Nicaragua 2016: elecciones autoritarias en un escenario incierto
A más de 24 horas de las elecciones del 6 de noviembre de 2016 la página web del Consejo Supremo Electoral (CSE) no funcionaba: http://www.cse.gob.ni/. Podría parecer un error, pero no lo era. En realidad desde las elecciones de 2006 en Nicaragua no hay datos sobre los comicios y cuándo los hay, no son fiables. En cualquier caso, todo el mundo (incluida la oposición y la comunidad internacional) dio por descontado la tercera victoria consecutiva de Daniel Ortega, esta vez en tándem con su mujer, Rosario Murillo. Lo único que se discutió fue la afluencia de los nicaragüenses a las urnas: la oposición señalaba que votaron menos del 35% del censo mientras que el presidente del CSE certificaba que la participación fue superior al 70%. Los datos oficiales señalan que Ortega se ha hecho con la Presidencia con el 72% de los sufragios y que la representación de las formaciones opositoras en la Asamblea Nacional es residual.
¿Cómo ha sido posible que Nicaragua haya llegado a este punto? La respuesta reside en que, desde hace una década, se ha ido configurando en este país un régimen que ha vaciado la (ya débil) esencia democrática que se construyó en la década de los 90. Para que el régimen desembocara en lo que es hoy, Daniel Ortega (que llegó a la Presidencia en 2007 con un 36% del sufragio en las elecciones de 2006) impulsó la politización de la administración; erosionó los contrapesos institucionales y los mecanismos de rendición de cuentas; reformó a su antojo la Constitución; elaboró estrategias de confrontación con la oposición; y utilizó todos los mecanismos de la gobernanza electoral en beneficio de personal y de sus candidatos. Sobre este último punto, es preciso dar cuenta que durante la última década en Nicaragua se ha llevado a la perfección el “menú de la manipulación” que el politólogo Andreas Schedler teorizó, neutralizando y desvirtuando cada una de las siete dimensiones de que se componen unos comicios competitivos, a saber, el objeto de la elección, el rango de alternativas, la formación de preferencias, los sujetos de la elección, la expresión y la agregación de preferencias y las consecuencias de la elección.
Fruto de dicho empeño, el régimen nicaragüense actual es un sistema hiper-presidencialista donde el presidente controla casi todos los resortes del poder político, a la vez que comparte con las élites tradicionales el poder económico. Esta última característica ha sido posible gracias a la ingente cantidad de recursos de libre asignación que han llegado provenientes de la alianza bolivariana ALBA desde 2007. Gracias al ALBA, la administración Ortega pudo realizar la cuadratura del círculo: cooptó a la vez a las élites económicas tradicionales y a los sectores más empobrecidos del país. La primera de las operaciones fue posible gracias a que Ortega mantuvo el modelo económico de mercado, intensificándolo a través del acceso privilegiado al mercado de Venezuela. Por otro lado, la cooptación de los sectores más empobrecidos se realizó gracias al despliegue de un amplio paquete de políticas sociales focalizadas. Estas políticas se han implementado a través de plataformas, llamadas primero Consejos del Poder Ciudadano y posteriormente Gabinetes de Familia, cuya coordinación ha recaído en manos de su esposa, generando dinámicas clientelares.
Sin embargo la consolidación de Ortega en el poder no sólo ha sido fruto de su alianza con Venezuela, también hay que señalar otros elementos como son el control del FSLN, del Poder Judicial, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Consejo Supremo Electoral (CSE), órgano clave en la gobernanza electoral del país. Desde esos resortes del poder, Ortega maniobró desde 1990 hasta 2006 como líder de la oposición, y desde 2007 como presidente de la República.
Con todo, el régimen instaurado no es un sistema autoritario al uso, pues en Nicaragua hay espacio para la acción política independiente aunque sin capacidad para desafiar al gobierno, ya que cuándo se percibe efectiva, el régimen actúa de forma eficaz y contundente contra sus rivales. Tampoco se trata de un sistema de partido único, ni de un régimen altamente represivo. Un experto sobre el tema, el politólogo canadiense David Close, señala que el régimen de Ortega se asemeja más a los caudillismos tradicionales de antaño, donde el jefe cuenta con la administración del Estado y sus reglas, dirige los cuerpos armados, controla los tribunales y las agencias supuestamente independientes, domina la maquinaria electoral y cuida su clientela electoral, y maneja y arbitra negocios. Por todo ello, es difícil clasificar el sistema político que hoy impera en Nicaragua, si bien, se podría calificar como una actualización del viejo caudillismo latinoamericano a través del control de los medios de comunicación y del despliegue de políticas sociales focalizadas, con ingredientes de patrimonialismo familiar.
La clave, sin embargo, radica en que este tipo de sistemas también sufren múltiples incertidumbres institucionales, pues nadie nunca tiene la certeza sobre cuál es el apoyo real con el que cuentan. En esta situación, cuándo la oposición empieza a ganar terreno, es imposible saber si el aumento de la represión o de la manipulación detendrá o acelerará su declive. En este sentido no sabemos si las elecciones del pasado 6 de noviembre de 2016, que dieron la victoria al tándem Ortega-Murillo, es el clímax del régimen o el inicio de la decadencia.
A día de hoy nadie sabe qué puede ocurrir si en un futuro próximo la economía se deteriora por la falta de apoyo de Venezuela o por la aprobación de la iniciativa norteamericana NICA Act ahora que los republicanos dominan el Congreso y el Senado. Tampoco sabemos cuál será la postura de la administración Trump respecto de Nicaragua, ni qué pasaría si en este período hay una crisis de sucesión, ya que la ascendencia política de Daniel Ortega no es la misma que pueda tener su esposa o sus hijos. Ciertamente, nadie puede leer el futuro, pero la vulnerabilidad de Nicaragua y la administración Ortega ante el nuevo escenario doméstico e internacional parece haber incrementado.
D.L.: B-8439-2012