Mohammed Ghannouchi

El histórico levantamiento popular de enero de 2011 en Túnez, que puso fin, el día 14, a 23 años de dictadura del presidente Zine El Abidine Ben Alí, situó al frente del escenario político a Mohammed Ghannouchi, primer ministro del país desde 1999 y hasta entonces dócil colaborador del mandatario depuesto, al que sirvió con un perfil de tecnócrata y gestor económico. Con una insistencia no libre de oportunismo, Ghannouchi se desvinculó de los abusos del anterior régimen y prometió concluir en el plazo de seis meses la transición pacífica a una democracia genuina.

Sus primeras disposiciones rupturistas fueron arrancadas por los manifestantes, que consideraron un grave paso en falso la preeminencia del partido hegemónico, el RCD, en su primer Gobierno de "unidad nacional", constituido el 17 de enero. A continuación, Ghannouchi se desligó del RCD, propició la desarticulación de su cúpula y la suspensión de sus actividades, y rehizo el Gabinete con ministros independientes más una presencia testimonial de los partidos de la débil oposición. Respaldado por el Ejército y por parte de la ciudadanía, el gobernante interino debía convencer de la profundidad de su compromiso con la depuración del aparato de seguridad responsable de la represión, la investigación de los desmanes corruptos de los clanes Ben Alí-Trabelsi y la legalización de todas las fuerzas políticas, incluidos los islamistas del Ennahda, de cara a las próximas elecciones generales. Una empresa en la que fracasó. El 27 de febrero, presionado por el sector de la poblacion que exige la supresión de todo vestigio del régimen benalista, y con nuevas víctimas de los disturbios que lamentar, Ghannouchi no tuvo más salida que la dimisión.

(Texto actualizado hasta febrero 2011)

1. Planificador económico y primer ministro de Túnez
2. Cuestionado piloto de la transición democrática tras la revolución de enero
3. Nueva ola de protestas y dimisión


1. Planificador económico y primer ministro de Túnez
Luego de completar los estudios secundarios en su Sousse natal accedió a la Universidad de Túnez, por la que se licenció en Ciencias Económicas en 1966. Posteriormente fue admitido en la Escuela Nacional de Administración de Túnez y se trasladó a París con una beca para realizar un curso en el Ministerio de Finanzas francés. Con este bagaje quedó cualificado para ingresar en la alta función pública del Estado tunecino, empezando a ejercer en la Secretaría de Estado de Planificación y Economía Nacional, oficina entonces encabezada por Mansour Moalla, futuro ministro de Finanzas.

En 1975, durante el Gobierno del primer ministro Hédi Nouira, Ghannouchi ascendió a director de la Planificación General. Como todos sus colegas de escalafón en la administración del Gobierno, era miembro del Partido Socialista Desturiano (PSD), el único legal del país hasta 1981 y pivote del régimen autocrático fundado por Habib Bourguiba, padre de la independencia y presidente vitalicio de la República. Sin embargo, el Ghannouchi de aquella época es retratado como un competente tecnócrata enfrascado en los números y ajeno a las intrigas políticas. En junio de 1982 el entonces primer ministro, Mohammed Mzali, le puso al frente de la Dirección General de Planificación, dentro del Ministerio de Planificación y Finanzas.

En septiembre de 1987 el nuevo primer ministro, Rashid Sfar, le confirmó en el área de Planificación pero con el rango de secretario de Estado. Semanas más tarde, la llegada a la jefatura del Gobierno de Zine El Abidine Ben Alí, hasta entonces ministro del Interior, supuso el nombramiento de Ghannouchi, el 27 de octubre, como ministro delegado encargado de la Planificación. Pocos días después, el 7 de noviembre, Ben Alí defenestró al octogenario Bourguiba con la justificación de una supuesta senilidad y asumió la Presidencia de la República.

La confianza de Ben Alí, comprometido con la apertura gradual de una economía de características socialistas a las dinámicas del libre mercado, en las capacidades de Ghannouchi quedó ilustrada con una sucesión de nombramientos en el seno del Gabinete, cuyo primer ministro pasó a ser Hédi Baccouche, a su vez reemplazado por Hamed Karoui en septiembre de 1989. El 26 de julio de 1988 el economista adquirió la titularidad de la cartera de Planificación y menos de un año después, el 11 de abril de 1989, amplió sus competencias con la asunción del área de Finanzas.

La dinámica prosiguió en la década de los noventa, siendo sucesivamente ministro de Economía Nacional y Finanzas (3 de marzo de 1990), de Finanzas (20 de febrero de 1991) y de Cooperación Internacional e Inversión Extranjera (9 de junio de 1992). Ya antes de obtener esta última cartera, Ghannouchi poseía una sólida experiencia internacional en la esfera financiera como interlocutor en reuniones y negociaciones de instituciones tales como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. También, tomó asiento en las juntas directivas del Banco Tunecino-Kuwaití de Desarrollo y el Banco Nacional de Túnez.

Esta trayectoria del servidor estatal de Ghannouchi culminó con su nombramiento para el puesto de primer ministro el 17 de noviembre de 1999, tres semanas después de celebrarse las terceras elecciones generales de la era Ben Alí. En ellas, el régimen, autoritario y represivo tras su reputación -que tan buen eco hallaba en los gobiernos occidentales- de moderado, pragmático y moderno, ganó otros cinco años de dudosa legitimidad con sus maniobras pseudodemocráticas: en las presidenciales, Ben Alí fue reelegido con el 99% de los votos frente a dos simbólicos contrincantes de la oposición colaboradora escogidos por el poder, mientras que su partido, el Reagrupamiento Constitucional Democrático (RCD, ex PSD), se hizo con todos los escaños de la Cámara de Diputados salvo los 34 reservados a los partidos de la débil oposición legal.

En el sistema republicano tunecino, fuertemente presidencialista, más tratándose de Ben Alí la persona que lo encabezaba, el cargo de primer ministro carecía de verdadera iniciativa política, pareciéndose su trabajo diario más al de un coordinador ministerial o al de un gerente de las directrices del jefe del Estado. Ghannouchi se encargaba de hacerlas cumplir con una actitud dócil y entusiasta, tanto que los tunecinos le llamaban a veces con sorna Monsieur Oui Oui. Además, desde la reforma constitucional de 1988, el primer ministro ya no era el primero en la línea de sucesión en caso de vacancia en la Presidencia de la República; tal responsabilidad era reservada al presidente de la Cámara de Diputados.

Con todo, en la década siguiente, Ghannouchi se desenvolvió como uno de los arquitectos de las reformas económicas liberales, consensuadas por el régimen con un FMI entusiasmado con su "alumno aventajado" en esta parte del mundo. La sostenibilidad del servicio de la deuda externa y la competitividad de mercado adquirieron prioridad. El ajuste estructural precisó el manejo cuidadoso del presupuesto del Estado y la apertura al capital privado de sectores productivos eminentemente comerciales como las manufacturas textiles y el turismo, lo que favoreció las exportaciones y las inversiones; como resultado, en el pequeño país norteafricano se instaló una dinámica de crecimiento con tasas del 5% anuales.

La bonanza económica, junto con el programa de redistribución de la renta nacional, animó al grueso de la población a concentrarse en las posibilidades de su progreso social y material particular, el cual, de concretarse, podía hacer tolerables las severas restricciones al pluralismo político, las cortapisas a la libre información y los excesos represivos del Estado policíaco. Sin embargo, a medida que pasaban los años, la perpetuación del problema del alto desempleo, el bloqueo del acceso al mercado laboral de miles de jóvenes con titulación superior en buena parte debido al enchufismo que imperaban en el partido-Estado, junto con la corrupción y el nepotismo sangrantes de los clanes familiares del presidente y su esposa, Leïla Trabelsi, fueron alimentando un profundo resentimiento social y el desapego popular al régimen.

Si bien no gozaba de especiales simpatías en la ciudadanía por su servilismo al dictador de hecho que era Ben Alí, Ghannouchi, por lo menos, proyectaba una imagen de funcionario austero, diligente y honesto, alejado de la desmedida rapiña de propiedades y dinero que rodeaban al mandamás del Palacio de Cartago y a muchos altos cargos del RCD. El primer ministro vivía con su esposa en una casa modesta en un suburbio residencial de la capital, y de uno de sus dos hijos, médico en el sistema público de salud, se decía que no había obtenido beneficio del favoritismo caro a los vástagos del oficialismo.

Pese a no tratarse esta de su condición más llamativa, Ghannouchi no dejaba de ser un hombre de partido. Miembro del Comité Central del RCD desde el Congreso de 1998, el 26 de enero de 2001 tomó asiento en la instancia superior, el Buró Político, y como vicepresidente segundo, por detrás del vicepresidente primero, Hamed Karoui. Siete años después, el 5 de septiembre de 2008, el gobernante quedó situado como el vicepresidente único del RCD, cuyo presidente era Ben Alí. Un mes antes, el V Congreso le había reelegido en el Comité Central pero en la posición sexta, por detrás de los ex primeros ministros Karoui, Baccouche y Sfar, del ex secretario general de la Liga Árabe Chedli Klibi y de Taïeb Sahbani, antiguo director de Gabinete de Bourguiba.


2. Cuestionado piloto de la transición democrática tras la revolución de enero
En septiembre de 2010 el Gobierno tunecino, siguiendo la recomendación del FMI, comenzó a suprimir los subsidios que se mantenían en productos de primera necesidad como la harina, el aceite y el azúcar. Ya entre 2006 y 2008 Ghannouchi había aplicado fuertes alzas en los precios de alimentos básicos como el arroz, el trigo y el maíz para corregir desequilibrios fiscales. La última medida se aplicó cuando el país se recuperaba de una ralentización del crecimiento económico como consecuencia de la crisis global, que había golpeado particularmente al vital mercado europeo, y también por la competitividad de los productos asiáticos. Llegado diciembre, la pérdida de poder adquisitivo y el azote del desempleo, con un paro oficial del 14% que era mucho mayor entre los jóvenes, fueron los detonantes de una protesta social que comenzó en las gobernaciones del interior, tradicionalmente relegadas de la prosperidad concentrada en la capital y las ciudades cosmopolitas de la costa.

Con epicentro en Sidi Bouzid, donde el 17 de diciembre se prendió fuego un desesperado licenciado en paro, los disturbios se extendieron al resto del país y en cuestión de días adquirieron el cariz de una sublevación popular contra el régimen, que de entrada confió en pararla con una contundente reacción policial, produciéndose las primeras víctimas mortales. Sin abandonar la táctica represiva, el Ejecutivo despidió el año ofreciendo unas supuestas concesiones a los manifestantes con los ceses de los ministros de Comercio, Comunicaciones y Asuntos Religiosos.

En el arranque de 2011, la revuelta ganó intensidad con la incorporación a la misma de sindicalistas, abogados, maestros y gran número de usuarios de Internet, que se movilizaron en las webs. El 12 de enero, desbordados por una protesta de dimensiones revolucionarias, Ben Alí sacrificó al ministro del Interior, Rafik Belhaj Kacem, ejecutor de la represión, y Ghannouchi, quien por el momento no era blanco personal de las invectivas de la calle, anunció la puesta en libertad de todos los detenidos en los enfrentamientos de los días previos así como la creación de sendas comisiones de investigación para esclarecer las prácticas corruptas en el Gobierno y las denuncias por las ONG y los partidos de la oposición de brutalidad policial. Al día siguiente, el presidente, en un intento desesperado de desactivar la insurrección, prometió democracia, pluralismo y que no se presentaría al sexto mandato quinquenal en las elecciones de 2014, escenario que la Constitución no permitía pero que para la oposición no era descartable porque ya venía rumoreándose que el oficialismo buscaría una nueva reforma constitucional ad hoc.

El 14 de enero, viernes, los acontecimientos se precipitaron. Por la mañana, miles de manifestantes desfilaron por el centro de Túnez gritando consignas contra Ben Alí y exigiendo su marcha inmediata .Transcurridas unas horas, ya iniciada la tarde, los agentes antidisturbios cargaron contra los congregados frente al Ministerio del Interior. Simultáneamente, el presidente anunció el cese del Gobierno en pleno, la encomienda a Ghannouchi de que formara un nuevo Ejecutivo y la celebración de elecciones legislativas anticipadas para dentro de seis meses. Menos de una hora después, a las cinco de la tarde, decretó el estado de urgencia y el toque de queda en todo el país.

A las 18,40 horas Ghannouchi, flanqueado por los presidentes de la Cámara de Diputados, Fouad Mebazaa, y de la Cámara de Consejeros, Abdallah Kallel, apareció en la televisión para comunicar a la nación un asunto de la mayor trascendencia: puesto que el presidente estaba "temporalmente incapacitado para ejercer sus funciones", él, el primer ministro, en virtud del artículo 56 de la Constitución, asumía dichas funciones en calidad de "presidente interino". En su breve alocución, el autoinvestido presidente interino de la República se comprometía a respetar la Carta Magna, a restaurar la gobernabilidad en el país y a poner en marcha "todas las reformas sociales y políticas que han sido anunciadas en colaboración con los partidos políticos y los actores de la sociedad civil". Asimismo, instó a los tunecinos "de todas las tendencias políticas e intelectuales a que se unan para permitir que el país supere este difícil período y regrese a la estabilidad".

Se trataba de una transferencia de poder acordada con Ben Alí, quien aproximadamente media hora antes había emprendido vuelo con unos pocos familiares rumbo a un país de acogida que resultó ser Arabia Saudí. Las precipitadas dejación de funciones y huida de Ben Alí estuvieron determinadas por la actitud del Ejército, ya desplegado en las calles, que se negó a implicarse en la represión. Por de pronto, la marcha de Ben Alí y la asunción de Ghannouchi en unas circunstancias confusas que arrojaban dudas sobre la validez constitucional del movimiento del primer ministro –el artículo 56 no decía nada de presidencias interinas- no interrumpieron las protestas. Los manifestantes no se daban por satisfechos y ahora exigían la caída del régimen del RCD al completo, no sólo de su máximo responsable. En la calle, ya empezaron a escucharse gritos exigiendo la renuncia también de quien durante más de una década había sido el principal factótum burocrático del dictador.

El 15 de enero, la nueva dirección nacional, respaldada por un Ejército que intentaba restaurar el orden público de manera pacífica, se apresuró a disipar cualquier duda sobre la legalidad de la transmisión institucional. Siguiendo escrupulosamente con las previsiones de la norma suprema, el Consejo Constitucional dictaminó que la vacancia de Ben Alí era "permanente", de manera que el presidente de la Cámara baja, Mebazaa, quedaba investido presidente interino de la República. Tras jurar como tal, Mebazaa encargó a Ghannouchi la formación de un Gobierno de unidad nacional.

Comenzó entonces una azarosa –y aparente- transición democrática alentada por la comunidad internacional pero que debía hacer frente a dos serios desafíos internos: la revolución no se detenía, ya que el pueblo quería seguir demoliendo los símbolos del régimen, y el caos continuaba instalado en las calles, en buena parte provocado por policías y milicianos leales a Ben Alí con intenciones desestabilizadoras. El vandalismo, los pillajes nocturnos, pese al toque de queda, y la matanza de decenas de presos en motines e intentos de fuga provocados en varias cárceles del país parecían responder a esta estrategia.

Los militares, acatando las órdenes del jefe del Estado Mayor, el general Rashid Ammar, fueron sustituyendo a la Policía en las labores de seguridad, donde encontraron la colaboración de improvisadas patrullas ciudadanas de autodefensa civil, y comenzaron a enfrentarse, silenciándolos a tiros, a los agentes armados leales al mandatario depuesto que se hallaban atrincherados en diversas instalaciones y desde donde cometían sus fechorías, incluido el complejo presidencial de Cartago.

Mientras iniciaba el diálogo "sin exclusiones" con los partidos de la oposición para la formación del Gobierno de coalición, Ghannouchi dispuso la detención de figuras del círculo de Ben Alí que no habían abandonado el país y que estarían fomentando la violencia, como el general Ali Seriati, jefe de su guardia personal, y de otras personas que podían ser llevadas a los tribunales con un sinfín de cargos de corrupción, a saber, miembros del clan Trabelsi y familiares directos del ex presidente como su yerno Salim Shayboub .

El 17 de enero Ghannouchi declaró abierta "una nueva página en la historia de Túnez" con la presentación del Gobierno de unidad nacional con él al frente y los anuncios de la liberación de todos los presos políticos mediante una ley de amnistía y de la legalización de las fuerzas políticas proscritas que lo solicitaran. De los 22 miembros del nuevo Ejecutivo que debía timonear la transición hasta las elecciones, nueve eran miembros del RCD y seis renovaban los puestos desempeñados bajo Ben Alí, entre ellos los ministros clave de Interior, Ahmed Friaa –el reciente sustituto del odiado Rafik Belhaj Kacem-, Defensa, Ridha Grira, Exteriores, Kamel Morjane, y Finanzas, Ridha Chalghoum.

La oposición, en su primera participación en las labores ministeriales desde la independencia, sólo obtuvo tres carteras menores, las de Desarrollo Regional, Educación Superior y Sanidad, idas a Najib Chebbi, Ahmed Brahim y Mustafa Ben Jaafar, líderes respectivamente del Partido Democrático Progresista (PDP), el Movimiento de Renovación (Ettajdid) y el Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades (FDTL, o Ettakatol). De estos tres partidos legales, sólo el Ettajdid era parlamentario, con dos diputados obtenidos en las elecciones generales de octubre de 2009. El sindicato hegemónico, la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), recibió otros tres ministerios. El resto de puestos fueron para independientes y representantes de la sociedad civil, entre ellos la cineasta Moufida Tlatli, ministra de Cultura, y el activista de Internet Slim Amamou, secretario de Estado de Juventud y Deportes.

Uno de los elementos de consenso era la necesidad de postergar las elecciones presidenciales, que según la Constitución tendrían que celebrarse en dos meses, con el fin de dar tiempo para organizar sus campañas a los partidos, tanto los legales como en vías de ser legalizados, de una oposición dispersa, endeble, escasamente conocida por la gente y de hecho no protagonista de la revolución. Ghannouchi era consciente de este problema, sin cuya resolución no tendría credibilidad la transición democrática, y se mostró dispuesto a retrasar las presidenciales hasta dentro de seis meses, haciéndolas coincidir con las legislativas también adelantadas. Los comicios tendrían que ser "libres, transparentes, controlados por una comisión independiente y con observadores internacionales", y a los mismos podrían presentarse todos los partidos "con igualdad de condiciones".

Pero ahora mismo, la máxima preocupación del primer ministro era la viabilidad de su nuevo Gobierno, que empezó a desmoronarse nada más anunciarse a bombo y platillo. Para empezar, dejó un mal sabor de boca que la oposición ilegal, principalmente el islamista Partido del Renacimiento (Ennahda, machacado por la represión en los años de Ben Alí) y el Congreso por la República (CPR), fuera marginada de las conversaciones y del Gobierno. El líder del CPR, Moncef Marzouki, quien escogió este momento para regresar de su exilio en Francia y declarar su postulación presidencial, tachó al nuevo Gabinete de "mascarada", su colega al frente del Ennahda, Rashid Ghannouchi –sin ningún parentesco con Mohammed-, también exiliado, habló de "Gobierno de exclusión nacional", y entre los animadores del levantamiento popular, hiperactivos en las webs, se habló de "contrarrevolución" y de "revolución secuestrada". Los manifestantes exigían que se borrara todo vestigio del antiguo régimen, inclusive la disolución del "partido de la dictadura".

Ghannouchi aseguró que a partir de ahora imperaría la "separación estricta entre el Estado y los partidos", y justificó la preponderancia del RCD en el Gabinete por el "interés nacional". "Todos los ministros que se han quedado tienen las manos limpias y una gran competencia", arguyó. El primer ministro, muy locuaz, hacía de pasoostensibles esfuerzos para disociar su nombre del detestado binomio Ben Alí-Trabelsi. Así, reiteró que los responsables de "esa masacre, esa carnicería" serían llevados ante los tribunales, que los miembros corruptos de los clanes familiares correrían igual suerte y que él ya había advertido al ex presidente que la situación era "explosiva a causa de las corruptelas, el despotismo y el enriquecimiento ilícito del entorno".

La trepidante sucesión de acontecimientos no amainaba. El 18 de enero Ghannouchi encajó las dimisiones de los tres recién nombrados ministros de la UGTT, así como la de Ben Jaafar. Para aplacar el enfado general, Ghannouchi, al alimón con el presidente interino Mebazaa, comunicó su baja como vicepresidente y miembro del RCD, mientras que el Comité Central del Partido echaba del Buró Político a Ben Alí y a otros cinco miembros, entre ellos el ex ministro del Interior Belhaj Kacem, el presidente de la Cámara alta del Parlamento (y ex ministro del Interior también), Abdallah Kallel, y el ex jefe de Gabinete de Ben Alí, Ahmed Iyadh Ouederni. La Internacional Socialista decidió expulsar de su seno a la agrupación tunecina.

El 20 de enero eran todos los ministros del RCD los que voluntariamente se separaban de la misma. Uno de ellos, Zouhaier M'dhaffer, titular de Desarrollo Administrativo, comunicó además su marcha del Gobierno, que precisamente hoy, en su primer Consejo de Ministros, aprobó un proyecto de ley de amnistía general, aplicable también a los miembros del Ennahda. Todo en un día, el Buró Político, despojado ya de casi todos sus miembros, celebró una reunión de urgencia en la que aprobó autodisolverse. Los bienes e inmuebles de la otrora todopoderosa formación, anunció el Gobierno, quedaban incautados por el Estado. En el exterior de la sede principal del partido, una multitud enardecida exigía su completa liquidación. Como ya se estaba haciendo con los grandes retratos de Ben Alí que durante años habían decorado fachadas y avenidas a lo largo y ancho del país, el cartel con el logotipo del RCD fue arrancado de cuajo del frontispicio del edificio.

En la jornada siguiente, 21 de enero, Ghannouchi prometió retirarse de la política tan pronto como concluyera la transición con la constitución del Gobierno emanado de las elecciones legislativas, y afirmó que el equipo de transición que dirigía se iba a encargar de derogar todas las "leyes antidemocráticas". El 23 fueron arrestados Abdallah Kallel y Abdelaziz Ben Dhia, ex ministro de Defensa, ex secretario general del RCD, asesor principal que fuera de Ben Alí y otro de los dirigentes del partido purgados el día 18. La presión que estaba ejerciendo el pueblo con sus continuas manifestaciones daba frutos a cada momento, pero el sector más radicalizado de la calle, nutrido en los últimos días por tunecinos procedentes del sur agrícola, el origen de la revolución, insistía en que Ghannouchi y todos los ministros pertenecientes al anterior régimen tenían que irse.

Trastabillando en la cuerda floja, Ghannouchi fue capaz, empero, de mantenerse en el cargo gracias al apoyo del general Ammar, de la UGTT (decisivos ambos) y de una parte de la población deseosa de recobrar la normalidad y que empezó a reclamar, también con manifestaciones pero de menor relieve, un voto de confianza a un Ejecutivo cuya fecha de caducidad no pasaba del medio año. Ahora bien, el actual Gabinete, diezmado por las dimisiones e impopular, no tenía salvación.

El 27 de enero, horas después de girar la justicia tunecina una orden internacional de detención contra el matrimonio Ben Alí por diversos delitos de corrupción, resignó el ministro de Exteriores, Morjane. A continuación, el primer ministro desveló la composición de su nuevo Gobierno, en el que ya no figuraban ninguno de los nombres importantes del viejo régimen ni miembros del RCD salvo tres oficiales de escaso peso, los secretarios de Estado de Investigación Científica, Cooperación Internacional y Energía. La UGTT, pese a su respaldo a Ghannouchi, declinó formar parte de manera oficial. Chebbi por el PDP y Brahim por el Ettajdid continuaron en sus puestos. En una de sus primeras decisiones, el nuevo Gobierno ordenó a la Policía dispersar a los manifestantes que exigían su dimisión.

El 1 de febrero, 27 altos oficiales del Ministerio del Interior, encabezado ahora por Farhat Rajhi, fueron pasados a retiro. El mismo día, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó que en un mes largo de revueltas habían muerto 219 personas, 72 de ellas presos abatidos en las cárceles. El luctuoso balance empeoraba notablemente el último facilitado por el Gobierno, que cifraba las víctimas mortales en 78.


3. Nueva ola de protestas y dimisión
(Epígrafe en previsión)

(Cobertura informativa hasta 1/2/2011)