Napoleón Duarte Fuentes

José Napoleón Duarte Fuentes nació en una familia de posición desahogada cuyos progenitores habían dejado atrás la extrema pobreza campesina buscándose la vida en la capital; el padre, ejerciendo de sastre y luego regentando una pequeña aunque próspera fábrica de dulces, y la madre, trabajando como asistenta doméstica, costurera y vendedora en el mercado. Recibió la educación primaria y secundaria en el Liceo Salvadoreño, regido por los Hermanos Maristas. En mayo de 1944, poco antes de obtener el título de bachiller, participó en las algaradas estudiantiles que contribuyeron al derrocamiento del dictador desde 1931, el general Maximiliano Hernández Martínez. La continuación, empero, del régimen militar bajo las presidencias de Osmín Aguirre y Salinas y, desde marzo de 1945, de Salvador Castañeda Castro, espoleó las actividades contestatarias del joven, que intentó cruzar la frontera de Guatemala para reunirse con opositores exiliados.

Enfadado y preocupado por las andanzas disidentes de su hijo, el padre le consiguió una beca para estudiar Ingeniería en Estados Unidos, en la Universidad católica de Notre Dame, en el estado de Indiana, a pesar de desconocer por completo el idioma inglés. Con todo, Duarte se aplicó allí en sus estudios y para cubrir su manutención trabajó como lavaplatos y mozo de lavandería. En 1948, en vísperas de la asunción del poder por una junta revolucionaria militar que emprendió la transición al Gobierno de derecho, obtuvo el título de ingeniero civil y regresó a San Salvador para rematar su formación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de El Salvador.

Poco después tomó en matrimonio a Inés Durán, hija de un empresario inmobiliario amigo de la familia y su padrino de bautismo, con la que iba a tener cuatro hijas y dos hijos. Comenzó a trabajar en la firma de construcción de su suegro simultáneamente a la impartición de clases de Cálculo de Estructura de Materiales en la Universidad, y de Matemáticas, Topografía y Balística en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios.

Su irrupción en la escena política nacional se produjo en noviembre de 1960 como miembro fundador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), nacido con el propósito de ocupar el nicho ideológico del centro reformista, entre la derecha oligárquico-militarista, invariablemente ultraconservadora, instalada en el poder (que entre septiembre de 1950 y el golpe militar de octubre de 1960 estuvo encarnada por el Partido Revolucionario de Unificación Democrática, PRUD), y la subyugada pero siempre sediciosa izquierda comunista.

Erigido en responsable de organización y en secretario general de la formación desde el primer momento, de cara a las elecciones a la Asamblea Constituyente del 17 de diciembre de aquel año Duarte fraguó una lista única, denominada Partido Unido Democrático (PUD), junto con el Partido de Acción Revolucionaria (PAR) y el Partido Socialdemócrata (PSD), pero la coalición no obtuvo ningún escaño. Boicoteó las presidenciales del 30 de abril de 1962, que llevaron a la Presidencia al coronel Julio Adalberto Rivera Carballo, miembro del Directorio cívico-militar saliente y candidato del nuevo instrumento político de los poderes fácticos tradicionales, el Partido de Conciliación Nacional (PCN).

Lanzó su envite para la alcaldía de San Salvador en los comicios del 8 de marzo de 1964 y, contra todo pronóstico, se alzó con la victoria frente al candidato oficialista, en una jornada doblemente memorable por cuanto que el PDC, beneficiado por el nuevo sistema electoral proporcional, ganó 14 de los 52 escaños de la Asamblea Legislativa y se colocó como la primera fuerza de la oposición. Contando con el respaldo de sectores sociales emergentes que pugnaban por un sistema más participativo y plural en lo político, y más redistributivo en el contexto de la modernización económica, Duarte fue reelegido en la alcaldía el 13 de marzo de 1966 y el 10 de marzo de 1968 con un amplio margen de votos. También en 1968 volvió a ocupar la Secretaría General del partido, dejada en 1964, para un período de dos años.

Cuando abandonó el despacho consistorial en 1970, Duarte se había ganado el respeto de la ciudadanía por las realizaciones de los programas de obras públicas y la dotación de servicios municipales básicos. Entre tanto, el PDC había apostado por las presidenciales del 5 de marzo de 1967 y su candidato, Abraham Rodríguez Portillo, consiguió el 21,6% de los votos, un registro meritorio considerando la competitividad espuria del proceso, que colocó en la Presidencia al postulante del PCN, general Fidel Sánchez Hernández.

Duarte, últimamente al frente de su propia promotora inmobiliaria y miembro de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), se inscribió para las presidenciales del 20 de febrero de 1972. Su perfil reformista y democrático, su carisma no parco en populismo y el crédito que como gestor había adquirido en su etapa de edil, le permitieron aglutinar un elenco de apoyos sin precedentes que cristalizó en la Unión Nacional de Oposición (UNO), coalición centroizquierdista del PDC, el socialdemócrata Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y la Unión Democrática Nacionalista (UDN), instrumento electoral del Partido Comunista Salvadoreño (PCS).

Tras un tumultuoso escrutinio trufado de acusaciones de fraude, el Consejo Electoral Nacional resolvió que el vencedor había sido, por 10.000 votos de diferencia sobre Duarte, el candidato gubernamental, coronel Arturo Armando Molina Barraza, pero como éste no llegó a la mayoría absoluta, la proclamación del presidente correspondía al Legislativo, el cual, sin sorpresas, invistió a Molina.

Luego de sofocarse el 25 de marzo una intentona golpista de elementos militares y civiles descontentos con la mascarada electoral y entre los que había partidarios de la UNO, Duarte cargó con las iras del Gobierno, que aprovechó la circunstancia para deshacerse de un líder opositor visto como el mayor peligro para el régimen. Acusado de haber urdido la conspiración, Duarte fue encarcelado y sometido a bárbaras torturas de las que salió muy maltrecho, con tres dedos de la mano izquierda mutilados y los pómulos aplastados a culatazos. El tribunal que le juzgó le condenó a muerte por el delito de alta traición, pero las presiones internacionales forzaron a Molina permitirle que se exiliara en Venezuela.

En Caracas, acogido a la protección de su correligionario y entonces presidente venezolano Rafael Caldera, Duarte, erigido en presidente del PDC, prosiguió sus actividades políticas y retomó la actividad profesional de ingeniero, como asesor del Centro Simón Bolívar de Renovación Urbana y Vivienda y como socio capitalista y gerente de diversas constructoras privadas. Gozando del respeto general por unas credenciales democráticas que a punto habían estado de costarle la vida, la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) convino en nombrarle su presidente y la Unión Mundial Demócrata Cristiana (UMDC) le hizo su vicepresidente.

Entre tanto, El Salvador se fue sumiendo en la crisis general. La insatisfacción de las demandas sociales, unida a una coyuntura económica adversa, favorecía la emergencia en la izquierda de grupos armados revolucionarios que a su vez agudizaron la represión del poder. La llegada a la Presidencia en julio de 1977 a través de otra mascarada electoral del ministro de Defensa y Seguridad de Molina, el general Carlos Humberto Romero Mena, erigido en un dictador sin ambages, inauguró una etapa de represión y corrupción tan intolerable que entre la oficialidad joven y moderada de las Fuerzas Armadas ganó ímpetu la opinión que era preciso derrocar al autócrata antes de que la imparable polarización política y social condujera a la insurrección popular y la guerra civil. En 1974 Duarte se presentó en el país, pero fue inmediatamente arrestado y enviado de vuelta a Venezuela.

El 15 de octubre de 1979, con el telón de fondo de una espiral de violencia asfixiante, ejercida contra el pueblo indiscriminadamente por el Ejército y grupos paramilitares de extrema derecha al socaire de la lucha contrainsurgente, y contra objetivos del poder por las organizaciones de extrema izquierda mediante sabotajes y atentados terroristas, tuvo lugar el esperado golpe de Estado. Romero fue enviado al exilio y asumió el poder una Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG) de cinco miembros, dos militares, los coroneles Adolfo Arnaldo Majano Ramos y Jaime Abdul Gutiérrez Avendaño, y tres civiles, Guillermo Manuel Ungo Revelo, líder del MNR, Mario Antonio Andino, representante de los empresarios, y Román Mayorga Quirós, rector de la Universidad Centroamericana, siendo los dos últimos personalidades independientes. El PDC no estuvo representado en la JRG.

Al punto, Duarte retornó del exilio y se integró en el nuevo escenario político, que pronto decepcionó a los sectores sociales más desesperados. En efecto, las promesas iniciales de la JRG de adoptar medidas que condujesen a una "distribución equitativa" de la riqueza nacional (ampliamente detentada por las célebres "catorce familias" de la oligarquía terrateniente) a través de la reforma agraria y la nacionalización de la banca y el comercio exterior, y de poner coto a las tremebundas violaciones de los Derechos Humanos, quedaron mayormente en el vado por la resuelta oposición de los poderes económicos afectados y la indiferencia de las organizaciones armadas estatales y paraestatales, que siguieron librando una guerra a muerte contra las guerrillas y sus "organizaciones políticas de masas" (las cuales constituyeron un mando de coordinación civil y militar en enero de 1980), amén de las propias contradicciones y vacilaciones en el seno de la JRG, donde se manifestaron un sector progresista encabezado por Majano y un sector conservador representado por Gutiérrez.

La dimisión de los tres miembros civiles de la JRG el 5 de enero de 1980 abrió una crisis que se zanjó con la formación de una segunda JRG cuatro días después. Duarte se aseguró que el PDC brindara todo el soporte político de la JRG y colocó a dos compañeros del partido en su seno, José Antonio Morales Ehrlich y Héctor Miguel Dada Hirezi. Cuando Dada Hirezi renunció el 3 de marzo como protesta por la incapacidad de la JRG para frenar la escalada de violencia, el propio Duarte ocupó su puesto y también le reemplazó como ministro de Asuntos Exteriores. La mudanza precipitó la escisión del sector más progresista del PDC, que dio lugar al partido de oposición Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC).

Su actitud de colaboración con las omnipresentes Fuerzas Armadas, no obstante su evidente implicación en el asesinato (24 de marzo) del arzobispo Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, por no citar el rosario de matanzas de campesinos y de tropelías contra la población urbana, y, muy importante, el soporte recibido de Estados Unidos, colocaron al dirigente democristiano en la presidencia de la JRG con funciones de jefe del Estado el 22 de diciembre de 1980.

El hito que supuso la elevación de Duarte como primer presidente civil de El Salvador desde 1931 apenas podía considerarse el principio de un cambio de rumbo en el torturado país centroamericano: la eliminación de la escena del coronel Majano (expulsado de la JRG el 7 de diciembre anterior y luego arrestado), el apuntalamiento de la extrema derecha militar con la conversión de Gutiérrez, verdadero hombre fuerte del régimen, en vicepresidente y comandante en jefe Fuerzas Armadas, y la confirmación del coronel José Guillermo García como ministro de Defensa, más la propia dinámica del conflicto armado, dejaban apenas margen a un mandatario cuyo mismo voluntarismo reformista fue puesto en entredicho.

Así, cuando el 10 de enero de 1981 el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, surgido el 10 de octubre anterior de la fusión de las cuatro organizaciones guerrilleras) lanzó una ofensiva general, el Alto Mando militar fue quien negoció con el Gobierno de Estados Unidos el envío urgente de la ayuda bélica necesaria, más asesores militares, pertrechos y armamento moderno, para contener a la guerrilla. La llegada al Gobierno de Estados Unidos de Ronald Reagan y el Partido Republicano supuso la intensificación de esta vital asistencia al régimen y Duarte se convirtió en una pieza clave de la contención anticomunista en toda Centroamérica diseñada por los nuevos inquilinos de la Casa Blanca.

Como parte de esta estrategia de conferir legitimidad democrática al régimen para obtener el aval del Congreso estadounidense a la ayuda militar para El Salvador y para despojar de argumentación tanto a la ultraderecha como a las izquierdas revolucionarias, Duarte convocó elecciones a una Asamblea Constituyente de 60 miembros para el 28 de marzo de 1982. El PDC cosechó una victoria pírrica, ya que sus 24 escaños no alcanzaban a los sumados por las formaciones de extrema derecha, encabezadas por la nueva Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) del mayor del Ejército Roberto D'Aubuisson Arrieta, exaltado oficial de corte fascista relacionado con el desarrollo de los tenebrosos escuadrones de la muerte, y el PCN: las cuatro coparon los 36 escaños restantes.

El 2 de mayo Duarte transmitió sus funciones al nuevo presidente provisional elegido por la Asamblea Constituyente (cuya presidencia fue para D'Aubuisson), el banquero Álvaro Alfredo Magaña Borja, hombre del gusto del Ejército, el PDC y Estados Unidos, quien formó un Gobierno con el partido de Duarte, ARENA, el PCN y personalidades no adscritas designadas por los militares.

Promulgada el 23 de diciembre de 1983, la nueva Carta Magna, que de hecho dio carpetazo, con la oposición de Duarte, a la ya tímida Ley de Reforma Agraria del 29 de octubre de 1980, el 25 de marzo de 1984 el país acudió a votar de nuevo para elegir un presidente constitucional. El líder democristiano se alzó en cabeza con el 43,4% de los votos y hubo de acudir a una segunda vuelta el 6 de mayo contra D'Aubuisson, al que batió definitivamente con el 53,6%. Se habló de las elecciones presidenciales más convincentes en la historia del país, y eso a pesar del cúmulo de irregularidades (para ARENA, un fraude sin paliativos) y las severas restricciones a la representatividad del proceso, pero se convino en que, dadas las circunstancias de la guerra civil, el clima de terror imperante y el corsé geopolítico de la Guerra Fría, el proceso en sí ya constituyó un jalón democrático.

El 1 de junio de 1984 Duarte tomó posesión de su mandato quinquenal con el espaldarazo de Estados Unidos y un objetivo primordial: acabar con el conflicto por la vía negociada sobre la base del "diálogo sin armas" con la guerrilla y sacar del agujero al devastado país, una empresa formidable en la que iba a terminar hipotecando todo su prestigio y credibilidad. Tal como hiciera 14 años más tarde el mandatario colombiano Andrés Pastrana con las FARC, Duarte empezó por acudir a un encuentro cara a cara con los jefes del FMLN, el 15 de octubre de 1984 en la localidad de La Palma, en el departamento de Chalatenango, coincidiendo con la superación de la fase más aguda de la violencia, localizada en el bienio negro de 1980-1981.

Esta entrevista preliminar sólo sirvió para exponer las visiones del conflicto y las demandas de cada parte: Duarte ofrecía negociaciones de paz condicionadas al desarme y la desmovilización de la guerrilla con vistas a su incorporación en la vida política civil, y argüía que las causas originarias del conflicto, la inexistencia de un Estado de Derecho, la violación sistemática de los derechos y las libertades fundamentales, y los escandalosos desequilibrios del sistema socioeconómico, estaban o superadas o en trance de superación; el FMLN y su brazo político, el Frente Democrático Revolucionario (FDR, nacido el 17 de abril de 1980 de la fusión de cinco organizaciones de masas proguerrilleras y el Frente Democrático Salvadoreño, FDS, a su vez formado por el MNR, el MPSC y otros grupos de talante progresista) reclamaban un alto el fuego, el cese de la injerencia militar de Estados Unidos, el reconocimiento de la guerrilla como fuerza beligerante, negociaciones en pie de igualdad y la formación de un Gobierno de transición abierto a todas fuerzas políticas del país, inclusive ellos pero exceptuando a ARENA, a la que consideraban invariablemente ligada a los escuadrones de la muerte.

Los contactos preparatorios dieron lugar a un diálogo de sordos en el que las partes sólo coincidieron en la necesidad de seguir manteniendo los cauces de comunicación. La doble estrategia de Duarte de ofrecer negociaciones de paz a la guerrilla al tiempo que, para convencerle de que su toma revolucionaria del poder estaba condenada al fracaso (análisis correcto, desde el momento en que los frentes insurgentes, a diferencia de la Nicaragua somocista, nunca tuvieron de su parte a la burguesía nacional y las clases pudientes, las cuales, antes bien, eran en El Salvador parte de los poderes tradicionales), se le apretaban las tuercas en el frente militar con la incorporación de más batallones de élite, más asesoría estadounidense y nuevas tácticas de lucha contrainsurgente destinadas a aislarla de sus bases sociales de reclutamiento y apoyo y a cortarle los suministros, recibió el respaldo del Grupo de Contadora y la absoluta confianza de la administración Reagan.

A la espera de nuevos encuentros y de un verdadero diálogo en firme con la guerrilla, a lo largo de 1985 Duarte ordenó medidas tendentes a introducir un cierto grado de humanización en la guerra civil, como la prohibición a la Fuerza Aérea de bombardear zonas civiles sin la autorización presidencial, la creación de una comisión de investigación de asesinatos políticos o la persecución de los terroristas paraestatales incrustados en los cuerpos de seguridad que ya ejecutaban la represión legal: la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía Militar de Hacienda. Ahora bien, todas estas medidas distaban de ser creíbles en tanto no se depuraran a los responsables de las peores violaciones de los Derechos Humanos. Paulatinamente, el presidente fue quedándose sin argumentos ante la siniestra impunidad de las bandas ultraderechistas y los desmanes del Ejército.

Con todo, en las legislativas del 31 de marzo de aquel año el PDC se apuntó la mayoría absoluta con 33 escaños, lo que testimonió la importante confianza popular con que aún contaba Duarte. Los resultados electorales neutralizaron temporalmente el enfebrecido belicismo de ARENA y dieron nuevo oxígeno a las expectativas de paz. También en 1985 el mandatario vivió una difícil prueba personal cuando su hija Inés fue secuestrada por un grupo del FMLN el 10 de septiembre. Suscitando agrios reproches entre las filas areneras y malestar en el Alto Mando, Duarte accedió a negociar con los captores la liberación de su hija y de la amiga que la acompañaba, así que el 23 de octubre las muchachas fueron canjeadas junto con 28 oficiales del Ejército en manos del FMLN por 22 presos políticos y 96 guerrilleros heridos.

Nada tangible se sacó de los encuentros con el FMLN-FDR a lo largo de 1986 y sólo en 1987 se produjeron novedades significativas. El 7 de agosto de ese año, luego de encajar una severa derrota política con la sentencia de inconstitucionalidad de su proyecto ley de reforma tributaria, combatido por ARENA y la patronal por imponer a las rentas altas un impuesto especial para sufragar el esfuerzo de guerra, Duarte asistió en Guatemala a una trascendental cumbre de mandatarios centroamericanos que contó con las asistencias también del guatemalteco Vinicio Cerezo, el hondureño José Azcona, el nicaragüense Daniel Ortega y el costarricense Óscar Arias. Los cinco estadistas estamparon su firma a la denominada Declaración de Esquipulas II sobre el Procedimiento de Paz Firme y Duradera en Centroamérica elaborado por Arias y que recibió el aval del Grupo de Contadora.

El plan contemplaba la desmovilización de las guerrillas salvadoreña, guatemalteca y nicaragüense, su acogida a sendas leyes de amnistía aprobadas por los respectivos gobiernos, la suspensión de toda ayuda exterior tanto a éstos como a aquellas, y el inicio de rondas de diálogo nacional en cada país. De regreso a San Salvador, Duarte tomó pasos encaminados a aplicar lo que le concernía de Esquipulas II: el 7 de septiembre nombró una Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) y el 5 de octubre se reanudó el diálogo, ya incondicional, con el FMLN-FDR en la nunciatura apostólica de la capital. Además, acogidos a la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea el 28 de octubre, retornaron del exilio Ungo, Rubén Ignacio Zamora y otros líderes izquierdistas, quienes el 30 de noviembre pusieron en marcha el partido Convergencia Democrática a partir del MNR, el MPSC y PSD.

Sin embargo, esta prometedora dinámica impulsada por Duarte no tardó en venirse abajo. El asesinato el 26 de octubre del presidente de la ONG Comisión de Derechos Humanos del El Salvador (CDHES), Herbert Ernesto Anaya Sanabria, se vio como una provocación y un aviso de que las poderosas fuerzas reaccionarias no estaban dispuestas a permitir que la guerrilla saliera airosa del conflicto por la vía de las concesiones políticas ahora que, así lo veían ellas, su derrota militar estaba más cerca que nunca. A estas alturas del conflicto, Duarte bien podía disentir de esa percepción, pero, atrapado entre los dos fuegos internos y supeditado a la política exterior de Estados Unidos, su iniciativa y autoridad políticas se tornaron irrelevantes. Además de no verse el final del túnel de la guerra civil, la debacle económica, los desastres naturales, la gestión ineficaz del Gobierno, los escándalos de corrupción en su seno y los rumores de golpe de la ultraderecha se confabularon para convertir a Duarte en un presidente fracasado.

Esto quedó especialmente de manifiesto en las elecciones legislativas y municipales del 20 de marzo de 1988, cuando el PDC fue contundentemente batido por ARENA, el cual se cobró los frutos de su prédica guerrera, su propaganda del miedo al comunismo y la violencia, y su oposición parlamentaria destructiva. El desmoronamiento político de Duarte, hombre bienintencionado y demócrata sincero pero político irresoluto y no pocas veces inconsistente, se tornó en físico también después de que en junio, aquejado de fuertes dolores, fuera ingresado con urgencia en el hospital militar Walter Reed de Washington, donde se le diagnosticó un cáncer estomacal en grado muy avanzado. Los facultativos hubieron de extirparle las tres cuartas partes del estómago y, para conmoción general, le concedieron entre seis meses y un año largo de vida.

En los meses siguientes, Duarte tuvo varias hospitalizaciones en el citado centro médico, donde fue visitado por el presidente Reagan y el vicepresidente George Bush, para someterse a nuevas cirugías y a tratamientos de quimioterapia. Valerosamente, luchó por llegar con vida al final de su mandato, negándose a dimitir como presidente de la República o presidente del PDC, a pesar de que su enfermedad vino a ensombrecer aún más el ominoso panorama nacional.

Pocos lo habían imaginado, ante la vista del rápido declive físico del mandatario, pero el 1 de junio de 1989 un demacrado Duarte transfirió sus atribuciones a Alfredo Cristiani Burkard, el presidente electo de ARENA como vencedor cantado en las urnas el 19 de marzo anterior sobre el heredero político del líder saliente, Fidel Chávez Mena, su ministro de Exteriores entre 1982 y 1984. Una satisfacción añadida para Duarte dadas las tristes circunstancias personales supuso el convertirse en el primer presidente civil de El Salvador en entregar el testigo a otro civil de distinto partido, y además surgidos los dos de elecciones democráticas. Irónicamente, iban a ser Cristiani y ARENA, luego de haberse pasado una década boicoteándola, los hacedores de la paz con el FMLN y los terminadores de la guerra civil (enero de 1992), con un balance de 75.000 muertos y cientos de miles de exiliados, refugiados y mutilados, para un país que entonces contaba con cinco millones y medio de habitantes.

Al cabo de una prolongada agonía que suscitó una consideración patética de esta figura, para muchos, trágica de la historia contemporánea salvadoreña, Duarte falleció en su ciudad natal a los 64 años el 23 de febrero de 1990, de un paro cardíaco causado por una embolia pulmonar como consecuencia del cáncer terminal de estómago e hígado. Sus restos fueron inhumados el día 25 en el Cementerio Jardines del Recuerdo de la capital salvadoreña. En el momento de su muerte, el ex presidente poseía sendos doctorados honoris causa por las universidades de Notre Dame, Boston y Morón (Argentina), y era presidente de la Fundación que llevaba su nombre, puesta en marcha el 8 de julio de 1988 por familiares y amigos para perpetuar su recuerdo y para promover proyectos sociales y medioambientales en El Salvador.

(Cobertura informativa hasta 1/1/2006)