Claudia López Hernández

"Nos propusimos tres objetivos, inspirar, unir y ganar; lo hemos logrado y estamos haciendo historia". Con estas palabras valoró Claudia López, candidata de la Alianza Verde, su victoria en las elecciones locales del 27 de octubre de 2019 en Bogotá, que el 1 de enero de 2020 la sentará en la Alcaldía Mayor del Distrito Capital de Colombia. Tras la Presidencia de la República, esta oficina política, responsable de gobernar la tercera ciudad más populosa del subcontinente y que aporta la cuarta parte del PIB colombiano, está considerada la siguiente más poderosa del país.

La primera alcaldesa bogotana electa y la primera persona abiertamente homosexual en ganar una votación de este calibre en la nación sudamericana es una administradora, politóloga, periodista e investigadora que ya trabajó con el alcalde saliente, Enrique Peñalosa, en su primera administración, parte de cuya gestión actual critica ahora. En 2006, durante la presidencia de Álvaro Uribe, López, revelada como una activista de perfil combativo y vehemente, contribuyó a destapar el escándalo de la Parapolítica, que permitió el esclarecimiento y sanción de los nexos criminales entre paramilitares, narcos y altos representantes políticos. Luego, en 2017-2018, siendo senadora y candidata a vicepresidenta de la República, lideró la convocatoria de una inédita consulta popular anticorrupción que marcó un hito en el país. Además de luchar contra la impunidad y los abusos de la clase política, se distinguió por su defensa de los derechos de la comunidad LGBTI y las mujeres, y su rechazo a toda forma de discriminación e inequidad.

En su programa eco-social de gobierno, consensuado con el Polo Democrático Alternativo (partido de izquierda del que ya salieron tres alcaldes entre 2004 y 2012) y defendido por ella con su pasión característica, López se propone adecuar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, para hacer de Bogotá una smart city líder en desarrollo humano y "cultura ciudadana". Promete "tolerancia cero" con la corrupción y la violencia contra las mujeres, habla de mejorar la seguridad en las calles y subraya la necesidad de practicar desde el ayuntamiento una doble pedagogía en favor de la igualdad y la conciencia ambiental. Como medidas concretas, López, quien tiene al dirigente verde Antanas Mockus por mentor, anuncia el final de las talas de árboles, la regeneración de parajes naturales, el rediseño de los sistemas de movilidad urbana con una apuesta fuerte por el transporte en metro y una nueva agenda educativa que garantice el acceso y gratuidad de todos los tramos de enseñanza.

(Texto actualizado hasta noviembre 2019)

Claudia López Hernández nació en 1970 en el hogar bogotano formado por los señores Reyes López Ruizes y María del Carmen Hernández, ambos de convicciones liberales progresistas, quienes tuvieron otros seis hijos. Educada en varias escuelas de la capital y Cundinamarca, terminó el bachillerato en el Colegio Distrital Policarpa Salavarrieta. Su anhelo era estudiar la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Colombia, pero su solicitud de ingreso no fue aceptada; a cambio, se matriculó en Biología en la Universidad Distrital Francisco José Caldas.

Desde las aulas de La Distri, la veinteañera se destacó en el movimiento estudiantil y en la campaña por la llamada Séptima Papeleta, que reclamaba al Gobierno del presidente liberal Virgilio Barco la celebración en las elecciones legislativas de marzo de 1990 de una consulta popular, paralela a las votaciones para renovar las instituciones políticas del Estado, sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, papeleta adicional que en efecto fue presentada a los electores y que terminó fructificando en la promulgación de la Carta Magna de 1991.

La experiencia de la Séptima Papeleta, descrita por ella como "mi puerta de entrada al trabajo por la democracia colombiana", más el impacto personal que le supuso los asesinatos de los candidatos reformistas y de la izquierda Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo antes de las elecciones presidenciales de mayo de 1990, empujó a López a abandonar sus estudios de Biología y a decantarse por una capacitación en las áreas de administración de gobierno y política internacional, con la mirada puesta en el servicio a los ciudadanos.

Gracias a un préstamo del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), López pudo ingresar en la Universidad Externado, una de las casas de estudios privadas con más prestigio y solera del país, en la que su madre María del Carmen, maestra escolar y activista sindical, estaba formada. Siguiendo los pasos académicos de su progenitora, persona determinante en el rumbo vital de la futura alcaldesa y reverenciada por ella, López se graduó en la Externado en las especialidades de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.

Primeros vínculos con el gobierno municipal de Bogotá
Entre 1995 y 1997, luego de realizar diversos trabajos de corto recorrido, López tuvo su primer cometido en la función pública de Bogotá como asistente de la Dirección de Participación Ciudadana de la Contraloría Distrital, el órgano encargado de vigilar las cuentas de la Administración del Distrito Capital, entonces regido por primera vez por Antanas Mockus.

Su relación profesional con Enrique Peñalosa Londoño, profesor suyo en la Externado, al que interesaban sus aportes como investigadora, fue la puerta de acceso de López a la gestión municipal. En las elecciones locales de octubre de 1997 Peñalosa, al segundo intento, se llevó la Alcaldía Mayor y desde el primero de enero de 1998 López sirvió en su equipo como directora del Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital (DAACD), despacho al que un mes después se sumó el mandato de alcaldesa local de Santa Fe, una de las 20 localidades constitutivas del Distrito Capital.

La conclusión en enero de 2001 del ejercicio municipal de Peñalosa, al que tomó el relevo Mockus, vino a interrumpir la carrera funcionarial de López, que aprovechó el paréntesis para retomar su formación superior y aprender inglés en Estados Unidos. En los tres años siguientes, con la ayuda de una beca para posgraduados del Banco Interamericano de Desarrollo, López cursó una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la neoyorquina Universidad de Columbia. Toda vez que la beca tenía una dotación limitada, la estudiante colombiana terminó de cubrir los costes de su alojamiento y manutención en Nueva York trabajando de limpiadora de hogar. Aunque expatriada por motivos académicos, siguió conectada a la política de su país y su ciudad; de hecho, en las elecciones locales de 2003 participó en la campaña del candidato a alcalde bogotano Juan Lozano Ramírez, quien resultó perdedor frente a Luis Eduardo Garzón.

A principios de 2004, durante la presidencia republicana de Álvaro Uribe Vélez, López regresó a Colombia con su maestría universitaria bajo el brazo y en marzo le salió un contrato de asesora del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial. De paso, reanudó su relación con Peñalosa, quien le pidió que volviera a asistirle en sus empresas políticas, aunque al poco rompió con él por discrepar de su nueva estrategia de abandonar la línea independiente y unirse al Partido Liberal, más concretamente a su ala uribista. Asimismo, la administradora y politóloga se estrenó como articulista en medios periodísticos como La Silla Vacía y El Tiempo, y como investigadora para la Misión de Observación Electoral (MOE), una plataforma de organizaciones de la sociedad civil, y la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), un think tank estudioso del conflicto armado colombiano y dedicado a lograr la superación del mismo y avanzar en la reconciliación nacional.

Investigadora de la parapolítica y senadora frente a la corrupción
En la segunda mitad de 2005, luego de aprobar el Congreso y sancionar el presidente Uribe la ley que brindaba marco jurídico a la campaña de paz y desmovilización negociada por el Gobierno con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, organizadas en su momento para combatir a la guerrillas izquierdistas y responsables de masivas violaciones de los derechos humanos, como autoras de incontables actos de terrorismo político, masacres de campesinos y otras atrocidades perpetradas en áreas rurales), López enfocó su trabajo periodístico e investigador en los entresijos del polémico proceso que había conducido a la disolución formal de la principal organización de fuerzas paramilitares, considerada el actor más violento del largo conflicto interno, a cambio de determinados beneficios penales para sus jefes.

Las averiguaciones documentadas de López y otros periodistas, funcionarios de justicia y activistas civiles, quienes ponían en peligro sus vidas con esas indagaciones, sacaron a la luz la existencia de una vasta connivencia clandestina entre comandantes de las AUC acogidos a la Ley de Justicia y Paz, narcotraficantes y políticos y representantes institucionales de diferentes partidos del arco liberal, conservador y derechista. Unos y otros habían establecido alianzas electorales, tratos económicos y pactos para la comisión de extorsiones, secuestros y asesinatos políticos, obteniendo réditos todas las partes implicadas.

López destapó sobre todo las ilegalidades que envolvían a numerosos procesos electorales locales, donde políticos aspirantes a mandatos, valiéndose de los paramilitares como si fueran sicarios, intimidaban y violentaban a los electores de su circunscripción para que votaran por ellos. En noviembre de 2006, sobre la base de todo este acúmulo de informes y testimonios válidos como pruebas incriminatorias, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abrió una investigación indagatoria a cierto número de legisladores departamentales y nacionales por sus presuntos nexos con el paramilitarismo y el narco.

Estalló así el escándalo de la Parapolítica o Paragate, que conmocionó a la opinión pública colombiana y desembocó en los años subsiguientes en la denuncia, detención, juicio y condena de decenas de congresistas, gobernadores, alcaldes y otros altos funcionarios del Gobierno y el Estado. El escándalo golpeó de lleno a los partidos del oficialismo, que sufrió una sangría de dimisiones e imputaciones judiciales, pero Uribe, reelegido de manera aplastante en las elecciones de mayo de 2006, consiguió capear el temporal: su candidato a la sucesión bajo la bandera del Partido de la U, Juan Manuel Santos Calderón, el ministro de Defensa responsable de ejecutar la Política de Seguridad Democrática (PSD) en la lucha contra la insurgencia guerrillera, no tuvo excesivas dificultades para derrotar a Antanas Mockus, candidato de la Alianza Verde, en las elecciones de mayo y junio de 2010.

Las investigaciones de López y otros colegas de la CNAI fueron sintetizadas y comentadas para el público en dos libros de autoría colectiva y en tono de denuncia, Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, publicado en 2007, y Y refundaron la patria... De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, publicado en 2010.

López estaba orgullosa de su importante contribución al esclarecimiento de toda esta trama criminal, muestra de hasta qué punto el narco-paramilitarismo se había infiltrado en la alta política y en las instituciones de la República, pero su esfuerzo investigador le acarreó serias consecuencias personales. Recibió amenazas de muerte, al parecer relacionadas con sus denuncias contra el político del partido Cambio Radical Kiko Gómez, (elegido en 2011 gobernador de La Guajira y detenido en 2013 bajo las acusaciones de homicidio y vínculos paramilitares), sufrió presiones políticas y empresariales para que dejara de publicar informaciones comprometedoras y, por si fuera poco, vio cómo la justicia admitía denuncias en su contra y la encausaba.

En octubre de 2009 la dirección de El Tiempo, periódico del que la familia Santos era accionista, le comunicó a López que estaba despedida después de criticar en una de sus columnas el tratamiento que el medio estaba dando al escándalo del Agro Ingreso Seguro. Otro contratiempo le sobrevino a López a raíz de una columna publicada en 2006, también en El Tiempo, donde la autora afirmaba que el ex presidente liberal Ernesto Samper había financiado su campaña electoral de 1994 con dinero del Cartel de Cali, viejo asunto de dominio público que ya había sido inquirido en su momento por el Congreso con el llamado Proceso 8.000. Samper denunció a López por injurias y calumnias y la justicia imputó a la investigadora, quien invocó su libertad de opinión y expresión. En febrero de 2011 el caso quedó cerrado con el auto de absolución de López dictado por un juzgado penal de Bogotá.

Por otro lado, en enero de 2004, antes del Paragate, la Contraloría de Bogotá le abrió a López un Proceso de Responsabilidad Fiscal por un presunto sobrecoste en la firma en 1999 de una contrata de un servicio de suministro del DAACD de Bogotá. López apeló la imputación y solicitó la acción tutelar de la Corte Constitucional por vulneración de derechos, hasta que en 2008 la Contraloría Distrital declaró la nulidad del proceso.

La vorágine de presiones y amenazas a raíz de sus explosivas revelaciones sobre la parapolítica en Colombia indujo a López a iniciar un segundo interludio académico en Estados Unidos en 2011. Con el apoyo esta vez de una beca Fulbright, la investigadora se propuso sacarse el doctorado en Ciencia Política en la Northwestern University de Illinois. En el trienio que siguió, López trabajó en su doctorado y de paso prestó servicios de consultoría al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

A comienzos de 2014, siendo aún doctoranda (el título de doctora no lo iba a recibir hasta junio de 2019), López volvió a Colombia para lanzar su candidatura al Senado por la Alianza Verde, partido ecologista, situado en la oposición al Gobierno del presidente Santos, que consideraba ajustado a sus convicciones ideológicas y el vehículo adecuado para arrancar su carrera en la política nacional. En las elecciones legislativas del 9 de marzo ella fue uno de los cinco candidatos verdes que obtuvieron el curul senatorial, en su caso con el mayor número de votos. Después vinieron las elecciones presidenciales, en las que el candidato de la Alianza Verde, el ex alcalde Enrique Peñalosa, quedó en quinta posición, a la zaga de Clara Eugenia López Obregón por el Polo Democrático Alternativo (PDA), Marta Lucía Ramírez Blanco por el Partido Conservador, Óscar Iván Zuluaga Escobar por el uribista Centro Democrático y el titular reelecto, Juan Manuel Santos, por el Partido de la U.

López tomó posesión de su escaño el 20 de julio de 2014, pero al poco tiempo se encontró con que el abogado y pastor evangélico Víctor Velásquez Reyes, anterior senador del partido conservador Opción Ciudadana, pretendía que se la inhabilitara en el cargo a partir de de una demanda interpuesta ante la Secretaría del Consejo de Estado. El demandante alegaba que puesto que ella mantenía una relación sentimental estable con la abogada Angélica Lozano Correa, anterior edil de la Alianza Verde y ahora miembro de la Cámara de Representantes, la senadora violaba el artículo de la Constitución que prohibía a congresistas de un mismo partido estar casados o tener vínculos de unión permanente. Las señaladas respondieron que su relación era un mero "noviazgo", sin convivencia en común, por lo que no se daba el supuesto de una unión marital de hecho o permanente. Finalmente, la demanda de Velásquez, tachada de "ataque homófobo" por la dirección de la Alianza Verde, fue desestimada por el Consejo de Estado.

En su cuatrienio como senadora de la República, López acrecentó considerablemente la notoriedad ganada durante el Paragate por sus pronunciamientos, realizados con su característico estilo directo y sin rodeos, en favor de los derechos de la comunidad LGBTI, la promoción de la bicicleta como medio de transporte urbano y, sobre todo, por su enérgico activismo en contra de la corrupción política. Capítulo clave en su trayectoria, en 2017 López llamó a convocar una consulta popular en la que los ciudadanos podrían pronunciarse sobre un paquete de propuestas legales dirigidas a endurecer las sanciones a los políticos y funcionarios corruptos, mejorar la transparencia de las instituciones y la rendición de cuentas de los cargos electos, y hacer de la política una profesión menos atractiva a quienes se metieran en ella solo para sacar beneficios personales y lucrarse.

Junto con su compañera Angélica Lozano y ayudada por Mockus, López lideró una masiva campaña de recogida de firmas para la convocatoria de la denominada Consulta Popular Anticorrupción. Más aún, involucró positivamente al Senado, que dio marchamo oficial a la consulta en junio de 2018, y ganó para su causa ética al nuevo presidente de la República, el uribista Iván Duque Márquez.

La legisladora verde, revelada como una líder de fortísimo tirón entre la gente, consiguió que el 26 de agosto de 2018, al mes de concluir su mandato de senadora, Colombia celebrara una inédita consulta popular en la que 11.671.420 electores, el 32% del censo, fueron a pronunciarse sobre siete preguntas en materia de lucha contra la corrupción. Por menos de medio millón de votos, la consulta no superó el umbral de participación (el 33% del censo) exigido para dar trámite legal a las medidas formuladas, pero aun así todo el mundo convino en que la iniciativa de López y Lozano, desarrollada básicamente como una campaña individual, sin una maquinaria política detrás, había sido un éxito por cuanto había plantado un hito de democracia directa en Colombia.

Por otra parte, la senadora López también se hizo notar por sus censuras de la gestión municipal de Peñalosa, su antiguo jefe, nuevamente alcalde mayor de Bogotá desde 2016 pero al margen de la Alianza Verde (su candidatura, inscrita por el Movimiento Equipo por Bogotá, contó con el respaldo de los partidos Conservador y Cambio Radical), que según ella no respetaba los principios de la sostenibilidad ambiental.

Llegada a la Alcaldía Mayor con un programa ecologista y social
En diciembre de 2016 López anunció su condición de precandidata de la Alianza Verde para las elecciones presidenciales de 2018, si bien dejó abierta la puerta a un compromiso con Sergio Fajardo Valderrama, ex alcalde de Medellín, ex gobernador de Antioquia y aspirante de su movimiento centrista, Compromiso Ciudadano. En septiembre de 2017 la senadora fue nominada candidata por su partido, pero en diciembre siguiente, no sin salir al paso una serie de desacuerdos que los cabezas de facción consiguieron solventar, declinó en favor de Fajardo, el cual proclamado candidato presidencial unitario del Compromiso Ciudadano, la Alianza Verde, presidida en estos momentos por Antonio Sanguino Páez, y el PDA de Jorge Enrique Robledo Castillo.

El pacto tripartito para las presidenciales de mayo de 2018, de nombre Coalición Colombia, incluyó la selección de López como compañera de Fajardo para la elección de la Vicepresidencia de la República. La fórmula electoral Fajardo-López levantó bastante expectación. Sin embargo, con el 23,8% de los votos, quedó en tercer lugar y no consiguió meterse en el balotaje presidencial, al que sí pasaron Iván Duque por la Gran Alianza por Colombia (mandada por el Centro Democrático de Uribe) y el dos veces (2012-2014 y 2014-2015) alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro Urrego por el partido izquierdista Colombia Humana. Confirmada la segunda vuelta del 17 de junio, López optó por pedir el voto para Petro, al que no obstante ganó la partida Duque (por cierto que con 10,4 millones de votos, esto es, menos de los depositados en la Consulta Popular Anticorrupción del mes de agosto).

Para López, la consecuencia lógica de todas estas empresas y batallas políticas debía ser su postulación a la Alcaldía Mayor de la ciudad donde había nacido, se había formado y había dado sus primeros pasos profesionales, precisamente en la administración distrital. Con más de siete millones de habitantes censados y aportadora del 25% del PIB nacional, la megaurbe bogotana, uno de los centros emprendedores más dinámicos de América Latina, estaba considerada la segunda plaza de poder político del país por detrás de la Presidencia de la República. De salir elegida en los comicios locales de octubre de 2019, la miembro de la Dirección Nacional de la Alianza Verde se estrenaría el primero de enero de 2020 como la primera alcaldesa capitalina legitimada por las urnas. Anteriormente, cuatro mujeres habían llegado a ocupar el cargo, pero solo por designación temporal, para cubrir las bajas de los titulares varones; ellas fueron Sonia Durán Smela en 1992, María Fernanda Campo Saavedra en 2011, Clara López en 2011-2012 y María Mercedes Maldonado Copello en 2014.

Luego de imponerse, de acuerdo con los datos dados a conocer el 10 de abril de 2019, en una encuesta interna al otro precandidato de la Alianza Verde, el veterano político Antonio Navarro Wolff, y de sellar su candidatura en nombre también del Polo Democrático, López presentó un programa electoral para transformar Bogotá, según ella una urbe "dividida, asfixiada, trancada, insegura y cara". Muchos problemas no habían sido resueltos por el alcalde saliente, Peñalosa, cuyo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), objeto de críticas por la candidata, estaba atascado en el Concejo Municipal. Parte de la gestión de Peñalosa sí era elogiada por López, que reconocía algunas realizaciones, pero había un aspecto de la misma que le suscitaba indignación: la tala "indiscriminada" de miles de árboles dentro del término distrital, particularmente en los Cerros Orientales y en la Reserva Forestal Thomas van der Hammen, talas que el consistorio justificaba por el acometimiento de obras de desarrollo urbano.

La alcaldable verde identificó cinco "metas" a alcanzar en Bogotá, diseñadas para dar cumplimiento a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de la ONU. La primera meta se refería a la paz, la justicia y la seguridad, y, entre otros capítulos, pasaba por mejorar la eficacia policial en la lucha contra los delitos comunes, resultando imperioso el desmantelamiento de las pandillas dedicadas a asaltar y atracar a los pasajeros de los sistemas de transporte en autobús (SITP y TransMilenio) y a los usuarios de las Ciclorrutas. "Queremos una ciudad libre de miedo y libre de impunidad, donde la vida sea sagrada y los bienes se respeten", proclamaba el manifiesto programático de López.

La segunda meta, tocante a la educación, la salud y la igualdad de oportunidades, requería una política social para "cerrar brechas", "eliminar barreras" y "superar la pobreza", incidiendo en todos los enfoques específicos de género, edad y diferenciales que hiciera falta. Elemento fundamental aquí era la Agenda Educativa 2030, concebida para asegurar que todos los niños y niñas completaran su educación primaria y secundaria, y que todos los jóvenes tuvieran acceso igualitario a una educación media y superior gratuitas. El Ayuntamiento aplicaría asimismo un programa de "cultura ciudadana" que hiciera "pedagogía de la igualdad para combatir el racismo, el clasismo, el machismo y la xenofobia". La violencia contra las mujeres era una lacra con la que había que tener "cero tolerancia", subrayaba la candidata.

En su tercera meta López trataba cuestiones relativas a la movilidad, el empleo, el crecimiento y el desarrollo. En el punto de mira estaban por ejemplo el trancón o congestión del tráfico vial, causa de insufribles embotellamientos, y, en general, la mala organización, el déficit de servicios y la inseguridad rampante que rodeaban las líneas de autobuses, casi siempre abarrotadas de viajeros en las horas punta, y los carriles bici. La Alianza Verde y el Polo prometían fuertes inversiones municipales en las infraestructuras de movilidad y se proponían hacer de las futuras líneas urbanas de metro pesado no subterráneo y metro ligero, estudiadas y aprobadas desde hacía años pero aún en fase de licitación, el eje de un sistema de transporte público intermodal para Bogotá y su área metropolitana.

Como era de esperar en la candidata de un partido ecologista, al explicar la meta del programa de gobierno para Bogotá relativa a los ODS sobre sostenibilidad ambiental, acción por el clima, agua y energía, López hizo gala de unos especiales entusiasmo y vehemencia. Por de pronto, ella, de llegar a la Alcaldía, pararía en seco las talas en las áreas boscosas ("¡los árboles se respetan!") y dispondría la siembra masiva de árboles ("¡árboles y más árboles!",), arbustos y vegetación ornamental, de manera que Bogotá pudiera "reverdecer como una ciudad jardín". También, adoptaría medidas para preservar las fuentes hídricas, frenar el deterioro de ecosistemas y avanzar en la transición a las energías limpias, todo con el objetivo de convertir a Bogotá en una ciudad sostenible guiada por la cultura ambiental.

Ello, más la facilitación a los vecinos de recursos para el acceso a la vivienda digna y la inversión en equipamientos públicos, tendría que ser implementado por el nuevo POT. Dicho plan sería diseñado igualmente con el fin de que Bogotá fuera una smart city que hiciera un uso estratégico, sin "planificación improvisada", de las nuevas tecnologías para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Más allá de las necesidades concretas de la capital de Colombia, la emergencia climática global requería, insistía López, que desde la Alcaldía se hiciera una intensa labor pedagógica para concienciar en la protección del planeta, el respeto a la naturaleza y el cambio de hábitos de vida, como el consumo responsable, la reutilización de productos y el reciclaje de residuos.

Por último, en su quinta meta, López se hacía eco del ODS sobre la forja de alianzas para el desarrollo regional, humano, incluyente y sostenible. La primera alianza no podía ser otra que la de los gobernantes, obligados a realizar una gestión abierta y a transparentar perfectamente sus rentas, patrimonios y posibles conflictos de intereses, y los ciudadanos, quienes eran invitados a tomar parte en unos presupuestos participativos y en la formulación y el diseño de soluciones. Sobre la mesa estaba la estrategia Gobierno Abierto de Bogotá (GABO), a su vez estructurada en diferentes líneas, como Capital de Ideas (Idea + Cocrea + Diseña), ColaboraBOG (Prioriza + Contrata + Ejecuta), GABO-Control (Informa + Vigila + Propone) y Moviliza + Cualifica + Organiza + Decide. Y, por supuesto, los regidores del Distrito Capital se someterían a los mandatos de la Consulta Popular Anticorrupción.

Durante meses, López lideró las encuestas por un amplio margen, pero dos semanas antes de las elecciones se vio superada por Carlos Fernando Galán Pachón, hijo del asesinado dirigente liberal Luis Carlos Galán Sarmiento y aspirante a alcalde por el Movimiento Bogotá para la Gente. A diferencia de ella, Galán sí tenía experiencia como concejal del Distrito Capital, donde había representando al partido centroderechista Cambio Radical, del que posteriormente había sido director nacional y senador. La candidata verde recuperó algo de aliento en los últimos días y en la víspera de la cita del 27 de octubre de 2019 con las urnas la situación era de virtual empate entre López, Galán y un tercero en discordia, Hollman Morris Rincón, concejal de Colombia Humana y hombre de confianza de Gustavo Petro, a quien respaldaban también la Unión Patriótica (UP), el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y el Partido Comunista Colombiano (PCC). Puesto que no regía el sistema de la doble vuelta, para ser elegido alcalde bastaba con sacar el mayor número de votos, sin importar el porcentaje.

Al final, la victoria fue para Claudia López, proclamada alcaldesa electa con el 35,2% de los votos. Galán quedó segundo con el 32,5% y Morris tercero con el 14%. El gran derrotado de la jornada, con el 13,6% de los votos, fue el joven Miguel Uribe Turbay, hombre del círculo municipal de Peñalosa y candidato de la coalición Avancemos, que reunía al Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal y otras formaciones. En cuanto a las votaciones al Concejo Distrital, de 45 miembros, la Alianza Verde quedó primera con 12 concejales (en 2015 obtuvo seis), mientras que el PDA sacó cuatro representantes.

Tras conocer los resultados, en la noche electoral, una eufórica López leyó un discurso en el que manifestó: "Bogotá escogió el liderazgo de una mujer luego de centurias de gobiernos de hombres, casas y cunas políticas (...) La política de la justicia social, del amor, del reconocimiento y adaptación a los desafíos del cambio climático, del transporte masivo multimodal, digno, limpio y sostenible basado en una red de metro, de los territorios saludables, de la educación pública gratuita para nuestras niñas, niños y jóvenes (...) La política de la paz, la reconciliación y la equidad serán prioridad en nuestro Gobierno. Que no quepan dudas: hoy en Bogotá gano el cambio. Ganó la decisión de desterrar la corrupción y el clientelismo de la política tradicional. Ganamos las mujeres, los jóvenes, las familias hechas a pulso".

Ante sus seguidores, la alcaldesa electa festejó su triunfo con un efusivo beso a su pareja, la senadora Angélica Lozano. La imagen, que dio la vuelta al mundo y ofendió a sectores religiosos conservadores de casa, fue idéntica a la protagonizada meses atrás en Chicago por Lori Lighftoot, otra candidata abiertamente lesbiana, cuando ganó la alcaldía de la ciudad estadounidense. En la jornada siguiente, López dirigió mensajes de simpatía y elogio a los rivales derrotados y transmitió sus sensaciones en Twitter con mensajes como estos: "Nos propusimos tres objetivos, inspirar, unir y ganar ¡Lo hemos logrado y estamos haciendo historia!; y "¡Demostramos que cuando escogemos lo que nos une no solo ganamos, sino que cambiamos la historia!".

(Cobertura informativa hasta 28/10/2019)