Un Día Mundial del Refugiado, sin nada que celebrar
El 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado. Este año la conmemoración llega solo unas semanas después de la aprobación del Pacto de Migración y Asilo y a pocos días de unas elecciones al Parlamento Europeo que confirmaron el avance de la extrema derecha. Este nuevo contexto político-institucional tendrá consecuencias negativas para las personas que buscarán asilo en Europa.
En la Europa de estos últimos años, el asilo ha sido caracterizado por dos tendencias diferenciadas. La primera hace referencia a la demanda estructural de protección internacional. Con la excepción de 2020, cuando las medidas de confinamiento limitaron drásticamente la movilidad internacional, las solicitudes de asilo presentadas en Europa, durante la última década, siempre han sobrepasado el medio millón anual, superando el millón en el bienio 2015-2016 y, de nuevo, el año pasado, cuando se registraron 1.048.900 solicitudes (Eurostat). La segunda se refiere a la respuesta de los legisladores europeos (nacionales y supranacionales) ante esta demanda estructural. Una respuesta, marcada siempre por la emergencia, y la falta de solidaridad y consenso. La reforma fallida del sistema de Dublín, el fracaso de los programas de reasentamiento en 2016, y la incapacidad de acordar un sistema de cuotas de refugiados, dicen mucho al respecto.
En esta última década, las políticas de asilo europeas han sido el resultado de acuerdos arduos y de mínimos entre estados miembros (dada la incapacidad de superar las divergencias nacionales), subordinados al imperativo de reducir la inmigración (este sí, ampliamente compartido). Así, el derecho de asilo se ha concretado como opción residual, como realidad determinada por la defensa de las fronteras y sometida a la externalización del control migratorio.
Los límites al derecho de asilo en el nuevo Pacto
El nuevo Pacto sobre migración y asilo de la Unión Europea surge de las mismas premisas. Una vez más, pero de manera más directa, se cuestiona, obstaculiza y reduce el derecho de asilo en función del control migratorio. Más de 160 organizaciones de la sociedad civil lo han denunciado, instando a los parlamentarios europeos a rechazarlo por representar la «continuación de una década de políticas que han llevado a la proliferación de violaciones de derechos en Europa».
Las formas en que el nuevo pacto limita el derecho de asilo son diversas. En primer lugar, fortalece las opciones para que los estados miembros apliquen procedimientos fronterizos acelerados para evaluar la admisibilidad de las solicitudes de asilo. En estos procedimientos acelerados, una mayor velocidad implica una disminución de los estándares procedimentales (p.ej., acceso limitado a asesoramiento legal, evaluaciones inadecuadas de las situaciones de vulnerabilidad, obstáculos para apelar la decisión), aumentando los riesgos para la protección de las personas solicitantes.
La ampliación del concepto de «tercer país seguro», como base para la inadmisibilidad de una solicitud de asilo, abre la posibilidad de que las personas solicitantes que hayan viajado a través de países como Túnez, Egipto o Turquía vean su solicitud descartada sin una evaluación exhaustiva de su caso y corran el riesgo de ser devueltas a dichos países o a sus países de origen, donde podrían estar en peligro de persecución.
La introducción de la fase de screening preliminar implica que las personas solicitantes puedan ser detenidas hasta 12 semanas, mientras se procese su demanda de asilo. Además, como establece el artículo 6 del Reglamento de Evaluación Preliminar, durante este tiempo, las personas se mantienen legalmente fuera del territorio europeo. Esta «ficción legal» sienta las bases para reducir las responsabilidades y obligaciones de los Estados hacia las personas solicitantes, incrementando la probabilidad de que se vulneren sus derechos.
Por último, el mecanismo de solidaridad «flexible» establecido por la RAMM (Regulation on Asylum and Migration Management) permite a los Estados obviar sus responsabilidades de acogida (vía reubicación), mediante contribuciones financieras no bien especificadas. En la práctica, se institucionaliza un mecanismo para canjear la solidaridad por el control migratorio (por ejemplo, a través de inversiones en herramientas y dispositivos de seguridad fronteriza), y se fija el tipo de cambio específico: 20.000 euros por cada solicitante de asilo (no reubicado).
Cambios políticos y consecuencias para el derecho de asilo
Las urnas han decretado la afirmación de la extrema derecha en el Parlamento Europeo. Este éxito, reflejo de los logros de estos partidos en las arenas nacionales, se ha construido en buena medida sobre la promesa de luchar contra la inmigración, y con un discurso que contrapone y antepone la ciudadanía europea a los inmigrantes. Para estos partidos, la inmigración es una amenaza para la seguridad, la economía y la cultura del país. La prioridad es protegernos. El derecho de asilo llega después.
Este giro hacia la derecha nativista tendrá consecuencias en el campo del asilo y el refugio. Ante todo, será interesante observar las consecuencias que surgirán de los cambios en la arquitectura institucional europea; en particular cómo la nueva configuración parlamentaria se reflejará en el ámbito de las libertades civiles, la justicia y los asuntos internos, donde la limitada mayoría de centroizquierda de hoy será probablemente reemplazada por otra de derecha y extrema derecha. También habrá cambios cruciales en la Comisión Europea, con un nuevo comisario de Interior y un nuevo liderazgo en la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior. Estos cambios podrían tener repercusiones cruciales en la gobernanza migratoria europea, especialmente en lo que se refiere al control de las garantías de derechos en la implementación del Pacto.
A nivel nacional, la extrema derecha amenaza con exacerbar las tensiones entre estados miembros en materia migratoria; por ejemplo, las divergencias entre países fronterizos y continentales en la gestión de los movimientos secundarios. En estos últimos años, estos contrastes han llevado siempre al mismo resultado: securitización de las fronteras (con la suspensión del espacio Schengen) y peores condiciones para quienes piden asilo. Las repetidas crisis diplomáticas entre Francia e Italia en la frontera de Ventimiglia son ejemplos paradigmáticos de ello, con las personas solicitantes rechazadas por la policía francesa y abandonadas por las autoridades italianas, sin amparo y con acceso limitado a la asistencia sanitaria.
Otras consecuencias derivarán del plano discursivo. En efecto, el acrecido poder de la extrema derecha en las arenas políticas europea y nacionales fortalecerá y legitimará su discurso antiinmigración, amplificando su particular efecto llamada sobre el resto de los partidos; especialmente, sobre aquellos de centroderecha que -como la campaña electoral europea ha dejado muy claro- son particularmente sensibles a estos discursos. En pocas palabras, el desplazamiento del centro ideológico hacia la derecha se verá muy probablemente acompañado de posiciones más restrictivas en materia migratoria; restringiendo (aún más) el espacio discursivo y programático para la defensa de los derechos de las personas que migran.
Este jueves 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado. El nuevo contexto político europeo, sin embargo, nos deja sin razones para celebrar.
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