Turbulencias políticas, crisis y cambios de etapa en el horizonte latinoamericano

En América Latina el año 2016 ha continuado con la tendencia negativa en el terreno económico que ya venía observándose en años anteriores. Aunque la crisis ha afectado de forma desigual a la región, los apuros de los grandes países como Brasil, Argentina y México lastran la recuperación. Las dificultades económicas están teniendo impacto tanto en términos de costes sociales para los ciudadanos, como en las consecuencias políticas para los gobiernos. Esto ha supuesto que se produjeran cambios en las tendencias políticas y en los equilibrios regionales y se ha intensificado la polarización social. La región afronta retos importantes para su proceso de consolidación democrática, pero también se constatan rayos de esperanza; entre ellos destacan el avance significativo en el proceso de paz de Colombia o las reformas en Cuba, que continúa su proceso de apertura, ahora ya sin la presencia del que fuera líder indiscutible de la Revolución, Fidel Castro.

2016 se ha cerrado con una gran incertidumbre acerca de las consecuencias que puede tener la elección de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos debido a su discurso hostil hacia los intereses de la región. Entre las tendencias que han marcado los últimos meses en América Latina y el Caribe destacamos las siguientes:

El coste social de la crisis

Las consecuencias de la caída de los precios de las materias primas han seguido golpeando a la economía de América Latina en 2016. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el crecimiento en la región, que fue negativo en un -0,5% en 2015, ha seguido disminuyendo hasta un -0,8% en 2016. La misma institución calcula que en 2017 habrá una lenta recuperación que puede dar lugar a un crecimiento positivo del 1%. Sin embargo, este progreso es insuficiente para una recuperación que impacte de forma notable en la actividad económica y en la mejora de las condiciones de vida de la población. Según la CEPAL, la tasa de desempleo en la región pasó del 6,6% en 2015 al 8,1% en 2016, lo cual impacta directamente en la disponibilidad de ingresos de las familias. La alta precariedad del mercado de trabajo y la baja inclusión productiva en empleos de calidad constituye aún uno de los desafíos pendientes de la región que impide disminuir su vulnerabilidad a los ciclos económicos.

La CEPAL señala que en 2015 la reducción de la pobreza en América Latina se estancó y, en 2016 aumentó del 28,2% al 29,2%, pasando de 168 millones de personas a 175 millones, de los cuales 75 son indigentes. El Informe Regional sobre el Desarrollo Humano (IDH) del PNUD para América Latina de 2016 advierte que la mayor amenaza actual al progreso multidimensional en la región es la recaída de millones de hogares a situaciones de pobreza y de pobreza extrema, situación que se estima que podría afectar a entre 25 y 30 millones de personas que hoy viven en contextos de fragilidad y vulnerabilidad económica. Este mismo organismo afirma que la mitad de esta población presenta carencias muy sensibles a los vaivenes económicos y están expuestos a vulnerabilidades y exclusiones que limitan sus capacidades.

Además, debido a la disminución de los ingresos de los estados se han producido recortes en el gasto social. Este había venido aumentando de forma sostenida en la última década y contribuyó a una rebaja de la desigualdad, pero la disminución de la brecha se está ralentizando o incluso aumentando en algunos de los países que más están todavía sufriendo la crisis. Los recortes en los servicios, las prestaciones y las transferencias de ingresos, así como la disminución de las oportunidades de empleo amenazan los logros sociales del pasado. Aprender a manejar los ciclos económicos de bonanza para evitar los retrocesos sociales en los cambios de ciclo económico es aún una asignatura pendiente. También lo es la necesidad de aprovechar los períodos de crecimiento para hacer las reformas estructurales que permitan una menor vulnerabilidad a la volatilidad de los mercados debido a la dependencia de las materias primas, un incremento de la productividad y la calidad de los empleos y establecer una base de recursos fiscales más amplia y estable frente a las turbulencias económicas.

Giros políticos regionales

A las dificultades económicas y sociales arriba mencionados se les han sumado grandes escándalos de corrupción que traspasan fronteras, como los casos de las brasileñas Petrobras y Odebrecht que han provocado la indignación de la ciudadanía. Este malestar se une al del incremento de la violencia contra los ciudadanos y ha propiciado vuelcos políticos en toda la región. En Argentina se evidenció un fin de ciclo ya a finales de 2015 con la elección del candidato opositor Mauricio Macri, poniendo fin a la era kirchnerista, que se prolongaba desde 2003. Dos semanas después, en las elecciones parlamentarias venezolanas el chavismo perdió el control de la Asamblea Nacional, que pasó a estar dominada por la oposición. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff fue víctima ya en 2016 de un impeachment que desplazó del gobierno al Partido de los Trabajadores (PT) tras más de una década y el poder pasó a manos de un bloque de partidos conservadores. En Perú la disputa de la segunda vuelta de las presidenciales de 2016 fue entre dos candidatos de derechas, donde se impuso Pedro Pablo Kuczynski frente a Keiko Fujimori por un resultado mínimo. En Ecuador, Rafael Correa, no se postuló para las presidenciales de febrero de 2017 y aunque el candidato oficialista Lenin Moreno fue el más votado, deberá disputar una reñida segunda vuelta con el exbanquero Guillermo Lasso. En Chile el expresidente Piñera se postula a la reelección y parte como favorito frente a la coalición de izquierda ahora en el poder que se presenta fragmentada. En Bolivia Evo Morales perdió el referéndum para modificar la Constitución que promovió con la intención de poder volver a presentarse a la reelección.

Los cambios que se han producido en el escenario político en América Latina han reducido el peso de los gobiernos del denominado “Socialismo del siglo XXI”. Esta alternancia forma parte del juego político implícito en el pluralismo y es un signo de consolidación de la cultura democrática en la mayor parte de la región, pero está generando tensiones en algunos países donde hay resistencia a abandonar el poder, como ocurre en Venezuela. Ciertamente, lo que algunos llaman el giro a la derecha y otros el fin del populismo de izquierdas no es una tendencia generalizable, pero sí es una realidad el hecho que se ha modificado el equilibro de fuerzas en la región y la influencia del discurso del socialismo revolucionario se ha visto debilitada.

Este nuevo escenario y cambio ideológico tiene consecuencias, no solo en el ámbito de la política interior en dichos estados, sino también en su proyección hacia el exterior. El fin del ciclo de gobiernos de izquierdas en países como Argentina y Brasil parece que propicia una mayor apertura al comercio internacional, desdibujando la fractura entre países proteccionistas y liberales. Este cambio tendrá también consecuencias en las alianzas externas con mayor predisposición a llegar a acuerdos comerciales con socios más allá de la región. Paradójicamente eso coincide con la tendencia proteccionista del nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, lo cual puede ser una ventana de oportunidad para actores como China, que lleva años impulsando una fuerte penetración en la región, o para la Unión Europea (UE), que ha venido perdiendo peso en América Latina en los últimos años.

Aunque las situaciones nacionales son diferentes, dentro de este giro a la derecha en las principales economías de la zona encontramos gobiernos que aún se perpetúan, como el del incombustible Daniel Ortega en Nicaragua. Las elecciones presidenciales celebradas en noviembre de 2016 depararon pocas sorpresas. La reelección de Ortega para su tercer mandato consecutivo junto a su esposa, Rosario Murillo (con el 72% de los sufragios) era previsible. No obstante, la debilidad del sistema electoral ha generado dudas acerca de los niveles de participación. La oposición afirma que solo fue el 35% a votar y las cifras oficiales defienden el 70%. Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) han mostrado su preocupación por la situación en Nicaragua. Ortega deberá hacer frente a una compleja situación económica y social del país. Si bien su tasa de crecimiento es buena (4-5%), el gran porcentaje de pobreza (30%) y el creciente nivel de violencia (aunque esté por debajo de otros países de la región) requieren medidas urgentes.

Liderazgos débiles

Imaginar la ausencia de liderazgos regionales fuertes en América Latina hace apenas un lustro era casi inverosímil. Desde los años 2000 coexistieron en Latinoamérica una serie de líderes nacionales que tuvieron gran relevancia a nivel regional y que marcaron una etapa, que ahora está cerca de concluir. Brasil y México, por su propio peso económico y demográfico, son dos actores clave naturales en la región. Ambos países han sufrido sendas crisis políticas internas a lo largo de 2016. Sin duda, el proceso de impeachment sobre Dilma Rousseff reviste mayor gravedad que la situación institucional en México, y es que la inestabilidad política por el controvertido proceso de destitución de la presidenta Rousseff marcó la agenda política brasileña. El 31 de agosto de 2016 se puso fin abruptamente a 13 años de gobierno liderado por el PT. Su principal aliado, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y otros muchos socios, le abandonaron para reconfigurar otra coalición de partidos de centroderecha junto al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Al desgaste de la permanencia en el poder se sumaron los casos de corrupción institucionalizada que desveló la Operación judicial Lava Jato que involucra a la estatal petrolera Petrobras y a las grandes constructoras. A lo que se añadió la peor recesión en el país desde la Gran Depresión en los años 30 del siglo pasado. Por otro lago, en México, para la opinión pública mexicana, el presidente Peña Nieto no ha sabido gestionar los constantes ataques que su país ha sufrido por parte de Donald Trump, primero en condición de candidato y luego ya como presidente electo. Su popularidad fue en descenso conforme pasaban los meses y terminó de hundirse a raíz de la visita del entonces candidato republicano, cayendo a menos del 30% sobre finales de año. Ello se suma a la crisis financiera y energética que actualmente atraviesa el país, que se acrecenta con los bajos precios del crudo.

Venezuela se encuentra desde hace un tiempo en un constante clima de tensión. Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 abrieron una nueva etapa política en el país, dejando al Congreso en manos de la oposición agrupada en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) después de 17 años de control chavista. Sin embargo, la mayoría parlamentaria se ha topado con el poder ejecutivo del sistema presidencial venezolano forjado por Chávez y el aparato institucional de la Revolución Bolivariana, incluido el

Poder Judicial. En medio de una dramática crisis económica y social, el país está paralizado por bloqueos institucionales. El gobierno consiguió neutralizar a la Asamblea Nacional mediante una arbitraria suspensión del Tribunal Supremo por desacato. La oposición decidió convocar un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro y recolectaron 1,3 millones de firmas, pero las maniobras dilatorias del Consejo Nacional Electoral lo impidieron. Esta situación se incrementó tras la decisión de paralizar el proceso de referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral, en octubre de 2016. La oposición, nucleada a través de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha visto desvanecer sus opciones de elecciones anticipadas y deberá aguardar hasta las generales de septiembre de 2018. Las elecciones a gobernador, que debían celebrarse en 2016 se aplazaron a 2017 y están aún sin fecha. Maduro, a la sombra de lo que representó Hugo Chávez, intentará mantener al PSUV en el poder y mientras tanto perfilar un posible candidato a sucederle, que por ahora todo parece apuntar que será su recién nombrado vicepresidente Tareck El Aissami.

Mauricio Macri, presidente de Argentina, está lejos de los niveles de popularidad de su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner. Las políticas de ajustes que está poniendo en práctica han generado protestas masivas, en manifiesto descontento con las subidas de precio de los servicios públicos y la nueva dirección que ha impuesto en las relaciones exteriores. Macri no es un político con carisma y, aunque ya se cumplió un año de su mandato, aún se encuentra en un constante “período de prueba” para la oposición y para una parte de la opinión pública. No obstante, su llegada al gobierno ha permitido recomponer las relaciones bilaterales con importantes socios europeos (en particular Alemania, Italia, Francia y España), las cuales se habían deteriorado en la última década.

En Ecuador, con Rafael Correa ya en la recta final de su mandato, escasean los líderes nacionales con un discurso político de peso que abundaban en Latinoamérica años atrás. Gran parte de esta situación ha sido generada –paradójicamente– por la existencia de poderosos líderes como Chávez, Lula Da Silva, Pepe Mujica, Evo Morales, Néstor Kirchner o el mismo Correa, que no han dejado lugar para el desarrollo de nuevas figuras tras su salida de la arena política. En otras palabras, el hecho de haber centralizado tanto poder en torno a sus figuras, ha ido en detrimento de una necesaria renovación política generacional.

No obstante, una excepción a la falta de liderazgos fuertes en América Latina la encontramos en Colombia. En este país 2016 fue testimonio de uno de los acontecimientos más destacados del año en clave positiva, que por su importancia trasciende el ámbito latinoamericano: la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP. El acuerdo de paz fue anunciado y firmado en agosto tras el fin de las negociaciones que culminaron con éxito en La Habana, Cuba. Este pacto se caracteriza por establecer una compleja maquinaria de políticas públicas que tienen como objeto terminar con el conflicto armado en el país pero también: situar a las víctimas del conflicto armado en centro de lo acordado; establecer los mecanismos para una justicia transicional; proponer una política de desarrollo agrario integral; regular la participación política futura de los miembros de las FARC-EP y el inicio de su reincorporación a la vida civil; determinar los mecanismos para solucionar el problema de las drogas ilícitas; e incluir un exhaustivo seguimiento y verificación al cumplimiento de la implementación, incluyendo un acompañamiento internacional. Tras la derrota del Sí al acuerdo en el plebiscito celebrado el 2 de octubre por tan solo 54.000 votos, el firme liderazgo del presidente José Manuel Santos permitió salvar el acuerdo renegociando con las FARC-EP ciertos puntos del acuerdo e incluyendo la gran mayoría de las demandas del No, permitiendo refrendar finalmente en el congreso el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

Regionalismo en revisión

Íntimamente relacionado con los cambios políticos y la ausencia de un liderazgo fuerte se encuentra la reconfiguración regional que Latinoamérica está experimentando actualmente. Este “giro a la derecha” que ha acontecido en muchos estados de la región ha supuesto grandes cambios internos para una serie de países, generando reacciones sociales y manifestaciones. El nuevo paradigma latinoamericano apunta a debilitar los autodenominados socialismos del siglo XXI y a reconfigurarse hacia el liberalismo y la apertura económica. Dos de las tres economías más grandes de América Latina, Brasil (la primera) y Argentina (la tercera), son los ejemplos más sobresalientes de esta nueva tendencia. Ambos países son clave para la estructura del Mercosur, así como también para el resto de Latinoamérica. En este sentido tanto Temer como Macri proponen un Mercosur unido, pero a la vez, más dinámico y abierto a relacionarse con el mundo. Prueba de ello es la participación del líder argentino en la cumbre de la Alianza del Pacífico de junio pasado para intentar tender lazos entre ambos bloques. El ingreso en calidad de observador de la Argentina lo convierte en el tercer miembro del Mercosur en adquirir ese estatus, tras Paraguay y Uruguay.

Esta tendencia más aperturista del bloque se acrecienta con la suspensión de la membresía de Venezuela. Oficialmente Venezuela ha quedado excluida por incumplimiento de sus obligaciones contraídas en el tratado, pero a nadie se le escapa que este es también un movimiento político para aislar al gobierno chavista. Este movimiento se encuentra en el contexto de una mayor flexibilización comercial del bloque sudamericano y su mayor relación con el exterior. Esta aproximación sería un paso hacia adelante en la reconfiguración regional, y podría mejorar el acceso de los miembros del Mercosur a los mercados del Pacífico, a la vez que abriría definitivamente un mercado de 215 millones de habitantes a sus empresas exportadoras. Paralelamente, generaría la necesidad– aún mayor– de llevar a cabo y desarrollar infraestructuras comunes, lo cual permitiría una mejor conexión interna dentro de Sudamérica. La retirada de Estados Unidos del Acuerdo Trans-Pacífico por decisión unilateral del presidente Trump, lejos de suponer una traba al acercamiento de los dos bloques de integración latinoamericanos, puede ser un acicate para buscar una mayor diversificación de socios comerciales exteriores frente al nuevo proteccionismo americano.

Impulso a las relaciones con Europa

El fallecimiento de Fidel Castro, líder de la revolución cubana y referente internacional, es un punto de inflexión en la transición iniciada en la isla hace diez años, cuando su hermano Raúl Castro asumió la tarea de reformar un sistema ineficiente e insostenible. El desbloqueo de las relaciones con los Estados Unidos anunciado el 17 de diciembre de 2014 y rubricado con la visita de Obama el 20 de marzo de 2016 inició una nueva etapa de acercamiento pragmático para enterrar medio siglo de enfrentamiento ideológico. Pero si 2016 vino marcado por el progresivo deshielo de las relaciones cubano-estadounidenses, lo mismo se podría decir en cierta manera en relación con la UE. En diciembre de 2016, la Bruselas y La Habana firmaron un acuerdo que brindará un nuevo marco de cooperación y diálogo a las relaciones bilaterales, dejando atrás la “posición común” tras veinte años de vigencia. Siete rondas de negociaciones, que comenzaron en abril de 2014, han permitido superar el impedimento que suponía la mencionada posición común para el refuerzo de los intercambios bilaterales. Con este acuerdo se pone fin a una anomalía que dejaba a Cuba como único país de la región sin un acuerdo que implique tanto el comercio como la cooperación, de manera que muchos de los países miembros de la Unión mantenían sus relaciones de forma estrictamente bilateral. La UE ha dejado claro que se dispone a encarar una normalización de sus relaciones con la isla, independientemente de la postura que pueda tener Estados Unidos y ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que el presidente Trump deshaga el camino realizado por la anterior administración.

También en 2016, la UE ha avanzado en su relación con Mercosur. En mayo se realizó un nuevo intercambio de ofertas de acceso al mercado de bienes, que de por sí es un avance significativo si se tiene en cuenta que el anterior intercambio se remonta a 2004. En el mes de octubre, Bruselas fue testigo de la primera ronda de negociaciones completa que se realiza desde 2012.Allí ambas delegaciones se comprometieron a realizar todos los esfuerzos necesarios para continuar avanzando en las negociaciones, dándose cita en Buenos Aires en marzo de 2017 para una nueva ronda de contactos. El cambio de rumbo político y económico producido tanto en Brasil como en Argentina ha facilitado el contexto político a la hora de debatir puntos clave en la agenda negociadora. En esa línea, las visitas oficiales del presidente Mauricio Macri a Alemania y a Bélgica en 2016 y, ya en 2017, a España, han servido para instalar definitivamente el acuerdo birregional como una prioridad. No obstante, la cuestión agrícola sigue generando posiciones contradictorias y se complica la posibilidad de llegar a un acuerdo hasta que se resuelvan las elecciones presidenciales de Francia en primavera. Durante el segundo semestre de 2017, El Salvador acogerá la Tercera Cumbre CELACUE; en la última cumbre celebrada en Bruselas en junio de 2015 ambos bloques acordaron intensificar la cooperación frente a problemas como el cambio climático y el narcotráfico. Más allá de los temas pautados en la futura agenda de El Salvador, un apoyo conjunto de la CELAC a México sería un factor clave para que la UE pueda asumir una postura diferenciada de las políticas de los Estados Unidos y más cercana a los intereses de Latinoamérica.

Palabras clave: Colombia; Cuba; elecciones; Movimientos sociales; populismo; Venezuela