Dina Boluarte Zegarra

El 7 de diciembre de 2022, por cuarta vez en menos de cinco años, una figura del segundo escalafón institucional ha tenido que asumir la Presidencia de la República del Perú por la caída prematura del titular en ejercicio. En esta ocasión, la banda bicolor corresponde a la vicepresidenta Dina Boluarte, primera mujer jefa del Estado sudamericano, y las circunstancias de la mudanza ejecutiva son especialmente graves: el fallido movimiento autoritario del presidente Pedro Castillo, el cual anunció el cierre del Congreso y el Gobierno por decreto horas antes de iniciar la Cámara la tercera moción de vacancia en su contra. Al punto, el Congreso aprobó la destitución fulminante de Castillo, seguida de su arresto policial, y con ello invistió a Boluarte, quien como otros responsables del oficialismo se había negado a avalar un autogolpe temerario que ponía la guinda a 16 meses de mandato de lo más caótico y turbulento.

En su primer mensaje a la nación, Boluarte lanzó un llamado al "diálogo" y la "unidad" en aras de la estabilidad, aunque no mencionó un posible adelanto electoral, confirmando implícitamente que deseaba agotar el mandato constitucional de cinco años en 2026, fecha mencionada en su fórmula de jura. El 10 de diciembre nombró un Gobierno para reemplazar el Gabinete de la dimitida primera ministra Betssy Chávez. El nuevo presidente del Consejo de Ministros, formado por profesionales apolíticos de perfil técnico y casi paritario, era el abogado Pedro Angulo, anterior fiscal superior del Ministerio Público. Dos días después, el agravamiento de las protestas de los partidarios de Castillo (las violencias produjeron dos muertos en el aeropuerto de Andahuaylas, en la región de Apurímac) empujó a Boluarte a decretar el estado de emergencia en las "zonas de alta conflictividad social" y a anunciar que propondría al Congreso el adelanto de las elecciones generales a abril de 2024. Las expresiones de la calle y la demoscopia dejan claro que la convocatoria de votaciones anticipadas es un clamor popular.

Boluarte arranca su ejecutoria presidencial en situación francamente precaria, con un sector de la población que no la reconoce y urgida de concertar apoyos y alianzas en un Legislativo atomizado. Máxime al tratarse sobre el papel de una figura independiente tras su ruptura con Perú Libre (PL), el partido de extrema izquierda que en las elecciones de 2021 vehiculizó su llegada a la Vicepresidencia a la diestra de Castillo, al que ahora aguarda un proceso penal por los delitos de rebelión y conspiración. Ya en su discurso inaugural, ella solicitó a los congresistas una "tregua política" para instalar un Gobierno de "unidad nacional", un Gabinete "de todas las sangres, donde estén representadas todas las fuerzas democráticas", señaló.

En plazo breve habrá de aclararse la capacidad de maniobra de Boluarte, heredera de un programa electoral izquierdista cuya promesa central era lanzar un proceso constituyente para cambiar el sistema de economía de libre mercado. Por el momento, la mandataria, miembro del Grupo de Puebla, se limita a asegurar que buscará la "impostergable reforma política" y el "crecimiento económico con inclusión social". También, que promoverá medidas para "extirpar de raíz el cáncer" de la corrupción, mal del que, junto con el "desgobierno", toca "rescatar" al país.

Desde 2016 Perú ha tenido siete presidentes y el Congreso, donde se sientan 13 grupos de ideologías dispares, ha discutido o debatido otros tantos procesos de vacancia presidencial por "permanente incapacidad moral". Se trata de un supuesto constitucional en teoría solo aplicable en muy contadas ocasiones, pero que la oposición de turno ha convertido en el instrumento ideal para desembarazarse de presidentes reprobados y en minoría. De una manera u otra, los tres mandatarios afectados en su momento, Pedro Pablo Kuczynski en 2018, Martín Vizcarra en 2020 y Pedro Castillo hoy, han sucumbido a las acciones de una mayoría hostil de diputados. La mera elusión de este escenario en el tiempo que presida Perú ya sería un logro para Boluarte, más allá de sus proclamadas metas de servicio a la nación.

Por otro lado, los sucesos de Perú dejan en el aire la XVII Cumbre de la Alianza del Pacífico, que inicialmente tocaba en noviembre en México pero que luego fue reprogramada para el 14 de diciembre en Lima con el fin de que Castillo, impedido de viajar al exterior por el Congreso, pudiera asistir.

(Texto actualizado hasta 12 diciembre 2022)

En el torbellino político de Perú, Dina Boluarte Zegarra, hasta el mismo día de su asunción presidencial, ejerció sus funciones públicas sin grandes focos de protagonismo. Procedente del campesinado rural del departamento andino de Apurímac, se formó como abogada en la Facultad de Derecho de Universidad de San Martín de Porres (USMP) en Lima, luego de dejar inconclusos unos estudios de Enfermería en Cusco. Semblanzas periodísticas indican que desarrolló un perfil feminista con ideas de izquierda, si bien la política partidaria no le atrajo hasta bien avanzada la cincuentena de edad.

De acuerdo con su declaración jurada de hoja de vida como candidata para las elecciones generales de 2021, su licenciatura universitaria se remonta a 2001, cuando tenía 39 años, A la misma le siguió en 2012 una Maestría en Derecho Registral y Notarial impartida también por la USMP. Desde 2007 trabajó en la plantilla de funcionarios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), de cuya oficina en el distrito limeño de Surco pasó a ser jefa encargada en 2015. Para entonces, Boluarte ya estaba divorciada de su marido, David Gómez Villasante. La pareja tenía dos hijos, David Eduardo y Daniel Felwig. Actualmente veinteañeros, uno de ellos podría tomar ahora el rol, inédito en Perú, de primer caballero de la nación.

Boluarte se dio a conocer al público con motivo de las elecciones municipales de octubre de 2018, a las que concurrió como postulante a la alcaldía de Surquillo, el distrito de la capital donde tenía su residencia. Su vehículo partidario era Perú Libertario (PL), pronto inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones como Perú Libre, un grupúsculo de extrema izquierda que contaba con un puñado de alcaldías distritales en todo el país y que tenía como líder al médico neurocirujano Vladimir Cerrón Rojas, ex gobernador regional de Junín.

Según aportes de la prensa peruana, la neófita en estas lides se adhirió a PL, partido que proclamaba un ideario marxista-leninista en la versión autóctona del mariateguismo, al no poder inscribir un movimiento propio de nombre Despierta Surquillo. Con menos del 3% de los votos, la funcionaria del RENIEC quedó en un remoto noveno puesto, rendimiento electoral que apenas mejoró el aspirante de PL a alcalde metropolitano, el empresario Ricardo Belmont Cassinelli, quien ya fuera primer intendente de Lima en 1990-1995.

Boluarte volvió a intentarlo en las elecciones parlamentarias extraordinarias de enero de 2020, convocadas a raíz de disolverse el Congreso por iniciativa del entonces presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo (el cual había sucedido en 2018 al presidente elegido en las generales de 2016, Pedro Pablo Kuczynski Godard, empujado a dimitir por un segundo proceso congresual de vacancia). Esta vez, la funcionaria figuró como la cuarta de lista por Lima y tampoco ganó el escaño porque su partido no cruzó el umbral del 5% de los votos; en otras palabras, PL siendo una fuerza extraparlamentaria.


VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON PEDRO CASTILLO Las elecciones generales de 2021, a disputar en una atmósfera de hartazgo popular por la cronificación de la inestabilidad política y los escándalos de corrupción que destrozaban la credibilidad de los partidos moderados identificados con el establishment —luego un escenario favorable a las opciones políticas situadas en los extremos y con propuestas tachadas de radicales o populistas— supusieron una nueva oportunidad para Boluarte, quien esta vez iba a lograr el ingreso en la política representativa y por la puerta grande.

PL se presentaba de nuevo a las urnas, pero su secretario general, Cerrón, hubo de renunciar a la candidatura presidencial al pesar sobre él una pena suspendida de cuatro años de prisión por un caso de corrupción. Para sustituirle en esta empresa, Cerrón fichó a Pedro Castillo Terrones, un maestro de escuela fogueado en el activismo sindical del sector educativo y que como Boluarte había intentado sin éxito poner un pie en la política municipal. La plancha presidencial la completaban las candidaturas a las vicepresidencias primera y segunda de la República. Confiando en que así podría obtener la aprobación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Cerrón tampoco se postuló a primer vicepresidente y ofreció esa candidatura a Boluarte, la cual aceptó. A cambio, Cerrón se conformó con ser candidato a segundo vicepresidente.

En octubre de 2020 PL presentó su fórmula presidencial integrada por Castillo, Boluarte y Cerrón. Más tarde, en plena campaña electoral, la candidatura de Cerrón a la Segunda Vicepresidencia fue declarada improcedente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); este argumentó la condena carcelaria impuesta en 2019, que el político izquierdista no estaba cumpliendo por decisión de la Corte de Apelaciones de Junín.

La campaña librada por Castillo y Boluarte tuvo un desarrollo espectacular: la arrancaron siendo unos candidatos anecdóticos y la terminaron rivalizando seriamente e incluso aventajando a los cuatro cabezas de lista más destacados hasta entonces, todos del arco del centro-derecha. Estos candidatos eran Keiko Fujimori Higuchi por Fuerza Popular, Rafael López-Aliaga por Renovación Popular, Hernando de Soto Polar por Avanza País y Yonhy Lescano Ancieta por Acción Popular, partido este último que en aquellos momentos disponía de la mayor bancada en el Congreso.

El fortísimo empuje proselitista de última hora fue obra exclusiva de Castillo, quien, ataviado con un voluminoso sombrero blanco y portando un gran lapicero de madera (el símbolo de su partido), sedujo a los electores con la propuesta fundamental de "refundar" el Perú sobre dos ejes: la elaboración de una nueva Constitución, reemplazando la Carta Magna promulgada por el régimen autoritario de Alberto Fujimori en 1993, y la transformación del modelo económico, dejando atrás el "neoliberalismo" excluyente y aplicando en su lugar un "enfoque de economía mixta" en virtud de una mayor intervención del Estado. Eran acciones en la línea de las adoptadas por los gobiernos de la corriente neosocialista en América Latina.

El 11 de abril de 2021 Castillo y Boluarte dieron la campanada y se pusieron en cabeza con el 18,9% de los votos. El binomio de PL pasó a disputar una polarizada segunda vuelta con la plancha fujimorista, donde Luis Galarreta Velarde aspiraba a primer vicepresidente y Patricia Juárez Gallegos a segunda vicepresidenta. Respaldados para la circunstancia por Verónika Mendoza, candidata eliminada de la coalición de izquierda Juntos por el Perú, el 6 de junio los abanderados del eslogan ¡No más pobres en un país rico! consiguieron imponerse a la siempre potente Fujimori con un ajustadísimo 50,13%, tan solo 0,26% puntos de ventaja sobre la hija del ex presidente. En las legislativas, PL se catapultó directamente al primer lugar del Congreso con 37 escaños.

El 19 de julio el JNE proclamó a Castillo presidente electo (tras desestimar las impugnaciones de la candidata derechista, que se resignó a asumir su derrota) y el 28 de julio tuvo lugar la transmisión democrática de poderes. En la Presidencia, Castillo recibió la banda de Francisco Sagasti Hochhausler (cuarto jefe del Estado en el mandato quinquenal que llegaba a su fin luego de las caídas de Martín Vizcarra, removido por el Congreso por "permanente incapacidad moral", y su efímero sucesor en noviembre de 2020, Manuel Merino de Lama, forzado a renunciar al calor de la protesta desatada por la defenestración de Vizcarra). Y en la Primera Vicepresidencia, única activa al quedar sin cubrir la Segunda Vicepresidencia por la inhabilitación preelectoral de Vladimir Cerrón, Boluarte tomaba indirectamente el testigo del propio Vizcarra, pues al asumir este la Presidencia en marzo de 2018 para suplir a Pedro Pablo Kuczynski había dejado vacante el puesto por él ocupado hasta entonces.


UN EJECUTIVO EN LA CUERDA FLOJA Y CASTILLAZO Una vez posesionados del Ejecutivo de la nación, Castillo involucró a Boluarte directamente en las tareas del Consejo de Ministros otorgándole la cartera de Desarrollo e Inclusión Social. Se trataba de un cargo que había cobrado más relieve a raíz de la COVID-19, pues el Ministerio venía centralizando la entrega de las ayudas a la población económicamente damnificada por la pandemia.

A partir de aquí, Boluarte, que hasta abril de 2022 no formalizó su baja en el RENIEC (en agosto de 2021 el organismo estatal había rechazado su solicitud de una licencia de cinco años con mantenimiento del puesto de funcionaria), se vio inmersa en la vorágine de inestabilidad que, prácticamente desde el primer día en el poder, se abatió sobre el Palacio del Gobierno. Así, a Castillo le empezó a caer un diluvio de críticas y acusaciones desde múltiples bandas por el reguero de decisiones atropelladas, pasos en falso, declaraciones incendiarias o contradictorias y presuntos actos de corrupción, todos ellos protagonizados por sus ministros, sus familiares o por él mismo. Mermado de iniciativa política, con sus proyectos legislativos bloqueados y obligado a dedicar casi todo su tiempo a defenderse y contraargumentar, Castillo aseguraba ser víctima de una ofensiva espuria por parte de sectores ultraconservadores y venales, según él bien representados en el Congreso, resueltos como estaban a sabotear su plan de "Gobierno del pueblo".

La titular del MIDIS sobrellevó con más discreción que alboroto el caos instalado en el Ejecutivo peruano, donde fueron sucediéndose una serie de primeros ministros de cortísima duración. Los constantes escándalos y desaciertos se llevaron por delante al filosenderista Guido Bellido Ugarte en octubre de 2021, a Mirtha Vásquez Chuquilín en enero de 2022, a Héctor Valer Pinto (solo siete días en el cargo) en febrero de 2022 y a Aníbal Torres Vásquez en noviembre de 2022. Boluarte sirvió como ministra con todos ellos, pero el 25 de noviembre de 2022 rehusó continuar en el nuevo Consejo de Betssy Chávez Chino, quinto primer ministro en tan solo año y medio de mandato.

Previamente, en enero de 2022, Boluarte concitó las iras de Vladimir Cerrón al afirmar en una entrevista periodística que ella en realidad "nunca" había "abrazado el ideario" de Perú Libre, formación autoproclamada socialista y marxista. De manera fulminante, el Comité limeño de Perú Libre expulsó a Boluarte de la agrupación por "quebrantar la unidad partidaria e ir en contra del estatuto, ideario y programa", lo que constituía una "falta grave".

El repudio por Cerrón de Boluarte, tildada de "traidora", preludió en cinco meses la ruptura, ruidosa aunque gestada casi desde el comienzo del mandato, entre PL y el propio Castillo, quien se encontró sin bancada parlamentaria cuando arreciaban la animosidad del Congreso y el escrutinio de la justicia penal. La culminación a principios de julio de 2022 de los desencuentros con el maximalista Cerrón, quien fustigaba a Castillo por su "giro al centroderechismo", al desechar las propuestas de la campaña de 2021 en favor de un "programa neoliberal perdedor", aconteció en el ambiente crispado que dejaban el incesante baile de ministros cesantes y las tentativas de la oposición parlamentaria derechista de descabalgar al presidente por permanente incapacidad moral, justificación de vacancia recogida por el artículo 113.2 de la Constitución.

Así, las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País promovieron un primer proceso de vacancia en noviembre de 2021 y, al no prosperar este, un segundo en marzo de 2022. Este nuevo intento de vacar a Castillo fue admitido a debate con los votos adicionales de la Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú, pero finalmente fracasó al no alcanzar ni de lejos los apoyos necesarios en la votación decisiva: se requerían 87 votos, es decir, mayoría de dos tercios, pero por la destitución solo se pronunciaron 55 congresistas.

A renglón seguido, el país fue sacudido por el paro de los transportistas en protesta por el encarecimiento desmesurado de los carburantes. La movilización laboral dio lugar a violentos disturbios y saqueos con víctimas mortales, situación que Castillo procuró atajar el 5 de abril con un decreto de "inamovilidad ciudadana" (estado de emergencia, toque de queda, suspensión de derechos constitucionales) en las provincias de Lima y Callao; viendo que la medida solo contribuía a agravar las algaradas, el presidente se apresuró a levantarla a las pocas horas.

Por el momento, Boluarte seguía del lado de Castillo, al que sustituía en varios viajes al extranjero y representaciones en foros internacionales, a los que el presidente no era autorizado a asistir por el Congreso. O bien porque Castillo prefería dejar que un factótum con más habilidades discursivas hablara en nombre del país. Fueron los casos por ejemplo de la reunión del Foro Económico Mundial en mayo de 2022 y de la 39ª Cumbre de la APEC en noviembre de 2022 en Bangkok. En el Foro de Davos, la dirigente peruana, rompiendo una lanza en favor del presidente, denunció que "la derecha no nos deja gobernar en paz", al tiempo que invitaba a los empresarios presentes a invertir en Perú. En octubre siguiente, Lima acogió el 52º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA. En esta palestra, Boluarte apeló a "construir sociedades más inclusivas" y trazó una línea ineludible entre el "desarrollo sostenible" y el "desarrollo de las mujeres".

Por si fuera poco, a Castillo le estaba cercando la justicia, que le investigaba en varias causas, ahondando con ello la confrontación política. Los frentes se le amontonaban al presidente, para la Fiscalía de la Nación sospechoso de orquestar una trama corrupta con la participación de personas de su círculo político, ministros, congresistas y familiares cercanos como dos sobrinos, tres cuñados y su propia esposa, la primera dama Lilia Paredes Navarro.

Las órdenes de búsqueda y captura, los registros periciales de inmuebles (incluido el Palacio de Gobierno) y las detenciones de allegados precedieron la formulación por el Ministerio Público, el 11 de octubre de 2022, de una denuncia constitucional contra Castillo por liderar presuntamente una "organización criminal enquistada en el Gobierno" y dedicada a obtener extorsiones empresariales a cambio de licitaciones de obra pública. Según la fiscal nacional, Patricia Benavides Vargas, Castillo era presunto autor de unos delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de "organización criminal agravada por su condición de líder", y contra la administración pública en las modalidades de "tráfico de influencias agravado" y "colusión" (fraude), en este segundo caso en calidad de "cómplice".

La vicepresidenta de la República no aparecía sindicada en esta denuncia de la Fiscalía, aunque un año atrás, en octubre de 2021 Boluarte sí fue imputada en la investigación de la presunta financiación ilícita de Perú Libre. Según este pliego fiscal, la vicepresidenta tenía abierta una cuenta bancaria a su nombre, en tanto que secretaria de Economía de Perú Libre, para recaudar cobros irregulares y sobornos. Presentados como "donaciones solidarias" de militantes, estos fondos se empleaban en ayudar a Cerrón a pagar la indemnización contenida en su condena judicial de 2019 y también en sufragar las campañas electorales del partido, el mismo que posteriormente iba a expulsar a Boluarte de su seno.

Ahora en el otoño de 2022, la demanda constitucional contra Castillo fue remitida al Congreso y allí la oposición inició los trámites para destituir al presidente por "traición a la patria", supuesto contemplado por el artículo 117 de la Constitución. El 22 de noviembre, sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló este movimiento al declarar fundada la demanda de hábeas corpus presentada por los abogados del mandatario. Siete días después, los detractores de Castillo volvieron a la carga con el pedido de un proceso de vacancia, el tercero en el último año, por permanente incapacidad moral.

A partir de este momento, los acontecimientos se precipitaron. El 24 de noviembre el primer ministro Aníbal Torres, después de que el Congreso rechazara su petición de derogar una ley de reciente aprobación que retiraba al JNE la potestad de convocar referendos sin el aval del Legislativo, presentó su renuncia, que le fue aceptada por Castillo. Este nombró en su lugar a Betssy Chávez, una figura cuestionada, de cuyo Gabinete Boluarte no quiso formar parte. Este autodescarte dejó en evidencia que a estas alturas del convulso curso político la vicepresidenta de la República, recién retornada de la cumbre de la APEC en Tailandia, estaba distanciándose de Castillo.

A continuación, el 1 de diciembre, el Congreso, por 73 votos contra 32 más seis abstenciones, aprobó someter a debate la vacancia del presidente. Se arremetía contra Castillo desde Fuerza Popular (24 congresistas), Acción Popular (14), Alianza para el Progreso (10), Avanza País (9), Renovación Popular (9), Integridad y Desarrollo (6), Somos Perú (5) y Podemos Perú (4). En el hipotético caso de que estas ocho bancadas votaran en forma unánime a favor de la vacancia, solo alcanzarían 81 votos, seis menos de los necesarios. Lo cierto era que tampoco había unanimidad en sus filas. En cuanto a Perú Libre, el antiguo partido del presidente, ya había adelantado que no sumaría sus votos.

Ahora bien, el panorama era lo suficientemente peligroso para Castillo como para empujarle a dar un paso tan grave como descabellado, a tenor de la absoluta carencia de apoyos orgánicos, ni desde los partidos, ni desde las instituciones del Estado, ni desde las Fuerzas Armadas.

En la mañana de 7 de diciembre de 2022, tras emitir en la víspera un mensaje en el que negaba ser corrupto y escasas horas antes de sesionar los congresistas para debatir sobre si vacarlo o no, el presidente se dirigió a la nación en un discurso televisado para, con señales de nerviosismo, anunciar las siguientes medidas: "disolver temporalmente el Congreso de la República, instaurar un Gobierno de emergencia excepcional y convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso, con facultades constituyentes, para elaborar una nueva constitución, en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley", proclamaba Castillo.

Además, se declaraba el toque de queda a nivel nacional y se procedía a la "reorganización" del sistema judicial al completo: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Todo, "en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país", puntualizaba el dirigente.

Dando una imagen de práctica unanimidad, representantes políticos de todos los colores (sin faltar Vladimir Cerrón), autoridades judiciales y altos mandos militares tuvieron una fulminante reacción de rechazo y condena del calificado como "autogolpe", que traía a mientes el perpetrado por Alberto Fujimori tres décadas atrás. Castillo contaba entre la población civil con numerosos defensores que exigían medidas contundentes contra el Congreso "corrupto", pero su acción autoritaria quedó neutralizada antes de que sus partidarios pudieran organizar una movilización efectiva de respaldo. Factor fundamental para el fracaso del autogolpe, ni un solo uniformado castrense o policial salió a ponerse a las órdenes del presidente. Nada que ver con el Fujimorazo de 1992.

Para Castillo, quien justificaba su golpe de fuerza porque el Congreso, luego de "destruir el estado de derecho, la democracia y la separación de poderes", buscaba también "destruir el Ejecutivo" y así instalar la "dictadura congresal con el aval del Tribunal Constitucional", todo terminó en cuestión no de horas, sino de minutos. De inmediato, dimitieron en cascada el ministro de Trabajo Alejandro Salas Zegarra, el titular de Economía y Finanzas Kurt Burneo Farfán, su colega de Exteriores Exteriores César Landa Arroyo, el responsable de Justicia Félix Chero Medina y tras ellos la mayoría de los miembros del Gobierno. También lo hizo la primera ministra Chávez, no sin mucha ambigüedad sobre su postura ante la crisis y su papel entre bastidores.

El Tribunal Constitucional llamó a no obedecer al "usurpador", mientras que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional impugnó asimismo las acciones del presidente y expuso su respaldo al "orden constitucional establecido". Desde la Vicepresidencia, Boluarte dejó clara su enérgica condena vía Twitter: "Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley", tuiteó.

Dos días atrás, en un asunto diferente aunque no desconectado de las intrigas que rodeaban el pulso entre Castillo y el Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara había decidido archivar las denuncias presentadas contra la vicepresidenta por la congresista de Avanza País Norma Yarrow Lumbreras sobre la infracción por Boluarte de dos artículos de la Constitución ante la presunta comisión de unos delitos de "omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales" durante su etapa al frente del consejo directivo del Club Departamental Apurímac. Yarrow argüía que firmar documentos para una entidad privada en paralelo al desempeño de funciones gubernamentales era una violación punible con 10 años de inhabilitación. Las denuncias tomaban nota de que Boluarte, según la revelación hecha por la Contraloría General, no había indicado en su declaración jurada de intereses la dirección del citado club.

Boluarte salió airosa de este trance gracias a los apoyos de Acción Popular y Perú Libre, lo que ilustró una insospechada recomposición de las relaciones con Cerrón. Con la ley en la mano, resultaba obvio que si Castillo era cesado, la Presidencia de la República recaería automáticamente en Boluarte, primera en la línea de sucesión constitucional. En las presentes circunstancias, Boluarte no tenía intención de imitar a los ministros del Gobierno. Eso, pese a que el año anterior, cuando el primer proceso de vacancia, había asegurado que si la oposición se salía con la suya y echaba al presidente, ella sería solidaria con el "compañero Pedro" y abandonaría la Vicepresidencia.

El autogolpe estaba a punto de llegar a su fallido desenlace. El Congreso adelantó su sesión programada para las tres de la tarde y a toda velocidad sometió a votación la vacancia de Castillo invocando el artículo 117 de la Constitución, concretamente el punto acusatorio de la disolución de la Cámara de manera arbitraria, no en los casos legales previstos en el artículo 134. Al filo de las dos de la tarde, luego transcurridas poco más de dos horas desde la alocución presidencial, el pleno del Congreso vacó a Castillo con 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones.

Acto seguido, continuando con lo dispuesto por la norma suprema, la vicepresidenta Boluarte tomó posesión como jefa del Estado: "Yo, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, juro por Dios, por la Patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio de 2026. Que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República, y la independencia de las instituciones democráticas. Que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú", dijo al prestar juramento. Entre tanto, Castillo era detenido por su propia escolta cuando, acompañado de su esposa e hijos, se disponía a dirigirse a la Embajada mexicana en Lima con la aparente intención de pedir el asilo político.

(Cobertura informativa hasta 7/12/2022)