tradicional del peronismo), Córdoba y Mendoza, si bien la UCR sólo conquistó los gobiernos de siete de las 23 provincias, donde hicieron sentir su fuerza el PJ y las pequeñas formaciones regionales conservadoras. Este desequilibrio entre el peso electoral de la UCR a nivel nacional y el predominio geográfico del PJ, más homogéneamente implantado en las provincias, quedó reflejado en el Senado de 46 miembros, donde el partido de Alfonsín quedó, con 18 bancas, en franca minoría.

El 6 de diciembre, la tercera Junta Militar de Comandantes Generales se disolvió y el 10 de diciembre, en el día internacional de los Derechos Humanos, Alfonsín recibió de Bignone la banda presidencial ante una nutrida representación exterior. Esta incluyó, además de a varios estadistas latinoamericanos de orientaciones ideológicas tan dispares como el sandinista nicaragüense Daniel Ortega, el socialdemócrata venezolano Carlos Andrés Pérez, el centroizquierdista boliviano Hernán Siles Zuazo y el conservador peruano Fernando Belaúnde Terry, amén de la plana mayor de la oposición chilena a la dictadura militar en el país vecino, al vicepresidente de Estados Unidos, George Bush, y a los más destacados líderes europeos de la Internacional Socialista, a saber, el español Felipe González, el italiano Bettino Craxi, el francés Pierre Mauroy y el portugués Mário Soares, todos los cuales dejaron testimonio de la satisfacción internacional por la vuelta del orden constitucional a Argentina.

La delegación española fue de las más abultadas por las presencias, además del presidente González, del ex presidente Adolfo Suárez y del líder de la oposición conservadora al Gobierno socialista, Manuel Fraga, gallego como los antepasados de Alfonsín. Tampoco quisieron perderse el histórico momento los ex presidentes locales Frondizi e Isabel Perón, afincada en Madrid desde 1981, y figuras extrapolíticas como el literato Ernesto Sábato. "Vamos a asegurar desde hoy la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Vienen tiempos duros y difíciles, pero no tengan ni una sola duda; vamos a arrancar, vamos a salir adelante, vamos a tener el país que nos merecemos, y no porque nos gobiernen unos iluminados, sino por esto, por esta unidad del pueblo", dijo en un vibrante discurso el flamante presidente a la muchedumbre que le vitoreaba en la emblemática Plaza de Mayo, epicentro de la explosión de alegría popular que recorría el país.


4. La espinosa cuestión militar: juicios, descargos y sublevaciones
Alfonsín arrancó sus seis años de mandato con un talante conciliador, tratando de proyectarse más como el jefe de un Estado que como el líder de un partido, y de superar vindicaciones y sectarismos arraigados en la política argentina, pero sin olvidar la acción de justicia con las víctimas de la dictadura. El compendio de este espíritu regenerador y moralizador venía a ser la sentencia de "el pueblo unido jamás será vencido", coreada en la Plaza de Mayo tras finalizar el traspaso de poderes.

El 13 de diciembre Alfonsín firmó el decreto 158/83 para someter a juicio penal ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de las tres juntas militares, a la sazón los comandantes en jefe de las tres armas en cada momento, por su responsabilidad en los homicidios, torturas y detenciones ilegales perpetrados entre 1976 y 1983. El 22 de diciembre el Congreso, mediante la Ley 23.040, derogó "por inconstitucional" y declaró "insanablemente nula" la vulgarmente calificada ley de autoamnistía, norma de facto promulgada el 23 de marzo por la Junta Militar saliente para protegerse de una iniciativa como la presente; Alfonsín firmó la Ley 23.040 seis días después. En enero de 1984 otro decreto presidencial dispuso la detención de Ramón Camps, el filonazi ex jefe de la Policía de Buenos Aires y responsable de los centros clandestinos de detención en la provincia.

Los juicios que se avecinaban, que no tenían parangón en la historia de América Latina —y cuyo precedente más parecido en todo el mundo eran los juicios de Nüremberg a los jerarcas nazis tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial— iban a contar con el valioso aporte de la investigación realizada por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), convocada por Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 y cuya presidencia se adjudicó a Ernesto Sábato. El comúnmente denominado Informe Sábato, entregado al inquilino de la Casa Rosada el 20 de septiembre de 1984 y publicado en forma de libro con el título de Nunca más, hacía un balance provisional de 8.960 desaparecidos forzosos durante la dictadura. Se trataba de casos satisfactoriamente documentados, aunque Amnistía Internacional estimó que el número de víctimas superaba las 15.000, mientras que organizaciones argentinas como Madres de Plaza de Mayo hablaron de no menos de 30.000 represaliados entre muertos y desaparecidos. Por otro lado, los cabecillas de las organizaciones subversivas y terroristas, la mayoría emanadas de la izquierda peronista, como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), cuya erradicación las juntas militares habían usado como justificación de los desmanes represivos, también hubieron de rendir cuentas con la justicia.

Los tenientes generales del Ejército y ex presidentes Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, el brigadier general del Aire Orlando Ramón Agosti y los almirantes Emilio Eduardo Massera y Armando Lambruschini fueron enjuiciados a partir del 22 de abril de 1985, no por derrocar un gobierno constitucional y democráticamente elegido, sino por violar los Derechos Humanos, concretamente por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos. Pero en cualquier caso se creó un precedente histórico, no sólo en Argentina, sino en toda América Latina, donde las sistemáticas usurpaciones del poder por los uniformados siempre habían terminado con la impunidad de los autores.

Las sentencias condenatorias dictadas por la Cámara Federal de la Capital el 9 de diciembre de 1985 contra los citados oficiales, así como las aplicadas el 16 de mayo de 1986 por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a Galtieri, al brigadier general del Aire Basilio Lami Dozo y al almirante Jorge Isaac Anaya, que habían sido absueltos por la justicia civil en el anterior proceso, no satisficieron a los familiares de las víctimas, que consideraban las penas insuficientes en algunos casos además de que varios acusados quedaron exculpados, y, por supuesto, crearon malestar en la institución castrense, cuya cúpula Alfonsín había previamente renovado. Videla y Massera fueron condenados a cadena perpetua, Viola a 17 años de prisión, Lambruschini a ocho años y Agosti a cuatro años y seis meses. Anaya, Galtieri y Lami Dozo recibieron penas de 14, 12 y ocho años de prisión, respectivamente, por "negligencia" en la conducción de la guerra de las Malvinas. El brigadier general del Aire Omar Domingo Graffigna quedó absuelto, mientras que el último triunvirato de la tercera Junta Militar, el formado por el teniente general Cristino Nicolaides, el brigadier general Augusto Jorge Hughes y el almirante Rubén Óscar Franco, no fue encausado y procesado.

Tras estos procesos, Alfonsín creyó oportuno pasar la página del capítulo más tenebroso de la historia contemporánea de Argentina y promovió las leyes de Caducidad de la Acción Penal, más conocida como de Punto Final, en 1986, y de Obediencia Debida, en 1987. Con estos instrumentos, el mandatario perseguía limitar la aplicación de justicia y el eventual castigo a las sucesivas cúpulas militares, dejando en paz a los oficiales de menor rango y a los ejecutores de las órdenes represivas emanadas desde aquellas, esperando con ello propiciar el acercamiento (y la subordinación) de las Fuerzas Armadas al poder civil. El primer reglamento, aprobado por las cámaras del Congreso el 22 y el 23 de diciembre de 1986, extinguía la acción penal contra los militares (o cualquier otra persona) por su presunta participación en delitos cometidos en las operaciones antisubversivas del llamado Proceso de Reorganización Nacional. La "caducidad" entraba en vigor 60 días después de promulgarse la ley y no afectaba a aquellos militares declarados en rebeldía, prófugos o que estuvieran involucrados en el secuestro de bebés hijos de desaparecidos. La Ley de Punto Final provocó una considerable crispación, sacando a la calle a las organizaciones de víctimas, siendo las más activas las Madres de la Plaza de Mayo, y, mucho más peligroso para el presidente, generando ruidos de sables en los cuarteles, donde lo que se pretendía era que los procesos abiertos terminaran de inmediato.

El 16 de abril de 1987 el teniente coronel Aldo Rico se amotinó en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, vasto complejo militar al oeste de la Capital Federal, declarándose solidario con el mayor Ernesto Guillermo Barreiro, quien, llamado a declarar por la justicia por un caso de torturas, se había refugiado en el XIV Regimiento de Infantería Aerotransportada, en La Calera, Córdoba, el cual también se sublevó. Ante la pasividad de las tropas enviadas para reducir a los insurrectos, Alfonsín hubo de personarse en la crisis, logrando que Rico y sus soldados carapintadas terminaran la asonada a cambio —si bien el mandatario negó enfáticamente haber negociado nada— de la sustitución como jefe del Estado Mayor del teniente general Héctor Ríos Ereñú por el teniente general José Dante Caridi.

En un movimiento que objetivamente era indigno de la suprema magistratura del país y lesivo para el prestigio y la credibilidad de la institucionalidad civil, aunque por otro lado no estaba exento de arrojo, Alfonsín acudió a la Escuela de Infantería a discutir cara a cara con Rico el final del cuartelazo, pero no sin antes dejarse arropar por todas las fuerzas políticas y sindicales del país, que avalaron su delicado paso personal firmando con él un Acta de Compromiso Democrático. Fue el 19 de abril, domingo de Pascua, una jornada muy subrayada en las efemérides argentinas, a la que Alfonsín puso colofón con un apasionado discurso pronunciado desde la balconada de la Casa Rosada ante la marea humana que llenaba la Plaza de Mayo, que marcó toda una época. Interrumpido constantemente por los vítores y los aplausos, el presidente dijo: "Compatriotas: ¡felices Pascuas!. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde serán detenidos y sometidos a la justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado (…) Para evitar derramamientos de sangre di instrucciones a los mandos del Ejército para que no se procediera a la represión, y hoy podemos todos dar gracias a Dios; la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina".

Entonces, predominó la convicción de que Alfonsín, que en esta crisis recibió la solidaridad en bloque de todos los sectores de la sociedad civil y las cancillerías extranjeras, había reconducido la desasosegadora sublevación de Campo de Mayo en beneficio de la democracia, Sin embargo, la Ley de Defensa de la Democracia, promulgada en agosto de 1984 y que establecía sanciones de cinco a 15 años de prisión, agravadas en el caso de personal militar, para quienes incurrieran en alzamiento armado contra los poderes públicos, no fue invocada. Se admitió la tesis de Rico de que él no se había rebelado contra el orden constitucional ni levantado contra el Gobierno, sino que "sólo" se había sublevado, o indisciplinado, contra la autoridad estrictamente militar. La impresión de una claudicación cobró peso cuando el 4 de junio la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Obediencia Debida. Promulgada el 8 de junio, la ley exculpaba de oficio, luego suponía la anulación de las causas abiertas cualesquiera fueran sus estados procesales, a todos los oficiales por debajo del rango de brigadier. Como consecuencia, un millar largo de imputados vieron cancelados sus procesos y juicios. Entre evento y evento, el general Caridi caldeó más el ambiente haciendo en público una auténtica apología de la dictadura y de la guerra sucia, desairando al superior constitucional que lo había nombrado.

Rico y los suyos protagonizaron un nuevo levantamiento en el Regimiento de Infantería de Monte Caseros, en Corrientes, del 16 al 18 de enero de 1988, como reacción a la decisión de la justicia militar de prolongar su arresto en una prisión del Ejército por su acción en Campo de Mayo. Esta vez, las tropas lealistas sí intervinieron y redujeron a los facciosos, en el que fue el primer enfrentamiento entre militares desde 1962. Todavía el 3 de diciembre de 1988 el coronel Mohamed Alí Seineldín, oficial de conocidas credenciales ultranacionalistas y referente del movimiento carapintada, encabezó en la guarnición de Villa Martelli, en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, un tercer alzamiento que fue rápidamente reconducido, supuestamente gracias a una transacción con el jefe del II Cuerpo del Ejército —y luego jefe del Estado Mayor—, teniente general Isidro Cáceres. Seineldín fue detenido el 5 de diciembre. Todos estos movimientos se interpretaron más como medidas de presión y advertencia a los civiles por parte de un poderoso sector ultra del Ejército para que dejaran de perseguir judicialmente a camaradas de armas, y como pendencias internas de las Fuerzas Armadas, que como verdaderos intentos de golpe de Estado. Pero Alfonsín, para resolverlos y salvaguardar el orden constitucional, pagó un alto precio político personal.


5. Intentos de sanar la economía y vaivenes electorales
Cuando Alfonsín ocupó su despacho en la Casa Rosada heredó de los militares un deplorable cuadro económico: el crecimiento era negativo, la inflación crecía a un ritmo del 20% mensual, la deuda externa sobrepasaba los 40.000 millones de dólares y el paro oficioso afectaba al 7% de la población activa. La aplicación de medidas de ajuste y estabilización iba a topar con más dificultades por cuanto que el presidente estaba resuelto a cumplir otra de sus promesas electorales, acabar con el monopolio sindical de hecho que ejercía la peronista Central General de Trabajadores (CGT), la cual se aprestó a librar un duro pulso con el Gobierno para defender su privilegiado estatus y los derechos de los asalariados.

El 11 de febrero de 1984 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto sobre la Ley de Reordenamiento Sindical elaborado por el Gobierno. La norma abrió las puertas a la creación de nuevas uniones gremiales, pero puso en pie de guerra al sindicato que lideraban Saúl Ubaldini y Jorge Triaca, quienes suspendieron sus peleas internas y presentaron un frente común contra el Gobierno. El sindicalismo peronista demostró toda su fuerza convirtiendo en papel mojado la Ley de Reordenamiento y forzando la dimisión de su promotor, el ministro de Trabajo Antonio Mucci. El 10 de junio Alfonsín rechazó en nombre de la "justicia social" las condiciones puestas por el FMI para el reescalonamiento de la deuda, pero luego cambió de postura, de manera que el 30 de septiembre el Gobierno alcanzó con el citado organismo un acuerdo gradualista y el 28 de diciembre tuvo acceso a un crédito de 1.700 millones de dólares. El 3 de septiembre Alfonsín encajó su primera huelga general, convocada por la CGT en demanda de alzas salariales para compensar el encarecimiento de los precios.

Alfonsín y su nuevo ministro de Economía, Juan Sourrouille, sucesor en febrero de 1985 del primer titular de la cartera, Bernardo Grinspun, basaron sus esperanzas de recuperación en el Plan Austral. Anunciado a la nación el 14 de junio de 1985 y puesto en vigor al día siguiente, el plan introducía una nueva divisa nacional, el austral, en sustitución del peso argentino (el país había conocido otras dos unidades de cuenta desde 1970, el peso moneda nacional y el peso ley). Canjeado a 1.000 pesos la unidad, el austral nacía cotizando con un tipo de cambio fijo de 80 centavos de austral por dólar, lo que suponía una devaluación del 15%. Asimismo, el plan establecía un elenco de medidas de choque, a caballo entre el liberalismo y el dirigismo para detener la inflación, que entonces crecía a un ritmo del 1% diario: el bloqueo de los salarios, la congelación de los precios al consumo y las tarifas de los servicios públicos, recortes draconianos en los presupuestos y el compromiso gubernamental de que el Banco Central no emitiera moneda para asumir las obligaciones de un Estado hipertrofiado donde el gasto publico total equivalía al 53% del PIB (que en un 40% era, a su vez, aportado por el sector público). El premio del FMI a la aplicación de sus recetas fue el anuncio del reescalonamiento, el 27 de agosto, del pago de la deuda externa que vencía aquel año y la concesión de un crédito suplementario de 4.200 millones de dólares.

La reacción de la crecientemente hostil CGT y los metalúrgicos del veterano peronista Lorenzo Miguel contra la "economía de guerra" aplicada por el Ejecutivo no se hizo esperar: llamaron a otra gran movilización, principiando una etapa ininterrumpida de huelgas generales, trece en total, y paros, mucho más numerosos, de ámbito sectorial o local. En realidad, las reivindicaciones laborales de la CGT escondían una estrategia de acoso político por parte de un movimiento peronista que en su expresión partidista se hallaba aún deslavazado por las peleas internas y la falta de un líder indiscutible. El 25 de octubre de 1985 Alfonsín declaró el estado de sitio por 60 días ante el aumento de las actividades desestabilizadoras de grupos terroristas de izquierda y de círculos ultras del Ejército y de la extrema derecha civil, donde el Gobierno detectó hasta un plan para asesinar al presidente.

A pesar la crispación social, en las elecciones legislativas del 2 de noviembre de 1985 la UCR reforzó, con el 43% de los votos, su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados manteniendo intacto el número de escaños, 128, ya que el PJ disminuyó su representación hasta los 101. El partido del presidente fue el más votado en 17 de las 23 provincias y, por supuesto, lo hizo con amplitud en su baluarte por excelencia, la Capital Federal. Estos resultados daban a entender que, con todo, buena parte del electorado seguía confiando en la capacidad de Alfonsín, cuya honestidad y dedicación eran ampliamente reconocidos, para encarrilar la economía y gestionar el ingrato expediente militar. Además, la vigencia del estado de sitio hasta el 9 de diciembre redujo a ojos vista la violencia de signo político, instalada en el país desde el tristemente célebre cordobazo de 1969.

No obstante, en la primavera de 1986 el Plan Austral ya dio muestras de agotamiento. A partir de marzo, cuando la tasa cayó al mínimo del 2% mensual, la inflación volvió a las andadas mientras que la recesión, que ya duraba un lustro, tenía toda la traza de agravarse. Además, el austral comenzó a desvalorizarse fuertemente con respecto al dólar en el mercado de cambio. El único dato positivo era el superávit comercial, posibilitado, ahora bien, por la caída de las importaciones en un país medio paralizado. La menor necesidad de comprar en el exterior permitió al Estado destinar más recursos a aflojar un poco el dogal de los compromisos financieros.

El 15 de abril de 1986 Alfonsín sorprendió a propios y extraños con el anuncio de un ambicioso proyecto para reformar la Constitución y fundar una "Segunda República", que pasaba por la creación de la figura del primer ministro, la introducción del segundo mandato presidencial consecutivo, una profunda descentralización administrativa y el traslado de la Capital Federal al conurbano rionegrino-bonaerense de Viedma-Carmen de Patagones, 960 km al sur de la ciudad de Buenos Aires, una megalópolis saturada de concentración y burocracia. La operación, bautizada como Proyecto Patagonia, planteaba enormes complicaciones logísticas y económicas, pero su artífice la consideraba factible si se acometía con "imaginación y coraje". El neofederalismo de Alfonsín fue acogido con frialdad u hostilidad por la opinión pública, que habló de cortina de humo del presidente o, cuando menos, de propuesta inoportuna.

Empero, en octubre del mismo año Alfonsín volvió a la carga convocando a todos los partidos y grupos sociales a tomar parte en una "convergencia democrática" para redefinir los ámbitos y competencias de las distintas administraciones del Estado, el sistema económico, la seguridad social, etc. El concepto que guiaba estas propuestas era el del "Tercer Movimiento Histórico", fraguado en la década anterior y concebido por Alfonsín como una tendencia nacional mayoritaria que aglutinaría al radicalismo original de Hipólito Yrigoyen en los años treinta y al justicialismo de Perón en los cuarenta. En mayo de 1987 el Congreso dio carta legal al Proyecto Patagonia con la declaración del área urbana Viedma-Carmen de Patagones-Guardia Mitre como nueva Capital Federal, tras lo cual llegó a constituirse la empresa estatal Ente para la Construcción de la Nueva Capital (ENTECAP).

Pero la dura realidad del país se encargó de echar por tierra las grandiosas visiones de Alfonsín. 1986 terminó con una inflación acumulada del 90% y 1987 iba a registrar una tasa del 131%. En junio del segundo año, después de presentar en marzo una versión actualizada que el público dio en llamar el australito, el Gobierno declaró oficialmente fenecido al Plan Austral (aunque la moneda que le había dado nombre siguió funcionando) y al mes siguiente anunció, de conformidad con el FMI a cambio de otro crédito de contingencia o stand-by, un nuevo paquete de medidas contra la inflación y el déficit en las cuentas externas e internas, con rígidas pautas en lo referente a salarios, impuestos, tarifas de servicios públicos y tipo oficial de cambio del dólar.

El empeoramiento de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, el acoso sin tregua de los sindicatos mayoritarios, que despreciaron la oferta gubernamental de concertación, y la sensación final de debilidad ante los díscolos del Ejército pasaron factura al oficialismo en las elecciones del 6 de septiembre de 1987: en los comicios a diputados nacionales, la UCR cayó al 37,3% frente al 41,5% cosechado por el PJ, aunque retuvo una mayoría simple de 114 escaños. En los comicios a los gobiernos provinciales, el revés fue más aparatoso, pues el radicalismo sólo ganó, y muy ajustadamente, en Córdoba y Río Negro. En la práctica, la reserva de votos de la UCR quedó limitada a la Capital Federal.

La derrota electoral de 1987 suspendió sine díe las ambiciones reformistas constitucionales de Alfonsín, que tuvo que concentrarse en domeñar a los oficiales levantiscos y capear la borrasca económica. En 1988 la recesión entró en su sexto ejercicio consecutivo y el Gobierno lanzó el Plan Primavera de estabilización, centrado en atenuar el déficit público, del 9% del PIB, y traducido en fuertes subidas de los precios de los combustibles y los servicios públicos. En la calle reinaban la desconfianza y la ansiedad, y muchos de quienes podían hacerlo, fundamentalmente profesionales cualificados, emigraron al extranjero para no verse arrastrados a la pobreza. El ENTECAP, y con él el Proyecto Patagonia y Capital, quedó paralizado por falta de fondos.

Pese a los exiguos márgenes con que contaba, Alfonsín no descuidó el capítulo social a lo largo del sexenio, siendo las actuaciones más destacadas el Plan Nacional de Alfabetización, premiado por la UNESCO, y el Plan Alimentario Nacional, que creó un modelo imitado por otros países latinoamericanos. Por otra parte, el ideario progresista y laico de la UCR tuvo una expresión en la Ley de divorcio vincular, aprobada el 3 de junio de 1987 con la fuerte oposición del episcopado católico, por otro lado alineado con los militares durante la dictadura.


6. Activismo internacional; la integración del Cono Sur
El mandatario argentino, hiperactivo, dedicó no poco de su tiempo a la política exterior, muy achicada por culpa de la dictadura, convirtiéndose en el presidente más viajero desde Frondizi y superándole de largo. Varios fueron los ámbitos de actuación preferente de la diplomacia argentina, dinamizada conjuntamente por Alfonsín y su eficiente canciller, Dante Caputo.

Con Chile, regido con puño de hierro por un dictador militar, Augusto Pinochet, que contemplaba la restauración democrática argentina con patente desagrado, se procedió a resolver la acendrada disputa por la demarcación fronteriza en el canal de Beagle, que a punto había estado de provocar una guerra en 1978, precisamente con los uniformados mandando también en Buenos Aires, y que había suscitado nuevas tensiones armadas en vísperas de las elecciones de 1983. Con la mediación del Vaticano, los dos países australes suscribieron el 23 de enero de 1984 una declaración de "paz y fraternidad" y el 18 de octubre siguiente firmaron en Roma un compromiso satisfactorio sobre el Canal. El 25 de noviembre Alfonsín vio sancionada su política de reconciliación con Chile con un 81% de votos favorables en un plebiscito inédito en la historia política nacional, de manera que el 3 de mayo de 1985 tuvo lugar en el Vaticano la rúbrica del tratado bilateral.

Alfonsín realizó numerosos desplazamientos a Europa, en especial a España (a partir de la primera visita, en junio de 1984, cuando conoció a sus parientes gallegos, tres sobrinos nietos, en la diminuta aldea de Casaldarnos, en la parroquia de Ribadumia perteneciente al municipio homónimo de la provincia de Pontevedra), donde cimentó una cordial relación con Felipe González portando una agenda fundamentalmente económica. En marzo de 1985 prestó la primera visita oficial de un presidente argentino a Estados Unidos desde la realizada por Frondizi en 1959 (si bien en septiembre de 1984 ya había sostenido una reunión con Ronald Reagan con motivo de su alocución en la Asamblea General de la ONU), y en ella dejó claro que no apoyaba la política de la Casa Blanca de contención militar de las izquierdas revolucionarias en Centroamérica y en cambio respaldaba los esfuerzos pacificadores del Grupo de Contadora.

Esta postura, más la histórica arribada el 13 de octubre de 1986 a Moscú, donde emitió un comunicado conjunto con Mijaíl Gorbachov, dieron expresión a la tesis de Alfonsín de que Argentina, si bien por cultura y vínculos históricos pertenecía al mundo occidental, debía seguir siendo una nación "no alineada" en el contexto de la Guerra Fría y solidaria con el extenso grupo de países menos desarrollados o en vías de desarrollo de África y Asia que compartían una serie de reclamaciones frente a los bloques, como eran la no intervención en los asuntos internos de los países, el desarme, la defensa de la causa palestina en Oriente Próximo o la denuncia del apartheid sudafricano; precisamente, la neutralidad ideológica y diplomática en el ajedrez mundial había sido una divisa principal de Perón.

En 1986 suscribió el manifiesto antinuclear Stop Testing Start Negotiating, firmado conjuntamente con el presidente mexicano Miguel de la Madrid, el primer ministro griego Andreas Papandreou, el primer ministro sueco Ingvar Carlsson, el primer ministro indio Rajiv Gandhi y el ex presidente tanzano Julius Nyerere. Por lo que respectaba al conflicto con el Reino Unido por las Malvinas, el Gobierno de Alfonsín sólo consiguió de Londres la reanudación del diálogo bilateral con exclusión del punto relativo a la soberanía de las islas.

Finalmente, Alfonsín se desempeñó como coartífice de las iniciativas de integración regional con Brasil y Uruguay, que recuperaron la legalidad democrática dos años después que Argentina, en 1985. La primera piedra de un andamiaje que iba a cristalizar en 1991, con la adición de Paraguay, en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la pusieron Alfonsín y su colega brasileño José Sarney el 30 de noviembre de 1985 en la ciudad fronteriza de Foz de Iguazú. Allí, adoptaron una Declaración que iba a dar lugar al Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE) entre dos estados grandes que, desde el mismo momento de la independencia, habían albergado mutuas suspicacias y una abierta rivalidad por el ascendiente sobre el resto del hemisferio. El 29 de julio de 1986 los mandatarios firmaron en Buenos Aires el Acta de Integración y Cooperación Argentino-Brasileña y el 29 de noviembre de 1988 la capital porteña acogió también la firma del Tratado de Integración, Cooperación Económica y Desarrollo, por el que los dos países se comprometían a conformar un espacio comercial común en diez años mediante la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio bilateral de bienes y servicios, y la armonización de políticas.

Paralelamente, Alfonsín sostuvo otra estrecha relación con el uruguayo Julio María Sanguinetti, que fue incluido en los manejos argentino-brasileños, conformándose un marco tripartito. El 26 de mayo de 1987 Alfonsín y Sanguinetti firmaron el Acta de Montevideo, acuerdo decisivo para impulsar la integración económica regional según los objetivos trazados por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Los encuentros a tres se prodigaron en los meses siguientes, destacando el celebrado el 6 de abril de 1988 en Brasilia, del que salió el Acta de Alborada.


7. Los infortunios del último año en la Presidencia
La abortada acción del coronel Seineldín en diciembre de 1988 fue el último levantamiento de elementos carapintadas, pero en el año final de su mandato, Alfonsín, acosado desde múltiples flancos, perdió las riendas del país. El 23 de enero de 1989, un comando de civiles que se identificó como perteneciente al hasta entonces desconocido Movimiento Todos por la Patria y que las autoridades calificaron de "ultraizquierdista", ocupó el acuartelamiento de La Tablada, sede del III Regimiento de Infantería Mecanizada, en el conurbano bonaerense; cuatro días después, las tropas del Gobierno asaltaron el recinto y los tiroteos ocasionaron 39 muertos. La matanza dejó en el aire muchas preguntas sobre los móviles y las conexiones de la acción terrorista.

La conmoción por el baño de sangre en La Tablada se sumó a la angustia general por la espiral inflacionista, que mes tras mes sumaba dos, y luego hasta tres dígitos, a la tasa acumulada. El Plan Primavera fracasó a su vez por el alza incontrolada de los tipos de interés, la depreciación del austral y el agotamiento de las reservas del Banco Central para intentar sostener frente al dólar a la malhadada moneda nacional, que fue devaluada el 6 de febrero. A últimos de marzo cayó el ministro Sourrouille en Economía; su sustituto, Juan Carlos Pugliese, duró menos de dos meses en el cargo. El desprestigio del oficialismo auguraba un castigo en las urnas y, efectivamente, en las elecciones generales del 14 de mayo el peronista Carlos Saúl Menem, gobernador de La Rioja, batió ampliamente al aspirante radical, Eduardo César Angeloz, gobernador de Córdoba.

La dramática caída del poder adquisitivo de los ciudadanos por el alza desorbitada de los precios desembocó el 26 de mayo en un estallido social en Rosario que se extendió rápidamente a las principales ciudades del país. Los saqueos de establecimientos y la intervención de las fuerzas del orden provocaron 14 muertos hasta el 29 de mayo. Aquel día, Alfonsín, desbordado por los acontecimientos, declaró el estado de sitio por un mes y el 12 de junio anunció la cesión anticipada de la Presidencia a Menem. De esta manera, el 8 de julio de 1989, con cinco meses de antelación, Alfonsín hacía entrega de la banda presidencial. En sentido estricto, no consiguió terminar su mandato, con lo que el registro del radical Marcelo Torcuato de Alvear (1922-1928) siguió invicto en lo referente a un presidente civil, si bien después de él, Alfonsín fue el siguiente presidente elegido por el pueblo que traspasó el mando a otro vencedor en comicios libres. Alfonsín fue también el primer mandatario desde 1916 en entregar el poder a un candidato electo de distinto partido.

Su presidencia había restaurado y consolidado la democracia en Argentina, y también había acabado con el aislamiento exterior y atraído muchas simpatías internacionales, materializadas en generosos aportes económicos y financieros. Pero en todo el sexenio el país no había conocido el crecimiento positivo, la deuda externa no había dejado de crecer y los salarios habían ido hacia abajo con respecto a la referencia del anterior período democrático, el trienio 1973-1976. Legando a Menem una recesión del 6% del PIB, una deuda externa de 63.000 millones de dólares y una hiperinflación que superaba el 3.000% anual, la actuación económica de Alfonsín y su equipo se saldaba con un absoluto desastre.


8. Colaboración y oposición en la década menemista
El radicalismo salió muy debilitado de las elecciones de 1989. Además de perder el Ejecutivo de la nación, en las legislativas cayó al 29% del voto y los 93 diputados, 35 menos que el bloque peronista. En los comicios del 8 de septiembre de 1991, la UCR apenas subió una décima en el voto porcentual pero en el reparto de escaños se quedó con una decena menos. Esto movió a Alfonsín a anunciar su dimisión al frente del Comité Nacional del partido el 12 de octubre de 1991, aunque asegurándose de que uno de sus hombres, Mario Aníbal Losada, senador por Misiones, le tomara el relevo en noviembre.

No iba a ser esta la primera espantada del veterano político, que, lejos de arrojar la toalla tras el amargo fracaso de 1989, deseaba regresar al proscenio con nuevas ideas y propuestas. En 1992 puso en marcha la Fundación Argentina para la Libertad de Información (FUALI), centro de estudios con el que ese mismo año publicó el libro, pródigo en las autojustificaciones y reivindicaciones típicas de los antiguos estadistas, Alfonsín responde. Este libro engrosó una obra ensayística y memorística que entre 1986 y 1988, ocupando el autor la Casa Rosada, había producido los títulos Inédito: Una batalla contra la dictadura (1966-1972), ¿Hacia dónde va el alfonsinismo?, Por qué, doctor Alfonsín y El caso argentino: Conversaciones con Raúl Alfonsín, los dos últimos escritos conjuntamente con el periodista Pablo Giussani. En 1987 el tomo El poder de la democracia recopiló los principales discursos presidenciales hasta la fecha. En 1992 puso su pluma al servicio de la obra colectiva América del Sur hacia el 2000, Desafíos y opciones.

El estancamiento de la UCR en las legislativas del 3 de octubre de 1993, cuando obtuvo el 30,7% de los sufragios y 83 diputados, más la no obtención por el PJ de la mayoría absoluta en la Cámara baja, llevó a Alfonsín a acometer un drástico replanteamiento de la estrategia del partido y de sus propias actitudes personales, hasta entonces hostiles a cualquier componenda con un menemismo pletórico. El ex presidente lanzó una doble y simultánea apuesta para recuperar la jefatura del partido y propiciar el acuerdo con Menem, de manera que el 13 de noviembre de 1993, con la oposición de dirigentes como Angeloz, Fernando de la Rúa, Federico Storani y el mismo titular saliente, Losada, consiguió ser elegido presidente del Comité Nacional radical.

Al día siguiente, el 14 de noviembre, Alfonsín y Menem anunciaron en la residencia presidencial de Olivos un acuerdo para implementar una reforma política que, entre otros muchos cambios, acortaría el mandato presidencial a cuatro años pero con opción a la reelección, lo que llevaba implícita la revisión de la Carta Magna, que databa de 1853. Menem se aseguraba así la realización de una ambición personal, la prolongación de su Administración más allá de 1995, sin necesidad de convocar un referéndum nacional y para Alfonsín esto era lo más parecido al malogrado Tercer Movimiento Histórico. Alfonsín volvió a arreglárselas, gracias a la captación de Angeloz, para sortear el fuerte malestar suscitado en el partido por un histórico acuerdo interpartidista que más parecía el fruto de un conciliábulo entre caudillos. El 3 de diciembre la Convención Nacional de la UCR dio su visto bueno al Pacto de Olivos, de manera que el 13 de diciembre Alfonsín y Menem firmaron el documento y el 22 de diciembre la Cámara de Diputados lo aprobó con el voto conjunto de los peronistas y sólo una parte de los radicales. Satisfecho, Alfonsín afirmó entonces que el Pacto de Olivos suponía "un paso adelante en la profundización de la democracia", y pronosticó el inicio de "una etapa de saludable diálogo político".

Bien al contrario, a la UCR le salió muy cara esta concertación con el PJ, tachada de "contranatura" por muchos militantes radicales: en las elecciones del 10 de abril de 1994 a la Asamblea Constituyente, en la que el propio Alfonsín fue convencional, la agrupación cayó al 19,9% de los votos, los peores resultados de su historia —incluidas las elecciones de 1973—, y en las generales del 14 de mayo de 1995 no pasó del 22%, lo que se tradujo en una pérdida de 14 escaños, si bien el partido siguió manteniéndose como la segunda fuerza del Congreso. Eso, por lo que se refería a la lista de diputados nacionales, ya que en las presidenciales Horacio Massaccesi, gobernador de Río Negro y alfonsinista de pro, quedó relegado al tercer lugar tras Menem y el candidato del Frente País Solidario (Frepaso), José Octavio Bordón: el 17,1% cosechado por Massaccesi fue el resultado más bajo nunca obtenido por un candidato de la UCR. Los críticos internos exigieron cuentas por la debacle electoral y el 27 de septiembre de 1995 Alfonsín puso a disposición del partido la presidencia del Comité Nacional; el 17 de noviembre la Convención eligió para el puesto al ex ministro Rodolfo Terragno, pero mantuvo a Alfonsín en el Comité como secretario de Relaciones Internacionales. Se imponía una revisión de la línea del partido y, de nuevo, Alfonsín, en un alarde camaleónico, propició el viraje, esta vez en sentido opuesto al de 1993.

Con la aceptación ahora de sus principales dirigentes, la UCR entró en negociaciones con el Frepaso, pujante coalición formada en diciembre de 1994 por pequeñas agrupaciones de centro-izquierda y lugar de encuentro de numerosos peronistas y radicales desencantados, siendo el más importante de sus integrantes el Frente Grande del popular Carlos Alberto Chacho Álvarez, compañero de fórmula de Bordón en 1995. Desde su irrupción en la lid electoral, el Frepaso estaba succionando votos a la UCR, inclusive en la Capital Federal, y su éxito amenazaba la segunda posición del partido en el registro nacional. Además, Alfonsín se sentía engañado por Menem por su intención de postularse para un tercer mandato en 1999, contraviniendo el espíritu de Olivos, sobre el que se pronunció en extenso en sus ensayos La reforma constitucional de 1994 (1994) y Democracia y consenso: A propósito de la reforma constitucional (1996).

Puesto que coincidían en la necesidad de desplazar al PJ del Ejecutivo nacional y de cambiar la línea económica ultraliberal mantenida por el menemismo, el 3 de agosto de 1997 la UCR y el Frepaso constituyeron la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación (ATJE), más conocida como simplemente la Alianza. Alfonsín fue designado coordinador general y director del Instituto Programático de la Alianza (IPA). Sumadas al proyecto otras formaciones menores de signo progresista y de ámbito provincial, en las legislativas del 26 de octubre de 1997 la Alianza, presentando listas conjuntas en 14 de los 24 distritos electorales del país, se hizo con 107 diputados, quedándose a sólo 12 del PJ en el cómputo global considerando la mitad no renovada de la Cámara baja, pero en cuanto a porcentaje de voto fue la primera fuerza con el 45,7% de los sufragios, aventajando en nueve puntos al partido de Menem. Además, la senadora frepasista Graciela Fernández Meijide, a la que Alfonsín había cedido un mandato para el que aspiraba antes de concretarse la Alianza, fue la cabeza de lista más votada en el distrito provincial de Buenos Aires con el 48,3%, mientras que Álvarez y Storani hicieron lo propio en la Capital Federal con el 56,8%.

El 11 de agosto de 1998 Alfonsín, de la Rúa (que el 6 de diciembre anterior, en reconocimiento a su victoriosa campaña de 1996 para la gobernación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había sido elegido presidente del Comité Nacional de la UCR), Terragno, Álvarez y Fernández Meijide comparecieron en una rueda de prensa para presentar la Carta a los Argentinos, documento que resumía el programa aliancista y trataba de dar una imagen de unidad y de alternativa sólida al menemismo de cara a las elecciones generales de 1999. Alfonsín y sus asociados se comprometían a reducir el desempleo a la mitad (esto es, al 7%), a relanzar el sistema educativo, a distribuir más equitativamente la renta nacional y a luchar contra la corrupción; en suma, un programa fundamentalmente social que ofrecía respuestas en un terreno descuidado por el Gobierno de Menem.

El 29 de noviembre de 1998 de la Rúa fue elegido candidato presidencial de la Alianza sobre Fernández Meijide en unas primarias abiertas a 18 millones de ciudadanos, y luego, en las elecciones del 24 de octubre de 1999, cumpliendo las previsiones, la fórmula de la Rúa/Álvarez ganó holgadamente con el 48,5% de los votos a su rival justicialista, integrada por Eduardo Alberto Duhalde y el cantante Ramón Palito Ortega. En el voto para la Cámara baja, la Alianza se situó como la fuerza más votada con el 43,6% de los sufragios y, con 124 actas, superó por primera vez al PJ en número de escaños, si bien no alcanzó la mayoría absoluta.


9. Permanencia como líder de hecho del radicalismo
Antes de saborear el retorno de su partido al poder, Alfonsín tomó otra de sus típicas decisiones inesperadas: el 18 de febrero de 1999, denunciando una "perversa y persistente campaña pública" en su contra, renunció a la conducción del IPA, a la Comisión de Acción Política de la UCR y a la posibilidad de luchar por la presidencia del Comité Nacional de su partido. Los observadores locales calificaron estas dimisiones de golpe de efecto para dejar sin argumentos al oficialismo, que esperaba sacar réditos de sus ataques a la alianza de radicales y frepasistas, y tenían claro que el veterano estadista iba a seguir jugando un papel de primer orden en la política de la UCR más allá de la capacidad para influir de cualquier senador nacional por Buenos Aires.

El 17 de junio del mismo año, mientras hacía campaña proselitista en favor del gobernador radical de Río Negro, Pablo Verani, Alfonsín sufrió un aparatoso accidente de automóvil en dicha provincia patagónica: el vehículo que lo conducía volcó y lo arrojó por el parabrisas, rompiéndose nueve costillas y sufriendo lesiones en los pulmones. Temiéndose por su vida, el ex presidente levantó una ola de apoyos en todo el país, incluso desde el peronismo (Menem le visitó en el hospital), pero superó el trance más rápidamente de lo esperado y se restableció por completo, siendo dado de alta el 26 de julio. Designado vicepresidente ex officio de la Internacional Socialista en noviembre, el 3 de diciembre de 1999 Alfonsín fue elegido por unanimidad, y por tercera vez desde 1983, presidente del Comité Nacional de la UCR a propuesta de de la Rúa, que se disponía a tomar posesión de la Presidencia de la nación. Fue un gesto de reciprocidad por el apoyo decisivo recibido de Alfonsín en 1997 para la conducción del partido y la postulación presidencial.

Alfonsín fue distanciándose de de la Rúa a medida que su gobierno se revelaba incapaz de impedir el agravamiento de la, por otra parte heredada, crisis económica; en este terreno, la erosión del delarruismo recordó la experiencia alfonsinista, pero con tres salvedades: la zozobra económica la alimentaba ahora, no la depreciación de la moneda y el descontrol de la inflación, sino precisamente la fortaleza artificial del peso, que estrangulaba las exportaciones y aparejaba la desconfianza general en el sistema financiero, generando recesión, paro e iliquidez masiva; en segundo lugar, el derrumbe de la popularidad del equipo gobernante se produjo en un período de tiempo mucho más corto, y, relacionado con lo anterior, de la Rúa aguantó hasta venírsele encima el temido estallido social, el cual, aún más violento que el de 1989, precipitó su dimisión el 20 de diciembre de 2001. En la travesía, la Alianza con el Frepaso terminó hecha pedazos.

Para entonces, Alfonsín, desde el 22 de noviembre, ya no ostentaba la presidencia del Comité Nacional del partido, para la que fue elegido Ángel Rozas, gobernador de Chaco. Por primera vez, Alfonsín no figuró ni en el Comité ni en la Convención nacionales, pero eso no fue óbice para que siguiera haciendo oír su voz; más aún, a medida que crecían la debilidad y la soledad de de la Rúa, Alfonsín fue desempeñándose como lo más parecido a un jefe de la oposición en ejercicio, convirtiendo su despacho en Buenos Aires, desde el que recibía a delegaciones sindicales, reconvenía al Gobierno por su sometimiento al FMI y demandaba la dimisión de liberal e impopular Domingo Cavallo como ministro de Economía, en una suerte de segund