Margrethe Vestager

La política social liberal Margrethe Vestager fue entre 2011 y 2014 la número dos del Gabinete de coalición de Dinamarca, donde ostentó la triple condición de viceprimera ministra, ministra de Economía y ministra del Interior. En esta etapa en Copenhague se destacó por su enfoque flexible de la inmigración, sus medidas favorables a la fluidez del espacio de Schengen y sus recortes del estado del bienestar para sortear las dificultades financieras. Presidió el Ecofin y en parte eclipsó a la jefa socialdemócrata del Gobierno, Helle Thorning-Schmidt.

En 2014 Vestager, trayendo una reputación de tenacidad, fue reclutada por Jean-Claude Juncker para asistirle en la Comisión Europea al frente de la Competencia, oficina responsable de velar por el desarrollo sin distorsiones del Mercado Interior y provista de singulares atribuciones, que conferían a su titular gran peso e influencia. En el lustro que siguió, esta alta funcionaria europea, relajada en las formas y enérgica en el fondo, se acreditó como la "mujer más poderosa de Bruselas" por su celosa vigilancia de las leyes de la UE contra los monopolios, los carteles de precios y las subvenciones públicas contrarias a la libre competencia, lo que la llevó a abrir numerosos expedientes sancionadores, a imponer multas históricas y a librar recias batallas judiciales. Quienes se sitúan bajo su lupa "sin prejuicios nacionales" son tanto multinacionales como gobiernos. Y para facilitar su labor, alienta las filtraciones secretas desde la ciudadanía (whistleblowing) sobre prácticas abusivas de las empresas.

Reacia a contemporizar con los infractores porque Europa, arguye, "está abierta a los negocios pero no a la evasión", y guiada por una especie de obstinación ética que vence los temores a las consecuencias económicas y políticas de sus medidas punitivas (más en tiempos de guerra comercial desatada por la Administración Trump), la incisiva Vestager ha sancionado sin titubeos a gigantes de la tecnología estadounidense como Apple (obligado a pagar 13.000 millones de euros en impuestos dejados de tributar en Irlanda), Google (multas récord de 2.400 y 4.300 millones por abuso de posición dominante), Qualcomm, Amazon y Facebook. Pero también viene investigando y penalizando a la rusa Gazprom, a compañías europeas emblemáticas y a los propios estados miembros de la UE. Altamente polémicas han sido también sus prohibiciones de fusiones estratégicas, como la planeada por la alemana Siemens y la francesa Alstom en el sector ferroviario, veto que indignó a los gobiernos de Berlín y París. Su visión de la Unión, no del todo nítida, excluye una integración de tipo federalista en favor de una UE de múltiples velocidades.

Junto con su colega belga Guy Verhofstadt, la comisaria danesa lideró la campaña de su partido transnacional, la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE), para las elecciones de mayo de 2019 al Parlamento, que depararon a la formación centrista una importante subida en votos y escaños, situando a su grupo como el tercero de la Eurocámara por detrás de populares y socialistas. Luego, Vestager fue confirmada en su función europea por la presidenta electa de la nueva Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, quien robusteció su posición al conferirle una de las tres vicepresidencias ejecutivas del reorganizado Ejecutivo de Bruselas; ahora, además de llevar el área de Competencia, Vestager coordinará la agenda para la adaptación digital.

(Texto actualizado hasta noviembre 2019)

1. Etapa en el Gobierno danés y como líder de la Radikale Venstre
2. Enérgica responsable de la Competencia en la Comisión Juncker
3. Animadora de la campaña de los liberales europeos para las elecciones al Parlamento de 2019
4. Continuidad en la Comisión von der Leyen con posición reforzada


1. Etapa en el Gobierno danés y como líder de la Radikale Venstre
Nacida en el hogar formado por una pareja de pastores luteranos, en 1986 completó la secundaria en el Varde Gymnasium y luego pasó a la Universidad de Copenhague, por la que se licenció en Economía en 1993. La joven no se introdujo en el mercado laboral, sino que, antes incluso de terminar sus estudios universitarios, a los 20 años, empezó a trabajar en la nómina del Partido Social Liberal, formación de centro progresista de la que eran militantes sus padres y que le sirvió de trampolín para la prestación de una serie de servicios funcionariales en el Gobierno danés a partir de 1993.

Con la denominación local de Radikale Venstre (RV, literalmente, la Izquierda Radical), los social liberales daneses, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, habían cosechado pocos votos y escaños, pero con frecuencia habían resultado útiles para componer gobiernos de coalición como socios menores de los partidos mayoritarios, preferentemente la Socialdemocracia (SD). Tras las elecciones de 1968, a pesar de haber quedado cuarta, su posición habitual hasta que a partir de 1977 empezó a achicarse aún más, la RV se las apañó para colocar a su entonces líder, Hilmar Baunsgaard, en el puesto de primer ministro. Fue el tercer y último jefe de Gobierno que tuvo este partido fundado en 1905.

A lo largo de la década de los noventa, Vestager tuvo asiento en los órganos ejecutivos de la RV y entre 1993 y 1997, pese a su acusada juventud, fue presidenta nacional del partido, un cargo burocrático supeditado al del líder, o mejor dicho la líder, pues desde 1990 esa función la ostentaba Marianne Bruus Jelved. Por aquel entonces, la RV formaba parte de los gobiernos de coalición encabezados por el socialdemócrata Poul Nyrup Rasmussen y Jelved fungía de ministra de Asuntos Económicos. Vestager, discípula suya, la acompañaba en las tareas gubernamentales como jefa de sección en el Ministerio de Finanzas, dirigido por el socialdemócrata Mogens Lykketoft, y, desde 1995, asesora especial y secretaria de área en la Agencia de Gestión Financiera y Asuntos Administrativos. Al constituirse el cuarto Gobierno de Poul Nyrup en marzo de 1998, a raíz de unas elecciones generales que para la RV supusieron caer hasta el séptimo puesto en el Folketing o Parlamento con solo siete escaños, Vestager fue reclutada para el Ejecutivo como ministra de Educación y de Asuntos Eclesiásticos.

En los comicios de noviembre de 2001 la RV aumentó su cuota parlamentaria en dos escaños. Uno de los nuevos asientos, representando al condado de Frederiksborg, fue para Vestager, que debutó en las labores legislativas como diputada de la oposición, ya que la alianza de socialdemócratas y social liberales fue batida por el bloque centroderechista compuesto por los liberales conservadores (Venstre) de Anders Fogh Rasmussen, nuevo primer ministro, y el Partido Popular Conservador (KF). En las siguientes elecciones generales, celebradas en febrero de 2005, la RV experimentó una notable recuperación y subió al 9,2% de los votos y los 17 escaños, sus mejores resultados desde 1973. Sin embargo, Jelved, sexagenaria, decidió que era hora de dejar paso a una nueva generación de dirigentes. El 15 de junio de 2007 se produjo la dimisión esperada y Vestager fue elegida para asumir los liderazgos del grupo parlamentario y del partido.

Su primer examen electoral, las generales anticipadas del 13 de noviembre de 2007, al frente de la RV le deparó un rotundo suspenso a Vestager, que vio evaporarse casi la mitad de los votos y de los escaños, quedándose los social liberales con nueve diputados. Fue el comienzo de su tercera legislatura como parlamentaria de la oposición. Las fortunas electorales de Vestager y su grupo volvieron a cambiar en las votaciones del 15 de septiembre de 2011, a las que acudieron en alianza con el KF de Lars Barfoed, no obstante integrar este (era el viceprimer ministro y ministro de Justicia) el Gobierno de coalición de Lars Løkke Rasmussen, sucesor en 2009 de Anders Fogh cuando este se marchó a la Secretaría General de la OTAN.

En esta ocasión, la RV se recuperó hasta el nivel alcanzado en 2005 y ascendió de la sexta a la cuarta posición, pero los conservadores, en cambio, se desmoronaron. Acto seguido, la tradicional cercanía ideológica de las dos formaciones y la sintonía personal establecida por Vestager con la jefa de la SD (segundos más votados tras el Venstre), Helle Thorning-Schmidt, permitieron desempolvar el viejo entendimiento entre social liberales y socialdemócratas sobre la base de tres importantes concesiones de los segundos a los primeros. Así, Vestager, adalid de un europeísmo conciliado con la voluntaria exclusión de Dinamarca de la Eurozona y partidaria de la prudencia en materia fiscal -más en tiempos de déficit excesivo-, arrancó de Thorning-Schmidt, candidata a primera ministra, el triple compromiso de bajar, aunque sin entrar en concreciones, el impuesto sobre la renta, de no elevar la presión tributaria a las grandes fortunas y de no introducir excepciones a la reforma en curso del sistema de pensiones, que retrasaba gradualmente la edad jubilación de los 65 a los 67 años.

El 3 de octubre de 2011, una vez suscrito el acuerdo de Gobierno, al que se sumó el Partido Popular Socialista (SF) de Villy Søvndal, agrupación que reforzaba la orientación izquierdista del ejecutivo entrante, echó a andar el Gabinete Thorning-Schmidt, donde la RV se aseguró seis carteras. Su líder, que cedió el mando del grupo parlamentario a la veterana Marianne Jelved, quedó perfilada como una poderosa número dos del Gobierno danés en tanto que viceprimera ministra, ministra de Asuntos Económicos y ministra del Interior, una duplicidad de carteras disímiles de lo más inusual.

Como responsable de la seguridad interna, área que junto con la de justicia Copenhague, en virtud de las cláusulas nacionales op-out anejas al Tratado de Maastricht, mantenía fuera del ámbito de la cooperación con la UE, Vestager canceló de inmediato el polémico plan, diseñado por el Gabinete de Lars Løkke, de establecer controles aduaneros en las fronteras con Alemania y Suecia. Los liberales venían justificado esta medida por la necesidad que había de luchar más eficazmente contra los tráficos criminales, pero para la Comisión Europea y el Gobierno alemán la vuelta a los controles fronterizos sin que existieran motivos claramente extraordinarios, de emergencia para la seguridad, suponía una violación flagrante del acervo de Schengen sobre la libre circulación de personas, que Dinamarca oficialmente suscribía.

El giro europeísta impreso por Vestager, de común acuerdo con Thorning-Schmidt, a la acción del Ministerio del Interior se apreció también en el tratamiento de los flujos migratorios y el derecho de asilo, objetos de una legislación fuertemente restrictiva bajo los gobiernos del Venstre. El Gabinete de socialdemócratas y social liberales suavizó algunas de las regulaciones aprobadas por los liberales en la última década, pero distó de reponer el esquema vigente hasta 2001, caracterizado por la generosidad. El cambio más marcado aquí fue la retirada del sistema por puntos empleado para decidir las solicitudes de residencia de los inmigrantes y la ley sobre la doble nacionalidad.

Las rápidas decisiones tomadas por Vestager en Interior, junto con la adopción por el Gobierno de una agenda verde, buscaban garantizar que Dinamarca empezara con buen pie su presidencia nacional de la UE correspondiente al primer semestre de 2012. Entre enero y junio de aquel año la representante danesa presidió el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE, el Ecofin, función que la familiarizó con la alta política europea y el ambiente institucional de Bruselas, escenarios que iban a ser de la próxima etapa de su carrera. Como encargada de las cuestiones económicas de casa, Vestager, junto con el ministro socialdemócrata de Finanzas, Bjarne Corydon, debió bregar con la anemia del crecimiento entre 2012 y 2013, que a punto estuvo de dejar sendas recesiones anuales, y aplicó una serie de recortes en la protección social, en particular el subsidio del paro, para eliminar el déficit público y anotar superávit, balance de cuentas positivo que efectivamente iba a lograrse en el ejercicio de 2014.

La posición de Vestager en el Ejecutivo, robusta hasta el punto de ser identificada como su verdadera cerebro y estratega, ganó más prestancia todavía cuando en febrero de 2014 el SF se retiró de la coalición y Thorning-Schmidt recompuso el Gabinete con ministros de la SD y la RV. A estas alturas, la viceprimera ministra danesa, una política con reputación de meticulosa, cerebral e inflexible, con salidas irónicas y cortantes a veces, por todo lo cual en Dinamarca algunos se referían a ella como "la reina de hielo", se había ganado un considerable respeto en la UE por la actitud constructiva de Copenhague a lo largo de la descomunal crisis de las deudas soberanas del euro.

Dinamarca estaba fuera de la Unión Económica y Monetaria, conservaba su moneda, la corona, y por lo tanto no tenía que aportar dinero al fondo especial de rescate de la Eurozona. Pero, para satisfacción de Alemania, el país vecino suscribió el Pacto por el Euro en aras de la competitividad y a continuación el más riguroso Pacto Fiscal Europeo o Tratado de Estabilidad. Jurídicamente, el Gobierno danés no estaba vinculado a ningún debate y acuerdo relativos a la moneda única, pero aun así, dándole a su estatus específico una dimensión opt-in, hizo estas importantes apuestas políticas para atornillar su sometimiento al Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE y certificar su compromiso con la construcción europea.

El entendimiento de Vestager con sus pares del núcleo dirigente de la Eurozona quedó especialmente de manifiesto en el caso del primer ministro y ministro de Finanzas de Luxemburgo Jean-Claude Juncker, cabeza del Eurogrupo hasta 2013, con el que la ministra danesa colaboró en los trabajos preliminares para la futura puesta en marcha de una unión bancaria europea.


2. Enérgica responsable de la Competencia en la Comisión Juncker
El 15 de julio de 2014 el Parlamento Europeo eligió al luxemburgués Juncker, previamente nominado por el Consejo Europeo, para presidir la Comisión Europea. Comenzó entonces el proceso de selección de los candidatos a los distintos puestos de comisario, que como Juncker tendrían que someterse al escrutinio de la Eurocámara. El 31 de agosto la primera ministra Thorning-Schmidt, cuyo nombre, precisamente, se había colado en las quinielas de posibles sucesores del portugués José Manuel Durão Barroso, comunicó que Vestager era la persona nominada por Dinamarca para sentarse en la Comisión Juncker. Ese papel nacional lo venía teniendo hasta ahora Connie Hedegaard, ex ministra del KF y con Barroso titular de la cartera de Acción por el Clima.

Al principio se pensó que Vestager aspiraba a la cartera de Medio Ambiente, actualmente desempeñada por el liberal esloveno Janez Potocnik, pero la interesada aseguró que su interés radicaba en un portafolio del "área económica". El 2 de septiembre, sin saberse aún, al menos públicamente, cuál sería su posición y cometidos en el futuro colegio de comisarios, Vestager notificó una dimisión por partida triple: renunció a todos sus cargos en el Gobierno, a su escaño en el Folketing y al liderazgo de la RV. Los ministerios y el mando del partido pasaron a Morten Østergaard, hasta la fecha ministro de Impuestos. Días después, Juncker aclaró que a la política social liberal danesa la pensaba asignar a una de las comisarías de mayor peso e influencia, la de Competencia, responsable de velar por el correcto desarrollo del Mercado Interior Único según los exigentes criterios de la normativa europea sobre competitividad sana, sin factores de distorsión, entre los distintos agentes económicos.

Las distorsiones lesivas para la libre competencia incluían prácticas abusivas y artimañas como los monopolios encubiertos, los carteles para pactar precios, las fusiones corporativas para acaparar cuota de mercado, las estrategias de lanzamiento de productos para afianzar posiciones dominantes, la manipulación de los mercados de divisas y, otro hecho bastante frecuente, las ayudas de administraciones públicas a empresas del sector privado, ya fueran subvenciones para rescatar a industrias nacionales en crisis o gratificaciones fiscales a multinacionales extranjeras para fidelizar sus inversiones. La oficina de la Competencia estaba facultada para bloquear fusiones empresariales, abrir expedientes sancionadores y multar a infractores, y su titular era un alto funcionario europeo susceptible de desatar recias polémicas y de enredarse en batallas judiciales. Desde 2009 el comisario con Barroso, cuyo mandato terminaba ahora, era el socialista español Joaquín Almunia.

Vestager, que se mostró llamativamente segura y desenvuelta en sus exposiciones, superó sin problemas el examen de los diputados y el 3 de octubre el Parlamento Europeo dio luz verde a su candidatura. 19 días más tarde, la Eurocámara emitió su aval al próximo colegio de comisarios en su conjunto. El 1 de noviembre, finalmente, tomaron posesión de sus puestos los miembros de la Comisión Juncker.

Nada más asumir el cargo, a Vestager le cayó sobre la mesa un asunto tan candente como espinoso: las revelaciones periodísticas de que Luxemburgo, en los años del Gobierno del ahora presidente de la Comisión, había exonerado de pagar la mayor parte del impuesto de sociedades a 340 multinacionales, entre ellas IKEA, Pepsi, AIG y el Deutsche Bank, que tenían la matriz en el Gran Ducado pero cuyas ganancias las generaban fundamentalmente filiales y franquicias que facturaban en otros países de la UE, eludiendo de esta manera las tributaciones locales.

El descubrimiento de este marco opaco, basado en pactos secretos entre el Gobierno luxemburgués y las compañías, que se valían de complejos entramados de ingeniería financiera, en teoría legales, para pagar los menores impuestos posibles en el territorio de la UE, dejó en una situación embarazosa a Juncker, el cual optó por trasladar la pertinente investigación del tema, bautizado por la prensa como el escándalo LuxLeaks, a Vestager. El caso era que Competencia ya tenía abiertos dos expedientes contra Luxemburgo por unos acuerdos ventajosos con Fiat y Amazon, a los que se sumaban los iniciados contra Irlanda por su pacto con Apple y contra Holanda por el que tenía suscrito con Starbucks.

Lo investigado aquí por el personal a las órdenes de Vestager era si los tax rulings adoptados por estos tres estados miembros estaban dando ventajas competitivas injustas a las multinacionales, subvencionándolas en la práctica. Mientras Juncker admitía un "exceso de ingeniería fiscal" en Luxemburgo durante su mandato como primer ministro, decía asumir "las responsabilidades políticas" de lo sucedido y anunciaba una propuesta a los estados miembros para armonizar las bases del impuesto de sociedades y luchar así más eficazmente con el fraude fiscal y la evasión de impuestos, la nueva comisaria de la Competencia hizo saber que utilizaría los datos de LuxLeaks para investigar los nuevos casos descubiertos en Luxemburgo.

Bajo la dirección enérgica de Vestager, la acción examinadora y sancionadora de la oficina de la Competencia de la Comisión Europea alcanzó un relieve mucho mayor que el desplegado en los cuatro años de comisaría de Almunia, un funcionario más proclive al compromiso. En enero de 2015 la comisaria danesa ordenó a Cyprus Airways devolver 65 millones de euros recibidos del Gobierno de Nicosia para un proceso de reestructuración. Las consecuencias de esta sanción por ayudas públicas ilegales fueron fatales para la aerolínea, que puso fin a sus operaciones comerciales.

En abril del mismo año Bruselas envió sendas "declaraciones de objeciones" a la tecnológica estadounidense Google, por posible abuso de su posición dominante en las búsquedas de Internet con la promoción encubierta de su servicio de comparación de precios de productos en línea Google Shopping, y al gigante gasístico ruso Gazprom, por posible quebranto de las reglas antitrust al poner "barreras artificiales" a los suministros a ocho países de la UE que importaban su gas con un grado de dependencia muy alto o total. Además, Competencia le abrió a Google una investigación formal en relación con el sistema operativo Android para dispositivos móviles con pantalla táctil.

En junio siguiente el Gobierno de España vio abrírsele un procedimiento de infracción por la apropiación de las atribuciones que tenía el organismo estatal supervisor de la libre competencia en el país, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para fijar la fracción regulada del recibo de la electricidad cobrado a los consumidores españoles. A continuación, en octubre, la Comisión resolvió que las "ventajas por impuestos selectivos" dadas a la automovilística italiana Fiat por Luxemburgo y a la cadena cafetera estadounidense Starbucks por Holanda contravenían las normas de la UE y por lo tanto era ilegales. Los gobiernos de Roma y La Haya tendrían que recibir de estas compañías hasta 60 millones de euros en impuestos no pagados.

Llegado diciembre, Vestager volvió a arremeter contra Luxemburgo con la apertura de una investigación fiscal de sus tax rulings con McDonald's, que habría permitido a la cadena norteamericana de restaurantes de comida rápida evitar el pago de impuestos por los beneficios obtenidos en Europa y Rusia desde 2009. Aquel mismo mes, Bruselas halló incompatible una garantía de depósitos otorgada por el Estado italiano a la Banca Tercas e incoó una investigación antitrust a tres productores del sector de los biocombustibles por posible manipulación de comparativas (benchmarking) de precios del etanol.

Lo cierto era que Competencia abría muchas investigaciones formales que podían terminar, y de hecho terminaban, sin resultados de sanción, y que constituían una gran mayoría las fusiones o adquisiciones empresariales (por ejemplo, la compra de la red profesional LinkedIn por Microsoft), las recapitalizaciones o reestructuraciones bancarias y las aportaciones de dinero público a sectores de reconversión (como la minería del carbón y las energías renovables) que recibían la aprobación de la oficina por cumplir las condiciones de competencia del Mercado Interior. Sin embargo, como era de esperar, los focos mediáticos se posaron solo en la vertiente punitiva de la labor de Vestager, retratada siempre como una comisaria tan jovial como resuelta e incisiva, nada dada a contemporizar y proclive a sacar el "látigo" si apreciaba claros indicios de infracción en las políticas de un gobierno o una multinacional. De estas últimas, a ella no le arredraban su poder económico, ni sus influencias políticas, ni sus huestes de abogados expertos movilizados para un duro litigio.

En enero de 2016 la política danesa inició su tercer año en Bruselas exhibiendo músculo correccional: declaró no conforme a la ley un esquema de ventajas fiscales selectivas otorgado por el Gobierno de Bélgica a 35 multinacionales, ordenó al Gobierno de la Región Valona recuperar 211 millones de euros en ayudas concedidas a las acerías del grupo Duferco y multó con 138 millones de euros a un cartel japonés (Mitsubishi Electric, Hitachi) de dispositivos eléctricos. Además, le abrió otra investigación a España por actuaciones públicas favorables a la compañía minera Iberpotash en detrimento de sus competidores, e hizo lo mismo con el Reino Unido en relación con un plan de subsidios a una central térmica para que sustituyera el carbón por biomasa como combustible.

En los meses siguientes, Competencia vetó la compra por el grupo de telecomunicaciones hongkonés Hutchison del operador de telefonía móvil O2 (filial británica de la española Telefónica), impuso varias multas por cartelización de precios y amonestó al Gobierno español por su anterior plan, finalmente no ejecutado, de compensar económicamente a empresas privadas de radiodifusión en el período de transición de las señales analógicas a digitales, en el que estaban obligadas a transmitir de forma simultánea.

Pero el gran aldabonazo llegó el 30 de agosto de 2016, cuando Vestager, al cabo de años de investigaciones, y con su aplomo característico, comunicó que el Gobierno de Irlanda había perdonado ilícitamente entre 2003 y 2014 al gigante informático Apple el pago de 13.000 millones de euros (14.500 millones de dólares) en impuestos, beneficio fiscal que las autoridades de Dublín debían recuperar, más los intereses, en el plazo de cuatro meses.

Para la comisaria, esta decisión enviaba un "mensaje claro", a saber: que "los estados miembros no pueden conceder beneficios fiscales injustos a compañías determinadas. No importa si son europeas o no, grandes o pequeñas, o parte de un grupo o no". Días más tarde, de visita oficial en Washington, donde los aires que la rodeaban no eran precisamente cálidos, Vestager volvió a defender su proceder con argumentos, como que "Europa está abierta para los negocios, pero no para la evasión fiscal", y que ellos, la oficina de la Competencia, no eran "un ministerio de impuestos; nosotros aseguramos que se cumplan las leyes de la competencia para que haya un campo de juego equilibrado", afirmó.

La astronómica sanción a Apple, que convertía en calderilla los 485 millones de euros de multa a los bancos Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan Chase por pactar tipos de interés y en una cantidad modesta los 2.930 millones con que habían sido castigados los fabricantes europeos de camiones Daimler, DAF, Volvo-Renault, Iveco y MAN por orquestar precios, hizo montar en cólera a la dirección de Apple, que tachó de "basura política" la decisión, y puso en un serio brete al Gobierno irlandés, que mostró su disconformidad y anunció un recurso. En Washington, el secretario del Tesoro de la Administración Obama, Jack Lew, le transmitió a Vestager su malestar por una actuación de Bruselas que iba a "generar incertidumbre" y que "eventualmente no será positiva para la economía europea". "El patrón de estas acciones parece estar altamente concentrado en empresas estadounidenses", le dijo Lew a Vestager, quien replicó a su anfitrión negando la existencia de "prejuicios nacionales" en las sanciones de la Comisión a empresas de Estados Unidos.

Más de un año después, el 4 de octubre de 2017, toda vez que Irlanda había rebasado con creces la fecha límite dada, el 3 de enero, para cobrarle a Apple el dinero no tributado en su momento, la Comisión Europea tomo la decisión de denunciar al Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Idéntico proceder tuvo Bruselas con España nueve meses atrás en relación con las ayudas otorgadas a los operadores nacionales de televisión digital terrestre (TDT). El mismo 4 de octubre Competencia ordenó a Luxemburgo recuperar 250 millones de dólares en tributos perdonados a la compañía estadounidense de comercio electrónico Amazon.

Previamente, el 27 de junio de 2017, Vestager había vuelto a suscitar inquinas en Estados Unidos, gobernado desde enero por un presidente abiertamente euroescéptico, Donald Trump, al imponerle a Google una multa récord de 2.424 millones de euros por abuso de posición dominante. Resultaba que la subsidiaria de la multinacional Alphabet se había valido de su herramienta universal, el buscador de contenidos de Internet, para promocionar su propio motor de comparativa de precios, Google Shopping, perjudicando así a los servicios de la competencia.

La de Google se trataba de la sanción más alta en la historia de la UE a una empresa por violar las leyes antimonopolio o abusar de su posición dominante en el mercado, en torno al doble de las aplicadas a Microsoft o Intel en el pasado. Precisamente, en septiembre de 2017 el TJUE frenó la multa de 1.060 millones de euros que la Comisión le había impuesto al fabricante de microprocesadores de Silicon Valley en 2009, cuando la comisaria de la Competencia era la holandesa Neelie Kroes. El auto provisionalmente favorable a Intel resultaba bastante ilustrativo de que las contiendas judiciales emprendidas por los abogados de las empresas afectadas podían conseguir, como mínimo, dejar en suspenso la ejecución de una sanción.

2017 terminó con el Gobierno de Dublín resignándose a cobrarle a Apple los 13.000 millones no pagados en su momento y con la comisaria danesa abriéndole una investigación en profundidad a la corporación IKEA para determinar si el archiconocido fabricante y vendedor de muebles sueco había eludido el pago de impuestos a través de Holanda. Por otro lado, Vestager confiaba en los resultados positivos de la nueva herramienta en línea, lanzada en marzo de 2017, para hacer llegar a la Comisión denuncias con protección del anonimato sobre la existencia de carteles secretos, violaciones de la ley antitrust y otras prácticas abusivas contrarias a la libre competencia.

En enero de 2018 la Comisión anunció una multa de 997 millones de euros al fabricante de dispositivos electrónicos californiano Qualcomm por abuso de posición dominante en el mercado de los chips para telefonía móvil de tecnología 4G. Vestager constataba que la firma había exigido a Apple, su "cliente clave", una exclusividad total en la instalación de los chipsets de banda base de todos sus iPhones e iPads a cambio de "significativos pagos de dinero", esquema que se había mantenido entre 2011 y 2016.

Al mes siguiente llegó la noticia de que Bruselas multaba con 91 millones a los cuatro primeros bancos privados de España, Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, por "concertarse para ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones distintas de las pactadas con los clientes". Para Competencia, este hecho constituía una "infracción muy grave". Mucha mayor magnitud iba a tener la connivencia ilícita descubierta por Vestager en los tratos multinacionales de Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan Chase y MUFG Bank para cartelizar mediante dos entramados ocultos 11 mercados de divisas, castigada con la consiguiente multa, de 1.068 millones de euros, en mayo de 2019.

En julio de 2018 Vestager volvió a la carga contra Google, objeto de una segunda multa récord por abuso de dominio: la tecnológica era sancionada esta vez con 4.340 millones de euros por exigir a los fabricantes de dispositivos que empleaban su sistema operativo Android -presente en más de la mitad de todos los smartphones y tabletas del mundo, frente a las cuotas minoritarias de sus principales competidores, iOS de Apple y Windows Mobile de Microsoft- la instalación por defecto de determinadas aplicaciones propias, como el buscador Google o el navegador Chrome.


3. Animadora de la campaña de los liberales europeos para las elecciones al Parlamento de 2019
En la recta final de la Comisión Juncker, el 6 de febrero de 2019, Vestager adoptó una de las decisiones más polémicas de su mandato, la prohibición de la propuesta de fusión de Alstom y Siemens Mobility, los dos líderes europeos en la fabricación de trenes. El tajante no de Vestager, que planteó el escenario pernicioso de un monopolio europeo, con riesgo de perjuicio para las tarifas de los viajeros, en el mercado de los sistemas de señalización de los trenes de alta velocidad, frustró una macrooperación que habría alumbrado un coloso industrial con 18.000 millones de dólares de ingresos anuales, 62.000 trabajadores en plantilla y operaciones en más de 60 países, y que sus promotores, tanto los patronos corporativos como los gobiernos francés y alemán, justificaban por la necesidad imperiosa de hacerle una competencia eficaz al fabricante chino CRRC.

Airados por el veto de Bruselas, el Gobierno francés de Emmanuel Macron y el alemán de Angela Merkel se pusieron a decir que los ejecutivos nacionales deberían tener la última palabra sobre los bloqueos a fusiones de carácter estratégico y que había que "introducir mayor flexibilidad" en la política europea de competencia, al igual que se había hecho con respecto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento para las políticas económica y fiscal.

Al entender de Berlín y París, la Comisión empleaba un sistema de vigilancia trasnochado, por rígido, que no tomaba en cuenta las mutaciones de la economía mundial, donde las compañías nacionales europeas, por grandes que fueran, se exponían a ser engullidas por las gigantescas empresas de China y Estados Unidos. Con la actual normativa, Competencia no permitía el surgimiento de campeones europeos capaces de librar una batalla mercantil equilibrada con sus poderosos rivales extranjeros. Inamovible, Vestager replicó que la política de competencia revestía un carácter "estratégico" y que pretender cambiarla por tales consideraciones exigía "ser muy conscientes de las consecuencias". En realidad, ella no consideraba intocables las reglas de la competencia; de hecho, había que revisarlas, aseguraba, aunque en relación con el acceso a los datos en igualdad de condiciones.

Vestager gozaba de popularidad entre el público familiarizado con la política europea y algunas encuestas manifestaban que, de todos los miembros de la Comisión, ella era la más cualificada para suceder a Juncker a finales de 2019, por delante de colegas como la italiana Federica Mogherini, la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el holandés Frans Timmermans, el vicepresidente primero, o la sueca Cecilia Malmström, la comisaria de Comercio. Numerosos comentaristas y observadores señalaron que la danesa, ciertamente, ofrecía un perfil potente y tenía madera de presidenta de la Comisión, pero esa posibilidad parecía improbable porque Vestager había suscitado al fastidio o se había granjeado la antipatía de bastantes gobiernos europeos, afectados en mayor o menor medida por sus expeditivas decisiones contra los trusts, las subvenciones públicas y las vacaciones fiscales.

En marzo de 2019, coincidiendo con la imposición a Google de una tercera multa, de 1.490 millones de euros, por abusar de su servicio publicitario AdSense en páginas web de terceros, la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE), el partido paneuropeo del que Vestager era miembro, anunció que la comisaria de Competencia lideraría la campaña para las elecciones de mayo al Parlamento Europeo como integrante del llamado Team Europa. Del mismo formaban también parte el belga Guy Verhofstadt, ex primer ministro de su país y líder desde 2009 del grupo parlamentario de la ALDE, la eslovena Violeta Bulc, quien era la actual comisaria de Transportes, la ex comisaria italiana Emma Bonino, la alemana Nicola Beer, el español Luis Garicano y la húngara Katalin Cseh.

La definición de estas siete personalidades para la actividad proselitista era la alternativa al formato del cabeza de lista (spitzenkandidat) o candidato a presidir la Comisión, sí adoptado por otros partidos y por la misma ALDE cuando las elecciones de 2014, siendo entonces Verhofstadt dicho cabeza de cartel. Esta vez, sin embargo, los liberales descartaron definir un spitzenkandidat en buena medida para allanar su acuerdo con Macron, que estaba dispuesto a juntar su partido, La Republica En Marcha (LREM), con las formaciones ideológicamente afines de la ALDE para formar en la Eurocámara un grupo de nuevo nombre. Al margen del pacto con Macron, Verhofstadt y Vestager argüían que el sistema de los spitzenkandidaten no les convencía porque los ciudadanos seguían sin poder votar directamente a las listas transnacionales, debiendo votar únicamente a los partidos de sus países.

Durante la campaña electoral, Vestager y sus colegas de la ALDE, que publicó el manifiesto Libertad, oportunidad, prosperidad: la visión liberal por el futuro de Europa, expresaron su inquietud por la integridad de la UE, a la que veían seriamente acosada por una marea ascendente de fuerzas "nacionalistas, populistas y autoritarias" que pretendían "destruirla". Para asegurar la "supervivencia" de la UE, impulsar la "democracia paneuropea" y ofrecer una alternativa "centrista" al "statu quo" conformado por el Partido Popular Europeo (PPE) y la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), los liberales exponían un proyecto de Unión donde las violaciones del Estado de derecho y el imperio de la ley no quedaran sin sanción, las decisiones se tomaran preferentemente por mayoría cualificada en vez de por unanimidad, y la incuestionable libertad de mercado no fuera a costa de la justicia social, la sostenibilidad ambiental y los derechos individuales propios de toda "comunidad de valores".

También, se oponían tajantemente al proteccionismo comercial, ensalzaban el multilateralismo, eran favorables a la ampliación de la UE a los Balcanes Occidentales, reconocían el papel de la OTAN como garante de la defensa colectiva en esta parte del continente y llamaban a mantener las sanciones contra Rusia, declarada "potencia agresiva", en tanto continuaran su anexión de Crimea y su injerencia en el este separatista de Ucrania. En lo relativo al Mercado Interior y la Eurozona, Vestager y Verhofstadt hablaban de acelerar las unificaciones de los mercados de la energía y digital, de imponer sanciones automáticas a quienes violaran el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), de transformar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en un Fondo Monetario Europeo y de completar la unión bancaria.

Sobre la candente cuestión migratoria, la ALDE demandaba un enfoque respetuoso de los derechos fundamentales y un tratamiento jurídico europeo, sin unilateralismos nacionales. Como medidas concretas, pedía la revisión completa del Reglamento de Dublín en aras de un sistema de asilo común, la creación de centros de recepción de migrantes y refugiados en suelo de la UE para atender las peticiones de protección, y la adopción de acuerdos migratorios con países de Oriente Medio y el Norte de África para un retorno seguro. Y en el capítulo de la lucha contra el cambio climático, se invocaban las metas de reducir las emisiones de efecto invernadero un 55% para 2030 y lograr la descarbonización completa de la UE en 2050. En cuanto a las posibles coaliciones poselectorales de los liberales, Vestager apostaba por el entendimientos con los S&D y Los Verdes. Para ella, era necesario "romper la alternancia" de socialistas y populares.


4. Continuidad en la Comisión von der Leyen con posición reforzada
Las elecciones europeas de 2014 no habían sido fructuosas para la ALDE, que retrocedió 16 escaños y se vio desplazada de la tercera a la cuarta posición por los conservadores reformistas, cuyos planteamientos críticos caían en el euroescepticismo. En esta legislatura, la ALDE disponía de 68 escaños y sus principales integrantes eran los D66 holandeses, el DPS búlgaro, el FDP alemán, el VVD holandés, los Open VLD belgas -el partido de Verhofstadt- y el Keskusta finlandés. El partido de Vestager, la Radikale Venstre, solo aportaba al grupo un diputado, Morten Helveg Petersen.

La edición electoral del 26 de mayo 2019 vino a reparar el fiasco de 2014 y con ganancias adicionales para los liberales, que, sumada la decena de escaños sacada en su debut por LREM, recobraron la tercera posición en la Eurocámara con 108 diputados. La RV danesa, hasta ahora en la oposición en Copenhague a los gobiernos segundo y tercero de Lars Løkke Rasmussen, el líder del Venstre, pero en breve, a raíz de las elecciones al Folketing del 5 de junio, prestador de apoyo legislativo al nuevo Gobierno minoritario de la socialdemócrata Mette Frederiksen, mejoró también y ganó un representante adicional en Bruselas. Una vez constituido el nuevo Parlamento, los partidos de la ALDE y la formación de Macron formaron el grupo Renovar Europa.

Ya en las primeras discusiones de los miembros del Consejo Europeo sobre la definición de los designados y propuestos para ocupar los máximos cargos institucionales de la UE en el nuevo curso político la opción de Vestager, aspirante a presidir la Comisión a falta de un pronunciamiento explícito, se vino abajo. Los medios mencionaron las controversias generadas por sus decisiones como responsable de la Competencia, aunque también hicieron notar que la comisaria no ofrecía un discurso bien hilvanado sobre su visión de la UE.

Así, ella podía identificarse con la consigna de "más Europa" y sin duda era integracionista, pero parecía preferir la vía integubernamental frente a la supranacional. Por ejemplo, a diferencia de Verhofstadt, no suscribía una construcción de tipo federalista; al contrario, prefería, así lo decía en entrevistas, una Unión de múltiples velocidades. Además, estaba el dato, no baladí, de que Vestager era de un Estado miembro voluntariamente ausente de la Eurozona y con otras cláusulas excluyentes del TUE relativas a la seguridad, la defensa, la ciudadanía, la policía y la justicia. Esto chocaba con la naturaleza eminentemente comunitaria de la Comisión. Adicionalmente, el veto de Vestager a la fusión de Alstom y Siemens, aunque justificado por ella por la necesidad que había de proteger el Mercado Interior, era interpretado por muchos como un desdén al concepto de los campeones europeos, de los que no había ninguno en los sectores tecnológicos de la era digital, copados por conglomerados y compañías de Estados Unidos, China, Japón y otros países asiáticos.

El caso fue que los jefes de Estado y de Gobierno, por diversas razones, también descartaron para encabezar la Comisión al socialcristiano alemán Manfred Weber, quien era el spitzenkandidat del partido más votado, el PPE, y al vicepresidente primero de la Comisión saliente, Timmermans, spitzenkandidat de los S&D. Finalmente, el 2 de julio de 2019, el Consejo Europeo, en una solución sorpresa, se decantó por la ministra de Defensa de Alemania, Ursula von der Leyen, miembro del partido democristiano de la canciller Merkel y por tanto del PPE.

Von der Leyen fue aprobada por el Parlamento el 16 de julio y el 10 de septiembre la presidenta electa presentó su colegio de comisarios, que tendría que ser validado también por los diputados y cuya inauguración estaba prevista para el 1 de noviembre. En él, Vestager aparecía renovada en Competencia pero con el rango adicional de vicepresidenta ejecutiva, responsable de coordinar la agenda para la adaptación digital. La vicepresidencia de Vestager recibía el nombre genérico de "Europa Apta para la Era Digital". A von der Leyen la flanqueaban otros dos vicepresidentes ejecutivos: Timmermans, comisario de Acción por el Clima y primer vicepresidente al frente del Pacto Verde Europeo; y el ex primer ministro letón Valdis Dombrovskis, comisario de Servicios Financieros y responsable de coordinar "la Economía al Servicio de las Personas".

Margrethe Vestager, que se mantiene en forma practicando jogging y pedaleando en bicicleta, está casada desde 1994 con Thomas Jensen, un maestro de escuela en las asignaturas de Filosofía y Matemáticas. El matrimonio ha tenido tres hijas, Maria, Rebecca y Ella. En febrero de 2017 la comisaria europea recibió un doctorado honoris causa por la Universidad Católica de Lovaina.

(Cobertura informativa hasta 1/10/2019)