México ante la crisis hondureña: estabilidad regional y prestigio internacional

Juan Pablo Soriano
Profesor Asociado de Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Barcelona

Barcelona, 31 de julio de 2009 / Opinión CIDOB, n.º 47

El gobierno de México, que encabeza Felipe Calderón Hinojosa, se ha mostrado particularmente activo en la búsqueda de una solución dialogada y pacífica al golpe de Estado que se produjo en Honduras el 28 de junio. Ha mantenido una posición muy enérgica en los organismos regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Río, e incluso ha propuesto que, de ser necesario, el tema podría llevarse al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del que México es miembro durante el bienio 2009-2010. La participación del gobierno mexicano en la gestión de la crisis también ha permitido poner en práctica la voluntad, manifestada en otras ocasiones por Calderón, de formar un grupo de países “responsables” de la estabilidad en la región, sobre todo trabajando conjuntamente con el gobierno brasileño. La posición ante el golpe de Estado, y la defensa de la legitimidad del gobierno de Manuel Zelaya incluso dentro de territorio mexicano, le ha valido a Calderón el respaldo de la oposición política en México. Tanto el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han manifestado su apoyo a las iniciativas del gobierno de Calderón, algo que a lo largo de sus tres años de gobierno ha sido extremadamente raro.

Es importante señalar que para el gobierno de México, y para otros gobiernos de la región, el golpe militar no fue del todo una sorpresa, lo cual permitió gestionar una respuesta inicial conjunta en un plazo muy corto de tiempo. El Grupo de Río (formado por, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana, Uruguay y Venezuela), cuya secretaría pro tempore ocupa México, ya señalaba en un comunicado del 26 de junio su “decidido respaldo al orden constitucional y las instituciones democráticas” de Honduras. Ese mismo día, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, advertía en una entrevista con un diario mexicano que ante la tensa situación que se vivía en Honduras existía el riesgo de un golpe militar. También el día 26, a propuesta del gobierno mexicano, el Consejo Permanente de la OEA establecía un grupo de trabajo con representantes de Bolivia, Canadá, Guatemala, Jamaica y México, que enviaría una misión a Honduras el lunes 29 para intentar mediar entre las partes. El sábado 27, antes del golpe, los cancilleres de México y Brasil expresaron su deseo de que la crisis no violentara el equilibrio de poderes.

Tras el golpe militar, el gobierno mexicano convocó a una cumbre extraordinaria de cancilleres del Grupo de Río en Managua para el lunes 29. En la declaración de dicha reunión se condenó duramente el golpe militar, y se pidió el restablecimiento del orden constitucional y la restitución de las autoridades legalmente constituidas. El documento marcó la línea de actuación que seguirían los gobiernos de América Latina: rechazo enérgico del golpe, señalamiento de la ilegitimidad del gobierno de Roberto Michelletti y necesidad imperiosa de que Manuel Zelaya regresara a Honduras como presidente legitimo. El 29 de junio, México, junto con varios países latinoamericanos, anunció el retiro de su embajador en Honduras.

A diferencia de los gobiernos de los países que forman parte del ALBA, México (junto con Brasil, Chile y Argentina) ha intentado establecer una posición de firmeza en cuanto al rechazo del golpe y sobre la necesidad absoluta de la vuelta de Zelaya a Honduras; pero que al mismo tiempo le permita seguir siendo visto como posible interlocutor y actor central en el proceso de normalización de la situación. Al respecto, es importante señalar que la diplomacia mexicana y la brasileña coinciden en la voluntad de ser actores relevantes en la región, lo cual les ha permitido trabajar conjuntamente en la gestión de la crisis. Por ejemplo, en la reunión del G-5 (Brasil, China, India, México y Sudáfrica) el 8 de julio en Italia, los presidentes Lula y Calderón condenaron el golpe y acordaron trabajar conjuntamente para fortalecer la unidad latinoamericana y forjar una región de estabilidad social y política, y de respeto a las instituciones. El 23 de julio los cancilleres de Brasil y México, Celso Amorim y Patricia Espinosa, respectivamente, declararon en Brasilia que la OEA debía retomar protagonismo en la crisis, y que tanto EEUU como la Unión Europea podían hacer más para presionar al gobierno golpista.

Finalmente, es importante mencionar que la defensa mexicana del gobierno legítimo de Manuel Zelaya se ha desarrollado incluso en suelo mexicano, por lo menos en dos ocasiones. Tras el golpe de Estado del domingo 28, la Canciller hondureña, Patricia Roda, voló a México para refugiarse, tras la invitación que le hizo el embajador mexicano en Honduras. Desde México, Roda voló el lunes 29, junto con el presidente Calderón, a Managua para asistir a la reunión de emergencia del Grupo de Río. Zelaya públicamente reconoció y agradeció el apoyo de Calderón en esos momentos difíciles. La segunda ocasión de defensa del gobierno legítimo de Honduras en territorio mexicano se produjo después de que un autodenominado nuevo embajador de Honduras en México impidiera el lunes 20 de julio el acceso a las instalaciones de la embajada a Rosalinda Bueso, la Embajadora nombrada por el gobierno de Zelaya. El 21 de julio, las autoridades mexicanas emitieron un comunicado en el que reconocían a la Embajadora Bueso como la única representante legítima de Honduras, y por tanto como integrante del cuerpo diplomático acreditado en México. Tras esta decisión, un grupo de policías del gobierno de la Cd. de México impidió la entrada a la Embajada al grupo de funcionarios afines a Roberto Michelletti. El hecho de que fueran policías del gobierno de la Cd. de México es relevante, porque muestra la coincidencia de puntos de vista sobre el papel de México en la crisis hondureña de dos gobiernos, el federal y el local (encabezado por el PRD), que no han tenido muchos espacios de colaboración.

Al gobierno de México le interesa mucho la estabilidad en Honduras, y que la crisis no genere un proceso violento que pudiera extenderse hacia otros puntos de Centroamérica. Pero además, México considera que ante la crisis hondureña está en juego su prestigio como estabilizador regional. Por estas razones, y debido al apoyo interno al gobierno en esta cuestión, es muy probable que el gobierno de Felipe de Calderón busque seguir teniendo un papel relevante en la resolución de la crisis.