Hamad Al Thani

Hamad ibn Khalifah Al Thani es el primogénito de los cinco hijos varones, además de 12 hijas, tenidos con tres esposas distintas por Khalifah ibn Hamad Al Thani, segundo emir y sexto jeque de la dinastía Ma`adid-Al Thani, gobernante en Qatar desde 1868 merced a un tratado con Gran Bretaña que emancipó esta pequeña y árida península, erguida en la ribera arábiga del golfo Pérsico, del dominio de los Banu Utub-Al Khalifah, otra familia tribal venida del desierto del interior y asentada en la vecina isla de Bahrein.

Presentes en Qatar desde el siglo XVIII, los Al Thani toman el patronímico de su ancestro el jeque Thani ibn Muhammad, cabeza de una rama de la tribu Banu-Tamim y padre a su vez del primer hakim (título que se puede traducir simplemente por dirigente) qatarí, el jeque Muhammad ibn Thani, quien gobernó desde 1868 hasta 1878. Como los Al Saud del Nejd, los Al Thani abrazaron la corriente islámica wahhabí, una interpretación integrista del sunnismo especialmente rigurosa, aunque a diferencia de los saudíes no la convirtieron en la confesión del Estado ni en bandera de combate contra otros poderes árabes. Tras unos años de sometimiento nominal al Imperio Otomano, en 1916 el país fue puesto bajo protectorado británico.

En 1949, tres años antes de ser dado a luz Hamad por la segunda esposa de su padre, la jequesa Aisha bint Hamad Al Attiyah, quien falleció poco después, y el año en que accedió al trono el jeque Ali ibn Abdullah por abdicación de su padre, el jeque Abdullah ibn Jassim, comenzó la producción petrolera que convirtió a este país esencialmente estéril, pobre y mínimamente poblado en la nación moderna y desarrollada que es hoy en día, con un PIB por habitante (a paridad de poder adquisitivo) de casi 100.000 dólares, el valor más alto de todo Oriente Próximo y el mundo árabe, y el tercero de Asia tras Japón y Singapur.

Hamad recibió instrucción académica en colegios de Qatar y castrense en la prestigiosa Royal Military Academy de Sandhurst, por la que se graduó como oficial en julio de 1971. Poco después, el 3 de septiembre, Qatar vio reconocida por la potencia tutelar la condición de Estado independiente con el jeque Ahmad ibn Ali, hakim desde 1960 y primo carnal del padre del joven, a su frente con la dignidad de emir. Hamad regresó a su país justo a tiempo para servir con el rango de teniente coronel como comandante del I Batallón Móvil de las Fuerzas Armadas del flamante Emirato.

En el momento de la independencia, el jeque Khalifah, cabeza de una de las tres grandes ramas de la extensa familia Al Thani (entonces, 20.000 miembros, aproximadamente), los Bani Hamad, llevaba once años ostentando la primacía en la línea de sucesión al trono, desempeñando el puesto de primer ministro y llevando las riendas en los departamentos de Asuntos Exteriores, Finanzas, Petróleo, Educación, Interior y Seguridad, es decir, en todas las facetas del poder. Más que como la segunda persona del Emirato, el padre de Hamad fungía como el hombre fuerte del país y su personalidad contrastaba grandemente con la de su primo, monarca lúdico y derrochador que prefería asistir a cacerías en Irán y pasar prolongadas estancias en su villa en Suiza a atender los asuntos del Gobierno en Doha.

El 22 de febrero de 1972 Khalifah, con el previo visto bueno de las otras ramas familiares, depuso a Ahmad, le mandó al exilio a Dubai y se autoproclamó emir. La mudanza palaciega inauguró para Qatar un largo período de estabilidad política y de progreso económico basados en la capacidad prácticamente monoexportadora del petróleo y, desde los primeros años noventa, el gas natural, y en la subordinación a las iniciativas de Arabia Saudí sobre seguridad regional, por otro lado caras a los intereses estratégicos de Estados Unidos, como la puesta en marcha en 1981 del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). En 1974 el Estado puso bajo su entero control el negocio del petróleo con la creación de la Qatar General Petroleum Corporation (QGPC), compañía que titularizó un proceso de nacionalización del hidrocarburo que se dio por concluido el 16 de diciembre de 1976.

En los años ochenta Khalifah practicó un modelo de desarrollo cuya piedra angular era una decidida campaña de industrialización basada en la contratación masiva de trabajadores extranjeros, como palestinos, pakistaníes e iraníes, que por decenas de miles arribaron al Emirato. El resultado de esta agresiva política inmigratoria se observa en la estructura poblacional del presente: en 2002 estaban censadas cerca de 800.000 personas, de las cuales –siempre en porcentajes aproximados- sólo el 18% eran árabes autóctonos; un 22% eran árabes alóctonos y el resto, más de la mitad de la población, pakistaníes, indios, iraníes y residentes sin nacionalizar venidos de otros estados asiáticos.

Inmediatamente después de hacerse su padre con todo el poder, Hamad fue promovido a comandante en jefe de las Fuerzas Armadas qataríes con el galón de general de brigada. El 31 de mayo de 1977, ejerciendo su derecho de primogenitura, fue nombrado príncipe heredero a la par que ministro de Defensa. En los años siguientes fue adquiriendo responsabilidades en las áreas económica y social, como presidente de los consejos superiores de Planificación y de la Juventud, y de la Federación de Deportes Militares.

Tal como le había sucedido al despreocupado Ahmad con el ambicioso Khalifah, Hamad fue asumiendo progresivamente la autoridad política del Emirato en detrimento de su padre, quien pasaba temporadas cada vez más prolongadas en el extranjero, y para 1991, después de la derrota de Irak en la guerra del Golfo (el Ejército qatarí participó en las operaciones Escudo del Desierto para la protección de Arabia Saudí y Tormenta del Desierto para la liberación de Kuwait), se le consideraba ya virtualmente al mando de todas las áreas del Gobierno con la excepción notable de la economía. Precisamente, la cartera de Finanzas y Petróleo la venía ocupando desde 1972 uno de sus hermanastros, Abdulaziz, con el que había roces y desacuerdos. Abdulaziz resistió el empuje de Hamad hasta 1992, cuando éste organizó una profunda remodelación ministerial a su gusto y medida; enfadado, Abdulaziz se autoimpuso un exilio en París.

Con 63 años y sin achaques de salud conocidos, el emir Khalifah podía seguir ostentando la jefatura del Estado durante muchos años más, pero prevaleció la impaciencia de su vástago por adjudicase de derecho una condición que en buena parte ya ejercía de hecho, así que el 27 de junio de 1995, tal como había sucedido en 1972, el príncipe heredero adelantó unilateralmente las previsiones sucesorias. Aprovechando que se encontraba en Suiza de vacaciones, Hamad destronó a su padre mediante un pronunciamiento que apenas podía llamársele golpe de Estado por su simplicidad y en virtud al cual, con 45 años de edad, se autoproclamó emir y primer ministro.

Días después el diario saudí Al Hayat sugirió que la usurpación de Hamad pudo precipitarse al tener conocimiento el príncipe de la intención de su padre de traer de vuelta a Abdulaziz y nombrarle primer ministro para contrarrestar la absoluta preponderancia por él adquirida. El mismo medio indicó que Hamad había ganado para su plan el respaldo incondicional de otros dos hermanastros más jóvenes, Abdullah, ministro del Interior desde 1989, y Muhammad, ministro de Finanzas y Comercio desde 1992, los cuales se convirtieron en las manos derecha e izquierda del nuevo emir: Abdullah fue al punto hecho viceprimer ministro por su hermanastro y el 29 de octubre de 1996 Hamad no tuvo inconveniente en nombrarle primer ministro tras desprenderse él del puesto. En cuanto a Muhammad, en virtud del decreto de octubre de 1996 se hizo cargo de la cartera de Economía y en enero de 1998 recibió la vicepresidencia del Gobierno.

El monarca depuesto se negó inicialmente a aceptar su defenestración y en los meses siguientes saltaron rumores de un inminente contragolpe en Doha de los legitimistas de la familia al Thani con el patrocinio de Arabia Saudí, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, no obstante haber reconocido todos estos países a Hamad a las pocas horas de su toma del poder. En efecto, el 13 de febrero de 1996 el Gobierno anunció haber abortado una intentona que se saldó con la detención de un centenar largo de policías y militares. Medios internacionales deslizaron el análisis de que el régimen de Riad era el principal interesado en el triunfo de un complot que no se sabía muy bien si encerraba un contragolpe restaurador o si perseguía instalar como emir a otro notable de los Al Thani.

De hecho, en julio de 1999 agentes secretos qataríes capturaron en Beirut y trajeron de vuelta a Doha a un primo del emir, el jeque Hamad ibn Jassim Al Thani, antiguo jefe de la Policía en los años setenta y más recientemente ministro de Economía y Comercio, entre 1989 y 1992, luego otro de los prebostes de la familia real damnificados por la remodelación ministerial decretada por Hamad aquel año, quien fue llevado ante los tribunales bajo la acusación de haber sido el cerebro de la conspiración. Estas tensiones, contenidas estrictamente en el ámbito privado de Palacio, se evaporaron a finales de 1996 con la pública reconciliación entre Hamad y su padre, quien renunció a sus derechos dinásticos.

Las desavenencias relatadas pusieron una vez más de manifiesto que en Qatar las altas decisiones políticas han tendido a ser tomadas por el poder unipersonal de turno más que por una autoridad colegiada, que no esta definida, lo que no mengua en absoluto el carácter patrimonialista del Estado, que sin la familia que lo rige y detenta perdería poco menos que su identidad nacional. He aquí otra de las diferencias con Arabia Saudí, donde por tradición funciona un sistema de toma de decisiones basado en el consenso de los príncipes más importantes, que el rey no puede soslayar.

Hombre de físico imponente (buena estatura, orondo corpachón, prominente papada y tupido bigote negro), Hamad se estrenó al frente del Emirato con una fama de jeque reformista y enérgico, lo menos parecido a varios de sus abúlicos predecesores, incluido su padre, que había empezado voluntarioso, como él, para terminar desentendiéndose del gobierno diario. Ello levantó grandes expectativas de cambios, económicos y políticos, en esta apacible monarquía del Golfo, ultraconservadora y dictatorial como la que más al no brindar el mínimo cauce de representación popular, aunque tampoco caracterizada por los excesos represivos, máxime porque no existía una oposición significativa y porque las inquietudes democráticas de los apenas 80.000 qataríes con derechos de ciudadanía estaban amodorradas al socaire de la opulencia petrolera. Hamad confirmó prontamente aquellas suposiciones.

En un contexto económico muy desahogado, con tasas de crecimiento y de inversión al alza e inflación a la baja (hasta extinguirse en el ejercicio de 2001), el nuevo Gobierno adoptó disposiciones favorables a los negocios empresariales privados, como la posibilidad de que las firmas extranjeras pudieran poseer hasta el 100% de las acciones de las nuevas sociedades, y de refuerzo de la expansión y diversificación de la estructura productiva, poniendo el énfasis en la explotación a pleno rendimiento de la gigantesca bolsa de gas natural localizada en el yacimiento offshore de North Field. Las reservas gasíferas, cuantificadas en 7 billones de metros cúbicos (el 5% del total mundial), aseguraban la renta nacional de los hidrocarburos hasta el siglo XXII, mucho después de agotarse las reservas petroleras, unos 3.700 millones de barriles, de continuar el ritmo extractivo actual, aproximadamente 400.000 barriles diarios.

Más relieve adquirió la liberalización política. Desde mayo de 1972 la única institución tolerada para coexistir con el Palacio y el Gobierno era la Asamblea Consultiva o Majlis ash-Shura de 35 miembros nombrados por el emir, que como su nombre indica tenía como única función asesorar al Ejecutivo plenipotenciario en las decisiones por él tomadas sobre los asuntos de Estado y la legislación del Emirato; además, el emir se reservaba el derecho de decidir qué temas sometía a la valoración de este Consejo. Qatar ni tenía ni había tenido nunca una institución del poder legislativo, ya se llamara parlamento o asamblea y otorgara mayor o menor concesión al pluralismo. En cuanto al marco legal del Estado de derecho, estaba en vigor la Constitución provisional promulgada el 19 de abril de 1972, que a título meramente nominal impedía la calificación de la qatarí como una monarquía absoluta. La separación en octubre de 1996 del puesto de primer ministro de la persona del emir precisó algunas enmiendas a esta carta otorgada que desde luego no satisfacía ya la realidad sociopolítica del presente.

El 16 de noviembre de 1998 el emir anunció su deseo de modernizar las instituciones del Estado y de establecer una Constitución permanente que eventualmente convertiría a Qatar en una monarquía parlamentaria con fundamento democrático y separación de poderes, dándose por entendido, empero, que la familia Al Thani seguiría llevando las riendas del país y que el emir gozaría de supremas facultades ejecutivas y también de una considerable capacidad normativa. No había ni que decir que los partidos políticos iban a continuar rigurosamente prohibidos por considerarse incompatibles con los usos y costumbres públicos del país. La Reforma del sistema arrancó el 8 de marzo de 1999 con la celebración de las primeras elecciones nacionales por sufragio directo y universal a un Consejo Municipal Central de 29 miembros. Hecho insólito entre las monarquías del Golfo, las mujeres pudieron votar y ser votadas, si bien ninguna de las escasas candidatas salió elegida. El Consejo Municipal fue investido de poderes consultivos con el objeto de mejorar la calidad de los servicios municipales.

El 13 de julio del mismo año Hamad emitió un decreto estableciendo un Comité de 32 miembros encargado de redactar la Constitución permanente. Tras tres años de trabajos, el 2 de julio de 2002 el Comité presentó a Hamad para su ratificación y promulgación un borrador final del texto, que finalmente incluía reformas institucionales con un calado sensiblemente menor del esperado. No se hablaba de un Parlamento propiamente dicho, sino de un nuevo Majlis ash-Shura de 45 miembros, 30 de los cuales serían elegidos por sufragio universal con un mandato de cuatro años y el resto nombrados por el emir.

Sus atribuciones se expandían a la capacidad legislativa, el escrutinio de los presupuestos elaborados por el Gobierno y el debate de las decisiones por él adoptadas. Ahora bien, los ministros seguirían siendo nombrados por el emir y sólo ante él serían responsables. El emir retenía el derecho de veto a la legislación emanada del Majlis, pero debía tomar en consideración el segundo sometimiento para su firma en el plazo de tres meses de una aposición aprobada, y también podía disolver la Cámara, aunque en ese caso debía convocar elecciones anticipadas antes de seis meses. En el apartado jurídico de las personas, se garantizaban a las mujeres los derechos al voto y al desempeño de cargos públicos, y a todos los ciudadanos las libertades civiles propias de un Estado de derecho, inclusive las de información y de culto religioso. Quedaba también instituido un poder judicial independiente con arreglo al derecho del Islam, consagrado como la religión del Estado; la Sharía era presentada como la “principal fuente de legislación”.

El 29 de abril de 2003 la nueva Constitución fue aprobada, según los datos facilitados por el Gobierno, con el 96,6% de votos afirmativos, una cifra ciertamente arrolladora pero que, pasmosamente, sólo correspondía a 70.000 personas: ésas, las que votaron en contra o nulo y las que se abstuvieron conformaban el censo electoral de 85.000 registrados en un país de 800.000 habitantes. El siguiente paso serán las elecciones al Majlis, a celebrar en 2004.

La libertad de prensa se anticipó a la reforma jurídico-política en 1996 con el inicio de sus emisiones por la cadena independiente Al Jazeera. La televisión fue fundada como una iniciativa personal del emir y su programación vía satélite rápidamente alcanzó cotas elevadas de audiencia en los países de Oriente próximo por su tratamiento de las noticias regionales con un sesgo claramente proárabe y promusulmán, contando hechos o versiones de hechos ignorados por los grandes medios de comunicación internacionales –invariablemente, occidentales- y por las mendaces televisiones estatales de casa, aunque haciendo también un alarde de profesionalidad y de medios tecnológicos en la cobertura informativa que no tenía parangón en el contexto árabe-musulmán.

Que Al Jazeera quisiera tocar una serie de temas sensibles (situación en Palestina), desmontara varios tabús (críticas a las familias reinantes del Golfo) y diera palestra a portavoces de organizaciones islamistas militantes le granjearon tanta popularidad entre los televidentes musulmanes de todo el mundo, que la percibían como el necesario contrapeso de las omnipresentes CNN, BBC y demás cadenas anglosajonas, como convertía al Gobierno qatarí en el blanco de las protestas de sus homólogos vecinos, a los que no gustaba lo más mínimo que se suscitaran debates públicos de matriz política en sus respectivas sociedades.

Todo este proceso de apertura interna firmemente controlado por Hamad ha discurrido parejo a una vigilancia de la estabilidad del régimen que no se ha andado con titubeos y a una llamativa política exterior que no renuncia al diálogo con nadie y que ha reforzado una tendencia ya observada con anterioridad a 1995. En el primer terreno, en octubre de 1999 terminó el macrojuicio criminal contra 117 encausados, algunos in absentia, por su participación en la intentona golpista de 1996 y en febrero de 2000 un panel de tres jueces de la Corte Criminal Suprema emitió un veredicto de culpabilidad para 32 de los acusados, inclusive el jeque Hamad ibn Jassim, a los que impuso cadena perpetua, y de absolución para los 85 restantes.

Toda vez que este fallo no satisfizo a Palacio, en mayo de 2001 la Corte de Apelaciones del Emirato impuso una segunda sentencia considerablemente más dura: condenas a muerte para el primo del emir y otros 18 reos, 20 cadenas perpetuas y 29 absoluciones. Para observadores internacionales y ONG humanitarias, el vericueto final del proceso a los conspiradores de 1996 endilgó un pésimo prolegómeno al nuevo marco constitucional y la descarada intervención del monarca puso en cuestión la independencia del poder judicial contenida en el borrador de la ley suprema. Qatar llevaba una década sin aplicar penas de muerte y el emir tenía en su mano que estas 19 condenas de ahora se ejecutaran en cualquier momento, extremo que hasta el presente no ha sucedido.

De puertas afuera, el emir, sin cuestionar los compromisos adquiridos ante el CCG, la tradición de moderación en el seno de la OPEP y la estrecha colaboración con los planteamientos geopolíticos de Estados Unidos, desarrolló una agenda diplomática particular con los países árabes y no árabes del Golfo y Oriente Próximo que de entrada irritó profundamente a los saudíes, acostumbrados a llevar la voz cantante en las iniciativas de las monarquías de la península arábiga, quizá no tanto por la identidad de los países con los que Doha se puso a dialogar –salvo Israel- como por el carácter independiente o unilateral de estos contactos. Además, seguía en el aire la disputa por la delimitación de la frontera común, motivo de algunos pequeños incidentes armados en el pasado.

Siguiendo la pauta de Marruecos y Mauritania en el Magreb, el emir, a la vez que el sultán Qaboos de Omán, se descolgó del boicot practicado por los estados arábigos a Israel, lo que hizo compatible con la defensa incondicional de la causa palestina. El 2 de abril de 1996 el primer ministro Shimon Peres realizó una histórica visita a Doha en la que se acordó la apertura de oficinas de representación comercial en las respectivas capitales así como el suministro de gas natural a Israel a partir de 2000. La normalización encerraba, por tanto, un interés fundamentalmente económico. La representación comercial israelí en Doha se inauguró en mayo, si bien el acuerdo gasífero no tardó en quedar paralizado, en buena parte para no seguir dañando las susceptibilidades saudíes. Por lo demás, no por casualidad la capital qatarí, después de haberlo hecho Casablanca, Ammán y El Cairo, hospedó del 16 al 18 de noviembre de 1997 la IV Conferencia Económica de Oriente Próximo y el Norte de África, un foro de diálogo multilateral surgido directamente del proceso de paz de Madrid-Oslo.

A la vez, Hamad, quien ya en 1991, siendo príncipe heredero, había firmado un acuerdo de suministro de agua potable a quien apenas unos años antes, durante la guerra con Irak, había puesto en peligro la ruta de los petroleros que iban y venían del Emirato, cultivó unas relaciones de cordialidad con Irán, a pesar de que en Teherán no estaba gustando nada el comienzo de los intercambios con Israel. El 19 de mayo de 1999 el emir recibió en Doha al presidente Mohammad Jatami (quien venía de recalar en Arabia Saudí) y los dos estadistas se explayaron en declarar sus comunes puntos de vista en relación con las ocupaciones israelíes del sur del Líbano, Cisjordania y Gaza, la creación de un Estado palestino con capital en Jerusalén, los padecimientos del pueblo irakí por las sanciones internacionales de posguerra y el establecimiento entre los estados ribereños del golfo Pérsico de un marco de convivencia pacífica, buena vecindad y no injerencia en los asuntos internos que salvaguardara la seguridad y la estabilidad de la zona.

Días antes de llegar Jatami, el 2 de mayo, Doha fue el escenario para la reconciliación entre los presidentes de Sudán, Umar al-Bashir, y Eritrea, Issayas Afeworki, quienes restauraron las relaciones diplomáticas tras un período de encontronazos cuasi bélicos en el cuerno de África. El 20 y el 21 de marzo de 2000 Hamad prestó su primera visita a Siria, donde celebró reuniones con el presidente Hafez al-Assad tres meses antes de que falleciese, y en junio siguiente su responsable de Exteriores y pariente, el jeque Hamad ibn Jassim ibn Jabir Al Thani, acudió a la reunión ministerial del CCG en Jeddah con la instrucción de proponer medidas colectivas que aliviaran los efectos sobre la población irakí del embargo de la ONU. La esperada visita del Hamad a Teherán, primera de un emir qatarí desde la revolución de 1979, se produjo finalmente el 17 de julio de 2000.

Precisamente, a lo largo de 2000 cobraron fuerza las divergencias con Arabia Saudí y el Gobierno de Riad amenazó con boicotear la IX Cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), a celebrar en Doha del 12 al 14 de noviembre, a menos que el emir clausurara la oficina comercial israelí en la ciudad. Hamad, temeroso del fracaso de la cumbre (sirios e iraníes le lanzaron una advertencia similar), se plegó a la exigencia como un gesto de “solidaridad” en un momento en que los ánimos estaban caldeados por el estallido de la intifada de las Mezquitas en los territorios palestinos autónomos y ocupados y la brutal respuesta militar de los israelíes.

Esta aparente vuelta al redil saudí permitió la presencia del príncipe heredero Abdullah Al Saud –amén de Jatami- en la cumbre de la OCI y el 21 de marzo de 2001 se tradujo también en la firma de un tratado que dio carpetazo a 35 años de disputa fronteriza. Por cierto que, pocos días antes, el 16 de marzo, finalizó también el largo contencioso con Bahrein sobre la reclamación de las islas Hawar, cuya soberanía por el emirato vecino –desde febrero de 2002, reino- quedó zanjada aquel día con una sentencia del Tribunal Internacional de Justicia que decepcionó a los qataríes.

Ahora bien, el emir no cejó en su línea exterior particular. A mediados de 2001 medios de la región desvelaron que el ministro qatarí de Exteriores estaba manteniendo contactos secretos con los israelíes con vistas a reabrir la oficina comercial en Doha, o que incluso tal despacho continuaba funcionando discretamente. En mayo, la reunión ministerial de la OCI llamó a capítulo a Qatar y le instó a que congelara sus contactos con Israel mientras continuara la represión en Palestina. Personalmente, Hamad relanzó el activismo diplomático tan antipático a los saudíes y del 9 al 14 de noviembre de 2001 Doha se convirtió más que nunca en capital internacional con motivo de la IV Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que supuso un gran éxito de organización y de resultados. Poco después, el 24 y el 25 de diciembre, el emir estuvo en Moscú invitado por el presidente Vladímir Putin, en otro viaje sin precedentes.

Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington Hamad ofreció la colaboración de su país a Estados Unidos en la Operación Libertad Duradera, la campaña global lanzada por Washington para perseguir militarmente a la organización Al Qaeda del integrista saudí Osama bin Laden allá donde encontrara refugio. Así, el Gobierno qatarí puso a disposición del Mando Central de Estados Unidos (USCENTCOM, mando militar unificado de las Fuerzas Armadas de la superpotencia americana que supervisa las operaciones en el golfo Pérsico, África oriental y Asia central) la facilidad aérea de Al Udeid, emplazada a 35 km al sur de Doha, y de esta base partieron algunas de las misiones de bombardeo de posiciones del régimen talibán de Afganistán cuando la guerra contra el país asiático se desató en octubre.

Marcando una situación hasta cierto punto paradójica, en Al Udeid comenzaron a aterrizar decenas de aviones de combate y cientos de militares estadounidenses con el propósito de convertir el aeródromo en el más moderno y vasto centro de operaciones del USCENTCOM en el golfo Pérsico, mientras Al Jazeera irritaba sobremanera a los jefes de la Casa Blanca y el Pentágono con sus retransmisiones en directo desde Afganistán –los talibán autorizaron a emitir en las zonas bajo su control únicamente a la cadena qatarí- y, sobre todo, con sus divulgaciones de grabaciones de audio y video de bin Laden y sus secuaces, en las que éstos vertían amenazas y propaganda. Tanto fue así que en instancias oficiales de Washington se acusó a Al Jazeera de servir de tribuna del terrorismo y de destilar actitudes antiestadounidenses, aunque los servicios de inteligencia se dedicaron a escrutar con verdadera fruición el material audiovisual emitido para averiguar pistas sobre el paradero y el estado de salud del jefe de Al Qaeda.

Lo que Al Jazeera suele pasar por alto en torno a la situación política del Emirato (quizá, he aquí la condición para el disfrute de su libertad informativa en todo lo demás) se han cuidado de comentarlo medios egipcios, saudíes o bahreiníes. Así, en octubre de 2002 periodistas y diplomáticos de la región informaron de una purga en curso contra miembros de las Fuerzas Armadas qataríes que supuestamente estarían en desacuerdo con la creciente presencia estadounidense en el país. También se divulgaron confusas informaciones sobre un posible golpe de Estado abortado a tiempo y, en general, se habló de una insatisfacción creciente entre medios islamistas y en el seno de la propia familia real con la política exterior del emir.

En los prolegómenos de la invasión angloestadounidense de Irak, en el último tramo de 2002 y el arranque de 2003, Hamad tomó las distancias de la política agresiva de la administración de George W. Bush contra el régimen de Saddam Hussein y en ese sentido suscribió la unánime opinión expresada por los gobiernos del CCG, la Liga Árabe y la OCI (salvo, con pocos matices, Kuwait) de que la guerra que se pergeñaba carecía de fundamentos (atribuida tenencia por Bagdad de armas de destrucción masiva prohibidas por la ONU, alto riesgo de connivencia con Al Qaeda) e iba a provocar más daños a la paz y la seguridad regionales que los que se pretendía evitar. Ésta fue la conclusión de la cumbre extraordinaria que la OCI celebró en Doha el 5 de marzo.

No obstante, la postura reacia del emir fue más declarativa que práctica, ya que, a diferencia de los saudíes, no vetó la prestación de sus facilidades militares a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos; más aún, en Al Udeid se instalaron el general Tommy Franks, comandante en jefe del USCENTCOM, y todo su personal táctico, más de 3.000 soldados y oficiales, durante la Operación Libertad Irakí, iniciada el 20 de marzo de 2003 y terminada el 9 de abril con la toma de Bagdad.

El cuartel general del USCENTCOM continuó en Al Udeid en la difícil posguerra irakí, y la inusitada cooperación militar qatarí-estadounidense, motivo de suspicacias en varios gobiernos árabes, cobró el viso de permanente a partir del 29 de abril, cuando el USCENTCOM comenzó a transferir allí su principal control de vuelos desde la gran base saudí Príncipe Sultán, proceso que concluyó el 26 de agosto. Entre medio, el 5 de junio, Hamad recibió a Bush, quien puso en Doha el colofón a su gira internacional; Qatar, Egipto y Jordania –Arabia Saudí, no- fueron los países árabes que el presidente norteamericano visitó, si bien dos días antes el emir no estuvo entre los jefes de Estado que se reunieron con Bush en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh (sí participó, por ejemplo, el rey de Bahrein, Hamad ibn `Isa Al Khalifah).

De nuevo, el contraste entre lo que hacía Palacio y lo que decía Al Jazeera en el ámbito exterior: en todo este tiempo y ulteriormente, la televisión no dejó de denunciar la invasión y ocupación de Irak, y de verse envuelta en nuevas polémicas, como la difusión de grabaciones de Saddam, en paradero desconocido desde la caída de Bagdad, llamando a la resistencia, y el arresto en España por su presunta relación con Al Qaeda del periodista de la cadena que había entrevistado a bin Laden después de los atentados del 11 de septiembre y que más recientemente había cubierto la guerra en Bagdad.

Entre las disposiciones contenidas en su decreto de octubre de 1996 Hamad designó príncipe heredero al tercero de sus 11 hijos varones, Jassim, tenido en 1978 con la segunda de sus tres esposas, Mozah bint Nasser Al Missned, tomada en nupcias en 1976, el cual había presidido la Autoridad para la Protección del Medio Ambiente del Emirato. La decisión fue amparada a posteriori por la Constitución permanente, que faculta al emir para escoger al sucesor de entre cualquiera de sus hijos no con arreglo al principio de primogenitura.

No obstante, el 5 de agosto de 2003, sin mediar explicación, el emir publicó un decreto revocatorio que nombraba nuevo príncipe heredero al siguiente de sus retoños, Tamim, nacido en 1980, quien venía ostentando el puesto de presidente del Comité Olímpico Qatarí. Al Jazeera retransmitió en directo la inopinada ceremonia organizada por Palacio: en ella, Jassim leyó una carta en la que comunicó al padre allí presente su renuncia “con toda convicción” a sus derechos sucesorios porque “no había querido ser el heredero desde el principio” y porque su hermano había sido preparado cuidadosamente para adquirir esa responsabilidad, por todo lo cual solicitaba al emir que “respondiera a sus deseos” y encomendara la misión a Tamim. En su alocución afirmativa, Hamad declaró “lamentar” la decisión de su hijo. Los dos hijos del emir que preceden en edad a Jassim y Tamim son Mishaal y Fahd, y los siete que les suceden Khalid, Joaan, Muhammad, Khalifah, Abdullah, Thani y Qaqa.

(Cobertura informativa hasta 1/1/2004)