Rafael Correa Delgado

En 2006, al cabo de una década de profunda inestabilidad institucional, Ecuador escogió como presidente de la República a un economista de izquierda cuya carrera política, verdaderamente fulgurante, coronó en pocos meses al frente del movimiento Alianza PAIS. Rafael Correa, fugaz ministro de Economía en 2005 y definido a sí mismo como un "socialista con fuentes cristianas", triunfó con su proyecto de proceso constituyente para refundar el Estado ecuatoriano, arrinconar a los poderes fácticos y la "partidocracia" tradicionales, darle la puntilla al sistema de "neoliberalismo caduco", priorizar el gasto social para erradicar la pobreza y alcanzar la "soberanía" energética y financiera. En suma, pasar página al modelo vigente desde la restauración democrática de 1978, el cual había terminado convirtiéndose en una olla a presión donde bullían la corrupción, las esperanzas populares frustradas y el trasiego de mandatarios prematuramente consumidos. Fue el hartazgo de la mayoría de los ecuatorianos con la clase política que los había gobernado hasta entonces lo que catapultó al rupturista Correa al Palacio de Carondelet. Con su avasalladora segunda reelección en febrero de 2013, Correa se dispone a escribir el mandato presidencial sin interrupciones más largo –diez años- en la historia del país.

(Texto actualizado hasta febrero 2013)


EL PRIMER MANDATO (2007-2009)Luego de asumir en enero de 2007, este político impetuoso, dado a la confrontación, de verbo afilado y generador nato de controversias se lanzó a aplicar sus divisas de la Revolución Ciudadana y el Socialismo del Siglo XXI, las cuales fueron masivamente respaldadas por los electores en una secuencia de citas con las urnas. Primero, en el referéndum de abril de 2007, que dio luz verde a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual disolvió de hecho el viejo Congreso Nacional. A continuación, en la elección de dicha Asamblea, que otorgó a la Alianza PAIS, voluntariamente marginada de los comicios de 2006, una amplísima representación parlamentaria. Justo un año después, en septiembre de 2008, en el referéndum que ratificó la nueva Carta Magna, la cual ampliaba las prerrogativas del jefe del Estado. Y más tarde, en abril de 2009, en las elecciones generales que ratificaron a Correa en la Presidencia con el 52% de los votos y devolvieron su contador de mandatos cuatrienales a uno, con la posibilidad de sumársele un segundo en 2013. Nada parecía resistírsele al torbellino Correa, capaz de conectar con los paisanos más humildes y de seducir a muchos más con un discurso y una presencia donde empatía y agresividad iban de la mano.

Las elecciones de 2009, primeras ventiladas sin necesidad de una segunda vuelta desde el final del régimen militar tres décadas atrás, las ganó Correa al cabo de dos trepidantes años en los que su programa de "revoluciones" para la "transformación radical" del país trajo varios cambios de calado envueltos en polémica pero de innegable trascendencia histórica. En el ámbito político, los antiguos partidos dominantes (PSC, ID, PRE, PRIAN) quedaron desarbolados, y el feriado bancario y la crisis financiera de 1999 fueron investigados con el ánimo de "ajustar cuentas". En el terreno económico, el presidente ordenó inversiones públicas de emergencia en la educación y la sanidad, declaró (diciembre de 2008) la mora de parte de la deuda externa contraída en bonos con el argumento de que era una carga "inmoral" e "ilegítima" heredada de gobiernos irresponsables, y puso las bases para el fortalecimiento de Petroecuador y el aumento de las ganancias del Estado en el negocio de los hidrocarburos, que se deseaba controlar. Ecuador regresó a la OPEP en 2007 tras 15 años de ausencia. La "revolución económica" en curso, empero, no revirtió la dolarización adoptada en 2000 ni abrió una campaña de nacionalizaciones, aunque amenazas no faltaron.

De puertas al exterior, Correa no ahorró gestos para exhibir la gran amistad que le unía con el venezolano Hugo Chávez y su afinidad al proyecto bolivariano liderado por el hombre fuerte de Caracas, cuyas consignas de revolución y nuevo socialismo había abrazado con entusiasmo. Tras un período, más bien largo, de cautelosa preparación, el ecuatoriano consideró a su país maduro para sumarse formalmente al ALBA en junio de 2009. La adhesión gradual del Ecuador al bloque chavista estuvo acompañada de una serie de posturas supuestamente consecuentes con el nuevo alineamiento continental. Así, se produjo un alejamiento de Estados Unidos, al que no se le renovó el convenio para el uso de la Base de Manta y con el que dejó de negociarse un Tratado de Libre Comercio cuyos términos exclusivamente arancelarios no gustaban en Quito.

También, estallaron muy graves tensiones con la Colombia de Álvaro Uribe a causa de la guerrilla de las FARC, activa en la retaguardia ecuatoriana y blanco en 2008 de una incursión militar colombiana que Correa consideró un casus belli y que dio pie a la ruptura temporal de las relaciones diplomáticas, aunque luego el dirigente ecuatoriano se vio comprometido por la documentación incautada al abatido comandante guerrillero Raúl Reyes, que hablaba de ayuda financiera de las FARC a su proyecto político. Por otro lado, Correa planteó a sus vecinos crear una moneda común y dotarse de un Fondo de Reservas del Sur y de un Banco del Sur como alternativas a los denostados FMI y Banco Mundial. Otro giro fue el nuevo capítulo de relaciones con Irán.

EL SEGUNDO MANDATO (2009-2013)En su segundo ejercicio, Correa siguió estrechando vínculos con Venezuela, Bolivia y Argentina, e hizo de presidente de turno (2009-2010) de la UNASUR, luego de vencer sus dudas iniciales sobre las virtudes integracionistas de esta nueva organización regional. Fue precisamente en el seno de la UNASUR donde Correa y su nuevo par colombiano, Juan Manuel Santos, sellaron la reconciliación bilateral en noviembre de 2010. Asimismo, se planteó la posibilidad de ingresar en el MERCOSUR. Las infinitas implicaciones internacionales de las filtraciones de Wikileaks encontraron en el Ecuador de Correa un terreno particularmente abonado: en 2011 Quito expulsó a la embajadora estadounidense porque entre los cables diplomáticos revelados se sugería que el presidente conocía y toleraba la corrupción "generalizada" en la Policía (Washington respondió con la misma moneda) y en 2012 Correa salió en defensa de Julian Assange, reclamado por la justicia sueca, concediéndole asilo por razones humanitarias en la Embajada en Londres, lo que provocó un conflicto diplomático con el Reino Unido y una nueva tarascada con Estados Unidos.

Sin embargo, la presencia del líder ecuatoriano en los titulares de actualidad más gruesos vino motivada por las turbulencias domésticas. En septiembre de 2010 Correa se vio sorprendido en Quito por una asonada de policías descontentos con sus condiciones laborales. En una reacción insólita por arrojada, el mandatario acudió en persona a imponer su autoridad a los amotinados en el cuartel donde se habían hecho fuertes, pero fue recibido con insultos y atacado con gases lacrimógenos. Correa tuvo que ser atendido en un hospital aledaño, donde quedó bloqueado por los revoltosos, a los que retó con exaltadas palabras a cuello desabrochado ("¡mátenme si tienen valor!") Las imágenes dieron la vuelta al mundo y las cancillerías se movilizaron para conjurar una quiebra democrática en el Ecuador. Finalmente, tropas del Ejército consiguieron liberar sano y salvo al presidente, aunque en los tiroteos perecieron una decena de personas. Correa no ahorró calificativos para valorar lo sucedido, que según él había sido un verdadero intento de golpe de Estado con pretensión de magnicidio. Los supuestos conspiradores: gente del entorno del ex presidente Lucio Gutiérrez.

Si este sobresalto le granjeó a Correa simpatías internacionales, su política de relaciones con los medios de comunicación concitó todo lo contrario. Hipersensible a las críticas y quejoso con las versiones "distorsionadas" que las "mafias" periodísticas daban de la realidad ecuatoriana (grupos empresariales que en algunos casos, además, estaban relacionados con los bancos quebrados y ayudados con dinero público en la crisis de 1999), el Ejecutivo, desde el primer día, no dudó en judicializar y penalizar la labor de la prensa hostil a su labor de gobierno mediante la presentación de demandas contra trabajadores y propietarios de medios, y la incautación para el Estado de empresas de comunicación privadas, entre ellas numerosas radios y televisiones.

El caso más famoso, en 2011-2012, fue la denuncia por injurias calumniosas contra El Universo, que Correa ganó en los tribunales con la imposición de una multa de 40 millones de dólares al diario y la pena de tres años de prisión a cuatro de sus miembros, tres directivos y el editorialista autor del texto denunciado (donde se acusaba al "dictador" de "crímenes de lesa humanidad" por haber "ordenado fuego a discreción" cuando la crisis policial de 2010), aunque luego el querellado, consciente de la publicidad negativa que esta peripecia estaba dándole fuera, optó por conceder el indulto a los reos y retirar la demanda por libelo. Los editores de periódicos del Ecuador acusaron a Correa de amordazar la libertad de información, y la denuncia fue secundada por colegas de todo el mundo y por la ONG Human Rights Watch.

Para la débil oposición política, la guerra de Correa contra los medios de comunicación privados que difundían lo que no le gustaba –como las presuntas corruptelas del oficialismo y los lucrativos contratos firmados con el Gobierno por su hermano Fabricio- era una muestra elocuente de la intolerancia y la prepotencia de un gobernante "autoritario" y "totalitario" que sólo sabía señalar enemigos, infundir miedo y violentar principios constitucionales con su paulatina acumulación de poder. En mayo de 2011 Correa ganó el sí para las diez preguntas de un referéndum constitucional y una consulta popular múltiples que en opinión de los críticos de casa y el exterior daban luz verde a un marco legal regresivo que consagraba las cortapisas a la prensa y ponía la judicatura en manos del Ejecutivo. Según Correa, estos cambios eran imprescindibles para profundizar la Revolución Ciudadana, uno de cuyos objetivos era "desconcentrar el poder" que habían acaparado los grupos financieros dueños de grandes medios de comunicación.

RUMBO A 2017 A las elecciones presidenciales del 17 de febrero de 2013 Correa llegó con la seguridad de ser reelegido y, de nuevo, en la primera vuelta. Sus dos principales adversarios eran, por la derecha, Guillermo Lasso, un banquero representante del conservadurismo proempresarial de la Costa y cuya pujanza no llegó al punto de aglutinar tras su candidatura a todo el arco opositor, tal vez porque la política ecuatoriana, aunque crispada, no presenta los niveles de polarización de Venezuela. Y, situado en un impreciso centro reformista, Lucio Gutiérrez, otro recio detractor de presidente, al que no pudo arrastrar a una segunda vuelta en las votaciones de 2009 y cuya base de apoyos reside en las provincias amazónicas de Oriente. El electorado correísta, sin embargo, está mucho más diversificado geográfica y socialmente. Al final, Correa, quien reclamó al electorado una nueva expresión de confianza para "hacer irreversible" la Revolución Ciudadana, arrasó con el 56,7% de los votos, mientras que la Alianza PAIS se llevó 91 de los 137 diputados de la Asamblea Nacional. Conjuntamente, estos resultados no tienen parangón en la historia de la democracia ecuatoriana.

La elevada popularidad de Correa no se explica solamente con las manidas razones del carisma y el populismo. Él es también un presidente de logros, ya que desde 2007 los niveles de pobreza y desempleo han caído notablemente en el país andino. La clave del éxito presidencial son las políticas sociales, que suponen un ingente gasto público y cuyo producto más mimado es el Bono de Desarrollo Humano, el cual ha aumentado tres veces, de los 15 a los 50 dólares, y beneficia ya a casi dos millones de ecuatorianos en situaciones de penuria. Nuevos equipamientos educativos, sanitarios y de transporte han alcanzado numerosos puntos de la geografía nacional hasta ahora huérfanos de la implicación del Estado. Tras librarse de parte del dogal que supone el servicio de la deuda externa, el Gobierno confía la sostenibilidad de su déficit fiscal a los recursos de financiación y al buen rumbo de la economía, que en todos estos años ha crecido aunque de manera errática (6,5% en 2008, 0,4% en 2009, 3,2% en 2010, 7,8% en 2011 y un 4% en 2012), comportamiento que refleja la elevada dependencia de la coyuntura petrolera y las remesas de la emigración. La inflación, aunque con repuntes, está limitada por la circulación del dólar, pero la estabilidad de este esquema podría verse comprometida si continúa empeorando el déficit por cuenta corriente.

Actualmente, Correa impulsa varios megaproyectos de explotación minera en el sudeste selvático del país que comprometen elevados créditos e inversiones (chinos y canadienses, fundamentalmente), pero que también están generando viva oposición en las militancias indígena y ecologista por su seguro impacto medioambiental. La denuncia contradice la descripción que Correa hace de sí como un presidente "verde". Mayor preocupación aún suscita la creciente inseguridad ciudadana, una de las grandes asignaturas pendientes de esta Administración

(Texto actualizado hasta febrero 2013)

1. Un economista sin partido crítico con el neoliberalismo
2. Efímero ministerio como trampolín de una ambición presidencial
3. Perfil y programa de un candidato de izquierda
4. Victoria electoral en 2006 frente al multimillonario Noboa
5. La Revolución Ciudadana de Correa; la batalla del proceso constituyente
6. La definición regional: el alineamiento con el eje bolivariano y la adhesión al ALBA
7. Triunfal reelección en 2009
8. El segundo mandato: revuelta policial, guerra con la prensa y proyectos de desarrollo
9. Nueva reelección en 2013


1. Un economista sin partido crítico con el neoliberalismo
Hijo del hogar de clase media-baja formado por los señores Rafael Correa Icaza (fallecido en 2005) y Norma Delgado Rendón, toda su instrucción escolar discurrió en el Colegio San José La Salle, casa de estudios de su Guayaquil natal donde recibió una educación acorde con las profundas convicciones católicas de la familia. El hoy presidente del Ecuador pasó la infancia y la primera juventud en la parroquia o barrio de Pedro Carbo; allí se introdujo en el movimiento Boy Scout y colaboró con los Padres Lasallistas en actividades culturales y religiosas. También, animó la Asociación Cultural Estudiantil Lasallana (ACEL). Como catequista o como escultista, el joven realizó numerosas salidas fuera de la urbe costeña, las cuales le permitieron conocer otros aspectos geográficos y humanos del país.

Entre 1968 y 1971 Rafael Correa padre estuvo encarcelado en Estados Unidos cumpliendo una condena por tráfico de drogas. El dato fue revelado por los opositores políticos del hijo durante la campaña para el referéndum de 2007 sobre la Asamblea Constituyente. Entonces, Rafael Correa júnior reconoció el traumático episodio familiar, del que dio la siguiente explicación: "Tuve una niñez muy dura. Cuando tenía cinco años, mi padre, un desempleado, llevó droga a Estados Unidos y cayó preso. Él fue víctima del sistema, no un delincuente, fue un desempleado que desesperadamente buscó alimentos". Otro mal trago para el niño, y muy doloroso, fue la muerte de una hermana, ahogada en una piscina. Tras este trágico accidente, a Rafael le quedaron dos hermanos mayores, Fabricio, el primogénito, y Pierina.

Las buenas calificaciones escolares le hicieron merecedor de una beca con la que en 1982 pudo matricularse en la Facultad de Economía, Administración y Auditoría de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG). Mientras cursó la carrera, Correa trabajó de asistente de cátedra y, fuera de las aulas, como especialista en el Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador (CENDES), un organismo adscrito al Ministerio de Industrias. Asimismo, estuvo al frente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad, función que le condujo a presidir durante un año, en 1986, la Federación de Estudiantes de la UCSG y la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador (FEUPE).

En julio de 1987 el veinteañero obtuvo la licenciatura en Economía con una tesis titulada Evaluación de los programas de apoyo al sector informal en Guayaquil, trabajo que recibió una mención especial del tribunal académico, y, con el título de economista bajo el brazo, quedó listo para hacer carrera en su profesión. Antes, sin embargo, destinó un año a realizar labores de voluntariado social en la misión que los lasallanos tenían en Zumbahua, poblado del cantón Pujilí de la provincia andina de Cotopaxi, a 3.700 metros de altitud, donde ayudó a aplicar proyectos de desarrollo rural para las comunidades indígenas. 18 años después, recordando aquella experiencia en las agrestes tierras de la Sierra como una de las mejores de su vida, Correa explicó que en Zumbahua tanto arrimaba el hombro en los trabajos del campo como daba clases de matemáticas elementales y organizaba microempresas agrícolas. En Pujilí adquirió también conocimientos de quichua o kichwa, la principal lengua indígena del Ecuador, que posteriormente iban a resultarle muy útiles en sus campañas proselitistas.

De vuelta a Guayaquil, la UCSG le contrató para que dirigiera las finanzas universitarias y de paso para que impartiera clases como profesor asociado de Economía en su antigua facultad. En 1989, lejos de acomodarse en estos puestos académicos, administrativo el uno y docente el otro, y con el fin de esmerar su formación para poder aspirar a realizar su sueño –que según él ya tenía entonces- de alcanzar algún día la Presidencia de la República, Correa se apuntó a un concurso nacional de méritos para acceder a dos becas de posgrado ofertadas por el Gobierno de Bélgica y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Correa ganó las dos becas y, puesto que sólo podía disfrutar una, se decantó por el destino europeo. Fue el inicio de un bienio lectivo en la Universidad Católica de Lovaina-La-Nueva, centro íntimamente ligado al humanismo renacentista, el cual concluyó en junio de 1991 con la obtención de su primer máster en Economía. Fue en Bélgica donde el estudioso ecuatoriano conoció a su futura esposa, Anne Malherbe Gosselin, una compañera de aula nacida en la ciudad valona de Namur en 1968. En 1992 Correa y Malherbe se convirtieron en marido y mujer y en los años siguientes tuvieron tres hijos, Sofía, Anne Dominique y Rafael Miguel.

Fue en 1992 también cuando Correa comenzó una trayectoria profesional como docente de su especialidad, pero dejando abierta la puerta al enriquecimiento de su currículum formativo. De profesor asociado en la UCSG pasó, en 1993, a profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), centro privado donde en los próximos doce años iba a ejercer con interrupciones como director departamental y profesor de las asignaturas de Macroeconomía, Microeconomía, Economía Cuantitativa, Desarrollo Económico y Economía Empresarial. Hasta 1993 Correa fungió también de directivo en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) del Ecuador, con competencias administrativas en programas de mejora del sistema educativo nacional financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El estadista no guarda una grata experiencia de su paso por el proyecto MEC-BID: a los pocos meses de iniciar esa labor en Quito, denunció un caso de corrupción interna y como represalia sus superiores le rescindieron el contrato. "Casi aniquilan mi vida", afirmaba en la página web montada con motivo de su candidatura presidencial en 2006.

Sin embargo, sus vínculos con las aulas no se vieron afectados. En 1997 recaló en Illinois, Estados Unidos, para redondear su historial académico en el Departamento de Economía del campus de Urbana-Champaign de la Universidad del estado. Allí se sacó una segunda maestría en mayo de 1999 el título de doctor en octubre de 2001. Su tesis doctoral llevaba por título Tres ensayos acerca del desarrollo contemporáneo latinoamericano y en ella el autor aportaba datos de análisis econométrico para argumentar que las reformas estructurales de signo liberal aplicadas en América Latina en la década de los ochenta habían fracasado por cuanto no habían generado crecimiento. De Estados Unidos Correa se trajo también el bagaje del idioma inglés, cuyo conocimiento sumó al que ya tenía del francés y al quichua rudimentario aprendido en Cotopaxi.

A finales de 2001 Correa se reincorporó a la USFQ en calidad de director del Departamento de Economía. En los cuatro años siguientes, el economista consolidó su perfil dando clases como profesor visitante en tres centros de Quito, la unidad académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la sede del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB). Igualmente impartió docencia en Guayaquil, en la UCSG, la Universidad Estatal y la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). Fue ahora también cuando Correa adquirió experiencia como asesor en economía ecuatoriana. Consultor de prospectiva y riesgos de manera especial, recibió encargos de organismos y entidades como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Japan Bank for International Cooperation (JBIC) y la Asociación Ecuatoriana de Agentes de Carga y Logística Internacional (ASEACI). Asimismo, escribió numerosos artículos de análisis de las coyunturas económicas del Ecuador y Sudamérica, trabajos que fueron publicados por universidades y revistas especializadas.

Que el economista era un fuerte detractor del modelo neoliberal, hasta el tránsito del siglo en boga en la mayor parte del subcontinente pero luego cuestionado e impugnado por doquier, era algo que se deducía de la simple lectura de los títulos de algunos de sus trabajos en estos años, como Más allá de la economía autista , El sofisma del libre comercio y Canje de deuda: todo en función de los acreedores. Sus amonestaciones fueron también directas a la gestión y las políticas de los últimos presidentes ecuatorianos, los democristianos Jamil Mahuad Witt (1998-2000) y Gustavo Noboa Bejarano (2000-2003), y el ex coronel insurreccional Lucio Gutiérrez Borbúa (2003-2005).

Las actuaciones de estos ejecutivos fueron puestas en la picota por Correa en trabajos como Ecuador: de absurdas dolarizaciones a uniones monetarias y Lo mismo de lo peor: la política económica del Gobierno de Lucio Gutiérrez. Idéntico tono crítico, que podía considerarse de izquierdas, presidía un libro publicado en 2004 con el sello del PNUD, La vulnerabilidad de la economía ecuatoriana: hacia una mejor política económica para la generación de empleo, reducción de la pobreza y desigualdad. De ese mismo año es De banana republic a la no república: Las tres últimas décadas de la historia económica del Ecuador, un demoledor análisis para la USFQ que ocho años más tarde, con el autor ya sentado en el despacho presidencial de Carondelet, iba a servir de base para un ensayo actualizado en forma de libro y con casi igual título, Ecuador: de Banana Republic a la No República.


2. Efímero ministerio como trampolín de una ambición presidencial
Aunque albergaba inquietudes políticas y en sus años de estudiante ya había mostrado aptitudes para el liderazgo, Correa tuvo un encuentro bastante tardío con la profesión de político a través del corto, aunque decisivo, puente de la alta función gubernamental. La oportunidad que iba a dar un vuelco fenomenal a su trayectoria personal y de paso a cambiar el destino de Ecuador se la brindó en abril de 2005, cuando continuaba dando clases en la USFQ, el recién inaugurado presidente de la República, Alfredo Palacio González, quien le reclutó para un puesto en su Gabinete de las mayores relevancia e importancia: la titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La confianza de Palacio se la había ganado Correa tras prestarle asesoría económica a lo largo de su ejercicio como vicepresidente de la República con Gutiérrez, desde enero de 2003.

Palacio, otro servidor público sin vínculos partidistas –en su caso, era cardiólogo de profesión-, tomó posesión el 20 de abril de 2005 como presidente constitucional con el aval del Congreso para sustituir a Lucio Gutiérrez, tras ser este declarado cesante en el cargo en medio de una caótica revuelta social, la luego llamada rebelión de los forajidos. En el origen del colérico estallido popular contra el Gobierno de Gutiérrez estuvo una arbitraria renovación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a la cual había seguido con rapidez la anulación de los procesos por corrupción que la Corte tenía abiertos contra los ex presidentes Abdalá Bucaram Ortiz y Gustavo Noboa Bejarano, con el consiguiente escándalo nacional. Palacio era el séptimo presidente ecuatoriano desde 1997 así como el tercer vicepresidente llamado a asumir la jefatura del Estado por la caída, forzada desde la calle o desde los cuarteles, de otros tantos cabezas del poder Ejecutivo, aupados al mismo a través de elecciones democráticas pero rápidamente enfrentados a la ira popular por su gestión corrupta y autoritaria, sus medidas de ajuste liberal de una economía en crisis, o sus extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones institucionales.

Toda una serie de pecados imperdonables para una población empobrecida y crecientemente hastiada por el incumplimiento sistemático de demasiadas promesas populistas de contenido social, la cual había sido protagonista en mayor o menor medida de las caídas de Bucaram (destituido por el Congreso por "incapacidad mental" en febrero de 1997), Mahuad (puesto en fuga por una asonada de indígenas y militares en enero de 2000) y últimamente Gutiérrez, quien irónicamente había sido el principal cabecilla de golpe que tumbó a Mahuad y que ahora compartía exilio con él y con Bucaram. La mudanza presidencial de abril de 2005 apaciguó, precariamente, los ánimos de los ecuatorianos, tremendamente enfadados con sus gobernantes y con los políticos en general, pero no atajó el profundo malestar de fondo, que podía dar lugar a nuevos estallidos en cualquier momento.

El 21 de abril de 2005, con los rescoldos de la furibunda algarada de Quito aún calientes, Correa se integró en un Gobierno formado íntegramente por personalidades sin partido, tecnócratas y funcionarios, y cuyas tareas perentorias eran, por una parte, revisar la normativa sobre la explotación petrolera por concesionarias privadas y las negociaciones de los tratados de liberalización comercial, y, por otra parte, pagar la "deuda social" mediante una redistribución presupuestaria que fuera en beneficio de las áreas de salud, educación y protección social. Se trataba de un cambio de rumbo que sin embargo no ponía en cuestión ni la dolarización de la economía, vigente desde la presidencia de Mahuad (y cuya entrada en vigor había activado la insurrección que truncó aquella administración), ni los compromisos asumidos ante los acreedores de la voluminosa deuda externa. En política exterior, Palacio quería mantener el convenio con Estados Unidos, suscrito en 1999 y vigente hasta 2009, que hacía de la Base Aérea de Manta, en la provincia de Manabí, una instalación militar de uso conjunto, pero sin que ello tuviera que entrañar la participación del Ecuador en el controvertido Plan Colombia, destinado al combate del narcoterrorismo imperante en el país vecino.

El primer cometido gubernamental de Correa, si se exceptúa el trabajo realizado en el MEC entre 1992 y 1993, estuvo caracterizado por la determinación de imprimir un viraje a la izquierda en el rumbo económico del país y por la brevedad (duró menos de cuatro meses), como resultado de ver frustrado ese deseo. Nada más jurar el cargo, el economista confirmó que el dólar estadounidense iba a seguir siendo la divisa nacional del Ecuador, aunque consideró "el mayor error" en la política financiera del país la adopción de dicha medida en enero de 2000. Si bien admitió que "a largo plazo" el esquema monetario podría revertirse, recalcó que del mismo sería "muy difícil salir" y que el Gobierno no tenía vocación de "suicida". Una profesión de pragmatismo continuista que, empero, fue simultánea al anuncio de la supresión del Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva, y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP), el cual colectaba el excedente de los ingresos de Petroecuador, la compañía estatal de hidrocarburos, y destinaba el 70% del mismo al pago de las deudas públicas interna y externa. Con los recursos liberados del FEIREP, el Gobierno, aseguraba Correa, podía cubrir necesidades fiscales y programas sociales.

Para el ministro, la política petrolera de los gobiernos anteriores había sido "desastrosa" y había "rayado en la traición a la patria". En cuanto al FEIREP, le parecía un mecanismo que favorecía los intereses de los compradores de bonos de deuda pública al fijar por ley un porcentaje de la renta petrolera para el pago de aquella. En junio, el Congreso aprobó la creación en lugar del FEIREP de la Cuenta Especial de Reactivación Productiva y Social, Desarrollo Científico-Tecnológico y de la Estabilización Fiscal (CEREPS), que establecía una nueva distribución de la financiación, con una reducción de la partida destinada a la recompra de deuda pública del 70% al 35%. La activación de la CEREPS, más los avisos por Correa de que el Ecuador, en caso de iliquidez fiscal –perspectiva no en ciernes gracias a los elevados precios del petróleo- dejaría de privilegiar el pago de la deuda sobre sus "obligaciones internas" y sometería a referéndum el Tratado de Libre Comercio (TLC) que se estaba negociando con Estados Unidos, despertaron recelos en los organismos multilaterales de crédito y en instancias del poder económico de Estados Unidos.

De un día para otro, Correa garantizaba el cumplimiento por el Estado de todos sus compromisos de deuda y se afanaba en clausurar algunas reglas liberales del juego con la negativa a aceptar "ninguna insinuación" del FMI sobre la política económica del Gobierno y a aparcar un "plan económico soberano" que iba a impedir la conversión del Ecuador en una "colonia" del mismo Fondo. Correa adquiría popularidad y fama de hombre sin pelos en la lengua a marchas forzadas. A comienzos de junio, el ministro elevó muchas cejas al presentarse en Zumbahua, provisto de poncho y sombrero, para anunciar disimuladamente su propósito de contender para la Presidencia de la República en las elecciones de 2006. Esta acción promocional incrementó las críticas de quienes acusaban a Correa de coquetear con el populismo, de montarse en la creciente ola de rechazo popular al TLC y de pretender convertirse en el nuevo candidato outsider, el valedor de las clases marginadas y el fustigador de las élites dirigentes.

En otras palabras, el ministro ambicionaría desempeñar el rol ya jugado en el pasado reciente por los ex presidentes Bucaram y Gutiérrez, por más que tuviera un recorrido vital harto disímil y no simpatizara precisamente con ellos. La emergencia de aspirantes presidenciales que rompían con los esquemas de los partidos tradicionales encontraba terreno abonado en un sistema político seriamente desprestigiado y debilitado. Cabía decir incluso que las elecciones presidenciales de octubre de 2006 eran una competición completamente abierta por la ausencia de favoritos y la naturaleza no partidista e interina del oficialismo de turno, donde cualquier político con los suficientes carisma, ambición y empuje, y con los imprescindibles fondos de campaña y plataforma de apoyos, podía irrumpir y dar la campanada.

No por casualidad, a partir de la sorpresiva visita a la comunidad indígena donde de joven había tomado el pulso a los déficits del desarrollo humano nacional, Correa potenció su discurso de sabor decididamente de izquierdas. Así, denunció la existencia de una "conspiración interna y externa", impulsada por acreedores y bancos, que perseguía desestabilizar al Gobierno y hacer fracasar su plan de atención a los sectores sociales, a la vez que propuso una "nueva arquitectura financiera donde se vuelva impostergable la creación de un tribunal internacional de deuda". La bofetada recibida a últimos de julio en Washington del Banco Mundial, que desestimó su petición de un préstamo de 100 millones de dólares, precipitó la dimisión de Correa el 4 de agosto. El economista declaró que su continuidad en el Gabinete era "insostenible" tras haber "perdido la confianza" de Palacio en relación con sus gestiones con el Gobierno de Venezuela para la compra de bonos de deuda ecuatoriana por valor de 300 millones de dólares y sobre una serie de acuerdos en materia energética.

Según Correa, Palacio había sucumbido a las presiones de un "círculo oscuro" de asesores que le advertían contra una "asociación" del Ecuador con el presidente venezolano, Hugo Chávez, y su ideología bolivariana. El secretario de Comunicación de la Presidencia explicó que Correa había incumplido su obligación de "mantener permanentemente informado" al presidente de los avances y resultados obtenidos en materia económica. Además, el Ministerio de Economía notificó a la prensa que Correa había enviado una carta al presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, demandándole una explicación por la denegación del crédito. Cese decidido por el entorno presidencial o poco menos que fabricado por su protagonista, para tener las manos libres de cara a las elecciones generales del año siguiente, el caso fue que la salida de Correa del Gobierno fue muy mal acogida por movimientos sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que la interpretaron como un frenazo del Ejecutivo a sus políticas de promoción social.

Las amenazas de una "insurrección popular" no fueron del todo vanas, ya que en las semanas y meses siguientes, Palacio encajó una cadena de protestas callejeras, movimientos huelguísticos y acciones de sabotaje de la producción de Petroecuador en las provincias amazónicas de Orellana, Sucumbíos y Napo, cuyos habitantes acusaban al Gobierno de incumplir sus compromisos de inversión pública en las infraestructuras locales. Esta ola contestataria, impulsada por trabajadores indígenas y apenas contenida por las sucesivas declaraciones del estado de excepción, hizo bandera también del rechazo al TLC con Estados Unidos. Y por si no tuviera suficientes frentes abiertos, Palacio entabló un áspero forcejeo con el Congreso al rechazar éste su plan de llegar a la convocatoria de una Asamblea Constituyente a través de un referéndum nacional.


3. Perfil y programa de un candidato de izquierda
Mientras Ecuador se adentraba en el enésimo período de inestabilidad, Correa no perdió el tiempo en la preparación de su postulación presidencial. El 4 de diciembre de 2005 formalizó su precandidatura "independiente" en un acto celebrado en la UASB. Con el anuncio de que en 2007 iba a expedirse la "partida de defunción de la partidocracia tradicional", el economista arrancó una campaña de captación de votos trufada de declaraciones a los medios, giras provinciales, discursos –en un aceptable quichua, según sus oyentes- a comunidades indígenas y viajes al extranjero. Sus estadías en Estados Unidos, España e Italia buscaron el contacto con la diáspora de los emigrantes. Las visitas realizadas en el ámbito latinoamericano tuvieron en cambio un cariz más ideológico, para indicar o confirmar hacía dónde apuntaban sus simpatías continentales. El 22 de enero de 2006 Correa asistió en La Paz a la toma de posesión presidencial del líder socialista indígena Evo Morales, cuyo triunfo electoral en Bolivia le parecía "la demostración del gran giro hacia lo social que está tomando América Latina respecto del caduco sistema neoliberal".

A continuación, Correa no se perdió la sexta edición del Foro Social Mundial, celebrado en Caracas. En febrero participó en La Habana en el VIII Encuentro Internacional de Economistas. El 11 de marzo, en calidad de invitado especial al igual que en su desplazamiento a La Paz, presenció en Santiago la asunción de la socialista Michelle Bachelet como presidenta de Chile. En el mes de agosto fue recibido por el argentino Néstor Kirchner en la sede del Gobierno en Buenos Aires y cenó con Chávez en Caracas, luego de impartir en la Universidad Bolivariana de Venezuela una conferencia titulada Nueva política económica para Latinoamérica. Ese mismo mes, el día 13, envió una carta de felicitación a Fidel Castro con motivo de su octogésimo aniversario.

Correa reconoció ser un amigo y un gran admirador de Chávez, cuyo pensamiento bolivariano inspiraba el nacionalismo de izquierdas del ecuatoriano. Al igual que el presidente de Venezuela, Correa era contrario a cualquier integración mercantil con Estados Unidos, ya fuera mediante un tratado bilateral ("botaremos el TLC al tacho de basura de la historia, pues no es un tratado de libre comercio, es un bobo aperturismo y claudicación de la soberanía nacional", manifestó) o a través del Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), asimismo vituperado. Otro rasgo compartido era la valoración extremadamente negativa del presidente George Bush. Cuando Chávez, en septiembre de este 2006, arremetió contra el estadista norteamericano en la Asamblea General de la ONU y le identificó con el Diablo, Correa opinó que "llamar diablo a Bush es ofender al Diablo, porque éste podrá ser malvado, pero es inteligente", para añadir que el mentado se trataba de un presidente "tremendamente torpe que ha hecho mucho daño a su país y al mundo". Sin embargo, Correa puntualizó que una cosa era la Administración Bush y otra los Estados Unidos, "un país al que quiero mucho", tras haber vivido cuatro años en él y haberse sacado allí dos títulos académicos. A su entender, Ecuador y Estados Unidos debían tener unas relaciones de "mutuo respeto".

Correa no se oponía a la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA), un instrumento estadounidense que concedía preferencias arancelarias a las importaciones de los países de la región comprometidos en la lucha antidroga, pero no estaba dispuesto a ligar su prórroga a la aceptación del TLC. También. afirmó que un Gobierno suyo estrecharía los lazos con Venezuela, Bolivia y Cuba, y por el contrario no renovaría con Estados Unidos el convenio sobre el uso de la Base de Manta. "Si soy presidente en el 2007, primero me cortan la mano antes que renovar ese contrato", dijo al respecto. En cuanto a la polémica sobre las operaciones en el país de la Occidental Petroleum Corporation (Oxy), Correa hizo suya la exigencia de la CONAIE de que Petroecuador rescindiera a esta compañía estadounidense el contrato para la extracción de crudo en la Amazonía ante el cúmulo de violaciones de la Ley de Hidrocarburos que se le imputaban. Cuando en mayo el Gobierno ecuatoriano declaró caducado el contrato con Oxy y su homólogo estadounidense, como represalia, suspendió las negociaciones sobre el TLC (para discreto regocijo de sus enemigos locales), algunos comentaristas señalaron que Correa y otros aspirantes presidenciales que habían hecho de este doble no un estandarte programático se habían quedado cojos de reivindicaciones.

A lo largo de la precampaña y la campaña, Correa negó insistentemente ser el "candidato del chavismo" en Ecuador y rechazó el calificativo de "bolivariano", unos epítetos que difícilmente podía esquivar habida cuenta de las tomas de postura arriba comentadas, que parecían prefigurar, si tomaba posesión del Palacio de Carondelet, un alineamiento geopolítico con el eje liderado por Caracas. Con más vehemencia aún desmintió que Chávez estuviera financiándole, algo que daban por seguro todos los observadores. Preguntado en entrevistas por el líder de la zona con el que se sentía más identificado, su respuesta fue que con el argentino Kirchner, "por su pragmatismo, porque llegó sin levantar expectativa alguna y ha levantado a la Argentina de la destrucción menemista". Correa se veía a sí mismo como un "socialista con fuentes cristianas, no marxista", y como un "humanista cristiano de izquierda" que creía en una ideología "de amor y no de odio", y que soñaba "con un Ecuador sin miseria, con un Ecuador sin niños en la calle, donde todos y todas, sin opulencia, pero con dignidad y con elementales niveles de bienestar, puedan vivir felices".

Aunque derrochaba desparpajo y una confianza en sí mismo que para sus detractores no era otra cosa que arrogancia, Correa necesitaba, obviamente, una organización política propia, un partido que endosara su candidatura y sostuviera su proyecto de "revolución ciudadana" y "cambio radical", capaz de contender con agrupaciones como el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN, neoliberal y populista) de Álvaro Noboa Pontón, el Partido Sociedad Patriótica 21 de enero (PSP, de centro reformista) de los hermanos Lucio y Gilmar Gutiérrez, y el derechista y muy bregado Partido Social Cristiano (PSC), que seguía estando liderado por el ex presidente republicano (1984-1988) y ex alcalde guayaquileño (1992-2000) León Febres-Cordero, gran muñidor de maniobras entre bambalinas y hombre de enorme influencia en la política nacional. Las del PRIAN y el PSC, en particular, eran dos maquinarias proselitistas bien engrasadas por una abundante financiación de origen empresarial.

Con la implicación de representantes de una amplia variedad de colectivos y sectores de la sociedad civil, Correa puso en marcha la Alianza Ciudadana del Ecuador, que rápidamente pasó a denominarse Alianza PAIS, expresión que como acrónimo venía de Patria Altiva i Soberana. El movimiento político fue lanzado formalmente en Quito el 19 de febrero de 2006 con un "festival cívico" que sus organizadores definieron como el "semillero de la nueva patria". El 29 de julio, dos centenares largos de delegados provinciales de la Alianza PAIS reunidos en Asamblea Nacional oficializaron la candidatura de Correa, que fue proclamada el 5 de agosto en Palestina, Guayas, y registrada ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dos días después.

Como compañero de binomio y candidato a la Vicepresidencia, Correa escogió a Lenín Moreno Garcés, un antiguo promotor turístico y funcionario del Estado que en la actualidad dirigía una fundación dedicada a la investigación y la promoción del humor como fuente de salud y bienestar emocional, tema sobre el que había publicado varios libros. Moreno se encontraba discapacitado y dependía de la silla de ruedas a raíz de una agresión con arma de fuego sufrida en 1998 por parte de unos delincuentes comunes. Fuera de la Alianza PAIS salió a respaldar la candidatura de Correa el Partido Socialista-Frente Amplio (PS-FA), formación de izquierda moderada que procedía de la fusión una década atrás del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) y el Frente Amplio de Izquierda (FADI).

El Plan de Gobierno 2007-2001 de la Alianza PAIS enumeraba cinco ejes programáticos o "revoluciones" con las que acometer la "transformación radical del Ecuador" y "construir el país que soñamos", "un país alegre, optimista, propositivo, donde no haya nadie sin futuro", "un país solidario y comprometido con las angustias de sus habitantes dentro y fuera de sus fronteras". En primer lugar estaba la revolución constitucional y democrática, que pasaba por la inmediata convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) vía referéndum para reformar el Estado en un sentido descentralizador y mejorar las instituciones del sistema democrático. El nuevo texto supremo reemplazaría al promulgado en 1998 coincidiendo con el traspaso presidencial entre Alarcón y Mahuad. De manera obvia, Correa seguía el ejemplo neoconstitucional aplicado con éxito por Chávez en Venezuela en 1999.

Para Correa, el enemigo a batir con esta revolución de la ley suprema era el "poder mafioso de la partidocracia". Puesto que el Congreso estaba "moribundo" y la ANC ya se encargaría de "estructurarlo profundamente", la Alianza PAIS renunciaba a presentar candidatos a diputado en las elecciones legislativas que debían celebrarse simultáneamente a las presidenciales. La decisión resultaba insólita, ya que Correa, en caso de ganar su elección particular, afrontaría un proceso constituyente con un Legislativo potencialmente hostil hasta el último escaño, salvo que negociara con los mismos partidos que ahora descalificaba. En segundo lugar, no podía faltar una revolución ética, que conllevaría un "combate frontal" y una "lucha a muerte" contra la corrupción y la evasión fiscal, así como el establecimiento de mecanismos de transparencia en la administración pública.

En tercer lugar, Correa proponía una revolución económica y productiva, para acabar con un "esquema económico perverso que privilegia la especulación financiera y beneficia en extremo a los acreedores del país". Para ese fin, se ejecutarían políticas públicas activas, de fomento de la inversión, la producción y el empleo ("500.000 puestos de trabajo generados"), y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sería sometido a una modernización integral. El Gobierno lanzaría además un generoso programa de subsidios para la adquisición de vivienda ("160.000 familias con escrituras"), una reforma agraria, una "política energética soberana" centrada en el fortalecimiento de Petroecuador, la extensión del control estatal a todas las etapas de la industria hidrocarburífera y la revisión de los contratos con las compañías adjudicatarias, amén de una "política soberana de deuda externa", que por ejemplo no vacilaría en reestructurar el servicio de la deuda o incluso declarar una moratoria en el pago de la misma, si el Gobierno necesitaba ese dinero para cubrir necesidades domésticas.

En otras palabras, la Alianza PAIS preconizaba "un cambio radical en el modelo económico porque el neoliberalismo ha fracasado"."Hay que pasar de una economía rentista, financiera y descontrolada a una economía que apoye al sector productivo y a la generación de empleo, sobre todo a través de la economía popular", afirmaba el programa. Por si a alguien le quedaban dudas, Correa enfatizó que un Gobierno aliancista respetaría la dolarización, que a fin de cuentas había traído estabilidad monetaria, aunque él se lamentaba de que el Estado hubiese perdido la herramienta de la devaluación controlada para relanzar las exportaciones y corregir el déficit comercial, no quedándole más opción que subir los aranceles a las importaciones si deseaba intervenir en la cuenta corriente. Por último, el Plan de Gobierno contemplaba una revolución educativa y de la salud, y una revolución por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana, que entre otros puntos preveía consultar en referéndum a la ciudadanía sobre el futuro de un TLC cuya firma ahora, en los términos negociados con Estados Unidos, significaría un "suicidio social" para el Ecuador.

Aunque para Correa el ex presidente Lucio Gutiérrez no era más que un "traidor" y un "corrupto", no podían dejarse de advertir similitudes en los discursos preelectorales del economista y del antiguo militar: como Correa, Gutiérrez había ganado las elecciones de 2002 incidiendo en su patriotismo desinteresado, su condición de valedor de mestizos, indígenas y pobres, su intolerancia con toda forma de corrupción, los llamamientos a "refundar" el país y la promesa de virtualmente todo lo que los electores ansiaban oír. Incluso en la indefinición ideológica se asemejaban, ya que uno y otro aseguraban estar por encima de los encasillamientos doctrinales, si bien era cierto que Correa resultaba menos ambiguo en este punto desde el momento en que aceptó la etiqueta de izquierdista.


4. Victoria electoral en 2006 frente al multimillonario Noboa
Según los sondeos de intención de voto, Correa, que escogió el color verde manzana como distintivo de su candidatura, se pasó toda la precampaña y parte de la campaña a remolque de dos adversarios con muchísima más experiencia política que él. Estos eran: León Roldós Aguilera, candidato conjunto de la Red Ética y Democracia (RED) y la Izquierda Democrática (ID), hermano del malogrado presidente Jaime Roldós Aguilera (1979-1981), ex vicepresidente de la República y con un perfil socialdemócrata; y el prianista Álvaro Noboa, magnate de la industria bananera de Guayaquil y, más allá de las imprescindibles arengas sociales, pronunciadas en su caso con fuertes acentos populistas, un candidato permeable a los intereses de la derecha proempresarial, los acreedores de deuda y las multinacionales. Tanto Roldós como Noboa eran unos políticos curtidos en estas lides, con otros dos intentos presidenciales a sus espaldas. Pero para finales de septiembre, el aliancista ya les había adelantado, una remontada espectacular si se tenía presente que apenas un año atrás Correa no tenía ni programa, ni partido ni plataforma de apoyos.

El vertiginoso ascenso de Correa tuvo mucho que ver con unas técnicas de captación de voto que dentro y fuera de Ecuador fueron calificadas de "demagógicas". Unos eslóganes que reflejaban voluntarismo y optimismo (Pasión por la patria, Porque otro país es posible), un repertorio de canciones pegadizas y, sobre todo, el efectista logotipo animado de un cinturón restallando a la voz de "¡dale correa!", en fácil aprovechamiento metafórico del apellido del candidato, conformaron una puesta en escena triunfalista donde el aspirante se deshacía en sonrisas, exudaba dinamismo juvenil y vislumbraba un futuro luminoso para el país.

Con Roldós desfondado por no poder competir en exuberancia mediática, la carrera electoral quedó reducida a un duelo de dos entre Correa y Noboa. El líder del PRIAN, muy fuerte en su bastión de Guayas y en general bien acogido por el electorado costeño, situó a los ecuatorianos ante la disyuntiva de elegir entre el "populismo comunista de Correa" (exactamente lo mismo que había imputado a Gutiérrez en 2002) y la "libre empresa que yo represento". A Noboa no parecía preocuparle el posible efecto boomerang de su propio populismo desaforado, sus aspavientos religiosos ("yo soy el héroe de Dios") y su mesianismo, al estilo del siempre excesivo Bucaram, del que en el pasado había sido acólito. Para los medios internacionales, lo que acontecía en el Ecuador era una pugna entre un "populismo de izquierdas" y un "populismo de derechas".

Correa devolvió las descalificaciones a Noboa, acusándole, por ejemplo, de "explotar a los niños en sus plantaciones de plátanos" y de ser un "oligarca que no paga impuestos". Pero el pugnaz candidato aliancista tenía dardos para casi todo el mundo: a Roldós le afeó que se desligara, tan sólo horas después de haberlo firmarlo con él el 10 de agosto, de un acuerdo que les comprometía, en caso de ganar las elecciones, a convocar el 16 de enero de 2007, es decir, al día siguiente de la toma de posesión, una consulta popular para la instalación de la Constituyente; a Mahuad lo denunció ante el Ministerio Fiscal por "delitos de lesa humanidad"; a Febres-Cordero, "cabeza de la partidocracia", le advirtió que la ANC iba a traer "el fin de la impunidad"; y al Gobierno colombiano lo desairó con su opinión de que la guerrilla de las FARC no tenía naturaleza terrorista.

En la recta final de la campaña, el ímpetu de Correa se desfondó y tomó vuelo su inmediato perseguidor, Noboa. Las últimas encuestas seguían poniendo al aliancista en cabeza con un máximo del 30% de los votos, un porcentaje más que insuficiente para zanjar las elecciones en la primera vuelta, donde para ser proclamado vencedor se exigía el 50% más uno de los votos o bien superar el 40% y sacar una ventaja de 10 puntos al segundo más sufragado. De hecho, desde la restauración democrática de 1979, todas las elecciones presidenciales habían requerido la segunda vuelta. Pues bien: el 15 de octubre de 2006 no se rompió esta tradición, pero saltó una sorpresa: Noboa quedó primero con el 26,8% de los votos y Correa segundo con el 22,8%. Eliminados fueron Gilmar Gutiérrez (17,4%), León Roldós (14,8%) y la socialcristiana Cynthia Viteri Jiménez de Villamar (9,6%). En las elecciones al Congreso, clamorosamente ignoradas por la Alianza PAIS, los partidos más votados fueron el PRIAN (28 escaños), el PSP (24), el PSC (13) y la coalición RED-ID (12).

La reacción inmediata de Correa fue bramar contra el "verdadero atraco" de que había sido objeto, incluso, según él, con la complacencia de la misión de observadores de la OEA; sólo la "manipulación" de un buen número de papeletas en blanco computadas como votos válidos a favor de otras candidaturas le había impedido adelantarse en la primera vuelta. Caída en saco roto la denuncia, Correa solicitó la "unión" tras su candidatura y conseguir así el 26 de noviembre "un triunfo contundente de la ciudadanía para evitar que el país siga en las manos de los mismos de siempre y se convierta en una gran hacienda bananera". El llamado del candidato de izquierda encontró eco: su opción fue respaldada por la CONAIE, el partido indígena Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP) y la ID. Los gestos populistas, los insultos y las advertencias arreciaron según se acercaba la segunda vuelta: Noboa alertó del riesgo de una "guerra civil" y de la conversión del Ecuador en "otra Cuba" si el "bacalao mentiroso" y el "diablo comunista" se imponía en las urnas, mientras que Correa acusó al hombre más adinerado del país de tener de su parte a las "mafias" del TSE y expresó su temor a una "repetición" del fraude cometido en la primera vuelta, cuando le "robaron ocho puntos".

El 26 de noviembre de 2006 el economista se impuso con el 56,7% de los votos. En su primera conferencia de prensa tras conocer el avance de resultados, Correa se proclamó presidente electo y aseguró que había ganado "el afán de cambio" en una "jornada histórica". También reafirmó que la Asamblea Constituyente era "inclaudicable" y manifestó su disposición, forzada por la tenencia de su lado de sólo un reducido número de diputados -que ni siquiera eran de su partido-, a dialogar con las agrupaciones políticas para alcanzar aquel objetivo "con las menores fricciones". El 4 de diciembre el TSE declaró presidente electo a Correa, que días después asistió en la ciudad boliviana de Cochabamba, por invitación del Gobierno de Evo Morales, a los actos de la II Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones. A últimos de diciembre, el mandatario electo completó la designación del Gabinete, cuyos miembros más destacados eran María Fernanda Espinosa Garcés en Relaciones Exteriores, Guadalupe Larriva González en Defensa (presidenta del PS-FA, Larriva no sólo era la primera mujer titular de esta cartera en Ecuador sino también el primer civil en portarla en varias décadas), Ricardo Patiño Aroca en Economía y Finanzas, Gustavo Larrea Cabrera en Seguridad Interna y Externa, y Alberto Acosta Espinosa en Energía y Minas.

El 14 de enero de 2007 Correa fue investido simbólicamente por los líderes indígenas de Zumbahua. Las autoridades municipales le confirieron el bastón de mando, el poncho y el sombrero, tres atributos tradicionales de poder en las comunidades andinas, mientras que los yachags o sabios quechuas le practicaron un ritual chamánico para limpiarle de cualquier mala energía y atraerle los buenos auspicios de los dioses. El ceremonial indígena evocó el oficiado justo un año atrás en Tiahuanaco para Evo Morales, quien por cierto flanqueó a Correa en Zumbahua junto con Chávez. "La larga noche neoliberal está terminando (…) Se acabó la democracia de plastilina (…) Empieza a surgir la democracia digna y socialista del siglo XXI", fueron algunos de los mensajes lanzados por Correa en la parroquia cotopaxense donde hizo voluntariado social en su juventud

Al día siguiente tuvo lugar en el Palacio Legislativo de Quito, sede del Congreso Nacional, la ceremonia oficial del traspaso de poderes y la jura del cargo, a la que asistieron, además de Chávez y Morales, el nicaragüense Daniel Ortega, el brasileño Lula da Silva, la chilena Michelle Bachelet, el peruano Alan García, el paraguayo Nicanor Duarte, el colombiano Álvaro Uribe y el haitiano René Préval, además del iraní Mahmoud Ahmadinejad, cuya presencia en Quito levantó muchos comentarios en el sentido de que podía ser sintomática de las intenciones del nuevo presidente en la arena internacional.

En el discurso que daba inicio a su mandato de cuatro años, que con la presente normativa constitucional no podía ser renovado, Correa proclamó el inicio de la Revolución Ciudadana –concepto que en lo sucesivo habría que transcribir en mayúsculas-, convocó para el 18 de marzo una consulta popular sobre la elección de la ANC y anunció su intención de renegociar la deuda externa en el contexto de una "nueva política económica", por la que Ecuador comenzaría "a independizarse de los organismos multilaterales de crédito" y experimentaría un "cambio radical, profundo y rápido del modelo vigente de explotación y de injusticia". Al decreto de convocatoria del referéndum le siguió otro que reducía drásticamente los salarios de los trabajadores del sector público y los altos funcionarios del Estado, comenzando por la retribución del propio presidente de la República.


5. La Revolución Ciudadana de Correa; la batalla del proceso constituyente
El entusiasta estreno presidencial de Correa se tiñó el 24 de enero de 2007 de conmoción y de luto: la recién inaugurada ministra de Defensa, Guadalupe Larriva, pereció junto con su hija de 17 años y cinco oficiales del Ejército en un trágico accidente aéreo en las proximidades de la Base de Manta. Su muerte fue causada por el choque del helicóptero en el que viajaba contra otro aparato en el curso de unos ejercicios militares de visión nocturna. Apenas dos días antes, Larriva había anunciado que el Ministerio, de acuerdo con lo prometido por el presidente en la campaña electoral, no iba a renovar el contrato con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para las operaciones y el asentamiento de sus tropas en Manta. Esta circunstancia, y más todavía el hecho de ser la víctima mujer, civil y una política de fuertes convicciones izquierdistas y con planes de reforma de la institución castrense, despertaron la predecible sospecha dentro y fuera de su partido de que el siniestro había sido en realidad un atentado con conspiración política detrás.

Tal hipótesis fue desechada por el Gobierno, que puso en marcha una comisión internacional de investigación orientada a determinar posibles fallos técnicos y, si se revelasen éstos, depurar responsabilidades por omisión o negligencia. Por de pronto, el comandante del Ejército, general Pedro Machado, fue relevado del cargo por no explicar satisfactoriamente las circunstancias de un accidente en el que al parecer no se habían respetado normas básicas de seguridad. Correa nombró a otra mujer al frente de la Defensa, Lorena Escudero Durán, y descartó que hubiera un ambiente de "tensión" entre el Ejecutivo y el mando militar. Sin embargo, las tensiones sí presidieron, y bastante crudamente, la cuenta atrás para el referéndum del 18 de marzo, en el que Correa se jugaba el elemento medular de su proyecto de país. En su decreto ejecutivo del 15 de enero, la Presidencia encomendó la organización de la consulta al TSE, pero el órgano de control electoral lo que hizo fue remitir el expediente al Congreso a fin de que este determinara si la convocatoria del Ejecutivo se ajustaba a la Constitución vigente.

Los partidos opositores que dominaban el Legislativo indicaron a las claras que no tenían prisa en darle luz verde a un proceso constituyente que no les gustaba por su contenido y que además les suscitaba serias dudas de legalidad. Los grupos parlamentarios afines a la Constituyente eran los del Pachakutik, la ID, la RED, el PS-FA y el Movimiento Popular Democrático (MPD). Hostiles a misma eran el PRIAN de Noboa, el PSC de Pascual Del Cioppo, el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) de Bucaram y la Unión Demócrata Cristiana (UDC) de Diego Ordóñez. El PSP de Gutiérrez era ambiguamente favorable. El frenazo a la iniciativa de Correa ponía en evidencia la anómala ausencia de diputados de su partido.

A últimos de enero, miles de irritados manifestantes progubernamentales asediaron el Palacio Legislativo y pusieron en fuga a los congresistas, antes de conseguir rebasar el cordón policial e irrumpir en el recinto, con la exigencia de que agilizaran la convocatoria de la consulta popular. Se produjeron hechos violentos que Correa censuró, pero cuya responsabilidad última endosó a los legisladores y a los vocales del TSE, "por su actuación en contra de la voluntad manifiesta de los ciudadanos (…) expresada mayoritariamente en las urnas". Más aún, el presidente instó a sus seguidores a que continuaran con las movilizaciones, que rogó no degeneraran en episodios de violencia, para doblegar la "voluntad de los caciques de los partidos políticos". Además, anunció la creación de sendas comisiones para investigar "el atraco bancario" de 1998-1999, durante la Presidencia de Mahuad, cuando no menos de 8.000 millones de dólares se evaporaron de las arcas del Estado en el contexto de una descomunal crisis bancaria y financiera, y para esclarecer "los delitos de lesa humanidad" cometidos por cuerpos de la seguridad del Estado durante la Administración de Febres-Cordero, al que organismos de Derechos Humanos imputaban el asesinato y la desaparición de varios opositores a su Gobierno.

El 13 de febrero el Congreso dio vía libre a la convocatoria del referéndum con el voto de 54 de los 57 legisladores presentes, que eran todos los de la minoría progubernamental, los del PSP e, inesperadamente, algunos de la UDC, y con la ausencia de casi toda la oposición. El Gobierno se apuntó su primera victoria política, pero la batalla por la Constituyente, advirtió el jefe del Estado, continuaba. El 1 de marzo el TSE convocó la consulta para el 15 de abril en los términos solicitados por Correa. Cuatro días después, la mayoría opositora del Congreso, con 57 votos a favor, decidió recurrir la convocatoria ante el Tribunal Constitucional con el argumento de que el estatuto enviado por el Gobierno y ratificado por TSE no respetaba los términos aprobados por el Legislativo sobre la consulta, lo que a su entender incurría en inconstitucionalidad. En concreto, Correa, desdiciéndose de su anterior postura, dejaba abierta la puerta a que la ANC pudiera disolver el Congreso dentro de sus facultades y asumir temporalmente el poder legislativo.

Al día siguiente, el Congreso aumentó su presión al oficialismo aprobando la remoción de Jorge Acosta al frente del organismo electoral. Una jornada más tarde, el 7 de marzo, el TSE, en una medida sin precedentes, reaccionaba declarando destituidos a 57 congresistas, los 52 que habían votado el cese de Acosta y los cinco que habían presentado la demanda de inconstitucionalidad; el motivo: "interferir en el proceso electoral". Correa, confortado por el 70% de apoyo popular que le conferían los sondeos e ignorando las acusaciones de "dictador" que empezaban a lanzarle los partidos conservadores, avaló la insólita decisión del TSE y exhortó a "mantener la resistencia pacífica" contra los opuestos a su proyecto político. A la espera de que el Tribunal Constitucional dirimiera el conflicto de competencias institucionales entre el Legislativo y el TSE, partidarios y detractores del Gobierno midieron sus fuerzas a golpe de manifestación en Quito y Guayaquil. En la capital, turbas enardecidas volvieron a amenazar y agredir a algunos de los diputados destituidos por el TSE.

El 12 de marzo, para demostrar que la grave crisis política no le distraía de su gestión, Correa declaró "en estado de emergencia" al sistema de salud y ordenó al Ministerio de Finanzas que desembolsara 40 millones de dólares para atender las necesidades sanitarias. Cuatro días más tarde, era el sistema educativo el declarado en emergencia y el destinatario de otra partida extraordinaria, de 125 millones de dólares, para "sacarlo de la destrucción en que lo han dejado 20 años de neoliberalismo".

Además, el Gobierno aumentó el Bono de Desarrollo Humano (BDH, facilitado a colectivos de población particularmente vulnerables por carecer de recursos y que desde su creación en 1998 por la Administración Mahuad con el nombre de Bono Solidario venía siendo el puntal del sistema de protección social del Ecuador) a los 30 dólares mensuales para todos los beneficiarios, 1,2 millones en total; hasta ahora, y desde la reestructuración del bono con subida de la cuantía decretada por Gutiérrez en 2003, las madres solteras y de familias pobres tenían derecho a percibir del Estado 15 dólares y los ancianos y los discapacitados 11,5 dólares, con lo que el aumento decretado ahora era de consideración. Otras decisiones gubernamentales fueron eliminar los cobros al contado en hospitales y colegios públicos, duplicar el subsidio para viviendas de interés social y distribuir urea para uso agrícola importada de Venezuela a mitad del precio de mercado.

El pulso institucional lo inclinó Correa para su lado al conseguir la instalación de 21 diputados suplentes que, pese a pertenecer a los partidos de la oposición, eran maleables a los deseos del Gobierno, y al desestimar el Tribunal Constitucional el recurso de amparo presentado por los titulares cesados. El presidente, con tono apremiante, instó a los ecuatorianos a votar sí a la elección de "una Asamblea Constituyente de plenos poderes para reformar el marco institucional y elaborar una nueva Constitución"; si ganaba el no, él dimitiría, avisó categórico. El llamado encontró un eco resonante: el 15 de abril de 2007, con una participación del 71,3%, la respuesta aprobatoria arrasó con el 81,7% de los votos.

Exultante, Correa se felicitó por el "triunfo histórico" y pidió a sus compatriotas ir "con júbilo" a la Asamblea Constituyente "para tener una democracia representativa y mucho más participativa, para despolitizar los tribunales y los organismos de control, para descentralizar, para superar el nefasto modelo neoliberal". En lugar de este último, proseguía el mandatario, se abría camino el "socialismo del siglo XXI", concepto que en la región estaba popularizando Chávez, quien lo tenía por el eje principal de su proyecto político para Venezuela y exportable al resto de una América bolivariana, si bien su homólogo y amigo ecuatoriano recalcó que aquí tal planteamiento no iba traducirse en medidas confiscatorias o estatistas. Días después, el presidente lanzó el Plan Ecuador, para, a modo de contrarresto del Plan Colombia y con el apoyo de la ONU, contener el desbordamiento transfronterizo de los problemas de inseguridad y precariedad humana provocados por la campaña antidroga en el país vecino, empezando por la afluencia masiva de desplazados, a los que Ecuador dotaría de un estatus de refugiados.

El 24 de abril el TSE convocó elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente para el 30 de septiembre y el Congreso destituyó a los nueve magistrados del Tribunal Constitucional, impidiendo así la ejecución de su auto, emitido en la víspera, que restituía en sus cargos a 51 de los 57 congresistas despedidos por el TSE. La enésima exhibición del mal funcionamiento del sistema institucional ecuatoriano se saldó, por tanto, con una victoria total para Correa, que calificó el acto postrero del Tribunal Constitucional de "nueva jugarreta de la partidocracia''.

Hasta el día de las elecciones, Correa subrayó la línea nacionalista de izquierda de su Gobierno con una serie de decisiones y declaraciones inequívocas. Por ejemplo, a finales de abril dio por terminadas las relaciones con la "burocracia indeseable" que el FMI y el Banco Mundial representaban, ruptura que escenificó con sendas medidas contundentes: con el FMI, declaró cancelada la deuda nacional tras el pago a la institución de 9 millones de dólares, y en cuanto al Banco Mundial, declaró persona non grata a su representante en el país, el brasileño Eduardo Somensatto, por su actitud de "chantaje" al Gobierno de Palacio en 2005 y a él en particular como ministro de Economía y Finanzas, cuando congeló un préstamo en represalia por la supresión del FEIREP. Más controversia suscitó el recrudecimiento de las malas relaciones del presidente con los medios de comunicación y los periodistas críticos con su gestión, a los que cubrió de epítetos insultantes y contra alguno de los cuales se querelló por calumnias, como fue el caso del periódico La Hora, que le había acusado de incitar al uso de la violencia. La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), en lo que fue secundada por organismos periodísticos internacionales, advirtió que al judicializar la labor de la prensa, Correa no buscaba sino amordazar la libertad de información.

El presidente alimentó las imputaciones de prepotencia al ratificar en su puesto al titular de Economía, Ricardo Patiño, censurado por el Congreso el 13 de julio por cuatro supuestos delictivos luego de divulgar la cadena Teleamazonas un video en el que se veía al ministro haciendo unos comentarios que sugerían una connivencia del Gobierno con ciertas operaciones especulativas de agencias aseguradoras que comerciaban con bonos ecuatorianos. Días después, sin embargo, Correa desplazó a Patiño del Ministerio de Economía y lo nombró ministro del Litoral. El nuevo responsable económico, Fausto Ortiz de la Cadena, renunció a su vez menos de un año después en desacuerdo con la orden, dictada por la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) y ejecutada por el Gobierno, de embargar al grupo empresarial Isaías, propietario de casi 200 empresas y de cuatro canales de televisión críticos con el oficialismo.

Las elecciones del 30 de septiembre de 2007 a la ANC marcaron el tercer triunfo consecutivo de Correa en las urnas en menos de un año y, con sus demoledores resultados, garantizaron la elaboración de la Carta Magna que el presidente perseguía para vertebrar su proyecto de Estado refundado, dotándolo de unas instituciones políticas fortalecidas a costa de los poderes fácticos tradicionales. Con una participación del 73,2%, la Alianza PAIS acaparó el 69,5% de los votos y metió 80 asambleístas en un hemiciclo de 130 miembros, esto es, una holgada mayoría absoluta. Tamaña victoria dio alas a Correa para decretar, el 4 de octubre, que el 99% de las ganancias extraordinarias –entendidas tales como el diferencial entre el precio de mercado y el precio pactado por las compañías y el Estado- obtenidas por las empresas petroleras que operaban en el país, y no el 50% como hasta ahora, fuera a las arcas fiscales del Estado y el 1% restante se quedara en el bolsillo de aquellas en concepto de beneficios. Para el Gobierno, la medida era impostergable si Ecuador pretendía "retomar el control soberano" de sus recursos. Cinco compañías, Petrobras, Repsol-YPF, Perenco, Andes Petroleum y City Oriente, ya habían aceptado renegociar sus contratos de participación.

Instalada en la Ciudad Alfaro, Montecristi, Manabí, el 29 de noviembre de 2007, la ANC empleó ocho meses, dos de ellos de prórroga, en elaborar el nuevo texto constitucional. Pero antes, como primeras disposiciones, los asambleístas ratificaron a Correa en la Presidencia, se revistieron de capacidad plenipotenciaria y ordenaron el receso indefinido de las funciones del Congreso, que en la práctica, tal como había anunciado el presidente, quedó disuelto. En esta sesión inaugural, Correa avisó que el proceso de cambio de las estructuras vigentes iba a ser "radical, profundo y rápido", y que había llegado la hora "de ajustar cuentas con la historia".

Finiquitada y aprobada el 24 de julio de 2008 con el voto favorable de 94 asambleístas sobre 126 presentes, la nueva Carta Magna, estructurada en un preámbulo, 9 títulos, 444 artículos, 30 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria (de la Constitución de 1998) y una disposición final, reforzaba considerablemente la Función Ejecutiva al otorgar al presidente de la República las capacidades de promulgar decretos urgentes en materia económica, disolver el Legislativo en una serie de circunstancias y formular en exclusiva las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, hasta ahora manejadas por el Banco Central del Ecuador, el cual perdía por tanto su autonomía; el presidente, además, podría ser reelegido por un mandato cuatrienal consecutivo.

Otros cambios importantes eran: la definición del Ecuador como un Estado plurinacional y el reconocimiento de un capítulo de derechos a las comunidades indígenas; la asunción por el Estado del control exclusivo sobre sectores estratégicos como la energía, el agua, la biodiversidad, la minería y las telecomunicaciones; la institución de la Asamblea Nacional como titular de la Función Legislativa, en lugar del Congreso Nacional; la "construcción", como nuevo poder del Estado, del "poder ciudadano", ejercido "a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria"; la concesión del voto facultativo a las personas entre los 16 y los 18 años de edad; la equiparación en derechos y deberes con el matrimonio de las uniones de hecho, tanto heterosexuales como homosexuales; el reconocimiento de los derechos de los emigrantes y los inmigrantes; la incorporación a la normativa laboral de la figura de la baja paternal; la prohibición de trabajar a los menores de 15 años y la erradicación progresiva del trabajo infantil; la universalidad y obligatoriedad de las coberturas educativa y de la seguridad social; y la prohibición del estacionamiento de bases e instalaciones militares extranjeras.

La integración a todos los niveles con los países de América Latina y el Caribe, inclusive la creación de una ciudadanía común, la libre circulación de personas y el impulso de una política común de defensa, era una meta fundamental de las relaciones internacionales del Ecuador. Para sus promotores, dos eran los sustratos ideológicos de este texto: el socialismo del siglo XXI y la noción tradicional, recogida explícitamente en el preámbulo, del sumak kawsay, expresión quechua que representa el buen vivir, "una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza". En líneas generales, la nueva Constitución podía considerarse progresista y orientada a potenciar al Estado, sus instituciones, los colectivos sociales y el agregado de ciudadanos.

Además, la Ley Fundamental establecía un Régimen de Transición de 30 artículos para aplicar desde el momento en que la misma fuera aprobada en referéndum. El Régimen establecía la convocatoria de elecciones generales y la prolongación, hasta que se constituyera la nueva Asamblea Nacional, del funcionamiento de la Asamblea Constituyente pero transformada en Comisión Legislativa y de Fiscalización, para cumplir las funciones legislativas propias de la Asamblea Nacional. Asimismo, en el período de transición se reorganizarían los órganos judiciales, se aprobarían un rosario de leyes y los partidos políticos tendrían que inscribirse de nuevo en el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentación mediante de una declaración de principios ideológicos, programa de gobierno, estatuto, símbolos, siglas y nóminas de cargos orgánicos y militantes.

El 28 de septiemb