Manuela Carmena Castrillo

Tras 45 años de destacada trayectoria profesional en la abogacía y la judicatura desde posiciones progresistas, e interrumpiendo un lustro de jubilación, Manuela Carmena personificó en 2015 una mudanza histórica en el Ayuntamiento de Madrid, al que llegó anunciando un giro completo en la manera de gobernar la capital de España. El programa de su vehículo electoral, Ahora Madrid, una confluencia de candidaturas de izquierda que obtuvo la Alcaldía con el apoyo del Partido Socialista, definía como prioridades un plan de emergencia contra las situaciones de vulnerabilidad y pobreza, el refuerzo de los servicios públicos, la equidad de derechos, el modelo de ciudad sostenible y la ordenanza de transparencia. Para Carmena, la ciudad debía servir como "elemento integrador de la cultura y motor del bienestar".

En estos tres años de ejercicio, Carmena y su equipo de concejales han incrementado el gasto social, han reducido un 40% la deuda, han involucrado a los ciudadanos en la gestión municipal y han aplicado una política de ecología urbana favorable a los medios de transporte públicos y no contaminantes. Sin embargo, Madrid, una ciudad tan próspera (su economía representa el 12% del PIB nacional y es una de las principales dinamos del crecimiento en la UE) como desigual en la distribución de su mucha riqueza, sigue enfrentando serios retos sociales como los problemas de la vivienda y las agudas diferencias de renta entre los barrios del norte y los del sur. En septiembre de 2018, tras años de estudio y debate, la alcaldesa dio luz verde al mayor proyecto de transformación urbana de la capital en décadas: Madrid Nuevo Norte.

Manuela Carmena nació en Madrid en 1944 y recibió la educación escolar en el Colegio Blanca de Castilla del distrito de Chamberí, regentado por religiosas de la Congregación de Hermanas del Niño Jesús y popularmente conocido como Colegio francés de las Damas Negras. Muchos años después, Carmena, agnóstica declarada y convertida ya en alcaldesa, iba a explicar que gracias a las Damas Negras ella pudo "entender el verdadero significado de la palabra igualdad" y "visibilizar la realidad de la desigualdad". En 1960 la joven emprendió estudios de Derecho en la Universidad de Valencia. Mientras cursó la carrera trabajó en una fábrica de mermeladas con el Servicio Universitario del Trabajo (SUT), organismo encuadrado en la estructura del Movimiento Nacional, el partido único del régimen fundado por el general Franco. Pese a seguir directrices de los mandos falangistas, muchos universitarios del SUT, al conocer de primera mano la realidad del mundo obrero en la España de la posguerra, desarrollaron una conciencia política y social separada de las consignas del franquismo, llegando a hacerse algunos de ellos acérrimos opositores de la dictadura.

45 años de profesión jurídica con un compromiso democrático y progresista 
Carmena recibió la licenciatura en Derecho en 1965, tras lo cual se colegió abogada y empezó a ejercer como tal. Su rechazo a la dictadura franquista adquirió un grado militante en las filas del Partido Comunista de España (PCE), ilegal y perseguido en el país, cuyos dirigentes vivían en el exilio y cuyos miembros del interior debían moverse con sumo cuidado, so pena de terminar en los calabozos. Junto con otros compañeros de profesión recién licenciados y adheridos igualmente al PCE y al sindicato afín, también clandestino, Comisiones Obreras (CCOO), Carmena abrió aquel mismo 1965, en el portal 55 de la madrileña calle de Atocha, un despacho de abogados especializado en defender a trabajadores despedidos, detenidos y procesados. Dos años después, en 1967, contrajo matrimonio con el arquitecto y urbanista Eduardo Leira Sánchez, en una ceremonia religiosa que fue oficiada por el jesuita Jesús Aguirre, sacerdote de la Ciudad Universitaria de Madrid y procedente también del SEU, quien años después iba a saltar a la fama como marido de la duquesa de Alba. El matrimonio Leira-Carmena alumbró dos hijos, Eva y Manuel.

Carmena tuvo ocasión de comprobar los riesgos que comportaba desarrollar su abogacía laboralista, llevando la defensa legal de obreros represaliados, y con un pie, a puerta cerrada pero sin eludir las sospechas de las autoridades, en la oposición política de izquierdas. En 1975 ella y otros 25 abogados fueron detenidos por celebrar una reunión clandestina donde se incautó material político prohibido, incluidos documentos de la Junta Democrática de España, la plataforma antifranquista animada por el PCE. En abril de 1976, ya fallecido Franco pero con la transición política a la democracia aún sin tomar forma, la abogada unió su firma a un manifiesto pro amnistía de los presos políticos. 

Después, el 24 de enero de 1977, Carmena salvó probablemente la vida al no encontrarse por pura casualidad en el despacho de Atocha 55, su lugar de trabajo habitual e inmueble que estaba arrendado a su nombre, cuando un comando de pistoleros de ultraderecha irrumpió en el piso y disparó a quemarropa contra el grupo de personas allí presente, asesinando a tres colegas de la letrada, Javier Benavides, Enrique Valdevira y Javier Sauquillo, al administrativo Ángel Rodríguez y al estudiante de Derecho Serafín Holgado; minutos antes del atentado múltiple que pasó a la crónica negra de la transición como la matanza de Atocha, Carmena y algunos abogados se habían desplazado al piso que el bufete tenía tres portales calle arriba, en el número 49, a petición del grupo de Benavides, que deseaba celebrar en el 55 una reunión de carácter político. Aquella terrible experiencia le valió a Carmena para, según sus palabras, "ser una defensora incondicional de la vida". 

Perder a sus colegas de profesión en tan trágicas circunstancias también reafirmó el compromiso político de Carmena, que figuró, yendo vigésimo tercera, en la lista del PCE por Madrid para las elecciones democráticas de junio de 1977. El PCE ganó en esta circunscripción 4 de los 32 escaños en disputa, resultando electos diputados del Congreso Santiago Carrillo (el secretario general del partido), Marcelino Camacho, Simón Sánchez Montero y Ramón Tamames. Se trató de una apuesta partidaria que no tuvo continuidad: hacia 1981, desilusionada por el dogmatismo ideológico de sus dirigentes y el limitado alcance de las tesis renovadoras de corte eurocomunista, Carmena decidió cesar la militancia.

El final del vínculo de Carmena con el PCE coincidió con un salto cualitativo en su carrera jurídica. A los 36 años, consideró terminada su etapa de abogada y se presentó a oposiciones para entrar en el cuerpo de magistrados del Estado. Superado el preceptivo examen como la número 25 de su promoción (de la que eran miembros también otras futuras personalidades de la política y la justicia españolas, como Baltasar Garzón, Margarita Robles y Consuelo Madrigal), en enero de 1981 debutó en la función judicial, siendo su primer destino la judicatura de Primera Instancia e Instrucción de Santa Cruz de la Palma, en Canarias. Después ejerció de titular de sendos Juzgados de Instrucción en Bilbao y Madrid, y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de la capital hasta 1993, momento en que fue elegida magistrada-juez decana de los Juzgados madrileños.

En sus 30 años en la judicatura, Carmena se distinguió como una jueza con marcada orientación progresista y deseosa de impulsar una reforma en los juzgados, para ella demasiado burocratizados y opacos, hasta el punto de no dar un "servicio útil" a los ciudadanos. Su visión de un sistema judicial español anticuado, endogámico y muchas veces desidioso que tenía que abrirse a los agentes sociales y responder satisfactoriamente a las expectativas de quienes acudían a él fue plasmada en colaboraciones de prensa y en el libro Crónica de un desorden. Notas para reinventar la Justicia, publicado en 1997. 

Carmena participó en 1984 en la creación, como una escisión progresista de la Asociación Profesional de la Magistratura, de Jueces por la Democracia y en 1986 la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE, de la que en 2010 sería vicepresidenta) le concedió su Premio Nacional Derechos Humanos. El jurado de la APDHE galardonó a la antigua abogada laboralista y luchadora antifranquista por "su defensa de los derechos socioeconómicos y su permanente intento de acercar la justicia al justiciable", "su trayectoria en la defensa de los valores democráticos" y "su concepción creativa y original de la forma de administrar justicia equitativa e igualitaria". 

La APDHE mencionó también que Carmena, como jueza civil, venía "combatiendo la corrupción, tan arraigada en las oficinas judiciales, demostrando que es posible erradicar ese viejo fenómeno, y desarticulando una de las coartadas de uso habitual: la inhibición generalizada y cómplice". Esta última valoración aludía a su ejercicio en el Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Madrid, el cual, según reportes de prensa, suscitó vivo malestar entre el personal funcionario cuya conducta era reprobada por la magistrada. En enero de 1988 la Junta de Jueces de Madrid elevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un aviso por posible constitución de delito en lo dicho por Carmena a un medio escrito, sobre que: "el juez, como funcionario, normalmente es vago; los funcionarios, en general, son vagos y los jueces tienen tendencia a ser vagos".

Por la misma época, Carmena expresó su respaldo a la despenalización total del aborto y, desde la Plataforma Alternativa sobre las Drogas (PAD), reclamó la legalización de las sustancias derivadas del cannabis y la administración controlada de heroína a toxicómanos a través de la red sanitaria pública, a fin de sacar a los drogadictos de los ambientes de marginalidad y criminalidad. Otra postura muy minoritaria asumida por Carmena en las décadas de los ochenta y noventa fue la denuncia documentada de los desahucios de familias que por razones económicas no podían pagar sus hipotecas a los bancos, un problema social entonces prácticamente invisible para la opinión pública española. 

Como jueza de vigilancia penitenciaria, Carmena levantó bastantes controversias por conceder una serie de beneficios penitenciarios y dictar terceros grados y órdenes de libertad para reclusos comunes y presos de las bandas terroristas ETA y GRAPO, diligencias que en su fuero interno se ajustaban a criterios humanitarios y al mandato constitucional de que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad debían estar "orientadas hacia la reeducación y la reinserción social", según proclamaba la Carta Magna de 1978. En 1989, en una entrevista para el periódico El País, la magistrada se quejó de que en España "nadie creía en la reinserción" y que la "ley no se cumplía", llegando a la conclusión de que en realidad lo justo sería "vaciar" las saturadas cárceles españolas. 

En julio de 1996 Carmena, a propuesta del grupo de Izquierda Unida, coalición de la que era miembro el PCE, fue nombrada por el Senado vocal del CGPJ, el órgano de gobierno del Poder Judicial de España. En 2015 ella iba a revelar que en 2000 el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, le había informado que era objetivo de ETA, al igual que otros miembros del CGPJ. La organización terrorista vasca hacía tiempo que tenía en su criminal punto de mira a la judicatura española y había atentado contra varios de sus representantes, logrando asesinar a la fiscal Carmen Tagle en 1989, al ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996 y a los magistrados del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador en 1997 y José Francisco Querol Lombardero aquel mismo 2000. 

En 2000 Carmena retornó a los juzgados madrileños como magistrada de la Audiencia Provincial Sección Penal nº 17. Desde este tribunal, en 2009 declaró absueltos a César Alierta, en ese momento presidente de la compañía Telefónica, y a su sobrino, Luis Javier Placer, del delito de uso de información privilegiada en la compraventa de acciones de Tabacalera cuando el primero era el máximo ejecutivo de esta sociedad estatal posteriormente privatizada. A pesar de considerar acreditado que Alierta y Placer, para los que la Fiscalía Anticorrupción pedía cuatro años y medio de prisión, habían participado en el hecho imputado, la sala de la Audiencia Nacional presidida por Carmena interpretaba que el delito estaba prescrito. Aparte, entre 2007 y 2009 la jurista española fue relatora en el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y como tal visitó varios países de África y América Latina.

En el capítulo de reconocimientos, Carmena recibió en 2002 del Consejo de Ministros la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, otorgada por el Ministerio de Justicia de España a quienes poseen méritos relevantes en la administración de justicia, y en 2008 el Premio Manuel de Irujo del Departamento de Justicia y Administración del Gobierno Vasco.

Una irrupción sorpresiva en la política local: la candidatura a la Alcaldía por la lista Ahora Madrid
En diciembre de 2010, a los 66 años y tras 45 de actividad ininterrumpida en el mundo del derecho, Carmena colgó la toga y se jubiló de la profesión. El final de la carrera judicial no significó la retirada a la vida privada. De inmediato, abrió en Internet el blog divulgativo Reinventemos la Justicia, concebido por ella como una "estructura de reflexión" sobre la necesidad de acometer esa transformación conceptual. Reinventar la justicia fue precisamente el título de un artículo suyo publicado por el diario Público aquel mismo mes; en el texto, la autora explicaba que: "Repensar la justicia significa el cuestionar por qué los ciudadanos no podemos acudir directamente ante los jueces y tribunales de todo tipo, y tenemos que ser forzosamente representados por unos profesionales que, como meros intermediarios del papeleo, encarecen el proceso e impiden la legítima comunicación entre ciudadanos y jueces".

Menos de un año después, en septiembre de 2011, el Gobierno Vasco, al tiempo que la distinguía con una medalla al mérito penitenciario, nombró a Carmena asesora en materia de Derechos Humanos, labor que ella realizó hasta 2013. Por otra parte, en septiembre de 2012 fundó Yayos Emprendedores, una microempresa sin afán de lucro dedicada a la comercialización de juguetes y ropa de bebé fabricados por presidiarios y parados. Carmena abrió la tienda de Yayos Emprendedores, atendida por unos pocos voluntarios jubilados y sin más beneficio que el "social", en Malasaña, el barrio bohemio del centro de Madrid. En 2014 la autora publicó su segundo libro, Por qué las cosas pueden ser diferentes. Reflexiones de una jueza.

Al comenzar 2015, año de elecciones municipales en España, Manuela Carmena, ya septuagenaria y desde hacía tiempo abuela, era una personalidad con profuso historial bien conocida en los círculos políticos y judiciales, pero no así por el gran público, en particular las generaciones más jóvenes, a las que su nombre no les sonaba de nada. Aunque sus reivindicaciones de reforma y regeneración del sistema sintonizaban bien con los planteamientos que ella venía exponiendo en el terreno judicial, el movimiento de protestas sociales conocido como el 15-M, iniciado en mayo de 2011 y con epicentro en la madrileña Puerta del Sol, más allá de las fuertes simpatías que este nuevo fenómeno podía suscitarle, no atrajo a Carmena al terreno de la movilización y la reivindicación a pie de calle. Sin embargo, el 15-M fue el vehículo y el fermento de toda una serie de plataformas, organizaciones y partidos orientados a la izquierda con estructura asamblearia, y aquí, ella, a posteriori, sí iba a adquirir un protagonismo de primer orden.

La marca que devolvió a Carmena el interés por la acción política y, sin solución de continuidad, a catapultarla al frente del consistorio de su ciudad se llamaba Ahora Madrid, aparecida en 2014 con el nombre de Ganemos Madrid y concebida por sus organizadores como una "confluencia" o "candidatura ciudadana de unidad popular" que tomaba la forma de un "partido instrumental sin vida orgánica", únicamente para concurrir como lista a las elecciones del 24 de mayo de 2015 a Ayuntamiento de la capital de España. Siguiendo el ejemplo de la plataforma municipalista aglutinada en Barcelona por la activista antidesahucios Ada Colau, quien a diferencia de Carmena sí llevaba un tiempo en el primer plano de la actualidad, Ahora Madrid fue presentada el 6 de marzo, faltando menos de tres meses para las votaciones, como la suma de fuerzas de Ganemos y Podemos, el partido político izquierdista liderado por Pablo Iglesias, amén de sectores de Izquierda Unida (IU) y el pequeño partido ecologista Equo.

De inmediato, Ahora Madrid abrió un proceso de primarias para definir a los candidatos de la lista municipal y fue entonces, el 10 de marzo, cuando se dio a conocer Carmena, no sin vencer algunas reticencias personales, como aspirante a la Alcaldía con el patrocinio de Podemos. La consulta interna, en la que tomaron parte unos pocos miles de personas a través del voto por Internet, concluyó el 30 de marzo con la publicación de unos resultados que otorgaban a Carmena, convertida súbitamente en estrella mediática, el primer puesto en la lista con un 63% de preferencias. Como números dos, tres, cuatro y cinco la seguían respectivamente Nacho Murgui (procedente de las asociaciones vecinales), Inés Sabanés (Equo), Mauricio Valiente (IU) y Rita Maestre (Podemos).

El programa para "cambiar" la villa y llegada al Ayuntamiento tras las elecciones de 2015 
A continuación, Carmena y su equipo presentaron un Programa Metropolitano, elaborado en los últimos meses con la participación de las mesas y grupos de Ganemos Madrid y los círculos de Podemos, y abierto a las sugerencias ciudadanas, para hacer de la villa de Madrid "la capital del cambio". En los últimos 24 años, Madrid, primera ciudad de España por población (3,1 millones de habitantes) y actividad económica (el 12% del PIB nacional), había estado gobernada por el conservador Partido Popular (PP), siendo sus alcaldes sucesivos José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz-Gallardón y la regidora actual, Ana Botella, primera mujer en una larguísima lista de titulares varones que se remontaba hasta los corregidores del siglo XV. Botella, esposa del ex presidente del Gobierno José María Aznar, había sido investida en diciembre de 2011 como sustituta de Ruiz-Gallardón, quien había renunciado al cargo tras ser nombrado ministro de Justicia de España y con el que ella venía fungiendo de teniente de alcalde. 

En todo este tiempo, la principal fuerza de oposición en el Pleno municipal madrileño había sido el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que ya gobernara aquí en la década de los ochenta. En estos momentos, el PP disponía de 31 concejales, el PSOE de 15 e Izquierda Unida de seis (el partido centrista Unión Progreso y Democracia tenía los cinco asientos restantes). Ni Podemos ni Ganemos Madrid, partidos de reciente andadura que no existían cuando las elecciones de 2011, disponían de representación municipal, así que el envite de Carmena era un estreno en todos los aspectos. Aunque su campaña electoral adquirió un ímpetu meteórico, Carmena tenía delante una rival de mucho peso, una dirigente del PP con dilatada experiencia política e institucional: Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid (la comunidad autónoma uniprovincial de la que Madrid ciudad era municipio integrante) en el período 2003-2012, anteriormente ministra de Educación y presidenta del Senado de España, y desde 2004 imbatible líder de los populares madrileños.

El programa de Carmena avanzaba cinco "medidas urgentes", a adoptar en los primeros 100 días de gobierno: la paralización inmediata de los desahucios y desalojos de primera vivienda por impago hipotecario "hasta garantizar una alternativa habitacional" a los moradores; el cese también de "la privatización de los servicios públicos, la externalización de servicios municipales a grandes empresas y la venta de patrimonio público"; la "garantía de los suministros básicos (luz y agua) a todos los hogares que no puedan pagarlos"; igualmente, la "garantía del acceso a las prestaciones sanitarias municipales a todas las personas independientemente de su situación administrativa"; y el desarrollo de un plan urgente para la reinserción laboral de jóvenes y parados de larga duración. Estas cinco actuaciones, enmarcadas en un "plan de emergencia social", recibieron las consignas genéricas de Derecho a techo, Stop expolio, Stop cortes, Derecho a la salud y Derecho al trabajo.

El Programa identificaba cuatro grandes áreas con objetivos y medidas: Economía sostenible y empleo de calidad; Gobierno democrático, transparente y eficaz; Derechos sociales y equidad; y Ciudad sostenible, cohesionada y cercana. Aunque la cabeza de lista de Ahora Madrid solía expresarse con tono moderado y dialogante, sin acritud ni recriminaciones personales, con cierta timidez incluso, su mensaje partía de una conclusión muy negativa de la gestión de los populares, frente a la cual la confluencia de Ganemos y Podemos se ofrecía a los electores como una alternativa antitética de izquierda, por más que Carmena no gustase de emplear etiquetas ideológicas. 

Las antinomias eran abundantes: frente al "Madrid de la desigualdad", Ahora Madrid representaba "la ciudad de los derechos", empezando por los "derechos humanos" conculcados en las situaciones de "desnutrición", "pobreza energética" y no acceso a la "vivienda digna", este último a combatir con el bloqueo de la venta a fondos buitres de viviendas de titularidad municipal y la ampliación del parque público de alquiler; frente al "Madrid de la corrupción", "la ciudad de la transparencia", lo que requería auditar toda la gestión económica, el balance de cuentas, la deuda municipal (de 5.936 millones de euros a diciembre de 2014, la mayor de todos los municipios de España) y las operaciones urbanísticas; frente al "Madrid del despotismo", "la ciudad de la participación", dando cancha por ejemplo a los presupuestos participativos, con voz para los ciudadanos; frente al "Madrid de la contaminación", "la ciudad de la salud", donde la gente se moviera "al ritmo del pedaleo de la bici [el medio de locomoción favorito de Carmena] y el paseo", y donde el cielo fuera "visible"; frente al "Madrid del ladrillo", "la ciudad de la innovación"; frente al "Madrid marca", "la ciudad de los barrios"; frente al "Madrid de la privatización", "la ciudad de los servicios públicos"; frente al "Madrid de la exclusión", "la ciudad de la convivencia"; y frente al "Madrid de la especulación", "la ciudad del bien común".

En síntesis, la opción liderada por Carmena, explicaba el Programa, se proponía convertir Madrid "en una ciudad cohesionada territorial, económica y socialmente, donde la riqueza de la ciudad sea la riqueza de todos, donde el empleo estable y de calidad permita el progreso vital apoyado en una economía innovadora, cooperativa y eficiente". Por el contrario, el Madrid presente era "una ciudad endeudada que ha sacrificado el bienestar general por el interés de unos pocos, una ciudad de enormes desigualdades y de servicios públicos desmantelados. Un Madrid al servicio del negocio privado mientras el trabajo se precariza o desaparece. Un Madrid contaminado y degradado por un planeamiento indiferente a las necesidades de la mayoría", afirmaba el documento.

El innegable carisma, un carisma nada convencional, de Manuela Carmena disparó las opciones electorales de Ahora Madrid, que se ilusionó con ganar el 24 de mayo. No lo consiguió, aunque estuvo cerca. El PP de Esperanza Aguirre, al igual que en todos los comicios celebrados desde 1991, fue la lista más votada, pero con una muy desmejorada cuota del 34,6% de los votos (en 2011 con Ruiz-Gallardón había rozado el 50%). Ahora Madrid le seguía con el 31,8%, duplicando los votos conseguidos por el PSOE de Antonio Miguel Carmona, que sufrió su particular revolcón. El cuarto lugar fue para Ciudadanos, el partido centrista de Begoña Villacís. El voto antes ido a IU, que se presentó con una lista propia, fue prácticamente fagocitado por Ahora Madrid. El reparto de concejalías dibujó un escenario de virtual empate entre el PP y Ahora Madrid, que recibieron 21 y 20 asientos, respectivamente. El PSOE, con nueve concejales en el Pleno de 57 miembros, tenía la llave que podía convertir a Carmena en alcaldesa de Madrid.

Nada más conocer los resultados, la abanderada de Ahora Madrid, vislumbrando la perspectiva de gobernar al igual que sus alborozados colaboradores y partidarios, manifestó que resultaba "claro" que había "ganado la fuerza que quiere el cambio" y que el "reto" era "convertir a Madrid en una ciudad decente y dinámica". Sin sorpresas, las conversaciones con el PSOE desembocaron en un pacto de investidura de Carmena, que el 13 de junio de 2015, en la sesión constitutiva del Pleno del Ayuntamiento, fue elegida alcaldesa con una mayoría de 29 votos. 

La Junta de Gobierno quedó conformada de la siguiente manera: Marta Higueras, número dos del consistorio como primera teniente de alcalde y "superconcejala" de Equidad, Derechos Sociales y Empleo; Nacho Murgui, segundo teniente de alcalde y delegado del área de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social; Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde; Rita Maestre, portavoz y secretaria; Carlos Sánchez, delegado de Economía y Hacienda; Pablo Soto, delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto; José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible; Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad; Javier Barbero, delegado de Salud, Seguridad y Emergencias; y Guillermo Zapata, delegado de Cultura y Deporte. Además, Luis Cueto, sobrino político de Carmena, fue nombrado coordinador general de la Alcaldía. Cuatro de las concejalías de área correspondieron a miembros de Podemos.

Los tres primeros años de gestión municipal
La llegada de Carmena a la Alcaldía significó un vuelco en la política de Madrid (la ciudad, no así la Comunidad Autónoma, ya que aquí el PP, de la mano de la presidenta Cristina Cifuentes, siguió gobernando con mayoría simple en la Asamblea regional, donde Podemos era el tercer partido, gracias al apoyo de Ciudadanos) y su labor de gobierno mereció, en los meses y años siguientes, valoraciones dispares.

Por de pronto, los 100 días como alcaldesa se cumplieron en septiembre de 2015. Entonces, Carmena destacó que en ese tiempo, el consistorio, movilizando todos los medios y recursos a su alcance, había impedido 75 desahucios de vivienda publica, y cuando no había podido evitar los lanzamientos judiciales con resultado de desalojo, había facilitado a los afectados una "alternativa habitacional" a través de la nueva Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH), que implicaba a los bancos en la evitación de las situaciones de vulnerabilidad y la búsqueda de soluciones para los adeudos de pago por causa involuntaria, es decir, por pérdida de ingresos, típicamente a raíz de la crisis económica. También, se habían puesto en marcha la Dirección General de Transparencia, el portal de Gobierno Abierto en Internet, una Auditoría Ciudadana de Deuda y Políticas Públicas, y varias medidas para la mejora de los espacios urbanos públicos. 

Desde la prensa, medios de diverso signo señalaron entonces que de las cinco actuaciones urgentes prometidas en la campaña electoral, solo la de frenar los desahucios y garantizar que nadie se quedase sin techo en caso de ser echado de su casa -la medida más reclamada por las bases de Ahora Madrid- podía considerarse íntegramente cumplida. Dos de las medidas, Stop expolio, sobre la remunicipalización de servicios públicos y el cese de la venta de patrimonio, y Derecho al trabajo, sobre la inserción laboral de jóvenes y parados de larga duración, estaban en proceso y aparentemente bien encaminadas. Stop cortes, la garantía de los suministros de agua y luz a los hogares en apuros económicos, se hallaba pendiente de concretar. Y Derecho a la salud, por el que el Ayuntamiento aseguraba el acceso sanitario a todo el mundo al margen de su estatus en la sociedad, no parecía factible desde el momento en que las competencias de Sanidad las tenían transferidas las comunidades autónomas.

En junio de 2016, transcurrido un año desde la toma de posesión, la Junta de Gobierno trazaba un balance de resultados con pinceladas positivas. Por ejemplo, se había abierto un proceso piloto de consultas ciudadanas sobre el destino preferencial de un paquete de inversión y otra consulta sobre las reformas de la Plaza de España y la Gran Vía, arteria emblemática de la ciudad. Además, se habían elaborado unos presupuestos de 4.488 millones de euros donde las partidas de gasto social asignadas "según las necesidades" crecían un 26% con respecto al ejercicio anterior, al tiempo que disminuía, del 27% al 14%, el dinero reservado a enjuagar los números rojos de las arcas locales sin que por ello aumentara la abultada deuda municipal; justamente, era al contrario: los débitos habían menguado más de mil millones, dejando la deuda en los 4.767 millones al terminar 2015, y todo el montante estaba siendo fiscalizado y auditado. El área financiera del Ayuntamiento esperaba acelerar las podas de deuda en los próximos ejercicios.

En materia de vivienda, en el último año se había rebajado el impuesto de bienes inmuebles (IBI, contribución urbana), la OIH, que en breve iba a ser sustituida por el Servicio de Intermediación Hipotecaria, estaba negociado con los bancos acreedores la cesión de viviendas vacías embargadas para destinarlas a alquiler social y la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMVS), que en junio de 2015 manejaba un parque de pisos públicos muy reducido para el volumen de la demanda, disponía de más dotaciones presupuestarias para lanzar promociones de bloques de casas en barrios con déficit habitacional. Otro punto del que el Ayuntamiento se mostraba orgulloso, por su rostro solidario, era la campaña de acogida de refugiados sirios. 

Desde la oposición de centro-derecha en el Pleno municipal y sectores de la opinión pública, en cambio, se censuraba el reguero de polémicas protagonizadas por algunos concejales de Ahora Madrid y se vertían fuertes críticas a determinadas áreas de gestión. Los detractores de la alcaldesa señalaban por ejemplo la falta de mejoras en la limpieza de las calles y la recogida de basuras -servicio cuya municipalización Carmena ahora descartaba, apostando en cambio por una campaña de concienciación y participación ciudadana-, y la gestión del protocolo de alarma, que incluía fuertes limitaciones al tráfico motorizado -una medida sin precedentes en España-, por los altos niveles de contaminación carbónica. También se ponían en cuestión los logros de la intermediación hipotecaria, en un momento en que parecía que los problemas del alquiler superaban a los de los desahucios hipotecarios. Otro capítulo en el disparadero era la suerte que fueran a correr grandes proyectos de remodelación urbana como la ambiciosa Operación Chamartín, para la nueva configuración del norte de la capital y la conexión de los barrios del nordeste y el noroeste actualmente separados por el extenso corredor ferroviario de acceso a la Estación de Chamartín, que el Ayuntamiento se estaba replanteando.

Transcurrido el ecuador de su mandato municipal de cuatro años, la Junta de Gobierno dirigida por Carmena se afanó en engordar el capítulo de realizaciones con una serie de decisiones de calado. Así, en septiembre de 2017 fue presentado el Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático (PLAN A), que buscaba reducir las emisiones del tráfico rodado en un 50% hasta 2030. Justo un año después, en septiembre de 2018, el Ayuntamiento dio por fin el pistoletazo de salida a la intervención estratégica más importante en décadas, el plan Distrito Castellana Norte-Madrid Nuevo Norte, una reformulación a la baja de la anterior Operación Chamartín, que fue presentado como "la mayor intervención de regeneración urbana de Europa" y como "el proyecto que nos convertirá en un referente mundial en urbanismo de vanguardia y sostenibilidad". 

Madrid Nuevo Norte (MNN) preveía someter a reforma integral la Estación de Chamartín y construir en terrenos de uso ferroviario unas 10.500 viviendas, la mayoría de alta gama y 4.000 de ellas de titularidad pública, así como un espacio de torres de oficinas con el edificio más alto de España, dando lugar a un imponente skyline urbano sobre zonas verdes y viales de transporte público junto con la aledaña Cuatro Torres Business Area (CTBA), al otro lado del paseo de la Castellana. El plan de inversión inicial de MNN ascendía a 1.741 millones de euros, de los que 308, cubriendo costes de urbanización, los pondría el Ayuntamiento. También en septiembre de 2018, la Junta de Carmena aprobó la Estrategia Municipal de Economía Social y Solidaria 2018-2025. 

Desde su puesta en marcha en 1997, Manuela Carmena viene participando en las actividades de la Fundación Alternativas, un centro de reflexión y análisis político y social de carácter progresista, y durante un tiempo fue miembro de su Patronato. En tanto que alcaldesa de Madrid, es vicepresidenta de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), que tiene su sede en la capital de España, así como miembro del Consejo Mundial de la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y del Consejo de Administración de la red Metrópolis. 

(Cobertura informativa hasta 19/10/2018)