World Urban Forum 9, ¿una ocasión perdida?

Uno de los principales avances de la Nueva Agenda Urbana (NUA) aprobada en Habitat III (Quito, 2016) fue la inclusión del derecho a la ciudad. A pesar de que su formulación fue tímida —contó con fuertes resistencias entre los gobiernos de algunos países— se trata de un concepto con un fuerte potencial estructurante, narrativo, de alto valor político y que despertó expectativas importantes entre determinados sectores de la comunidad internacional.

Sorprende, por ello, que la Declaración final del Foro Urbano Mundial (WUF9, en sus siglas en inglés) celebrado en Kuala Lumpur (Malasia) no solo no haya servido para avanzar en su despliegue, sino que lo haya obviado. El texto apuesta por el concepto de ciudades para todos, muy en línea con la Agenda 2030 y su compromiso de no dejar nadie atrás —“leave no one behind”—. Un concepto que seguramente comunica mejor pero que no tiene ni el desarrollo teórico, ni el anclaje social, ni el valor político del derecho a la ciudad.

El concepto de ciudad para todos apela a la ciudad justa, segura, saludable, accesible, asequible, resiliente y sostenible en un entorno de prosperidad y calidad de vida. Apela a la ciudad que debería ser, a la ciudad a la que la comunidad internacional aspira. Sin embargo, a pesar de que los firmantes de la Declaración hacen un llamado a desplegar todos los esfuerzos para operativizarla, la ciudad para todos no es más que eso, una aspiración, el horizonte dibujado por la Nueva Agenda Urbana que requiere, en todo caso, de la buena voluntad y la predisposición de todos los actores.

El derecho a la ciudad, por su parte, se configura como un derecho universal, indivisible y colectivo, con toda la carga política, social y económica que eso conlleva. Prevé el cumplimiento efectivo de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales consagrados en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Contempla también otras dimensiones como la exclusión espacial. Sobre esta base, el derecho a la ciudad consiste en el derecho de todos los habitantes (presentes y futuros; permanentes y temporales) a usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos justos, inclusivos, seguros y sostenibles, entendidos como bienes comunes.

La no inclusión del derecho a la ciudad en la Declaración de Kuala Lumpur podría responder a la reticencia de los gobiernos nacionales a consolidar un concepto que algunos actores querrían ver ligado al sistema internacional de derechos. Por ello, no deja de ser sintomático que precisamente estos actores, los que más se comprometieron para que el derecho a la ciudad fuera parte de la Nueva Agenda Urbana —en especial los gobiernos locales y la sociedad civil—, no hayan logrado elevarlo más allá de los debates.

Para hacer de contrapeso a las reticencias de los gobiernos nacionales en la arena internacional, se requiere musculatura política y capacidad de incidir. En este sentido, la ausencia en el WUF9 (con alguna excepción) de los alcaldes de las grandes ciudades, no ha ayudado. Estos alcaldes, que sí estuvieron en Quito, tienen una fuerte capacidad de incidencia política y su presencia hubiese podido asegurar un mayor reconocimiento y visibilidad.

Es importante analizar esta ausencia, ver por qué los alcaldes de las mayores ciudades del mundo no han participado en el principal foro global sobre políticas urbanas. O por qué no han tomado parte en la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, celebrada en ocasión del WUF9 y que representa un espacio político que busca ser reconocido como el mecanismo de representatividad política a partir del cual los gobiernos locales y regionales contribuyen a las nuevas agendas locales.

Pero es importante analizar dicha ausencia partiendo de la base de que la comunidad internacional reconoce la importancia de las ciudades para la consecución de las principales agendas globales ligadas al desarrollo sostenible. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, el problema ya no es el reconocimiento. Las ciudades tienen su silla en los principales foros globales. Y la tienen gracias al trabajo bien hecho por las plataformas que las representan a nivel internacional y que han sido capaces de generar conocimiento, construir argumentos, impulsar campañas de comunicación y proyectarse como operadores clave para la localización de los ODS, la lucha contra el cambio climático, la resiliencia o la financiación del desarrollo.

También lo han hecho en Kuala Lumpur. A pesar de no hacer referencia al derecho a la ciudad, la Declaración del WUF apunta recomendaciones muy relevantes para mejorar el entorno en el que operan las ciudades —enabling environments—, reforzar su financiación, apostar por modelos de gobernanza colaborativa o impulsar políticas urbanas más innovadoras y eficientes.

En este contexto, si las ciudades se han ganado el reconocimiento internacional y un lugar en la mesa global, ¿qué es lo que ha desincentivado la presencia de alcaldes en el foro que les debería interpelar más directamente?  Junto con otras variables, su ausencia se debe a la falta de concreción, al hecho de que la Nueva Agenda Urbana todavía no ha cruzado el umbral de lo tangible. Es un buen marco de referencia para las políticas urbanas pero no es operativo, no despliega compromisos vinculantes y ejecutables. Es un marco de referencia que no viene dotado de los instrumentos necesarios, ya sean políticos —reconocimiento de los principios de subsidiariedad y autonomía local—, económicos —progreso en los sistemas de financiación local— o ligados al reconocimiento de derechos, como el derecho a la ciudad.

Hace tiempo que los alcaldes juegan fuerte en la COP. Los resultados son notorios. Están empezando a hacerlo con la Agenda 2030 y la localización de los ODS. Se trata de un compromiso colectivo, y el espacio reservado a las ciudades y su rol empiezan a ser visibles. Pero con la Nueva Agenda Urbana no pasa lo mismo. Los alcaldes, líderes locales muy arraigados a los desafíos concretos de sus ciudades, no acaban de sentirse vinculados a una agenda que sigue siendo lejana, poco aterrizada y que no ofrece las soluciones que ellos esperan.

En Kuala Lumpur se ha perdido la oportunidad de avanzar en la dimensión operativa de la agenda urbana, en su despliegue como herramienta que sirva para acelerar la implementación de los ODS en las ciudades. Recuperar en el futuro próximo alguno de los avances surgidos de Quito, como el derecho a la ciudad, puede contribuir a que los alcaldes se sientan interpelados y se apropien definitivamente de la Nueva Agenda Urbana. Para ello será necesario recuperar narrativas fuertes y volver a poner el foco en la dimensión política de los desafíos urbanos.

Palabras clave: Forum Urbano Mundial; Nueva Agenda Urbana (NUA); Ciudades; Agendas globles; WUF9

E-ISSN: 2013-4428

D.L.: B-8439-2012