Venezuela un año después: el desgobierno de dos presidentes y tres parlamentos

Un año después de la autoproclamación de Juan Guaidó como legítimo Presidente del país y con la vista puesta en las elecciones previstas para finales de 2020, el legislativo venezolano se ha convertido literalmente en el campo de batalla entre oposición y oficialismo. Mientras sigue el choque político, crece el desastre socio-económico. ¿Cómo terminará esta lucha por el poder en Venezuela y qué puede hacer la comunidad internacional? 

Si la situación no fuera tan trágica y real, la telenovela política venezolana superaría la ficción. El último capítulo fue el golpe parlamentario del 5 de enero, cuando el madurismo nombró sin ningún tipo de legitimidad su propio Presidente de la Asamblea Nacional, ocupada por los suyos. En un acto paralelo fuera de la sede del parlamento, la mayoría de diputados opositores reeligió a Juan Guaidó para la presidencia de la cámara. Desde entonces, Venezuela es el único país del planeta con dos presidentes y tres parlamentos: una Asamblea Nacional que reeligió con una mayoría legítima de diputados a Guaidó, que desde hace un año dice ser también el legítimo Presidente del país, paradójicamente fusionando ambos poderes; una segunda Asamblea General minoritaria que apoya a Nicolás Maduro y que proclamó al diputado tránsfuga  Luis Parra, que militaba en el opositor Primero Justicia hasta que fue comprado por el madurismo para proclamarlo su presidente parlamentario; y la Asamblea Nacional Constituyente, creada en 2017 por el oficialismo y presidida por Diosdado Cabello, que ahora carece de sentido.

Ninguno de los tres parlamentos cumple tareas legislativas en un país sumergido en el más absoluto caos institucional, político, social y económico. Tampoco funcionan los dos ejecutivos centrados exclusivamente en su lucha por el poder, que no deja tiempo para afrontar los inmensos problemas del país. Ni siquiera con dos “parlamentos”, el poder militar y los recursos que quedan, el Gobierno de Nicolás Maduro es capaz de imponerse ante una oposición carente de poder, pero que resiste y ha ganado en legitimidad tras el último acto de autoritarismo del régimen.

El golpe parlamentario del madurismo señala su incapacidad y debilidad a la hora de reprimir a la oposición. A pesar de elegir ilegítimamente el Presidente de la Asamblea Nacional, sin el necesario quórum de la mayoría absoluta, Maduro no pudo impedir que los diputados opositores que habían ganado las elecciones en diciembre de 2015 entraran días después en el parlamento enfrentándose a las fuerzas de seguridad para repetir el acto de reelección de Juan Guaidó en la cámara. El empate entre el poder militar del oficialismo y el poder democrático de Juan Guaidó no sólo paraliza sino deteriora la dramática situación del país.

El golpe institucional del 5 de enero de 2020, y nuevamente el 15 de enero cuando secuaces de Maduro impidieron a los opositores entrar en la Asamblea Nacional, no es una excepción en América Latina. En Perú, esta práctica se inició en 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori y se reprodujo en 2019 con el cierre temporal del Parlamento peruano. También en los meses pasados hemos visto el golpe de Estado en Bolivia.

Tanto la forma como el resultado del golpe parlamentario en Venezuela reflejan la profunda crisis moral y de valores en un país donde los recursos sirven para comprar aliados políticos y enriquecerse a costa de la mayoría de la población que tiene un nivel de vida similar al de Haití. Tras veinte años de chavismo, casi siete de ellos sin el líder de una “Revolución Bolivariana” que destruyó el país, se ha gastado la opción de alzar la voz y cada vez más ciudadanos eligen la opción “salida” que, según Albert Hirschmann, son las dos posibilidades de actuación ante el autoritarismo. Se estiman que hasta cinco millones de ciudadanos se fueron de Venezuela. 

¿Qué cambia después del golpe parlamentario? Si el madurismo quería debilitar a la oposición consiguió lo contrario: Juan Guaidó salió fortalecido, a pesar del desgaste político que ha supuesto este año sin poder iniciar la prometida transición democrática y las acusaciones de corrupción contra algunos de sus leales. Guaidó ostentará la presidencia de la Asamblea un año más, siempre y cuando las elecciones legislativas se celebren a finales de 2020. La destrucción de las instituciones democráticas, la participación de los militares en el juego político y el posicionamiento a favor de uno u otro lado por parte de la comunidad internacional han conducido a una tragedia nacional. El madurismo ha dejado clara su prioridad: mantenerse en el poder por la vía dictatorial, y con el apoyo de las Fuerzas Armadas que configuran, desde hace tiempo, el régimen. Fue ingenuo pensar que el estamento militar podría fragmentarse porque frente a las prebendas del poder tienen pocos o ningún incentivo para hacerlo. Y sin los militares no hay salida a la parálisis política: Nicolás Maduro tiene el poder, pero no la capacidad de gobernar, y Juan Guaidó tiene la legitimidad, pero no los recursos para imponerse.

El golpe parlamentario confirma la consolidación de una dictadura imperfecta o caótica que, gracias al co-gobierno con los militares, sigue al mando pero no consigue derrotar a una oposición que tras la última jugada sucia del oficialismo ganó apoyos. Incluso los gobiernos de izquierdas en Argentina y México criticaron la usurpación ilegítima del parlamento. México, que ostenta la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), intenta construir consensos entre los gobiernos de izquierda y derecha, cuyas posturas opuestas en la crisis venezolana debilitaron el foro. Al régimen de Maduro le quedan cada vez menos amigos y los que le reconocen no tienen legitimidad democrática: China, Cuba, Nicaragua y Rusia. 

¿Qué puede hacer la comunidad internacional? La batalla por la Asamblea Nacional rompió el frágil puente que había construido Noruega como mediador entre ambos bloques con el apoyo del Grupo Internacional de Contacto (GIC) de la UE para encontrar una salida pacífica y negociada. A inicios de enero de 2020, la oposición rechazó una nueva oferta de Noruega de retomar la mesa de diálogo con el régimen de Maduro y anunció nuevas movilizaciones en la calle. Estados Unidos, el Grupo de Lima, 20 países de la OEA y la Unión Europea condenaron el golpe parlamentario y siguen apoyando a Juan Guaidó felicitándole por su reelección. Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, y el Parlamento Europeo le recibieron en enero de 2020 en Bruselas reafirmando su posición en la crisis. Días antes ya se había reunido con el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, después de que Washington ampliara la larga lista de sanciones incluyendo a otras siete personas del régimen, entre ellos a Luis Parra.

Ninguna de estas medidas resolverá la crisis. Movilizar la calle debilitará aún más las instituciones. Las sanciones de EE.UU. y de la UE sólo sirven para que el régimen se atrinchere en el poder y haga uso del discurso de victimismo. En vez de construir agendas separadas, una acción multilateral concertada entre el Grupo de Lima, Noruega, la OEA, la UE y el Vaticano a favor de negociar una transición democrática podría ser eficaz para salir del laberinto político venezolano. Paralelamente deberían establecer canales de comunicación con el bloque que aún apoya a Maduro: Cuba, China y Rusia. La comunidad internacional no puede pasar página, porque sin ayuda del exterior no hay solución, y cuanto más tiempo pase, más desgobierno habrá en Venezuela. 

Paraules clau: Venezuela, Maduro, Guaidó, UE, sanciones, OEA, Grupo de Lima

E-ISSN: 2013-4428

D.L.: B-8439-2012